I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL TITULAR DE ESE PODER [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES (INVALIDEZ DE DIVERSAS LEYES DE INGRESOS DE DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). V. CONTRIBUCIONES. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA SE RESPETA EN LA MEDIDA QUE EXISTA CONGRUENCIA ENTRE EL HECHO IMPONIBLE Y LA CUANTIFICACIÓN DE SU MAGNITUD. VI. IMPUESTOS ADICIONALES. SU OBJETO IMPONIBLE ES DIFERENTE AL DE LOS IMPUESTOS PRIMARIOS, AUNQUE PUEDE PARTICIPAR DE ALGUNOS ELEMENTOS DE ÉSTE. VII. IMPUESTOS ADICIONALES. LOS QUE TIENEN COMO BASE UN IMPUESTO ADICIONAL CUYO OBJETO BUSCA GRAVAR LA REALIZACIÓN DE PAGOS POR CONCEPTO DEL IMPUESTO PREDIAL Y SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO, SON CONTRARIOS A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, DE SEGURIDAD JURÍDICA Y DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 25 Y 26 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE DELICIAS; 1, FRACCIÓN I, INCISO A), NUMERAL 5, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HUEJOTITÁN; Y 35 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, TODAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2023]. VIII. IMPUESTOS ADICIONALES. LOS QUE TIENEN COMO BASE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA DE PAGO DE LOS IMPUESTOS Y DERECHOS MUNICIPALES A QUE SE ENCUENTRA OBLIGADO EL CONTRIBUYENTE DESATIENDE SU CAPACIDAD CONTRIBUTIVA, AL NO DENOTAR UNA MANIFESTACIÓN DE RIQUEZA POR PARTE DEL CAUSANTE [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 25 Y 26 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE DELICIAS; 1, FRACCIÓN I, INCISO A), NUMERAL 5, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HUEJOTITÁN; Y 35 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, TODAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2023]. IX. PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS EN MATERIA DE DERECHOS. ESTOS PRINCIPIOS EXIGEN QUE EN LA DETERMINACIÓN DE LAS CUOTAS SE TOME EN CUENTA EL COSTO QUE PARA EL ESTADO IMPLICA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, PUES A PARTIR DE ESTA CIRCUNSTANCIA PUEDE DETERMINARSE SI LA NORMA QUE PREVÉ DETERMINADO DERECHO OTORGA O NO UN TRATO IGUAL A LOS SUJETOS QUE SE ENCUENTREN EN IGUALDAD DE CIRCUNSTANCIAS Y SI ES PROPORCIONAL AL COSTO QUE CONLLEVA ESE SERVICIO [INVALIDEZ DEL APARTADO II.4, NUMERAL 2.11, DE LA TARIFA ANEXA DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ALLENDE; APARTADO I, NUMERAL 4, LETRA A, NÚMEROS 1, 2, 3 Y 4 DE LA TARIFA ANEXA DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ASCENSIÓN; APARTADO II, II.4, NUMERAL 2, 2.6, DE LA TARIFA ANEXA A LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE BALLEZA; APARTADO II.4, NUMERAL 11, DE LA TARIFA ANEXA DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GRAN MORELOS; APARTADOS II.1, NUMERALES 7, INCISO B) Y 8, Y II.4, NUMERAL 41, DE LA TARIFA ANEXA A LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HIDALGO DEL PARRAL; Y APARTADO II.6, EN LA PARTE RELATIVA A "REPRODUCCIÓN EXCEPTO DEPARTAMENTO DE CATASTRO", EN SUS PORCIONES "EN CD", QUE PREVÉ UNA TARIFA DE "$481.00", Y "PRIMERA HOJA DE FOTOCOPIA POR DOCUMENTO OFICIAL", QUE ESTABLECE UNA TARIFA DE "$150.00", DE LA TARIFA ANEXA DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HUEJOTITÁN, TODOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTITRÉS]. X. DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. XI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DIFERENCIAS ENTRE COPIAS SIMPLES Y COPIAS CERTIFICADAS. XII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LAS CUOTAS POR LOS SERVICIOS DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA MEDIANTE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS, ASÍ COMO EN DISCO COMPACTO ("CD"), RESULTAN EXCESIVAS Y DESPROPORCIONADAS, ATENDIENDO A LOS COSTOS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS Y, POR ENDE, TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, PUES NO GUARDAN UNA RELACIÓN RAZONABLE CON EL COSTO DEL SERVICIO NI CON LOS MATERIALES UTILIZADOS POR LA MERA REPRODUCCIÓN DEL DOCUMENTO ORIGINAL [INVALIDEZ DEL APARTADO II.4, NUMERAL 2.11, DE LA TARIFA ANEXA DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ALLENDE; APARTADO I, NUMERAL 4, LETRA A, NÚMEROS 1, 2,
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 53/2023 Y SU ACUMULADA 62/2023. PODER EJECUTIVO FEDERAL Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 3 DE OCTUBRE DE 2023. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: MARÍA CRISTINA VILLEDA OLVERA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: El Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos promovieron sendas acciones de inconstitucionalidad en las que hacen valer la invalidez de diversas disposiciones normativas contenidas en leyes de ingresos municipales del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés.
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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al tres de octubre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual resuelve la acción de inconstitucionalidad 53/2023 y su acumulada 62/2023, promovidas por el Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (en adelante, "CNDH") en contra de diversas disposiciones de leyes de ingresos municipales del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación del escrito inicial por el Poder Ejecutivo Federal. Por oficio depositado el veintisiete de enero de dos mil veintitrés en el buzón judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María Estela Ríos González, en su carácter de consejera jurídica y en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de los artículos 25 y 26 de la Ley de Ingresos del Municipio de Delicias; primero, fracción I, inciso a), numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Huejotitán; 35 de la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez; así como del apartado IX.3, inciso a), en la porción relativa a "Participar en juegos de cualquier índole en la vía pública siempre que afecten el libre tránsito de las personas y vehículos o que molesten a las personas", que prevé una multa de "$260" a $"610", de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Bachíniva, todos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, publicadas en el Periódico Oficial de la entidad el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós.
2. Conceptos de invalidez. El Poder Ejecutivo Federal impugna las disposiciones referidas, esencialmente, bajo los siguientes conceptos de invalidez:
Primero. Impuesto adicional
• Las disposiciones impugnadas establecen un impuesto adicional cuyo objeto grava los impuestos predial y sobre traslación de dominio de bienes inmuebles, el cual se cobra con una sobretasa del 4 % aplicable al monto que deberá enterar el contribuyente por dichos impuestos, lo que contraviene los principios de seguridad jurídica, legalidad, proporcionalidad y libertad hacendaria, contenidos en los artículos 14, 16, 31, fracción IV, y 115 de la Constitución Federal.
• El legislador ordinario implementa un impuesto adicional respecto de una contribución primaria existente, ya que sobre el monto que los contribuyentes paguen por concepto de otros impuestos (predial y sobre traslación de dominio de bienes inmuebles), se les obliga a pagar una cantidad adicional, que se destinará para el sostenimiento de la Universidad Autónoma de Chihuahua y de la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez, por lo que no existe congruencia entre el mecanismo impositivo previsto y la capacidad contributiva de los sujetos pasivos.
• La base sobre la cual se calcula el monto del impuesto adicional se conforma con el importe de los pagos de contribuciones municipales, a la cual debe aplicarse la tasa del 4 %, por lo que es inconcuso que la expresión económica elegida por el legislador local para diseñar el hecho imponible no refleja la capacidad contributiva de los causantes.
Segundo. Multa por juegos en vía pública
• La porción normativa que prevé multas por "participar en juegos de cualquier índole en la vía pública siempre que afecten el libre tránsito de las personas y vehículos o que molesten a las personas" contenida en la Ley de Ingresos del Municipio de Bachíniva, contraviene los principios de interdependencia e indivisibilidad y de legalidad en su vertiente de taxatividad, así como los derechos de acceso al deporte y el libre desarrollo de la personalidad, previstos en los artículos 1o., párrafo quinto, 4o., 14 y 16 de la Constitución Federal.
• A) Principio de interdependencia e indivisibilidad. El legislador del Estado de Chihuahua incumplió con su obligación de respetar, reconocer, proteger y garantizar la libertad del desarrollo a la cultura física (incluyendo a los menores de edad), toda vez que estableció una multa por provocar molestias a las personas por la práctica en juegos de cualquier índole en la vía pública, obstaculizando con ello el derecho a la cultura física y el deporte reconocido en el artículo 4o. constitucional.
• B) Principio de libre desarrollo de la personalidad. El Congreso Estatal no puede interferir en la libertad de los individuos para el desarrollo de la cultura física y deporte al establecer una multa por provocar molestias a las personas por la práctica de juegos o deportes.
• La porción normativa impugnada infringe la posibilidad de que las personas (incluyendo a menores de edad) desarrollen libremente su personalidad, ya que la elección de las actividades recreativas es una decisión que pertenece exclusivamente a los particulares, pues forma parte de la autonomía personal protegida por la Constitución Federal, por lo que el legislador local está obligado a proteger ese derecho y no a disminuirlo ni restringirlo.
• C) Principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. La porción normativa impugnada contraviene el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, ya que impone una sanción injustificada sin sustento alguno o motivación, que resulta ambigua, abierta y poco clara, en virtud de que no prevé el parámetro para determinar qué tipo de juego amerita una multa o, qué tipo de acción puede llegar a provocar molestias.
• La norma impugnada implica necesariamente una evaluación subjetiva cuya apreciación es desproporcionada, pues cualquier juego o reunión sería susceptible de atentar notoriamente contra la tranquilidad de las personas, lo que depende del margen de tolerancia de cada individuo. Por lo que tiene un espectro de aplicación muy amplio, que deja a criterio de las autoridades administrativas definir los alcances de los supuestos actos de molestia.
3. Presentación del escrito inicial de la CNDH. Mediante escrito depositado el treinta de enero de dos mil veintitrés en el buzón judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de diversas disposiciones de leyes de ingresos de Municipios del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, publicadas en el Periódico Oficial de la entidad el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, que a continuación se precisan:
I) Cobros excesivos y desproporcionados por servicios de reproducción de información (no relacionados con el derecho de acceso a la información)
• Apartado II.4, numeral 2.11, de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Allende.
• Apartado I, numeral 4, letra A, números 1, 2, 3 y 4 de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Ascensión.
• Apartado II, numeral 2, 2.6, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Balleza.
• Apartado II.4, numeral 11, de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Gran Morelos.
• Apartados II.1, numerales 7, inciso b) y 8, y II.4, numeral 41, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Hidalgo del Parral.
• Apartado II.6, numeral 3, en la parte relativa a "Reproducción excepto departamento de catastro", en sus porciones "En CD", que prevé una tarifa de "$481.00", y "Primera hoja de fotocopia por documento oficial", que establece una tarifa de "$150.00", de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Huejotitán.
II) Vulneración a la libertad de reunión
• Apartado IX, numeral 1, de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Buenaventura.
• Apartado VII, letra B), de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Camargo.
• Apartado XII, numeral 1, de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Carichí.
• Apartado IV.2, inciso a), de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Dr. Belisario Domínguez.
• Apartado II.4, inciso b), numeral 5, de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de El Tule.
• Apartado IV.2, inciso a), de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Gran Morelos.
• Apartado XIV, numeral 1, de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Guachochi.
• Apartado II.14, letra U, de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Jiménez.
• Apartado II, numeral 1.8, número 1, de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Moris.
• Apartado II.12, en la porción relativa "Permiso para bailes familiares", que prevé una tarifa de "1.04 UMAS", de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco del Oro.
III) Infracciones por agresión verbal
• Apartado "Son faltas o infracciones contra las buenas costumbres y la integridad moral del individuo y de la familia", respecto de las infracciones "Expresarse con palabras obscenas o hacer señas o gestos obscenos o indecorosos en lugares públicos", cuya multa será de "550.00" a "1,090.00", así como "realizar actos que cause ofensas a una o más personas", cuya multa será de "550.00" a "1,045.00", del anexo 3 de la tarifa de la Ley de Ingresos del Municipio de Allende.
• Apartado VIII, fracción VIII.5, y apartado IX.3, subapartado IV.4, respecto de las infracciones "Expresarse con palabras obscenas o hacer señas o gestos obscenos o indecorosos en lugares públicos", cuya multa será de "$550" a "$1090", así como "Realizar actos que cause ofensas a una o más personas", cuya multa será de "$550" a "$1045", de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Bachíniva.
• Apartado II, numeral 7-11, en su porción normativa "o verbal", de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Guerrero.
• Apartado IV, "tarifas de multas por faltas al bando de policía y buen gobierno", "infracciones contra las buenas costumbres y la integridad moral del individuo y de la familia", fracciones I y II, de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Jiménez.
• Apartado IV, fracción V, incisos D) y E), de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de López.
• Artículo 179, en el apartado referente a "infracciones al bando de policía y buen gobierno", fracción XI), en la porción normativa "Proferir insultos o"; numeral I), relativo a "Expresarse con palabras obscenas o hacer señas o gestos obscenos indecorosos en lugares públicos", cuya multa será de "3 a 13 UMAS o de 12 a 18 horas de arresto", y numeral II) correspondiente a "Faltar al respeto o realizar actos que causen ofensa a una o más personas", cuya multa será de "13 a 25 UMAS o de 19 a 24 horas de arresto", de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Saucillo.
IV) Infracciones discriminatorias
• Apartado IV, "tarifas de multas por faltas al bando de policía y buen gobierno", "infracciones contra las buenas costumbres y la integridad moral del individuo y de la familia", fracción XI, de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Jiménez.
• Apartado relativo a los "aprovechamientos", "infracciones reglamento de tránsito y vialidad municipal", numeral 8-7, de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de La Cruz.
• Artículo 179, numeral 8-7, de la Ley de Ingresos del Municipio de Saucillo.
4. Conceptos de invalidez. La CNDH controvierte las referidas disposiciones municipales, medularmente, bajo los siguientes conceptos de invalidez:
Primero. Cobros por reproducción de información (no relacionada con el derecho de acceso a la información pública)
• Los artículos de las leyes de ingresos de los Municipios de Allende, Ascensión, Balleza, Gran Morelos, Hidalgo del Parral y Huejotitán, que prevén cobros injustificados por la búsqueda de documentos, así como por su expedición en copias simples y certificadas, no relacionados con acceso a la información pública, vulneran los principios de justicia tributaria, reconocidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
• Las disposiciones impugnadas establecen diversas tarifas por los siguientes servicios: $111.00 por la búsqueda y la localización de actas; de $35.00 a $622.44 por la reproducción de documentos en copia simple; de $100.00 a $250.00 por la reproducción de documentos en copia certificada; y de $100.00 a $481.00 por la reproducción de información en "CD".
• De las cantidades establecidas por la búsqueda de información, así como por su entrega o reproducción en copias simples y certificadas, no se advierte que exista razonabilidad alguna entre el costo de los materiales usados, por lo que los montos resultan desproporcionados, ya que las tarifas no atienden al gasto que efectúa el Municipio correspondiente para brindar el servicio.
• En concreto, la búsqueda de documentos requiere de menores recursos que la certificación de documentos o la expedición de copias simples, ya que es suficiente con que el funcionario encargado realice dicha búsqueda sin generar costos adicionales para el Estado, de modo que no puede existir un lucro o ganancia, pues no debe dejarse de observar la regla de que la cuota debe guardar una relación razonable con el costo del servicio prestado.
• También resultan desproporcionados los montos previstos por el cobro de certificaciones, ya que, si bien el servicio que presta el Estado no se limita a reproducir el documento original, sino que implica la certificación respectiva del funcionario público autorizado, no puede existir un lucro o ganancia para éste, sino que debe guardar una relación razonable con el costo del servicio prestado.
• Se impugnan las normas contenidas en la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Ascensión, que establecen cuotas de $2.00 y $5.00 pesos por cada copia simple y certificada adicional, respectivamente, ya que, a pesar de que pudieran no considerarse excesivas o irrazonables en función del costo causado por brindar el servicio, lo cierto es que se prevén otros montos por una sola foja, aunque se trata esencialmente de los mismos servicios.
Segundo. Cobro de derechos por permisos para realizar eventos sociales privados
• Los artículos de las leyes de ingresos de los Municipios de Buenaventura, Camargo, Carichí, Dr. Belisario Domínguez, El Tule, Gran Morelos, Guachochi, Jiménez, Moris y San Francisco del Oro, que prevén cuotas por la obtención de permisos para fiestas particulares y bailes, condiciona el ejercicio del derecho de reunión de los habitantes al pago de la autorización respectiva, por lo que resultan inconstitucionales.
• Las disposiciones impugnadas establecen un cobro que va desde los $107.88 hasta los $1,250.00 por el otorgamiento de un permiso para realizar fiestas particulares o bailes, lo que transgrede la libertad de reunión, toda vez que sujeta a una previa autorización municipal la conglomeración de sujetos con fines sociales o de esparcimiento; incluso, sin que se señale de manera expresa la utilización de vías públicas u otros bienes de uso común que justifique la cuota.
• Además, las normas reclamadas violan el principio de proporcionalidad tributaria, porque no se advierte que el servicio que gravan consistente en la expedición de una autorización y/o permiso, guarde relación con el costo que para el Estado representa su emisión; máxime que en el caso de la tarifa anexa del Municipio de Jiménez, las cuotas son diversas dependiendo del número de personas que asistan al evento, siendo que para todos los casos el derecho se cobra por la expedición del permiso respectivo.
Tercero. Sanciones por insultos u ofensas a autoridades y a la sociedad
• Los artículos de las leyes de ingresos de los Municipios de Allende, Bachíniva, Guerrero, Jiménez, López y Saucillo, que establecen como infracción administrativa el expresarse con palabras obscenas, hacer señas o gestos obscenos o indecorosos en lugares públicos, así como agresiones verbales a cualquier persona e, incluso, al personal de la policía, resultan conductas demasiado amplias y ambiguas, que no cumplen con el principio de taxatividad y generan incertidumbre jurídica a los gobernados.
• Las normas impugnadas buscan prevenir y, en su caso, sancionar a nivel administrativo aquellas expresiones que atenten contra el decoro de las personas, incluyendo a la autoridad policial, lo cual corresponde al aspecto subjetivo o ético del derecho al honor; sin embargo, los vocablos obscenos/as, indecorosos, ofensas y agresión verbal, son demasiado amplios, por lo que reconocen un grandísimo margen de discrecionalidad a la autoridad correspondiente de calificar o validar en qué casos se estarían actualizando las conductas infractoras, lo cual pone en un estado de incertidumbre a los gobernados porque no sabrán en qué casos serán sancionados administrativamente.
• En cuanto a la infracción de "agresión verbal al oficial", la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que se tiene un plus de protección constitucional de la libertad de expresión, debido al tipo de actividad que han decidido desempeñar, que exige un escrutinio público intenso de sus actividades, de ahí que se debe demostrar un mayor grado de tolerancia.
• Las normas combatidas generan incertidumbre para los gobernados, pues la calificación que haga la autoridad no responderá a criterios objetivos, sino a un ámbito estrictamente personal, que hace que el grado de afectación sea relativo a cada persona, atendiendo a su propia estimación.
Cuarto. Multas por dormir en la vía pública y por permitir el acceso a pasajeros en estado de ebriedad o bajo el efecto de drogas
• Los artículos de las leyes de ingresos de los Municipios de Jiménez, La Cruz y Saucillo, que establecen multas por dormir en espacios públicos en estado inconveniente o bajo el influjo de alcohol o de alguna droga, así como al operador del servicio público de transporte que permita el acceso al trasporte público a personas en estado de embriaguez o bajo los efectos de alguna droga, transgreden el derecho a la igualdad y no discriminación.
• En ambos supuestos conlleva dar un trato discriminatorio a las personas que se encuentren en dichos supuestos, primero, por situaciones económicas y sociales particulares y, segundo, por aspectos intrínsecamente propios de cada persona.
• A pesar de que la norma que impone multas por dormir en la calle se encuentra redactada en términos neutrales, sin incluir explícitamente a la población sin hogar, genera una diferencia de trato irrazonable e injustificado de acuerdo con la situación que ocupan estas personas dentro de la sociedad, lo que implica una práctica de discriminación indirecta.
• Respecto de las normas impugnadas que prevén una infracción por permitir pasajeros en estado de ebriedad o bajo el efecto de drogas, si bien pudiera parecer que pretenden proteger la integridad de las personas usuarias del transporte público, lo cierto es que la medida resulta desproporcional y discriminatoria, ya que el operador del transporte público será sujeto a una sanción económica si permite el acceso a personas que ostenten tales características, lo que conlleva a otorgar un trato desigual por cuestiones económicas, de salud y de higiene personal restringiendo injustificadamente sus derechos de movilidad y dignidad humana. • La redacción de los preceptos controvertidos resulta en un amplio margen de apreciación al conductor de transporte público para determinar, de manera discrecional, qué implica que una persona se encuentre en dicho estado, para encuadrarlo en el supuesto y evitar ser acreedor de una sanción, por lo que puede prestarse a una valoración subjetiva.
5. Admisión y trámite. Por acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintitrés, la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibido el oficio de la consejera jurídica del Poder Ejecutivo Federal y su anexo, ordenó formar el expediente físico y electrónico de la acción de inconstitucionalidad bajo el número 53/2023 y lo turnó al Ministro Luis María Aguilar Morales, para que fungiera como instructor del procedimiento.
6. Mediante proveído de diez de febrero siguiente, la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibido el escrito de la CNDH y sus anexos, ordenó formar el expediente físico y electrónico de la acción de inconstitucionalidad bajo el número 63/2023 y decretó la acumulación de ese expediente a la diversa acción de inconstitucionalidad 53/2023, al existir identidad en los ordenamientos combatidos; en consecuencia, se turnó el asunto al Ministro Luis María Aguilar Morales, para que fungiera como instructor del procedimiento.
7. Posteriormente, por auto dictado el seis de marzo de dos mil veintitrés, el Ministro instructor admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad hechas valer; ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua a efecto de que rindieran sus informes, así como a la Fiscalía General de la República para que estuviera en posición de formular pedimento.
8. Informe del Poder Ejecutivo estatal. Mediante escrito depositado el tres de abril de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, en representación del Poder Ejecutivo de esa entidad, rindió el informe correspondiente,(1) en el que expuso, esencialmente, lo siguiente:
Improcedencia de las acciones de inconstitucionalidad
• Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 20, fracción II, en relación con el diverso artículo 19, fracción VIII, ambos de la ley reglamentaria de la materia, ya que los actos impugnados no le son atribuibles, pues se refieren al procedimiento legislativo llevado a cabo por el Congreso Local, aunado a que el promovente no dirige alguno de sus argumentos en contra de la promulgación o la publicación de los decretos impugnados, actos que sí le son propios.
• No es viable invalidar las leyes de ingresos municipales que prevén la tasa adicional de 4 % para los impuestos predial y sobre traslación de dominio de bienes inmuebles, toda vez que dicha tasa se encontraba previamente regulada en el artículo 165 Bis del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, la cual entró vigor el uno de enero de dos mil tres, por lo que, al estar en presencia de una norma consentida, la acción debe declararse improcedente, al no haber sido interpuesta oportunamente.
9. En relación con los conceptos de invalidez hechos valer por el Poder Ejecutivo Federal en la acción de inconstitucionalidad 53/2023, refiere que éstos son infundados bajo las siguientes consideraciones.
• PRIMERO.—Impuestos adicionales. Las leyes de ingresos municipales regulan "la tasa adicional universitaria", pero sin fijar o modificar alguno de los elementos esenciales de la contribución, ya que éstos se encuentran previamente regulados en el Código Municipal (artículo 165 Bis).
• La tasa adicional para los impuestos predial y sobre traslación de dominio de bienes inmuebles, no contraviene los principios establecidos en el artículo 31, fracción IV, constitucional, toda vez que encuentra sustento en el destino que se les darán a los recursos que por dicho concepto se recauden. Además, basta que cada tributo contenga todos sus elementos en la ley o que tenga ciertas características especiales para ubicarlos en los diferentes matices de las contribuciones.
• El artículo 3o. de la Constitución Federal, no impide que con un "impuesto a la enseñanza", se obligue a los ciudadanos a contribuir al sostenimiento de centros que impartan educación. El gobierno de Chihuahua lleva años otorgando ese impuesto dentro del subsidio estatal anual a las universidades (Universidad Autónoma de Chihuahua y Universidad Autónoma de Ciudad Juárez), por lo que su eliminación sería una vulneración a sus finanzas.
10. Por lo que hace a los conceptos de invalidez hechos valer por la CNDH en la acción de inconstitucionalidad 62/2023, aduce que éstos son infundados bajo las siguientes razones:
• PRIMERO.—Cobros por reproducción de información pública. Las leyes de ingresos combatidas no contravienen los derechos de acceso a la información y de seguridad jurídica, pues éstas sólo establecen una cuota o tarifa por el disco grabable (CD), el disco compacto (DVD), así como por los servicios burocráticos tratándose de copias certificadas emitidas por los funcionarios públicos de cada Municipio, no así por la información solicitada por un particular.
• Los artículos impugnados prevén el cobro de derechos que no están vinculados con los procedimientos de acceso a la información pública, entonces su análisis no debe hacerse a la luz del principio de gratuidad en materia de acceso a la información pública a que se refiere el artículo 6o. constitucional.
• SEGUNDO.—Cobro de derechos por permisos para realizar eventos sociales privados. Las disposiciones cuestionadas no vulneran el derecho a la libertad de reunión, pues de conformidad con el artículo 115, fracciones II y V, inciso d), de la Constitución Federal, los Municipios pueden tomar medidas de seguridad o sanciones.
• Las leyes de ingresos de los Municipios no impiden la libertad de reunión de los individuos, ya que sólo se limitan a fijar una tarifa para el buen funcionamiento de los servicios que pudiera prestar un salón de eventos sociales, así como uno particular, por lo que no se vulnera el artículo 9o. constitucional, ya que dichas tarifas se imponen para contribuir al gasto público que tenga cada municipalidad, respetando los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, constitucional.
• TERCERO.—Sanciones por insultos u ofensas a autoridades y a la sociedad. Las normas impugnadas no imponen una censura, no castigan la crítica, ni impiden la libre expresión, pues sólo establecen consecuencias ulteriores a una conducta que causa graves trastornos al orden público.
• Los artículos persiguen una finalidad constitucionalmente legítima, puesto que buscan evitar el abuso en el ejercicio de la libertad de expresión, ya que ésta no es un derecho absoluto, sino que existen restricciones en la Constitución Federal y en tratados internacionales en materia de derechos humanos.
• CUARTO.—Multas por dormir en la vía pública y por permitir el acceso a pasajeros en estado de ebriedad o bajo el efecto de drogas. Las multas previstas en las porciones normativas impugnadas no resultan en medidas discriminatorias, por el contrario, éstas se establecen en razón del interés general, ya que existe la finalidad de proteger bienes jurídicos como la integridad física de las personas, la seguridad, el orden social e incluso la vida.
• La multa por permitir el acceso a vehículos públicos a personas en estado de ebriedad o bajo el efecto de drogas, no constituye una medida violatoria del principio a la igualdad y no discriminación, ya que el legislador no busca crear categorías por la condición en la que se encuentra el particular, sino que se parte de la responsabilidad que tiene la autoridad en relación con el interés general.
11. Informe del Poder Legislativo Estatal. Mediante escrito depositado el cuatro de abril de dos mil veintitrés en la oficina de correos de la localidad y recibidos el veinte de abril siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso del Estado de Chihuahua, en representación del Poder Legislativo de la entidad, rindió el informe correspondiente,(2) en el que manifestó, medularmente:
12. Respecto a los conceptos de invalidez hechos valer por el Poder Ejecutivo Federal en la acción de inconstitucionalidad 53/2023, sostiene que éstos son infundados bajo las siguientes consideraciones.
• PRIMERO.—Impuestos adicionales. Se respeta la legalidad y la proporcionalidad tributaria, toda vez que, si bien el impuesto se calcula tomando como base el monto pagado por las contribuciones de predial y sobre traslación de dominio, esto no significa que el objeto sea gravar el cumplimiento de tales obligaciones tributarias, sino que el espíritu original es el de establecer una tasa suplementaria, por lo que la proporcionalidad obedece a que el cálculo del 4 % atiende a la capacidad contributiva de cada persona, tomando como referencia el valor de los inmuebles que son causantes de dichos tributos.
• SEGUNDO.—Multa por juegos en vía pública. Las personas, incluida la niñez, tienen derecho al juego y al esparcimiento ya que son factores primordiales para el desarrollo integral, de ahí la importancia de tomar decisiones de política pública que incentiven espacios y momentos para la sana recreación.
• Las normas impugnadas no transgreden ningún principio constitucional, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional, se cumple cuando el legislador actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución Federal le confiere y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas; requisitos que se satisfacen, pues el artículo 64 de la Constitución del Estado de Chihuahua otorga al Congreso Local las atribuciones necesarias para crear un
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32212-05379551/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-persona-titular-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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