I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY QUE ESTABLECE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TAMAULIPAS). II. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ESTE PRINCIPIO PERSIGUE UNA IGUALDAD JURÍDICA, TRADUCIDA EN LA SEGURIDAD DE NO TENER QUE SOPORTAR UN PERJUICIO O PRIVARSE DE UN BENEFICIO DE FORMA DESIGUAL E INJUSTIFICADA. III. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. PARA DETERMINAR SI UNA DISTINCIÓN RESULTA OBJETIVA Y RAZONABLE, DEBERÁ EFECTUARSE UN ESTUDIO, CUYA INTENSIDAD DEPENDERÁ DEL OBJETO DE LA LITIS (ARTÍCULO 13, APARTADO A, FRACCIÓN IV, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "NO HABER SIDO SENTENCIADO POR DELITO DOLOSO QUE HAYA AMERITADO PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD POR MÁS DE UN AÑO", DE LA LEY QUE ESTABLECE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TAMAULIPAS). IV. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. LA NORMA QUE PREVÉ UNA DISTINCIÓN ENTRE LAS PERSONAS QUE HAN SIDO CONDENADAS PENALMENTE Y AQUELLAS PERSONAS QUE NO TIENEN ANTECEDENTES PENALES, EN RELACIÓN CON LA POSIBILIDAD DE SER NOMBRADOS TITULAR DE LA JEFATURA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, DEBE ANALIZARSE BAJO UN ESCRUTINIO ORDINARIO (ARTÍCULO 13, APARTADO A, FRACCIÓN IV, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "NO HABER SIDO SENTENCIADO POR DELITO DOLOSO QUE HAYA AMERITADO PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD POR MÁS DE UN AÑO", DE LA LEY QUE ESTABLECE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TAMAULIPAS). V. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE NO HABER RECIBIDO CONDENA POR DELITO DOLOSO, QUE HAYA AMERITADO PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD POR MÁS DE UN AÑO, PARA SER TITULAR DE LA JEFATURA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, VIOLA EL DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 13, APARTADO A, FRACCIÓN IV, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "NO HABER SIDO SENTENCIADO POR DELITO DOLOSO QUE HAYA AMERITADO PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD POR MÁS DE UN AÑO", DE LA LEY QUE ESTABLECE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TAMAULIPAS). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 13, APARTADO A, FRACCIÓN IV, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "NO HABER SIDO SENTENCIADO POR DELITO DOLOSO QUE HAYA AMERITADO PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD POR MÁS DE UN AÑO", DE LA LEY QUE ESTABLECE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TAMAULIPAS).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 118/2020. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 20 DE MAYO DE 2021. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: ERIKA YAZMÍN ZÁRATE VILLA.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinte de mayo de dos mil veintiuno, emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 118/2020, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del artículo 13, apartado A, fracción IV, en la porción normativa "No haber sido sentenciado por delito doloso que haya ameritado pena privativa de la libertad por más de un año", de la Ley que establece el Servicio de Administración Tributaria de Tamaulipas.
I. Antecedentes
1. Presentación de la demanda. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante "CNDH") promovió acción de inconstitucionalidad en la que cuestionó el artículo 13, apartado A, fracción IV, en la porción normativa "No haber sido sentenciado por delito doloso que haya ameritado pena privativa de la libertad por más de un año", de la Ley que establece el Servicio de Administración Tributaria de Tamaulipas, expedida mediante el Decreto No. LXIV-62, publicado el seis de febrero de dos mil veinte, en el Periódico Oficial de la entidad federativa.(1) Dicho precepto establece lo siguiente:
"Artículo 13. La persona titular de la jefatura del SATTAM será nombrada y removida por el titular del Ejecutivo del Estado en términos de lo dispuesto por este artículo.
"A. Para ser titular de la jefatura del SATTAM se deberán reunir los requisitos siguientes:
"...
"IV. No haber sido sentenciado por delito doloso que haya ameritado pena privativa de la libertad por más de un año, o estar inhabilitado para ejercer el comercio, su profesión o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, y ..." (énfasis añadido)
2. Concepto de invalidez. La accionante argumenta, en síntesis, lo siguiente:
"ÚNICO.—La disposición impugnada vulnera los derechos de igualdad y de no discriminación, la libertad de trabajo y el derecho de acceder a un cargo público."
• El requisito previsto en la norma impugnada resulta discriminatorio. Las personas que fueron sentenciadas con pena privativa de la libertad y que ya cumplieron con la sanción que les fue impuesta deben tener la posibilidad de ocupar cargos públicos en igualdad de circunstancias que las demás personas. Además, la norma resulta sobreinclusiva, ya que algunos delitos que ameritan la sanción mencionada no se relacionan con las tareas a desempeñar en el cargo en cuestión. Por ello, la porción normativa impugnada excluye de manera injustificada a un sector de la población de la posibilidad de ser titular de la jefatura del Servicio de Administración Tributaria de Tamaulipas (en adelante "SATTAM").
• Conviene tomar en consideración que en la codificación penal del Estado de Tamaulipas existe una gran cantidad de delitos, cuya sanción es una pena privativa de la libertad. La persona que haya sido sentenciada por prácticamente cualquier delito, queda impedida para aspirar al cargo referido. Si bien la norma pretende acotar el requisito al prever que las personas no deben haber sido sentenciadas por delito doloso con pena privativa de la libertad mayor a un año, lo cierto es que la disposición termina por excluir a todas las personas que se encuentren en ese supuesto.
• En ese sentido, la norma establece un trato diferenciado entre las personas que han recibido una sanción privativa de la libertad por más de un año –aun cuando la hubieren compurgado– y las personas que no han recibido una condena de esa naturaleza. Una vez que la persona ha compurgado la sanción, ha concluido el proceso penal en el cual se determinó su culpabilidad o responsabilidad, por lo que se debe estimar que la persona se encuentra en aptitud de reinsertarse a la sociedad en pleno ejercicio de sus derechos y en un plano de igualdad.
• El hecho de que una persona haya sido sancionada con la privación de su libertad forma parte de su vida privada, su pasado y su proyección social; por tanto, no es constitucionalmente válido que se le excluya de la posibilidad de ocupar cargos o puestos públicos.
• Asimismo, el requisito establecido en la norma impugnada, debe ser entendido como una disposición que contiene una categoría sospechosa. La norma discrimina con base en una categoría, consistente en la condición social y jurídica de las personas que han sido sentenciadas con pena privativa de la libertad. La porción impugnada atenta contra la dignidad humana, y tiene por efecto anular y menoscabar el derecho de igualdad, por lo que procede un escrutinio estricto de su constitucionalidad. En primer lugar, debe examinarse si la distinción basada en la categoría sospechosa cumple con una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional. En el caso concreto, la norma no cumple con este nivel de escrutinio, ya que no existe una justificación constitucionalmente imperiosa para exigir que una persona no haya sido sentenciada con pena privativa de la libertad para que pueda fungir como titular del SATTAM.
• Finalmente la disposición impugnada contraviene el principio de reinserción social, ya que la norma tiene como consecuencia que las personas que han sido sentenciadas con pena privativa de la libertad queden impedidas para ser titulares del referido órgano tributario, incluso, en el caso de que los delitos no se relacionen con la función a desempeñar. Tales exigencias no se justifican sobre una base objetiva y razonable.
3. Admisión de la demanda. El presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida, y designó al Ministro Javier Laynez Potisek para que actuara como instructor en el procedimiento.(2) El instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad; ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, para que rindieran sus respectivos informes, a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su respectiva representación convenga.(3)
4. Informes. El Congreso y el Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas rindieron informes defendiendo la constitucionalidad de la norma impugnada.(4) El Ministro instructor tuvo por presentados los informes(5) y concedió a las partes el plazo legal respectivo, a efecto de que formularan sus alegatos por escrito.(6)
5. Cierre de instrucción. Se tuvieron por formulados los alegatos de la CNDH, y al haber transcurrido el plazo legal concedido a las partes para formularlos, el Ministro instructor declaró cerrada la instrucción.(7)
II. Competencia
6. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(8) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(9) toda vez que se plantea la posible contradicción entre una norma de la ley que establece el Servicio de Administración Tributaria de Tamaulipas y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
III. Oportunidad
7. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(10) (en adelante, ley reglamentaria) prevé que: a) el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del siguiente día al en que se publique la norma impugnada en el correspondiente medio oficial; b) para efectos del cómputo del plazo aludido, no se deben excluir los días inhábiles, en la inteligencia de que si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda se podrá presentar al primer día hábil siguiente; y, c) cuando se trate de materia electoral, todos los días se considerarán hábiles.
8. En atención a lo anterior, si el decreto impugnado se publicó en el Periódico Oficial de la entidad el seis de febrero de dos mil veinte,(11) el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad inició el viernes siete de febrero y concluyó el lunes nueve de marzo de dos mil veinte. Si el escrito de demanda fue recibido por este Alto Tribunal el seis de marzo de dos mil veinte,(12) se concluye que su presentación resulta oportuna.
IV. Legitimación
9. De conformidad con el primer párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria,(13) en relación con el diverso 59 del mismo ordenamiento legal, la peticionaria debe comparecer por conducto del funcionario que esté facultado para representarla.
10. La acción de inconstitucionalidad fue promovida por María del Rosario Piedra Ibarra, quien actúa en representación de la CNDH, y acreditó su personalidad con copia certificada del acuerdo de designación de doce de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por el Senado de la República.(14) El artículo 105, fracción II, inciso g), constitucional, dispone que la CNDH podrá promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales, que vulneren los derechos protegidos en la Constitución Federal o en los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.(15)
11. Bajo esa premisa, si la demanda fue presentada por quien está facultada para interponerla en representación de la Comisión,(16) y además cuestiona la violación a diversos derechos humanos, este Alto Tribunal concluye que la acción de inconstitucionalidad fue interpuesta por parte legitimada.
V. Causales de improcedencia
12. Al no haber sido alegada alguna causal de improcedencia indudable y manifiesta,(17) ni advertirse por este Alto Tribunal, resulta procedente el estudio del concepto de invalidez.
VI. Estudio
A. Esencia del concepto de validez, su calificación y modo de abordar el caso.
13. La CNDH alegó en su concepto de invalidez, en resumen, que la porción normativa combatida es discriminatoria con base en una categoría sospechosa, pues las personas que ya cumplieron una pena privativa de prisión deben tener la posibilidad de ocupar cargos públicos. Agregó que lo impugnado es sobreinclusivo, ya que algunos delitos dolosos que ameritan sanción restrictiva de la libertad no están relacionados con las funciones de titular de la jefatura del Servicio de Administración Tributaria de Tamaulipas. Así, la accionante concluye que el precepto controvertido infringe el principio de reinserción social, al impedir que personas que fueron sentenciadas con pena privativa de la libertad –y que ya cumplieron con la sanción– no puedan ser nombradas en el puesto referido, aun cuando pudieron ser condenadas por un delito no relacionado con la función a desempeñar.
14. El concepto de violación resulta sustancialmente fundado. Para expresar las consideraciones que sustentan esa calificación, este Pleno realizará un juicio de razonabilidad –semejante al realizado en la acción de inconstitucionalidad 111/2019–.(18) Ello, pues se estima que contrario a lo sostenido por la accionante, la porción normativa combatida, al hacer referencia a no haber sido sentenciado con sanción de pena privativa de la libertad por más de un año a causa de un delito doloso, como requisito para ser nombrado en un cargo público, no se trata de una categoría sospechosa. De manera semejante lo ha determinado este tribunal en los casos que resolvió sobre la exigencia de no antecedentes penales para ocupar cargos o desempeñar empleos (requisitos que aún resultan más agresivos frente al derecho a la igualdad).
15. Por consiguiente, la realización de este juicio de razonabilidad, obliga a que se expongan las razones de los precedentes en los que este Tribunal Pleno ha resuelto que la exigencia de requisitos semejantes al de la porción impugnada para ser nombrado en un cargo público, viola el derecho de igualdad.
B. Precedentes en los que se ha determinado que la exigencia de requisitos relacionados con estar sujeto a un proceso o no contar con antecedentes penales para el acceso a un cargo público de designación es contraria al derecho a la igualdad.
16. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, el Tribunal Pleno al resolver las acciones de inconstitucionalidad 107/2016,(19) 83/2019(29) y 50/2019(21) sostuvo que la igualdad reconocida en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es un derecho humano expresado a través de un principio adjetivo, el cual consiste en que toda persona debe recibir el mismo trato y gozar de los mismos derechos en igualdad de condiciones que otra u otras personas, siempre y cuando se encuentren en una situación similar que sea jurídicamente relevante.
17. Así, se ha considerado que el derecho humano de igualdad obliga a toda clase de autoridades en el ámbito de sus competencias, pues su observancia debe ser un criterio básico para la producción normativa, para su interpretación y para su aplicación.
18. También se ha precisado que si bien el sentido de la igualdad es colocar a las personas en condiciones de poder acceder a los demás derechos constitucionalmente reconocidos, lo cual implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, ello no significa que todos los individuos deban ser iguales en todo siempre, en cualquier momento y circunstancia, y en condiciones absolutas, sino que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio o privarse de un beneficio, en forma injustificada. Por tanto, tal principio exige tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de manera que habrá ocasiones en que hacer distinciones estará vedado, y habrá otras en las que no sólo estará permitido sino constitucionalmente exigido.(22)
19. Por otra parte, la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha establecido en su jurisprudencia 1a./J. 125/2017 (10a.),(23) que el derecho humano a la igualdad jurídica ha sido tradicionalmente interpretado y configurado en el ordenamiento jurídico mexicano, a partir de dos principios: el de igualdad ante la ley y el de igualdad en la ley (los cuales se han identificado como, igualdad en sentido formal o de derecho). El primero obliga a que las normas jurídicas sean aplicadas de modo uniforme a todas las personas que se encuentren en una misma situación y, a su vez, a que los órganos materialmente jurisdiccionales no puedan modificar arbitrariamente sus decisiones en casos que compartan la misma litis, salvo cuando consideren que deben apartarse de sus precedentes, momento en el que deberán ofrecer una fundamentación y motivación razonable y suficiente.
20. El segundo principio opera frente a la autoridad materialmente legislativa y tiene como objetivo el control del contenido de la norma jurídica, a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio.
21. No obstante lo anterior, debe destacarse que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es ciega a las desigualdades sociales, por lo que contiene diversas protecciones jurídicas a favor de grupos sujetos a vulnerabilidad, a través, por ejemplo, de manifestaciones específicas del principio de igualdad, tales como la igualdad entre el varón y la mujer (artículo 4o., párrafo primero) y la salvaguarda de la pluriculturalidad de los pueblos indígenas de manera equitativa (artículo 2o., apartado B). Así, la igualdad jurídica en nuestro ordenamiento constitucional protege tanto a personas como a grupos.
22. De ahí que se considere que el derecho humano a la igualdad jurídica no sólo tiene una faceta o dimensión formal o de derecho, sino también una de carácter sustantivo o de hecho, la cual tiene como objetivo remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impiden a ciertas personas o grupos sociales, gozar o ejercer de manera real y efectiva sus derechos humanos en condiciones de paridad con otro conjunto de personas o grupo social.
23. Sin embargo, también ha observado que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, pues son jurídicamente diferentes la distinción y la discriminación, ya que la primera constituye una diferencia razonable y objetiva, mientras que la segunda constituye una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos.
24. Con ese parámetro del derecho de igualdad, en las acciones de inconstitucionalidad 107/2016 y 50/2019, se declaró la invalidez de las porciones normativas "no contar con antecedentes penales" y "sin antecedentes penales", respectivamente, como requisito para aquellas personas que puedan ser potenciales ocupantes de los cargos públicos de jefes de manzana o comisarios municipales en los Municipios del Estado de Veracruz o integrantes de un Comité de Contraloría Social en el Estado de Hidalgo. En dichos precedentes, este Tribunal Pleno determinó que los legisladores locales hicieron una distinción que, en estricto sentido, no está estrechamente vinculada con la configuración de un perfil inherente al tipo de trabajo a desempeñar. Ello porque exigir al aspirante que demuestre que en su pasado no ha incurrido en una conducta que el sistema de justicia le haya reprochado, y ello haya dado lugar a sujetarlo a un proceso penal y/o en su caso, a imponerle una pena, entraña que, para efectos del acceso al empleo, se introduzca una exigencia de orden moral, en el sentido de que la persona no debe haber incurrido antes en alguna conducta que la ley considerara jurídicamente reprochable para que pueda aspirar a la obtención del cargo, sin que ello tenga realmente una justificación objetiva en función del desempeño presente y futuro del puesto público.
25. Con similares razones, en la acción de inconstitucional 83/2019 este Tribunal Pleno declaró la invalidez de la porción normativa "no haber sido condenado por delito doloso" que el legislador local estableció como requisito para ser aspirante al ejercicio del notariado.
26. En la acción de inconstitucionalidad 85/2018 para analizar la constitucionalidad del requisito de no contar con antecedentes penales para obtener la licencia de agente inmobiliario, el Tribunal Pleno estableció las siguientes consideraciones:
27. Las discusiones sobre el derecho de igualdad se centran en tres ejes: (i) la necesidad de adoptar ajustes razonables para lograr una igualdad sustantiva y no meramente formal entre las personas;(24) (ii) la adopción de medidas especiales o afirmativas, normalmente llamadas acciones afirmativas;(25) y (iii) el análisis de actos y preceptos normativos que directa o indirectamente (por resultado),(26) o de manera tácita,(27) resulten discriminatorios.
28. Ahora bien, como se desprende de la tesis aislada 1a. CXLV/2012 (10a.),(28) la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que se reconocen a quienes no se consideran en tal situación de inferioridad. De hecho, el principio de igualdad, así como los principios de autonomía, libertad y dignidad personal, constituyen el fundamento de los derechos humanos.(29)
29. Así, la discriminación resulta inadmisible al crear diferencias de trato entre seres humanos que no corresponden a su única e idéntica naturaleza. De lo anterior se desprende también que no todo tratamiento jurídico diferente es discriminatorio, pues no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana. 30. En este sentido, en la tesis jurisprudencial 1a./J. 81/2004, la Primera Sala de la Suprema Corte sostuvo que el principio de igualdad no implica que todos los sujetos de una norma se encuentren siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que se refiere a la igualdad jurídica, que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio –o privarse de un beneficio– desigual e injustificado.(30)
31. En estas condiciones, el valor superior que persigue este principio consiste en evitar la existencia de normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación: (i) una ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas; o (ii) efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares.(31)
32. Este criterio coincide con el del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas(32) (CERD por sus siglas en inglés), el cual ha sostenido que "el término ‘no discriminación’ no implica que sea necesario un trato uniforme cuando existen diferencias importantes entre la situación de una persona o grupo y la de otros o, en otras palabras, cuando hay una justificación objetiva razonable para la diferencia de trato". Así, el Comité coincide con esta Suprema Corte, al sostener que "dar un mismo trato a personas o grupos cuyas situaciones sean objetivamente diferentes constituirá discriminación en la práctica, como lo constituirá también el trato desigual de personas cuya situación sea objetivamente la misma", reiterando que "la aplicación del principio de no discriminación exige que se tomen en consideración las características de los grupos".
33. El criterio del Comité CERD, compartido por esta Corte, permite precisar la doctrina que hasta ahora se ha expuesto, diferenciando dos etapas en los estudios sobre discriminación: una de ellas que se refiere al análisis de la situación supuestamente discriminada, con base en la cual se determine si existen diferencias importantes que impidan una comparación con aquellas contra la cual se va a contrastar; y una segunda en la cual se estudie si las distinciones de trato son admisibles o legítimas, lo cual exige que su justificación sea objetiva y razonable.
34. Al respecto, la jurisprudencia de la Primera Sala(33) refleja que para determinar si una distinción resulta objetiva y razonable, deberá efectuarse un estudio, cuya intensidad dependerá del tipo de criterio empleado para realizar la distinción objeto de la litis. Así, existen dos niveles de escrutinio:
1) Escrutinio estricto:(34) debe realizarse por los Jueces Constitucionales en aquellos casos en los que la distinción (i) tenga como base las categorías sospechosas enumeradas en los artículos 1o., párrafo quinto, de la Constitución, 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(35) o (ii) implique una afectación central a derechos fundamentales reconocidos en la Constitución o en tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano.(36)
2) Escrutinio ordinario: debe realizarse por los Jueces constitucionales en aquellos casos en los cuales la diferencia de trato supuestamente arbitraria no tenga como base alguno de los criterios antes mencionados.(37) En estos casos, el test de proporcionalidad(38) se llevará a cabo mediante el análisis de la legitimidad de la medida, su instrumentalidad y su proporcionalidad.(39) Esto implica una variación importante del test estricto antes mencionado, consistente en que el estudio de la idoneidad y la necesidad de la medida se reducen a una revisión de su instrumentalidad para perseguir la finalidad constitucionalmente admisible, sin que se exija al legislador que se realice por los "mejores medios imaginables".(40)
35. Con independencia del grado de escrutinio que sea aplicable, el estudio sobre la proporcionalidad de la medida exige un análisis adicional para detectar si el acto o la norma estudiada es adecuada, en el sentido de que no tenga defectos de sobreinclusión o de infrainclusión, de los que derive una vulneración del principio de igualdad y no discriminación.(41) Esta etapa del escrutinio se ha llamado recientemente principio de razonabilidad, conforme al cual se exige una relación lógica y proporcional, entre los fines y los medios de una medida, por la cual pueda otorgársele legitimidad.(42)
36. Así, para analizar violaciones al principio de igualdad, debe comprobarse que efectivamente el legislador estableció una distinción, ya sea por exclusión tácita o por exclusión expresa. Esto es, debe verificarse que se haya excluido a algún colectivo de algún beneficio otorgado a otro colectivo similar, o bien, que se hayan establecido regímenes jurídicos diferenciados para supuestos de hecho similares.
37. Una vez que se ha comprobado que efectivamente el legislador realizó una distinción, es necesario establecer si dicha medida se encuentra justificada. En este sentido, la justificación de las distinciones legislativas que distribuyen cargas y beneficios, se determina a partir del referido análisis de la razonabilidad de la medida.(43)
38. Este análisis supone: i) que se determine si existe una distinción; ii) que se elija el nivel de escrutinio que debe aplicarse para analizar dicha distinción, ya sea un test estricto u ordinario; y, iii) que se desarrollen cada una de las etapas que supone el test que se ha elegido.
39. Para finalizar con el desarrollo de la doctrina jurisprudencial es importante advertir que la prohibición de discriminación no sólo está dirigida a los poderes públicos, sino también a los particulares, aunque con ciertos matices.(44)
40. En esa acción de inconstitucionalidad 85/2018, el Tribunal Pleno declaró la inconstitucionalidad de la porción normativa "constancia de antecedentes penales" que era un requisito para obtener la licencia para agentes inmobiliarios en Baja California Sur. Esa inconstitucionalidad se sustentó en la realización de un test de escrutinio ordinario para demostrar la violación al derecho de igualdad, lo que reveló que el legislador local realizó una distinción que no está estrechamente vinculada con la configuración de un perfil inherente al tipo de trabajo a desempeñar. Ello, pues exigir que se demuestre que la persona no haya incurrido en alguna conducta que la ley considere jurídicamente reprochable, no tiene una justificación objetiva en función del desempeño presente y futuro de quien obtenga la licencia.
C. Razones de la inconstitucionalidad de la porción normativa atacada.
41. Conforme a los precedentes que se han relatado en el apartado anterior, este Tribunal Pleno reitera que el concepto de invalidez es sustancialmente fundado, pues en éste se alega una violación al derecho de igualdad y la misma se presenta como se demostrará con la realización de un test de proporcionalidad ordinario o juicio de razonabilidad que se desarrollará en esta sección.
42. Así, es necesario plasmar el contenido de la porción normativa combatida, el cual es el que a continuación se resalta:
"Artículo 13. La persona titular de la jefatura del SATTAM será nombrada y removida por el titular del Ejecutivo del Estado en términos de lo dispuesto por este artículo.
"A. Para ser titular de la jefatura del SATTAM se deberán reunir los requisitos siguientes:
"...
"IV. No haber sido sentenciado por delito doloso que haya ameritado pena privativa de la libertad por más de un año, o estar inhabilitado para ejercer el comercio, su profesión o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, y ..." (énfasis añadido)
a. La porción normativa sí hace una distinción.
43. Para realizar el análisis de la porción referida es necesario determinar, en primer lugar, si existe una distinción, ya sea explícita o implícita, entre dos grupos similares en relación con algún beneficio.
44. Esta Suprema Corte considera que la porción normativa sí hace una distinción entre las personas que han sido sentenciadas por delito doloso que haya ameritado pena privativa de la libertad por más de un año y aquellas personas que no han sido sancionadas de ese modo, en relación con la posibilidad de ser nombrados titular de la jefatura del SATTAM.
45. Una vez que este Tribunal Pleno ha determinado la existencia de la distinción, se debe determinar bajo qué escrutinio se analizará. Como se mencionó, el escrutinio estricto se realiza cuando la norma emplea uno de los criterios enunciados en el último párrafo del artículo 1o. constitucional o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. En respuesta a lo anterior, esta Suprema Corte considera que la porción normativa controvertida debe ser analizada bajo un escrutinio ordinario, ya que el hecho de que se solicite ese requisito no constituye una categoría sospechosa. Ello, pues el requisito de no haber sido sentenciado a pena privativa de la libertad por más de un año a consecuencia de un delito doloso no es una condición que entrañe una categoría sospechosa, pues no está relacionado con características o atributos en las personas que han sido históricamente excluidos o marginados. Entonces, el estudio de la porción normativa no implica el uso de un test de escrutinio estricto, como lo ha resuelto este Tribunal Pleno en las acciones de inconstitucionalidad 107/2016,(45) 85/2018, 86/2018 y 50/2019,(46) al resolver sobre normas referentes al requisito "no contar con antecedentes penales".
46. Una vez que se ha determinado el grado del escrutinio, es necesario identificar los fines que se persiguen con la medida impugnada para estar en posibilidad de determinar si éstos resultan constitucionalmente válidos.
b. Finalidad constitucionalmente válida.
47. Los derechos humanos, los bienes colectivos y los bienes jurídicos garantizados como principios constitucionales, constituyen fines que legítimamente fundamentan la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30595-c657fac3/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y 10 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE (1a./J. 156/2022 (11a.))
- COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RADICA LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ, A QUIEN SE LE RECLAMA EL A (VII.1o.P.T.161 P)
- JUSTICIA LABORAL. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN APLICAR E INTERPRETAR LAS CUESTIONES DE LEGALIDAD ORDINARIA SIN DESATENDER LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES Y CONVENCIONALES, CON (I.5o.T. J/7 L (11a.))
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