I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY NÚMERO 207 DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SE DEBE PERSEGUIR UNA IGUALDAD JURÍDICA, TRADUCIDA EN LA SEGURIDAD DE NO TENER QUE SOPORTAR UN PERJUICIO O PRIVARSE DE UN BENEFICIO DE FORMA DESIGUAL E INJUSTIFICADA (ARTÍCULO 62 BIS, FRACCIÓN III, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO DOLOSO QUE AMERITE PENA DE PRISIÓN", DE LA LEY NÚMERO 207 DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO). IV. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. PARA DETERMINAR SI UNA DISTINCIÓN RESULTA OBJETIVA Y RAZONABLE, DEBERÁ EFECTUARSE UN ESTUDIO CUYA INTENSIDAD DEPENDERÁ DEL OBJETO DE LA LITIS (ARTÍCULO 62 BIS, FRACCIÓN III, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO DOLOSO QUE AMERITE PENA DE PRISIÓN", DE LA LEY NÚMERO 207 DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO). V. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ESCRUTINIO ORDINARIO QUE REVELA UNA DISTINCIÓN ENTRE LAS PERSONAS CONDENADAS POR DELITO DOLOSO QUE AMERITE PRISIÓN Y AQUELLAS QUE NO, EN RELACIÓN CON LA POSIBILIDAD DE SER NOMBRADAS TITULARES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL GARANTE LOCAL DE LA TRANSPARENCIA (ARTÍCULO 62 BIS, FRACCIÓN III, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO DOLOSO QUE AMERITE PENA DE PRISIÓN", DE LA LEY NÚMERO 207 DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO). VI. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE SER UNA PERSONA NO CONDENADA POR DELITO DOLOSO QUE AMERITE PENA DE PRISIÓN PARA SER TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL ÓRGANO GARANTE LOCAL DE LA TRASPARENCIA VIOLA EL DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 62 BIS, FRACCIÓN III, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO DOLOSO QUE AMERITE PENA DE PRISIÓN", DE LA LEY NÚMERO 207 DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO). VII. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE CONTAR CON RECONOCIDA SOLVENCIA MORAL PARA SER TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL ÓRGANO GARANTE LOCAL DE LA TRASPARENCIA VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 62 BIS, FRACCIÓN VII, DE LA LEY NÚMERO 207 DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO). VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 62 BIS, FRACCIONES III, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO DOLOSO QUE AMERITE PENA DE PRISIÓN" Y VII, DE LA LEY NÚMERO 207 DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 175/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIOS: LUIS ALBERTO TREJO OSORNIO Y CLAYDE A. SALDÍVAR ALONSO.
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Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión correspondiente al veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, por el que se emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 175/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante CNDH), en contra del Decreto Número 860, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el viernes quince de octubre de dos mil veintiuno, específicamente, el artículo 62 Bis, fracciones III, en la porción normativa "y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión", y VII, cuyo texto se transcribe a continuación:
"Artículo 62 Bis. Para ser titular del Órgano Interno de Control se deberán cubrir los siguientes requisitos: ...
"III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión; ...
"VII. Contar con reconocida solvencia moral."
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación del escrito inicial por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Mediante escrito depositado en el buzón judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, María del Rosario Piedra Ibarra, en su calidad de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante CNDH), promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del artículo 62 Bis, fracciones III, en la porción normativa "y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión", y VII, de la Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, expedido mediante Decreto Número 860, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el quince de octubre de dos mil veintiuno.
2. Conceptos de invalidez. En su demanda, la Comisión accionante alegó vulnerados los artículos 1o., 5o., 14, 16 y 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 9, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2, 25 y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; y, al respecto, expuso los siguientes conceptos de invalidez:
a. Arguye que el artículo 62 Bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero contiene diversos requisitos para ser titular del Órgano Interno de Control del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de esa entidad federativa, de los cuales dos son inconstitucionales: primero, el contenido en la segunda parte de la fracción III, consistente en "no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión"; y segundo, el inmerso en la fracción VII, consistente en la exigencia de "contar con reconocida solvencia moral".
b. En cuanto al artículo 62 Bis, fracción III, impugnado, la Comisión accionante considera que el requisito consistente en "no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión" está redactado en una forma tan amplia y genérica que impide, en términos absolutos, desproporcionados e injustificados, que las personas que se encuentren en esa situación desempeñen tal cargo, aun cuando la pena impuesta ya haya sido cumplida y la conducta infractora no se relacione estrechamente con las funciones a desempeñar, lo que resulta contrario a los derechos de igualdad y no discriminación, así como a la libertad de trabajo y el derecho a ocupar un cargo público.
c. La accionante considera que, para que una restricción de esa naturaleza sea válida, deben examinarse las funciones y las obligaciones del cargo y señalarse con precisión únicamente las conductas reprochables que se encuentren estrechamente vinculadas con el empleo en cuestión; lo que en el caso no acontece porque la titularidad del Órgano Interno de Control se vincula con actividades de fiscalización, investigación y rendición de cuentas, mientras que el requisito impugnado excluye de forma sobreinclusiva a todas las personas que hayan sido condenadas por un delito doloso, aun cuando el hecho ilícito no se relacione directamente con la probable afectación a la eficiencia o la eficacia del puesto a ejercer, sobre todo, tratándose de sanciones ya cumplidas.
d. Si bien podría pensarse que la porción normativa impugnada pretende exigir cierta probidad y honestidad de las personas que aspiren a ocupar el cargo, lo cierto es que desborda su objetivo y termina por excluir a quienes pretenden reinsertarse a la sociedad, tras haber compurgado una pena. Aunado a esto, no es válido que el legislador recurra a cuestiones morales o prejuicios sociales, dado que el requisito cuestionado sólo estigmatiza a quien ha cometido un delito, presumiendo que seguirá delinquiendo, y genera una doble sanción: la impuesta por la comisión del delito y el reproche posterior mediante la limitación de sus derechos. Asimismo, el hecho de que una persona haya sido condenada forma parte de su vida privada, de su pasado y su proyección social, por lo que no es dable impedirles participar activamente en su comunidad, mediante el servicio público.
e. La Comisión Nacional considera que la norma impugnada establece un régimen diferenciado entre las personas que fueron condenadas por un delito doloso que amerite pena de prisión y aquellas que no, por lo que propone su análisis bajo un escrutinio ordinario de proporcionalidad, por no tratarse de una distinción basada en una categoría sospechosa.
Al respecto, aunque estima que la norma podría perseguir una finalidad constitucionalmente válida, a saber, contar con un perfil adecuado para el desempeño de la función pública en cuestión, lo cierto es que no existe una relación indefectible de instrumentalidad entre la medida legislativa y el citado fin, toda vez que no hay una base objetiva para determinar que una persona sin antecedentes penales ejercerá las funciones en forma adecuada o, en sentido inverso, que quienes se encuentren en tal supuesto no cumplirán cabalmente con las funciones correspondientes. Consecuentemente, la norma es discriminatoria por generar una diferenciación injustificada.
f. Por otra parte, respecto del artículo 62 Bis, fracción VII, controvertido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que el requisito consistente en "contar con reconocida solvencia moral" vulnera el derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad, ya que este término está redactado en una forma indeterminada, muy amplia, ambigua e imprecisa, de manera que se permite un alto grado de subjetividad, discrecionalidad y arbitrariedad de la autoridad encargada de calificar el cumplimiento de este requisito, quien evidentemente realizará ese análisis partiendo de lo que ésta considera como aceptable, relevante o adecuado respecto a un estilo de vida, modo de pensar, postura ideológica, entre muchos otros aspectos.
En este sentido, cualquier circunstancia podría ser considerada como un elemento capaz de mermar o perjudicar la reputación o renombre de una persona, a juicio de otra, en tanto no existe una moralidad reconocida y aceptable que dé significado unívoco para todos, sobre lo que se considera bueno o malo, admisible o aceptable, grave o intrascendente.
g. Por tanto, la norma otorga un trato diferenciado que redunda en la discrecionalidad a cargo de la autoridad aplicadora, en perjuicio de quienes quieran aspirar al cargo de titular del Órgano Interno de Control.
3. Admisión y trámite. Por acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibido el escrito de demanda y sus anexos; ordenó formar el expediente físico y electrónico de la presente acción de inconstitucionalidad bajo el número 175/2021 y lo turnó al Ministro Luis María Aguilar Morales para que fungiera como instructor del procedimiento.
4. El veintiséis de noviembre siguiente, el Ministro instructor acordó admitir el escrito inicial de la Comisión accionante; ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Guerrero, a efecto de que rindieran sus informes; y, finalmente, dio vista a la Fiscalía General de la República (en adelante FGR) y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.
5. Informe del Poder Legislativo del Estado de Guerrero. Mediante escrito depositado en el buzón judicial de este Alto Tribunal el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guerrero, en representación del Poder Legislativo de la entidad, rindió el informe correspondiente en los términos siguientes:
a. El legislador local atendió a una preocupación social, en aras de recuperar y alentar la confianza de los habitantes del Estado en las instituciones, por lo que se considera que el artículo cuestionado constituye una medida legislativa razonable, en atención a los fines que persigue, particularmente, los atinentes a la legalidad, la honradez, la certeza, la objetividad, el profesionalismo, la independencia, la imparcialidad, la equidad y la eficiencia en su actuación.
b. Los artículos 1o., párrafo primero y 39, fracción III, de la Constitución General, así como 46 del Código Penal Federal, establecen los supuestos en que los derechos políticos o las prerrogativas de los ciudadanos pueden ser suspendidos, entre los que se encuentran, la extinción de una pena corporal. De igual forma, el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos autoriza a los Estados Parte a restringir los derechos políticos, por razón de una condena por Juez competente.
6. Por acuerdo de doce de enero de dos mil veintidós, el Ministro instructor tuvo a la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guerrero rindiendo el informe solicitado al Poder Legislativo de la entidad y ordenó correr traslado a la accionante, así como a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal.
7. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero. Mediante escrito depositado en la oficina de correos de la localidad el doce de enero de dos mil veintidós y recibido en la Oficina de Certificación y Correspondencia de este Alto Tribunal el veintiuno siguiente, el consejero jurídico del Estado de Guerrero, en representación del Poder Ejecutivo de la entidad, rindió el informe correspondiente en los términos siguientes:
a. El Poder Ejecutivo actuó en estricto cumplimiento al artículo 91, fracción II, de la Constitución Estatal, que ordena la promulgación y la publicación de las leyes y los decretos que expida el Congreso de la entidad.
b. La norma impugnada se justifica porque a las personas que aspiren a un cargo público se les debe pedir probidad, un comportamiento moralmente aceptable, honestidad y rectitud, lo que se pone en duda cuando han sido condenadas por delito doloso.
c. Aunado a lo anterior, la norma puede ser entendida como aplicable para las personas condenadas sólo durante el tiempo que dure la pena, porque es cuando sus derechos políticos se encuentran suspendidos.
d. De los artículos 28, 95, 102 y 103 de la Constitución General, se desprende que la Ley Fundamental prevé para ocupar diversos cargos públicos, entre otros requisitos, no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión. De igual forma, los artículos 96, fracción IV y 111, fracción III, de la Constitución Estatal, exigen no haber sido objeto de condena por delito doloso para ser consejero del órgano garante local.
e. Inclusive, el artículo 9 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece que, para la elección del presidente del organismo, se deberán reunir, entre otros requisitos, no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión.
8. Por acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, el Ministro instructor tuvo al consejero jurídico del Estado de Guerrero rindiendo el informe solicitado al Poder Ejecutivo de la entidad; y ordenó correr traslado a la accionante, así como a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal; asimismo, puso los autos a la vista de las partes para que, en el plazo legal, formularan por escrito sus alegatos.
9. Pedimento de la Fiscalía General de la República y manifestaciones de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. Ninguna de dichas instituciones emitió opinión en el presente asunto.
10. Alegatos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Mediante oficio depositado en el buzón judicial de este Alto Tribunal el once de febrero de dos mil veintidós, la delegada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos formuló alegatos en los términos siguientes:
a. En relación con la refutación de los conceptos de invalidez realizada por el Poder Legislativo Estatal señaló que parten de la premisa equivocada de que toda persona que fue condenada por un delito doloso no será idónea para desempeñar un cargo público, al presuponer que carece de honradez, rectitud, profesionalismo, imparcialidad, objetividad, eficiencia y legalidad en su actuación.
b. Conforme a la jurisprudencia de este Alto Tribunal, las calidades requeridas para el acceso a un cargo se refieren a cuestiones que son inherentes a la persona y no así a aspectos extrínsecos a ésta. En otras palabras, las calidades necesarias apuntan a los requisitos que estén directamente relacionados con el perfil idóneo para el desempeño de la respectiva función, lo que exige criterios objetivos y razonables que eviten discriminar.
c. En relación con la refutación de los conceptos de invalidez realizada por el Poder Ejecutivo Estatal indicó que la accionante no esgrimió argumento alguno sobre la falta de competencia del Ejecutivo Local para promulgar y publicar la norma general y, en todo caso, aunque la autoridad estatal hubiera expedido la norma en cumplimiento a sus atribuciones, esto no implica que su contenido sea constitucional.
d. Aunado a lo anterior, el procedimiento legislativo que dio origen a la norma controvertida no puede concebirse de manera aislada en función de sus etapas, sino como una unidad indisoluble, de ahí que no se impugnaron cada uno de los actos que lo integran en lo particular.
e. Asimismo, el artículo 61, fracción II, de la ley reglamentaria establece, como requisito formal de la demanda, el señalamiento de los órganos legislativo y ejecutivo que hubieren emitido y promulgado la norma, de ahí que la autoridad estatal debe rendir su informe con las razones y los fundamentos tendentes a sostener la validez de la norma general impugnada.
f. Por otro lado, si la configuración de la norma admitiera como único supuesto de restricción que sólo las personas que aún no extinguen su pena no tendrán acceso al cargo, entonces, sería constitucionalmente válida, pues es el momento en que efectivamente están privadas de su libertad y existe imposibilidad física para desempeñar el trabajo en cuestión; sin embargo, esta lectura no se actualiza en el caso concreto, pues la norma sobre inclusivamente engloba a quienes ya cumplieron la pena impuesta.
g. Si bien la Ley Fundamental prevé como requisito para ocupar algunos cargos públicos "no haber sido sancionado por delito doloso que amerite pena de prisión", tales exigencias sólo son aplicables para los empleos a los que se refieren las normas constitucionales, sin que pueda hacerse extensible a otros puestos. Por otra parte, no es admisible referir normas constitucionales locales para defender la validez del precepto impugnado.
11. Cierre de la instrucción. Por auto de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, el Ministro instructor tuvo por recibidos los alegatos presentados por la delegada de la Comisión accionante y, toda vez que había transcurrido el plazo legal concedido para tal efecto, cerró instrucción para elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
12. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g),(1) de la Constitución General; 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(2) (en adelante ley reglamentaria); y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) toda vez que se planteó la posible contradicción entre la Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero y la Constitución General, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
13. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de nueve votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Laynez Potisek, Pérez Dayán y presidente Zaldívar Lelo de Larrea.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS
14. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73,(4) en relación con el 41, fracción I,(5) ambos de la ley reglamentaria, deben precisarse las normas reclamadas. En la presente acción de inconstitucionalidad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó el artículo 62 Bis, fracciones III, en la porción normativa "y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión", y VII, de la Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, cuyo texto se transcribe a continuación subrayando las porciones efectivamente impugnadas:
"Artículo 62 Bis. Para ser titular del Órgano Interno de Control se deberán cubrir los siguientes requisitos:
"...
"III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión; ...
"VII. Contar con reconocida solvencia moral."
15. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de nueve votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Laynez Potisek, Pérez Dayán y presidente Zaldívar Lelo de Larrea.
III. OPORTUNIDAD
16. Conforme al artículo 60, párrafo primero,(6) de la ley reglamentaria, el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente. Asimismo, dicho precepto dispone que si el último día del plazo fuera inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
17. En este caso, el Decreto Número 860, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad el viernes quince de octubre de dos mil veintiuno, por lo que el plazo comenzó el dieciséis de octubre y feneció el domingo catorce de noviembre, ambos de dos mil veintiuno.
18. Por tanto, en el presente caso, cobra aplicación lo dispuesto en la última parte del párrafo primero del artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia, consistente en que si el último día del plazo fuera inhábil, la demanda podrá presentarse oportunamente el primer día hábil siguiente; así, si el domingo catorce de noviembre (último día del plazo legal), así como el día natural siguiente, el lunes quince de noviembre, resultaron inhábiles, en términos del artículo 143(7) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el punto primero, inciso c),(8) del Acuerdo General Plenario 18/2013, de diecinueve de noviembre de dos mil trece, en relación con el artículo 74, fracción VI,(9) de la Ley Federal del Trabajo, entonces, la fecha máxima para presentar la demanda de manera oportuna fue el martes dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. 19. Consecuentemente, si la demanda fue depositada en el buzón judicial de este Alto Tribunal, precisamente, el martes dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, primer día hábil siguiente al último del plazo, entonces, es evidente que su presentación fue oportuna.
20. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de nueve votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Laynez Potisek, Pérez Dayán y presidente Zaldívar Lelo de Larrea.
IV. LEGITIMACIÓN
21. La acción fue promovida por parte legitimada, pues de conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución General, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentra legitimada para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de las entidades federativas que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución General y en los tratados internacionales de los que México sea Parte.
22. En el presente caso, la accionante alega, en términos generales, que la norma impugnada vulnera los derechos de igualdad y prohibición de discriminación, acceso a un cargo en el servicio público, derecho a la seguridad jurídica y a la libertad de trabajo, reconocidos en los artículos 1o., 5o., 14, 16 y 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 9, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2, 25 y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; consecuentemente, se actualiza el supuesto previsto en el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución General.
23. Por otra parte, el artículo 11, párrafo primero,(10) de la ley reglamentaria, aplicable a las acciones de inconstitucionalidad, por virtud del diverso 59(11) del mismo ordenamiento, dispone que las partes deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
24. En el presente caso, la demanda fue suscrita por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cargo que acredita con una copia certificada de su nombramiento, expedido por la Mesa Directiva del Senado de la República el doce de noviembre de dos mil diecinueve, por un periodo de cinco años, que comprende del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve al quince de noviembre de dos mil veinticuatro.
25. Por su parte, el artículo 15, fracciones I y XI,(12) de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dispone como facultad del presidente de la Comisión Nacional ejercer su representación legal y, específicamente, promover las acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter estatal que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea Parte.
26. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de nueve votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Laynez Potisek, Pérez Dayán y presidente Zaldívar Lelo de Larrea.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
27. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia ni motivo de sobreseimiento. Este Pleno de oficio tampoco advierte que se actualice alguna, por lo que procede realizar el estudio de fondo.
28. No pasan inadvertidas las manifestaciones rendidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero en su informe, en cuanto a que actuó en estricto cumplimiento al artículo 91, fracción II,(13) de la Constitución Estatal, que ordena la promulgación y la publicación de las leyes y los decretos que expida el Congreso de la entidad.
29. Sin embargo, es criterio consolidado de este Alto Tribunal que dicho argumento no encuentra cabida en alguna de las causales previstas en el artículo 19(14) de la ley reglamentaria, aplicable en materia de acciones de inconstitucionalidad, por virtud del diverso 65(15) del mismo ordenamiento, pues al tener injerencia en el proceso legislativo de las normas generales para otorgarle plena validez y eficacia, el Poder Ejecutivo Local se encuentra invariablemente implicado en la emisión de la norma impugnada, por lo que debe responder por la conformidad de sus actos frente a la Constitución General de la República.(16)
30. Por tanto, al no haberse hecho valer alguna causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento diverso al analizado ni advertirse de oficio alguna por este Alto Tribunal, se procede al estudio de los conceptos de invalidez planteados.
31. Estas consideraciones son vinculantes al haberse aprobado por unanimidad de nueve votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Laynez Potisek, Pérez Dayán y presidente Zaldívar Lelo de Larrea.
VI. ESTUDIO DE FONDO
32. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuestiona la constitucionalidad del artículo 62 Bis, fracciones III, en la porción normativa "y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión", y VII, de la Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, cuyo texto se transcribe a continuación:
"Artículo 62 Bis. Para ser titular del Órgano Interno de Control se deberán cubrir los siguientes requisitos:
"...
"III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión; ...
"VII. Contar con reconocida solvencia moral."
33. Como se puede apreciar, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugna dos requisitos necesarios para acceder a la titularidad del Órgano Interno de Control del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero. El primero de ellos consiste en "no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión" y, el segundo, en "contar con reconocida solvencia moral".
34. Ambos requisitos se traducen en una barrera de acceso a la función pública del Estado; sin embargo, la Comisión accionante los cuestiona por dos motivos distintos.
35. Por lo que hace al artículo 62 Bis, fracción III, la Comisión accionante considera que el requisito consistente en "no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión" está redactado en una forma tan amplia y genérica que impide en términos absolutos, desproporcionados e injustificados que las personas que se encuentren en esa situación desempeñen tal cargo, aun cuando la pena impuesta ya haya sido cumplida y la conducta infractora no se relacione estrechamente con las funciones a desempeñar, lo que resulta contrario a los derechos de igualdad y no discriminación, así como a la libertad de trabajo y el derecho a ocupar un cargo público.
36. Por otra parte, respecto del artículo 62 Bis, fracción VII, controvertido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que el requisito consistente en "contar con reconocida solvencia moral" vulnera el derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad, ya que este término está redactado en una forma indeterminada, muy amplia, ambigua e imprecisa, de manera que se permite un alto grado de subjetividad, discrecionalidad y arbitrariedad de la autoridad encargada de calificar el cumplimiento de este requisito, quien evidentemente realizará ese análisis partiendo de lo que ésta considera como aceptable, relevante o adecuado respecto a un estilo de vida, modo de pensar, postura ideológica, entre muchos otros aspectos.
37. De este modo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugna dos requisitos para acceder a la función pública, a partir de distintos enfoques y por diversos vicios de validez. En este sentido, para una mejor precisión expositiva, y por cuestiones metodológicas, el estudio del fondo de esta acción se realizará en dos apartados distintos, atendiendo a cada uno de los requisitos impugnados.
VI.1 Requisito consistente en no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión. Análisis del artículo 62 Bis, fracción III.
38. Como se refirió en páginas anteriores, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostiene que el requisito consistente en "no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión" resulta contrario a los derechos de igualdad y no discriminación, así como a la libertad de trabajo y el derecho a ocupar un cargo público.
39. Lo anterior porque, cuando se establece un requisito de acceso a la función pública, el legislador debe ser cuidadoso de no emitir una norma discriminatoria ni contraria a los derechos humanos. Además, los requisitos de acceso a cargos públicos deben guardar relación con las características y funciones del cargo, de manera que no se trate de restricciones genéricas, irrazonables o arbitrarias.
40. En este caso, la Comisión accionante estima que este requisito no cumple con esa finalidad, ya que el cargo de titular del Órgano Interno de Control del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero cumple una función vinculada con actividades de fiscalización, investigación y rendición de cuentas, mientras que el requisito impugnado excluye de forma sobreinclusiva a todas las personas que
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31081-93611ee5/i-accion-de-inconstitucionalidad-legitimacion-de-la-comision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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