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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO). II. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. NO SE LIMITA A TENER UNA DIMENSIÓN FORMAL O DE DERECHO, QUE EXIGE QUE LAS NORMAS JURÍDICAS SEAN APLICADAS DE MODO UNIFORME A TODAS LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN UNA MISMA SITUACIÓN, SINO QUE TIENE UNA DIMENSIÓN SUSTANTIVA O DE HECHO, QUE TIENE COMO OBJETIVO REMOVER O DISMINUIR CUALQUIER OBSTÁCULO QUE IMPIDA A LAS PERSONAS O GRUPOS GOZAR O EJERCER DE MANERA REAL Y EFECTIVA SUS DERECHOS HUMANOS EN CONDICIONES DE PARIDAD. III. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. PARA DETERMINAR SI UNA DISTINCIÓN RESULTA OBJETIVA Y RAZONABLE, DEBERÁ EFECTUARSE UN ESTUDIO, CUYA INTENSIDAD DEPENDERÁ DEL OBJETO DE LA LITIS (ARTÍCULO 42, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO). IV. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. LA NORMA QUE PREVÉ UNA DISTINCIÓN ENTRE LAS PERSONAS EGRESADAS DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS Y PRIVADAS, EN RELACIÓN CON LA POSIBILIDAD DE SER NOMBRADOS TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, DEBE ANALIZARSE BAJO UN ESCRUTINIO ORDINARIO. V. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE SER UNA PERSONA EGRESADA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS PARA SER TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, NO VIOLA LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA (ARTÍCULO 42, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO). VI. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE SER UNA PERSONA EGRESADA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS PARA SER TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, VIOLA EL DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 36/2021. · Registro digital (IUS): 30592
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-05-27
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Mayo de 2022, Tomo I, Pág.555.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 36/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 22 DE NOVIEMBRE DE 2021. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIA: DANIELA CARRASCO BERGE.

Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día veintidós de noviembre de dos mil veintiuno emite la siguiente:

SENTENCIA

Por la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 36/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra del artículo 43, fracción IV, de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, adicionado mediante el Decreto Número 224, publicado el cuatro de enero de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México.

La cuestión jurídica por resolver en este asunto consiste en determinar si el artículo impugnado es inconstitucional, por afectar injustificadamente el derecho a acceder a cargos públicos, en relación con el derecho a la igualdad y el derecho al trabajo, al exigir, para ser titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma del Estado de México, que la persona sea egresada de esta universidad o de otra universidad pública.

I. Trámite de la demanda.

1. Presentación de la demanda. El tres de febrero de dos mil veintiuno, María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante "CNDH"), presentó demanda de acción de inconstitucionalidad ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.

2. Norma general impugnada. En la demanda se impugna el artículo 43, fracción IV, de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, adicionado mediante el Decreto Número 224, publicado el cuatro de enero de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México. La emisión y la promulgación de la disposición impugnada fueron atribuidas al Congreso del Estado de México y al gobernador del Estado de México, respectivamente.

3. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La promovente argumenta que la norma impugnada es contraria a los artículos 1o., 5o. y 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 9 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 2 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

4. Conceptos de invalidez. En la demanda, la promovente hace valer un único concepto de invalidez. Argumenta que la fracción impugnada vulnera los derechos de igualdad y no discriminación, en relación con la libertad de trabajo y el derecho al acceso a cargos públicos, pues impide de forma injustificada que las personas que hayan egresado de una institución de educación superior diversa a la Universidad Autónoma del Estado de México o de cualquier universidad privada accedan al cargo de titular del Órgano Interno de Control de esta universidad. Para fines expositivos, el concepto de la CNDH se sintetiza a continuación:

4.1 Incidencia de la norma impugnada en los derechos humanos de igualdad, libertad de trabajo y acceso a cargos públicos.(1) Con base en un marco previo, la CNDH argumenta que el requisito que prevé la norma impugnada para ser titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma del Estado de México incide en el derecho a la igualdad y no discriminación, la libertad de trabajo y el derecho al acceso a cargos públicos. Alega que la norma impide de forma genérica el acceso al cargo público a las personas egresadas de cualquier institución educativa diversa a esta universidad o al resto de las universidades públicas, a pesar de que también cuentan con un título profesional expedido por una institución legalmente facultada para ello y, que podrían tener los conocimientos, aptitudes, antigüedad y experiencias necesarias para el adecuado desempeño de las funciones del cargo.

4.2 Explica que el requisito que prevé la norma impugnada no contribuye a garantizar el debido ejercicio de las funciones de control, manejo y fiscalización de recursos, así como rendición de cuentas, que, conforme al artículo 41 de la ley impugnada, debe cumplir el titular del Órgano Interno de Control de la universidad. Sostiene que para garantizar el adecuado desempeño en el cargo basta con el requisito de que se cuente con título profesional relacionado con estas funciones.

4.3 Así, afirma que la norma no contiene un criterio objetivo y neutral, y da un trato prioritario o preferencial a las personas que egresan de determinadas instituciones, sin tomar en cuenta las características específicas de los aspirantes.

4.4 Necesidad de someter la norma a un escrutinio estricto. La CNDH argumenta que la constitucionalidad del requisito que prevé la norma impugnada debe analizarse empleando un escrutinio estricto, por basarse en una de las categorías sospechosas previstas en el artículo 1o. de la Constitución Federal.

4.5 Sostiene que, si bien el artículo 1o., último párrafo, de la Constitución Federal no prevé expresamente la prohibición de discriminar a las personas con base en la categoría de no ser egresado de una universidad pública, ésta debe considerarse una categoría sospechosa. Por un lado, sostiene que la norma es discriminatoria con base en la categoría sospechosa de condición social. Por otro lado, indica que el criterio de distinción que utiliza la norma impugnada encuadra en el último supuesto de categoría sospechosa que prevé el artículo 1o., último párrafo, constitucional, consistente en la discriminación por cualquier motivo que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

4.6 Por lo anterior, concluye que, para ser constitucional, la norma impugnada tendría que superar un escrutinio estricto. Argumenta que, conforme a este nivel de escrutinio, la norma debe tener una finalidad constitucional imperiosa, estar estrechamente vinculada con esta finalidad y ser la medida menos restrictiva posible.

4.7 Test de escrutinio estricto de la medida. La CNDH argumenta que la norma impugnada no supera un escrutinio estricto, pues exigir que los aspirantes al cargo público sean egresados de la Universidad Autónoma del Estado de México o de otra universidad pública no persigue una finalidad constitucional imperiosa. En consecuencia, afirma que tampoco puede considerarse que esté estrechamente vinculada con la consecución de una finalidad constitucional imperiosa, ni que la medida sea la menos restrictiva posible.

5. Auto de registro y turno. En un acuerdo emitido el ocho de febrero de dos mil veintiuno, el presidente de esta Suprema Corte ordenó que se formara y registrara el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 36/2021, y turnó el asunto al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que fungiera como instructor del procedimiento.

6. Auto admisorio. Por medio de un auto emitido el quince de febrero de dos mil veintiuno, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad. Asimismo, ordenó que se diera vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de México para que rindieran sus informes, así como a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que estuvieran en posibilidad de formular manifestaciones.

7. Informe del Poder Legislativo del Estado de México. En su informe, el Poder Legislativo del Estado de México sostiene la validez de la fracción impugnada con base en los argumentos que se resumen a continuación:

7.1 El Poder Legislativo argumenta que el decreto impugnado contribuye a que el titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma del Estado de México cuente con un perfil idóneo para ejercer sus funciones en el marco del nuevo sistema de responsabilidades administrativas y combate a la corrupción. Sostiene que el decreto impugnado constituye la normativa esencial que permite al titular del Órgano Interno de Control actuar conforme a la ley, así como con el respeto a la autonomía de la Universidad Autónoma del Estado de México.

7.2 Argumenta que el requisito para el acceso al cargo consistente en que la persona haya egresado de esta universidad u otra universidad pública fortalece el buen desempeño de sus atribuciones, pues éstas requieren que el servidor cuente con un carácter confiable.

7.3 Por otro lado, explica que la universidad en cuestión es un organismo público, descentralizado y autónomo. Alega que la autonomía debe entenderse como una facultad para autogobernarse, con libertad de cátedra e investigación, de examen y discusión de ideas, en el manejo de sus recursos, así como en el ingreso, promoción y permanencia de su personal. A pesar de que reconoce que la autonomía universitaria no es incompatible con la fiscalización de recursos, argumenta que debe existir un equilibrio que permita que el Estado realice adecuadamente la función de fiscalización, conforme al Sistema Nacional Anticorrupción, pero que a la vez garantice a la universidad ejercer su autonomía.

7.4 En relación con lo anterior, afirma que, el que el servidor público haya cursado su formación académica en una institución pública garantiza el máximo respeto al desempeño de sus facultades y el correcto ejercicio de sus atribuciones.

7.5 En el mismo sentido, señala que las universidades públicas cuentan con ventajas que contribuyen a garantizar a sus egresados un mejor perfil. Indica que éstas pueden contratar un buen número de profesores investigadores de tiempo completo, con buen acceso a fuentes de información, así como que están sujetas a las evaluaciones y controles del Sistema Nacional de Investigadores, la Secretaría de Educación Pública, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

7.6 Por último, argumenta que la norma impugnada no viola el derecho a acceder a cargos públicos, ya que este derecho lleva implícita la obligación de contar con las calidades establecidas por la ley, que en este caso consisten en ser egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México o de otra universidad pública.

8. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de México. En su informe, el Poder Ejecutivo del Estado de México afirma la validez de la fracción impugnada, con base en los argumentos que se sintetizan a continuación:

8.1 En relación con el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación, el Poder Ejecutivo Local sostiene que el artículo impugnado no atenta contra la dignidad humana ni anula o menoscaba los derechos de las personas. Añade que la distinción que introduce el artículo impugnado es razonable y justificable a la luz de la Constitución Federal.

8.2 Asimismo, sostiene que la adición del artículo 43, fracción IV, de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México tuvo como intención construir un marco normativo que favorezca el desarrollo de las funciones que corresponden al Órgano Interno de Control de esta universidad. Se señala que la fracción pretende perfeccionar la normativa esencial que permita al titular del Órgano Interno de Control actuar conforme a la ley y con respeto a la autonomía de la universidad.

8.3 En cuanto al derecho al trabajo, indica que no es un derecho absoluto o ilimitado, así como que la norma impugnada no prevé ningún tipo de prohibición de dedicarse a alguna profesión, industria, comercio o trabajo lícito.

8.4 En relación con el derecho a acceder a cargos públicos, el Poder Ejecutivo Local argumenta que el artículo 35 constitucional proporciona al legislador un margen para exigir calidades para ser elegido o nombrado a determinados cargos. Añade que, en todo caso, los motivos por los que se restrinja este derecho deben ser razonables y objetivos. Afirma que el compromiso con un verdadero servicio de calidad exige tomar en cuenta el perfil de la persona que accederá al cargo, pues éste le permitirá cumplir de manera profesional con sus funciones y evitará faltas de compromiso y responsabilidad.

8.5 También argumenta que el artículo impugnado no prohíbe a las personas ocupar el cargo de titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma del Estado de México, así como que éste no es el único cargo público en la entidad federativa, ni mucho menos en el país. En su opinión, ello evidencia que no existe afectación alguna a este derecho humano.

8.6 Por último, alega que la promulgación del artículo impugnado es constitucional, pues se realizó en estricto apego de los principios de fundamentación y motivación legislativa, al haber sido realizada por autoridad competente.

9. Alegatos. Por medio de acuerdos de veintiuno de abril y diez de junio de dos mil veintiuno, se tuvieron por rendidos los informes de las autoridades. Asimismo, en el último de estos acuerdos, se otorgó un plazo de cinco días hábiles para la formulación de alegatos.

10. Mediante documentos presentados el uno y el dos de julio de dos mil veintiuno, la CNDH, el Poder Legislativo del Estado de México y el Poder Ejecutivo del Estado de México formularon alegatos.

11. Opinión de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República no formuló una opinión respecto de la acción de inconstitucionalidad.

12. Opinión de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. La Consejería Jurídica del Gobierno Federal no formuló una opinión respecto de la acción de inconstitucionalidad.

13. Cierre de instrucción. Visto el estado procesal de autos, el día nueve de agosto de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 68, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, el Ministro instructor dictó auto de cierre de instrucción y se procedió a la elaboración del proyecto de resolución.

II. Competencia.

14. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente acción de inconstitucionalidad, conforme a los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal(2) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) así como en el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Número 5/2013 de este Tribunal Pleno.(4) Ello es así, puesto que en ella la CNDH plantea la incompatibilidad del artículo 43, fracción IV, de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México con los derechos a la igualdad y no discriminación, la libertad de trabajo y al acceso a cargos públicos, reconocidos en la Constitución Federal, así como en diversos tratados internacionales de los que México es Parte.

III. Oportunidad.

15. El plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en la que se haya publicado la norma general o tratado internacional impugnado en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda puede presentarse el primer día hábil siguiente.(5)

16. El Decreto Número 224, por el que se adicionó el artículo 43, fracción IV, de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, fue publicado el cuatro de enero de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México. Por ello, el plazo para la impugnación de este artículo transcurrió del cinco de enero hasta el tres de febrero, ambos de dos mil veintiuno.

17. La CNDH presentó la demanda relativa a esta acción de inconstitucionalidad el tres de febrero de dos mil veintiuno ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal. En consecuencia, debe concluirse que la presentación de la demanda fue oportuna.

IV. Legitimación.

18. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal faculta a la CNDH a promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes federales y de las entidades federativas, así como tratados internacionales, por vulnerar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, así como en los tratados internacionales de los que México es Parte.(6)

19. Dado que en la demanda la CNDH impugna el artículo 43, fracción IV, de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, por vulnerar el derecho al acceso a cargos públicos, en relación con los derechos a la igualdad y no discriminación, así como la libertad de trabajo, debe concluirse que cuenta con legitimación para promover la presente acción de inconstitucionalidad.

20. Ahora bien, el artículo 11, en relación con el diverso 59, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional,(7) establece que el promovente debe acudir al procedimiento a través de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, están facultados para representarlos. Asimismo, establece que se presumirá que la persona que acude goza de la representación legal, salvo prueba en contrario.

21. Suscribe la demanda de la acción de inconstitucionalidad María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la CNDH, el cual acredita con copia certificada del acuerdo de su designación emitido por el Senado de la República.

22. El artículo 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos faculta a su presidenta a promover las acciones de inconstitucionalidad que correspondan.(8) Así, debe concluirse que esta funcionaria cuenta con la representación del órgano legitimado para presentar la demanda.

V. Causales de improcedencia.

23. Las autoridades emisoras y promulgadoras de las normas no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, y este Tribunal Pleno no advierte que se actualice alguna de oficio, por lo que se pasa al estudio de fondo del asunto.

VI. Estudio de fondo.

24. La cuestión jurídica por resolver en este asunto consiste en determinar si el artículo 43, fracción IV, de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México es inconstitucional, por afectar injustificadamente el derecho a acceder a cargos públicos, en relación con el derecho a la igualdad y el derecho al trabajo. El artículo impugnado establece lo siguiente (se agrega subrayado a la fracción impugnada):

"Artículo 43. Para ser titular del Órgano Interno de Control en la Universidad Autónoma del Estado de México se deberán reunir los siguientes requisitos:

"I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y tener treinta años cumplidos el día de la designación;

"II. Contar al momento de su designación con experiencia de al menos cinco años en el control, manejo o fiscalización de recursos y rendición de cuentas, responsabilidades administrativas, contabilidad gubernamental, auditoría gubernamental, obra pública, adquisiciones, arrendamientos y/o servicios del sector público;

"III. Contar al día de su designación, con título profesional, con antigüedad mínima de siete años, relacionado con las actividades a que se refiere la fracción anterior, expedido por institución legalmente facultada para ello;

"IV. Ser egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México o de alguna otra Universidad Pública;

"V. No pertenecer o haber pertenecido en los cinco años anteriores a su designación, a despachos de consultoría o auditoría que hubieren prestado sus servicios al Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma del Estado de México, o haber fungido como consultor o auditor externo del mismo, en lo individual durante ese periodo;

"VI. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; y,

"VII. No haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República o de Justicia del Estado de México, oficial mayor de un ente público, senador, diputado federal, diputado local, gobernador, miembro de algún Ayuntamiento, dirigente, miembro de órgano rector, alto ejecutivo o responsable del manejo de los recursos públicos de algún partido político." 25. La CNDH argumenta que la fracción IV del artículo 43 es inconstitucional, pues considera que la distinción que hace la norma, para efectos del acceso al cargo público, entre egresados de la Universidad Autónoma del Estado de México y otras universidades públicas, por un lado, y los egresados de otras instituciones educativas de educación superior, por el otro, se basa en una categoría sospechosa y no supera un test de escrutinio estricto, ya que no cumple con una finalidad imperiosa.

26. Para analizar la constitucionalidad de la medida, este Tribunal Pleno considera necesario exponer brevemente la metodología que ha utilizado para verificar la constitucionalidad de requisitos para el acceso a cargos públicos que no son de elección popular.

A) Marco general y metodología en relación con el derecho a acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad.

27. El artículo 35, fracción VI, de la Constitución Federal reconoce como derecho de la ciudadanía el poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley.(9) En el mismo sentido, los diversos 23.1, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 25, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen el derecho de todos los ciudadanos de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.(10)

28. Fuera de las condiciones establecidas de manera expresa en la Constitución Federal para determinados empleos y comisiones, las cuales no son disponibles para las entidades federativas, los Congresos Federal y Locales cuentan con una amplia libertad de configuración para regular los requisitos de acceso a cargos públicos.(11) Esta libertad de configuración se confirma con una interpretación literal de los artículos 35, fracción VI, de la Constitución Federal y 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El primero condiciona el acceso a cargos públicos a que los aspirantes tengan las calidades que establezca la ley. El segundo prevé que la ley podrá reglamentar el ejercicio del derecho al acceso a cargos públicos, aunque especifica que únicamente puede hacerlo por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por Juez competente, en materia penal.

29. Este Tribunal Pleno ha establecido que esta libertad configurativa no es irrestricta o ilimitada. En primer lugar, la libertad configurativa está limitada por el mandato de que los requisitos que se establezcan no vulneren, por sí mismos, algún derecho humano u otro principio constitucional.(12) Entre estos derechos, resulta de especial relevancia el derecho a la igualdad y no discriminación, al cual hacen referencia expresa los artículos 23.1, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 25, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al prever que el acceso a cargos públicos debe darse en condiciones generales de igualdad.

30. Al respecto, esta Suprema Corte ha señalado que la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad. Tiene como consecuencia que todo tratamiento discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución sea incompatible con ésta. Sin embargo, no toda diferencia de trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria. Un tratamiento es discriminatorio, y por tanto inconstitucional, cuando establece una diferenciación arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos. En cambio, un tratamiento constituye una distinción, permitida por el derecho a la igualdad, cuando hace una diferenciación con base en elementos razonables y objetivos.(13)

31. En relación con lo anterior, el derecho a la igualdad no se limita a tener una dimensión formal o de derecho que exige que las normas jurídicas sean aplicadas de modo uniforme a todas las personas que se encuentren en una misma situación, sino que además tiene una dimensión sustantiva o de hecho que tiene como objetivo remover o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impiden a ciertas personas o grupos gozar o ejercer de manera real y efectiva sus derechos humanos en condiciones de paridad.(14)

32. Así, la regulación del acceso a cargos públicos no debe únicamente respetar la igualdad en su dimensión formal. No puede limitarse a abstenerse de restringir el acceso de personas que se encuentran en las mismas condiciones. Adicionalmente, debe satisfacer la dimensión material de este derecho, de manera que las personas tengan la oportunidad efectiva de acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad.(15)

33. En todo caso, retomando lo expuesto, para que una restricción al acceso efectivo a los cargos públicos sea compatible con el derecho a la igualdad y no se considere discriminatoria, debe basarse en elementos objetivos y razonables.

34. En segundo lugar, el artículo 35, fracción VI, de la Constitución establece que lo que la ley puede exigir como requisito para el acceso a cargos públicos es que la ciudadanía que aspire a desempeñar el cargo cuente con ciertas calidades. Esta noción ha sido analizada en varios precedentes, entre los cuales destacan la controversia constitucional 38/2003(16) y la acción de inconstitucionalidad 28/2006 y sus acumuladas 29/2006 y 30/2006.(17) Las consideraciones de estos asuntos fueron retomadas recientemente en las acciones de inconstitucionalidad 111/2019(18) y 125/2019.(19)

35. En ellos se estableció que las calidades son propiedades o características inherentes a la persona que revelan que tiene un perfil idóneo para desempeñar adecuadamente el empleo o comisión. Se explicó que la noción de calidades, prevista en el artículo 35, fracción VI, constitucional está concatenada con los principios de mérito y capacidad, derivados del mandato previsto en el artículo 123, apartado B, fracción VII, constitucional,(20) que la designación de personal sea mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes.(21) Asimismo, se determinó que la noción de calidades se relaciona con el principio de eficiencia que los servidores públicos deben cumplir en sus funciones, reconocido actualmente en el artículo 109, fracción III,(22) y anteriormente en el diverso 113,(23) ambos de la Constitución Federal.

36. Por ello, se estableció que la regulación del acceso a cargos públicos debe contribuir a que el funcionario cuente con un perfil adecuado para satisfacer estos principios en el desempeño del cargo. Al respecto, véase, por analogía, la tesis jurisprudencial P./J. 123/2005, emitida por este Tribunal Pleno, de rubro: "ACCESO A EMPLEO O COMISIÓN PÚBLICA. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE SUJETA DICHA PRERROGATIVA A LAS CALIDADES QUE ESTABLEZCA LA LEY, DEBE DESARROLLARSE POR EL LEGISLADOR DE MANERA QUE NO SE PROPICIEN SITUACIONES DISCRIMINATORIAS Y SE RESPETEN LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, MÉRITO Y CAPACIDAD."(24)

37. Partiendo de estas dos premisas, este Tribunal Pleno considera que el escrutinio ordinario para valorar la constitucionalidad de un requisito que incide, prima facie, en el derecho al acceso efectivo a cargos públicos en condiciones de igualdad consiste en aplicar un test simple de razonabilidad. Este test está encaminado a determinar si el requisito consiste en una calidad directamente relacionada con el perfil idóneo para el desempeño de la respectiva función y no excluye, sin debida justificación, a personas que potencialmente tengan las calificaciones, capacidades o competencias (aptitudes, conocimientos, habilidades, valores, experiencias y destrezas) necesarias para desempeñar con eficiencia y eficacia el correspondiente empleo o comisión.(25)

38. En la aplicación de este test, es relevante identificar las tareas o funciones inherentes a cada cargo público, así como distinguir entre el acceso a un cargo de elección popular, y el acceso a un empleo o comisión en la función pública, que, acorde al nivel de especialización, podría demandar calidades técnicas más específicas.(26)

39. Cabe señalar que esta metodología para analizar los requisitos para el acceso a cargos públicos es congruente con lo establecido por el Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la Observación General No. 25, sobre el derecho a participar en los asuntos públicos, derecho a votar y derecho al acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas. En la observación se establece que, para garantizar el acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad, los criterios y procedimientos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución deben ser razonables y objetivos. Asimismo, se expresa que es relevante que el acceso se base en los méritos y la igualdad de oportunidades.(27)

40. Asimismo, es consistente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana respecto del derecho al acceso a cargos públicos que no son de elección popular en condiciones generales de igualdad. La Corte Interamericana ha analizado el alcance de este derecho sobre todo en el contexto de procesos de designación y destitución de Jueces. En ellos, ha reiterado que el artículo 23.1, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no establece el derecho a acceder a cargos públicos, sino a hacerlo en condiciones generales de igualdad, por lo que este derecho se cumple y garantiza con criterios y procedimientos de nombramiento, ascenso, suspensión y destitución que sean razonables y objetivos, así como con que las personas no sean objeto de discriminación en el ejercicio de este derecho.(28)

41. En relación con lo anterior, al resolver el Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela, la Corte Interamericana indicó que todo proceso de nombramiento debe tener como función no sólo la selección según los méritos y calidades del aspirante, sino el aseguramiento de la igualdad de oportunidades en

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30592-f6d9527b/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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