I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO). II. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE NO HABER SIDO SANCIONADO POR ALGUNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL O POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA CON MOTIVO DE UNA QUEJA PRESENTADA EN SU CONTRA O DE UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA INICIADO DE OFICIO PARA SER DIRECTOR DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA RESULTA DESPROPORCIONAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 14 D, FRACCIÓN IX, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 14 D, FRACCIÓN IX, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 125/2019. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 15 DE ABRIL DE 2021. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: SULEIMÁN MERAZ ORTIZ.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión virtual correspondiente al quince de abril de dos mil veintiuno, emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 125/2019, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra del artículo 14 D, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, reformado mediante Decreto 27391/LXII/19, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el uno de octubre de dos mil diecinueve.
Trámite
1. Presentación de la acción. Mediante escrito presentado el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que demandó la invalidez del artículo 14 D, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, reformado mediante Decreto 27391/LXII/19, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el uno de octubre de dos mil diecinueve.
2. Autoridades emisora y promulgadora. La norma general impugnada se emitió por el Congreso y se promulgó por el gobernador, ambos del Estado de Jalisco.
3. Artículos señalados como violados. La Comisión estimó como preceptos constitucionales violados los artículos 1o., 5o. y 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 5.6 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 10.3, 25, inciso c) y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5 y 6 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; así como violación a los derechos humanos de igualdad y no discriminación, acceso a un cargo en el servicio público y libertad de trabajo.
4. Conceptos de invalidez. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos adujo lo siguiente:
• El numeral 14 D, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, propicia un efecto discriminatorio al contemplar como requisito para ser director del Centro de Evaluación y Control de Confianza, no haber sido sancionado por alguna autoridad administrativa federal, estatal o municipal, o por el Consejo de la Judicatura con motivo de una queja presentada en su contra o de un procedimiento de responsabilidad administrativa iniciado de oficio, lo que constituye una exigencia desproporcional que vulnera los derechos humanos de igualdad y no discriminación de acceso a un cargo en el servicio público.
• Tal requerimiento transgrede el derecho de acceso a un cargo público, pues las personas que cometieron faltas administrativas y que cumplieron con la sanción correspondiente (ya sea amonestación, suspensión, destitución o inhabilitación), deberán tener la posibilidad de ejercer el cargo público, máxime que las sanciones de destitución y suspensión proceden incluso por la comisión de faltas administrativas no graves.
• El requisito de mérito debe ser entendido como una disposición que contiene categorías sospechosas prohibidas por la Constitución Federal, que atenta contra la dignidad humana y tiene por efecto anular y menoscabar el derecho de las personas a ser nombrado para cualquier empleo, en el caso, como director del Centro de Evaluación y Confianza del Poder Judicial del Estado de Jalisco.
• Refiere que los servidores públicos que cometen faltas administrativas tanto graves como no graves deben ser sancionados de forma ejemplar conforme a la ley general de la materia; sin embargo, la redacción de la disposición impugnada tiene como consecuencia que aquellas personas que en ejercicio de su encargo hayan sido sancionadas, incluso mediante una amonestación por la comisión de una falta administrativa no grave, automáticamente queden impedidos para ocupar la titularidad del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Poder Judicial del Estado de Jalisco.
• Asimismo, la norma es discriminatoria al generar una distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria para ocupar el cargo referido, además de propiciar un supuesto de discriminación por motivos de condición social, pues dicha distinción tiene como efecto obstaculizar el ejercicio de derechos en igualdad de condiciones.
• Aduce que al establecer de forma genérica y absoluta que no podrán aspirar a la titularidad del Centro de Evaluación y Control de Confianza todas aquellas personas que han sido sancionadas por alguna autoridad administrativa federal, estatal o municipal, o por el Consejo de la Judicatura, sin importar el tipo de falta que dio lugar a la sanción ni la temporalidad de la misma, constituye un requisito injustificado pues ello no significa que los aspirantes no sean aptos para desempeñar el cargo de mérito.
• Finalmente, solicita que se extiendan los efectos de invalidez a otras normas que contengan el mismo vicio de inconstitucionalidad.
5. Registro y turno. Mediante proveído de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad con el número 125/2019; y, por razón de turno, fungió como instructora la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.
6. Admisión. Por auto de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, la Ministra instructora admitió la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco, para que rindieran sus respectivos informes.
7. Informe de la autoridad emisora. El Poder Legislativo del Estado de Jalisco al rendir su informe sostuvo medularmente lo siguiente:
• Los conceptos de invalidez deben declarase infundados, dado que el precepto impugnado fue emitido en ejercicio de las atribuciones conferidas a dicho poder público, en términos de lo dispuesto por el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35, fracción I, de la Constitución Local.
• Refiere que la designación del director del Centro de Evaluación de Control de Confianza del Poder Judicial, obedece a un esquema no discrecional, sino a un procedimiento en el que participa el propio Poder Judicial, pues se trata de una terna que se envía al Congreso, cuyos aspirantes deben cumplir con los mismos requisitos exigidos para una magistratura, a fin de que se someta al proceso de elección.
• La porción normativa impugnada se sustenta en diversos principios, en virtud de que el ingreso y la permanencia de los Magistrados y Jueces del Poder Judicial del Estado, son materia de regulación que corresponde al poder público. Así, tal exigencia responde al principio de igualdad y no discriminación, pues se basa en una diferencia razonable y objetiva, ya que el director del Centro de Evaluación de Control de Confianza del Poder Judicial en la entidad tiene conferidas diversa atribuciones del sistema de evaluación de control de confianza, cuya finalidad es garantizar la probidad y honorabilidad de los funcionarios del Poder Judicial.
• Refiere que está justificado constitucionalmente el presupuesto que se impugna para acceder al cargo de director del Centro de Control de Confianza del Poder Judicial, pues será éste quien proponga el contenido y los criterios de las evaluaciones de control de confianza de los Jueces de primera instancia y Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia en la entidad; las normas y procedimientos técnicos para llevarlas a cabo; y, los requisitos que deben contener los certificados correspondientes.
• Expone que, en cuanto a la supuesta violación al derecho de acceso a un cargo público por tratarse de un requisito irrazonable, no asiste razón a la accionante, ya que la norma persigue asegurar que la persona encargada del Centro de Evaluación y Control de Confianza sea de probada honorabilidad, y si la comisión de una falta no grave y el cumplimiento de su respectiva sanción administrativa no equivale por sí sola a una pérdida de honorabilidad y probidad, esa situación afectaría la percepción de todo el sistema de control y confianza propuesto por la reforma respectiva, pues lo que se pretendió es que su titular cuente con una fama pública intachable.
8. Informe de la autoridad promulgadora. El Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco informó, en síntesis, lo siguiente:
• El precepto impugnado es constitucional y debe reconocerse su validez, ya que no infringe los derechos humanos previstos en los artículos 1o. y 5o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Refiere que el requisito que deberá cumplir el director del Centro Estatal de Evaluación de Control y Confianza del Poder Judicial del Estado de Jalisco no contempla una diferenciación basada en el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
• Considera que el precepto impugnado no establece una restricción desproporcional para acceder a un cargo en el servicio público porque resulta de explorado derecho que la libertad de trabajo no es absoluta, sino que dicha libertad tiene sus límites cuando se ofendan los derechos de la sociedad.
• Refiere que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando un particular decida desarrollar una actividad que se encuentre reglamentada, éste debe sujetarse a los ordenamientos que la rigen para ejercerla.
• Por tal motivo, no debe confundirse la libertad de trabajo o de ocupar un cargo en el servicio público con la obligación de cumplir requisitos para aspirar a desempeñar dichos cargos.
• Alude que el objeto de la norma impugnada es garantizar que las personas que ocupen el referido cargo sean los mejores perfiles para tal efecto, sobre todo si entre sus altas responsabilidades estará dirigir el Centro de Evaluación de Control de Confianza del Poder Judicial, que entre otras atribuciones tiene la aplicación de evaluaciones a Jueces y Magistrados, como requisito de ingreso y permanencia en el cargo.
• Señala que el desempeño del cargo público de mérito es de suma importancia en la estructura del Poder Judicial, por lo que sus aspirantes tienen que ajustarse a las normas que lo reglamentan.
• En ese sentido, al margen de que la sanción administrativa a que se refiere la actora pueda ser incluso una amonestación y, que por consecuencia no sea de aquellas consideradas como graves, ello en nada trastoca la constitucionalidad de la norma impugnada, pues no puede desatenderse que la previsión reclamada fue una exigencia del legislador ordinario en ejercicio de las facultades que le concede la Constitución Federal y la Local, a fin de salvaguardar que la persona que desempeñe el cargo sea una persona intachable, precisamente por la altísima responsabilidad que tendrá a su cargo en beneficio de la colectividad.
9. Alegatos. Mediante escrito recibido el doce de marzo de dos mil veinte, el delegado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo valer los alegatos que estimó pertinentes.
10. Cierre de instrucción. Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos y encontrándose instruido el procedimiento, mediante proveído de dieciocho de agosto de dos mil veinte, quedó cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
11. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre la porción normativa de un dispositivo de carácter local y la Constitución Federal.
12. SEGUNDO.—Oportunidad. Es oportuna la presentación de la acción de inconstitucionalidad, pues se hizo en el plazo legal establecido en el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, dentro de los treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la fecha de publicación de la norma impugnada.
13. Efectivamente, el decreto impugnado se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el martes uno de octubre de dos mil diecinueve, por lo que el plazo de treinta días naturales para promover la presente acción transcurrió del miércoles dos de octubre al jueves treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve.
14. La demanda se presentó el jueves treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que fue oportuna su presentación.
15. TERCERO.—Legitimación. La demanda fue suscrita por Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acreditó con copia certificada del oficio DGPL-1P3A.-4858, de trece de noviembre de dos mil catorce, relativo a su nombramiento.
16. Así, el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
"...
"g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas."
17. En ese sentido, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estatuye en su numeral 15, fracciones I y XI,(1) la representación legal y la facultad para promover las respectivas acciones de inconstitucionalidad a cargo de su presidente, por lo que se actualiza la hipótesis de legitimación que contempla el referido artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el presente asunto fue promovido por un ente legitimado y mediante su debido representante.
18. CUARTO.—Causas de improcedencia y sobreseimiento. Las autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada no hacen valer causas de improcedencia, ni este Tribunal Pleno advierte de oficio que se actualice alguna. Por tanto, lo procedente es analizar los conceptos de invalidez.
19. QUINTO.—Análisis de fondo. En el único concepto de invalidez que formula la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, argumenta que el numeral 14 D, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, al establecer como requisito para ocupar el cargo de director del Centro de Evaluación y Control de Confianza no haber sido sancionado por alguna autoridad administrativa federal, estatal o municipal, o por el Consejo de la Judicatura con motivo de una queja presentada en su contra o de un procedimiento de responsabilidad administrativa iniciado de oficio, propicia un efecto discriminatorio y desproporcional que vulnera los derechos humanos de igualdad y no discriminación de acceso a un cargo en el servicio público.
20. Lo anterior, porque las personas que cometieron faltas administrativas y que cumplieron con la sanción correspondiente (ya sea amonestación, suspensión, destitución o inhabilitación), deberán tener la posibilidad de ejercer el cargo público; máxime que las sanciones de destitución y suspensión proceden incluso por la comisión de faltas administrativas no graves, ya que al contemplar de forma genérica y absoluta que no podrán aspirar a ejercer la titularidad del Centro de Evaluación y Control de Confianza todas aquellas personas que fueron sancionadas administrativamente, sin importar el tipo de falta que dio lugar a la sanción ni la temporalidad de la misma, constituye un requisito injustificado, pues ello no significa que los aspirantes no son aptos para desempeñar el cargo público.
21. Para la Comisión, la norma impugnada atenta contra la dignidad humana y el principio de igualdad, en virtud de que el requisito para acceder al referido cargo público debe ser entendido como una disposición que contiene categorías sospechosas prohibidas por el artículo 1o. constitucional, que implica categorizar, excluir, marginar o discriminar a quienes cuentan con determinadas características o atributos, en el caso, las asociadas a haber sido suspendidas, destituidas o inhabilitadas por resolución firme como servidor público.
22. A fin de atender los planteamientos que formula la accionante, resulta indispensable traer a colación el artículo impugnado de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, reformado mediante Decreto 27391/LXII/19, cuyo texto es el siguiente:
"Artículo 14 D. El director del Centro de Evaluación de Control de Confianza deberá cumplir con los requisitos siguientes:
"...
"IX. No haber sido sancionado por alguna autoridad administrativa federal, estatal o municipal, o por el Consejo de la Judicatura con motivo de una queja presentada en su contra o de un procedimiento de responsabilidad administrativa iniciado de oficio."
23. Como puede advertirse, la norma prevé como uno de los presupuestos para que el aspirante pueda ocupar el cargo de director del Centro de Evaluación de Control de Confianza no haber sido sancionado por alguna autoridad administrativa federal, estatal o municipal o por el Consejo de la Judicatura.
24. En relación con un tema similar, este Tribunal Pleno, al resolver la acción de inconstitucionalidad 111/2019,(2) analizó conforme al derecho a la igualdad y a la no discriminación diversas porciones normativas de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo que preveían como requisito para acceder a diversos cargos en dicha Fiscalía General que los aspirantes no hayan sido previamente destituidos o inhabilitados como servidores públicos.
25. Al respecto, se precisó que el artículo 35, fracción VI, de la Constitución Federal, dispone como derecho de la ciudadanía poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley.
26. Se indicó que ese derecho también está reconocido en los artículos 23, numeral 1, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 25, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.(3)
27. Se destacó que cuando la Constitución Federal se refiere en su artículo 35 al concepto "calidades", ello ha sido entendido por este Alto Tribunal como lo referido a las "características de una persona que revelen un perfil idóneo para desempeñar con eficiencia y eficacia, el empleo o comisión que se le asigne",(4) interpretación que es consistente con la lectura del artículo 1, numeral 2, del Convenio Internacional del Trabajo No. 111 relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación,(5) del tenor siguiente:
"Artículo 1
"1. A los efectos de este convenio, el término discriminación comprende:
"a) Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación;
"b) Cualquier otra distinción, exlusión (sic) o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación, que podrá ser especificada por el miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados.
"2. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas como discriminación.
"3. A los efectos de este convenio, los términos empleo y ocupación incluyen tanto el acceso a los medios de formación profesional y la admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones, como también las condiciones de trabajo."
28. En dicho fallo se hizo alusión a que la noción de "calidades", asumida por este Alto Tribunal en la controversia constitucional 38/2003,(6) también era compatible con lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción VII, de la Constitución Federal, que refiere que "la designación del personal se hará mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes", en los siguientes términos:
"... Del análisis del artículo 35, fracción II, constitucional, se advierte que si bien estamos ante un derecho de configuración legal, pues corresponde al legislador fijar las reglas selectivas de acceso a cada cargo público, su desarrollo no es completamente disponible para el legislador, pues la utilización del concepto ‘calidades’ se refiere a las cualidades o perfil de una persona, que vaya a ser nombrada en el empleo, cargo o comisión de que se trate, que pueden ser: capacidad, aptitudes, preparación profesional, edad y demás circunstancias, que pongan en relieve el perfil idóneo para desempeñar con eficiencia y eficacia el empleo o comisión que se le asigne.
"Asimismo, para efectos de su correcta intelección, el concepto ‘calidades’ también debe vincularse con el principio de eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones contenido en el artículo 113, así como con lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción VII, que dispone que la designación del personal sea mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes, del que se desprenden los principios de mérito y capacidad; interpretación que debe ser relacionada con los artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo, y 116, fracción VI, que ordenan que las relaciones de trabajo entre los Estados y los Municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes expidan (sic) las Legislaturas de los Estados, con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución y sus disposiciones reglamentarias.
"Luego, el entrelazamiento entre los diversos preceptos constitucionales citados a la luz de una interpretación sistemática autoriza a concluir que la Constitución impone la obligación de no exigir para el acceso a la función pública, requisito o condición alguna que no sea referible a los principios de eficiencia, mérito y capacidad que se plasman en dichos preceptos, mismos que deben ser respetados por el legislador en la regulación que realice el legislador, de manera que deben considerarse violatorios de la prerrogativa de los ciudadanos de acceso a los cargos públicos todos aquellos supuestos que, sin esta referencia, establezcan una diferencia discriminatoria entre los ciudadanos mexicanos."
29. Asimismo, se hizo referencia a que dicha cuestión se retomó en la acción de inconstitucionalidad 28/2006 y acumuladas 29/2006 y 30/2006,(7) en los siguientes términos:
"... el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, editorial Espasa, vigésima segunda edición, establece que calidad significa, entre otras:
"‘Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a «algo, que permiten juzgar su valor».
"‘Estado de una persona, naturaleza, edad y demás «circunstancias y condiciones que se requieran ‹para un cargo o dignidad›»’.
"De las anteriores connotaciones deriva que en cuanto a la primera, el concepto calidad, aplicado a una persona, debe entenderse como la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a ésta que permitan juzgarla por sí misma, por lo propio, natural o circunstancial de la persona a que se alude y que la distingue de las demás, cuyo sentido se obtiene de la definición que tiene la voz inherente, que significa ‘lo que por su naturaleza está de tal manera unido a otra cosa, que no se puede separar de ella’.
"La segunda también está dirigida a establecer que, lo que define la calidad de una persona, son los aspectos propios y esenciales de ésta, tan es así, que el punto de partida de la expresión, de los aspectos empleados para ejemplificar lo definido, son precisamente la naturaleza y la edad, por lo que incluso la expresión ‘y demás circunstancias’ debe entenderse que está referida a otras características de la misma clase o entidad, es decir, propios del individuo, y no derivar de elementos o requisitos ajenos al ciudadano."
30. Por tales razones, lo importante era entender que cuando el artículo 35, fracciones II y VI, de la Constitución Federal, utiliza el término "las calidades que establezca la ley", se refiere a cuestiones que son inherentes a la persona y no así a aspectos extrínsecos a ésta.
31. Así –precisó este Tribunal Pleno– al definir en las leyes secundarias respectivas, tanto el Congreso de la Unión como las Legislaturas de los Estados en el ámbito de sus respectivas competencias, las calidades necesarias para que una persona pueda ser nombrada para cualquier empleo o comisión del servicio público, será necesario que los requisitos al efecto establecidos estén directamente relacionados con el perfil idóneo para el desempeño de la respectiva función, lo que exige de criterios objetivos y razonables que eviten discriminar, sin debida justificación, a personas que potencialmente tengan las calificaciones, capacidades o competencias (aptitudes, conocimientos, habilidades, valores, experiencias y destrezas) necesarias para desempeñar con eficiencia y eficacia el correspondiente empleo o comisión.
32. Por ello, en principio, para la definición de las respectivas calidades al ser establecidas en la respectiva ley, como requisitos exigibles para cada empleo o comisión en el servicio público, será importante identificar las tareas o funciones inherentes a cada cargo o puesto público.
33. Lo anterior, sin perjuicio de que, para determinados puestos federales o locales, se exige desde la Constitución Federal el cumplimiento de determinados requisitos tasados, como lo es el caso de la edad, el perfil profesional o la residencia, por ejemplo,(8) y de que es necesario distinguir entre el acceso a un cargo de elección popular, del acceso a un empleo o comisión en la función pública, que, acorde con el nivel de especialización que se necesita, puede requerir de calidades técnicas más específicas.
34. Se dijo que, en cualquier caso, fuera de las condiciones establecidas de manera expresa en la Ley Fundamental para determinados empleos y comisiones, los Congresos Federal y Locales cuentan con una amplia libertad de configuración para instituir las respectivas calidades, en tanto las mismas no vulneren por sí mismas algún derecho humano u otro principio constitucional.(9)
35. También se destacó la necesidad de que los respectivos requisitos sean razonables y permitan de manera efectiva el acceso a la función pública en condiciones generales de igualdad, en respeto a lo previsto en los artículos 1o. y 35, fracción VI, de la Constitución Federal, 23, apartado 1, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 25, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
36. Este Tribunal Pleno consideró que los requisitos para acceder a diversos cargos, consistentes en que los aspirantes no hayan sido previamente destituidos o inhabilitados como servidores públicos, al no estar relacionados con características o atributos en las personas que han sido históricamente tomados en cuenta para categorizar, excluir, marginar y/o discriminar, no comprendían una categoría sospechosa.
37. De allí que no fuera necesario que ese tipo de normas se sometieran a un escrutinio de constitucionalidad especialmente cuidadoso o estricto, pero sí a un test simple de razonabilidad para arribar a la conclusión de que las normas que preveían tales requisitos (no haber sido destituidos o inhabilitados), para ocupar un cargo público resultaban inconstitucionales, pues esos requisitos eran sobreinclusivos.
38. En el presente caso, la norma impugnada regula un requisito similar al examinado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la referida acción de inconstitucionalidad, pues exige para acceder al cargo de director del Centro de Evaluación de Control de Confianza, que el aspirante no haya sido sancionado por alguna autoridad administrativa federal, estatal o municipal, o por el Consejo de la Judicatura, con motivo de una queja presentada en su contra o de un procedimiento de responsabilidad administrativa iniciado de oficio.
39. Por tal motivo, dicho requisito (no haber sido sancionado) se analizará conforme al test simple de razonabilidad anunciado, ya que no puede ser equiparado con las categorías sospechosas previstas en el artículo 1o. constitucional.
40. Como puede advertirse, la norma impugnada, si bien persigue la realización de un fin constitucionalmente aceptable con motivo del establecimiento de calidades determinadas para el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30286-9998dd6e/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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