I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ORGANISMOS ESTATALES DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDEREN QUE LEYES DE CARÁCTER LOCAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE SINALOA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE SINALOA). V. REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRINCIPIOS QUE LAS RIGEN. VI. REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. SI BIEN LA QUE CORRESPONDE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSTITUYE EL REFERENTE PARA LA FIJACIÓN DEL SALARIO DEL RESTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EL PODER REFORMADOR EXIGE QUE EXISTA PROPORCIONALIDAD CONFORME A LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE ÉSTOS A FIN DE NO DISTORSIONAR EL SISTEMA DE REMUNERACIONES (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 6, PRIMER PÁRRAFO, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Y 17 DE LA LEY DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE SINALOA). VII. REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE SINALOA. AUSENCIA DE METODOLOGÍAS Y CRITERIOS TÉCNICOS Y OBJETIVOS EN LA LEY QUE LAS REGULA PARA ESTABLECERLAS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 6, PRIMER PÁRRAFO, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Y 17 DE LA LEY DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE SINALOA). VIII. REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE SINALOA. EXCEPCIONES QUE PERMITEN QUE ALGUNO DE AQUÉLLOS OBTENGA UNA REMUNERACIÓN MAYOR QUE LA DE SU SUPERIOR. IX. REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE SINALOA. LA DISPOSICIÓN QUE OBLIGA A ÉSTOS A REPORTAR A SU SUPERIOR JERÁRQUICO CUALQUIER PAGO EN DEMASÍA DENTRO DE TREINTA DÍAS NATURALES, OMITE TOMAR EN CUENTA QUE LA RESPONSABILIDAD DEL MANEJO DE LA NÓMINA CORRESPONDE A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS ENTES PÚBLICOS Y NO A LOS SERVIDORES QUE RECIBEN DICHO PAGO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 6, PÁRRAFO SEGUNDO, Y 23, PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO, DE LA LEY DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE SINALOA). X. REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE SINALOA. LA DISPOSICIÓN QUE OBLIGA A ÉSTOS A REPORTAR A SU SUPERIOR JERÁRQUICO CUALQUIER PAGO EN DEMASÍA DENTRO DE TREINTA DÍAS NATURALES, OMITE PRECISAR A PARTIR DE QUÉ MOMENTO EMPIEZA A CORRER DICHO PLAZO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 6, PÁRRAFO SEGUNDO, Y 23, PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO, DE LA LEY DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE SINALOA). XI. RÉGIMEN SANCIONADOR ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SINALOA. LAS DISPOSICIONES QUE LO REGULAN SIN CALIFICAR LA GRAVEDAD O NO GRAVEDAD DE LAS FALTAS PREVISTAS POR ELLAS Y, POR ENDE, NO PREVÉN LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA SEGUIR EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO EN CADA CASO, VULNERAN EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 19, 20, 21, 22 Y 23, PÁRRAFOS PRIMERO A TERCERO Y SEXTO, DE LA LEY DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE SINALOA). XII. RÉGIMEN SANCIONADOR ADMINISTRATIVO. LA CALIFICACIÓN DE UNA CONDUCTA COMO FALTA GRAVE O NO GRAVE ES UN ASPECTO QUE TRASCIENDE DIRECTAMENTE A LA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA INVESTIGAR, SUSTANCIAR Y RESOLVER EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE. XIII. RÉGIMEN SANCIONADOR ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SINALOA. LAS FACULTADES GENÉRICAS OTORGADAS A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE ESA ENTIDAD COMO A LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL PARA INVESTIGAR Y SUSTANCIAR LOS PROCEDIMIENTOS POR LA PROBABLE COMISIÓN DE UNA FALTA ADMINISTRATIVA, SIN QUE EXISTA UNA CALIFICACIÓN EN TODO EL TEXTO DE LA LEY DE LA MATERIA SOBRE LA GRAVEDAD O NO DE ÉSTAS, IMPIDE DETERMINAR LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 19, 20, 21, 22 Y 23, PÁRRAFOS PRIMERO A TERCERO Y SEXTO, DE LA LEY DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE SINALOA). XIV. RÉGIMEN SANCIONADOR ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SINALOA. LA DISPOSICIÓN QUE ESTABLECE LA DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE COMO LAS ÚNICAS SANCIONES POSIBLES POR UNA INFRACCIÓN DE ESA NATURALEZA, REDUCE Y LIMITA EL CATÁLOGO DE SANCIONES PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (INVALIDEZ DE
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 36/2019 Y SU ACUMULADA 37/2019. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE SINALOA. 21 DE ENERO DE 2025. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: PABLO FRANCISCO MUÑOZ DÍAZ Y DANIELA CARRASCO BERGE.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiuno de enero de dos mil veinticinco, por el que se emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la presente acción de inconstitucionalidad 36/2019 y su acumulada 37/2019, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, en contra de diversos artículos de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad, el primero de febrero de dos mil diecinueve.
I. TRÁMITE
1. Presentación del escrito, autoridades y normas impugnadas. Mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, el cuatro de marzo de dos mil diecinueve, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (“CNDH") promovió la acción de inconstitucionalidad.
2. Ese mismo día, mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Sinaloa (“CEDHES”), también promovió acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad el primero de febrero de dos mil diecinueve.
3. Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales que se impugnan: Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Sinaloa.
4. Normas generales cuya invalidez se impugnó. La Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, publicada el primero de febrero de dos mil diecinueve, en el Periódico Oficial de dicha entidad.
5. Conceptos de invalidez de la CNDH (36/2019). La Comisión sostiene la violación de los artículos 1, 14, 16 y 127, fracciones II y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 1, 2, 9 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
6. En el primer concepto de invalidez, la CNDH plantea que el segundo párrafo del artículo 6 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa es inconstitucional. En específico, argumenta que se vulnera la seguridad jurídica de los servidores públicos y el principio de legalidad porque la obligación que establece el artículo impone una carga desproporcionada y no se determina el plazo para cumplirla.
7. En este sentido, señala que los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad son aplicables en el ámbito legislativo y, para que los legisladores cumplan con estos mandatos, es necesario que se configuren normas que establezcan elementos mínimos para evitar que existan arbitrariedades en su aplicación.
8. Así, argumenta que el artículo 6, párrafo segundo, vulnera este parámetro por dos razones: 1) impone una carga desproporcionada para los servidores públicos y, 2) no determina claramente a partir de cuando se contará el plazo de 30 días establecido en el artículo.
9. Sobre el primer punto, el artículo impugnado impone una carga desproporcionada al servidor público ya que lo obliga a reportar un ingreso excedente que no necesariamente debe conocer. Además, estima que se impone una obligación adicional a los servidores públicos de conocer los aspectos jurídicos, contables, financieros y administrativos para poder conocer si existe o no un pago excedente.
10. En segundo lugar, argumenta que existe una indeterminación del plazo para reportar el excedente en el pago. Si bien el artículo impugnado establece un plazo de 30 días, no precisa el momento en que se empiezan a contar los días (momento del pago, conocimiento del pago o conocimiento del excedente). Según sea la interpretación del plazo, el servidor público podría incurrir en una falta administrativa y ser sancionado de manera discrecional.
11. El conocimiento del excedente y el plazo de 30 días son elementos necesarios para que el servidor público pueda cumplir con lo prescrito por el artículo impugnado. Por lo tanto, sostiene que la norma impugnada vulnera los derechos a la seguridad jurídica y a la legalidad.
12. Asimismo, considera que esta situación también impacta en el artículo 23, párrafo cuarto, impugnado, pues no sería posible imponer una sanción a esta conducta considerada como infracción administrativa grave, derivado del principio de taxatividad, pues la precisión del plazo para reportar la demasía es un elemento necesario para determinar si se incurre en la falta.
13. En el segundo concepto de invalidez, la CNDH plantea que el artículo 23 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa es inconstitucional ya que vulnera los diversos 14 y 16 constitucionales. Lo anterior se deriva de una doble regulación en materia de responsabilidades administrativas creada por la Ley impugnada, respecto del sistema previsto por la Ley General y la Ley local en la materia, situación que afecta la unidad y congruencia de este.
14. La CNDH argumenta que el artículo 109 constitucional, en su fracción III, establece un sistema de responsabilidades administrativas con la finalidad de crear un aparato normativo armónico y congruente. Es decir, establece las bases y los principios generales para que se cree un sistema armónico y homologado por medio de la Ley General y las leyes locales.
15. El artículo 23 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, entonces, establece un parámetro diferenciado que, además, no permiten conocer qué conductas constituye o no una falta administrativa y la gravedad de estas. Aunado a que genera un parámetro sancionatorio diferente al previsto por la Ley General.
16. Este parámetro diferenciado permite que las autoridades competentes impongan sanciones bajo condiciones distintas a las establecidas en el marco normativo constitucional y general, pues el criterio para considerar si una conducta es grave o no, será únicamente el beneficio económico obtenido u otorgado. En contraste, la Ley General prevé que este monto será únicamente uno de los criterios para individualizar la aplicación de sanciones.
17. Por lo tanto, se vulnera el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, toda vez que los servidores públicos no pueden conocer con certeza las conductas susceptibles de ser sancionadas, el procedimiento a seguir y las consecuencias.
18. Conceptos de invalidez de la CEDHES (37/2019). La Comisión Estatal sostiene la violación de los artículos 1, 5, 14, 16, 102, apartado B, 123, apartado B, fracción IV, y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 8, 24 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y 6 y 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”.
19. En el primer concepto de invalidez la CEDHES argumenta que la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, en su conjunto, transgrede el derecho a la seguridad jurídica, el principio de legalidad e incumple el artículo 127 constitucional al no establecer las bases y parámetros objetivos para determinar las remuneraciones de los servidores públicos. La ausencia de estos parámetros objetivos da pauta a la discrecionalidad y arbitrariedad en la fijación de las remuneraciones.
20. Así pues, la CEDHES considera que la Ley de Remuneraciones local incurre en una omisión legislativa parcial. Ésta es resultado de la ausencia de los parámetros objetivos para determinar las remuneraciones y de una deficiente regulación en la Ley impugnada. En consecuencia, sostiene que se transgrede lo dispuesto en el artículo 127, fracción VI, de la Constitución Federal y posibilita la vulneración del derecho a una remuneración adecuada.
21. La Ley de Remuneraciones estatal resulta inconstitucional al no desarrollar ni precisar el contenido del artículo 127 de la Constitución Federal. La simple reproducción del texto constitucional en la ley impugnada se traduce en una norma jurídica deficiente que no cumple con su objetivo como ley reglamentaria.
22. En consecuencia, esta deficiente regulación genera incertidumbre jurídica en torno a las remuneraciones y salarios de los trabajadores al servicio del Estado, puesto que permite amplios márgenes de discrecionalidad y arbitrariedad al momento de determinar los montos de las remuneraciones en el presupuesto de egresos, contrario a los artículos 14 y 16 constitucionales que garantizan la seguridad jurídica y el principio de legalidad.
23. La CEDHES, a su vez, argumenta que el derecho a recibir una remuneración adecuada, irrenunciable y proporcional podría ser afectado por la discrecionalidad y arbitrariedad ya que las remuneraciones deben fijarse con base en su grado de responsabilidad y nivel jerárquico. Al no desarrollar de manera adecuada los parámetros para determinar los montos de las remuneraciones, los servidores públicos están en un estado de incertidumbre jurídica. Por lo tanto, la indeterminación e imprecisión de la ley impugnada transgrede el derecho humano a una retribución adecuada y proporcional.
24. En el segundo concepto de invalidez, la CEDHES plantea que el artículo 6 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa es inconstitucional. En específico, argumenta que se vulnera la seguridad jurídica de los servidores públicos y el principio de legalidad porque la obligación que establece el artículo impone una carga desproporcionada y no se determina el plazo para cumplirla.
25. La CEDHES menciona que el artículo impugnado impone una carga desproporcionada a los servidores públicos porque los obliga a reportar un ingreso excedente que no deben conocer e, incluso, podrían ser sancionados en caso de omitir reportarlo. Esto genera un estado de incertidumbre jurídica ya que pueden ser sancionados incluso sin conocer el pago en demasía.
26. Además, también argumenta que existe una indeterminación del plazo de 30 días para reportar el excedente. Esto debido a que no se precisa el momento exacto en que el plazo comienza a correr. En consecuencia, existen diversas interpretaciones que dejan en un estado de incertidumbre a los receptores de la norma.
27. En el tercer concepto de invalidez, la CEDHES plantea que el capítulo cuarto de la Ley impugnada, denominado “Del Control, las Responsabilidades y las Sanciones”, integrado por los artículos 19, 20, 21, 22 y 23 es inconstitucional ya que vulnera los numerales 14 y 16 de la Constitución Federal. Lo anterior se deriva de una doble regulación en materia de responsabilidades administrativas creado por la ley impugnada, respecto de aquel previsto por la Ley General y la Ley local en la materia, situación que afecta la unidad y congruencia del sistema.
28. La CEDHES argumenta que el sistema de responsabilidades administrativas está trazado desde la Constitución Federal hasta las leyes locales de responsabilidades. Sin embargo, los preceptos impugnados no se ajustan a los parámetros establecidos por el actual sistema de responsabilidades. En consecuencia, generan una doble regulación que vulnera la seguridad jurídica.
29. En este sentido, los artículos impugnados no permiten a los servidores públicos conocer qué conductas configuran una falta administrativa, si es grave o no grave, y cuál será la posible sanción y el procedimiento que deberá seguirse.
30. Además, el artículo 23 impugnado modifica el parámetro sancionatorio previsto por los diversos 76 y 78 de la Ley de Responsabilidades Administrativas local. Por lo tanto, concluye que, derivado de este parámetro diferenciado, se vulnera la certidumbre jurídica y el principio de legalidad.
31. Particularmente, sostiene que el párrafo penúltimo del artículo 23 debe ser entendido junto con el diverso 6, párrafo segundo, pues es en aquél donde se califica como grave la falta administrativa prevista en éste.
32. Así al no existir claridad sobre las conductas sancionables, su gravedad y el parámetro para la imposición de sanciones, se transgreden los principios de legalidad y seguridad jurídica, aunado a que tampoco será posible determinar la autoridad competente para el procedimiento de investigación, sustanciación y resolución de las faltas administrativas.
33. Auto de registro y turno. Mediante acuerdos de siete de marzo de dos mil diecinueve, el Ministro Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea ordenó el registro y acumulación de las acciones de inconstitucionalidad a las que les correspondieron los números 36/2019 y 37/2019, respectivamente, y turnó el expediente al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que fungiera como instructor en el procedimiento.
34. Auto de admisión. Mediante sendos acuerdos de veintinueve de marzo y veintidós de abril de dos mil diecinueve el Ministro instructor admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad 36/2019 y 37/2019, respectivamente. Asimismo, en ambos casos ordenó que se diera vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Sinaloa a fin de que rindieran el informe correspondiente.
35. Informe del Poder Legislativo del Estado de Sinaloa. En primer lugar, en relación con los conceptos de invalidez de la CNDH, el Poder Legislativo del Estado de Sinaloa sostiene la validez de los artículos impugnados, dado que se emitieron con apego y cumplimiento a la Constitución Federal y la Constitución local. La función del poder es elaborar las leyes locales según la competencia establecida por el artículo 116 constitucional.
36. La emisión de la ley impugnada se hizo con estricto apego al proceso legislativo establecido en la Constitución del Estado de Sinaloa. En consecuencia, el ordenamiento impugnado reúne todos los requisitos necesarios y es constitucional.
37. Por otra parte, en un segundo informe, en relación con el primer concepto de invalidez expuesto por la CEDHES, señaló que debe declararse infundado dado que la Ley de Remuneraciones local no incurre en una omisión legislativa parcial, pues es acorde a lo mandatado por el artículo 127 constitucional y se apega a los topes máximos constitucionales.
38. Sobre los demás conceptos de invalidez expresados por la CEDHES, relativos a los artículos 6, 7, 19, 20, 21, 22 y 23, sostiene que éstos se emitieron con estricto apego al proceso legislativo establecido en la Constitución del Estado de Sinaloa y dentro del ámbito de facultades del Congreso local. En consecuencia, el ordenamiento impugnado reúne todos los requisitos necesarios y es constitucional.
39. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa. En relación con los argumentos expresados tanto por la CNDH como por la CEDHES, el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa sostiene que se muestra en la plena disposición de salvaguardar el derecho a la seguridad jurídica, principio de legalidad y acatar cualquier resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
40. Opinión de la Fiscalía General de la República. Esta Fiscalía no hizo manifestación alguna a pesar de haber sido debidamente notificada.
41. Opinión de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. Esta Consejería tampoco hizo manifestación alguna a pesar de haber sido debidamente notificada.
42. Cierre de instrucción. Visto el estado procesal de los autos, el día veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 68, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional, el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá dictó auto de cierre de instrucción.
II. COMPETENCIA
43. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) y 10, fracción I, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(2) -aplicable en virtud de lo dispuesto por el artículo tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro en el Diario Oficial de la Federación-.(3) Lo anterior, toda vez que se plantea la posible contradicción entre diversos preceptos de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad el primero de febrero de dos mil diecinueve, y la Constitución Federal.
III. OPORTUNIDAD
44. El plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al en que se haya publicado en el correspondiente medio oficial, la norma general o tratado internacional impugnados. Además, si el último día del plazo es inhábil, la demanda podrá presentarse al primer día hábil siguiente.(4)
45. El Decreto por virtud del cual se expidió la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa se publicó el primero de febrero de dos mil diecinueve.(5) Tomando en cuenta esta fecha, el primer día del plazo para efectos del cómputo respectivo fue el dos de febrero de dos mil diecinueve, de lo que resulta que el plazo de treinta días naturales venció el domingo tres de marzo de dicha anualidad, pudiendo presentarse al día hábil siguiente, es decir, el lunes cuatro de marzo de dicho año.
46. En el caso, las demandas de la CNDH y de la CEDHES, correspondientes a las acciones de inconstitucionalidad 36/2019 y su acumulada 37/2019, se presentaron el día cuatro de marzo de dos mil diecinueve ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo tanto, estas demandas se presentaron dentro del plazo respectivo y por ende la impugnación resulta oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
47. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal dispone que esta Suprema Corte conocerá de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Presidente de la CNDH y por el Presidente de los organismos de protección de los derechos humanos que sean equivalentes en las entidades federativas; toda vez que la CNDH puede ejercer ese medio de control constitucional en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que México sea parte; mientras que, los organismos garantes locales equivalentes, únicamente en contra de las leyes que hubieren sido expedidas por las Legislaturas estatales.
48. En la presente acción de inconstitucionalidad dicha legitimación se acredita, pues de la lectura de los conceptos de invalidez que han quedado sintetizados en los resultandos de esta sentencia, se advierte que la CNDH y la CEDHES, aducen violaciones a derechos humanos, de ahí que sin duda se actualiza lo dispuesto en el inciso g) de la fracción II del artículo 105 constitucional.
49. Además, de acuerdo con el párrafo primero del artículo 11 de la Ley Reglamentaria, en relación con el diverso 59 de la propia normativa, la accionante debe comparecer por conducto del funcionario que esté facultado para representarla. En el caso, en representación de la CNDH comparece su Presidente Luis Raúl GonzálezPérez, personalidad que acreditó con copia certificada del acuerdo de designación del Senado de la República de fecha trece de noviembre de dos mil catorce.(6) Y, en representación de la CEDHES comparece José Carlos Álvarez Ortega, personalidad que acreditó con copia certificada del acuerdo de designación de la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, de fecha siete de junio de dos mil dieciséis.(7)
50. Además, el Presidente de la CNDH cuenta con facultades para representar a ese órgano constitucional autónomo, de conformidad con las fracciones I y XI del artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.(8) En consecuencia, cuenta con facultades para promover la presente acción de inconstitucionalidad y para actuar en representación de dicho órgano constitucional autónomo.
51. Asimismo, el Presidente de la CEDHES cuenta con facultades para representar a ese órgano constitucional autónomo local, de conformidad con la fracción I del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Sinaloa;(9) y tiene la atribución de promover acciones de inconstitucionalidad de acuerdo con la fracción VIII de esa disposición.(10) En consecuencia, cuenta con facultades para promover la presente acción de inconstitucionalidad y para actuar en representación de la Comisión.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
52. Este Tribunal Pleno advierte que ni el Poder Legislativo, ni el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa hicieron valer causa de improcedencia alguna; ni tampoco se advierte de oficio su actualización. Por tanto, ha lugar a proceder al estudio de los conceptos de invalidez de las accionantes.
VI. PRECISIÓN DE LA LITIS
53. Este Tribunal Constitucional estima necesario precisar las normas impugnadas que serán objeto de estudio dentro de la presente sentencia, de conformidad con el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria;(11) ello, en atención a un análisis integral de los planteamientos propuestos por la CNDH y la CEDHES dentro de sus conceptos de invalidez.
54. Por un lado, en relación con el primer concepto de invalidez de la CEDHES, esencialmente plantea que la Ley de Remuneraciones impugnada, en su conjunto, contiene una deficiente regulación dado que omite establecer las bases y parámetros para determinar adecuadamente las remuneraciones de los servidores públicos de la entidad federativa.
55. En este aspecto, a partir de un análisis integral del primer concepto de invalidez mencionado, y los artículos de la Ley impugnada, resultan relevantes los capítulos segundo “Del Sistema de Remuneraciones” y tercero “De los Tabuladores”, conformados por los artículos 6 a 18. Sin embargo, dentro de estos dos capítulos, solamente deben tenerse por impugnados los artículos 6, párrafo primero, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, al ser los preceptos que prevén específicamente el procedimiento para programar y presupuestar las remuneraciones de los servidores públicos en la entidad federativa, la forma de integrar los tabuladores, así como los límites y criterios para la cuantificación del salario burocrático; por lo que, en todo caso, serían solamente estas disposiciones en las que el Congreso local pudo cometer la omisión legislativa parcial planteada y resultar en una deficiente regulación.
56. Así, no se considera que se impugne la validez de los artículos 8, 9 y 10, pues estos refieren a conceptos que no comprenden la remuneración de los servidores públicos, sino que refieren a los ajustes e incrementos, los apoyos para el ejercicio del cargo y los gastos sujetos a comprobación; así como a los conceptos de jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, liquidaciones, préstamos y créditos, entre otros aspectos. Asimismo, el artículo 18 establece la obligación de las entidades de garantizar la suficiencia presupuestal para cubrir los salarios, pero no versa sobre los límites, tabuladores o parámetros para presupuestar las remuneraciones.
57. Por otro lado, en relación con los conceptos de invalidez primero de la CNDH y segundo de la CEDHES, se controvierte efectivamente la validez de los artículos 6, párrafo segundo, y 23, párrafos cuarto y quinto, en tanto son estos los preceptos que prevén y califican la falta administrativa relativa a la omisión de reportar un pago en demasía. Estos artículos impugnados, se encuentran en una estrecha relación ya que, mientras el primero describe la conducta sancionable, el segundo en ambos párrafos, detalla las condiciones bajo las cuales será considerada una falta grave o no grave.
58. Finalmente, en relación con los conceptos de invalidez segundo de la CNDH y tercero de la CEDHES, este Alto Tribunal considera que se deben tener como impugnados los artículos 19, 20, 21, 22 y 23, contenidos en el capítulo cuarto de la Ley impugnada, denominado “Del Control, las Responsabilidades y las Sanciones”, al integrar el sistema normativo en materia de responsabilidades administrativas en la entidad federativa.
59. En consecuencia, los artículos efectivamente impugnados y que constituyen la litis de esta sentencia son los artículos 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 y 23 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad el primero de febrero de dos mil diecinueve.
VII. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
60. A propósito de facilitar el estudio de los conceptos de invalidez planteados por las dos partes accionantes en sus respectivos escritos de demanda, el mismo se realizará conforme al orden metodológico siguiente:
(a) Planteamiento sobre la deficiente regulación, como resultado de una omisión legislativa parcial del legislador, al no prever las bases y los parámetros objetivos y diferenciados para el establecimiento de la remuneración de los servidores públicos;
(b) Planteamiento sobre la imprecisión en la redacción de la obligación de los servidores públicos de informar a la Unidad Administrativa responsable un pago en demasía, y sobre la ambigüedad del plazo de treinta días naturales para reportarlo; y,
(c) Planteamiento sobre la doble regulación en materia de responsabilidades administrativas.
a) Planteamiento sobre la omisión legislativa parcial del legislador, al no prever las bases y los parámetros objetivos y diferenciados para el establecimiento de la remuneración de los servidores públicos.
61. La CEDHES hace valer una omisión legislativa de carácter parcial, pues afirma que la Ley de Remuneraciones impugnada no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución Federal. En este sentido, sostiene que la norma carece de las bases y parámetros objetivos y diferenciados para establecer los salarios de los trabajadores del Estado, lo que da pauta a la discrecionalidad y arbitrariedad.
62. Para dar respuesta a este planteamiento, debe tenerse en cuenta que el esquema constitucional vigente sobre las remuneraciones de las personas servidoras públicas fue establecido a partir de la reforma constitucional de 24 de agosto de 2009,(12) donde el Poder reformador buscó los siguientes objetivos:
• La política de sueldos en la administración pública, los Poderes Legislativos y Judicial de la Federación y otros, siempre ha sido discrecional, de ahí la importancia de que en las leyes y en los presupuestos de egresos se establezcan criterios para evitar dicha discrecionalidad;
• El servicio público debe ser remunerado de manera tal que el Estado cuente con ciudadanos preparados, capaces y honestos, que puedan ejercer con eficacia y profesionalismo las responsabilidades conferidas, por lo que deberán obtener un ingreso digno;
• La ley que emita el Congreso definirá directamente el sentido y alcance de las disposiciones constitucionales, por lo que deberá establecer bases uniformes para la fijación de remuneraciones;
• Los principios a que se sujetarán las remuneraciones consisten en que éstas serán adecuadas, irrenunciables y proporcionales; por lo que estarán sujetas a los diversos principios de equidad, igualdad, desempeño, fiscalización, rendición de cuentas y transparencia, los que deberá desarrollar la ley;
• Se procurará la existencia de comités de expertos tanto en el ámbito federal, como en el local, que participen en la determinación de las remuneraciones y los tabuladores correspondientes, a fin de contar con criterios técnicos en su elaboración;
• Dentro de los límites y controles impuestos, las remuneraciones se deben formular de acuerdo con las disposiciones aplicables a cada ente público, según su normativa;
• La remuneración del titular del Poder Ejecutivo Federal será el referente máximo para la fijación de remuneraciones, lo que no significa una preeminencia de ese Poder frente a los otros;
• Este referente debe considerar, necesariamente, el total de percepciones que más allá de lo nominal, recibe el Presidente de la República, esto es, toda asignación que en efectivo o en especie, se incluya por dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones o cualquier otra, con excepción de los apoyos y gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo de su trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales, monetizándolos para alcanzar integralmente el monto real total que por ingreso se le entrega o devenga en cualquier forma;
• La remuneración debe responder a criterios objetivos y de grado de responsabilidad y nivel jerárquico;
• Las leyes que regulen los salarios de los servidores públicos contemplarán las políticas de salarios, lo que no restará a la facultad de la Cámara de Diputados de señalar la retribución de un empleo que haya sido creado por ley, pues en realidad se busca crear un mecanismo para que en esas leyes se preserve el derecho de todo servidor público a recibir una justa remuneración;
• La determinación de los sueldos debe responder a criterios técnicos que conjuguen el nivel de responsabilidad y cargas de trabajo asociados al empleo público, así como el costo de vida real;
• Los servidores públicos tienen derecho a percibir un salario digno que
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33620-292b01c0/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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