Corpus
Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. NACIONALIDAD MEXICANA COMO REQUISITO PARA ACCEDER A UN CARGO PÚBLICO. INCOMPETENCIA DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA ESTABLECERLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 83 BIS, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO", DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS). IV. NACIONALIDAD MEXICANA. EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS NO TIENE COMPETENCIA PARA ESTABLECERLA COMO REQUISITO PARA OCUPAR EL CARGO DE TITULAR DEL ÓRGANO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS JURÍDICOS MUNICIPALES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 83 BIS, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO", DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS). V. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SE CONFIGURA POR UNA DIMENSIÓN FORMAL O DE DERECHO Y OTRA SUSTANTIVA O DE HECHO. VI. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. DIFERENCIAS ENTRE DISTINCIÓN Y DISCRIMINACIÓN. VII. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL TÉRMINO DE "LAS CALIDADES QUE ESTABLEZCA LA LEY", PREVISTO EN EL ARTÍCULO 35, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL DISPONER EL DERECHO DE LOS CIUDADANOS DE PODER SER NOMBRADOS PARA CUALQUIER EMPLEO O COMISIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO, SE REFIERE A CUESTIONES INHERENTES A LA PERSONA Y NO A ASPECTOS EXTRÍNSECOS A ÉSTA. VIII. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ESCRUTINIO ORDINARIO QUE REVELA UNA DISTINCIÓN ENTRE LAS PERSONAS CONDENADAS POR CUALQUIER DELITO QUE AMERITE PENA CORPORAL DE MÁS DE UN AÑO DE PRISIÓN Y AQUELLAS QUE NO, EN RELACIÓN CON LA POSIBILIDAD DE SER NOMBRADAS TITULAR DEL ÓRGANO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS JURÍDICOS MUNICIPALES EN EL ESTADO DE MORELOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 83 BIS, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN IV, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "QUE AMERITE PENA CORPORAL DE MÁS DE UN AÑO DE PRISIÓN; PERO SI SE TRATARE", DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS). IX. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE SER UNA PERSONA NO CONDENADA POR CUALQUIER DELITO QUE AMERITE PENA CORPORAL DE MÁS DE UN AÑO DE PRISIÓN PARA SER TITULAR DEL ÓRGANO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS JURÍDICOS MUNICIPALES EN EL ESTADO DE MORELOS, VIOLA EL DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 83 BIS, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN IV, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "QUE AMERITE PENA CORPORAL DE MÁS DE UN AÑO DE PRISIÓN; PERO SI SE TRATARE", DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS). X. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ESCRUTINIO ORDINARIO QUE REVELA UNA DISTINCIÓN ENTRE LAS PERSONAS INHABILITADAS POR CUALQUIER DELITO QUE LASTIME SERIAMENTE LA BUENA FAMA EN EL CONCEPTO PÚBLICO Y AQUELLAS QUE NO, EN RELACIÓN CON LA POSIBILIDAD DE SER NOMBRADAS TITULAR DEL ÓRGANO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS JURÍDICOS MUNICIPALES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 83 BIS, SEGUNDO PÁRRAFO, FRACCIÓN IV, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "OTRO QUE LASTIME SERIAMENTE LA BUENA FAMA EN EL CONCEPTO PÚBLICO, INHABILITARÁ PARA EL CARGO, CUALQUIERA QUE HAYA SIDO LA PENA", DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS). XI. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE GOZAR DE BUENA FAMA EN RELACIÓN CON LA POSIBILIDAD DE SER NOMBRADOS TITULAR DEL ÓRGANO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS JURÍDICOS MUNICIPALES EN EL ESTADO DE MORELOS, ES SUBJETIVO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 83 BIS, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN IV, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "OTRO QUE LASTIME SERIAMENTE LA BUENA FAMA EN EL CONCEPTO PÚBLICO, INHABILITARÁ PARA EL CARGO, CUALQUIERA QUE HAYA SIDO LA PENA", DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS). XII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 83 BIS, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIONES I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO", Y IV, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "QUE AMERITE PENA CORPORAL DE MÁS DE UN AÑO DE PRISIÓN; PERO SI SE TRATARE" Y "OTRO QUE LASTIME SERIAMENTE LA BUENA FAMA EN EL CONCEPTO PÚBLICO, INHABILITARÁ PARA EL CARGO, CUALQUIERA QUE HAYA SIDO LA PENA", DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 165/2021. · Registro digital (IUS): 31465
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-05-26
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Mayo de 2023, Tomo I, Pág.400.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 165/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: JAQUELINE SÁENZ ANDUJO.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó el artículo 83 Bis, fracciones I, en su porción normativa "por nacimiento" y IV, en sus porciones normativas "que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare" y "otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena", de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, por violación al derecho a la seguridad jurídica, a la igualdad y no discriminación, de acceso a un cargo en el servicio público, libertad de trabajo y principio de legalidad.

Ver índice temático

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinte de septiembre de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 165/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra el artículo 83 Bis, fracciones I, en su porción normativa "por nacimiento", y IV, en sus porciones normativas "que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare" y "otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena", de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, adicionado mediante Decreto mil trescientos cuatro, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del Estado de Morelos el seis de octubre de dos mil veintiuno.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. El cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad contra el artículo 83 Bis, fracciones I, en su porción normativa "por nacimiento", y IV, en sus porciones normativas "que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare" y "otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena", de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, adicionado mediante Decreto Mil Trescientos Cuatro, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del Estado de Morelos el seis de octubre de dos mil veintiuno.

2. Conceptos de invalidez. En su demanda la accionante expuso, en esencia, los siguientes conceptos de invalidez:

a. El artículo 83 Bis, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos dispone que, para ser titular de los órganos especializados de asuntos jurídicos municipales de esa entidad se requiere tener ciudadanía mexicana por nacimiento. Sin embargo, el Congreso de la Unión es el único legitimado para reservar determinados cargos a las personas mexicanas por nacimiento.

b. El Congreso Local está inhabilitado constitucionalmente para exigir la nacionalidad mexicana por nacimiento para acceder a cualquier cargo público local, por lo que al emitir la norma reclamada transgredió el derecho fundamental de seguridad jurídica y el principio de legalidad previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución, así como 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Las autoridades legislativas locales sólo pueden emitir normas que regulen todo aquello que no esté reservado al Congreso de la Unión, pues de lo contrario estarían violando el orden constitucional al realizar actos que afectan la esfera jurídica de los gobernados sin estar habilitadas para ello, en detrimento del derecho a la seguridad jurídica y al principio de legalidad.

c. Al margen de lo anterior, la disposición normativa controvertida vulnera el artículo 35, fracción VI, de la Constitución, relativo al acceso de cualquier mexicano a ocupar cualquier cargo público en condiciones de igualdad siempre que cumplan las calidades exigidas por las leyes, que deben atender a las capacidades y méritos. Por tanto, la norma es inconstitucional porque el adquirir la nacionalidad por naturalización o tener doble nacionalidad no es un elemento que pueda influir en los méritos o capacidades de una persona.

d. La norma impugnada no permite que las personas mexicanas por naturalización ocupen los puestos de titulares de los órganos especializados en asuntos jurídicos municipales del Estado de Morelos en igualdad de condiciones a los mexicanos por nacimiento y, por tanto, se vulnera el principio de igualdad y su correlativa prohibición de discriminación.

e. La fracción IV del artículo 83 Bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos en las porciones normativas reclamadas establece como requisito para ser titular de los órganos especializados en asuntos jurídicos municipales de la entidad no haber sido condenado por delitos que ameriten pena corporal de más de un año de prisión, así como cualquier otro delito que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, cualquiera que fuere la pena. Esas exigencias violan los derechos de igualdad y no discriminación, de acceso a un cargo público, seguridad jurídica y libertad de trabajo al excluir injustificadamente a determinadas personas para ocupar un cargo en el servicio público.

f. Las personas que han sido sancionadas en algún momento por la comisión de un delito y ya han cumplido su condena deben tener la posibilidad de ocupar cargos públicos en igualdad de circunstancias que las demás personas. Además, los requisitos fijados para el desempeño de un cargo deben ser claros y objetivos y no susceptibles de calificaciones subjetivas o morales.

g. Los citados requisitos son desproporcionados y excluyen injustificadamente a un sector de la población del cargo, por lo que se transgrede el derecho a la igualdad y no discriminación.

h. El requisito de no haber sido condenado por cualquier delito que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, cualquiera que haya sido la pena es impreciso, pues permite que la autoridad que revise los requisitos sea quien califique de forma subjetiva cuáles delitos son los que lastiman seriamente la buena fama en el concepto público. La porción normativa cuestionada permite un amplio margen de discrecionalidad, lo que vulnera el derecho humano de seguridad jurídica y el principio de legalidad.

i. La medida legislativa atenta contra el derecho a la libertad de trabajo y de acceso a un empleo en el servicio público.

j. Las porciones normativas reclamadas limitan en forma genérica los derechos de las personas que fueron condenadas por cualquier delito, ya sea doloso o culposo, así como cualquier otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo que lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena, sin considerar ninguna de las dos hipótesis ni si las conductas por las que el sujeto fue sancionado se relacionan o no con las funciones que deban desempeñar con motivo del cargo. La medida se traduce en una exclusión injustificada y discriminatoria para las personas que se encuentren en esa condición social y/o jurídica, que les impide ejercer su derecho a la libertad de trabajo y ocupar un cargo público.

k. La generalidad y amplitud de las porciones normativas impugnadas son sobreinclusivas. Provocan un escenario absoluto de prohibición que impide acceder en condiciones de plena igualdad a los empleos públicos a las personas que en el pasado pudieron haber sido sancionadas penalmente, sin que ello permita justificar en cada caso y con relación a la función en cuestión la probable afectación a la eficiencia o eficacia del puesto a ejercer, sobre todo, tratándose de sanciones que pudieron ya haber sido cumplidas.

l. Las normas discutidas desbordan su objetivo y excluyen a las personas que pretenden reinsertarse a la sociedad, tras haber compurgado una pena por haber sido acreedores de una sanción penal en el pasado. Ello se patentiza cuando el legislador señala que en los casos en que se trate de cualquier otro delito "que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena", pues el efecto de la norma es que todas las personas que se encuentren en ese supuesto queden excluidas para ejercer el cargo público cuando, a juicio de la autoridad, su "fama" se encuentre mermada por cualquier antecedente penal.

m. La mencionada porción normativa tiene alcances extremadamente amplios porque comprende todo tipo de delitos culposos, dolosos, graves o no graves, incluso aquellos que no tengan relación con las funciones a desempeñar.

n. Las distinciones legislativas no están vinculadas con la configuración de un perfil inherente al tipo de trabajo a desempeñar.

o. Resalta que el haber sido sancionado por cometer un delito no tiene como consecuencia marcar a su autor como un delincuente de por vida. Recurrir a cuestiones morales o prejuicios sociales tiende a estigmatizar a las personas que han cometido un delito, lo cual es contrario al derecho penal de acto recogido en la Constitución.

p. Las normas reclamadas son contrarias a la dignidad de las personas y discriminatorias, porque generan una distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria para ocupar el cargo en cuestión, además de propiciar un supuesto de discriminación por motivos de condición social y por dejar en estado de incertidumbre a las personas por una redacción imprecisa. Dicha distinción tiene como efecto obstaculizar el ejercicio de derechos en igualdad de condiciones de aquellas personas que buscan reintegrarse a la sociedad.

q. Los requisitos contenidos en la fracción IV, en sus porciones normativas impugnadas, del artículo 83 Bis de la aludida ley orgánica, deben analizarse a la luz de la proscripción constitucional de hacer distinciones entre las personas que han sido condenadas y aquellas que no tienen antecedentes penales. Debe efectuarse un escrutinio ordinario o de razonabilidad, ya que dichas exigencias no constituyen una categoría sospechosa.

r. Las porciones normativas discutidas podrían cumplir con el primer requisito de escrutinio ordinario, en virtud de buscar generar condiciones propicias para que quienes accedan al puesto tengan el perfil necesario para el desempeño de las funciones que llevan a cabo las y los titulares de los órganos especializados de asuntos jurídicos municipales morelenses. En cuanto a la segunda grada de escrutinio, la medida legislativa no tiene relación directa, clara e indefectible para el cumplimiento del fin constitucionalmente válido de contar con servidores públicos adecuados y eficientes, pues no existe base objetiva para determinar que una persona sin antecedentes penales ejercerá las funciones correspondientes al cargo con rectitud, probidad y honorabilidad o que las personas que sí se encuentren en tal supuesto per se, no ejercerán sus labores adecuadamente, o que carezcan de tales valores, menos que no tengan la aptitud necesaria para cumplir con sus funciones con eficiencia, aptitud o conocimiento.

s. Debe considerarse que el hecho de que una persona haya sido condenada por la comisión de un delito forma parte de la vida privada de las personas en el pasado y su proyección social, por tanto, no es una razón válida para excluirlas de participar en los asuntos que le atañen a su comunidad. Una vez cumplida la sanción debe estimarse que la persona se encuentra en aptitud de volver a ocupar un cargo público.

3. Admisión y trámite. Mediante acuerdo de once de noviembre de dos mil veintiuno, el presidente de esta Suprema Corte tuvo por recibida la demanda y ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 165/2021, así como su turno al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para instruir el procedimiento correspondiente.

4. El doce de noviembre de dos mil veintiuno, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad. Tuvo como autoridades emisoras de la norma a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos y ordenó dar vista para que, dentro del plazo de quince días hábiles, rindieran los informes correspondientes. También se dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que, hasta antes del cierre de instrucción, manifestaran lo que a su representación corresponda.

5. Informe del Poder Legislativo del Estado de Morelos. El presidente de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos rindió informe en los siguientes términos:

a) Son infundados los conceptos de invalidez porque la norma impugnada se encuentra conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 32 de la Constitución Federal.

b) El decreto impugnado fue expedido de conformidad con el artículo 40, fracción II, de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Morelos. Así, en términos del numeral 40, en relación con el diverso 134, ambos de la Constitución General, los Estados son libres y autónomos en todo lo que concierne a su régimen interior, habida cuenta que aquellas facultades que no estén expresamente reservadas a la Federación se entienden reservadas a los Estados. De lo anterior se desprende que las Legislaturas Locales tienen libertad de configuración para establecer los requisitos que estimen necesarios sin que ello signifique que sea inválido que las Legislaturas Locales estén en posibilidad de replicar lo establecido en la Constitución General.

c) En cuanto al requisito para ser titular de los órganos especializados en asuntos jurídicos municipales de la entidad el no haber sido condenado por delitos que ameriten pena corporal de más de un año, así como por cualquier otro delito que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, cualquiera que fuere la pena, el legislador local atendió a una preocupación social en aras de recuperar y alentar la confianza, al imponer dicha exigencia en cuanto al perfil de aquellas personas que ocupen ese tipo de cargos públicos, partiendo de la base de que la sociedad necesita contar con personas que le den certeza y confianza, máxime tratándose de áreas jurídicas.

d) En consecuencia, la medida legislativa es razonable en atención a los fines que persigue la administración de justicia, debe ceñirse y coinciden con los principios particularmente los atinente a la legalidad, honradez, certeza, objetividad, profesionalismo, independencia, imparcialidad, equidad y eficiencia en su actuación.

6. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. El consejero jurídico y representante legal del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos rindió su informe en los siguientes términos:

a) Es cierto el acto legislativo reclamado, pues efectivamente el seis de octubre de dos mil veintiuno se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el Decreto Mil Trescientos Cuatro, por el que se adiciona la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos para regular la dependencia encargada de asuntos jurídicos municipales.

b) Agrega que actuó en términos de las facultades para promulgar, sancionar, publicar y hacer cumplir las leyes o decretos del Congreso del Estado, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, por lo que se sostiene la constitucionalidad de los actos que son competencia del Poder Ejecutivo.

7. La Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal no presentaron opinión alguna.

8. Alegatos y cierre de la instrucción. Seguido el trámite legal correspondiente y la presentación de alegatos de la delegada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por acuerdo de once de febrero de dos mil veintidós, se declaró cerrada la instrucción del asunto y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución.

I. COMPETENCIA

9. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución General y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se planteó la posible contradicción entre el artículo 83 Bis, fracciones I, en su porción normativa "por nacimiento" y IV, en sus porciones normativas "que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare" y "otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena", de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y la Constitución General.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

10. En el caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos demanda la invalidez del artículo 83 Bis, fracciones I, en su porción normativa "por nacimiento", y IV, en sus porciones normativas "que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare" y "otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena", de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

III. OPORTUNIDAD

11. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General, el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.

12. En este caso la acción es oportuna. La norma impugnada fue publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el seis de octubre de dos mil veintiuno, por lo que el plazo de treinta días para la presentación transcurrió del siete de octubre al cinco de noviembre de dos mil veintiuno.

13. La demanda se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno; por tanto, su presentación resulta oportuna por encontrarse dentro del plazo referido.

IV. LEGITIMACIÓN

14. La acción de inconstitucionalidad fue promovida por parte legitimada, pues presentó la demanda la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, órgano facultado para promover acciones de inconstitucionalidad contra leyes federales y las emitidas por las entidades federativas que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución General y en los tratados internacionales de los que México sea Parte, en términos del artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución.(1)

15. En el caso, la Comisión Nacional impugnó el artículo 83 Bis, fracciones I, en su porción normativa "por nacimiento", y IV, en sus porciones normativas "que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare" y "otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena", de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; alega que transgreden los derechos a la seguridad jurídica, a la igualdad y no discriminación, de acceso a un cargo en el servicio público, libertad de trabajo y el principio de legalidad.

16. Conforme al artículo 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el 18 de su reglamento interno, corresponde a su presidente la representación legal. La demanda fue presentada por persona legitimada para ello, pues lo hizo María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acredita con la copia certificada de la designación en ese cargo, por parte del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

17. El Poder Ejecutivo demandado manifestó que, de conformidad con los artículos 70, fracciones XVI y XVII, incisos a) y c), 74 y 76 de la Constitución Local, le corresponde promulgar, sancionar, publicar y hacer cumplir las leyes o decretos que expida el Congreso Estatal, por lo que sostiene la constitucionalidad de los actos de su competencia. 18. Si bien esa manifestación no es una causa de improcedencia propiamente dicha, lo cierto es que, como se ha hecho en diversos precedentes, debe desestimarse ese argumento, ya que como ha precisado este Tribunal Pleno, dicho Poder Ejecutivo tiene una verdadera injerencia en el proceso legislativo de la norma general para otorgarle validez y eficacia, esto es, está implicado en la promulgación y publicación de la ley impugnada.(2)

19. Las partes no hicieron valer alguna otra causal de improcedencia ni motivo de sobreseimiento. Este Pleno, de oficio, tampoco advierte que se actualice alguna, por lo que procede realizar el estudio de fondo.

VI. ESTUDIO DE FONDO

20. A fin de dar una respuesta clara a los planteamientos que hizo valer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el presente estudio se dividirá en los rubros siguientes:

VI.1. Tema I. Contar con el requisito de ser mexicano por nacimiento para ocupar el cargo de titular del órgano especializado en asuntos jurídicos municipales de los Municipios en el Estado de Morelos

21. El artículo 83 Bis, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos prevé:

"Artículo 83 Bis. El Municipio contará con una dependencia encargada de los asuntos jurídicos, constituido como órgano jurídico especializado, cuya función es la defensa del Ayuntamiento en los procesos jurídicos en los que éste sea parte, llevando a cabo sus actividades en forma programada y con base en los principios de integridad, honestidad, congruencia, eficacia, productividad y pertinencia;

"El titular de dicho órgano dependerá en forma directa de la presidencia y sindicatura municipal. Para ser encargado de la dependencia de asuntos jurídicos se requiere:

"I. Tener la ciudadanía mexicana por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles."

22. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos manifiesta en sus conceptos de invalidez que la porción normativa impugnada, relativa a tener la ciudadanía mexicana por nacimiento, es inconstitucional ya que el Congreso Local no se encuentra habilitado constitucionalmente para establecer dicha calidad para el desempeño de un cargo público.

23. A juicio de este Tribunal Pleno, resulta fundado el concepto de invalidez señalado líneas arriba.

24. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 87/2018,(3) este Máximo Tribunal sostuvo que, derivado de una interpretación sistemática del artículo 1o. en relación con el diverso 32, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la facultad de determinar los cargos públicos en los que su titular deba cumplir con el requisito de ser mexicano por nacimiento, no corresponde a las entidades federativas, por lo que éstas no pueden, en ningún caso, establecer ese requisito para acceder a otros cargos distintos a los que emanan por mandando de la Constitución Federal.

25. Además, en dicho asunto se destacó que la reserva consistente en ser mexicano por nacimiento para ocupar determinados cargos públicos, no era irrestricta, pues encontraba su límite en que los cargos y funciones correspondientes sean estratégicos y prioritarios; de lo contrario, podría considerarse una distinción discriminatoria para el acceso a esos empleos públicos a los mexicanos por naturalización y, por tanto, violatoria del principio de igualdad y no discriminación previsto en los artículos 1o., párrafo quinto, 32 y 133 de la Constitución Federal.

26. Asimismo, se destacó que la habilitación constitucional a cargo de la Federación o de los Estados para regular una determinada materia es un presupuesto procesal de la mayor relevancia para cualquier análisis de fondo, pues de concluirse que el Congreso de una entidad federativa, no se encuentra habilitado para establecer dicha exigencia, se actualizará inmediatamente la invalidez de la disposición impugnada, sin necesidad de analizar si la norma tiene un fin válido, pues resultará inconstitucional al haberse emitido por una autoridad incompetente.

27. Dichas consideraciones fueron reiteradas por este Tribunal Constitucional en las acciones de inconstitucionalidad 59/2018,(4) 4/2019,(5) 35/2018,(6) 40/2019,(7) 88/2018,(8) 93/2018,(9) 45/2018 y su acumulada 46/2018,(10) 157/2017,(11) y 67/2018 y su acumulada 69/2018.(12)

28. Ahora, en la acción de inconstitucionalidad 111/2019,(13) así como en las diversas acciones 113/2020,(14) 182/2020,(15) 192/2020,(16) 39/2021,(17) 6/2020(18) y 65/2021,(19) este Tribunal Pleno mantuvo su criterio en el sentido de que las Legislaturas de los Estados no se encuentran habilitadas para regular supuestos en los que se limite el acceso a cargos públicos a los mexicanos por nacimiento en las entidades federativas, pues, de hacerlo, llevará indefectiblemente, a declarar la invalidez de las porciones normativas que así lo establezcan.

29. Sin embargo, para llegar a dicha conclusión partió únicamente del estudio de los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Federal, sin la necesidad de recurrir a la interpretación sistemática antes mencionada ni al estudio del principio de igualdad y no discriminación.

30. Además, en las mencionadas acciones de inconstitucionalidad 39/2021 y 6/2020, se consideró que era necesario eliminar las referencias a la reforma constitucional en materia de nacionalidad, específicamente, en el tema de los cargos y funciones a áreas estratégicas y prioritarias, al considerarse que no se encontraban relacionadas con la problemática en estudio.

31. En consecuencia, al ser estos últimos asuntos los que contienen el criterio vigente del Tribunal Pleno, el estudio de la porción normativa impugnada en este asunto se realizará conforme a las consideraciones sostenidas en ellos.

32. En ese sentido, es importante realizar un análisis de las normas que tienen como finalidad regular el tema de la nacionalidad en México. Los preceptos constitucionales relevantes para el caso concreto son:

"Artículo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización.

"A). Son mexicanos por nacimiento:

"I. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres.

"II. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional.

"III. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización; y,

"IV. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes.

"B). Son mexicanos por naturalización:

"I. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización.

"II. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley."

"Artículo 32. La ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad.

"El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión.

"En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el Ejército, ni en las fuerzas de policía o seguridad pública. Para pertenecer al activo del Ejército en tiempo de paz y al de la Armada o al de la Fuerza Aérea en todo momento, o desempeñar cualquier cargo o comisión en ellos, se requiere ser mexicano por nacimiento.

"Esta misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y, de una manera general, para todo el personal que tripule cualquier embarcación o aeronave que se ampare con la bandera o insignia mercante mexicana. Será también necesaria para desempeñar los cargos de capitán de puerto y todos los servicios de practicaje y comandante de aeródromo.

"Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones de gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano."

"Artículo 37. ...

"A) Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad.

"B) La nacionalidad mexicana por naturalización se perderá en los siguientes casos:

"I. Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en cualquier instrumento público como extranjero, por usar un pasaporte extranjero, o por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranjero; y, ..."

33. De los artículos constitucionales antes citados se desprende lo siguiente:

a) La nacionalidad mexicana podrá adquirirse por nacimiento o por naturalización (nacionalidad mexicana originaria y derivada, respectivamente).

b) La nacionalidad mexicana por nacimiento está prevista en el apartado A del artículo 30 constitucional, a través de los sistemas de ius soli y de ius sanguinis, esto es, en razón del lugar del nacimiento y en razón de la nacionalidad de los padres o de alguno de ellos, respectivamente.

c) La nacionalidad por naturalización, denominada también derivada o adquirida es, conforme al apartado B del citado artículo 30 constitucional, aquella que se adquiere por voluntad de una persona, mediante un acto soberano atribuido al Estado que es quien tiene la potestad de otorgarla, una vez que se surten los requisitos que el propio Estado establece para tal efecto.

d) De acuerdo con el artículo 30 constitucional, apartado B, acceden a la nacionali

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31465-3018664b/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.