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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA ANUAL DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA [ARTÍCULOS 24, FRACCIONES I Y II, Y 51, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, DISTRITO DE ETLA; 58, FRACCIONES I Y II, Y 81, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLÁPAM, DISTRITO DE TLACOLULA; 45, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, DISTRITO DE HUAJUAPAN; 47, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TECOMAVACA, DISTRITO DE TEOTITLÁN; 32, FRACCIONES I Y V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA, DISTRITO DE POCHUTLA; 51, FRACCIÓN I, Y 80, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN, DISTRITO DE JAMILTEPEC; 38, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA, DISTRITO DE SOLA DE VEGA; 29, FRACCIÓN II, Y 54, FRACCIONES II, III, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "VERBAL O", Y IX, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA, DISTRITO DE NOCHIXTLÁN, 131, FRACCIONES VIII, XI, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXIV Y XXXV, 238, FRACCIÓN I, INCISOS S), EN LA PORCIÓN NORMATIVA "INSULTAR O", Y BB), Y 239, NUMERAL 6, LETRA V250, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO, DISTRITO DE POCHUTLA; 87, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, DISTRITO DE ETLA; 24, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOPETATILLO, DISTRITO DE TEOTITLÁN, TODAS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICUATRO].

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 83/2024. · Registro digital (IUS): 34094
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-06-19
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Junio de 2026, Tomo III, Volumen 1, Pág.438.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 83/2024. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. NUEVE VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ. 4 DE DICIEMBRE DE 2025. PONENTE: MINISTRO IRVING ESPINOSA BETANZO. SECRETARIO: JUSTINO BARBOSA PORTILLO.

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al 4 de diciembre de 2025, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 83/2024 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de diversos artículos de leyes de ingresos municipales, del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal de 2024, publicadas en el Periódico Oficial del gobierno de la referida entidad federativa.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Presentación de la demanda. María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió demanda de acción de inconstitucionalidad en contra de diversas disposiciones contenidas en leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2024, del Estado de Oaxaca, mediante escrito presentado el 08 de abril de 2024 ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

2. Conceptos de invalidez. La Comisión accionante expresó, en síntesis, los argumentos siguientes:

• Diversos artículos de once leyes de ingresos municipales del Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2024, prevén cobros injustificados y desproporcionados por la búsqueda de documentos, por la expedición de documentos en copias y certificaciones no relacionados con acceso a la información pública, debido a que no atienden a los costos que verdaderamente le representó al Estado la prestación de esos servicios; además de no ser claras para los sujetos a los que se dirigen, por lo que se vulnera el derecho a la seguridad jurídica y los principios de proporcionalidad tributaria y legalidad.

• Los artículos de estas leyes transgreden el principio de justicia tributaria al prever tarifas por determinados servicios que no atienden al costo real que le representó al ente público su prestación y no son claras para los destinatarios de las normas.

• Ha sido criterio de este Alto Tribunal el que para analizar la proporcionalidad y equidad de una disposición normativa que establece un derecho, debe tomarse en cuenta la actividad del Estado que genera su pago, que permitirá decidir si el parámetro de medición seleccionado para cuantificar la respectiva base gravable, resulta congruente con el costo que representa para la autoridad el servicio relativo, en la que la cuota no debe contener elementos ajenos al servicio prestado porque daría lugar a que por un mismo servicio se contribuya en cantidades diversas.

• En el caso, las normas impugnadas, vulneran el principio de proporcionalidad tributaria, pues establecen cobros por la simple búsqueda de documentos; actividad que no necesariamente implica un gasto por la utilización de materiales u otros insumos que impliquen un gasto adicional para la dependencia que justifique el monto establecido en el municipio de San Agustín Loxicha. Además de que no puede existir un lucro o ganancia por la referida búsqueda.

• A diferencia de otros servicios, la búsqueda de documentos requiere de menores recursos para su efectiva prestación, pues es suficiente con que el funcionario encargado realice dicha búsqueda sin generar costos adicionales para el Estado. Ello, porque la cuota debe guardar relación razonable con el costo del servicio prestado.

• Las normas que establecen cobros por la expedición de copias simples y certificadas son desproporcionadas pues prevén tarifas que no son acordes al costo que le generó a los municipios la prestación de ese servicio.

• Este Alto Tribunal, al resolver la acción de inconstitucionalidad 20/2019 ha sostenido que conforme al artículo 134 constitucional, los recursos económicos de los que disponen los órganos del Estado deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, de ahí que no deben emplearse de manera abusiva, ni para un destino distinto al programado. Además, el gasto debe buscar las mejores condiciones de contratación para el Estado.

• Atento a las cantidades fijadas por el legislador, no se advierte que exista razonabilidad alguna en el costo de los materiales usados, por lo que el monto es desproporcionado.

• No es justificable ni proporcional cobrar por la expedición de copias certificadas de documentos si la cuota no responde al costo que le representa al Estado su prestación.

• Si bien ese servicio no se limita a reproducir el documento original del que se pretende obtener una certificación, pues también implica la certificación respectiva de la persona funcionaria pública autorizada, pero la relación entre las partes no es ni puede ser de derecho privado, de modo que no puede existir un lucro o ganancia para éste, sino que debe guardar una relación razonable con el costo del servicio prestado.

• Suponer que la cantidad extra que recibe el Estado por la certificación de una hoja corresponde al costo de la firma del funcionario público, sería tanto como reconocer un precio a ese signo que no es más que el cumplimiento de la obligación que la ley impone al servidor que la emite.

• El costo por los servicios de reproducción de información debe atender a los costos que causó al municipio como ente estatal, en la medida que deberían ser acordes con el costo del servicio prestado e iguales para los solicitantes, atendiendo a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria. Además, la búsqueda de información y su reproducción no puede cobrarse cuando el interesado proporcione los medios respectivos.

• En el caso de las normas relativas a los municipios de San Agustín Loxicha, San Pedro Jicayán, San Francisco Cahuacua, Santiago Apoala, Santo Tomás Mazaltepec y San Pedro Totolápam, se advierte que la tarifa que prevén genera incertidumbre jurídica porque no especifican si el monto es por cada hoja o por la expedición del documento completo, situación que permite la discrecionalidad de la autoridad que aplicará la norma, colocando en situación de desventaja a las personas que soliciten ese servicio, pues no tendrán certeza sobre el costo a enterar.

• En el mismo sentido, la fracción XI del artículo 131 de la Ley relativa del municipio de Santa María Huatulco, es imprecisa, ya que establece una cuota "por cada copia adicional certificada de documentos existentes en los archivos municipales", sin que se precise a partir de qué momento se considera que la copia certificada es "adicional".

• Para aplicar el cobro de 0.84 UMAS a que se refiere la fracción mencionada, es necesario que el sujeto obligado a su pago tenga conocimiento a partir de qué cantidad de fojas se considera que las subsecuentes tendrán el carácter de adicionales. Pero el precepto no hace esa precisión, por lo que genera incertidumbre y no establece un mínimo o un máximo de fojas.

• Las leyes de siete municipios (Santo Tomás Mazaltepec, San Pedro Totolápam, Santa María Peñoles, San Pedro Jicayán, Santiago Apoala, San Pedro Ocopetatillo y Santa María Huatulco), son inconstitucionales, al establecer que serán consideradas infracciones, el realizar escándalos en la vía pública, así como actitudes que atenten contra el orden público y sean consideradas por la mayoría de la comunidad como obscenas; así como las faltas de respeto, amenazas, agresiones e insultos a los cuerpos policiacos, a las autoridades en general, así como a las de tránsito y vialidades y cualquier miembro de la comunidad.

• Estas conductas resultan amplias y ambiguas, lo que da pauta a que la autoridad administrativa determine arbitrariamente cuándo se actualiza el supuesto y, por ende, la imposición de una sanción, por lo que genera incertidumbre jurídica y se vulnera el principio de taxatividad.

• Este principio de taxatividad deriva del artículo 14 constitucional y se define como la exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación y configuración de la ley penal. La descripción típica no debe ser vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de que permita arbitrariedad en su aplicación.

• Los principios aplicables en materia penal también resultan aplicables en materia de derecho administrativo sancionador, pues resultan ser dos manifestaciones de la potestad punitiva del Estado.

• En el caso, las normas contenidas en las leyes antes mencionadas no cumplen con el principio de taxatividad, ya que no son suficientemente inteligibles para que las y los gobernados conozcan con calidad cuándo actualizarán el supuesto jurídico, sino que se deja un amplio margen de apreciación en favor de la autoridad aplicadera, quien estará habilitada para determinar si son o no acreedores a la referida sanción de manera arbitraria.

• En cuanto a las infracciones por escándalo en la vía pública o por realizar actitudes consideradas por la mayoría como obscenas, las leyes señaladas no permiten que las personas tengan conocimiento suficiente de las conductas que podrían ser objeto de sanción.

• Las normas permiten un margen de aplicación muy amplio e injustificado que autoriza que, bajo categorías ambiguas y subjetivas, cualquier acto u expresión de ideas sea susceptible de una sanción administrativa. Constituyen una restricción indirecta carente de sustento constitucional, al permitir que la autoridad determine discrecionalmente cuándo una persona o un grupo de personas llevan a cabo actos o expresiones que constituyen "escándalo", u "obscenas", que las haga acreedora a una sanción.

• Ello se sustenta en una apreciación subjetiva acerca de lo que es "escandaloso", "obsceno" e incluso qué actitudes se asume "atentan contra el orden público" a juicio de los demás. Para que ocurra, se requiere que la autoridad valore si el ruido causado o ciertas actitudes o comportamientos tiene alguna de las características indicadas quedando a su completo arbitrio la determinación final, lo que resulta desconocido e indeterminado para el resto de las personas.

• Las normas combatidas permiten que para su determinación la autoridad que califique las conductas se base en los componentes éticos, morales, religiosos, de condición social, preferencia sexual, o en una idea preconcebida sobre lo que es el "orden", entre otros; es decir, aspectos subjetivos sobre los cuales se valorará si existe o no una conducta ilícita.

• Las normas, tal como están configuradas, permiten que se sancione a personas por conductas que no son posibles definir de forma objetiva, uniforme y certera, cuando una persona, con su actuar, realiza un escándalo público o tiene actitudes que atentan contra el orden público o sean consideradas obscenas.

• Por otro lado, las leyes de ingresos de los municipios de Mazaltepec, Totolápam, Santa María Peñoles, San Pedro Jicayán, Santiago Apoala, San Pedro Ocupetatillo y Santa María Huatulco, establecen en términos generales, que serán consideradas infracciones la comisión de faltas, insultos, ofensas, agresiones verbales a la autoridad o a algún miembro de la comunidad.

• Las normas sancionan conductas, palabras e incluso expresiones que pudieran considerarse como causa de falta de respeto, ofensas o insultos para cualquier persona o cualquier autoridad; además, este tipo de disposiciones busca prevenir y en su caso, sancionar a nivel administrativo aquellas expresiones que atenten contra el decoro de las personas, incluyendo a las autoridades, lo cual corresponde al aspecto subjetivo o ético del derecho al honor, esto es, el sentimiento íntimo de la persona que se exterioriza por la afirmación que hace de su propia dignidad.

• Las hipótesis normativas son demasiado amplias, en tanto reconocen un desmedido margen de discrecionalidad a la autoridad correspondiente para calificar o validar en qué casos se estarían actualizando las conductas infractoras, lo cual pone en un estado de incertidumbre a las y los gobernados, porque no sabrán en qué casos serán sancionados administrativamente.

• Los vocablos utilizados son amplios y ambiguos, que impiden conocer con claridad cuáles serán los supuestos que efectivamente serán sancionados.

• El hecho de que el Congreso haya descrito como infracción la comisión de faltas, insultos, ofensas, agresiones verbales a la autoridad o a algún miembro de la comunidad, implica un sinnúmero de supuestos que podrían actualizar la conducta; no obstante, la calificación de si constituye o no una conducta ilícita corresponde únicamente a las personas que reciben la conducta y de quien la califica.

• Para que se determine si algún acto, palabra o gesto, falta o no al respeto de alguien, constituye una ofensa, insulto o agresión verbal, es necesario que se lleve a cabo un juicio subjetivo de ese hecho, en el que se tomará en consideración tanto el propósito o intenciones del emisor, como del receptor, en el sentido de cómo entiende el mensaje o el acto, así como cuestiones propias de la relación social entre los intervinientes y del contexto que se genera al momento en que se está desarrollando la conducta.

• Las descripciones realizadas por el Congreso son demasiado amplias, pues corresponderá a la autoridad competente determinar conforme a su arbitrio y bajo un amplio margen de apreciación, si la conducta deberá ser sancionada o no, dejando en estado de incertidumbre jurídica a las y los gobernados.

• Las conductas pueden actualizarse de múltiples formas, ya sea a través de expresiones, actitudes o gestos, que pueden tener diversos significados dependiendo de la connotación que le dé la persona receptora y emisora.

• Depende de un juicio o valor estrictamente subjetivo, pues serán terceras personas quienes determinen el sentido confirme a sus propias apreciaciones, pudiendo o no considerarlas ofensivas, indecorosas o agresivas.

• Este Alto Tribunal ya ha declarado inválidas normas idénticas a las impugnadas, como en la acción de inconstitucionalidad 81/2023.

• Las normas impugnadas son insuficientes para limitar razonablemente el conjunto de conductas que pueden actualizar esas infracciones administrativas y ameriten la imposición de una sanción, pues los enunciados normativos son abiertos, al grado de que, en cada caso, la autoridad es quien podrá calificar, según su arbitrio, las palabras, expresiones, actitudes, gesticulaciones o hechos que actualizan una falta de respeto, agresión verbal, insultos u ofensas, con la única referencia a la comprensión social y contextual de lo que constituye como tales y por consiguiente, merecedoras de una sanción administrativa, lo que genera incertidumbre y confusión en los destinatarios de la norma.

• Algunas de las conductas descritas pueden cometerse en contra de diversas autoridades municipales, por lo que se debe señalar que esta Suprema Corte ha considerado que tratándose de servidores públicos se tiene un "plus de protección constitucional de la libertad de expresión", lo que se debe a motivos ligados al tipo de actividad que han decidido desempeñar, que exige escrutinio público intenso de sus actividades y de ahí, que esa persona deba demostrar mayor grado de tolerancia.

• Si para alguna persona una expresión o acto pudiera ser una falta de respeto, una ofensa, un insulto, o una agresión verbal, para otra no representaría afectación alguna.

3. Radicación y turno. La entonces Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el proveído de 11 de abril de 2024, acordó formar y registrar la acción de inconstitucionalidad hecha valer por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el número de expediente 83/2024 y ordenó turnarlo al entonces Ministro Luis María Aguilar Morales, como instructor del procedimiento.

4. Admisión y trámite. Luego, por acuerdo de 22 de abril de 2024, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Oaxaca, a los cuales, se requirió, para que rindieran sus respectivos informes. Además, se ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para efectos de que formulara pedimento si lo consideraba necesario.

5. Informe del Poder Legislativo de Estado de Oaxaca. Sergio López Sánchez, en su carácter de Diputado y Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado de Oaxaca, rindió el informe solicitado mediante escrito presentado el 07 de junio de 2024, en el cual manifestó, en esencia, lo siguiente:

• Los actos legislativos que culminaron con la expedición de las leyes impugnadas están debidamente fundados y motivados, ya que el Congreso actuó conforme a sus atribuciones conferidas en la Constitución local, en la que se disponen sus atribuciones para legislar sobre los ramos que el competen al Estado.

• Aunado a lo anterior, el artículo 115 constitucional confiere a los municipios personalidad jurídica y manejo sobre su patrimonio.

• Los preceptos de las leyes impugnadas no transgreden los artículos 1, 14, 16 y 31 constitucionales.

• La vía intentada por la recurrente no es la idónea, dado que las leyes no contravienen ninguna Ley Federal.

• No se vulnera el principio de proporcionalidad tributaria, en virtud de que las tarifas establecidas no son excesivas, sino que son acordes con la capacidad contributiva de los ciudadanos.

• Las leyes contemplan en su articulado que "quedan exentas del pago de estos derechos cuando por disposición legal deban expedirse".

• La expedición de las normas se ciñe a los principios constitucionales de los que se desprende la vinculación al gasto público, que comprende las erogaciones destinadas tanto a la prestación de servicios públicos como al desarrollo de la función del Estado.

• Los decretos fueron aprobados por mayoría calificada de los integrantes del Ayuntamiento, por ello el Congreso aprobó las leyes.

• El hecho de que el concepto "escándalo en la vía pública, faltas a la autoridad, ofender o agredir a cualquier miembro de la comunidad", etcétera, que forman parte de las normas impugnadas, no se encuentren definidos de manera expresa, ello no funda su inconstitucionalidad, ya que la claridad de las leyes constituye un imperativo para evitar o disminuir la vaguedad, ambigüedad, confusión y contradicción, no se advierte como requisito para el legislador, el que cada uno de los ordenamientos no establezcan definiciones o conceptualizaciones específicas, no los torna inconstitucionales pues es parte del ejercicio de la función administrativa del que lleve la ejecución, en apego a las garantías de fundamentación y motivación, el desarrollo y precisión del objeto y alcance del mismo, sin que ello genere incertidumbre jurídica; máxime que el Estado está compuesto por 570 municipios y 11000 localidades que poseen autonomía indígena, por lo que el Congreso analizó que ninguna de las normas fuera imprecisa.

• Es interés supremo de la sociedad que existan finanzas sanas, por lo que se protege que estén perfectamente definidos los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, mejoras, participaciones, fondo de aportaciones, convenios y demás fuentes de financiamiento de la hacienda pública, lo que se logra con estas leyes y que permitirá a los ayuntamientos elaborar un sólido presupuesto que se verá reflejado en obras, servicios públicos, programas sociales, seguridad pública y otros gastos.

• Las disposiciones impugnadas establecen los elementos que sirven de base para realizar el cálculo de una contribución como son los sujetos obligados, el hecho o circunstancia gravado, la base del tributo, la tasa o tarifa que debe aplicarse, lo que genera certidumbre en los contribuyentes pues conocen con certeza la forma y términos en que están obligados a contribuir con los gastos públicos municipales. 6. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Geovany Vásquez Sagrero, en su carácter de Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, en representación del Estado de Oaxaca, del titular del Poder Ejecutivo y de la Gubernatura del Estado de Oaxaca, compareció a rendir el informe solicitado mediante escrito presentado el 12 de junio de 2024, en el que expone, esencialmente, lo siguiente:

• El órgano legislativo es el único facultado para crear, modificar o suprimir tributos. A ello se le conoce como facultad potestativa, que deriva de la premisa de que el Estado realiza numerosos gastos para cumplir con sus atribuciones, a los que se les denomina "gasto público".

• Al respecto, los municipios tienen derecho a recibir contribuciones y a imponerlas, conforme a su competencia territorial y de acuerdo con el artículo 115 constitucional.

• El Congreso del Estado ejerció sus facultades constitucionales para establecer las contribuciones necesarias y cubrir el presupuesto de egresos.

• El Poder Judicial Federal se ha pronunciado sobre la certificación de documentos, en las que se dota a las copias certificadas de pleno valor probatorio. Además, involucran la fe pública de un funcionario público facultado para ello.

• Se entiende que la finalidad es entregar una garantía de autenticidad, por lo que se establece un costo por su entrega, lo que no implica condicionar el acceso a la información.

• Existen otras maneras por las que el ciudadano se puede allegar la información que necesita de manera gratuita, ya que la solicitud de copias certificadas tiene como finalidad es la de constatar que la copia es reproducción fiel del documento, más no la de amparar la satisfacción del derecho a la información.

• No existe grado de discrecionalidad como afirma la promovente, pues estamos ante una falta administrativa en la que se pondera el derecho al honor de las personas ante acciones, expresiones, agravios o palabras que atenten contra la dignidad de las personas, por lo que las normas son constitucionales, pues cumplen con el principio de taxatividad, ya que no hay imprecisión excesiva o irrazonable, en un grado de determinación tal que provoque que los destinatarios confusión o incertidumbre por no saber cómo actuar ante la norma jurídica.

• Se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria, en relación con el 65, primer párrafo, del mismo ordenamiento legal, ya que, si bien se aduce vulneración a los artículos 1, 6 y 31 constitucionales, no se dan dichas violaciones.

7. Mediante acuerdo de 13 de junio de 2024, el entonces Ministro instructor tuvo al Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso y al Consejero Jurídico del Gobierno, ambos del Estado de Oaxaca, rindiendo los informes solicitados; así como también, se abrió el plazo para formular alegatos.

8. Opinión del Fiscal General de la República. El Fiscal General de la República se abstuvo de formular pedimento.

9. Cierre de instrucción. Una vez transcurrido el plazo concedido para la formulación de alegatos, sin que las partes no hubieran hecho, por acuerdo de 08 de agosto de 2024 se acordó el cierre de instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

10. Returno. Derivado de la conclusión del encargo del Ministro Luis María Aguilar Morales, mediante proveído de 11 de diciembre de 2024, la entonces Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el returno del asunto al Ministro en retiro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

11. Posteriormente, debido a que en sesión celebrada el 01 de septiembre de 2025 tomaron protesta las Ministras y los Ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, primera parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en atención a lo acordado por el Pleno de este Tribunal en la sesión privada respectiva, mediante acuerdo de 04 de septiembre de 2025, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el returno del presente asunto al Ministro Irving Espinosa Betanzo para que actuara como ponente del mismo.

II. COMPETENCIA

12. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución General,(1) 1o., de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de esa Norma Fundamental(2) y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2024, en relación con el punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General 2/2025 (12ª) de 03 de septiembre de 2025, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de ese mismo mes y año, toda vez que se plantea la posible contradicción entre normas de rango constitucional y normas de Leyes de Ingresos Municipales del Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal de 2024.

III. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS

13. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 41, fracción I,(4) de la Ley Reglamentaria de la materia, se procede a precisar las normas que son objeto de la controversia constitucional.

14. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos promueve su demanda para combatir diversas disposiciones contenidas en las Leyes de Ingresos de diversos Municipios del Estado de Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024, publicadas en el Periódico Oficial local el 09 de marzo de 2024, las que identifica como las siguientes:

III. Normas generales cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicaron.

a) Cobros desproporcionados por reproducción de información, no relacionada con el derecho de acceso a la información:

1. Artículo 24, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santo Tomás Mazaltepec, Distrito de Etla, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.

2. Artículo 58, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Totolápam, Distrito de Tlacolula, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.

3. Artículo 45, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Asunción Cuyotepeji, Distrito de Huajuapan, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.

4. Artículo 47, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Tecomavaca, Distrito de Teotitlán, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.

5. Artículo 32, fracciones I y V, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Agustín Loxicha, Distrito de Pochutla, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.

6. Artículo 51, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Jicayán, Distrito de Jamiltepec, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.

7. Artículo 38, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco Cahuacua, Distrito de Sola de Vega, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.

8. Artículo 29, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santiago Apoala, Distrito de Nochixtlán, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.

9. Artículo 131, fracciones VIII, XI, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXIV y XXXV, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Huatulco, Distrito de Pochutla, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.

b) Establecimiento de infracciones que causan inseguridad jurídica:

1. Artículo 51, fracción VII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santo Tomás Mazaltepec, Distrito de Etla, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.

2. Artículo 81, fracción VII, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Totolápam, Distrito de Tlacolula, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.

3. Artículo 87, fracción VI, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Peñoles, Distrito de Etla, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.

4. Artículo 80, fracción V, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Jicayán, Distrito de Jamiltepec, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.

5. Artículo 54, fracciones II, III, en las porciones normativas "verbal o", y IX, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santiago Apoala, Distrito de Nochixtlán, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.

6. Artículo 24, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Ocopetatillo, Distrito de Teotitlán, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.

7. Artículos 238, fracción I, incisos s), en la porción normativa "insultar o", y bb), y 239, numeral 6, letra V250, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Huatulco, Distrito de Pochutla, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.

Ordenamientos publicados en el Periódico Oficial de esa entidad el día 09 de marzo de 2024.

IV. OPORTUNIDAD

15. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al que se publicó la norma impugnada y que, si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

16. En el caso, las normas impugnadas fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 09 de marzo de 2024, por lo que el plazo de treinta días naturales transcurrió del 10 de marzo al 08 de abril de 2024. En ese sentido, si la demanda promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos se presentó a través del buzón judicial el 08 de abril de 2024, se concluye que su promoción resulta oportuna.

V. LEGITIMACIÓN

17. El artículo 105, fracción II, párrafo segundo, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) dispone en lo que interesa, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está legitimada para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de normas federales o estatale

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34094-3ccf0ef2/i-accion-de-inconstitucionalidad-sobreseimiento-por-cesacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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