Corpus
Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. II. SERVICIOS DE BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO MUNICIPAL. LA NORMA QUE ESTABLECE SU COBRO VULNERA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, PUES NO GUARDA UNA RELACIÓN RAZONABLE ENTRE EL COSTO QUE IMPLICA BUSCAR DOCUMENTOS Y EL GASTO EFECTIVAMENTE EROGADO POR EL ENTE MUNICIPAL PARA PRESTAR EL SERVICIO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE, DISTRITO DE TEPOSCOLULA, ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025). III. LIBERTAD DE REUNIÓN. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA REUNIRSE EN LA VÍA PÚBLICA, PARQUES, JARDINES O INSTALACIONES DEPORTIVAS, ES INCONSTITUCIONAL, YA QUE LA LIBERTAD PARA REUNIRSE NO DEBE CONDICIONARSE A LA EMISIÓN DE UN PERMISO PREVIO SIN FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 94, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO, DISTRITO DE TLAXIACO, ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE INSTA AL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE OAXACA PARA QUE SE ABSTENGA DE EMITIR NORMAS QUE PRESENTEN LOS MISMOS VICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 59, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE, DISTRITO DE TEPOSCOLULA, Y 94, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO, DISTRITO DE TLAXIACO, ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE SUS EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 59, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE, DISTRITO DE TEPOSCOLULA, Y 94, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO, DISTRITO DE TLAXIACO, ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 53/2025. · Registro digital (IUS): 34133
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-07-03
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Julio de 2026, Tomo I, Volumen 1, Pág.355.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 53/2025. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 8 DE DICIEMBRE DE 2025. PONENTE: MINISTRA SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA. SECRETARIO: OCTAVIO JOEL FLORES DÍAZ.

Hechos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugna diversos artículos de Leyes de Ingresos de Municipios del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, que establecen cobros por búsqueda de información y para expedición de permisos para reunión.

ÍNDICE TEMÁTICO

Ver índice temático

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al ocho de diciembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 53/2025, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la que plantea la invalidez de diversas disposiciones normativas contenidas en Leyes de Ingresos Municipales del Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Demanda y normas impugnadas. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el quince de abril de dos mil veinticinco, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad en la que demandó la invalidez de los preceptos siguientes:

a) Cobros por servicio de búsqueda de información.

Artículo 59, fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Antonino Monte Verde, Distrito de Teposcolula, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco.

b) Restricción a la libertad de reunión.

Artículo 94, fracción V, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Cruz Nundaco, Distrito de Tlaxiaco, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco.

2. Artículos constitucionales que se estiman violados. Artículos 9, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Conceptos de invalidez. En el escrito inicial de demanda se planteó esencialmente lo siguiente:

Primero. Se argumenta que el artículo 59, fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Antonino Monte Verde establece tarifas desproporcionadas que vulneran el principio de proporcionalidad tributaria.

Que la inconstitucionalidad de la norma impugnada radica en que establece tarifas que no corresponden al costo real del servicio prestado para la búsqueda de información, afectando la proporcionalidad tributaria.

Que la cuota debe guardar proporción o relación razonable con el costo del servicio.

Que el Pleno de este Alto Tribunal en la Acción de Inconstitucionalidad 20/2019, sostuvo que los servidores públicos deben buscar las mejores condiciones de contratación para el Estado, aspecto que no se dio en el presente caso.

Segundo. Se impugna el artículo 94, fracción V, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Cruz Nundaco que sanciona la celebración de actividades sociales en espacios públicos (vía pública, parques, jardines, instalaciones deportivas) sin autorización, con lo que limita la libertad de reunión trastocando la seguridad jurídica, a que se refieren los artículos 9 de la Constitución Federal, 20.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Que la concepción “todo tipo de actividades”, es demasiada amplia que comprende innumerables conductas trastocando la seguridad jurídica.

Que la expresión “celebración de todo tipo de actividades sociales” implica sinnúmero de conductas o acciones a realizar sin tener certeza plena de cuáles actividades sociales ameritan la anuencia de la autoridad para su realización.

Que el Pleno de este Alto Tribunal en las Acciones de Inconstitucionalidad 95/2020, 13/2021, 27/2021, 31/2021, 183/2021, 3/2023, 5/2023, 6/2023, 7/2023, 8/2023, 9/2023, 10/2023, 12/2023, 13/2023, 14/2023, 212023, 24/2023, 48/2023, 57/2023, 7/2022, 11/2022, 62/2022 y 105/2022, abordó el tema de que el pago para obtener permiso para realizar eventos sociales es inconstitucional por violar la libertad de reunión.

4. Radicación y turno de la acción de inconstitucionalidad. Por acuerdo de quince de abril de dos mil veinticinco, la entonces Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente de la presente acción de inconstitucionalidad con el número 53/2025 y la turnó a la Ministra Margarita Ríos Farjat como instructora del procedimiento.

5. Admisión. Mediante proveído de diez de junio de dos mil veinticinco, la entonces Ministra instructora admitió a trámite el presente asunto, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca, para que rindan sus respectivos informes; asimismo, requirió al órgano legislativo para que remitiera copia certificada del proceso legislativo de las normas impugnadas y al órgano ejecutivo para que exhibiera copia certificada del Periódico Oficial estatal en el que constara su publicación. De igual forma, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que antes del cierre de instrucción manifestaran lo que a su representación corresponda.

6. Informe del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca. Mediante oficio recibido el once de julio de dos mil veinticinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Oaxaca, en representación del órgano legislativo, rindió informe en el que expresó, en síntesis, lo siguiente:

Primero.

a) Que es errada la apreciación de la parte actora porque es constitucional el artículo 59, fracción III, de la Ley de Ingresos para el Municipio de San Antonino Monte Verde, porque respeta el principio de proporcionalidad tributaria al describir adecuadamente el objeto de recaudar por la expedición de certificaciones, así como el sujeto, que será la persona física o moral que acuda a solicitar el servicio.

b) Que las afirmaciones de la parte actora son subjetivas porque contrario a lo sostenido por ella, la norma prevé los elementos mínimos para evitar su aplicación arbitraria de modo tal que el particular tenga conocimiento de la situación jurídica generada para que no quede en estado de indefensión.

Segundo.

a) Que el artículo 94, fracción V, de la Ley de Ingresos para el Municipio de Santa Cruz Nundaco respeta los derechos de legalidad y seguridad jurídica contenidos en el diverso 16 constitucional, porque de su texto la persona o particular sabe o tiene conocimiento de la situación general que impera en un caso concreto y de la actuación de la autoridad ante ella, por lo que no queda en estado de indefensión.

b) Que el artículo impugnado respeta la libertad de reunión al estar relacionado con las reuniones y asambleas de tipo político, sin que pueda interpretarse como prohibición para reunirse, sino que es para mantener el orden y la seguridad jurídica de los habitantes del municipio, respetando en todo momento los principios de igualdad, en su vertiente de no discriminación. Aclaró que la libertad de reunión no es absoluto sino que acepta limitaciones.

7. En acuerdo de ocho de agosto de dos mil veinticinco, la entonces Ministra instructora tuvo por rendido el informe del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca y por ofrecidas las documentales ahí relacionadas, con lo que corrió traslado a la promovente y a la Fiscalía General de la República, para que formularan alegatos dentro del plazo otorgado para tal efecto.

8. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Por oficio depositado en el Servicio Postal Mexicano el siete de julio de dos mil veinticinco y recibido el once siguiente, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo de Oaxaca, en representación del titular del Poder Ejecutivo de dicha entidad, rindió el informe en el que expresó, en síntesis, lo siguiente:

a) Que el artículo 59, fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Antonino Monte Verde es constitucional porque el Municipio ejerció sus facultades constitucionales y legales otorgadas para establecer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto de egresos.

b) Que el hecho imponible requiere de un elemento adicional para concretar el monto de la obligación tributaria, de esta manera se respeta el principio de proporcionalidad tributaria dado que existe congruencia entre el hecho imponible y la cuantificación de su magnitud.

c) Que existe lógica entre el hecho imponible y la base con lo que la cuota no es exagerada.

d) Que los costos de búsqueda y otorgamiento de información, reproducción, envío y certificación de documentos se sustenta en una base objetiva y razonable, con lo que respeta los principios tributarios. De ahí que afirme la autoridad que los argumentos de la actora son subjetivos pues no se puede afirmar que la cuota es excesiva ni desproporcional.

e) Que es constitucional el artículo 94, fracción V, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Cruz Nundaco, porque el concepto de invalidez es inoperante dado la actora no realiza el análisis adecuado de las palabras y/o conductas que le causan molestia, aunado que de la apreciación de dicha norma no se observa algún grado excesivo de imprecisión o confusión pues están claras las conductas y la sanción.

f) Que el objetivo de la norma impugnada es proteger el artículo 6 constitucional, y evitar ataques a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, así como se provoque algún delito o perturbe el orden público. En ese sentido se resolvió el amparo directo 28/2010 en el que se definió el derecho al honor como el concepto que tiene la persona de sí misma o que los demás se han formado de ella, en virtud de su proceder o de la expresión de su calidad ética y social.

g) Señala que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el diverso 65, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de la Fracciones I y II del artículo 105 constitucional, pues la actora no aduce violaciones a la constitución federal.

9. En acuerdo del veinticinco de agosto de dos mil veinticinco, la entonces Ministra instructora tuvo por rendido el informe del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, con lo que corrió traslado a la promovente, a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, para que formularan alegatos dentro del plazo otorgado para tal efecto.

10. Pedimento del Fiscal General de la República. El citado funcionario no formuló pedimento alguno.

11. Returno. En acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veinticinco, se returnó el asunto a la Ministra Sara Irene Herrerías Guerra para efecto de actuar como instructora.

12. Cierre de instrucción. Mediante acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil veinticinco, la Ministra instructora cerró la instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

13. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g),(1) de la Constitución General y 16, fracción I,(2) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promueve el presente medio de control constitucional contra normas generales al considerar que su contenido es inconstitucional.

II. PRECISIÓN DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS

14. Con fundamento en el artículo 71(3) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Alto Tribunal precisa el contenido de las normas impugnadas.

Ver normas impugnadas

III. OPORTUNIDAD

15. Conforme al artículo 60, párrafo primero,(4) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.

16. En el caso, las normas impugnadas fueron publicadas mediante los Decretos 325 y 326, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el día veintidós de marzo de dos mil veinticinco, por lo que el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad transcurrió del domingo veintitrés de marzo al veintiuno de abril dos mil veinticinco.

17. Por tanto, si el escrito de la acción se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el quince de abril dos mil veinticinco, se concluye que su presentación es oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN

18. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso g, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de la titular, está legitimado para promover el presente medio de control constitucional; por otra parte, el primer párrafo del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la materia(6) señala que los promoventes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente estén facultados para ello.

19. En el caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, comparece a través de su Presidenta, quien exhibió copia certificada del acuerdo de designación del Senado de la República de fecha doce de noviembre de dos mil veinticuatro(7) y acorde con las fracciones I y XI del artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(8) por lo que ejerce la representación legal de ese órgano autónomo, por ende, cuenta con la facultad para promover esta acción de inconstitucionalidad.

20. Luego, si se promovió la presente acción de inconstitucionalidad en contra de preceptos contenidos en Leyes de Ingresos de diversos Municipios del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal de dos mil veinticinco, y la accionante insiste que esas normas resultan violatorias a derechos humanos al estimar que transgreden los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad tributarias y la seguridad jurídica; es claro que cuenta con legitimación para impugnarlos.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

21. El Poder Ejecutivo de Oaxaca al rendir su informe manifestó que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el diverso 65, párrafo primero, ambos de la Ley Reglamentaria de este procedimiento, en virtud que con motivo de la promulgación de las leyes no existen violaciones a los preceptos 9, 14, 16 y 41, fracción IV, constitucionales, pues se trató de su facultad potestativa.

22. Ello es infundado porque es criterio reiterado de este Tribunal Pleno que los poderes Ejecutivos, al promulgar la legislación correspondiente se encuentran implicados en su emisión y, por ende, deben responder por la validez de su intervención en el proceso de creación normativa.(9)

23. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia P./J. 38/2010, de rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES.”,(10) criterio mediante el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que el hecho de que el Poder Ejecutivo tenga injerencia en el proceso de creación de las normas generales para otorgarles plena validez y eficacia hace que se encuentre invariablemente implicado en la emisión del Decreto impugnado, por lo que debe responder por sus actos.

24. Otra causa de improcedencia plateada es la contenida en la fracción VIII del artículo 19 en relación con el diverso 65, ambos de la Ley Reglamentaria, relativa a que no existen argumentos que demuestren la inconstitucionalidad del artículo 94, fracción V, controvertido.

25. Planteamiento que resulta infundado, ya que se parte de una premisa errónea, porque de la demanda sí se aprecian argumentos enderezados a demostrar la inconstitucionalidad de los artículos impugnados.

26. En efecto, por lo que hace al artículo 59, fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Antonino Monte Verde, se dijo en esencia que trastoca el principio de proporcionalidad tributaria dado que la cuota por reproducción de documentos no refleja el costo que representa al Estado prestar el servicio.

27. Mientras que respecto al diverso 94, fracción V, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Cruz Nundaco, se alegó básicamente que transgrede el principio de seguridad jurídica y a la libertad de reunión, dado que la infracción prevista en él es de tipo abierta y limita congregar.

28. De ahí que, opuestamente a lo afirmado por la autoridad, la accionante sí expreso argumentos tendentes a combatir el contenido de los artículos tildados de inconstitucionales.

29. Al no existir otro motivo de improcedencia planteado en la acción de inconstitucionalidad ni advertirse alguno otro de oficio, este Tribunal Pleno procede al estudio de fondo.

VI. ESTUDIO DE FONDO

VI.1. Cobro por búsqueda de documentos

30. La parte actora en su concepto de invalidez primero expone que el artículo 59, fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Antonino Monte Verde establece tarifas desmedidas que vulneran el principio de proporcionalidad tributaria dado que la cuota por búsqueda de documentos no corresponde al costo real del servicio prestado.

31. Que la cuota que se cobra con motivo de la búsqueda de documentos en el archivo municipal debe guardan proporción o relación razonable con el costo del servicio, no debe existir lucro o ganancia sobre tal aspecto, el Pleno de este Alto Tribunal en la Acción de Inconstitucionalidad 20/2019 sostuvo que los servidores públicos deben buscar las mejores condiciones de contratación para el Estado.

32. Es fundado el anterior argumento, para ello conviene invocar el artículo impugnado, cuyo texto es el siguiente.

Ver artículos impugnados

33. La disposición cuestionada (fracción III) establece el costo de $50.00 pesos (cincuenta pesos 00/100 MN), por año y por evento, por concepto de derechos por la búsqueda de documentos en el archivo municipal. Lo que constituye el cobro de un derecho, y no de un impuesto, por lo que esta contribución no se rige por el principio de gratuidad en materia de transparencia, ya que se trata de un servicio que presta la administración pública distinto de la entrega de información pública; por ende, resulta procedente su estudio a la luz de la garantía de proporcionalidad tributaria prevista en el artículo 31 fracción IV, de la Constitución Federal.(11)

34. La proporcionalidad tributaria tratándose de contribuciones, establece que todos los sujetos pasivos que contribuyan al gasto público, lo realicen de conformidad con su auténtica capacidad económica, de manera que su participación se realice en función de la mayor o menor capacidad económica manifestada por aquellos al realizar el hecho imponible, por lo que los elementos de cuantificación de la obligación tributaria deben hacer referencia al capital del contribuyente o a cualquier otro elemento que refleje su capacidad contributiva, lo que no sólo marca el cauce lógico del gravamen sino también lo legitima y explica su existencia, condicionando toda su estructura y contenido.(12) De tal manera que las personas que contribuyan al gasto público lo realicen de forma proporcional a su capacidad económica.

35. Por otra parte, en cuanto al pago de derechos, este Tribuna Pleno ha sostenido que dichos principios son aplicados de manera distinta. De tal modo que para que se fijen los montos por concepto de derechos, debe de tenerse en cuenta lo siguiente:

1. El costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio, y

2. Que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos.(13)

36. En ese sentido, atendiendo a la primera circunstancia, el monto que han de pagar los contribuyentes por concepto de derechos por servicios que presta el Estado en funciones de derecho público, debe de guardar equilibrio con la prestación del servicio; en otras palabras, el costo de la operación relativa a la ejecución del servicio específico, tal y como se establece en la siguiente jurisprudencia:

DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA. No obstante que la legislación fiscal federal, vigente en la actualidad, define a los derechos por servicios como las contribuciones establecidas en la ley por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, modificando lo consignado en el Código Fiscal de la Federación de 30 de diciembre de 1966, el cual en su artículo 3o. los definía como "las contraprestaciones establecidas por el poder público, conforme a la ley, en pago de un servicio", lo que implicó la supresión del vocablo "contraprestación"; debe concluirse que subsiste la correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota, ya que entre ellos continúa existiendo una íntima relación, al grado que resultan interdependientes, pues dicha contribución encuentra su hecho generador en la prestación del servicio. Por lo anterior, siendo tales características las que distinguen a este tributo de las demás contribuciones, para que cumpla con los principios de equidad y proporcionalidad que establece la fracción IV del artículo 31 constitucional, debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio, lo que lleva a reiterar, en lo esencial, los criterios que este alto tribunal ya había establecido conforme a la legislación fiscal anterior, en el sentido de que el establecimiento de normas que determinen el monto del tributo atendiendo al capital del contribuyente o a cualquier otro elemento que refleje su capacidad contributiva, puede ser correcto tratándose de impuestos, pero no de derechos, respecto de los cuales debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio; y que la correspondencia entre ambos términos no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares.(14)

37. Bajo esa lógica, se estima que el monto que ha de pagar el contribuyente por concepto de derechos por servicios que presta el Estado en funciones de derecho público, debe de guardar equilibrio entre el monto a pagar con la prestación del servicio.

38. Por lo tanto, para este caso debe considerarse que el costo por la búsqueda de información por un funcionario público es una actividad inherente a sus funciones que lleva a cabo en la administración pública municipal; de modo que, al realizar esa actividad únicamente se puede cobrar el costo generado por prestar el servicio; sin embargo, en el caso del precepto impugnado no se advierte que para ello se requieran materiales adicionales a la actividad misma del funcionario público.

39. En contraste con lo que ocurre en el derecho privado, la correspondencia entre el servicio proporcionado por el Estado y la cuota aplicable por el acto de certificar no debe perseguir lucro alguno, pues se trata de la relación de derecho público, de modo que, para que la cuota aplicable sea proporcional, debe guardar relación razonable con el costo de los efectivos insumos que implican el servicio prestado, en este caso, de buscar documentos.(15)

40. En ese sentido, suponer que la cantidad extra que recibe el Estado por la actividad del servidor público de buscar información sería tanto como reconocer un precio a ese signo que no es más que el cumplimiento de la obligación que la ley impone al servidor que la realiza. De ahí que sea inconstitucional la cuota fijada en la norma precisada.

41. Por tanto, a consideración de este Pleno, la cuota por la búsqueda de información en cantidad de $50.00 (cincuenta pesos 00/100 M.N.), prevista en la norma impugnada resulta desproporcional, pues no guarda relación razonable entre el costo que implica buscar documentos y el gasto efectivamente erogado por el ente municipal para prestar el servicio, lo que vulnera el principio de proporcionalidad reconocido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal. Lo que procede es declarar la invalidez del numeral 59, fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Antonino Mote Verde, Distrito de Teposcolula del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco.

VI.2. Restricción a la libertad de reunión

42. El artículo 94, fracción V, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Cruz Nundaco sanciona la celebración de actividades sociales en espacios públicos (vía pública, parques, jardines, instalaciones deportivas) que carezcan de autorización, lo que limita la libertad de reunión a que refieren los artículos 9 de la Constitución Federal, 20.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

43. Que la libertad de reunión comprende todo tipo de aglomeración bajo cualquier motivación de índole religiosa, cultural, social, económica, deportiva, o política, marchas, plantones, manifestaciones en plazas públicas o vías de comunicación, procesiones, peregrinaciones, entre otras.

44. La libertad de reunión en el espacio público o privado no puede condicionarse, restringirse o sujetarse a una autorización por parte del Estado, pues ello implicaría que el disfrute de ese derecho en bienes de uso público y privado dependa enteramente de la decisión de las autoridades, limitación que no encuentra respaldo en el artículo 9 constitucional.

45. También se expone que la concepción “todo tipo de actividades” es demasiada amplia que comprende innumerables conductas trastocando sin razón la seguridad jurídica.

46. Que la expresión “Celebrar todo tipo de actividades sociales” implica sinnúmero de conductas o acciones a realizar sin tener certeza plena de cuáles actividades sociales ameritan la anuencia de la autoridad para su realización, por lo que las y los habitantes de dicha comunidad no tendrán certeza jurídica plena.

47. Debido a la generalidad de la norma que prevé multa cuando se celebre todo tipo de actividades sociales en la vía pública, es trasgresora del principio de seguridad jurídica.

48. Que el Pleno de este Alto Tribunal en las Acciones de Inconstitucionalidad 95/2020, 13/2021, 27/2021, 31/2021, 183/2021, 3/2023, 5/2023, 6/2023, 7/2023, 8/2023, 9/2023, 10/2023, 12/2023, 13/2023, 14/2023, 212023, 24/2023, 48/2023, 57/2023, 7/2022, 11/2022, 62/2022 y 105/2022, abordó el tema de que el pago para obtener permiso para realizar eventos sociales es inconstitucional por violar la libertad de reunión.

49. Cabe señalar que la accionante plantea la inconstitucionalidad de la norma impugnada porque trastoca la libertad de reunión y la seguridad jurídica al prever una infracción amplia que limita injustificadamente el poder congregarse. Se examinarán en primer lugar los tendentes a demostrar la violación a la libertad de reunión, los que se consideran fundados y suficientes para declarar la invalidez de la norma impugnada, para demostrarlo conviene destacar el contenido de la norma impugnada que es el siguiente:

Ver contenido de la norma impugnada

50. La fracción impugnada señala que de no contar con la autorización municipal y realizar alguna actividad en lugares públicos se sancionara.

51. De ello se concluye que dicha disposición es inconstitucional al establecer la obligación de contar con la autorización Municipal para reunirse en la vía pública, parques, jardines o instalaciones deportivas, pues condicionan el ejercicio del derecho de reunión de los habitantes de dicho municipio al pago para la obtención del permiso respectivo, restricción que carece de fundamento constitucional. Máxime, que la norma no establece de manera expresa que para la realización de los eventos particulares se utilice la vía pública.(16)

52. Por ello, al no existir razón para sujetar la libertad de reunión a la autorización municipal, se trastoca la seguridad jurídica de los habitantes al impedirles, restringirles y sancionarlos injustificadamente el reunirse pacíficamente. De ahí lo fundado de este argumento.

53. Por las consideraciones alcanzadas no es el caso de ocuparse de los argumentos relativos a la violación al principio de taxatividad, pues su estudio a nada práctico conduciría.

54. Similares consideraciones se tuvieron al resolver la acción de inconstitucionalidad 17/2025.(17)

55. Por los razonamientos expuestos, este Tribunal Pleno declara la invalidez del artículo 94, fracción V, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Cruz Nundaco.

VII. EFECTOS

56. El artículo 73, en relación con los artículos 41, 43, 44 y 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalan que la sentencia debe contener los alcances y efectos de ésta, así como fijar con precisión los órganos obligados a cumplirla, las normas generales respecto de las cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda; además, se debe fijar la fecha a partir de la cual la sentencia producirá sus efectos.

57. Atento a ello, se declara la invalidez los artículos 59, fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Antonino Monte Verde, Distrito de Teposcolula y 94, fracción V, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34133-5413c929/i-accion-de-inconstitucionalidad-debe-desestimarse-la-causa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.