I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI BIEN ES IMPROCEDENTE CONTRA UNA OMISIÓN ABSOLUTA EN LA EXPEDICIÓN DE UNA LEY, NO LO ES CUANDO AQUÉLLA SEA RESULTADO DE UNA DEFICIENTE REGULACIÓN DE LAS NORMAS RESPECTIVAS. V. REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRINCIPIOS QUE LAS RIGEN. VI. REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. EXCEPCIONES QUE PERMITEN QUE ALGUNO DE AQUÉLLOS OBTENGA UNA REMUNERACIÓN MAYOR QUE LA DE SU SUPERIOR. VII. REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 127 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL REDUNDA EN UN DEBER LEGISLATIVO DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO PARA TODAS LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. VIII. REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. CRITERIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS CONGRESOS FEDERAL Y LOCALES PARA SATISFACER SU DEBER LEGISLATIVO EN LA MATERIA (ARTÍCULO 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). IX. REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. OMISIÓN DEL CONGRESO LOCAL DE SATISFACER SU DEBER LEGISLATIVO EN LA MATERIA (FUNDADA LA OMISIÓN LEGISLATIVA ATRIBUIDA A LA LEY DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, ATINENTE A ESTABLECER LOS CRITERIOS OBJETIVOS Y SUFICIENTES PARA ESTABLECER LAS DIFERENTES REMUNERACIONES DE LOS DISTINTOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESE ESTADO). X. REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. LA LEGISLACIÓN LOCAL RESPECTIVA CARECE DE REGLAS, PARÁMETROS, MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA FIJARLAS CON CRITERIOS OBJETIVOS Y SUFICIENTES (FUNDADA LA OMISIÓN LEGISLATIVA ATRIBUIDA A LA LEY DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, ATINENTE A ESTABLECER LOS CRITERIOS OBJETIVOS Y SUFICIENTES PARA ESTABLECER LAS DIFERENTES REMUNERACIONES DE LOS DISTINTOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESE ESTADO). XI. REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. LA LEGISLACIÓN LOCAL, AL DISPONER QUE LAS REMUNERACIONES SE FIJARÁN ANUALMENTE Y QUE ÉSTAS DEBERÁN RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, IGUALDAD Y EQUIDAD, PREVÉ REFERENCIAS INSUFICIENTES PARA CUMPLIR CON EL DEBER LEGISLATIVO DE HACER EFECTIVO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 127, FRACCIONES I, II Y III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (FUNDADA LA OMISIÓN LEGISLATIVA ATRIBUIDA A LA LEY DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, ATINENTE A ESTABLECER LOS CRITERIOS OBJETIVOS Y SUFICIENTES PARA ESTABLECER LAS DIFERENTES REMUNERACIONES DE LOS DISTINTOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESE ESTADO). XII. REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. LA LEGISLACIÓN LOCAL RESPECTIVA CARECE DE REGLAS, PARÁMETROS, MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA DELIMITAR ADECUADAMENTE EL ALCANCE Y LAS CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN, ASÍ COMO LA FORMA DE APLICACIÓN DE ÉSTAS A CIERTOS SERVIDORES PÚBLICOS (FUNDADA LA OMISIÓN LEGISLATIVA ATRIBUIDA A LA LEY DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, ATINENTE A ESTABLECER LOS CRITERIOS OBJETIVOS Y SUFICIENTES PARA ESTABLECER LAS DIFERENTES REMUNERACIONES DE LOS DISTINTOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESE ESTADO). XIII. REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. EL PODER REFORMADOR FEDERAL ESTABLECIÓ QUE SE PODRÁN UTILIZAR RECURSOS PÚBLICOS PARA EROGAR JUBILACIONES, PENSIONES, HABERES DE RETIRO, LIQUIDACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS, Y PRÉSTAMOS O CRÉDITOS, LOS CUALES NO DEBERÁN CONCEBIRSE COMO REMUNERACIONES Y, POR ENDE, NO TENDRÁN QUE SER CONDICIONADOS A TODAS LAS REGLAS Y LOS PRINCIPIOS QUE REGULAN LA DETERMINACIÓN Y FIJACIÓN DE LAS REMUNERACIONES DE DICHOS SERVIDORES. XIV. REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. LOS MANUALES DE REMUNERACIONES INCUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 127 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL SER EMITIDOS POR LOS PROPIOS ÓRGANOS PÚBLICOS DEL ESTADO DECIDIENDO ASÍ EL DEVENIR DE LAS JUBILACIONES, PENSIONES, HABERES DE RETIRO, LIQUIDACIONES, PRÉSTAMOS O CRÉDITOS DE SUS SERVIDORES PÚBLICOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN I,
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 85/2019. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 23 DE ENERO DE 2025. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintitrés de enero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 85/2019, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (de forma general y particular).
I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. El siete de agosto de dos mil diecinueve, Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (de ahora en adelante, “CNDH” o “Comisión accionante”), promovió acción de inconstitucionalidad en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Aguascalientes, respecto del Decreto número 180 por el que se expidió la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
2. En suma, por un lado, se cuestionó la totalidad de la legislación con motivo de un alegato de omisión legislativa parcial y, por otro lado y en caso de ser necesario, se impugnó la regularidad constitucional de tres disposiciones normativas en específico (artículos 11, tercer párrafo, en cierta porción normativa; 28, fracción I, en ciertas porciones normativas, y 33 de la ley).
3. Aclaración previa y conceptos de invalidez. Al respecto, se plantearon las siguientes aclaraciones y razonamientos de invalidez.
Aclaración previa
a) La Comisión accionante detalla que el objeto de su demanda no es debilitar el sistema jurídico, sino por el contrario consolidad las instituciones y preservar el Estado de Derecho defendiendo los principios y derechos humanos reconocidos en la Constitución.
b) Por ello, presenta su demanda para cuestionar la regularidad constitucional de la ley de remuneraciones en lo general y, en lo particular, para impugnar los artículos 11, tercer párrafo, en la porción normativa que dice “La remuneración total anual del Gobernador será el límite máximo de remuneración para los servidores públicos”; 28, fracción I, en las porciones normativas que dicen “contrato ley” e “y/o en el Manual de Remuneraciones” y 33 de la referida ley. De manera principal, porque la legislación carece de bases y parámetros objetivos para establecer una remuneración anual, equitativa, adecuada, irrenunciable y proporcional y porque el artículo 11 en su porción reclamada contraviene directamente el artículo 127, fracción II, de la Constitución Federal y el artículo 28, fracción I, en sus porciones reclamadas amplia supuestos de excepción para el otorgamiento de pensiones, jubilaciones y haberes de retiro no contemplados en la Constitución Federal.
Conceptos de invalidez
PRIMERO. La Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes y sus Municipios en su conjunto, carece de bases y parámetros objetivos y diferenciados para establecer una remuneración anual, equitativa, adecuada, irrenunciable y proporcional a las responsabilidades de los servidores públicos de los entes y poderes del Estado de Aguascalientes, lo que da pauta a la discrecionalidad y arbitrariedad en la fijación de la misma; por lo tanto, incumple con el mandato del artículo 127 constitucional y transgrede el derecho fundamental de seguridad jurídica.
c) La Ley de Remuneraciones de Aguascalientes, en su conjunto, resulta inconstitucional por contravenir los artículos 1º, 14, 14, 123 y 127 de la Constitución Federal. Ello, pues en toda la legislación; incluso, en el Título Segundo de la ley, no se desarrollan los requisitos existidos en el artículo 127 constitucional en torno a las remuneraciones de los servidores públicos. Circunstancia que ocasiona una omisión legislativa parcial por parte del legislador secundario.
d) Es decir, el Congreso Estatal, al expedir la legislación impugnada incurrió en una omisión legislativa relativa en competencias de ejercicio obligatorio, toda vez que no estableció en el cuerpo de la ley las bases y parámetros objetivos y diferenciados que desarrollen y hagan efectivo el artículo 127 de la Constitución Federal, para determinar una remuneración en los términos de dicho precepto para cada uno de los servidores públicos de los diversos entes y poderes del Estado de Aguascalientes.
e) Lo anterior, se traduce en incertidumbre jurídica, ya que no se previó ningún parámetro objetivo para fijar el sueldo que constituye el límite máximo para determinar el salario de todos los trabajadores al servicio del Estado; con lo cual se otorga un margen de discrecionalidad a las autoridades competentes, que da pauta a la arbitrariedad en la fijación de las remuneraciones de todos los servidores públicos y, por tanto, vulnera los derechos a la seguridad jurídica, a recibir una remuneración adecuada y proporcional a sus responsabilidades.
f) Para justificar lo anterior, la Comisión accionante dividió este apartado en dos subapartados. En el primero (que se identifica como “A. Omisión legislativa parcial que se traduce en una afectación al derecho de seguridad jurídica y al principio de legalidad”) explicó que en las acciones de inconstitucionalidad es viable alegar la existencia de una omisión legislativa parcial en competencias de ejercicio obligatorio y que, en el caso, se actualiza precisamente tal supuesto. El artículo 127 constitucional exige que, las leyes que se emitan, “reglamenten” diversos aspectos de las remuneraciones de los servidores públicos. No simplemente que enuncien los principios que rigen a estas remuneraciones. Siendo que la Ley de Remuneraciones local carece totalmente de esa reglamentación y de reglas objetivas para la fijación de las remuneraciones.
g) Sin que escape a su consideración que en el Título Segundo de la ley impugnada, se desarrolla el tema de las “Remuneraciones de los Servidores Públicos”. Para el accionante, ese título constituye una mera reproducción distorsionada del referido artículo 127 constitucional. Cuando en el Capítulo II de ese Título se habla de remuneraciones anuales, si bien se obliga a las autoridades estatales fijar los tabuladores señalando límites mínimos y máximos de los distintos cargos, ello no constituye realmente una reglamentación del texto constitucional.
h) Por su parte, en el Capítulo III de este Título Segundo, se prevé que los órganos públicos deberán emitir manuales de remuneraciones; lo cual resulta inválido ya que se delega a la autoridad la obligación constitucional de desarrollar el contenido de la Constitución Federal en la ley. Adicionalmente, en el Capítulo IV (artículo 15) se establece un sistema de remuneraciones, sin que en la ley se desarrollen los parámetros exigidos constitucionalmente para que pueda operar dicho sistema e, inclusive, tampoco se delimitan la integración, alcances y procedimientos de ese sistema.
i) Ahora bien, en el segundo subapartado (que se identifica como “B. Transgresión al derecho fundamental a una remuneración en términos de los principios establecidos ene l artículo 127 constitucional), la Comisión accionante insiste en que al no existir parámetros objetivos en la ley para determinar la cuantía de las remuneraciones, se da pauta a que las mismas sean determinadas discrecionalmente y se afecte el derecho fundamental a recibir una remuneración adecuada y proporcional a las responsabilidades como servidor público; en términos de una valoración conjunta de los artículos 5, 123, apartado B, fracción IV, y 127 de la Constitución Federal.
j) Una ley tan indeterminada e imprecisa puede llevar a una afectación a los derechos laborales de los trabajadores públicos. Se cita como precedente aplicable lo fallado por este Tribunal en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, en la que se analizó la Ley Federal de Remuneraciones y en el que se indicaron algunos elementos o criterios objetivos que pueden impedir el ejercicio discrecional de la facultad de determinación de las remuneraciones.
SEGUNDO. El artículo 11, tercer párrafo, en la porción normativa “La remuneración total anual del Gobernador del Estado será el límite máximo de remuneración para los servidores públicos” de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, transgrede lo previsto en el artículo 127, fracción II, de la Constitución Federal, pues la percepción que reciba el Presidente de la República es el único parámetro al que debe sujetarse la determinación de remuneraciones de los trabajadores del Estado.
k) Expuesto lo anterior, en complemento al argumento genérico de omisión legislativa, se cuestionaron varios artículos en lo particular.
l) En principio, se sostiene que el tercer párrafo del artículo 11 de la Ley impugnada (que se relaciona con el artículo 65, fracción II, de la Constitución Local), dispone que la remuneración total del gobernador del Estado será el límite máximo de remuneración para todos los servidores públicos locales. En ese sentido, se argumenta que dicho límite no resulta acorde con lo previsto en el artículo 127 de la Constitución Federal, toda vez que el único tope máximo constitucional para la remuneración de los servidores públicos es la retribución que percibe el Presidente de la República.
m) La Constitución Federal no dispone que las legislaturas locales deban homologar la regla constitucional para señalar en su orden jurídico local que ningún servidor público pueda ganar más que el Gobernador del Estado, ya que la Norma Fundamental únicamente prevé como tope la retribución que perciba el Titular del Ejecutivo Federal.
n) Esto es, la Ley impugnada, debía fijar las bases por virtud de las cuales, de manera objetiva se fijen los salarios de los servidores públicos de Aguascalientes sin que estos puedan ser aumentados o disminuidos a discreción, evitando así que se afecte su derecho a una remuneración en términos de lo dispuesto por el referido precepto constitucional.
o) Para sustentar lo anterior, señala que la exposición de motivos de las iniciativas de reforma al artículo 127 de la Constitución Federal, se desprende que la intención del Poder Reformador fue en el sentido de establecer la obligación del Congreso de la Unión de definir el sentido y alcance de las disposiciones constitucionales, para sentar bases uniformes para la fijación de las remuneraciones, sin violentar la autonomía de las entidades. Aunado a lo anterior, el proceso legislativo establecía que las remuneraciones de los servidores públicos debían responder a criterios de grado de responsabilidad y nivel jerárquico; por lo cual, si bien la reforma pretendió que se terminara con la asignación arbitraria de remuneraciones a ciertos funcionarios públicos, la Constitución Federal reconoce que debe existir proporcionalidad entre las remuneraciones y las funciones y responsabilidades inherentes al cargo.
p) Ahora bien, aun y cuando la remuneración que reciba el Gobernador del Estado podría usarse como base para la determinación del resto de los servidores públicos adscritos a la Administración Pública local, en términos de la fracción II del artículo 127 de la Constitución Federal, lo cierto es que dicho tope no tendría que ser parámetro para los trabajadores al servicio de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, ni para los organismos públicos a los que la propia Constitución local les reconoce autonomía.
q) Aunado a lo anterior, en su caso y en complemento a la impugnación genérica, la Comisión accionante subraya que esta norma también resulta inconstitucional al actualizar una omisión legislativa parcial por no desarrollar las bases y parámetros exigidos en la Constitución Federal, al tamiz de los razonamientos ya expuestos.
r) Por ende, en suma, se solicita a ese máximo tribunal constitucional, la declaración de invalidez del artículo 11, tercer párrafo, en la porción normativa “será el límite máximo de remuneración para los servidores públicos” de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
TERCERO. El artículo 28, fracción I, de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes y sus Municipios en las porciones normativas “contrato ley” “y/o en el Manual de Remuneraciones” amplían los supuestos de excepción para el otorgamiento de jubilaciones, pensiones y haberes de retiro erogados por los órganos públicos, por lo que resulta contrario a los artículos 127, fracción IV, y 136 de la Norma Fundamental al permitir la eventual discrecionalidad en la asignación de dichas prestaciones.
s) El artículo 28, fracción I de la Ley impugnada dispone que las erogaciones que realicen los órganos públicos por concepto de jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados y los préstamos o créditos que otorguen a sus trabajadores, deberán estar previstas por ley, decreto legislativo, contrato ley, contrato colectivo, condiciones generales de trabajo y/o en el Manual de Remuneraciones. En ese tenor, la Comisión accionante afirma que, de manera indebida, el Congreso Local incluyó como supuesto de excepción adicional los contratos ley y los Manuales Remuneraciones; instrumentos jurídicos que pueden generar un margen a la arbitrariedad en la erogaciones de los recursos económicos del Estado.
t) De la interpretación teleológica de la fracción IV del artículo 127 de la Constitución Federal, se infiere que los supuestos contemplados como excepción para la expedición de jubilaciones, pensiones y haberes de retiro, responden a un ejercicio deliberativo acaecido en el Congreso; o bien de reivindicaciones sociales. Por ello, aunque ciertas prestaciones se encuentren contenidas en Manuales de Remuneraciones, no se atiende a un ejercicio democrático, en virtud de que dicho instrumento participa de la naturaleza jurídica de reglas generales administrativas que, abarcan aspectos técnicos y operativos. De igual manera que no es dable pensar que una prestación excepcional consistente en otorgar jubilaciones, pensiones y haberes de retiro en favor de extrabajadores al servicio del Estado puede contemplarse en Manuales.
EFECTOS
u) Finalmente, respecto a los efectos, se solicita a esta Suprema Corte que, en caso de se considere inconstitucional el tercer párrafo del artículo 11 de la Ley impugnada, también se invalide en lo pertinente el artículo 65, fracción II, de la Constitución local, así como todas aquellas normas que estén relacionadas por cuestión de efectos conforme a lo dispuesto por los artículos 41, fracción IV, y 45, segundo párrafo de la Ley Reglamentaria de la materia.
4. Admisión y trámite. En relación con la instrucción del asunto, destaca que, una vez recibida la acción de inconstitucionalidad, mediante acuerdo de doce de agosto de dos mil diecinueve, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por interpuesta la demanda y la registró bajo el número de expediente 85/2019, designando como instructor del asunto al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
5. El trece de agosto de dos mil diecinueve, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y dio vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Aguascalientes para que rindieran su informe; asimismo, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para la formulación del pedimento correspondiente.
6. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes. El cinco de septiembre de dos mil diecinueve, el Secretario General de Gobierno y representante legal del titular del Poder Ejecutivo de Aguascalientes dio contestación a la demanda y expresó los siguientes razonamientos:
a) El Ejecutivo cumplió con la función de promulgación de leyes, por lo tanto, es cierto, que el decreto número 180, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el ocho de julio de dos mil diecinueve.
b) Por cuando a los actos imputados al Poder Legislativo al no ser propios del Ejecutivo del Estado, no se contestan. Por su parte, sostiene que los actos imputados y cuya invalidez se reclama, se realizó en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 32, 35 y 46, fracción I, de la Constitución local.
c) Por tanto, considera que la sola publicación del documento por el Ejecutivo, no viola los preceptos constitucionales y convencionales que menciona el promovente en su demanda. Cita en apoyo la jurisprudencia de rubro: “LEYES, AMPARO CONTRA. AUTORIDAD RESPONSABLE. SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE CUANDO SE SEÑALA AL CONGRESO QUE LA EXPIDIÓ, PERO NO AL EJECUTIVO QUE LA PROMULGÓ.
d) Por otro lado, señala que el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete fue aprobada la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, misma que establecía y regulaba que ningún servidor público puede ganar más que el Gobernador. Empero, diversas disposiciones se contraponían con lo establecido en el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados, en perjuicio de los derechos adquiridos por los trabajadores.
e) En ese sentido, el Gobierno del Estado ha trabajado en los tabuladores que permiten la regulación de las remuneraciones de los servidores públicos de tal forma que éstas sean de acuerdo a categorías, niveles, jerarquías y funciones desempeñadas, teniendo como siempre como referencia máxima las percepciones del Gobernador del Estado.
f) Finalmente, considera que la Ley impugnada es congruente con lo establecido tanto en la Constitución Federal como en la local, además de estar en armonía con la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
7. Informe del Poder Legislativo. Por su parte, el Poder Legislativo de la entidad, a través de la Presidenta de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente y representante legal de la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Aguascalientes, el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, rindió informe argumentando lo que se detalla en seguida.
a) Del análisis realizado por los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Vigilancia y Servidores Públicos, se desprende que en términos del mandato establecido en la fracción V del artículo 65 de la Constitución local, el Poder Legislativo expedirá las leyes para hacer efectivos los principios rectores en materia de remuneraciones de los servidores públicos, por lo que la Ley de Remuneraciones del Estado, da cumplimiento a los mismos. Relatado lo anterior, si bien la Constitución del Estado ya incorpora las directrices en esta materia, se argumenta que la Ley de Remuneraciones debe ser reglamentaria del precepto de la propia Constitución local, por lo que resulta adecuado que la misma esté en vigor.
b) Por su parte, se expresa que el Congreso atendió la petición de la sociedad, en el sentido de limitar los sueldos que percibir los servidores públicos y que los referidos servidores sean competentes, profesionales y honestos que desempeñen sus funciones con un alto grado de responsabilidad y eficiencia; para lo cual era imprescindible que se prevean remuneraciones adecuadas y dignas, en orden a la realidad socioeconómica. Por ende, se emitió la ley cuestionada, a fin de que el Estado contara con un marco normativo reglamentario adecuado, que regularía en cada nivel de la administración pública los sueldos que se deben percibir, tomando como base, no solamente la responsabilidad del puesto, sino la eficacia en su ejercicio.
8. Referencia a la opinión del Fiscal General de la República y del Consejero Jurídico del Gobierno Federal. El Fiscal General de la República y el Consejero Jurídico del Gobierno Federal se abstuvieron de formular pedimento o alegato alguno, según se desprende de las constancias del expediente. 9. Cierre de la instrucción. Tras el trámite legal correspondiente y la presentación de alegatos, por acuerdo de quince de octubre de dos mil diecinueve, se declaró cerrada la instrucción del asunto y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución.
II. COMPETENCIA
10. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada,(1) toda vez que la CNDH plantea la posible contradicción entre la Constitución Federal y el Decreto por el que se expide la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
III. PRECISIÓN DE LA NORMA RECLAMADA
11. Haciendo un análisis integral de la demanda, esta Suprema Corte considera que la materia del presente asunto se circunscribe a analizar lo siguiente:
• Por un lado, se cuestiona en su totalidad la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, expedida mediante el citado Decreto 180.
• Por otro lado, aunado a esa impugnación general, se cuestiona de manera particularizada los artículos 11, tercer párrafo, en la porción normativa que dice “La remuneración total anual del Gobernador será el límite máximo de remuneración para los servidores públicos”; 28, fracción I, en las porciones normativas que dicen “contrato ley” e “y/o en el Manual de Remuneraciones” y 33 de la referida ley.
IV. OPORTUNIDAD
12. El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal(2) (de ahora en adelante “Ley Reglamentaria de la materia”) dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial.
13. En el caso, la referida legislación impugnada se publicó el ocho de julio de dos mil diecinueve, por lo que el plazo para presentar la acción de inconstitucionalidad transcurrió del nueve de julio al siete de agosto de dos mil diecinueve. En ese sentido, dado que el escrito de demanda se presentó justamente el siete de agosto del dos mil diecinueve, este Tribunal Pleno considera que se satisface el requisito de oportunidad.
V. LEGITIMACIÓN
14. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal y el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la materia, disponen que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está facultada para interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República,(3) actuando a través de su legítimo representante.
15. Se cumple con este presupuesto procesal en el asunto que nos ocupa. La Comisión Nacional impugnó una ley local en materia de remuneraciones. Por su parte, dicho escrito fue interpuesto por Luis Raúl González Pérez, en su carácter de Presidente de la Comisión Nacional; este cargo se acreditó con la copia certificada de la constancia firmada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, en la que se comunica que, en sesión de trece de noviembre de dos mil catorce, la citada Cámara lo eligió como Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por un lapso de cinco años, el cual comprendía del trece de noviembre de dos mil catorce al catorce de noviembre del dos mil diecinueve. A su vez, se advierte que los artículos 15, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(4) y 18 de su reglamento Interno,(5) establecen que la representación de la mencionada institución corresponde justamente a su Presidente.
16. Adicionalmente, esta Suprema Corte ya ha aceptado que los organismos protectores de derechos humanos tienen la potestad para cuestionar el contenido de normas que regulen lo relativo a las remuneraciones de los servidores públicos, al estar, cuando menos, imbricados los derechos humanos de ese grupo de personas. El precedente directamente aplicable es la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018.
VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
17. En virtud de que las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente, al ser de orden público, se lleva a cabo su análisis.
18. Por un lado, se advierte que en su contestación, el Poder Ejecutivo afirmó que no hay ninguna incidencia por lo que a él respecta, ya que actuó en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 32, 35 y 46, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes. Interpretando ese razonamiento como una postura de improcedencia, este Tribunal Pleno cuenta con criterio reiterado que dicha razón debe desestimarse, pues el Poder Ejecutivo forma parte de los órganos que emitieron, promulgaron y publicaron la norma reclamada. Este criterio se refleja en nuestra tesis de jurisprudencia de rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES.”(6)
19. Por su parte, el Poder Legislativo no planteó ninguna causal de improcedencia o sobreseimiento, y esta Suprema Corte tampoco advierte de oficio la actualización de alguna de ellas, por lo que se pasa al examen de los conceptos de invalidez.
VII. ESTUDIO DE FONDO
20. En atención a la materia de estudio de la presente acción de inconstitucionalidad, este apartado se dividirá en varios subapartados. En primer lugar, se analizará la impugnación genérica de la totalidad de la ley por omisión legislativa relativa (VIII.1.) y, en segundo lugar, en caso de ser necesario, se hará el estudio de la regularidad constitucional de las normas impugnadas de manera específica (VIII.2.).(7)
VII.1. Análisis de constitucionalidad de la ley ante alegato de omisión legislativa relativa
21. En su primer concepto de invalidez, la Comisión accionante sostiene que, en su integralidad, la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes y sus Municipios resulta inconstitucional por contravenir los artículos 1º, 14, 16 y 127 de la Constitución Federal, al actualizarse una omisión legislativa relativa en competencias de ejercicio obligatorio. Este Tribunal Pleno considera fundada dicha petición en cuanto a la existencia de la omisión legislativa relativa, pero esta omisión no da paso a la invalidez de toda la ley bajo estudio. Esto en atención a las consideraciones que siguen.
22. Para estar en aptitud de responder este cuestionamiento, en principio, debe destacarse que es criterio reiterado de esta Suprema Corte que, si bien en acción de inconstitucionalidad no hay pie para cuestionar omisiones legislativas absolutas, sí puede formar parte de los argumentos de invalidez lo relativo a omisiones legislativas relativas.
23. A saber, para estar en presencia de una omisión legislativa absoluta, hemos entendido que la premisa conceptual de la cual se parte es que el órgano materialmente legislativo no ha emitido la normatividad exigida (por eso es absoluta). Por ello, se ha dicho que no puede ser materia de la acción de inconstitucionalidad el control de este tipo de omisiones, ya que el objeto de análisis en esos supuestos es un acto omisivo y no propiamente una norma general. Como se desprende del artículo 105, fracción II, de la Constitución Federal, la acción de inconstitucionalidad procede en contra de normas generales, cuya condición indispensable es que existan en el ordenamiento jurídico con motivo de su publicación.
24. Sin embargo, tal escenario no concurre cuando se aduce un caso de omisión legislativa relativa. En diversos precedentes, esta Suprema Corte ha aceptado como argumentos posibles de invalidez en acciones de inconstitucionalidad los relativos a omisiones legislativas relativas, pues en realidad lo que se está cuestionando es la deficiencia que detenta el contenido de una norma jurídica existente.
25. Siendo que en éstos, de manera reiterada, hemos sostenido que para dar lugar a una inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa, debe identificarse que realmente concurra un deber de carácter legislativo, que éste sea de ejercicio obligatorio y que el mismo haya sido incumplido por el órgano legislativo dando lugar a una norma con un contenido insuficiente o contrario al contenido de ese deber legislativo. Criterios que se reflejan en la tesis de rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI BIEN ES IMPROCEDENTE CONTRA UNA OMISIÓN ABSOLUTA EN LA EXPEDICIÓN DE UNA LEY, NO LO ES CUANDO AQUÉLLA SEA RESULTADO DE UNA DEFICIENTE REGULACIÓN DE LAS NORMAS RESPECTIVAS.”(8) y “OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS.”(9)
26. Así las cosas, como se detalló, en el caso se advierte que en la demanda, la Comisión accionante pretende cuestionar todas las normas que integran la existente Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, expedida mediante el Decreto 180. Al respecto, aunque es poco usual que se traiga a esta Suprema Corte una impugnación de toda una ley por una misma deficiencia normativa, no hay impedimento para hacerlo de esa manera.
27. Para la CNDH, todas las normas de la Ley de Remuneraciones Estatal se encuentran interrelacionadas al formar un sistema jurídico y, por ende, todas sufren del mismo vicio de invalidez: el inadecuado desarrollo de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33735-70380155/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES A CARGO DE LAS PERSONAS PENSIONADAS O JUBILADAS DEL ESTADO DE NAYARIT. PROCEDE LA DEVOLUCIÓN TOTAL DE LAS CANTIDADES RETENIDAS Y EROGADAS CONFORM (XXIV.2o. J/1 A (11a.))
- CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE, AMBOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. DEBE DECIDIRSE EN FAVOR DE ÉSTE, CUANDO SE DEM (IV.1o.A. J/4)
- CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE, AMBOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. DEBE DECIDIRSE EN FAVOR DE ÉSTE, CUANDO SE DEM (51 (H))
- CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE, AMBOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. DEBE DECIDIRSE EN FAVOR DE ÉSTE, CUANDO SE DEM (130 (H))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis