I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA IMPUGNADA, AL SER MODIFICADA POR UN ÁMBITO DE VALIDEZ PERSONAL (ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO). V. REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRINCIPIOS QUE LAS RIGEN. VI. REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. SI BIEN LA QUE CORRESPONDE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSTITUYE EL REFERENTE PARA LA FIJACIÓN DEL SALARIO DEL RESTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EL PODER REFORMADOR EXIGE QUE EXISTA PROPORCIONALIDAD CONFORME A LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE ÉSTOS, A FIN DE NO DISTORSIONAR EL SISTEMA DE REMUNERACIONES. VII. REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AUSENCIA DE METODOLOGÍAS Y CRITERIOS TÉCNICOS Y OBJETIVOS EN LA LEY QUE LAS REGULA PARA ESTABLECERLAS (ARTÍCULOS 106, 107 Y 110 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO). VIII. REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EXCEPCIONES QUE PERMITEN QUE ALGUNO DE AQUÉLLOS OBTENGA UNA REMUNERACIÓN MAYOR QUE LA DE SU SUPERIOR JERÁRQUICO (ARTÍCULOS 106, 107 Y 110 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO). IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI BIEN ES IMPROCEDENTE CONTRA UNA OMISIÓN ABSOLUTA EN LA EXPEDICIÓN DE UNA LEY, NO LO ES CUANDO AQUÉLLA SEA RESULTADO DE UNA DEFICIENTE REGULACIÓN DE LAS NORMAS RESPECTIVAS. X. REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS GOZAN DE LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN PARA DEFINIRLAS, SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETEN LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES Y LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS POR LA CONSTITUCIÓN Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR EL ESTADO MEXICANO (DESESTIMACIÓN RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 102, FRACCIÓN I, Y 110, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO). XI. REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECEN QUE NINGUNA DE ELLAS SERÁ SUPERIOR QUE LA DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, SIN QUE ÉSTA SE HAYA DETERMINADO BAJO PARÁMETROS OBJETIVOS Y CRITERIOS TÉCNICOS, GENERA UN EFECTO NEGATIVO EN TODO EL SISTEMA QUE LAS REGULA (DESESTIMACIÓN RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 102, FRACCIÓN I, Y 110, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO). XII. PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. CONFORME A ÉSTE, LAS CONDUCTAS PUNIBLES DEBEN ESTAR PREVISTAS EN LA LEY DE FORMA CLARA, LIMITADA E INEQUÍVOCA, SIN REENVÍO O PARÁMETROS EXTRALEGALES. XIII. REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. LAS DISPOSICIONES QUE LOS OBLIGAN A REPORTAR A SU SUPERIOR JERÁRQUICO CUALQUIER PAGO EN DEMASÍA DENTRO DE TREINTA DÍAS NATURALES, OMITEN TOMAR EN CUENTA QUE LA RESPONSABILIDAD DEL MANEJO DE LA NÓMINA CORRESPONDE A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS ENTES PÚBLICOS Y NO A LOS SERVIDORES QUE RECIBEN DICHO PAGO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 276-BIS, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL). XIV. REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. LAS DISPOSICIONES QUE LOS OBLIGAN A REPORTAR A SU SUPERIOR JERÁRQUICO CUALQUIER PAGO EN DEMASÍA DENTRO DE TREINTA DÍAS NATURALES OMITEN PRECISAR A PARTIR DE QUÉ MOMENTO EMPIEZA A CORRER DICHO PLAZO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 276-BIS, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL). XV. REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. LAS DISPOSICIONES DE NATURALEZA PENAL QUE REMITEN AMBIGUAMENTE A OTRA LEGISLACIÓN, TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y DE SEGURIDAD JURÍDICA EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 276-BIS, FRACCIÓN I, Y 276-TER, FRACCIONES I A IV, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL). XVI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ESTUDIO INNECESARIO DE CON
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 26/2019. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 21 DE ENERO DE 2025. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIADO: PABLO FRANCISCO MUÑOZ DÍAZ Y DANIELA CARRASCO BERGE.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiuno de enero de dos mil veinticinco, por el que se emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 26/2019, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de los artículos 99, tercer párrafo, 102, fracción I, 106, 107, 110, párrafos primero y segundo, y 113 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; así como los artículos 276-Bis y 276-Ter del Código Penal para el Distrito Federal; expedida y reformado, respectivamente, mediante Decreto publicado el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
I. TRÁMITE
1. Presentación del escrito, autoridades y normas impugnadas. La acción de inconstitucionalidad fue presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ("CNDH", en adelante) en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el 30 de enero de 2019.
2. Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales que se impugnan: Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Ciudad de México.
3. Conceptos de invalidez de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La CNDH señala que esas disposiciones normativas violan los artículos 1, 5, 14, 16, 123, apartado B, fracción IV, y 127 de la Constitución Federal; los artículos 1, 2, 8, 9, 24 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; los artículos 6 y 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; y, el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
4. Primer concepto de invalidez. La CNDH sostiene que el Capítulo VI de la Ley de Austeridad impugnada carece de bases y parámetros objetivos y diferenciados para establecer una remuneración anual, adecuada, irrenunciable y proporcional a las responsabilidades de los servidores públicos en los presupuestos correspondientes, lo que podría dar pauta a la discrecionalidad y arbitrariedad en su fijación.
5. En ese sentido, sostiene que ese Capítulo VI incumple con el mandato del artículo 127 constitucional y trasgrede el derecho de seguridad jurídica y la garantía de irreductibilidad salarial de los trabajadores al servicio de la Ciudad de México.
6. Además, sostiene que los artículos 102, fracción I, 110, párrafo primero, y 113 de la Ley de Austeridad impugnada, al establecer que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor a la que reciba la persona titular de la Jefatura de Gobierno, vulneran lo dispuesto en el artículo 127, fracción II, de la Constitución Federal, pues la percepción que reciba el Presidente de la República es el único parámetro al que debe sujetarse la determinación de las remuneraciones de los trabajadores del Estado.
7. Indica, en específico, que el Capítulo VI de la Ley de Austeridad impugnada, al no desarrollar el contenido del artículo 127 de la Constitución Federal, a fin de hacerlo efectivo, deviene en una omisión legislativa parcial por parte del Congreso local, resultado de una deficiente regulación de las normas respectivas. Esta omisión contraviene el derecho a la seguridad jurídica y al principio de legalidad.
8. Así, el ordenamiento impugnado, en gran medida, se limita a reproducir el texto constitucional, lo que lo posiciona como una norma jurídica deficiente que no cumple con el imperativo categórico constitucional de desarrollar las bases y reglas, claras y precisas, así como los parámetros diferenciados por actividad conforme a los cuales los entes públicos locales podrán determinar la cuantía de las remuneraciones de sus funcionarios.
9. La Ley de Austeridad que se impugna resulta en una regulación precaria que provoca incertidumbre jurídica al no precisar los parámetros para fijar el salario burocrático local.
10. Entre otros problemas de constitucionalidad, plantea que, en términos del artículo 127 de la Constitución Federal, el único tope máximo para la remuneración de los servidores públicos es la retribución que percibe el Presidente de la República. Por lo tanto, la legislatura local no podía mutar esta regla para señalar en su orden jurídico local que ningún servidor público pueda ganar más que la persona titular del Poder Ejecutivo local.
11. En ese tenor, sostiene que, en cumplimiento del mandato de la fracción VI del artículo 127 de la Constitución Federal, el Congreso local, si bien debía hacer efectivo el contenido del citado artículo dentro de su ámbito competencial, le estaba vedado ampliar o reducir las reglas para fijar las remuneraciones, pues ello corresponde de manera exclusiva al Constituyente Permanente, quien fue el que estableció y delineó sus alcances constitucionales.
12. Ahora bien, la CNDH señala que a partir de un análisis sistemático de los artículos 5, 123, apartado B, fracción IV y 127 de la Constitución Federal se desprende que los trabajadores al servicio del Estado tienen derecho a una retribución adecuada y proporcional a sus responsabilidades, lo cual constituye una precondición para el ejercicio eficaz de otros derechos humanos.
13. En términos del artículo 127 constitucional, ningún servidor público debe recibir una remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República y deben sancionarse penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de dicho precepto; sin embargo, las medidas que se tomen no deben afectar los derechos laborales de los trabajadores públicos. En contraste, la Ley de Austeridad impugnada genera un espectro de discrecionalidad de forma que los derechos laborales de los trabajadores al servicio del Estado se ven conculcados.
14. Segundo concepto de invalidez. La CNDH sostiene que los artículos 276-Bis y 276-Ter del Código Penal para el Distrito Federal resultan violatorios de los principios de legalidad penal en su vertiente de taxatividad, así como de igualdad y no discriminación, en virtud de que hacen remisiones erróneas; además de que establecen una distinción injustificada e imponen una carga desproporcionada al tipificar diversas conductas constitutivas del delito de remuneración ilícita.
15. En primer lugar (A), la CNDH señala que el tercer párrafo del artículo 99 de la Ley de Austeridad impugnada vulnera el derecho de seguridad jurídica y el principio de taxatividad al contener una redacción ambigua e imprecisa dado que no precisa a partir de qué momento comenzará a correr el plazo de la obligación de los servidores públicos consistente en reportar al superior jerárquico cualquier pago en demasía.
16. Asimismo, el artículo 276-Bis del Código Penal leído de forma conjunta con el artículo 99 de la Ley de Austeridad, imponen una carga desproporcionada a los servidores públicos quienes, incluso sin ser conocedores de cualquier pago excedente que pudiera llegarse a presentarse, son susceptibles de ser responsables penalmente por el delito de remuneración ilícita. En esa tesitura, considera que el legislador local perdió de vista que la demasía puede resultar de un error no imputable al trabajador.
17. Adicionalmente, no se precisa si el plazo de treinta días naturales comienza a correr: 1) a partir de que se realiza el pago en demasía, 2) desde que el servidor público tiene conocimiento del pago efectuado, o bien, 3) cuando el trabajador se percata de una percepción excedente. Por lo tanto, se vulnera el derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad.
18. Derivado de la disposición anterior, se establecen diversas sanciones, de acuerdo con el monto que fue entregado en exceso y no haya sido reportado, en términos del artículo 276-Ter impugnado.
19. Los términos en los cuales se encuentran redactados los artículos que se impugnan, resultan en un grado de indeterminación tal que constituyen una carga desproporcional y excesiva para los trabajadores, pues son los entes públicos patronales, a través de las entidades correspondientes, quienes se encuentran obligados a controlar, autorizar, aprobar y entregar las remuneraciones que recibe cada servidor, por lo que no debe corresponder a éste la obligación de verificar a profundidad que la cantidad otorgada sea la que legalmente le corresponde.
20. Además, los términos en los cuales está redactado el artículo 99 de la Ley impugnada permite la actualización del tipo penal, incluso cuando el pago en demasía sea ínfimo.
21. Aunado a lo anterior, las normas imponen una obligación adicional al servidor público, consistente en conocer el andamiaje jurídico, contable, financiero, y administrativo para estar en posibilidad de corroborar que la retribución que percibió es la que legalmente le corresponde.
22. Ahora bien, la CNDH reconoce que las normas penales impugnadas persiguen una finalidad constitucionalmente válida, como lo prevé el numeral 127, fracción VI, de la Constitución Federal; sin embargo, lo cierto es que fijar como obligación de las personas servidoras públicas el reportar cualquier pago en demasía, sin tener conocimiento de este, no es una medida idónea para lograrlo.
23. En otro aspecto (B), la CNDH sostiene la inconstitucionalidad de la fracción II del artículo 276-Bis del Código Penal local, en la porción normativa excepto quien forme parte del personal de base y supernumerario de las entidades públicas que no tenga puesto de mando medio o superior, dado que establece una distinción injustificada respecto de la regla consistente en la obligación de reportar el pago en demasía a cargo de los servidores públicos.
24. Al respecto, sostiene que el artículo 127 de la Constitución Federal no hace distinción alguna, por lo que no resulta válido que la ley ordinaria lo haga. Entonces la diferenciación carece de una justificación constitucionalmente válida y constituye un trato discriminatorio.
25. Así, la Ley de Austeridad impugnada regula de forma homogénea las remuneraciones de todos los servidores públicos de la Ciudad de México, por lo que la exclusión normativa del personal que no ocupa puestos de mando medio o superior en el tipo penal previsto en el artículo 276, fracción II, impugnado resulta en un trato diferenciado incompatible con el andamiaje constitucional.
26. Las normas impugnadas pueden dar pauta a un espectro de impunidad, pues puede haber servidores públicos que cometan ilícitos y que no sean sancionados únicamente derivado de su posición jerárquica.
27. Finalmente, en un tercer punto (C), la CNDH sostiene que el artículo 276-Bis, fracción I, del Código Penal local, transgrede el derecho fundamental a la seguridad jurídica y principio de legalidad, dado que realiza una remisión errónea. Así, si la porción normativa "la presente Ley" pretendía referir al propio Código Penal local, dicho ordenamiento de ningún modo fundamenta o configura lo regulado en este precepto.
28. En todo caso, la CNDH considera que la porción normativa "la presente ley", buscaba referir a la Ley de Austeridad local, por lo que existe un error en la remisión, circunstancia que genera incertidumbre respecto de cuál es efectivamente el texto complementario al que se refiere. Esta situación no es susceptible de ser corregida por medio de alguna vía interpretativa al estar frente a una norma en materia penal.
29. Esa incertidumbre jurídica, a pesar de que pudiera argumentarse un tema de falta de técnica legislativa, se traduce en una trasgresión al principio de taxatividad y, por lo tanto, vulnera el derecho humano a la seguridad jurídica.
30. Auto de registro y turno. Mediante acuerdo de 1 de febrero de 2019, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte ordenó el registro de la acción de inconstitucionalidad a la que le correspondió el número 26/2019, y turnó el expediente al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que fungiera como instructor del procedimiento.
31. Auto de admisión. Mediante acuerdo de 22 de marzo de 2019, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad. Asimismo, ordenó que se diera vista a las autoridades demandas a fin de que rindieran el informe correspondiente.
32. Informe del Poder Legislativo de la Ciudad de México. En relación con el primer concepto de invalidez, ese órgano legislativo argumentó que es competente para emitir la Ley de Austeridad impugnada, aunado a que esta cumple a cabalidad los parámetros ordenados por el artículo 127 de la Constitución Federal, por lo que no existe una omisión legislativa parcial.
33. En este sentido, la Ley de Austeridad local establece adecuadamente las bases y reglas claras y precisas para elaborar los proyectos de presupuesto de egresos, así como los tabuladores de remuneraciones correspondientes. Además, la legislación impugnada establece los topes máximos y mínimos, así como los parámetros para tener en cuenta al establecer las remuneraciones, conforme a los artículos 99, primer párrafo, 100, 102 y 110.
34. En otro aspecto, considera que resulta válido establecer como tope máximo a las remuneraciones locales la que perciba la persona titular de la Jefatura de Gobierno, pues dicho límite no se encuentra prohibido por el artículo 127 de la Constitución Federal y el Congreso local cuenta con la libertad para establecer un tope salarial intermedio.
35. Aunado a lo anterior, considera que no se transgrede el derecho fundamental a una remuneración adecuada dado que los principios y parámetros para la presupuestación de los salarios están reconocidos en los artículos 99 a 105 de la Ley de Austeridad impugnada.
36. En la misma línea, sostiene que el artículo 106 prevé que las remuneraciones deberán ser conforme al puesto o categoría asignado, bajo el principio de proporcionalidad, lo cual garantiza el principio de seguridad jurídica. Por su parte, los artículos 108 y 109 impugnados, encuentran su fundamento en las fracciones III y IV del artículo 127 de la Constitución Federal.
37. Por su parte los artículos 110 y 113 establecen válidamente un límite intermedio salarial a las remuneraciones de las personas servidores públicas locales, que pretende homologar a nivel local lo dispuesto por la fracción II del artículo 127 constitucional.
38. Por lo que hace al segundo concepto de invalidez, el Poder Legislativo local argumenta que el artículo 276-Bis del Código Penal local debe ser analizado mediante una interpretación conjunta con la Ley de Austeridad impugnada, especialmente con el artículo 99, tercer párrafo, de dicha legislación, por lo que es claro que el plazo de treinta días comenzará a correr a partir de que es recibido el pago en demasía. En esa tesitura, no existe ambigüedad alguna.
39. Asimismo, sostiene que no existe una carga desproporcional a las personas servidoras públicas toda vez que la norma impugnada sí deja claro cuáles serán las remuneraciones ilícitas.(1) Aunado a que es obligación de éstas conocer el andamiaje jurídico que regula su actuación.
40. Por último, indica que los artículos 276-Bis y 276-Ter del Código Penal local son constitucionales al haberse emitido en términos de la fracción VI del artículo 127 de la Constitución Federal.
41. En otro argumento, el Poder Legislativo local señala que el artículo 276-Bis del Código Penal realiza una distinción razonable y objetiva, que goza de base constitucional, conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIV, de la Constitución Federal, en tanto los trabajadores de base no desempeñan funciones de dirección y sus remuneraciones son menores a las de los trabajadores de confianza.
42. En ese sentido, sostiene que los trabajadores de base, al recibir remuneraciones menores, han estado relegados en el servicio de la función pública y, por tanto, constituyen una categoría sospechosa.
43. Así, la disposición normativa impugnada es constitucional pues protege la remuneración de los trabajadores de base, toda vez que: 1) cumple con una finalidad imperiosa, ya que al excluirlos del tipo penal busca empoderarlos y que no se vean envueltos en trámites que puedan perjudicar su ya precaria remuneración; 2) la distinción legislativa está estrechamente vinculada con la finalidad constitucionalmente imperiosa, pues busca evitar que se afecte su remuneración, misma que históricamente ha sido la más baja en el servicio público; y, 3) la distinción legislativa es la medida menos restrictiva posible.
44. Por cuanto hace a la supuesta errónea remisión contenida en el artículo 276-Bis del Código Penal impugnado, la legislatura sostiene que la porción normativa de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley es sólo producto de un error de técnica legislativa, por lo que debe ser interpretado en el sentido de que refiere a la Ley de Austeridad local que es la norma jurídica en la materia.
45. Además, estima que esa porción normativa no afecta el contenido del tipo penal en cuestión, pues de su lectura se aprecian claramente los elementos que lo configuran, sin que ningún ciudadano pueda alegar que desconoce la existencia de una ley que regula esa materia a propósito de eludir su cumplimiento. Además, dicho precepto fue emitido en cumplimiento a la fracción VI del artículo 127 de la Constitución Federal.
46. Informe del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México. Con respecto al primer concepto de invalidez, la Jefa de Gobierno sostiene que la Ley de Austeridad impugnada debe ser analizada en su conjunto, ya que los artículos 106, 107, 108 y 109 señalan de forma clara y precisa las reglas y el procedimiento a partir del cual se cuantificarán las remuneraciones de los servidores públicos locales. Por lo tanto, no existe discrecionalidad en la determinación del salario burocrático.
47. Por otro lado, sostiene que si bien el artículo 127, fracción II, de la Constitución Federal establece que ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para la persona titular de la Presidencia de la República en el presupuesto correspondiente, lo cierto es que la fracción VI del mismo numeral señala que las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del artículo a través de las adecuaciones correspondientes a su marco legal.
48. Por consiguiente, resulta válido establecer que ningún servidor público local podrá recibir remuneración mayor a la establecida para la persona titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, tomando como base la ratio legis del referido artículo 127 de la Constitución Federal. En consecuencia, argumenta que no existe violación alguna al derecho fundamental de seguridad jurídica ni al principio de legalidad.
49. Opinión de la Fiscalía General de la República. Esta Fiscalía no hizo manifestación alguna.
50. Cierre de instrucción. Visto el estado procesal de los autos, el 8 de octubre de 2019, con fundamento en el artículo 68, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria en la materia, el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá dictó auto de cierre de instrucción.
II. COMPETENCIA
51. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) y el artículo 10, fracción I, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(3) -aplicable en virtud de lo dispuesto por el artículo tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el 20 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación-.(4) Lo anterior, toda vez que se plantea la posible contradicción entre la Constitución Federal y diversos preceptos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y del Código Penal para el Distrito Federal, expedida y reformado, respectivamente, mediante Decreto publicado el 31 de diciembre de 2018 en la Gaceta Oficial de esa entidad federativa. III. OPORTUNIDAD
52. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria en la materia, dispone que el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al en que se haya publicado la norma general o tratado internacional impugnado en el correspondiente medio oficial.
53. El Decreto por el que se publicó la Ley de Austeridad local y se reformó el Código Penal local, se publicó el 31 de diciembre de 2018.(5) Tomando en cuenta esta fecha, el primer día del plazo para efectos del cómputo respectivo fue el 1 de enero de 2019, de lo que resulta que el plazo de treinta días naturales venció el 30 de enero de la misma anualidad.
54. En el caso, la demanda de la CNDH se presentó el día 30 de enero de 2019 ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo tanto, cabe concluir que resulta oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
55. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal dispone que esta Suprema Corte conocerá de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la CNDH en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que México sea parte.
56. En la presente acción de inconstitucionalidad dicha legitimación se acredita dado que, de la lectura de los conceptos de invalidez, se advierte que la CNDH aduce violaciones a diversos derechos humanos, por lo que sin duda se actualiza lo dispuesto en el inciso g) de la fracción II del artículo 105 constitucional.
57. De acuerdo con el primer párrafo del artículo 11 de la Ley Reglamentaria en la materia, en relación con el diverso 59, la accionante debe comparecer por conducto del funcionario que esté facultado para representarla. En el caso, en representación de la CNDH comparece su Presidente Luis Raúl González Pérez, personalidad que acreditó con copia certificada del acuerdo de designación del Senado de la República de fecha 13 de noviembre de 2014.(6)
58. Este funcionario cuenta con la facultad para representar a ese órgano constitucional autónomo y promover acciones de inconstitucionalidad, de conformidad con las fracciones I y XI del artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.(7)
V. PRECISIÓN DE LOS ACTOS IMPUGNADOS
59. Este Tribunal Constitucional estima necesario precisar las normas impugnadas que serán objeto de estudio dentro de la presente sentencia, ello en atención a un análisis integral de los planteamientos propuestos por la CNDH dentro de sus conceptos de invalidez.
60. Por un lado, en su primer concepto de invalidez, la CNDH señala como impugnado la totalidad del Capítulo VI denominado "De la presupuestación de las remuneraciones" del Título Tercero de la Ley de Austeridad local que comprende los artículos 106 a 122. Esencialmente, considera que existe una deficiente regulación que omite establecer las bases y parámetros para determinar adecuadamente las remuneraciones de los trabajadores al servicio de la Ciudad de México. Además, en ese mismo concepto, la CNDH se inconforma con las normas que establecen que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
61. En primer lugar, atendiendo al último tramo argumentativo, este Tribunal considera que deben tenerse por impugnados los artículos 102, fracción I, 110, párrafo primero y 113 de la Ley de Austeridad local que establecen, justamente, que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
62. En segundo lugar, este Pleno considera que deben tenerse por impugnados los artículos 106, 107 y 110, segundo párrafo, y no así la totalidad del Capítulo VI, pues son éstos los que refieren al procedimiento de programación y presupuestación de las remuneraciones, así como a los límites para la cuantificación de las mismas, ya sean ordinarias, extraordinarias o adicionales.
63. Por otro lado, en su segundo concepto de invalidez, la CNDH impugna efectivamente la invalidez de los artículos 276-Bis y 276-Ter del Código Penal local, así como el artículo 99, párrafo tercero, de la Ley de Austeridad local.
64. En consecuencia, se precisa que las normas efectivamente impugnadas, y que constituyen la litis de esta sentencia son:
a. Artículos 99, párrafo tercero, 102, fracción I, 106, 107, 110, párrafos primero y segundo, y 113, todos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, expedida mediante Decreto publicado el 31 de diciembre de 2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
b. Artículos 276-Bis y 276-Ter del Código Penal para el Distrito Federal, reformado mediante Decreto publicado el 31 de diciembre de 2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
65. De forma previa al análisis del estudio de fondo es necesario responder a las causales de improcedencia planteadas por las autoridades demandadas, así como aquellas que este Alto Tribunal advierta oficiosamente.
A. FALTA DE LEGITIMACIÓN DE LA CNDH
66. En primer lugar, el Poder Legislativo de la Ciudad de México considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19, en relación con el artículo 20, fracción II, ambos de la Ley Reglamentaria en la materia.(8) En este sentido, considera que el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal no otorga legitimación a la CNDH para interponer la presente acción de inconstitucionalidad, dado que hace valer presuntas violaciones a la Constitución Federal relacionadas con materias que no están exclusivamente relacionadas con los derechos humanos, extralimitándose en sus facultades.
67. Es decir, sostiene que la CNDH sólo puede impugnar cierto tipo de normas en atención a su contenido material o, en su caso, impugnar normas por violar sólo determinados contenidos constitucionales, sin que sea posible impugnar normas por posibles violaciones del texto constitucional fuera del ámbito de los derechos humanos.
68. Agrega que la CNDH no es un órgano encargado de vigilar en abstracto la vigencia del orden constitucional, y no puede promover una acción de inconstitucionalidad por posibles violaciones constitucionales distintas a los derechos humanos, como pretende hacer en el presente juicio.
69. Ahora bien, para dar respuesta a ello, se trae a cuenta que este Tribunal Pleno ha sostenido que no existe un catálogo de artículos específicos en los que se encuentren todos los derechos humanos tutelados por la Constitución Federal a los que deban ceñirse los organismos protectores de derechos humanos –como lo es el caso de la CNDH– al promover acciones de inconstitucionalidad. En este sentido, todos los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que sea parte el Estado Mexicano pueden invocarse como vulnerados, sin que proceda hacer clasificaciones o exclusiones de derechos susceptibles de tutelarse por esa vía.
70. En consecuencia, esta causal de improcedencia resulta infundada, pues de la argumentación de la CNDH, y como quedó expuesto previamente, existen planteamientos que permiten advertir la impugnación de las normas a propósito de la violación de derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, como: seguridad jurídica, legalidad, igualdad y no discriminación, así como el derecho humano a una adecuada remuneración laboral. En cualquier caso, la efectiva determinación de si las disposiciones impugnadas transgreden los derechos humanos invocados por la CNDH es un aspecto que solamente puede determinarse mediante el estudio de fondo correspondiente.(9)
B. CESACIÓN DE EFECTOS DE LAS NORMAS IMPUGNADAS
71. Este Alto Tribunal advierte oficiosamente que algunas de las normas impugnadas de la Ley de Austeridad local han sido objeto de reformas legislativas, por lo que corresponde analizar si han cesado en sus efectos conforme a lo previsto en el artículo 19, fracción V, en relación con el diverso 59, ambos de la Ley reglamentaria en la materia.(10)
72. En efecto, se ha considerado que, para tener por actualizado el sobreseimiento por cesación de efectos en la acción de inconstitucionalidad, un nuevo acto legislativo requiere cumplir con dos aspectos:(11)
a) Que se haya llevado a cabo un procedimiento legislativo (criterio formal).
b) Que la modificación normativa sea sustantiva o material (criterio material).
73. El primer aspecto se refiere a que la norma impugnada haya sido objeto del desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo, tales como: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación. El segundo requisito significa que la modificación a la norma debe ser sustantiva o material, es decir, que exista un verdadero cambio en el sentido normativo que modifique la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto.
74. Ahora, en este segundo aspecto, el criterio que actualmente sostiene este Alto Tribunal consiste en que se lleve a cabo una modificación al sentido normativo de la norma impugnada. Esto no acontece, como regla general, por ejemplo, cuando se reproduce un artículo exactamente con el mismo con
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33623-2334d9cd/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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