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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE OAXACA). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. NACIONALIDAD MEXICANA POR NACIMIENTO. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE COMPETENCIA PARA ESTABLECERLA COMO REQUISITO PARA ACCEDER A UN CARGO PÚBLICO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO", DE LA LEY DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE OAXACA). IV. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SE DEBE PERSEGUIR UNA IGUALDAD JURÍDICA, TRADUCIDA EN LA SEGURIDAD DE NO TENER QUE SOPORTAR UN PERJUICIO O PRIVARSE DE UN BENEFICIO DE FORMA DESIGUAL E INJUSTIFICADA. V. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. DIFERENCIAS ENTRE DISTINCIÓN Y DISCRIMINACIÓN. VI. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SE CONFIGURA POR UNA DIMENSIÓN FORMAL, O DE DERECHO, Y OTRA SUSTANTIVA O, DE HECHO. VII. DISCRIMINACIÓN NORMATIVA. EL LEGISLADOR PUEDE VULNERAR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE IGUALDAD ANTE LA LEY POR EXCLUSIÓN TÁCITA DE UN BENEFICIO O POR DIFERENCIACIÓN EXPRESA. VIII. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL TÉRMINO DE "LAS CALIDADES QUE ESTABLEZCA LA LEY", PREVISTO EN EL ARTÍCULO 35, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS AL DISPONER EL DERECHO DE LOS CIUDADANOS DE PODER SER NOMBRADOS PARA CUALQUIER EMPLEO O COMISIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO, SE REFIERE A CUESTIONES INHERENTES A LA PERSONA Y NO A ASPECTOS EXTRÍNSECOS A ÉSTA. IX. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PUEDEN VÁLIDAMENTE REGULAR LOS REQUISITOS EN SUS CONSTITUCIONES LOCALES MIENTRAS NO CONTRAVENGAN LOS DERECHOS HUMANOS U OTRO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL (LEY DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE OAXACA). X. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ESCRUTINIO ORDINARIO QUE REVELA UNA DISTINCIÓN ENTRE LAS PERSONAS CONDENADAS CON PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, EXCEPTO POR DELITO CULPOSO Y AQUELLAS QUE NO, EN RELACIÓN CON LA POSIBILIDAD DE OCUPAR EL CARGO DE DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE OAXACA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN IX, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "NO HABER SIDO CONDENADO CON PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, EXCEPTO POR DELITO CULPOSO", DE LA LEY DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE OAXACA). XI. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE "NO HABER SIDO CONDENADO CON PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, EXCEPTO POR DELITO CULPOSO" PARA SER TITULAR DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE OAXACA, CONSTITUYE UNA MEDIDA SOBREINCLUSIVA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN IX, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "NO HABER SIDO CONDENADO CON PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, EXCEPTO POR DELITO CULPOSO", DE LA LEY DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE OAXACA). XII. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE "NO HABER SIDO CONDENADO CON PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, EXCEPTO POR DELITO CULPOSO" PARA SER TITULAR DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE OAXACA, VIOLA EL DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN IX, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "NO HABER SIDO CONDENADO CON PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. EXCEPTO POR DELITO CULPOSO", DE LA LEY DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE OAXACA). XIII. CENTROS DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LOS ESTADOS. EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN XX DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL RESERVA A LOS CONGRESOS LOCALES REGULAR LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ESOS ORGANISMOS. XIV. CENTROS DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LOS ESTADOS. EL REQUISITO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XX DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL PARA OCUPAR EL CARGO DE TITULAR DEL CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL, CONSISTENTE EN NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO DOLOSO, NO CONLLEVA QUE LAS LEGISLATURAS LOCALES ESTÉN OBLIGADAS A REPLICAR DICHO REQUISITO, POR LO QUE, DE ESTABLECERLO RESPECTO DEL TITULAR DE DICHOS CENTROS, SU VALIDEZ DEBE VERIFICARSE TOMANDO EN CUENTA SU TRASCENDENCIA A LOS DERECHOS DE IGUALDAD Y AL ACCESO A UN EMPLEO EN CONDICIONES DE IGUALDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN IX, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "NO HABER SIDO CONDENADO CON PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, EXCEPTO POR DELITO CULPOSO", DE LA LEY DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE OAXACA). XV. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. LA LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA DE LOS CONGRESOS ESTATALES ESTÁ LIMITADA POR LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES Y LOS DERECHOS HUMANOS. XVI. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ESCRUTINIO ORDINARIO QUE REVELA UNA DISTINCIÓN E

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 138/2021. · Registro digital (IUS): 31407
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-04-28
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Abril de 2023, Tomo I, Pág.378.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 138/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 6 DE OCTUBRE DE 2022. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: MERCEDES VERÓNICA SÁNCHEZ MIGUEZ.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al seis de octubre de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 138/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra del artículo 20, fracciones I, en la porción normativa "por nacimiento", VIII y IX, en la porción normativa "y no haber sido condenado con pena privativa de libertad, excepto por delito culposo", de la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Oaxaca, expedida mediante el Decreto Número 2573, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional de esa entidad el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. PRIMERO.—Presentación de la acción de inconstitucionalidad. Mediante escrito presentado el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió la presente acción de inconstitucionalidad, en la que señaló como norma general impugnada y órganos emisores los siguientes:

• Norma general cuya invalidez se reclama:

Artículo 20, fracciones I, en la porción normativa "por nacimiento", VIII y IX, en la porción normativa "y no haber sido condenado con pena privativa de libertad, excepto por delito culposo", de la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Oaxaca, expedida mediante el Decreto Número 2573, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional de esa entidad el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno.

• Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada:

- Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

- Gobernador del Estado de Oaxaca.

2. SEGUNDO.—Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman vulnerados. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideró violados los artículos 1o., 5o., 14, 16, 32 y 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 9, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2, 25 y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

3. Derechos Fundamentales que se estiman violados:

• Derecho a la seguridad jurídica.

• Derecho a la igualdad y prohibición de discriminación.

• Derecho de acceso a un cargo en el servicio público.

• Libertad de trabajo.

• Principio de legalidad.

4. Conceptos de invalidez. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esencialmente, planteó en su demanda los siguientes argumentos:

- El artículo 20, fracciones I, en la porción normativa "por nacimiento", VIII en la porción normativa "no haber sido inhabilitado para el ejercicio del servicio público" y IX, en la porción normativa "y no haber sido condenado con pena privativa de libertad, excepto por delito culposo" de la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Oaxaca vulneran los derechos de igualdad y no discriminación, seguridad jurídica, libertad de trabajo y acceso a un cargo público y principio de legalidad.

- La fracción I, en la normativa "por nacimiento" consistente en que se deberá contar con nacionalidad mexicana por nacimiento para ejercer el cargo de director general, a pesar de que el Congreso Local no se encuentra habilitado constitucionalmente para prever dicha exigencia, de manera que con la emisión de la norma se transgrede el derecho fundamental de seguridad jurídica y principio de igualdad.

- Los requisitos previstos en las fracciones VIII y IX, en las porciones normativas "no haber sido inhabilitado para el ejercicio del servicio público" y "no haber sido condenado con pena privativa de libertad, excepto por delito culposo" impiden de forma injustificada que las personas que se encuentren en esos supuestos puedan desempeñar tal cargo, aun cuando las sanciones impuestas ya hayan sido cumplidas, con lo cual transgredió los derechos de igualdad y de no discriminación, de acceso a un cargo público, así como la libertad de trabajo.

- Ello, pues las personas que han sido sancionadas en algún momento por la comisión de una falta administrativa y/o delito y que ya cumplieron con la sanción y condena que les fue impuesta, deben tener la posibilidad de ocupar puestos públicos en igualdad de circunstancias que las demás personas.

- Refiere que tales requerimientos resultan incompatibles ya que en el caso de exigir tener la nacionalidad mexicana por nacimiento para ocupar el cargo, se considera que el Congreso oaxaqueño no puede establecerlo pues la Ley Suprema no le otorga esa atribución, lo que se traduce en una vulneración del derecho de seguridad jurídica y principio de legalidad; por el otro lado, ya que otras normas de la legislación establecen requisitos cuyo efecto es excluir de forma injustificada a determinados sectores de la población de la posibilidad de ocupar ese empleo, dada su amplitud y generalidad, por lo que se estima que transgreden los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación.

Apartado A: Derecho a la seguridad jurídica y principio de legalidad.

• Se desarrolla el contenido y alcance de estos derechos.

Apartado B: Derecho a la igualdad y no discriminación.

• Se desarrolla el contenido y alcance de estos derechos, así como criterios emitidos por esta Suprema Corte.

Apartado C: Libertad de trabajo y derecho a ocupar un cargo público.

• Se desarrolla el contenido y alcance de estos derechos y se hace referencia a los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Apartado D: Inconstitucionalidad de los requisitos impugnados.

• Refiere que la norma impugnada resulta contraria a los derechos de seguridad jurídica, igualdad, no discriminación, libertad de trabajo y acceso a un cargo público, así como al principio de legalidad, reconocidos en el Texto Constitucional en sus artículos 1o., 5o., 14, 16 y 35, fracción VI, así como en diversos tratados internacionales.

• Los requisitos previstos en la norma impugnada transgreden los derechos humanos reconocidos en el bloque de regularidad constitucional, por una parte, porque en términos de la Norma Fundamental el Congreso oaxaqueño no puede establecer la exigencia de nacionalidad mexicana por nacimiento para el desempeño de cargos públicos en el orden local, ya que el único constitucionalmente facultado para ello es el Congreso de la Unión.

• Por otro lado, las exigencias consistentes en no haber sido inhabitado en el servicio público ni haber sido condenado con pena privativa de libertad, excepto por delito culposo, impiden de manera injustificada que las personas en esa situación accedan a la titularidad de la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral oaxaqueño.

1. Requisito de ser mexicano por nacimiento

Refiere que la exigencia consistente en tener la calidad de mexicano por nacimiento para estar en aptitud de ser titular de la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Oaxaca contraviene el derecho fundamental de seguridad jurídica y el principio de legalidad.

Por disposición del artículo 32 constitucional se reserva de manera exclusiva al Constituyente Federal la facultad de determinar los cargos públicos en los que su titular deba cumplir con el requisito de la nacionalidad mexicana por nacimiento, las entidades federativas no pueden, en caso alguno, establecer ese requisito para acceder a otros cargos distintos a los expresamente señalados en la Constitución Federal.

Este Tribunal Pleno ha sustentado en otros precedentes que las Legislaturas Locales carecen de habilitación constitucional para establecer el requisito de contar con la nacionalidad mexicana por nacimiento, por ejemplo, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 35/2018, 46/2018, 59/2018, 87/2018, 88/2018, 4/2019, 40/2019, 111/2019 y 113/2020, todas promovidas por la accionante.

Es inconcuso que el legislador de la entidad al establecer el requisito previsto en la norma impugnada consistente en exigir la nacionalidad mexicana por nacimiento para acceder a la titularidad de la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral oaxaqueño actuó sin tener sustento constitucional.

• La disposición normativa controvertida vulnera el derecho contemplado en el artículo 35, fracción VI, de la Constitución Federal, que se refiere al acceso de cualquier ciudadano mexicano a la ocupación de cargos en la función pública, en condiciones de igualdad, siempre y cuando cumplan las calidades exigidas por las leyes y, siendo que por dichas calidades deben entenderse méritos y capacidades, resulta claro que la norma es inconstitucional, pues el adquirir la nacionalidad por naturalización o tener doble y hasta múltiple nacionalidad no es un elemento que pueda influir en méritos o capacidades de una persona.

• El legislador local incorporó el requisito de nacionalidad mexicana por nacimiento para acceder a la titularidad de la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral Local, cargo que no está previsto en el catálogo de puestos públicos para los que la Constitución General requiere la referida calidad, lo cual, quiere decir, que lo dispuesto por el legislador no encuentra sustento constitucional, ya que carece de habilitación para establecer tal calidad.

• El Congreso oaxaqueño al establecer en el precepto normativo impugnado el requisito de nacionalidad mexicana por nacimiento, actuó sin estar habilitado constitucionalmente para ello, pues como se precisó supra los Congresos Locales no cuentan con la facultad para determinar los cargos públicos en los que se deba satisfacer tal exigencia, por lo que éstos no pueden, en ningún caso, prever ese requisito para acceder a otros cargos distintos a los que emanan por mandato de la Constitución.

• 2. Requisitos de no haber sido inhabilitado para el ejercicio del servicio público y no haber sido condenado con pena privativa de libertad, excepto por delito culposo

• Aducen que las normas impiden de manera injustificada que las personas accedan a la titularidad de la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral oaxaqueño, cuando hayan sido inhabilitadas para el ejercicio del servicio público o condenadas con pena privativa de libertad, excepto por delito culposo (en este supuesto se advierte que se refiere a la comisión de delitos dolosos); en ambos casos, aun cuando ya compurgaron la pena o sanción impuesta por las faltas y/o delitos cometidos.

• Refiere que no pasa por alto que el requisito previsto en el artículo 20, fracción IX, en la porción normativa controvertida, se ajusta a lo previsto en el último párrafo del artículo 21 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; sin embargo, ello no implica necesariamente que el indicado mandato constitucional local sea respetuoso del parámetro de regularidad constitucional a la luz del cual debe confrontarse su validez.

• Las disposiciones normativas limitan de forma genérica los derechos de las personas que fueron inhabilitadas en el servicio público, o bien, aquellas sentencias por cualquier delito doloso, sin considerar si las conductas sancionadas de que se trate se relacionan o no con las funciones que deban desempeñarse una vez que asuman el cargo en cuestión.

• No es constitucionalmente válido que se impida el acceso al desempeño del servicio público a las personas que hayan sido sentenciadas con pena privativa de la libertad por un delito doloso, o que hubieren sido sancionadas con inhabilitación en el servicio público por la comisión de una falta administrativa o por un delito, una vez que cumplieron con la temporalidad de la misma, dado que tales medidas se traducen en una exclusión injustificada y discriminatoria para las personas que se encuentren en esa condición social y/o jurídica que les impide ejercer su derecho a la libertad de trabajo y, en específico, a ocupar un cargo público.

• Agrega que para que una restricción de esa naturaleza sea válida, deben examinarse las funciones y obligaciones que tiene a cargo el puesto correspondiente y, una vez hecho lo anterior, señalar con precisión únicamente las conductas ilícitas que se encuentran estrechamente vinculada con el empleo en cuestión.

• Las exigencias reclamadas previstas en las disposiciones normativas impugnadas no atienden a casos concretos y permiten que se impida a una persona desempeñar con el carácter de titular de la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral oaxaqueño aun cuando las conductas infractoras que cometió en el pasado no guarden relación con las funciones a desempeñar, de manera que es inconcuso que las normas resultan sobreinclusivas.

• Lo anterior, porque el requisito previsto en la fracción VIII del artículo cuestionado, relativo a no haber sido inhabilitado en el ejercicio del servicio público, establece de forma genérica y absoluta que no podrán aspirar a ejercer la titularidad de la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral Local a todas aquellas personas que se encuentren en dicho supuesto, sin importar el tipo de falta que dio lugar a la referida sanción, así como tampoco la temporalidad impuesta, si la cumplió recientemente o hace mucho tiempo, lo cual constituye un requisito injustificado, pues ello no significa que dichas personas no sean aptas para desempeñarse en el cargo de mérito.

• Considera que la norma impugnada constituye una restricción al acceso de empleo público, que excluye por igual y de manera genérica a cualquier persona que haya sido inhabilitada por cualquier vía, razón o motivo y, en cualquier momento, considerando que la prescripción normativa abarca un gran número de posibles hipótesis normativas que impiden, incluso, valorar si los mismos tienen realmente una relación directa con las capacidades necesarias para el desempeño de las funciones de la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral oaxaqueño.

• La norma que establece el requisito relacionado con haber recibido la sanción de inhabilitación para el ejercicio del servicio público, pudiera resultar constitucionalmente admisible sólo si se acotara a que la persona se encuentre en ese momento cumpliendo con la sanción; de otra forma, al exigir que no haya sido inhabilitada en el pasado, la disposición extendería la consecuencia impuesta por haber incurrido en un ilícito concerniente al régimen de responsabilidades administrativas o por hechos de corrupción.

• Por el contrario, este tipo de exigencias coloca en una condición social determinada e inferior con respecto a otros integrantes de la sociedad, a cualquier persona que ha sido sancionada con una inhabilitación, y se les excluye indefinidamente y de por vida de la posibilidad de acceder al empleo público referido en la norma impugnada.

• El precepto normativo provoca un efecto inusitado y transcendente a cualquier inhabilitación impuesta en el pasado de una persona, comprometiéndose de forma indirecta la prohibición establecida en el artículo 22 constitucional, en tanto que las sanciones impuestas a una persona en un determinado tiempo adquieren un efecto de carácter permanente durante toda su vida.

• Ahora bien, por cuanto hace a lo previsto en la porción impugnada de la fracción IX del artículo 20 de la ley de mérito, establece que las personas que pretendan acceder a la titularidad de la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral oaxaqueño no deben haber sido condenadas con pena privativa de libertad, exceptuando por delito culposo, con lo cual se deduce que se refiere a aquellas condenadas por la comisión de delitos dolosos.

• La disposición desborda su objetivo y termina por excluir a las personas que pretenden reinsertarse a la sociedad, tras haber compurgado una pena por la comisión de conductas delictivas, con base en su situación social y/o jurídica de haber sido sujetos de una pena, sin que la conducta delictiva se encuentre vinculada con las funciones a desempeñar en el cargo de mérito.

• Agrega que ambos de los requisitos cuestionados guardan similitud en cuanto a que están configurados de tal forma general y amplia que resultan claramente sobreinclusivos, lo cual provoca, en los dos casos, un escenario absoluto de prohibición que impide acceder, en condiciones de plena igualdad, al mencionado cargo a personas que en el pasado fueron sancionadas en tales términos, sin que ello permita justificar, en cada caso y con relación a la función en cuestión, la probable afectación a la eficiencia o eficacia del puesto o comisión a ejercer, sobre todo, tratándose de sanciones que pudieron ya haber sido ejecutadas o cumplidas.

• Los requisitos contenidos en el artículo impugnado resultan discriminatorios por generar una distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria e injusta para ocupar el cargo ya referido, además de propiciar un supuesto de discriminación por motivos de condición social, pues dicha distinción tiene como efecto obstaculizar el ejercicio de derechos en igualdad de condiciones de aquellas personas que buscan reintegrarse socialmente mediante el desempeño de un servicio público.

• No pasa inadvertido que el artículo 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución Federal prevé el requisito de no haber sido condenado por delito doloso para ocupar la titularidad del organismo descentralizado federal, encargado de la función conciliatoria entre las diferencias de los trabajadores y patrones. Sin embargo, como se advierte claramente de la lectura del Texto Supremo, dicha exigencia sólo tiene sustento constitucional para el caso de la instancia respectiva del orden federal, y no para las locales.

• En ese sentido, aunque el Poder Reformador de la Constitución estimó pertinente definir algunos de los requisitos que debe reunir la persona titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en la propia Norma Fundamental, ello no puede hacerse extensivo a quien ocupe el cargo homólogo en la instancia conciliatoria correspondiente en las entidades federativas, porque de establecerlo resultará inconstitucional por transgredir diversos derechos fundamentales reconocidos en parámetro de regularidad constitucional.

• Esta Comisión Nacional estima que los requisitos contenidos en las fracciones VIII y IX, del artículo 20 de la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Oaxaca, debe ser analizado a la luz de la proscripción constitucional de hacer distinciones entre las personas que han sido condenadas penal o administrativamente y aquellas que no tienen antecedentes penales y/o administrativos.

• El legislador local realizó una distinción injustificada en perjuicio de las personas que fueron sentenciadas por la comisión de algún delito doloso que hubiere ameritado pena privativa de la libertad, o por infracciones administrativas que les impide ocupar titularidad del cargo público referido, en desigualdad de circunstancias que aquellos que no se encuentran en esa situación.

Test de escrutinio ordinario de proporcionalidad

• Los preceptos normativos impugnados podrían cumplir con el primer requisito de escrutinio, pues buscan generar las condiciones propicias para que quien acceda a la titularidad de la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Oaxaca tenga el perfil necesario para el desempeño de las funciones del cargo, es decir, que sea recto, probo, honorable, entre otras cualidades, que el legislador local pudo estimar que no los reúnen las personas que fueron condenadas con una pena privativa de libertad o que han sido inhabilitadas como servidoras públicas.

• Respecto a la segunda grada de escrutinio, se considera que las medidas legislativas establecidas por el legislador oaxaqueño no tienen relación directa, clara e indefectible para el necesario cumplimiento del fin constitucionalmente válido de contar con servidoras y servidores públicos adecuados y eficientes. • Lo anterior, porque no existe base objetiva para determinar que una persona sin antecedentes de responsabilidad penal o administrativa, ejercerá las funciones correspondientes al cargo con rectitud, probidad y honorabilidad o que las personas que sí se encuentren en tal supuesto per se no ejercerán sus labores de forma adecuada, o que carezcan de tales valores, ni mucho menos que no tengan la aptitud necesaria para cumplir con sus funciones con eficiencia, competencia o conocimiento.

• En relación con la indicada exigencia, debe considerarse que el hecho de que una persona haya sido condenada por la comisión de algún delito forma parte de su vida privada, de su pasado y su proyección social; por ello, no es dable que por esa razón se les impida participar activamente en los asuntos que le atañen a su comunidad, como lo es el desempeñarse en un cargo público como titular de la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral oaxaqueño.

• El requisito de no haber sido inhabilitado en el servicio público, tampoco supera esta segunda grada, ya que tal exigencia no garantiza que la persona aspirante a desempeñarse como titular de la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral oaxaqueño lleve a cabo su labor en condiciones de eficiencia, eficacia y honradez que persigue el legislador.

• Ello, puesto que el haber sido sancionado por ese tipo de conductas en el pasado no necesariamente tiene impacto directo, claro e indefectible en el cumplimiento de esa finalidad constitucional a la que hizo referencia anteriormente, ya que ese antecedente puede no incidir de forma directa e inmediata en la capacidad funcional para ejecutar de manera eficaz y eficiente el respectivo empleo.

• Así, si se reconoció la responsabilidad administrativa o penal de una persona, esto no determina que, de ahí en adelante, la misma se encuentra impedida para realizar sus funciones adecuadamente, con apego a los principios que rigen el servicio público en nuestro país.

• En consecuencia, no se advierte que las disposiciones normativas controvertidas tengan una conexión directa con el cumplimiento del fin constitucionalmente válido que persiguió el legislador local, por lo que es claro que los requisitos de mérito se traducen en medidas que atentan contra el derecho de igualdad.

• Resulta innecesario verificar que se cumpla con el resto del escrutinio, pues es inconcuso que los preceptos normativos controvertidos contradicen el parámetro de regularidad constitucional.

Cuestiones relativas a los efectos

• La Comisión accionante solicita que de ser tildados de inconstitucionales los preceptos combatidos, se extiendan los efectos a todas aquellas normas que estén relacionadas.

5. Admisión y trámite. Mediante proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, bajo el número 138/2021 y, por razón de turno, designó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para que actuara como instructor en el procedimiento.

6. Por acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Oaxaca, para que rindieran sus respectivos informes y remitieran los documentos necesarios para la debida integración del expediente; a la Fiscalía General de la República para que hasta antes del cierre de instrucción, manifestara lo que a su representación correspondiera; así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que de considerar que la materia del juicio trasciende a sus funciones constitucionales, manifestara lo que a su esfera competencial conviniera, hasta antes del cierre de la instrucción.

7. Certificación. El tres de noviembre de dos mil veintiuno, la Secretaría de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, certificó que el plazo de quince días concedido al Poder Legislativo para rendir su informe respectivo transcurriría del veinte de octubre al once de noviembre de dos mil veintiuno, mientras que el plazo para el Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Oaxaca, transcurriría del veintidós de octubre al dieciséis de noviembre de la misma anualidad.

8. Informe del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca. Mediante escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Congreso del Estado de Oaxaca, por conducto del diputado Fredie Delfín Avendaño, en su carácter de presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura Constitucional del H. Congreso del Estado de Oaxaca, rindió el informe que le fue requerido, manifestando en esencia lo siguiente:

- Refiere que con la emisión del Decreto 2573, por el cual se expidió la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Oaxaca, no se viola disposición alguna contenida en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales.

- Señala que deviene improcedente la solicitud de invalidez del artículo 20, fracciones I, en la porción normativa "por nacimiento", VIII, en la porción normativa "no haber sido inhabilitado para el ejercicio del servicio público", IX, en la porción normativa "y no haber sido condenado con pena privativa de libertad, excepto por delito culposo", de la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Oaxaca, toda vez que la citada disposición da certeza legal en cuanto a los requisitos de elegibilidad del titular de la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Oaxaca, de donde se advierte que no vulnera ninguna disposición constitucional ni convencional.

- Agrega que no se quebranta ninguna parte de los artículos 1o., 5o., 14, 16, 32 y 35, fracción IV, de la Norma Fundamental; 1, 2, 9, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

- Resulta incorrecto que la LXIV Legislatura Constitucional del H. Congreso del Estado de Oaxaca, lesione los derechos de seguridad jurídica; igualdad y prohibición de discriminación; acceso a un cargo en el servicio público; libertad de trabajo y de legalidad.

- Refiere que la Suprema Corte es competente para conocer del presente medio de impugnación, por lo que es oportuna la presentación de la demanda de acción de inconstitucionalidad, asimismo, se actualiza la legitimación activa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, es dable reiterar que resulta infundada la pretensión de invalidez de la norma impugnada, pues no vulnera ninguna disposición constitucional ni convencional.

- Manifiesta que resultan inoperantes e infundados los conceptos de invalidez formulados por la promovente, toda vez que la Legislatura cumple con el mandato constitucional contenido en el decreto por el que se determinó reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Federal en materia de justicia laboral y se hace una armonización con la reforma constitucional referida, al haberse adicionado los artículos 590-E y 590-F a la Ley Federal del Trabajo, que a saber, regulan los lineamientos para la integración y funcionamiento de los centros de conciliación de las entidades federativas.

- Por lo que en sintonización con las reformas y adiciones indicadas, se procedió a la emisión del Decreto 2573, por el que se expidió la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Oaxaca, con la finalidad de definir la organización, funcionamiento y atribuciones del Centro de Conciliación Laboral, para contar con un centro en el que puedan conciliar patrones y trabajadores para la oportuna solución de sus conflictos.

- Sustenta lo anterior, lo determinado en el considerando noveno del dictamen con proyecto de decreto de la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Oaxaca, que literalmente establece lo siguiente:

"Que siendo el Centro de Conciliación Laboral un organismo descentralizado de la administración pública estatal, se busca definir la organización, funcionamiento y atribuciones de dicho centro, de su Junta de Gobierno y de su director general; así como el patrimonio del mismo.

"Lo anterior, con la finalidad de que los ciudadanos, en específico, el gran binomio de los factores de la producción: patrones y trabajadores, puedan contar con un centro que brinde servicio público para la conciliación de sus conflictos, que les garantice una justicia local pronta y expedita ..."

- Agrega que el artículo 20 impugnado, al regular los requisitos de elegibilidad del titular de la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Oaxaca, observa el principio de certeza jurídica y legalidad, a que se contrae en los artículos 14 y 16 constitucionales.

9. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Mediante escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil veintiuno ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por conducto del Maestro José Octavio Tinajero Zenil, consejero jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, rindió el informe correspondiente; sin embargo, de conformidad con la certificación aludida en el párrafo 8, éste fue presentado de manera extemporánea.

10. Alegatos. Mediante oficio presentado el trece de diciembre de dos mil veintiuno, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos formuló los alegatos que estimó convenientes.

11. Pedimento de la Fiscalía General de la República. Esta representación no form

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31407-dedcf79f/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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