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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y ARTÍCULO 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. VI. LEY DE PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA. CONTENIDO Y ASPECTOS DISTINTIVOS. VII. PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SU CONTENIDO Y ALCANCE. VIII. IGUALDAD JURÍDICA. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1 Y 24 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. IX. PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PARÁMETRO GENERAL. X. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SE INTERPRETA Y CONFIGURA A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD ANTE LA LEY Y DE IGUALDAD EN LA LEY. XI. LEY DE PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA. LA DISTINCIÓN ENTRE LAS CUOTAS A CARGO DE LOS TRABAJADORES Y LAS APORTACIONES HECHAS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PATRONALES NO RESULTA VIOLATORIA DEL DERECHO DE IGUALDAD, EN TANTO QUE LA SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRAN NO RESULTA EQUIPARABLE, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 11 BIS DE LA LEY DE LA MATERIA. XII. LEY DE PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA. LA DISTINCIÓN DE LA BASE SALARIAL RESPECTO DE LAS APORTACIONES HECHAS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PATRONALES NO RESULTA VIOLATORIA DEL DERECHO DE IGUALDAD, EN TÉRMINOS DEL RÉGIMEN LABORAL Y MARCO NORMATIVO QUE CADA UNO SOSTIENE CON SUS TRABAJADORES. XIII. LEY DE PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA. DESESTIMACIÓN DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL PLANTEAMIENTO CONSISTENTE EN LA VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA ANTE LA AUSENCIA DE LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL SUELDO TABULAR Y EL SUELDO BASE QUE SIRVEN DE PARÁMETRO PARA CUANTIFICAR LAS APORTACIONES PATRONALES.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 120/2022. · Registro digital (IUS): 33736
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-11-07
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Noviembre de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.353.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 120/2022. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 10 DE JUNIO DE 2025. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: ELIZABETH MIRANDA FLORES.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos. El veintinueve de agosto de dos mil veintidós, la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad en la que impugna el artículo 11 Bis, Fracciones I y II, de la Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila, así como de las disposiciones transitorias quinta, sexta, séptima y octava del Decreto Número 244, por el que se reformó el mencionado ordenamiento, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veintinueve de julio de dos mil veintidós.

Ver índice temático

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diez de junio de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 120/2022, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra el artículo 11 Bis, fracciones I y II, de la Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila, así como de las disposiciones transitorias quinta, sexta, séptima y octava del Decreto Número 244, por el que se reformó dicho ordenamiento, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veintinueve de julio de dos mil veintidós (en adelante, “el decreto”).

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. El veintinueve de agosto de dos mil veintidós, la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad en contra de “el decreto”, mediante el cual expuso el siguiente concepto de invalidez:

• Que las normas recurridas vulneran el derecho a la seguridad jurídica de los trabajadores, las entidades y los organismos patronales estatales, toda vez que no precisan qué conceptos están comprendidos en el sueldo tabular y el sueldo base.

• En efecto, las disposiciones reclamadas señalan “sueldo tabular” para el Gobierno del Estado y trabajador afiliado a la Sección 38 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación y “sueldo base” para las Universidades Autónomas de Coahuila y la Universidad Agraria “Antonio Narro”, sin definir qué concepto abarcan cada uno de ellos.

• A dichas bases de cotización se agregan algunas prestaciones para la determinación de la aportación, a saber: quinquenio, riesgo profesional y prima de antigüedad, en los casos que corresponda, lo cual resulta importante para determinar los conceptos que se toman en cuenta al efectuar las cuotas y aportaciones a cargo de los trabajadores y patrones.

• En ese orden, para definir los alcances de los conceptos aludidos, considera oportuno retomar lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J. 63/2023 (11a.), conforme a la cual se puede concluir que el “salario tabular” se integra por sueldo, sobresueldo y compensación, por lo que constituye la base del cálculo aplicable para el cómputo de las prestaciones sociales que suele denominarse “sueldo base o sueldo bruto”.

• Sin embargo, tomando en cuenta la forma en que las normas reclamadas refieren a los conceptos de “sueldo tabular” y “sueldo base”, así como las diferencias que debido al contenido de las prestaciones se toman en cuenta para el cálculo de aportaciones, se llega a la conclusión que fue voluntad de legislador hacer una distinción entre ambos conceptos, esto es, se trata de sueldos de cotización diferentes.

• La falta de precisión perjudica el derecho de seguridad social de los trabajadores, puesto que no tienen certeza sobre qué conceptos integran el sueldo de cotización, ya que, por una parte, el “salario tabulador” incluye el sueldo base, el sobresueldo y la compensación, mientras que el “sueldo base” no incluye el sobresueldo ni la compensación, lo que produce que los trabajadores de la educación aporten una base igual al 10% de sus percepciones totales, no gocen de las pensiones de forma congruente con las referidas aportaciones.

• Que las normas combatidas transgreden el derecho de igualdad, pues, para realizar el cálculo de la respectiva aportación, se consideran bases salariales diferentes dependiendo de la institución patronal y por lo que respecta a la parte trabajadora se cotizan sobre sus percepciones totales.

• En efecto, la ley impugnada refiere diversos sueldos de cotización para la determinación de las cuotas de aportación, ya que varían en función de la entidad patronal de que se trate, así como del tipo de sueldo y prestaciones que sirven de base para el respectivo cálculo.

• Por una parte, establece que la aportación para determinadas pensiones se hará conforme al porcentaje fijado en los artículos 11 Bis, fracciones I y II, de la ley en análisis: Sin embargo, en otros casos, señala que dicho porcentaje se calculará sobre el sueldo tabular, quinquenio y, en su caso, riesgo profesional, en otros, sobre el sueldo base y la prima de antigüedad y, en otros, únicamente sobre el sueldo base.

• La diferencia de bases para realizar el cálculo de cuotas y aportaciones de seguridad social según la entidad patronal podría resultar beneficioso para algunos trabajadores cuando se consideran mayores prestaciones y, por ende, incrementará el monto de su cuenta individual, sin embargo, en aquellos casos donde no se consideran ciertos conceptos, podría resultar perjudicial para los trabajadores.

• Para determinar si dicha distinción resulta constitucional, la accionante procede a aplicar el test de proporcionalidad en sentido ordinario y, a su juicio, concluye que la medida en cuestión no cumple con una finalidad constitucionalmente válida.

• Considera que no existe motivo alguno que justifique que la diferencia de trato sobre la forma en que se efectúan las aportaciones a cargo del ente patronal sobre los diferentes tipos de sueldos que prevé la ley impugnada, pues tanto los trabajadores como los entes patronales están obligados a contribuir sobre la misma base salarial.

2. Trámite. El siete de septiembre de dos mil veintidós, el ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad, registrarlo con el número 120/2022 y turnarlo al ministro Javier Laynez Potisek para que instruyera el procedimiento correspondiente.

3. Admisión de la demanda. El tres de octubre de dos mil veintidós, el ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad, dio vista a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza para que rindieran sus informes dentro del plazo de quince días hábiles señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones. Asimismo, les requirió su informe y para que enviaran, respectivamente, las documentales relacionadas con los antecedentes legislativos del decreto impugnado y el ejemplar del Periódico Oficial del Estado en que constara su publicación. Finalmente, dio vista a la Fiscalía General de la República para que hasta antes del cierre de la instrucción hiciera las manifestaciones que le correspondieran.

4. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila. El catorce de noviembre de dos mil veintidós, el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Coahuila rindió su informe justificado y remitió el ejemplar del Periódico Oficial del Estado en que consta la publicación del decreto. En su informe sostuvo la constitucionalidad del Decreto impugnado.

5. Informe del Poder Legislativo del Estado de Coahuila. El catorce de noviembre de dos mil veintidós, la Directora de Asuntos Jurídicos y Apoderada del Congreso del Estado de Coahuila rindió su informe justificado y remitió las documentales relacionadas con los antecedentes legislativos del decreto impugnado. En su informe sostuvo la constitucionalidad del Decreto impugnado.

6. Alegatos. El uno de diciembre de dos mil veintidós, el ministro instructor puso los autos a la vista de las partes para que en el plazo de cinco días hábiles a partir de que les fuera notificado el acuerdo formularan por escrito sus alegatos. El veinte de diciembre del año referido, la promovente presentó su escrito de alegatos.

7. Cierre de instrucción. El dieciséis de enero de dos mil veintitrés, el ministro instructor consideró que el expediente estaba debidamente integrado y cerró la instrucción para el efecto de que se elaborara el proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

8. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Federal;(1) 1 de la Ley Reglamentaria(2) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) toda vez que la promovente plantea la posible contradicción entre una disposición de carácter general emitida por el Congreso de la Unión y la Constitución Federal.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

9. De la lectura integral de la demanda se desprende que la accionante impugna el artículo 11 Bis, fracciones I y II, de la Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila, así como las disposiciones transitorias quinta, sexta, séptima y octava del Decreto Número 244, por el que se reformó el mencionado ordenamiento, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veintinueve de julio de dos mil veintidós.

III. OPORTUNIDAD

10. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(4) el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.

11. Dado que el decreto impugnado se publicó en el Periódico Oficial del Estado el veintinueve de julio de dos mil veintidós, el plazo señalado transcurrió del treinta de julio al veintiocho de agosto de dos mil veintidós, sin embargo, como el último día del plazo fue inhábil, en consecuencia, la demanda podía presentarse el primer día hábil siguiente, esto es, el día veintinueve del mes y año referidos.

12. En tal virtud, como la demanda promovida por la accionante se presentó el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, en consecuencia, resulta oportuna su presentación.

IV. LEGITIMACIÓN

13. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal, la promovente cuenta con legitimación para interponer la presente acción de inconstitucionalidad porque plantea la posible contradicción entre la ley de una entidad federativa y distintos derechos humanos que forman parte del parámetro de regularidad constitucional.

14. El escrito inicial de demanda se encuentra firmado por María del Rosario Piedra Ibarra, quien demostró tener el carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante acuerdo de designación correspondiente emitido el doce de diciembre de dos mil diecinueve por la Presidenta y Secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, y que ostenta la representación legal de la CNDH de conformidad con el artículo 15, fracciones I y XI, ambas de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como el numeral 18 del Reglamento Interno de la misma Comisión.

15. En consecuencia, al ser la CNDH un órgano legitimado para ejercer la acción de inconstitucionalidad en este supuesto(5) y habiéndose promovido por quien cuenta con facultades para representar a dicho órgano, debe reconocerse la legitimación activa en este medio de control constitucional.

16. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 19, párrafo último, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se pasa a examinar la improcedencia de la acción, atento a lo expuesto por las autoridades demandadas, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

17. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 19, párrafo último, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se pasa a examinar la improcedencia de la acción, atento a lo expuesto por las autoridades demandadas, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente.

V.1. Participación del Poder Ejecutivo local

18. El Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila sostiene en su informe que debe declararse improcedente la acción de inconstitucionalidad por cuanto hace a dicho órgano, ya que no se le atribuye de forma directa algún acto violatorio o concepto de invalidez, además de que su participación se acota a una facultad que tiene para promulgar las normas impugnadas.

19. Este Tribunal Pleno considera que debe desestimarse la causa de improcedencia invocada, pues como se desprende de los artículos 61, fracción II, y 64 de la Ley Reglamentaria de la materia,(6) la conformación de las acciones de inconstitucionalidad como mecanismo de impugnación exige el señalamiento y respuesta de los órganos legislativo y ejecutivo que hubieran emitido y promulgado la norma general impugnada.

20. Por lo tanto, el Ejecutivo local debe responder por la conformidad de los actos que dieron origen a la norma jurídica impugnada frente a la Constitución Federal, de modo que resulta infundada la causa alegada, ello de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia de rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES”.(7)

V.2. Imposibilidad de materializar la modificación normativa

21. El Poder Legislativo del Estado de Coahuila manifiesta que la presente acción de inconstitucionalidad resulta improcedente, pues afirma que la modificación a los porcentajes de aportación realizados en el artículo 11 Bis de la Ley de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, no puede materializarse.

22. Este Tribunal Pleno considera que debe desestimarse dicho planteamiento, ya que implica un estudio particularizado del sistema pensionario previsto en la ley impugnada, así como del resto de artículos combatidos en este asunto por la comisión accionante, ello a efecto de definir su aplicabilidad al caso concreto para los trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

23. En tal virtud, como el planteamiento en análisis se relaciona con el fondo del asunto, en consecuencia, debe desestimarse, ello de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia de rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE”.(8)

V.3. Falta de modificación sustancial en la norma impugnada

24. El Poder Legislativo del Estado de Coahuila sostiene que la presente acción de inconstitucionalidad resulta extemporánea, pues refiere que las bases de cálculo sobre las cuales los patrones realizan aportaciones, fueron definidas desde la expedición de la Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila mediante Decreto número 344 del veintidós de diciembre de dos mil quince.

25. De modo que, al no existir en el decreto impugnado una modificación en las bases de cálculo combatidas por la comisión accionante y solo haberse modificado los porcentajes previstos en el artículo 11 bis de la ley impugnada, resulta extemporánea esta acción de inconstitucionalidad.

26. Para analizar dicho argumento, resulta oportuno realizar el siguiente cuadro comparativo entre los ordenamientos aludidos por el congreso local para verificar su contenido:

Ver cuadro comparativo

27. De lo anterior se desprende que los cambios realizados al artículo 11 Bis en sus fracciones I y II consistieron esencialmente en modificaciones a los tipos de pensiones a financiar, un incremento a los porcentajes que se prevén para su financiamiento y una modificación al último enunciado de la fracción I que ahora especifica que las cuotas y aportaciones se integrarán a una subcuenta de aportaciones obligatorias del trabajador, en contraposición con la referencia que se hacía anteriormente a la “cuenta individual”.

28. Además, existe un cambio en el sentido normativo de ese precepto, puesto que éste genera una nueva forma de integración y financiamiento de las pensiones ahí establecidas, lo que permite a este Tribunal Pleno examinar en su integridad el nuevo esquema pensionario previsto por el legislador local.

29. Al efecto, resulta aplicable lo dispuesto en la jurisprudencia de rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO”.(9)

30. Por tanto, se concluye que las modificaciones realizadas por el legislador local generan la existencia de un nuevo acto legislativo que impide que se actualice la causa de improcedencia establecida en el artículo 19, fracción VII, de la ley de la materia.

31. Consecuentemente, al no advertirse alguna causa o motivo de sobreseimiento diverso, se procede a analizar el fondo del asunto.

VI. ESTUDIO DE FONDO

VI.1. Consideraciones previas

32. Antes de analizar los conceptos de invalidez, es necesario desarrollar algunos de los aspectos distintivos del sistema de pensiones previsto en la Ley de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila.

Ley de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila

33. En primer lugar, es importante destacar que el mencionado ordenamiento legal es aplicable a los trabajadores de la educación sujetos a las relaciones de trabajo siguientes:

ARTÍCULO 2º. Para los fines de esta ley se considera trabajador de educación pública, a la persona que reuniendo los requisitos a que se refiere el artículo 3°, fracción I, preste sus servicios a las siguientes entidades y organismos:

I. Al Gobierno del Estado y se encuentre afiliada a la Sección 38 del SNTE;

II. Universidad Autónoma de Coahuila;

III. Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”; e

IV. Organismos de seguridad social creados para beneficio de los trabajadores de la educación pública del Estado, así como aquellos trabajadores que presten sus servicios en las oficinas centrales del Comité Ejecutivo de la Sección 38 del SNTE.

34. Como beneficios sociales, la ley contempla los siguientes:

ARTÍCULO 46. Los trabajadores tendrán derecho a los beneficios sociales que se expresan a continuación, en los casos y con los requisitos que esta ley establece:

I. Pensión de retiro por edad y antigüedad en el servicio;

II. Pensión por retiro anticipado;

(REFORMADA, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)

III. Pensión por Inhabilitación Física o Mental;

(ADICIONADA, P.O. 29 DE JULIO DE 2022)

III Bis. Pensión por fallecimiento del Trabajador o Pensionado;

IV. Préstamos; y

V. Los demás que se establezcan en esta ley.

35. Para el financiamiento de esas prestaciones, el artículo 11 Bis prevé el pago de las cuotas y aportaciones a cargo de los entes y organismos patronales y sus trabajadores, las cuales serán depositadas en dos tipos de cuentas. Las previstas en la fracción I del mencionado precepto se ingresan en la subcuenta de aportaciones obligatorias de la cuenta individual del trabajador y están destinadas al financiamiento de la pensión de retiro por edad, antigüedad en el servicio, y retiro anticipado. En cambio, las previstas en las fracciones II y III, que son exclusivamente responsabilidad de las dependencias y entidades patronales, se depositan en el fondo global de cuentas institucionales, que forma parte del patrimonio de la Dirección de Pensiones y se divide en tres cuentas institucionales independientes y autónomas. 36. Es decir, se creó una cuenta institucional por cada organismo patronal de los referidos en el artículo 2, una para administrar las aportaciones de las entidades a que se refieren las fracciones I y IV antes citadas, una para las aportaciones de los trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila y otra más para los de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

37. La distinción entre los fondos que se acumulan en las cuentas individuales de los trabajadores y las del fondo global de las cuentas institucionales es relevante tratándose de las pensiones de retiro por edad y antigüedad en el servicio y por retiro anticipado.

38. Ello porque, para el otorgamiento de dichas pensiones,(10) el legislador previó que el monto será la renta vitalicia que se calcule a la fecha de la solicitud de pensión, tomando en cuenta el saldo acumulado en la subcuenta de aportaciones obligatorias. En caso de que el monto que se calcule sea inferior a la pensión garantizada, la subcuenta de aportaciones obligatorias pasará a formar parte del Fondo Global de la Cuenta Institucional que corresponda. De manera que el pago de la pensión garantizada respectiva se realizará con cargo a esta última.

39. Para el caso de que los recursos del fondo global de la Dirección de Pensiones no bastaren para cubrir los beneficios de la ley, los beneficios y prestaciones previstos en la ley serán cubiertos por las entidades u organismos en donde los trabajadores presten su servicio.

40. Además, la ley prevé que para el monto de la pensión garantizada por retiro por edad y antigüedad en el servicio y por retiro anticipado, se calculará con base en el sueldo regulador y este último con el promedio ponderado de los sueldos pensionables en los últimos cinco años de servicio, previa actualización con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

41. En relación con el concepto de sueldo regulador, el artículo 3, fracciones IV, IV Bis y V de la ley establece que el de sueldo integrado o total de percepciones equivale al total de todos los ingresos que el trabajador reciba por su trabajo, de conformidad con el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo. El concepto de sueldo pensionable se refiere al sueldo sobre el cual el trabajador hubiese aportado a la Dirección de Pensiones y será utilizado para el cálculo del sueldo regulador, este último integrado por el salario tabular más la prima de antigüedad o quinquenio y su monto se determinará con el promedio del sueldo pensionable actualizado en términos de la ley y sus transitorios.

42. Bajo estos parámetros, la ley maneja tres conceptos de sueldo:

• El sueldo integrado o total de percepciones que equivale al total de todos los ingresos que el trabajador reciba por su trabajo.

• El sueldo pensionable es con el que el trabajador cotiza a la Dirección de Pensiones y se utiliza para calcular el sueldo regulador.

• El sueldo regulador, que se integra con el salario tabular más la prima de antigüedad y quinquenio y su monto se determina con el promedio del sueldo pensionable actualizado.

43. Por otra parte, conviene destacar que para el sostenimiento del sistema de pensiones anteriormente descrito, el legislador tomó en cuenta que conforme a la legislación anterior a la reforma descrita, el máximo porcentaje de retiro al que los asegurados podían acceder era el equivalente al 30% del salario que percibían como trabajadores en activo.

44. En ese sentido, en el régimen transitorio se previó un incremento gradual de las cuotas y aportaciones a cargo de los trabajadores, entidades y organismos patronales, hasta quedar de manera definitiva en los porcentajes previstos en el anteriormente descrito artículo 11 bis de la ley. Ello con el propósito de lograr que los pensionados pudieran acceder a montos de pensiones en los que la tasa de remplazo pueda llegar a ser de hasta el 90% del sueldo regulador.

45. Aunado a lo anterior, se previó un régimen transitorio en el que se otorgó un plazo de noventa días a los trabajadores para que elijan continuar en el régimen anterior, previsto en el artículo transitorio cuarto.

Preceptos legales impugnados

46. El artículo 11 Bis, Fracciones I y II, de la Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila, así como las disposiciones transitorias quinta, sexta, séptima y octava del Decreto Número 244, por el que se reformó dicho ordenamiento, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veintinueve de julio de dos mil veintidós, son del tenor siguiente:

ARTÍCULO 11 BIS. Respecto a las prestaciones de que trata el artículo 46 de la presente ley, las entidades, los organismos y los trabajadores afiliados al régimen de cuentas individuales de la Dirección de Pensiones, aportarán obligatoriamente a ésta, las cantidades siguientes:

(REFORMADA, P.O. 29 DE JULIO DE 2022)

I. Para el financiamiento de la pensión de retiro por edad y antigüedad en el servicio, así como para la pensión por retiro anticipado, las entidades y organismos previstos en las fracciones I y IV del artículo 2° de esta ley, aportarán el 10% del sueldo tabular, quinquenio, en su caso riesgo profesional, para los trabajadores de la Sección 38 del 6 Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación que dependen de ellas; la entidad a que se refiere la fracción II del artículo señalado aportará el 10% del sueldo base y prima de antigüedad de los trabajadores que dependen de ellas; por lo que hace la entidad a que se refiere la fracción III del citado artículo cotizará el 10% del sueldo base. Así mismo, para financiar esta pensión, los trabajadores aportarán el 10% de sus percepciones totales. Estas cuotas y aportaciones, tanto de los trabajadores como de las entidades y organismos, integran la subcuenta de aportaciones obligatorias del trabajador.

(REFORMADA, P.O. 29 DE JULIO DE 2022)

II. Para el financiamiento de las pensiones garantizadas por retiro por edad y antigüedad en el servicio, retiro anticipado, inhabilitación física o mental, fallecimiento y de las demás prestaciones que se establezcan en la ley, las entidades y organismos previstas en las fracciones I y IV del artículo 2° de esta ley, aportarán el 17% del sueldo tabular, quinquenio, y en su caso, riesgo profesional, para los trabajadores que dependen de ellas; la entidad a que se refiere la fracción II del artículo señalado, aportará el 17% del sueldo base y prima de antigüedad de los trabajadores que dependen de ella; por lo que hace la entidad a que se refiere la fracción III del citado artículo cotizará el 17% del sueldo base. Estas aportaciones integran el fondo global de las Cuentas Institucionales e incrementarán el patrimonio.

[...]

QUINTO. Tratándose de las aportaciones para el financiamiento de la pensión por retiro por edad y antigüedad en el servicio, así como de la pensión por retiro anticipado de los trabajadores que eligieron apegarse a lo establecido en el artículo cuarto transitorio del presente decreto, referidas en la fracción I del artículo 11 BIS, serán como se señala a continuación:

Las entidades y organismos previstos en las fracciones I y IV del artículo 2° de esta ley, aportarán el 9% del sueldo tabular, quinquenio, en su caso riesgo profesional, para los trabajadores de la Sección 38 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación que dependen de ellas; la entidad a que se refiere la fracción II del artículo señalado aportará el 9% del sueldo base y prima de antigüedad de los trabajadores que dependen de ellas; por lo que hace la entidad a que se refiere la fracción III del citado artículo cotizará el 9% del sueldo base.

Así mismo, los trabajadores aportarán el 6.5% de sus percepciones totales. Estas cuotas y aportaciones, tanto de los trabajadores como de las entidades y organismos, integran la subcuenta de aportaciones obligatorias del trabajador.

SEXTO. Las aportaciones para el financiamiento de las pensiones garantizadas por retiro por edad y antigüedad en el servicio, retiro anticipado, inhabilitación física o mental, fallecimiento, y de las demás prestaciones que se establezcan en la ley de los trabajadores que eligieron apegarse a lo establecido en el artículo cuarto transitorio del presente decreto, referidas en la fracción II del artículo 11 BIS, serán como se señala a continuación:

Las entidades y organismos previstas en las fracciones I y IV del artículo 2° de esta ley, aportarán el 13% del sueldo tabular, quinquenio, en su caso riesgo profesional, para los trabajadores que dependen de ellas; la entidad a que se refiere la fracción II del artículo señalado, aportará el 13% del sueldo base y prima de antigüedad de los trabajadores que dependen de ella; por lo que hace la entidad a que se refiere la fracción III del citado artículo, cotizará el 13% del sueldo base. Estas aportaciones integran el fondo global de las Cuentas Institucionales e incrementarán el patrimonio.

SÉPTIMO. Las aportaciones para el financiamiento de la pensión por retiro por edad y antigüedad en el servicio, así como de la pensión por retiro anticipado, de los trabajadores que manifestaron apegarse a lo establecido en los artículos 70º, 71 y 72 de la presente Ley, referidas en la fracción I del artículo 11 BIS, serán como se señala a continuación:

Durante el año 2022, las entidades y organismos previstos en las fracciones I y IV del artículo 2° de esta ley, aportarán el 9% del sueldo tabular, quinquenio, y en su caso riesgo profesional, para los trabajadores de la Sección 38 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación que dependen de ellas; la entidad a que se refiere la fracción II del artículo se

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33736-9ca93600/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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