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Modo: Corpus Pro

I. SERVICIO POR BÚSQUEDA Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES. LAS DISPOSICIONES QUE NO ESTÁN VINCULADAS A LOS PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NO DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE GRATUIDAD EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, SINO EN FUNCIÓN DEL DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. II. SERVICIO POR LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES. LAS NORMAS QUE ESTABLECEN EL COBRO POR ESTE SERVICIO QUE NO GUARDAN UNA RELACIÓN RAZONABLE CON EL COSTO DEL SERVICIO NI CON EL DE LOS MATERIALES UTILIZADOS, VULNERAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 69, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "POR SERVICIOS DE COPIADO", "PLANO TAMAÑO CARTA", Y "DE 0.5 A 2"; Y 70, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS", "POR DOCUMENTO", "0.49", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE NAZAS, DURANGO; 70, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "POR SERVICIOS DE COPIADO", "POR DOCUMENTO", Y "DE 1 A 10"; DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO, DURANGO; 69, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "POR SERVICIOS DE COPIADO", "POR DOCUMENTO", "1", ASÍ COMO FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SÚCHIL, DURANGO; 72, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS", "POR DOCUMENTO"; Y "0.34", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DURANGO; 69, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "POR SERVICIOS DE COPIADO", "LOTE", Y "3", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO; 69, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "POR SERVICIOS DE COPIADO", "1 HOJA", Y "4" Y 70, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS", "POR DOCUMENTO", "1", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, DEL ESTADO DE DURANGO, TODAS PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO]. III. DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS. LAS CUOTAS ESTABLECIDAS POR ESTE SERVICIO RELACIONADAS CON SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TRANSGREDEN EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD, YA QUE ESTABLECEN COBROS CUYO MONTO NO SE JUSTIFICA DE MANERA OBJETIVA Y RAZONABLE, EN RELACIÓN CON EL COSTO DE LOS MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NI CON EL COSTO QUE IMPLICA CERTIFICAR UN DOCUMENTO [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 69, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "POR SERVICIOS DE COPIADO", "PLANO TAMAÑO CARTA", Y "DE 0.5 A 2"; Y 70, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS", "POR DOCUMENTO", "0.49", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE NAZAS, DURANGO; 70, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "POR SERVICIOS DE COPIADO", "POR DOCUMENTO", Y "DE 1 A 10"; DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO, DURANGO; 69, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "POR SERVICIOS DE COPIADO", "POR DOCUMENTO", "1", ASÍ COMO FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SÚCHIL, DURANGO; 72, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS", "POR DOCUMENTO"; Y "0.34", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DURANGO; 69, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "POR SERVICIOS DE COPIADO", "LOTE", Y "3", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO; 69, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "POR SERVICIOS DE COPIADO", "1 HOJA", Y "4" Y 70, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS", "POR DOCUMENTO", "1", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, DEL ESTADO DE DURANGO, TODAS PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO]. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ RESPECTO DE DISPOSICIONES GENERALES DE VIGENCIA ANUAL QUE EXHORTA, EN LO FUTURO, AL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO A ABSTENERSE DE REPETIR LOS MISMOS VICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CUALQUIER DISPOSICIÓN DE CARÁCTER GENERAL [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 69, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "POR SERVICIOS DE COPIADO", "PLANO TAMAÑO CARTA" Y "DE 0.5 A 2", Y 70, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS", "POR DOCUMENTO" Y "0.49", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE NAZAS, 70, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "POR SERVICIOS DE COPIADO", "POR DOCUMENTO" Y "DE 1 A 10", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO, 69, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "POR SERVICIOS DE COPIADO", "POR DOCUMENTO" Y "1", Y FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SÚCHIL, 72, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS", "POR DOCUMENTO" Y "0.34", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, 69, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "POR SERVICIOS DE COPIADO", "LOTE" Y "3", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS Y 69, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "POR SERVICIOS DE COPIADO", "1 HOJA" Y "4", Y 70, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS", "POR DOCUMENTO" Y "1", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, DEL ESTADO DE DURANGO, TODAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MI

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 7/2025. · Registro digital (IUS): 33866
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-02-20
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Febrero de 2026, Tomo III, Volumen 1, Pág.183.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 7/2025. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: JOHAN MARTÍN ESCALANTE ESCALANTE.

Hechos. La Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugna diversos artículos de Leyes de Ingresos de Municipios del Estado de Durango para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, que establecen cobros por la prestación del servicio de copiado y la expedición de copias certificadas no relacionadas con el derecho de acceso a la información pública.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecisiete de septiembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 7/2025, promovida por la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, contra de los poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Durando, en la que plantea la invalidez de diversas disposiciones normativas contenidas en las Leyes de Ingresos Municipales del Estado de Durango, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Demanda y normas impugnadas. Por escrito presentado en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el veintiuno de enero de dos mil veinticinco, la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad, en la que demandó la invalidez de los preceptos legales siguientes:

“III. Normas generales cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicaron.

1. Artículos 69, en las porciones normativas “Por Servicios de Copiado”, “Plano tamaño carta”, y “De 0.5 a 2”; y 70, en las porciones normativas “Expedición de copias certificadas”, “Por documento”, “0.49”, de la Ley de Ingresos del Municipio de Nazas, Dgo., para el ejercicio fiscal del año 2025.

2. Artículo 70, en las porciones normativas “Por Servicios de Copiado”, “Por documento”, y “De 1 a 10”; de la Ley de Ingresos del Municipio de Peñón Blanco, Dgo., para el ejercicio fiscal del año 2025.

3. Artículo 69, en las porciones normativas “Por Servicios de Copiado”, “1”, así como fracción II, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Súchil, Dgo., para el ejercicio fiscal del año 2025.

4. Artículo 72, en las porciones normativas “Expedición de Copias Certificadas”, “Por documento”; y “0.34”, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlahualilo, Dgo., para el ejercicio fiscal del año 2025.

5. Artículo 69, en las porciones normativas “Por Servicios de Copiado”, “Lote”, y “3”, de la Ley de Ingresos del Municipio de Nombre de Dios, Dgo., para el ejercicio fiscal del año 2025.

6. Artículos 69, en las porciones normativas “Por Servicios de Copiado”, “1 HOJA”, y “4”; y 70, en las porciones normativas “Expedición de Copias Certificadas”, “Por documento”, “1”, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepehuanes, Dgo., para el ejercicio fiscal del año 2025.

(...)”.

2. Artículos constitucionales que se estiman violados. La Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideró que se violaban los artículos 1o., 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Concepto de invalidez. En su escrito inicial de demanda, la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos planteó sólo un concepto de invalidez, en el cual argumentó esencialmente lo siguiente:

Único. Los artículos impugnados de las seis leyes de ingresos municipales del Estado de Durango para el ejercicio fiscal 2025, prevén cobros injustificados y desproporcionados por los servicios de copiado y expedición de copias certificadas, los cuales no atienden a los costos que le representó al Estado su prestación. Esto es, prevén cobros que no atienden al costo real del servicio prestado por los municipios. Además, no otorgan certeza sobre el monto que se debe de cubrir en cada caso específico.

Refiere que unos de los supuestos normativos contenidos en las leyes de ingresos municipales de Nazas y Peñón Blanco no ofrecen parámetros que permitan a la autoridad determinar cómo individualizar la cuota, según el rango permitido por las disposiciones.

Por lo anterior, las normas controvertidas vulneran el derecho de seguridad jurídica y legalidad, así como los principios de proporcionalidad y equidad de las contribuciones, previstos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

Argumenta, también, que los principios de seguridad jurídica y legalidad constituyen prerrogativas fundamentales por virtud de las cuales toda persona se encuentra protegida frente al arbitrio de la autoridad estatal. Señala que dichos principios constituyen un límite al actuar de todas las autoridades del Estado Mexicano, específicamente, al legislador lo obliga a establecer preceptos claros y precisos que no den pauta a una aplicación de la ley arbitraria.

Señala que las contribuciones son principalmente ingresos de derecho público destinados al financiamiento de los gastos generales del Estado y, particularmente, los derechos son las contribuciones que se pagan como contraprestación de los servicios que presta el ente público, de tal manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado.

Refiere que estos derechos se rigen por los principios de justicia tributaria, mismos que aplicados a esa contribución implican que la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derecho tenga en cuenta el costo que para el Estado la ejecución del servicio y que las cuotas de referidas sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos.

Esto es, el principio de proporcionalidad implica que el precio del servicio objeto de un derecho corresponda exactamente al valor de dicho servicio y la equidad implica que se dé un trato igual a quienes se encuentran en las mismas circunstancias, es decir, que se cobre lo mismo a quien recibe igual servicio.

Ahora, dicho lo anterior, argumenta la accionante que los artículos impugnados transgreden los principios de seguridad jurídica y legalidad, así como los diversos de justicia tributaria porque establecen derechos por los servicios que prestan diversos municipios por la expedición de copias simples y certificadas sin establecer tarifas acordes a las erogaciones que realmente les representa la prestación de los mismos, ni tampoco precisan los parámetros para determinar el monto de la contribución.

Refiere que las normas impugnadas violan el principio de proporcionalidad tributaria porque las cuentas previstas en los mismos no guardan relación con el costo de los materiales para la prestación del servicio ni con el costo que implica expedir copias y copias certificadas de un documento.

También, señala que la norma impugnada del municipio de Súchil genera incertidumbre jurídica porque no especifica si la tarifa de una unidad de medida y actualización es en razón de cada foja o por legajo, lo cual puede generar un trato inequitativo.

Asimismo, que las normas impugnadas de los municipios de Nazas y Peñón Blanco transgreden el principio de seguridad jurídica porque no fijan parámetro alguno que le permita a la autoridad graduar la cuota entre el mínimo y el máximo en atención al servicio prestado, quedando su fijación a la total discreción de la autoridad correspondiente.

4. Radicación y turno de la acción de inconstitucionalidad. Por acuerdo de veintidós de enero de dos mil veinticinco, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente a la presente acción de inconstitucionalidad con el número 7/2025 y la turnó a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf como instructora del procedimiento.

5. Admisión. Mediante proveído de seis de febrero de dos mil veinticinco, la Ministra instructora admitió a trámite el presente asunto, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Durando, para que rindieran sus respectivos informes; asimismo, requirió al órgano ejecutivo para que exhibiera copia certificada del Periódico Oficial estatal en el que conste la publicación de las normas impugnadas. De igual forma, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que antes del cierre de instrucción manifestara lo que a su representación correspondiera.

6. Informe del Poder Legislativo del Estado de Durango. Mediante oficio presentado en Correos de México el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco y recibido el trece de marzo del mismo año en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Secretario de Servicios Jurídicos del Congreso el Estado Libre y Soberano de Durango, en representación del órgano legislativo, rindió informe en el que expresó, en síntesis, lo siguiente:

Sostiene el órgano legislativo que las normas impugnadas son válidas porque el proceso de su creación y publicación cumplió a cabalidad con los requisitos legales y constitucionales.

Niega que las normas impugnadas sean inconstitucionales porque dicho órgano es soberano para determinar las contribuciones necesarias para cubrir el gasto público, ello, pues conforme al artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal los municipios están facultados para establecer contribuciones por la prestación de servicios públicos.

Refiere que las normas controvertidas fueron emitidas respetando los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, por lo cual, es infundado el concepto de invalidez respectivo.

7. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Durango. Por oficio recibido electrónicamente el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco, el Consejero General de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado de Durango, en representación del titular del Poder Ejecutivo de dicha entidad, rindió el informe en el que expresó, en esencia, lo siguiente:

Refiere que es cierto el acto que se le atribuye a dicho poder consistente en la promulgación y publicación de las normas generales impugnadas. Todas publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el veintidós de diciembre de 2024.

Señala que las normas impugnadas fueron ejecutadas con fundamento en el artículo 98, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, en relación con el numeral 5, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública de ese Estado, que facultan y obligan al ejecutivo a promulgar y hacer cumplir las leyes o decretos del congreso estatal.

Argumenta que en la demanda no se atribuyó al Poder Ejecutivo de Durango actos por vicios propios, ni se enderezan conceptos de invalidez en contra de sus actos (promulgación y publicación). Además, que el actuar del gobernador fue acorde con la legislación citada, por ende, su actuar no afecta la esfera jurídica de los gobernados.

8. En acuerdo del veintitrés de abril de dos mil veinticinco, la Ministra instructora tuvo por rendidos los informes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Durango y por ofrecidas las documentales ahí relacionadas, con lo que corrió traslado a la promovente, así como a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, para que formularan alegatos dentro del plazo otorgado para tal efecto.

9. Pedimento del Fiscal General de la República. El citado funcionario no formuló pedimento alguno.

10. Cierre de la instrucción. Mediante acuerdo de dos de junio de dos mil veinticinco, la Ministra instructora tuvo por formulados los alegatos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, por auto de siete de julio siguiente, cerró la instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

11. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g),(1) de la Constitución General y 16, fracción I,(2) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, así como el Punto Segundo, fracción II,(3) del Acuerdo General 2/2025 (12a) de tres de septiembre de dos mil veinticinco, del Pleno de la SCJN, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales federales.

II. PRECISIÓN DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS

12. Con fundamento en el artículo 71(4) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Alto Tribunal procede a precisar el contenido de las normas impugnadas por la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

13. En concreto, las disposiciones impugnadas están relacionadas con la expedición de copias simples y certificadas, a continuación se transcriben los preceptos en los que se encuentran resaltadas las porciones normativas impugnadas.

Ver preceptos con porciones normativas impugnadas

III. OPORTUNIDAD

14. Conforme al artículo 60, párrafo primero,(5) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.

15. En el caso, las normas impugnadas fueron publicadas mediante los Decretos 108, 109, 110, 111, 112 y 113, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango, el día veintidós de diciembre de dos mil veinticuatro, por lo que el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad transcurrió del lunes veintitrés de diciembre de dos mil veinticuatro al martes veintiuno de enero dos mil veinticinco.

16. Por tanto, si el escrito que contiene la acción de inconstitucionalidad promovida por la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se recibió mediante Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de enero de dos mil veinticinco, se concluye que su presentación es oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN

17. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(6) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un ente legitimado para promover el presente medio de control constitucional en contra de normas federales o estatales que considere vulneren derechos humanos.

18. En el caso, se advierte que la demanda fue presentada por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(7) acreditándolo con la copia certificada del acuerdo de designación expedido por el Senado de la República.

19. Además, se precisa que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos argumenta que las disposiciones reclamadas vulneran los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad y equidad tributarias, por lo que es de reiterarse el criterio sostenido por el Tribunal Pleno en el sentido de que dicha comisión se encuentra legitimada para impugnar normas de carácter tributario, como acontece en el caso.(8)

20. En consecuencia, se concluye que dicha servidora tiene la representación del órgano legitimado para promover la presente acción de inconstitucionalidad.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

21. Las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente, por lo que se deben analizar las que sean formuladas por las partes, así como aquéllas que este Alto Tribunal advierta de oficio.

22. Ahora, refiere el Ejecutivo local en el contenido de su informe que el municipio actor no aduce violación alguna respecto a la promulgación y publicación de las normas impugnadas.

23. Lo anterior, daría lugar al sobreseimiento de la controversia por lo que hace a dicha autoridad, de acuerdo con el artículo 19, fracción IX, en relación con el 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia; sin embargo, no procede en el caso concreto porque el Poder Ejecutivo local forma parte del proceso de creación del decreto combatido y, por ende, esa participación y la constitucionalidad de su actuación es susceptible de ser analizada por este Tribunal Pleno, de conformidad con lo previsto en el artículo 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia.(9)

24. Lo anterior aunado a que la determinación de la constitucionalidad de las normas impugnadas debe ser materia del estudio de fondo de la sentencia, acorde con la jurisprudencia P./J. 36/2004,(10) de este Tribunal Pleno, de rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE”.

25. Al no existir otro motivo de improcedencia planteado en la acción de inconstitucionalidad, ni advertirse alguno de oficio, este Tribunal Pleno procede realizar el estudio de fondo.

VI. ESTUDIO DE FONDO

26. En su único concepto de invalidez, la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos argumentó que los artículos tildados de inconstitucionales relativos a los servicios de copiado y expedición de copias certificadas vulneran los principios de seguridad jurídica y de justicia tributaria, previstos en los artículos 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente.

27. Precisa que los principios de justicia tributaria relacionados con los derechos, implica que se debe considerar el costo que para el Estado genera la ejecución del servicio y que las cuotas de respectivas sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos.

28. Esto es, el principio de proporcionalidad implica que el precio del servicio objeto de un derecho corresponda exactamente al valor de dicho servicio y la equidad a que se dé un trato igual a quienes se encuentran en las mismas circunstancias, es decir, que se cobre lo mismo a quien recibe igual servicio.

29. Señala que las normas impugnadas prevén cobros injustificados y desproporcionados por los servicios de copiado y expedición de copias certificadas, los cuales no atienden a los costos que le representó al Estado su prestación. Además, no otorgan certeza sobre el monto que se debe de cubrir en cada caso específico.

30. Refiere que los supuestos normativos contenidos en las leyes de ingresos municipales de Nazas y Peñón Blanco no ofrecen parámetros que permitan a la autoridad determinar cómo individualizar la cuota, según el rango permitido por las disposiciones, es decir, no fijan parámetro alguno que le permita a la autoridad graduar la cuota entre el mínimo y el máximo en atención al servicio prestado, quedando su fijación a la total discreción de la autoridad correspondiente.

31. Asimismo, que la norma impugnada del municipio de Súchil genera incertidumbre jurídica porque no especifica si el monto a pagar es por cada foja o por legajo, lo cual puede generar un trato inequitativo.

32. A consideración de este Pleno del Alto Tribunal, resulta fundado el concepto de invalidez que se estudia por las siguientes razones:

33. En principio, respecto al parámetro de regularidad constitucional aplicable, se precisa que los preceptos impugnados establecen el cobro de derechos por los servicios de copiado y expedición de copias certificadas que no tienen relación con el derecho de acceso a la información pública, por tanto, su análisis se realizará bajo la óptica de los principios de justicia tributaria y no bajo la especial óptica del derecho de acceso a la información. 34. Pues bien, conviene referir que el principio de proporcionalidad tributaria se encuentra contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su aplicación en el ámbito de los derechos por servicios ha sido desarrollada jurisprudencialmente por esta Suprema Corte.

35. En las acciones de inconstitucionalidad 1/2022(11) y 2/2022,(12) así como 34/2023 y sus acumuladas 36/2023 y 49/2023,(13) entre otros precedentes, este Alto Tribunal ha sostenido que para considerar constitucionales las normas que prevén las contribuciones denominadas derechos, las cuotas aplicables deben ser, entre otras cosas, acordes o proporcionales al costo de los servicios prestados y ser iguales para todos aquellos que reciban el mismo servicio.

36. Lo anterior, porque la naturaleza de los derechos por servicios que presta el Estado es distinta a la de los impuestos, de manera que para que se respeten los principios de proporcionalidad y equidad tributarios es necesario tener en cuenta, entre otros aspectos, el costo que para el Estado implica la ejecución del servicio, pues a partir de ahí se puede determinar si la norma que prevé determinado derecho otorga o no un trato igual a los sujetos que se encuentren en igualdad de circunstancias y si es proporcional o acorde al costo que conlleva ese servicio.(14)

37. Dicho lo anterior, este Tribunal Procede al análisis de las disposiciones impugnadas, materia de este apartado y que son del contenido siguiente:

Ver análisis de las disposiciones impugnadas

38. Las normas transcritas cuya invalidez se demanda establecen el cobro de derechos por la prestación del servicio de copiado de documentos relacionados con el catastro municipal y la expedición de copias certificadas.

39. El monto del derecho por los servicios mencionados lo calculan en cuotas determinadas en función de unidades de medida y actualización y van de la 0.34 a la 10 veces dicha unidad, dependiendo del municipio de que se trate, por ejemplo, para el municipio de Peñón Blanco, Durango, se prevé un derecho por el servicio de copiado —por documento—, de 1 a 10 veces la unidad de medida y actualización.

40. Al respecto, este Tribunal Pleno considera que los preceptos impugnados transgreden el principio de proporcionalidad tributaria porque las cuotas establecidas no guardan una relación razonable con el costo del servicio respectivo y los materiales utilizados, pues recordemos que, al tratarse de derechos por la prestación de servicios, la cuota o tarifa debe atender a los costos que para el municipio representa prestar ese servicio.

41. Ahora, por lo que hace a la solicitud de copias certificadas, el pago de los correspondientes derechos implica para la autoridad la concreta obligación de expedirlas y certificarlas, de modo que dicho servicio es un acto instantáneo porque se agota en el mismo acto en que se efectúa sin prolongarse en el tiempo.

42. A diferencia de las copias simples, que son meras reproducciones de documentos que para su obtención se colocan en la máquina respectiva, existiendo la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la tecnología, de que no correspondan a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado; las copias certificadas involucran la fe pública del funcionario que las expide, la cual es conferida expresamente por la ley como parte de sus atribuciones.

43. Es decir, la expedición de certificados implica una compulsa de documentación e información, lo cual es una actividad que se realiza por un funcionario público y resulta inherente al trabajo que realiza en la administración pública municipal y que no necesariamente le genera costos adicionales al municipio, más allá del salario del respectivo funcionario público o los materiales con los que se plasma la certificación.

44. De lo anterior, se desprende que la certificación implica la fe pública del funcionario que la expide, actividad que no puede generar por sí sola costo alguno. Dicha fe pública es la garantía que otorga el funcionario respectivo al determinar que el acto de reproducción se otorgó conforme a derecho y que lo contenido en él es cierto, proporcionando así seguridad y certeza jurídica al interesado.

45. El servicio que presta el Estado en este supuesto se traduce en la expedición de una certificación que corresponde al cotejo con la información y documentación que certifica el funcionario público en ejercicio de las facultades que le confiere una disposición jurídica.

46. A diferencia de lo que ocurre en el derecho privado, la correspondencia entre el servicio proporcionado por el Estado y la cuota aplicable por el acto de certificar no debe perseguir lucro alguno, pues se trata de una relación de derecho público, de modo que, para que la cuota aplicable sea proporcional, debe guardar una relación razonable con el costo de los efectivos insumos que implican el servicio prestado, en este caso, de certificación o constancia de documentos por cada hoja tamaño carta u oficio.(15)

47. En el caso concreto, las normas impugnadas prevén un derecho por los servicios de copiado relacionado con los servicios catastrales. Las cuotas respectivas son las siguientes: 1) Para el municipio de Nazas, se prevé una cuota de 0.5 a 2 unidades de medida y actualización (en adelante UMA)(16) por plano tamaño carta; 2) Para el municipio de Peñón Blanco una cuota de 1 a 10 UMA por documento; 3) Para el municipio de Súchil una cuota de 1 UMA por documento; 4) Para el municipio de Nombre de Dios una cuota de 3 UMA por lote; y, 5) Para el municipio de Tepehuanes una cuota de 4 UMA por una hoja.

48. Asimismo, las normas controvertidas prevén derechos por la expedición de constancias y certificaciones de cualquier tipo. Las cuotas respectivas son las siguientes: 1) Para el municipio de Nazas se prevé una cuota de 0.49 UMA por documento (copia certificada); 2) Para el municipio de Súchil una cuota de 1 UMA por trámite (copia certificada de deslinde y levantamiento catastral); 3) Para el municipio de Tlahualilo una cuota de 0.34 por documento (copia certificada); y, 4) Para el municipio de Tepehuanes una cuota de 1 UMA por documento (copia certificada).

49. Como se dijo, tratándose de derechos sólo se puede cobrar lo que al Estado le cuesta prestar el servicio, sin que pueda existir un interés lucrativo en el mismo. Además, la expedición de certificaciones implica una compulsa y la fe pública del funcionario municipal competente, cuestión que no puede incrementar el costo del servicio, pues la actividad de certificación es inherente al desempeño del cargo, lo que no genera un costo para el municipio.

50. Ahora, como se dijo, los derechos que se analizan por los servicios de copiado y expedición de copias certificadas son desproporcionados, pues no representan el costo que para el municipio genera su prestación, ello, porque de su proceso legislativo no se advierte motivación alguna que justifique dichos montos.

51. Esto es, del proceso legislativo de las leyes de ingresos municipales citadas, no se advierte que las cuotas aludidas de los numerales impugnados estén justificadas conforme a elementos objetivos y razonables basados en los costos de los materiales utilizados y el servicio prestado.

52. De tal forma, si las normas impugnadas establecen cuotas que no atienden al costo que representa la prestación del servicio, son inconstitucionales por violar el principio de proporcionalidad tributaria.

53. Además, la mayoría de los numerales impugnados prevén el cobro de derechos por la expedición de copias (simples o certificadas), también contravienen el principio de seguridad jurídica, pues de su redacción no puede desprenderse si los montos que contemplan se cobrarán con motivo de la expedición de una hoja o por documento completo que se haya solicitado, pues en el apartado relativo a unidades se refieren a “lote”, “trámite” y “documento”, lo que genera incertidumbre respecto de la cantidad que se deberá pagar.

54. Más aún, para este Tribunal Pleno, el hecho de que en los preceptos impugnados se determinen cuotas en UMA no guarda una relación razonable con el costo que para el Estado representa la prestación del servicio,(17) esencialmente porque el valor de la UMA no se determina en función del costo que para los municipios representa prestar servicios públicos, tal como se advierte del artículo 4(18) de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, que establece el método para determinar el valor de la UMA y que permite concluir que el legislador estableció la cuota de los derechos impugnados atendiendo a elementos ajenos al costo del servicio público en cuestión.

55. Por tanto, las cuotas previstas en las normas impugnadas resultan desproporcionales, pues no guardan una relación razonable entre el costo que implica emitir y certificar un documento y el gasto efectivamente erogado por el ente municipal para prestar el servicio, lo que vulnera el principio de proporcionalidad tributaria reconocido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.(19)

56. Atendiendo a los razonamientos precisados, lo procedente es declarar la invalidez de los artículos 69, en las porciones normativas “Por Servicios de Copiado”, “Plano tamaño carta”, y “De 0.5 a 2”; y 70, en las porciones normativas “Expedición de copias certificadas”, “Por documento”, “0.49”, de la Ley de Ingresos del Municipio de Nazas, Durango; 70, en las porciones normativas “Por Servicios de Copiado”, “Por documento”, y “De 1 a 10”; de la Ley de Ingresos del Municipio de Peñón Blanco, Durango; 69, en las porciones normativas “Por Servicios de Copiado”, “Por documento”, “1”, así como fracción II, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Súchil, Durango; 72, en las porciones normativas “Expedición de Copias Certificadas”, “Por documento”; y “0.34”, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlahualilo, Durango; 69, en las porciones normativas “Por Servicios de Copiado”, “Lote”, y “3”, de la Ley de Ingresos del Municipio de Nombre de Dios, Durango; 69, en las porciones normativas “Por Servicios de Copi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33866-c0495f54/i-servicio-por-busqueda-y-reproduccion-de-documentos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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