I. SERVICIO POR BÚSQUEDA Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES. LAS DISPOSICIONES QUE NO ESTÁN VINCULADAS A LOS PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NO DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE GRATUIDAD EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, SINO EN FUNCIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. II. SERVICIO POR LA BÚSQUEDA Y LA EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES O CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES. LAS NORMAS QUE ESTABLECEN SU COBRO QUE NO GUARDAN UNA RELACIÓN RAZONABLE CON EL COSTO DEL SERVICIO NI CON EL DE LOS MATERIALES UTILIZADOS, VULNERAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 65, FRACCIÓN II, DE LA LEY NÚMERO 125 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ; 29, FRACCIONES XI Y XV, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "O COPIAS CERTIFICADAS", Y 30, FRACCIÓN IV, NUMERALES 1, 3, 6, 8 Y 9, DE LA LEY NÚMERO 127 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO; 43, NUMERAL 9, DE LA LEY NÚMERO 129 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA; 63, FRACCIÓN I, NÚMEROS 9), 15), 17), EN LA PORCIÓN NORMATIVA "O COPIAS CERTIFICADAS", Y 22), Y 64, INCISO B), NUMERALES 15, 16, 17 Y 18 DE LA LEY NÚMERO 131 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN; 48, FRACCIONES IX Y XI, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "O COPIAS CERTIFICADAS", Y 49, FRACCIÓN III, NUMERALES 3 Y 4, DE LA LEY NÚMERO 126 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA; Y, 31, FRACCIONES X Y XIV, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "O COPIAS CERTIFICADAS", DE LA LEY NÚMERO 198 DE INGRESOS PARA LOS MUNICIPIOS; TODAS DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICINCO, PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO]. III. DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS. LAS CUOTAS ESTABLECIDAS POR ESTE SERVICIO RELACIONADAS CON SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TRANSGREDEN EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD, YA QUE ESTABLECEN COBROS CUYO MONTO NO SE JUSTIFICA DE MANERA OBJETIVA Y RAZONABLE EN RELACIÓN CON EL COSTO DE LOS MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO NI CON EL COSTO QUE IMPLICA CERTIFICAR UN DOCUMENTO [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 65, FRACCIÓN XXVII, NUMERAL 3, DE LA LEY NÚMERO 125 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ; 29, FRACCIÓN XVII, TERCER PÁRRAFO, NUMERAL 2, DE LA LEY NÚMERO 127 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO; 43, PÁRRAFO TERCERO, NUMERAL 2, DE LA LEY NÚMERO 129 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA; 63, FRACCIÓN I, NÚMERO 7) (SIC), PÁRRAFO TERCERO, NUMERAL 2, DE LA LEY NÚMERO 131 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN; 48, FRACCIÓN XXI, PÁRRAFO CUARTO, NUMERAL 2, DE LA LEY NÚMERO 126 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA; Y, 31, FRACCIÓN XVI, NUMERAL 2, DE LA LEY NÚMERO 198 DE INGRESOS PARA LOS MUNICIPIOS; TODAS DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICINCO, PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO]. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ RESPECTO DE DISPOSICIONES GENERALES DE VIGENCIA ANUAL QUE EXHORTA, EN LO FUTURO, AL CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO A ABSTENERSE DE REPETIR LOS MISMOS VICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CUALQUIER DISPOSICIÓN DE CARÁCTER GENERAL [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 31, FRACCIONES X, XIV, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O COPIAS CERTIFICADAS", Y XVI, NUMERAL 2, DE LA LEY NÚMERO 198 DE INGRESOS PARA LOS MUNICIPIOS; 65, FRACCIONES II Y XXVII, NUMERAL 3, DE LA LEY NÚMERO 125 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 29, FRACCIONES XI, XV, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O COPIAS CERTIFICADAS", Y XVII, PÁRRAFO TERCERO, NUMERAL 2, Y 30, FRACCIÓN IV, NUMERALES 1, 3, 6, 8 Y 9, DE LA LEY NÚMERO 127 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, 43, NUMERAL 9, Y PÁRRAFO TERCERO, NUMERAL 2, DE LA LEY NÚMERO 129 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 63, FRACCIÓN I, NÚMEROS 9), 15), 17), EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O COPIAS CERTIFICADAS", 22), Y 7) (SIC), PÁRRAFO TERCERO, NUMERAL 2, Y 64, INCISO B), NUMERALES 15, 16, 17 Y 18, DE LA LEY NÚMERO 131 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN Y 48, FRACCIONES IX, XI, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O COPIAS CERTIFICADAS", Y XXI, PÁRRAFO CUARTO, NUMERAL 2, Y 49, FRACCIÓN III, NUMERALES 3 Y 4, DE LA LEY NÚMERO 126 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, TODAS DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICINCO, PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO].
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 26/2025. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025. PONENTE: MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: JOHAN MARTÍN ESCALANTE ESCALANTE.
Hechos. La Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugna diversos artículos de Leyes de Ingresos de Municipios del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, que establecen cobros por la búsqueda de información, por la prestación del servicio de copiado y la expedición de copias certificadas, algunos relacionados con el derecho de acceso a la información.
ÍNDICE TEMÁTICO
Ver índice temático
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecisiete de septiembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 26/2025, promovida por la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, contra de los poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Guerrero, en la que plantea la invalidez de diversas disposiciones normativas contenidas en las Leyes de Ingresos Municipales del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Demanda y normas impugnadas. Por escrito presentado en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el treinta de enero de dos mil veinticinco, la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad en la que demandó la invalidez de los preceptos legales siguientes:
"III. Normas generales cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicaron.
a) Cobros desproporcionados e inequitativos por diversos servicios
1. Artículo 65, número II, de la Ley Número 125 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2025.
2. Artículos 29, fracciones XI y XV, en la porción normativa "o copias certificadas", y 30, fracción IV, numerales 1, 3, 6, 8 y 9, de la Ley Número 127 de Ingresos para el Municipio de Chilpancingo de los Bravo del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2025.
3. Artículo 43, numeral 9, de la Ley Número 129 de Ingresos para el Municipio de Iguala de la Independencia del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2025.
4. Artículos 63, fracción I, número 9), 15), 17), en la porción normativa "o copias certificadas", y 22), y 64, inciso b), numerales 15, 16, 17 y 18 de la Ley Número 131 de Ingresos para el Municipio de Taxco de Alarcón del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2025.
5. Artículos 48, fracciones IX y XI, en la porción normativa "o copias certificadas", y 49, fracción III, numerales 3 y 4, de la Ley Número 126 de Ingresos para el Municipio de Zihuatanejo de Azueta del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2025.
6. Artículo 31, fracciones X y XIV, en la porción normativa "o copias certificadas", de la Ley Número 198 de Ingresos para los Municipios del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2025.
b) Cobros injustificados por acceso a la información:
1. Artículo 65, número XXVII, numeral 3, de la Ley Número 125 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2025.
2. Artículo 29, fracción XVII, tercer párrafo, numeral 2, de la Ley Número 127 de Ingresos para el Municipio de Chilpancingo de los Bravo del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2025.
3. Artículo 43, párrafo tercero, numeral 2, de la Ley Número 129 de Ingresos para el Municipio de Iguala de la Independencia del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2025.
4. Artículo 63, fracción I, número 7) (sic), párrafo tercero, numeral 2, de la Ley Número 131 de Ingresos para el Municipio de Taxco de Alarcón del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2025.
5. Artículo 48, fracción XXI, párrafo cuarto, numeral 2, de la Ley Número 126 de Ingresos para el Municipio de Zihuatanejo de Azueta del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2025.
6. Artículo 31, fracción XVI, numeral 2, de la Ley Número 198 de Ingresos para los Municipios del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2025. (...)"
2. Artículos constitucionales que se estiman violados. La Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideró que se violaban los artículos 1o., 6o., 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Concepto de invalidez. En su escrito inicial de demanda la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos planteó sólo dos conceptos de invalidez, en los cuales argumentó esencialmente lo siguiente:
PRIMERO. Los artículos impugnados de diversas leyes de ingresos municipales del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2025, prevén cobros injustificados y desproporcionados por los servicios de búsqueda de información y reproducción de éstas en copias simples y certificadas, los cuales no atienden a los costos que le representó al Estado su prestación. Esto es, prevén cobros que no atienden al costo real del servicio prestado por los municipios. Además, no otorgan certeza sobre el monto que se debe de cubrir en cada caso específico.
Refiere que las normas son inconstitucionales porque prevén cuotas que no atienden al costo real del servicio prestado y algunos de los supuestos normativos no dan claridad respecto de si la cuota prevista por la entrega de copias simples o certificadas es por cada una de ellas o por expediente o legajo.
Por lo anterior, las normas controvertidas vulneran el derecho de seguridad jurídica, así como los principios de proporcionalidad y equidad de las contribuciones, previstos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
Argumenta, también, que los principios de seguridad jurídica y legalidad constituyen prerrogativas fundamentales por virtud de las cuales toda persona se encuentra protegida frente al arbitrio de la autoridad estatal. Señala que dichos principios constituyen un límite al actuar de todas las autoridades del Estado Mexicano, específicamente, al legislador lo obliga a establecer preceptos claros y precisos que no den pauta a una aplicación de la ley arbitraria.
Señala que las contribuciones son principalmente ingresos de derecho público destinados al financiamiento de los gastos generales del Estado y, particularmente, los derechos son las contribuciones que se pagan como contraprestación de los servicios que presta el ente público, de tal manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado.
Refiere que estos derechos se rigen por los principios de justicia tributaria, mismos que aplicados a esa contribución implican que la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derecho tenga en cuenta el costo que tuvo para el Estado la ejecución del servicio y que las cuotas de referidas sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos.
Esto es, el principio de proporcionalidad implica que el precio del servicio objeto de un derecho corresponda exactamente al valor de dicho servicio y la equidad implica que se dé un trato igual a quienes se encuentran en las mismas circunstancias, es decir, que se cobre lo mismo a quien recibe igual servicio.
Ahora, señala que la norma impugnada de la Ley Número 125 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, establece un cobro por la búsqueda de documentos y expedición de copias certificadas; sin embargo, la búsqueda de información es una actividad concreta de los servidores públicos en la que encuentran un documento o información solicitada en el archivo de su dependencia, por lo cual no es justificable ni proporcional cobrar por la simple búsqueda de documentos.
También, refiere la accionante que los artículos impugnados relacionados con la reproducción de información en copias simples y certificadas vulneran el principio de proporcionalidad debido a que las tarifas no guardan relación directa con los gastos que representa la prestación de tales servicios a los municipios involucrados.
Por lo que hace al costo extra por certificación, aduce la accionante que es desproporcional porque dicha actividad implica, únicamente, la firma del funcionario respectivo y cobrar por ello sería como reconocer un precio a ese signo que no es más que el cumplimiento de la obligación impuesta por la ley al servidor público.
También, señala que algunas de las normas impugnadas generan incertidumbre jurídica porque no especifican si la tarifa de una unidad de medida y actualización es en razón de cada foja o por legajo, lo cual puede generar un trato inequitativo.
Asimismo, que las normas impugnadas de los municipios de Nazas y Peñón Blanco transgreden el principio de seguridad jurídica porque no fijan parámetro alguno que le permita a la autoridad graduar la cuota entre el mínimo y el máximo en atención al servicio prestado, quedando su fijación a la total discreción de la autoridad correspondiente.
SEGUNDO. Refiere que diversos artículos de las leyes impugnadas establecen cobros injustificados por la expedición de copias certificadas de documentos que deriven de solicitudes de acceso a la información, en virtud de que no atienden al costo real de los materiales empleados; además, vulneran el derecho de acceso a la información como el principio de gratuidad que lo rige, contenidos en el artículo 6o., apartado A, fracción III, de la Constitución Federal.
Al respecto, el derecho a la información consagrado en ese precepto constitucional comprende: 1) el derecho de informar (difundir), 2) el derecho de acceso a la información (buscar) y, 3) el derecho a ser informado (recibir).
Sobre este derecho, refiere que la Suprema Corte ha establecido que toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes, prevaleciendo el principio de máxima publicidad.
Asimismo, que toda persona sin necesidad de acreditar interés o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales y a la rectificación de estos.
El acceso a la información es gratuito y únicamente se requerirá el pago que corresponda a la modalidad de reproducción y entrega solicitada, sin que permita el cobro por la búsqueda o la disponibilidad momentánea de la información.
Esto es, lo que sí puede cobrarse al solicitante de información son los costos de los materiales utilizados en la reproducción, el costo de envío y la certificación de documentos, siempre que dichas cuotas se fijen de acuerdo con una base objetiva y razonable de los materiales utilizados y de sus costos. De modo que, si el solicitante proporciona el medio magnético, electrónico o el mecanismo necesario para reproducir la información debe ser entregada sin costo.
Ahora, las normas impugnadas establecen una cuota de $100 (cien pesos M.N.) o 1.11 UMA por la certificación de documentos que derivan la solicitud información relacionada con el derecho a la información.
La comisión actora considera que las normas en estudio se alejan del principio de gratuidad que rige el ejercicio del derecho de acceso a la información. Esto, porque como se precisó únicamente se puede recuperar el costo del material de entrega de la información, por ende, cualquier cobro debe justificarse por el legislador a efecto de demostrar que no está gravando la información.
Sobre el tema, refiere la comisión que este Alto Tribunal ha considerado que la aplicación del principio de gratuidad en materia de transparencia y acceso a la información pública se requiere de una motivación reforzada por parte del legislador en el cual se explique o razone el costo de los materiales de reproducción de un documento.
Así, las cuotas por la certificación de documentos que se impugnan se consideran inconstitucionales debido a que no se encuentran justificadas en razón del costo real de los materiales empleados para su reproducción en esa modalidad, esto es, en las normas combatidas no se justificó ni se hizo referencia a los elementos que sirvieron de base al legislador guerrerense para determinar dichas cuotas.
4. Radicación y turno de la acción de inconstitucionalidad. Por acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veinticinco, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente a la presente acción de inconstitucionalidad con el número 26/2025 y la turnó a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf como instructora del procedimiento.
5. Admisión. Mediante proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veinticinco, la Ministra instructora admitió a trámite el presente asunto, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Guerrero, para que rindieran sus respectivos informes; asimismo, requirió al órgano ejecutivo para que exhibiera copia certificada del Periódico Oficial estatal en el que conste la publicación de las normas impugnadas. De igual forma, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que antes del cierre de instrucción manifestara lo que a su representación correspondiera.
6. Informe del Poder Legislativo del Estado de Guerrero. Mediante oficio ingresado el catorce de marzo de dos mil veinticinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guerrero, en representación del órgano legislativo, rindió informe en el que expresó, en síntesis, lo siguiente:
Señala que el Poder Legislativo del Estado de Guerrero tiene plenas facultades constitucionales para expedir leyes y decretos en todas aquellas materias que no sean de la competencia exclusiva de la federación, tal como establece el artículo 124 de la Constitución Federal.
Refiere que en la emisión de las normas impugnadas se cumplió el procedimiento legislativo correspondiente y considera que se encuentran apegadas al marco jurídico federal, respetando y garantizando la protección de los derechos humanos, de conformidad con los principios de seguridad jurídica y legalidad.
Asimismo, señala que el derecho a la información pública es la prerrogativa que tiene toda persona de solicitar gratuitamente la información generada, administrada o en posesión de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de entregarla sin que la persona acredite interés alguno.
Al respecto, debe destacarse que, si bien dicho derecho es gratuito, lo cierto es que debe de entenderse la separación entre la información y el servicio prestado por el Estado para estar en aptitud de otorgarla, pues sólo puede requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega de la información pública que sea solicitada.
Refiere que los artículos impugnados están relacionados al cobro de búsqueda y certificación de documentos, lo que entraña un servicio que presta el Estado en funciones de derecho público que se causa en el momento en el que el particular recibe la prestación del servicio.
Argumenta que la accionante no combatió la inconstitucionalidad de las normas, sino que sólo aludió a que le causan afectación al vulnerar el derecho humano consagrado en el artículo 6o. de la Constitución Federal, al referir que el derecho a la información es gratuito y por ende el derecho por la búsqueda de información transgrede dicho principio.
Sin embargo, señala que el cobro por el servicio prestado no limita, restringe u obstaculiza ese derecho, pues la búsqueda y certificación de algún documento genera el pago de un derecho que es acorde con el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
Solicita que las normas impugnadas sean interpretadas con forme a la constitución, es decir, sugiere que se agoten todas las posibilidades de encontrar en ella un significado que la haga compatible con la constitución y que le permita subsistir dentro del ordenamiento.
En relatadas circunstancias, considera que contrario a lo argumentado por la comisión actora, el pago de derechos por la actividad que realiza el municipio, no contraviene el derecho de acceso a la información, pues de una interpretación integradora se permite concluir que la obligación de los particulares de contribuir al gasto público por la actividad que realiza el Estado por la prestación de servicios, como en el caso lo es la búsqueda y certificación de documentos, no limita el acceso a la información.
Refiere que el disfrute de ese derecho implica la existencia de vías accesibles y eficaces para allegarse de los datos públicos, es decir, se deben de inyectar recursos económicos por parte de los Municipios para que los particulares puedan tener acceso a los archivos y registros que se encuentran en las dependencias, mismos que deben encontrarse en constante actualización, resguardo y seguridad, para lo cual es necesario el mantenimiento respectivo.
Aduce que de declararse inválidas las normas reclamadas que establecen el pago de derechos por la emisión de copias certificadas, se estaría otorgando un privilegio a los ciudadanos al establecer que no se pague por concepto de derechos la prestación del servicio que le proporciona el ente público, lo que no toma en cuenta que se trata de una contraprestación que debe recibir el Municipio toda vez que sale de su presupuesto que tiene destinado.
Por todo lo anterior, refiere que no puede eximirse a los ciudadanos del pago correspondiente por la prestación del servicio que le otorga el Municipio, ya que se estaría privando al mismo de la contraprestación a la que tiene derecho y que se encuentra destinada al gasto público.
7. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero. Por oficio ingresado en Correos de México el diecinueve de marzo de dos mil veinticinco y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el dos de abril de dos mil veinticinco, el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, en representación del titular del Poder Ejecutivo de dicha entidad, rindió el informe en el que expresó, en síntesis, lo siguiente:
Refiere que es cierto el acto que se le atribuye a dicho poder consistente en la promulgación y publicación de las normas generales impugnadas, que prevén disposiciones que establecen cobros por la expedición de documentos en copias simples y certificadas, así como por la búsqueda de documentos, datos o información.
Señala que las normas impugnadas fueron ejecutadas conforme a la facultad conferida en los artículos 71, 72 y 91, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Guerrero, por lo cual, actuó en estricto cumplimiento y apego a su facultad y competencia constitucional relativa a la promulgación y publicación de las leyes y decretos que expida en Congreso del Estado.
Asimismo, refiere que la inconstitucionalidad de las normas se atribuye al Poder Legislativo del Estado de Guerrero; sin embargo, señala que dichas normas no transgreden el principio de gratuidad que se encuentra implícito en el derecho de acceso a la información, pues por búsqueda de información debe entenderse que se refiere a la modalidad de reproducción y entrega de información solicitada y resultante de la búsqueda, concepto por el que si procede realizar el cobro correspondiente.
8. En acuerdo del veintitrés de abril de dos mil veinticinco, la Ministra instructora tuvo por rendidos los informes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Guerrero y por ofrecidas las documentales ahí relacionadas, con lo que corrió traslado a la promovente, así como a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, para que formularan alegatos dentro del plazo otorgado para tal efecto.
9. Pedimento del Fiscal General de la República. El citado funcionario no formuló pedimento alguno.
10. Cierre de la instrucción. Mediante acuerdo de dos de junio de dos mil veinticinco, la Ministra instructora tuvo por formulados los alegatos de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Guerrero, así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y, por auto de siete de julio siguiente, cerró la instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
11. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g),(1) de la Constitución General y 16, fracción I,(2) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, así como el Punto Segundo, fracción II,(3) del Acuerdo General 2/2025 (12a.) de tres de septiembre de dos mil veinticinco, del Pleno de la SCJN, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales federales.
II. PRECISIÓN DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS
12. Con fundamento en el artículo 41(4) y 71(5) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Alto Tribunal procede a precisar el contenido de las normas impugnadas por la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
13. En concreto, las disposiciones impugnadas están relacionadas con la búsqueda de información y emisión de certificaciones, las cuales son del contenido siguiente:
Ley de Ingresos del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2025
"ARTÍCULO 65. Por la expedición de legalizaciones, constancias, certificaciones y copias certificadas o simples; se causarán derechos conforme a la tarifa siguiente:
Ver tarifa 1
Ley de Ingresos del Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2025
"ARTÍCULO 29. Por la expedición de constancias, certificaciones y copias simples, copias certificadas pagarán derechos conforme a la clasificación y tarifas en Unidad de Medida y Actualización, siguientes:
Ver tarifa 2
"ARTÍCULO 30. Por los derechos de constancias, certificaciones, copias de planos, avalúos catastrales y servicios que corresponda al área de Catastro y Predial, siempre y cuando se encuentren al corriente en el pago del Impuesto Predial, se pagarán conforme a la tarifa siguiente: (...)
IV. COPIAS DE DOCUMENTOS QUE OBRAN EN EL ARCHIVO CATASTRAL
Ver tarifa 3
Ley de Ingresos del Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2025
"ARTÍCULO 43.- Por la expedición o tramitación de constancias, certificaciones y duplicados, se causarán derechos conforme a las tarifas siguientes:
Ver tarifa 4
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero vigente dentro del capítulo II de las cuotas de acceso en el Artículo 160 se establecerá como sigue:
El acceso a la información será gratuito. En caso de costos para obtener la información deberá cubrirse de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de: (...)
2. El pago de la certificación de los documentos $100.00
(...)"
Ley de Ingresos del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2025
"ARTÍCULO 63.- Por la expedición o tramitación de constancias, certificaciones y copias certificadas, se causarán derechos conforme a las tarifas siguientes:
I. Expedición o tramitación de constancias, certificaciones y copias certificadas.
Ver tarifa 5
"ARTÍCULO 64.- Los derechos por copias de planos, avalúos y demás servicios que proporcionen las áreas de catastro, de obras públicas, así como la de desarrollo urbano, según sea la competencia se cobrarán y se pagarán conforme a la tarifa siguiente:
Ver tarifa 6
Ley de Ingresos del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2025
"ARTÍCULO 48.- Por la expedición o tramitación de constancias, certificaciones y copias certificadas, registros o trámites, se causarán derechos conforme a las tarifas siguientes:
Ver tarifa 7
"ARTÍCULO 49.- Los derechos por copias de planos, avalúos y demás servicios que proporcionen las áreas de Catastro, de Obras Públicas, así como la de Desarrollo Urbano, según sea la competencia se cobrarán y se pagarán conforme a la tarifa siguiente:
Ver tarifa 8
Ley de Ingresos para los Municipios del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2025
"ARTÍCULO 31. Por la expedición o tramitación de constancias, certificaciones y copias certificadas, se causarán derechos conforme a las tarifas siguientes:
Ver tarifa 9
III. OPORTUNIDAD
14. Conforme al artículo 60, párrafo primero,(6) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.
15. En el caso, las normas impugnadas fueron publicadas mediante los Decretos 125, 126, 127, 129, 131 y 198, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, el día treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro, por lo que el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad transcurrió del miércoles uno de enero al jueves treinta de enero dos mil veinticinco.
16. Por tanto, si el escrito que contiene la acción de inconstitucionalidad promovida por la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se recibió mediante Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el treinta de enero de dos mil veinticinco, se concluye que su presentación es oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
17. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(7) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un ente legitimado para promover el presente medio de control constitucional en contra de normas federales o estatales que considere vulneren derechos humanos.
18. En el caso, se advierte que la demanda fue presentada por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(8) acreditándolo con la copia certificada del acuerdo de designación expedido por el Senado de la República.
19. Además, se precisa que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos argumenta que las disposiciones reclamadas vulneran los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad y equidad tributarias, por lo que es de reiterarse el criterio sostenido por el Tribunal Pleno en el sentido de que dicha comisión se encuentra legitimada para impugnar normas de carácter tributario, como acontece en el caso.(9)
20. En consecuencia, se concluye que dicha servidora tiene la representación del órgano legitimado para promover la presente acción de inconstitucionalidad.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
21. Del análisis que se realiza a las constancias, se puede advertir que ninguna de las partes formuló causales de improcedencia y sobreseimiento, ni tampoco se advierten de oficio por este Alto Tribunal.
VI. ESTUDIO DE FONDO
22. La comisión accionante formuló dos conceptos de invalidez en los que argumentó que las normas que prevén derechos por la búsqueda de información y expedición de copias simples y certificadas, son inconstitucionales por transgredir diversos preceptos de la Constitución Federal.
23. En el primer concepto señaló que las contribuciones son principalmente ingresos de derecho público destinados al financiamiento de los gastos generales del Estado y, particularmente, los derechos son las contribuciones que se pagan como contraprestación de los servicios que presta el ente público, de tal manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado.
24. En este sentido, refiere que diversas leyes de ingresos municipales del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2025, prevén cobros injustificados y desproporcionados por los servicios de búsqueda de información y reproducción de estas en copias simples y certificadas, los cuales no atienden a los costos que le representó al Estado su prestación. Esto es, prevén cobros que no atienden al costo real del servicio prestado por los municipios. Además, no otorgan certeza sobre el monto que se debe de cubrir en cada caso específico y si la cuota prevista por la entrega de copias simples o certificadas es por cada una de ellas o por expediente o legajo.
25. Asimismo, argumenta que la norma impugnada de la Ley Número 125 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, establece un cobro por la búsqueda de documentos y expedición de copias certificadas; sin embargo, la búsqueda de información es una actividad concreta de los servidores públicos en la que encuentran un documento o información solicitada en el archivo de su dependencia, por lo cual no es justificable ni proporcional cobrar por la simple búsqueda de documentos.
26. También, por lo que hace al costo extra por certificación, aduce la accionante que es desproporcional porque dicha actividad implica, únicamente, la firma del funcionario respectivo y cobrar por ello sería como reconocer un precio a ese signo que no es más que el cumplimiento de la obligación impuesta por la ley al servidor público.
27. Por lo anterior, la promovente considera que dichas normas vulneran el derecho de seguridad jurídica, así como los principios de proporcionalidad y equidad de las contribuciones, previstos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
28. Por otro lado, en el segundo concepto de invalidez refiere la comisión accionante que diversos artículos de las leyes impugnadas estab
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34198-84a5d261/i-servicio-por-busqueda-y-reproduccion-de-documentos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓ (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. SERVICIO POR BÚSQUEDA Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES. LAS DISPOSICIONES QUE NO ESTÁN VINCULADAS A LOS PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMAC (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓ (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. SERVICIOS DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN, DIGITALIZACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS NO RELACIONADOS CON EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. LAS NORMAS QUE ESTABLECEN EL COBRO P (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. LA NORMA QUE PREVÉ EL COBRO POR LA BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS VIOLA EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD QUE LO RIGE. (P./J. 110/2026 (12a.))
- ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LOS COBROS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE ESE DERECHO REQUIEREN UNA MOTIVACIÓN REFORZADA DEL LEGISLADOR PARA SER ACORDES CON EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD. (P./J. 82/2026 (12a.))
- DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. LA NORMA QUE NO ESTABLECE COBRO POR LAS SOLICITUDES DERIVADAS DE SU EJERCICIO Y SÓLO PREVÉ LA RECUPERACIÓN DEL COSTO DE ENVÍO, RESPETA EL PRINCI (P./J. 109/2026 (12a.))
- PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. LOS COBROS DE DERECHOS POR SERVICIOS DE BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS EN ARCHIVOS U OFICINAS MUNICIPALES VULNERAN ESE PRINCIPIO. (P./J. 92/2026 (12a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis