Corpus
Modo: Corpus Pro

I. SERVICIO DE BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS Y EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS. LAS CUOTAS SIN BASE OBJETIVA Y DESPROPORCIONADAS POR SU PRESTACIÓN, AL NO ATENDER A LOS COSTOS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN DICHO SERVICIO NI AL COSTO QUE IMPLICA CERTIFICAR UN DOCUMENTO, VULNERAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (INVALIDEZ DEL NUMERAL 5 DE LA FRACCIÓN II.2 DE LA TARIFA ANEXA DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MANUEL BENAVIDES; DEL NUMERAL 14 DE LA FRACCIÓN II.3 DE LA TARIFA ANEXA DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MORIS; DEL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN II, APARTADO B.1, EN LAS CUOTAS RELATIVAS A "POR LA PRIMERA HOJA CERTIFICADA $105.00", Y "POR LA PRIMERA HOJA EN COPIA SIMPLE $50.00", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES; Y DE LA FRACCIÓN II.9, NUMERAL 7, DE LA TARIFA ANEXA DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SATEVÓ; TODAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025). II. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LAS NORMAS QUE ESTABLECEN EL COBRO DE DERECHOS POR LA REPRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN Y LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES OFICIALES, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS SOLICITUDES QUE REGULA LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, SON INCONSTITUCIONALES, YA QUE EL LEGISLADOR NO RAZONÓ NI EXPLICÓ LA MANERA EN QUE FIJÓ LA CUOTA RESPECTIVA [INVALIDEZ DE LA FRACCIÓN VII, APARTADO AA, INCISO D), DE LA TARIFA ANEXA DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, Y DEL ARTÍCULO 73, NUMERALES 3, 4, 7.1, 7.2 Y 7.3, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025]. III. SERVICIO DE BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS Y DE EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS. LA NORMA QUE ESTABLECE UNA CUOTA POR LA EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS CONFORME AL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), NO GUARDA UNA RELACIÓN RAZONABLE CON EL COSTO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS PARA LA PRESTACIÓN DE DICHO SERVICIO Y, POR ENDE, VULNERA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA [INVALIDEZ DE LA FRACCIÓN VII, APARTADO AA, INCISO D), DE LA TARIFA ANEXA DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, Y DEL ARTÍCULO 73, NUMERALES 3, 4, 7.1, 7.2 Y 7.3, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025]. IV. LIBERTAD DE REUNIÓN. SU EJERCICIO MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS SOCIALES PRIVADOS, TALES COMO BAILES, BABY SHOWERS, BODAS, DESPEDIDAS, GRADUACIONES, QUINCE AÑOS, PIÑATAS, CONVIVIOS, KERMESES, POSADAS NAVIDEÑAS, O FIESTAS EN GENERAL, SIN FINES DE LUCRO, NO DEBE CONDICIONARSE AL COBRO DE UN PERMISO PREVIO, YA QUE CARECE DE FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL [INVALIDEZ DE LA FRACCIÓN III.17, NUMERAL 23, DE LA TARIFA ANEXA DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AQUILES SERDÁN; DE LA FRACCIÓN IX DE LA TARIFA ANEXA DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA; FRACCIÓN VII, LETRA B, DE LA TARIFA ANEXA DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO CAMARGO; DE LA FRACCIÓN VII, NUMERAL 8, DE LA TARIFA ANEXA DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO COYAME DEL SOTOL; DE LA FRACCIÓN II.2.8, NUMERAL 2, DE LA TARIFA ANEXA DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE DELICIAS; DEL ARTÍCULO 74, NUMERAL 5, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO JUÁREZ; DE LA FRACCIÓN II.14, NUMERALES 1.1, 1.2, 1.3, 4 (SIC), 5 (SIC) Y 10 (SIC), DE LA TARIFA ANEXA DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO MADERA; DE LA FRACCIÓN II.16, INCISO A), NUMERALES 3 Y 6, DE LA TARIFA ANEXA DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO MEOQUI; DEL ARTÍCULO 20, APARTADO A.2, SUBAPARTADO A.2.18, NUMERAL A.2.18.14, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO NUEVO CASAS GRANDES; DE LA FRACCIÓN II.12, RESPECTO DE LA CONTRIBUCIÓN "PERMISO PARA BAILES FAMILIARES $108.00", DE LA TARIFA ANEXA DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL ORO; Y DE LA FRACCIÓN II.15, EN LA PARTE CORRESPONDIENTE A "PERMISO PARA EVENTO PRIVADO $500.00", DE LA TARIFA ANEXA DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SATEVÓ, TODOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025]. V. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LAS NORMAS QUE ESTABLECEN UNA MULTA POR CAUSAR RUIDO, ESCÁNDALO O MOLESTIAS QUE ALTEREN LA TRANQUILIDAD DE LAS PERSONAS, VULNERA LOS DERECHOS A LA LIBRE MANIFESTACIÓN Y A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, PUES DEJA AL ARBITRIO DE LA AUTORIDAD DETERMINAR CUÁLES EXPRESIONES O MANIFESTACIONES SERÁN SUSCEPTIBLES DE SANCIÓN [INVALIDEZ DE LAS FRACCIONES I, II Y VIII CONTENIDAS EN EL SUBAPARTADO "CONTRA EL ORDEN Y LA SEGURIDAD GENERAL", DEL APARTADO "TARIFA DE MULTAS POR FALTAS AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO", DE LA TARIFA ANEXA DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO JIMÉNEZ, Y DE LAS FRACCIONES II, INCISO B) Y VI, INCISOS A) Y B), CONTENIDAS EN EL SUBAPARTADO "FALTAS CONTRA EL ORDEN Y SEGURIDAD GENERAL", DEL APARTADO GENERAL RELATIVO A LAS "FALTAS E INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO Y REGLAMENTOS MUNICIPALES", DE LA TARIFA ANEXA DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE LÓPEZ, AMBOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PARA EL EJERCICIO FI

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 17/2025. · Registro digital (IUS): 33938
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-03-27
Promovente: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Marzo de 2026.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 17/2025. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025. PONENTE: MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: JOHAN MARTÍN ESCALANTE ESCALANTE.

Hechos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugna diversos artículos de Leyes de Ingresos de Municipios del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, que establecen cobros por la prestación del servicio de copiado y la expedición de copias certificadas, algunos relacionados con el derecho de acceso a la información; por la expedición de permisos para la realización de eventos sociales y multas administrativas ambiguas e imprecisas.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintinueve de septiembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 17/2025, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua; en la que plantea la invalidez de diversas disposiciones normativas contenidas en las Leyes de Ingresos Municipales del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA.

1. Demanda y normas impugnadas. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el veintisiete de enero de dos mil veinticinco, la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad en la que demandó la invalidez de los preceptos legales siguientes:

III. Normas generales cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicaron.

a) Cobros desproporcionados por reproducción de información, no relacionada con el derecho de acceso a la información.

1. Numeral 5 de la fracción II.2, de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Manuel Benavides, para el Ejercicio Fiscal 2025.

2. Numeral 14 de la fracción II.3, de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Moris, para el Ejercicio Fiscal 2025.

3. Artículo 20, fracción II, apartado b.1, en las cuotas relativas a “Por la primera hoja certificada $105.00”, y “Por la primera hoja en copia simple $50.00”, de la Ley de Ingresos del Municipio de Nuevo Casas Grandes, para el Ejercicio Fiscal 2025.

4. Fracción II.9, numeral 7, de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Satevó para el Ejercicio Fiscal 2025.

b) Cobros por la reproducción de información en ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

1. Fracción VII, apartado AA, inciso d), de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio Camargo, para el Ejercicio Fiscal 2025.

2. Artículo 73, numerales 3, 4, 7.1, 7.2 y 7.3, de la Ley de Ingresos del Municipio Juárez para el Ejercicio Fiscal 2025.

c) Cobros por la autorización para la realización de eventos sociales.

1. Fracción III.17, numeral 23, de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Aquiles Serdán, para el Ejercicio Fiscal 2025.

2. Fracción IX de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Buenaventura, para el Ejercicio Fiscal 2025.

3. Fracción VII, letra B, de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio Camargo, para el Ejercicio Fiscal 2025.

4. Fracción VII, numeral 8, de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio Coyame del Sotol, para el Ejercicio Fiscal 2025.

5. Fracción II.2.8, numeral 2, de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del del Municipio de Delicias, para el Ejercicio Fiscal 2025.

6. Artículo 74, numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio Juárez, para el Ejercicio Fiscal 2025.

7. Fracción II.14, numerales 1.1, 1.2, 1.3, 4 (sic), 5 (sic) y 10 (sic), de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio Madera, para el Ejercicio Fiscal 2025.

8. Fracción II.16, inciso A), numerales 3 y 6, de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio Meoqui, para el Ejercicio Fiscal 2025.

9. Artículo 20, apartado a.2, subapartado a.2.18, numeral a.2.18.14, de la Ley de Ingresos del Municipio Nuevo Casas Grandes, para el Ejercicio Fiscal 2025.

10. Fracción II.12, respecto de la contribución “Permiso para bailes familiares $108.00”, de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio San Francisco del Oro, para el Ejercicio Fiscal 2025.

11. Fracción II.15, en la parte correspondiente a “Permiso para evento privado $500.00”, de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Satevó, para el Ejercicio Fiscal 2025.

d) Establecimiento de infracciones que causan inseguridad jurídica.

1. Fracciones I, II, VIII y X, contenidas en el subapartado “Contra el orden y la seguridad general”, así como la fracción III, contenidas en el subapartado “Infracciones contra las buenas costumbres y la integridad moral del individuo y de la familia”, ambas del apartado “Tarifa de multas por faltas al bando de policía y buen gobierno”, de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio Jiménez, para el Ejercicio Fiscal 2025.

2. Incisos B) y D), de la fracción II, del numeral 1, así como incisos A) y B), de la fracción IV, todas del apartado general relativo a las “Faltas e infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno y Reglamentos Municipales”, de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de López para el Ejercicio Fiscal 2025.

Todos ordenamientos del Estado de Chihuahua, publicados en el Periódico Oficial de esa entidad el 28 de diciembre de 2024.”

2. Artículos constitucionales e instrumentos internacionales que se estiman violados. La Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideró que se violaban los artículos 1o., 6o., 9o.,14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 2o., 13 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como 2o., 19 y 21 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

3. Conceptos de invalidez de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En su escrito inicial de demanda la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos planteó cuatro conceptos de invalidez, en los cuales argumentó esencialmente lo siguiente:

Primero. Los artículos contenidos en las leyes de ingresos municipales del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal 2025, prevén cobros desproporcionados por la expedición de documentos en copias simples y certificadas (no relacionadas con el acceso a la información pública), debido a que no atienden a los costos que realmente representó al Estado la prestación de esos servicios, por lo que vulneran el principio de proporcionalidad en las contribuciones reconocido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

Los principios de proporcionalidad y equidad rigen de manera distinta cuando se trata de derechos o de impuestos. El principio de proporcionalidad implica que la determinación de las cuotas correspondientes por ese concepto ha de tener en cuenta el costo para que el Estado tenga la ejecución del servicio, de manera que corresponda exactamente al valor servicio prestado. Mientras que el principio de equidad tributaria exige que los contribuyentes que se encuentran en una misma hipótesis de causación deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que los regula; en otras palabras, que las cuotas sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos.

Las cantidades fijadas por el Congreso del Estado de Chihuahua por la entrega o reproducción de información en copias simples o certificadas, no se advierte razonabilidad alguna entre el costo de los materiales usados, tales como hojas, tinta, etcétera, ni lo que implica certificar un documento, por lo que el monto establecido resulta desproporcionado, pues no responde al gasto que efectúa el municipio correspondiente para brindar el servicio.

Señaló que a diferencia de lo que ocurre en el derecho privado la correspondencia entre el servicio proporcionado por el Estado y la cuota aplicable por el acto a certificar no debe perseguir lucro alguno, por lo que suponer que cantidad extra que recibe el Estado por la certificación de una hoja corresponde al costo de la firma del funcionario público sería tanto como reconocer un precio a ese signo que no es más que el cumplimiento de la obligación que la ley impone al servidor que la emite.

Segundo. Los preceptos reclamados de las Leyes de Ingresos de los Municipios de Camargo y Juárez que establecen cuotas injustificadas por la entrega de la información pública solicitada en diferentes modalidades, por lo que se vulnera el derecho de acceso a la información, así como el principio de gratuidad, reconocido en los artículos 6º, apartado A, fracción III, constitucional, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El principio de gratuidad que rige la materia de acceso a la información la pública implica que su ejercicio debe realizarse sin entregar a cambio contraprestación alguna, salvo el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción, cuando- en su caso- sea procedente, justificado y proporcional.

El derecho de acceso a la información se consagra bajo la dualidad de buscar y recibir información sin imponer mayores requisitos que los que el poder reformador de la Constitución y el Congreso de la Unión han establecido previamente, tanto en la Norma Fundamental como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así que agregar una condición adicional para ejercer dicha prerrogativa, cuando no esté prevista constitucionalmente ni tiene una base en la ley general, significa un obstáculo para el particular que presente una solicitud de información.

Señaló que lo que puede cobrarse al solicitante de la información son los costos de los materiales utilizados en la reproducción, el costo de envío y la certificación de documentos, siempre que dichas cuotas se fijen de acuerdo con una base objetiva y razonable de los materiales utilizados y de sus costos, los cuales no pueden constituir barreras desproporcionadas de acceso a la información, de manera que si el solicitante proporciona medio magnético, electrónico o el mecanismo necesario para reproducir la información debe ser entregada sin costo.

En ese sentido, dado que la previsión de erogaciones en materia de transparencia únicamente puede responder a resarcir económicamente los gastos materiales o de envío de la información que lleguen a utilizarse, el Congreso del Estado de Chihuahua vulneró ese derecho humano al prever costos por la reproducción de la información que no se encuentran justificados, pues las tarifas no se fijaron con una base objetiva y razonable de los materiales utilizados y de sus costos.

Conforme al artículo 134 de la Constitución Federal, los recursos económicos de los que disponen los órganos del Estado no deben emplearse de manera abusiva, ni para un destino diverso al programado, por lo que, en esa virtud, los materiales que adquieran los municipios para la reproducción de información derivada del derecho de acceso a la información pública deben hacerse a las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio calidad, financiamiento, oportunidad, entre otras. Aunado a que la obtención de las mejores condiciones tiene como fin que los montos permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información, como lo dispone el artículo 141 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Precisó que ha sido criterio reiterado de este Alto Tribunal que al tratarse de la aplicación del principio de gratuidad en materia de transparencia y acceso a la información pública se requiere una motivación reforzada por parte del legislador, en la que razone el costo de los materiales usados en la reproducción de un documento o, en su caso, de su certificación, así como la metodología que utilizó para llegar a los mismos. De ahí que también tiene la carga de justificar con una base objetiva y razonable, los costos de los materiales utilizados en su reproducción.

Estima que, en el caso concreto, las normas se alejan del estándar constitucional, pues las cuotas previstas, relativas al pago por la reproducción de información en copia simple, certificada, disco compacto o USB no están justificadas con base en el valor real del material utilizado para su reproducción.

Adujo que el Congreso local estableció cuotas que -a su juicio- no se encuentran justificadas objetivamente de acuerdo con el costo real de los materiales empleados por la reproducción de la información pública solicitada en el ejercicio del derecho humano consagrado en el artículo 6o. constitucional, a saber las hojas o papel, la tinta o, en su caso, el costo del medio de almacenamiento usado para ello, que de alguna forma sustente la cuota prevista.

Agregó que de la revisión de las iniciativas y dictámenes de las leyes impugnadas no se advirtió que obrara constancia alguna que refiera a la metodología empelada para definir la cuota, tampoco de los costos de los materiales utilizados para la prestación del servicio derivado de las solicitudes de acceso a la información, por lo que no es posible concluir que la tarifa prevista en los preceptos reclamados sea razonable y justificada, ya que el Congreso local debió puntualizar de forma explícita los costos y, en general, la metodología que le permitió arribar a los mismos, como pudiera ser, por ejemplo, señalado el valor comercial de las hojas de papel, de la tinta, entre otros.

Adujo que recaía en la legislatura local la carga de demostrar que el cobro previsto en las normas controvertidas por la certificación de la información pública atiende únicamente al valor de los materiales empleados, sin que exista razonamiento alguno que justifique los cobros sobre una base objetiva, lo que solo puede significar que las cuotas establecidas se determinaron de forma arbitraria.

Además, mencionó que los dispositivos controvertidos tienen un impacto desproporcional sobre el gremio periodístico, pues podrían tener un efecto inhibidor en este ámbito específico.

Tercero. Diversos preceptos de las leyes de ingresos de los municipios de Aquiles Serdán, Buenaventura, Camargo, Coyame de Sotol, Delicias, Juárez, Madera, Meoqui, Nuevo Casas Grandes, San Francisco del Oro y Satevó, que prevén una cuota por la obtención de permisos para fiestas particulares y bailes, resultan inconstitucionales, pues condicionan el ejercicio del derecho de reunión de los habitantes al pago para la autorización respectiva.

Refirió que el artículo 9o. constitucional establece la prohibición para las autoridades de coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. Así, es regla general que todo ejercicio del derecho a la reunión debe presumirse pacífico y con objeto lícito, por lo que la consideración de que una determinada concentración humana se encuentra fuera del ámbito de protección de ese derecho deberá ser valorada caso por caso.

Señaló que el ejercicio de la libertad de reunión en el espacio público o privado no puede condicionarse ni restringirse a una autorización por parte del Estado, pues ello implica que el disfrute de ese derecho en bienes de uso de dominio público y privado dependa enteramente de la decisión de las autoridades, limitación que no encuentra ningún tipo de respaldo en el artículo 9o. constitucional, menos tratándose de espacios privados donde los gobernados ejercen libremente su posesión y dominio.

Las disposiciones reclamadas establecen un cobro que va desde los $108.00 (ciento ocho pesos 00/100 M.N) hasta los $1,697.00 (mil seiscientos noventa y siete 00/100 M.N.) por el otorgamiento de un permiso para realizar fiestas particulares, bailes u otro tipo de reuniones sociales, lo que -a su juicio- trasgrede la libertad de reunión, pues se sujeta a la autorización municipal la conglomeración de sujetos con fines sociales o de esparcimiento.

Refirió que los preceptos obligan a las personas a solicitar un permiso ante la autoridad para poder reunirse con motivos de índole social, sin que se señale de manera expresa la utilización de las vías públicas u otros bienes de uso común que se aprovechen especialmente o que justificaran de algún modo la cuota, lo que permite suponer que los cobros y las anuencias municipales se realizarán por el simple hecho de llevar a cabo festejos o celebraciones particulares, lo que pertenece exclusivamente a la esfera privada de las personas, como la materialización de una libertad constitucionalmente reconocida.

Mencionó que este Alto Tribunal ha resuelto diversas acciones de inconstitucionalidad, en las que se pronunció sobre la inconstitucionalidad de normas que preveían cobros de derechos para realizar eventos sociales, pues condicionaban el derecho de reunión de los habitantes de los municipios al pago para la obtención del permiso respectivo.

Arguyó que las normas reclamadas también violan el principio de proporcionalidad tributaria aplicable a los derechos, porque no se advierte que el servicio que gravan consistente en la expedición de la autorización guarde relación con el costo que para el Estado representa su emisión.

Cuarto. Los artículos contenidos en las leyes de ingresos de los municipios de Jiménez y López establecen supuestos de infracción consistentes en: 1. Causar escándalos en lugares públicos que alteren la tranquilidad de las personas y producir ruidos por cualquier medio, que provoquen molestias o alteren la tranquilidad de las personas. 2. Formar parte de grupos que estén causando molestias a las personas en lugares públicos o en la proximidad de sus domicilios. 3. Participar en juegos de cualquier índole en la vía pública, siempre que afecten el libre tránsito de las personas y vehículos o que molesten a las personas. 4. Faltar al respeto a cualquier persona, en especial, faltar a la consideración que se debe a los niños, ancianos y personas con capacidades diferentes.

Estima que los preceptos impugnados establecen infracciones por conductas descritas con demasiada amplitud y ambigüedad, lo que da pauta a que la autoridad administrativa determine arbitrariamente cuándo se actualiza el supuesto y, por ende, la imposición de una sanción, por lo que genera incertidumbre jurídica a las personas destinatarias de las normas.

Refirió que el principio de taxatividad exige que los textos que contengan normas sancionadoras describan claramente las conductas que están regulando y las sanciones penales que se puedan aplicar a quienes las realicen, lo que supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal que la conducta objeto de prohibición pueda ser conocida por el destinatario de la norma.

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el principio de taxatividad no implica que el legislador deba definir cada vocablo que utiliza, pero sí obliga al creador de la norma a que los textos legales que contienen las normas penales describan con suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas. Aunado a que los principios aplicables en materia penal también lo resultan en materia derecho administrativo sancionador.

Consideró que las descripciones normativas impiden que las personas que habitan o transitan en los municipios tengan conocimiento suficiente sobre los alcances de las conductas que en su caso podrían ser objeto de sanción por las autoridades, sino que se deja a un amplio margen de apreciación en favor de la autoridad quien estará habilitada para determinar en forma arbitraria si son o no acreedores de la sanción, además de que resultan desproporcionadas.

a. Infracciones por causar ruido o escándalo en la vía pública.

En ese sentido, las normas que controvierte establecen como infracción el hecho de causar escándalos en lugares públicos que alteren la tranquilidad de las personas o producir ruidos por cualquier medio, que provoquen molestias o alteren la tranquilidad de las personas.

Considera que el creador de la norma debió ser más cuidadoso en respetar los diversos derechos que pudieran pugnar con las disposiciones que estableció, como en el caso, el derecho de seguridad jurídica, que exige dotar de certidumbre a las personas respecto de cuales conductas que lleven a cabo derivarán en la consecuencia jurídica de la multa.

Señaló que las normas permiten un margen de aplicación muy amplio e injustificado que autoriza que, bajo categorías ambiguas y subjetivas, cualquier acto o expresión de ideas sea susceptible de una sanción administrativa si es calificado como una manifestación que causa escándalos en espacios públicos que altere la tranquilidad de las personas o produzca ruidos que provoquen molestias o alteren la tranquilidad de las personas, lo que permite que la autoridad pueda determinar discrecionalmente cuándo se actualizan tales supuestos acreedores a la imposición de una sanción.

Indicó que hay una apreciación subjetiva acerca de lo que es “molesto” o “escandaloso” para los demás o que “altere la tranquilidad”, para que ello ocurra requiere que la autoridad valore si el ruido causado tiene alguna de las características indicadas, quedando en su completo arbitrio la determinación final lo cual resulta desconocido e indeterminado para el resto de las personas.

b. Infracción por faltar al respeto.

En cuanto a las multas previstas en la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Jiménez, para el ejercicio 2025, por faltar al respeto a las personas, en especial a la consideración que se debe a los niños, ancianos y personas con capacidades diferentes, la norma sanciona palabras que pudieran considerarse como causa de falta de respeto para cualquier persona.

La accionante observó que este tipo de disposiciones busca prevenir y, en su caso, sancionar a nivel administrativo aquellas conductas y expresiones que atenten contra el decoro de las personas, lo cual corresponde al derecho subjetivo o ético del derecho al honor, esto es, el sentimiento íntimo de la persona que se exterioriza por la afirmación que hace de su propia dignidad.

Considera que las hipótesis descritas por el legislador son demasiado amplias, en tanto reconoce un gran margen de discrecionalidad a la autoridad para calificar o validar en qué casos se estarían actualizando las conductas infractoras, lo que coloca en un estado de certidumbre a las y los gobernados, porque no sabrán en qué casos serán sancionados administrativamente.

Los conceptos “faltar”, “respeto” y “agresión” son vocablos ambiguos que impiden conocer con claridad los supuestos que efectivamente serán sancionados, “faltar al respeto a cualquier persona” implica un sinnúmero de supuestos que podrían actualizar la conducta, pues de determinar si algún acto o palabra actualiza ese supuesto requiere llevar a cabo un juicio subjetivo de cómo se entiende el mensaje o acto, así como cuestiones propias de la relación social entre los intervinientes y contexto que se genera al momento de que se está desarrollando la conducta.

La infracción prevista en la norma en estudio puede ejecutarse durante cualquier comunicación verbal, entre diferentes tipos de personas cuya forma de entender las palabras dependerá del sentido con el que el emisor las diga y de quien actúa como destinatario, siendo éste el que deberá inferir cuál es la intención comunicativa del emisor.

Indicó que quien realiza la acción puede o no tener la intensión de causar alguna afectación al honor o imagen de la persona receptora, de ahí que será esta última quien determine su sentido, pudiendo o no considerarlas ofensivas, indecorosas o agresivas.

Este Tribunal Constitucional, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 70/2019, 62/2023, 76/2023, 106/2023, 131/2023, 131/2023, 135/2023 y 51/2024, entre otras, ha determinado que la redacción de aquéllos preceptos que sancionan el proferir insultos o agresiones verbales resultan en un amplio margen de apreciación para las autoridades para determinar, de manera discrecional, qué tipo de ofensa, injuria falta de respeto encuadraría en dicho supuesto jurídico para que el presunto infractor sea acreedor a una sanción.

Por tanto, sostuvo que la norma combatida no brinda seguridad jurídica para los gobernados, pues la calificación que haga la autoridad sobre el acreditamiento de la conducta prohibida no responderá a criterios objetivos, sino a un ámbito estrictamente personal, que hace que el grado de afectación sea relativo a cada persona, atendiendo a su propia estimación.

c. Infracciones por participar en juegos de cualquier índole de la vida pública.

Las leyes de ingresos de los municipios de Jiménez y López que establecen que será una infracción administrativa por participar en juegos de cualquier índole en la vía pública, siempre que afecte el libre tránsito de las personas y vehículos o que molesten a las personas, se alejan del derecho a la seguridad jurídica y al principio de legalidad, en tanto que generan un amplio margen de apreciación a favor de las personas encargadas de aplicar sanciones.

Señaló que los dispositivos jurídicos impugnados no brindan certeza del tipo de juego que puede limitar o afectar el libre tránsito de las personas o vehículos, o de que la actividad lúdica de que se trate “se constituya como una molestia para las personas”; que derivado de su amplitud abarcan toda actividad que implica esparcimiento; que no distinguen si la afectación al tránsito a la vialidad será momentánea, por cierta temporalidad o de modo permanente; que no precisa el tipo de vía pública que podrá ser afectada; y que la calificación de “molestia” que se pueda generar constituye una expresión demasiado imprecisa.

Adujo que será la autoridad que aplique la disposición de que se trate quien decidirá, conforme a su apreciación subjetiva, si la persona o conjunto de personas que llevan a cabo cualquier tipo de juego deben ser sancionadas o no, pues para ello deberá calificar si afectan o no la vialidad y en qué grado, o si dicho acto recreativo genera algún tipo de afectación a las personas.

Refirió que validar si el juego genera algún tipo de molestia a las personas hace más evidente la ambigüedad y sobre inclusividad de la norma, pues para llevar a cabo dicha clasificación se debe atender a la subjetividad de las personas a las que pudiera afectar el desarrollo de la actividad y que dependerá de ella decidir si les causa desagrado o disgusto, lo que genera incertidumbre a sus destinatarios.

Señaló que con argumentos similares, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 18/2023 y su acumulada 25/2023; 53/2023 y su acumulada 62/223; 135/2023; y 104/2023 y su acumulada 105/2023, este Alto Tribunal declaró la invalidez de normas contenidas en varias leyes de ingresos de los municipios chihuahuenses de Jiménez y López, para el ejercicio fiscal 2025, por ser incompatibles con el parámetro de regularidad constitucional.

d. Multa por formar parte de grupos que causen molestias.

Las leyes de ingresos de los municipios de Jiménez y López vulneran el derecho a la seguridad jurídica y al principio de legalidad, pues establecen una infracción administrativa por formar parte de grupos que estén causando molestias a las personas en lugares públicos o en la proximidad de sus domicilios.

Las disposiciones impugnadas contienen una descripción demasiado amplia, lo que genera un alto grado de imprecisión respecto de las conductas que sancionan, en perjuicio de las y los gobernados. Incluso, abren la posibilidad de que se sancionen conductas que se encuentran protegidas constitucionalmente por el derecho a la reunión o protesta social, reconocido en el artículo 9o. constitucional, pues, en palabras simples, prohíben causar molestias a terceras personas en grupo.

Señaló que no desconoce que la finalidad de la norma es, en términos, generales, garantizar la tranquilidad de todas las personas en espacios públicos y en sus domicilios, no obstante, lo cierto es que ese objetivo se desborda y termina constituyéndose como una disposición ambigua, vaga e imprecisa.

Refirió que para que se actualice la conducta prohibida la autoridad deberá decidir conforme a su arbitrio si la persona o grupo de personas están causando algún tipo de molestia a terceros, cualquiera que esta sea.

Derivado de esa amplitud, es posible sancionar conductas que se encuentran protegidas por el derecho fundamental a la protesta, el cual se encuentra implícito en otros derechos como lo son el derecho a la libertad de expresión, de reunión y libertad de asociación, conforme a los cuales las personas pueden expresar públicamente sus ideas, a través de estrategias como marchas o concentraciones pacíficas en espacios públicos.

Enfatizó que si bien el derecho a la protesta no es absoluto, lo cierto es que por su naturaleza si implica un mayor grado de tolerancia en su ejercicio, pues algunas formas de protesta pueden generar válidamente disrupción en la vida cotidiana como una forma de visibilizar propuestas o amplificar voces.

Por tanto, estima que las disposiciones impugnadas son incompatibles con el parámetro de regularidad constitucional, dada su ambigüedad y amplitud, así como porque puede llegar a sancionar el ejercicio del derecho humano a la protesta social.

4. Radicación y turno de la acción de inconstitucionalidad. Por acuerdo de veintiocho de enero de dos mil veinticinco, la entonces Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente correspondiente a la presente acción de inconstitucionalidad con el número 17/2025 y la turnó a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf como instructora del procedimiento.

5. Admisión. Mediante proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veinticinco, la Ministra instructora admitió a trámite el presente asunto, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33938-1ad63d2b/i-servicio-de-busqueda-de-documentos-y-expedicion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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