Corpus
Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, AL HABER SIDO REFORMADA EXPRESAMENTE POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 51, PÁRRAFO SEGUNDO Y 53, PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA). II. SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA. LA OMISIÓN DE REGULAR A QUIEN CORRESPONDE LA OBLIGACIÓN DE CUBRIR LOS BENEFICIOS QUE REGULA LA LEY DE PENSIONES APLICABLE EN CASO DE QUE LOS PATRONES DESAPAREZCAN, O BIEN, CUANDO SE CAREZCA DE RECURSOS SUFICIENTES PARA SOLVENTARLOS, NO ACTUALIZA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA, AL TRATARSE DE UNA AFECTACIÓN VIRTUAL E HIPOTÉTICA (ARTÍCULO 51, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA). III. SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA. EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD EN ESTA MATERIA NO IMPLICA QUE EL ESTADO DEBA, POR SÍ, OTORGAR LOS BENEFICIOS PREVISTOS EN LA LEY, SINO GARANTIZAR SU OTORGAMIENTO A TRAVÉS DE LA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS PARA CUBRIRLOS (ARTÍCULOS 2o., 11o. Y 11 BIS DE LA LEY DE PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA). IV. PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO, A QUE SE REFIERE LA LEY DE PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA, ES ACORDE CON AQUEL PRINCIPIO (ARTÍCULOS 2o., 11o. Y 11 BIS DE LA LEY DE PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA). V. SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA. EL DÉFICIT DEL FONDO GLOBAL DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL REFERIDO ESTADO SERÁ CUBIERTO POR LAS ENTIDADES U ORGANISMOS DONDE PRESTEN O HAYAN PRESTADO SUS SERVICIOS LOS TRABAJADORES BENEFICIARIOS (ARTÍCULO 51, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DE PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA). VI. SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA. LA PREVISIÓN LEGAL QUE CONDICIONA EL DISFRUTE DE LOS BENEFICIOS QUE ESTABLECE LA LEY, AL HECHO DE QUE LOS TRABAJADORES ESTÁN AL CORRIENTE EN LAS CUOTAS Y APORTACIONES A LA DIRECCIÓN DE PENSIONES LOCAL, VIOLA LOS ARTÍCULOS 4o. Y 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA). VII. SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA. LA CREACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO COMO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO Y CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, SE ERIGE COMO UNA INSTITUCIÓN DE SERVICIO PÚBLICO PARA PRESTAR ATENCIÓN MÉDICA CON CARÁCTER OBLIGATORIO [ARTÍCULOS 1o. Y 2o. DE LA LEY DE SERVICIO MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA (ABROGADA)]. VIII. SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA. INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA AL ESTABLECER QUE EL DERECHOHABIENTE DEBE PAGAR UNA CANTIDAD EXTRA POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVELES, ASÍ COMO DE ORDINARIO, YA QUE EL ORGANISMO DENOMINADO SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL REFERIDO ESTADO LO DEBE PROPORCIONAR EN SUS CLÍNICAS [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 4o., FRACCIONES II, PÁRRAFO SEGUNDO, Y III, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE SERVICIO MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA (ABROGADA)]. IX. SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA. INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA AL ESTABLECER QUE EL DERECHOHABIENTE DEBE COMPARTIR LOS COSTOS DE LOS SERVICIOS SUBROGADOS CON EL ORGANISMO DENOMINADO SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL REFERIDO ESTADO [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 4o., FRACCIONES II, PÁRRAFO SEGUNDO Y III, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE SERVICIO MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA (ABROGADA)]. X. SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA. INCONSTITUCIONALIDAD DE LA CARGA AL TRABAJADOR O BENEFICIARIO POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA, CONSISTENTE EN EL PAGO ADICIONAL A LA CUOTA QUE APORTA NORMALMENTE PARA QUE LE SEA PROPORCIONADA LA ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVELES, ASÍ COMO RESPECTO AL TERCER NIVEL (DE ESPECIALIDAD) (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 4o., FRACCIONES II, PÁRRAFO

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 12/2016. · Registro digital (IUS): 28421
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-03-22
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo I, Pág. 795.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 12/2016. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 9 DE JULIO DE 2018. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: GABRIELA GUADALUPE FLORES DE QUEVEDO.

Ciudad de México. Sentencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al nueve de julio del dos mil dieciocho.

VISTOS Y;

RESULTANDO:

PRIMERO.—Por oficio recibido el ocho de febrero de dos mil dieciséis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad contra los artículos 51, 52 y 53, párrafo segundo, de la Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza y el diverso 4o., fracciones II y III, de la Ley del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza, contenidos en los decretos 344 y 347, respectivamente, publicados en el Periódico Oficial de la entidad el ocho de enero del año en cita.

SEGUNDO.—La Comisión Nacional de los Derechos Humanos narró los antecedentes del caso, señaló los preceptos constitucionales y convencionales que considera violados y expuso tres conceptos de invalidez en que adujo, en esencia, lo siguiente:

a. El artículo 51 de la Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, deja en estado de indefensión a los trabajadores y vulnera el principio de solidaridad que impera en materia de seguridad social al no garantizar el goce de las prestaciones que prevé, pues reenvía al patrón la responsabilidad que tiene el Estado de satisfacerlas, máxime que puede suceder que los patrones desaparezcan o carezcan de recursos suficientes.

b. Los artículos 52 y 53 de la citada legislación violan el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Federal, pues, el primero, condiciona el disfrute de los beneficios contenidos en dicho ordenamiento al hecho de que el trabajador se encuentre al corriente en sus cuotas y aportaciones, es decir, a un aspecto económico, mientras que el segundo pierde de vista que la obligación de enterar las cuotas y aportaciones de seguridad social corresponde al patrón, no al trabajador, de modo que no se le puede hacer responsable del incumplimiento de ese deber, y menos, obligarlo a pagar un interés sobre saldos insolutos equivalentes a la tasa líder del mercado, cuando no sea su responsabilidad.

c. El artículo 4o., fracciones II y III, de la Ley del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila viola el diverso 4o. constitucional en cuanto a la obligación del Estado de garantizar el más alto nivel posible de salud, en la medida en que subroga servicios médicos a los derechohabientes atendiendo a las posibilidades económicas del servicio médico, lo que supone el pago proporcional "compartido", circunstancia que también transgrede las bases mínimas constitucionales del derecho a la seguridad social, aunado a que obliga al paciente a obtener por gestión personal y directa los servicios médicos con profesionales del ramo o instituciones especializadas en salud, aspecto que también violenta los derechos antes mencionados.

TERCERO.—Por auto de nueve de febrero del dos mil dieciséis, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente con el número 12/2016 y lo turnó al Ministro Javier Laynez Potisek para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución.

En esa misma fecha, el Ministro instructor admitió la acción y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila, así como a la Procuraduría General de la República.

CUARTO.—Al rendir sus informes, los citados poderes alegaron, en esencia, lo siguiente:

a. La acción es improcedente porque no se atribuye al Poder Ejecutivo algún acto y tampoco se controvierte por vicios propios la promulgación de las normas impugnadas, aunado a que ese acto lo realizó conforme a la normatividad aplicable.

b. El principio de solidaridad en materia de seguridad social no implica que sólo el Estado, en sí mismo considerado, deba cubrir los beneficios pensionarios, sino que es un esfuerzo conjunto, aunado a que en la exposición de motivos de la referida ley de pensiones se dejó en claro que seguir con la tendencia hasta entonces imperante comprometería el presupuesto estatal, con lo que se afectarían distintas áreas que comprometen otros derechos humanos.

c. La promovente pierde de vista que conforme al artículo 2o. de la mencionada ley de pensiones, en caso de que se agote el fondo global, el Estado a través de sus instituciones cumplirá sus obligaciones en materia de seguridad social, máxime que los trabajadores afiliados a la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación entablan su relación de trabajo directamente con la Secretaria de Educación Pública.

d. Los artículos 52 y 53, párrafo segundo, impugnados no prevén la suspensión de los beneficios de seguridad social, sino que deben analizarse sistemáticamente para desentrañar su contenido y alcance.

e. Explican que, en principio, debe tenerse en cuenta que conforme al artículo 11o. de la citada legislación las cuentas institucionales se conforman con las cuotas y aportaciones de los trabajadores y entidades, de modo que es lógico que se requiere estar al corriente para gozar de los beneficios previstos en el propio ordenamiento, aunado a que el parámetro para cuantificar el monto de tales beneficios depende precisamente de la antigüedad, razón por la cual para la vigencia de los derechos es necesario que cada aportación esté debidamente enterada.

f. El referido artículo 52 no vulnera el principio de progresividad ni derechos humanos, pues en ningún momento desconoce alguno anteriormente establecido, sino que prevé lo que procede en caso de que el trabajador no esté al corriente de sus aportaciones, como sucede en el supuesto contenido en el diverso 55 del mismo instrumento normativo.

g. El artículo 52 no se vincula con el diverso 53, sino con el 55 que regula una excepción que se actualiza cuando el trabajador goza de licencia y, por ende, debe pagar en forma directa sus cuotas, pues es claro que en ese supuesto no puede disfrutar de los beneficios que consagra la ley hasta que haga los enteros respectivos.

h. El artículo 53 prevé una hipótesis distinta relativa a los trabajadores en activo a quienes se les descuenta por nómina pero que por alguna circunstancia no se realiza. Explica que si en ese supuesto la responsabilidad corresponde a la instancia administrativa, entonces el beneficiario debe acordar la forma en que habrá de cubrir las cuotas omitidas, pero si es su responsabilidad, entonces el descuento es vía nómina hasta que sea cubierto el adeudo. De ahí que sostengan que basta esa explicación para advertir que entre las normas impugnadas no existe vínculo alguno, al regular supuestos distintos.

i. Insisten en que la consecuencia prevista en el artículo 52 se aplica cuando el trabajador no está en activo, mientras que la del diverso 53 si bien no hay aportación, el trabajador está activo de modo que no se le pueden suspender sus servicios, pues ante la omisión procederá el descuento inmediato, pudiendo el interesado establecer un esquema de pagos en caso de que no sea su responsabilidad.

j. De ahí que sostengan que en el supuesto del artículo 52 hay suspensión porque al no estar en activo el trabajador, no hay forma de poder descontar las aportaciones omitidas, pues la licencia se otorga sin goce de sueldo, mientras que en el segundo caso no hay suspensión porque al estar en activo existe la forma de descontar el pago omitido, sin que se vea afectado o dañado el fondo general.

k. En cuanto al artículo 53, afirman que en la realidad pueden acontecer situaciones que originen que las partes queden relevadas de sus obligaciones recíprocas en materia de seguridad social, tal es el caso del supuesto contenido en el mencionado artículo 55 o en el diverso 40 del Estatuto Jurídico para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado y de los Municipios de Coahuila de Zaragoza que constituyen situaciones ajenas al patrón, totalmente atribuibles a los trabajadores.

l. Por esas razones, dicen, el legislador dispuso que ante la omisión de las aportaciones por circunstancias imputables al trabajador, se debe descontar de nómina hasta cubrir el monto omitido más el interés aplicable, en la inteligencia de que a quien no se puede atribuir la responsabilidad por incumplimiento de pago no se le puede reprochar la obligación de pago de dichos intereses.

m. Agregan que el cobro de intereses tiende a compensar el daño patrimonial ocasionado al fondo, pues al no tener dicho dinero en bancos e inversiones se afecta su patrimonio, de modo que debe resarcirse el agravio ocasionado en beneficio de todos los integrantes del colectivo, pues no debe perderse de vista, dice, que el interés pagado se destina al fondo de pensiones del que se ven beneficiados todos los trabajadores.

n. En relación con el artículo 4o., fracciones II y III, de la referida ley del servicio médico, sostienen que el Estado no necesariamente tiene la obligación plena y absoluta de asumir el costo total del servicio de salud, pues conforme al principio de solidaridad social es un hecho cierto y tangible la dinámica de las instituciones de seguridad social, aunado a que de las proyecciones realizadas a corto, mediano y largo plazo por los institutos de seguridad social sobre sus fondos se advierte que no son siquiera próximos a la realidad.

o. Afirman que para el sostenimiento del servicio médico que regula la citada ley debe haber una responsabilidad compartida en virtud del principio de solidaridad, máxime que si bien la disposición impugnada establece que es el propio organismo el que determine los montos, lo cierto es que tal circunstancia no implica que afecten a los beneficiarios ni que se fije de manera arbitraria, sino que serán establecidos anualmente, lo que evidencia que los beneficiarios estarán ciertos de los montos aplicables y, en su caso, controvertirlos a través de los medios de defensa que estimen procedentes.

p. Aducen que el pago compartido es un esfuerzo en favor de todo el grupo, es decir, tanto de los trabajadores en activo como de los pensionados, a fin de que siga siendo viable la prestación del servicio médico.

q. En cuanto al reembolso por la prestación de servicios médicos externos aseguran que obedece al principio de solidaridad y que su existencia no implica que el beneficiario deba cumplir el deber del Estado, sino que decida una opción médica diversa para luego buscar el reembolso.

r. Insisten en que la prestación consistente en el otorgamiento de servicios subrogados constituye una alternativa de respuesta oportuna a las demandas de atención médica que el servicio médico no ofrece para así ampliar el alcance de los servicios de salud que, dicho sea de paso, no están previstos en las bases mínimas del artículo 123, apartado B, fracción XI, constitucional.

s. Sostienen que, contrario a lo alegado por la promovente, el artículo 4 impugnado va más allá del mandato constitucional al prever que además de los servicios de atención de primer y segundo niveles, los beneficiarios podrán gozar de servicios subrogados, razón por la que declarar la invalidez de tal disposición atentaría, incluso, contra el principio de progresividad en materia de derechos humanos.

t. Agregan que no debe perderse de vista que el derecho a la protección de la salud es una responsabilidad que comparte el Estado, la sociedad y los interesados, siendo que el financiamiento no corre sólo a cargo del Estado, pues incluso se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud, como es el seguro popular, eximiéndose de su cobro únicamente a aquellos que carezcan de recursos para sufragarlos. De ahí que reiteren que el pago compartido es un esfuerzo en favor de todo el grupo.

QUINTO.—Mediante proveído de quince de marzo del dos mil dieciséis, el Ministro instructor tuvo por rendidos los mencionados informes, por ofrecidas las pruebas anunciadas, ordenó correr traslado a las partes y les otorgó plazo de ley para formular alegatos, prerrogativa que ejercieron tanto la promovente como el Poder Legislativo del Estado de Coahuila.

La Procuraduría General de la República no formuló pedimento.

SEXTO.—Por acuerdo de siete de abril del dos mil dieciséis, se cerró la instrucción del asunto, para los efectos legales conducentes.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para resolver la acción de inconstitucionalidad, de conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se plantea la posible contradicción de diversas normas del Estado de Coahuila y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO.—La acción de inconstitucionalidad fue promovida dentro del plazo de treinta días naturales previsto en el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues los Decretos 344 y 347 que contienen las normas impugnadas se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, el viernes ocho de enero del dos mil dieciséis, de modo que el aludido lapso transcurrió, del sábado nueve de enero, al domingo siete de febrero del dos mil dieciséis, mientras que su promoción ocurrió al día hábil siguiente, esto es, el ocho de febrero del año en cita.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que informa la tesis 2a. LXXX/99 de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 658, que establece:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI EL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA VENCE EN DÍA INHÁBIL Y ÉSTA SE PRESENTÓ EL SIGUIENTE DÍA HÁBIL, DEBE CONSIDERARSE OPORTUNA.—De conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, pero, si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente; por tanto, si el plazo venció en día inhábil pero la demanda se presentó al siguiente día hábil ante el funcionario autorizado para recibir promociones de término, debe considerarse que se promovió oportunamente."

TERCERO.—El medio de defensa fue promovido por parte legítima, conforme a los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal y 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues la intenta el presidente de la citada comisión, carácter que acreditó con copia certificada del oficio DGLP-1P3A-4858, de trece de noviembre de dos mil catorce, mediante el cual el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República comunica que en esa fecha fue electo para ocupar dicho cargo por el período de dos mil catorce a dos mil diecinueve, y en su oficio propone conceptos de invalidez relacionados con violaciones a derechos humanos (folio 43 del expediente).

CUARTO.—Conforme a los artículos 19, último párrafo, 20, fracción II, y 65, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Alto Tribunal advierte de oficio la actualización de una causa de improcedencia respecto de los artículos 51, párrafo segundo y 53, párrafo segundo, ambos de la Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza.

El artículo 19, fracción V, de la mencionada ley reglamentaria establece que las controversias constitucionales o las acciones de inconstitucionalidad son improcedentes, entre otros casos, cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia.

Al interpretar dicha disposición, este Tribunal Pleno ha establecido que se actualiza ante la presencia de un nuevo acto legislativo entendido como la modificación sustancial o material de la norma tildada de inconstitucional, a través de un proceso legislativo distinto.

Se indicó que el requisito de índole formal conlleva el desahogo de las diferentes etapas del procedimiento legislativo; mientras que el material se actualiza cuando existan verdaderos cambios normativos que modifican la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto impugnado.

Corrobora lo expuesto, el contenido de la jurisprudencia P./J. 25/2016 (10a.) de este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 35, Tomo I, octubre de 2016, página 65, que establece:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. Para considerar que se está en presencia de un nuevo acto legislativo para efectos de su impugnación o sobreseimiento por cesación de efectos en una acción de inconstitucionalidad deben reunirse, al menos, los siguientes dos aspectos: a) Que se haya llevado a cabo un proceso legislativo (criterio formal); y b) Que la modificación normativa sea sustantiva o material. El primer aspecto conlleva el desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación; mientras que el segundo, consistente en que la modificación sea sustantiva o material, se actualiza cuando existan verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto, de este modo una modificación al sentido normativo será un nuevo acto legislativo. Este nuevo entendimiento, pretende que a través de la vía de acción de inconstitucionalidad se controlen cambios normativos reales que afecten la esencia de la institución jurídica que se relacione con el cambio normativo al que fue sujeto y que deriva precisamente del producto del órgano legislativo, y no sólo cambios de palabras o cuestiones menores propias de la técnica legislativa tales como, por ejemplo, variación en el número de fracción o de párrafo de un artículo, el mero ajuste en la ubicación de los textos, o cambios de nombres de entes, dependencias y organismos. Tampoco bastará una nueva publicación de la norma para que se considere nuevo acto legislativo ni que se reproduzca íntegramente la norma general, pues se insiste en que la modificación debe producir un efecto normativo en el texto de la disposición al que pertenece el propio sistema."

Como se informó en los resultandos de esta sentencia, el promovente impugnó, entre otros, los artículos 51, párrafo segundo y 53, párrafo segundo, de la Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial de la entidad, el ocho de enero del dos mil dieciséis, que a esa fecha establecían:

"Artículo 51. ...

"Las aportaciones establecidas en esta ley, en ningún momento podrán ser superiores a los egresos destinados a cubrir las prestaciones que se establecen en el artículo 46, fracción I, II y III de esta ley."

"Artículo 53. Cuando por cualquier motivo imputable al trabajador, no se hubieren hecho a éste los descuentos correspondientes, la Dirección de Pensiones dispondrá que se descuente hasta el 20% de su sueldo hasta en tanto el adeudo vencido no esté totalmente cubierto, a menos que el trabajador solicite y obtenga facilidades para liquidarlo.

"Cuando no sea responsable el trabajador de la situación mencionada en el párrafo anterior, será éste quien determine la forma en que liquidará los descuentos de referencia. En todo caso, el trabajador aportará las cantidades omitidas más un interés sobre saldos insolutos equivalente a la tasa líder del mercado."

En términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable de manera supletoria en la materia, constituye un hecho notorio que el veintiséis de diciembre del dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Decreto 1176 por el que se modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones de, entre otras, la referida ley de seguridad social.

En lo que aquí interesa se modificó el párrafo segundo del referido artículo 51 y se modificó y adicionó el diverso 53 para quedar en los términos siguientes:

"Artículo 51. ...

"Las aportaciones antes referidas deberán ser enteradas a la Dirección de Pensiones dentro de los cinco días siguientes a que ésta informe el costo de la nómina de los pensionados sujetos al fondo global."

"Artículo 53. Cuando por cualquier motivo no imputable al trabajador, no se hubieren hecho a éste los descuentos correspondientes o se hubiesen realizado de manera incompleta, las entidades u organismos correspondientes a que se refiere el artículo 2 de esta ley, con cargo a su patrimonio enterarán a la Dirección de Pensiones los montos correspondientes.

"En todo caso, la entidad aportante responsable aportará las cantidades omitidas por concepto de cuotas y aportaciones más un interés sobre saldos insolutos equivalente a 1.5 veces la tasa de interés interbancaria de equilibrio vigente al momento en que se originó el incumplimiento.

"Para los efectos del presente artículo el monto de las cuotas y aportaciones a enterar se realizará en la forma y términos que para tales efectos determine la Dirección de Pensiones."

La expedición de este decreto derivó del procedimiento legislativo llevado a cabo por el Congreso del Estado con motivo de la iniciativa presentada por el gobernador, turnada el quince de noviembre del dos mil diecisiete a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia quien la dictaminó como procedente y que fue aprobada por el Pleno del Congreso, el veintidós de diciembre del dos mil diecisiete.

Ahora, de la comparación de ambos textos del párrafo segundo del artículo 51, se advierte que el aquí impugnado establecía que las aportaciones establecidas en dicha ley, en ningún momento podían ser superiores a los egresos destinados a cubrir las prestaciones previstas en el diverso 46, fracciones I, II y III del propio ordenamiento, mientras que en virtud de la reforma comentada, dicho precepto ahora dispone que tales aportaciones deben ser enteradas a la Dirección de Pensiones dentro de los cinco días siguientes a que la misma informe el costo de la nómina de los pensionados sujetos al fondo global.

Lo mismo sucede con el artículo 53, pues el aquí impugnado establecía que cuando por causas ajenas al trabajador no se hayan hecho los descuentos correspondientes, éste determinará la forma en que liquidará los omitidos más un interés sobre saldos insolutos equivalente a la tasa líder del mercado; en tanto que conforme al texto modificado y vigente, cuando por cualquier motivo no imputable al trabajador, no se hayan hecho los descuentos correspondientes o se realizaron de manera incompleta, las entidades u organismos con cargo a su patrimonio enterarán a la Dirección de Pensiones los montos correspondientes más el interés ahí previsto.

Como se sintetizó en los resultandos de esta sentencia, el promovente afirma que el segundo de los preceptos mencionados viola el artículo 123, aparto B, fracción XI, de la Constitución Federal porque la obligación de enterar las cuotas y las aportaciones de seguridad social corresponde al patrón, no al trabajador, de modo que no se le puede hacer responsable del incumplimiento de ese deber y, menos, obligarlo a pagar un interés sobre saldos insolutos equivalentes a la tasa líder del mercado.

Bastan las explicaciones dadas para concluir que en el caso se cumplen los requisitos formal y material que alude la jurisprudencia transcrita, para considerar que se está en presencia de un nuevo acto legislativo pues los artículos 51, párrafo segundo y 53, párrafo segundo impugnado, fueron modificados a través del procedimiento legislativo correspondiente y los cambios introducidos impactan en el sentido normativo, al variar su contenido y alcance, tan es así que desapareció el aspecto que a juicio del promovente lo hacía inconstitucional.

En las relatadas circunstancias, con fundamento en el artículo 20, fracción II, en relación con el diverso 19, fracción V, de la ley reglamentaria aplicable, lo que se impone es sobreseer en la acción de inconstitucionalidad a que este toca se refiere, únicamente respecto de los artículos 51, párrafo segundo y 53, párrafo segundo, ambos de la Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza.

QUINTO.—Como se dijo en los resultandos de este fallo, el Poder Ejecutivo del Estado afirma que la acción se debe sobreseer porque la promovente no le atribuye directamente algún acto violatorio o propone concepto de invalidez alguno contra la promulgación y publicación de los preceptos impugnados.

Sostiene que como no intervino en su dictamen, discusión, votación y aprobación, es claro que la acción debe sobreseerse, máxime que la orden de impresión, publicación, circulación y debido cumplimiento de los decretos emitidos por el congreso estatal constituyen requisitos indispensables de fundamentación y motivación de las normas controvertidas.

Los artículos 61, fracción II y 64, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, establecen que en su demanda la promovente debe indicar, entre otras cosas, los órganos legislativos y ejecutivo que hayan emitido y promulgado las normas generales impugnadas, a quienes durante el procedimiento se les requerirá un informe que contenga las razones y fundamentos tendentes a evidenciar su validez o la improcedencia del medio de impugnación.

Lo expuesto evidencia que, con independencia de que la promovente controvierta o no por vicios propios los actos que atribuye al citado Ejecutivo Local, lo cierto es que al tener injerencia en el procedimiento legislativo de las normas generales impugnadas, está invariablemente implicado en su validez, de modo que debe acudir a la acción a fin de justificar su constitucionalidad.

Además, porque al impugnarse una norma de carácter general se entiende que está integrada por todas las etapas del proceso legislativo que le dio origen o que motivó su modificación o reforma, de tal manera que deben considerarse los actos que integran ese proceso como una unidad y no separarlos.

Corrobora lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 38/2010 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, página 1419, que establece:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES.—Si en una acción de inconstitucionalidad el Poder Ejecutivo Local plantea que dicho medio de control constitucional debe sobreseerse por lo que a dicho poder corresponde, en atención a que la promulgación y publicación de la norma impugnada las realizó conforme a las facultades que para ello le otorga algún precepto, ya sea de la Constitución o de alguna ley local, debe desestimarse la causa de improcedencia planteada, pues dicho argumento no encuentra cabida en alguna de las causales previstas en el artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al cual remite el numeral 65 del mismo ordenamiento, este último, en materia de acciones de inconstitucionalidad. Lo anterior es así, porque el artículo 61, fracción II, de la referida ley, dispone que en el escrito por el que se promueva la acción de inconstitucionalidad deberán señalarse los órganos legislativo y ejecutivo que hubieran emitido y promulgado las normas generales impugnadas y su artículo 64, primer párrafo, señala que el Ministro instructor dará vista al órgano legislativo que hubiere emitido la norma y al ejecutivo que la hubiere promulgado, para que dentro del plazo de 15 días rindan un informe que contenga las razones y fundamentos tendentes a sostener la validez de la norma general impugnada o la improcedencia de la acción. Esto es, al tener injerencia en el proceso legislativo de las normas generales para otorgarle plena validez y eficacia, el Poder Ejecutivo Local se encuentra invariablemente implicado en la emisión de la norma impugnada en la acción de inconstitucionalidad, por lo que debe responder por la conformidad de sus actos frente a la Constitución General de la República."

Ante lo infundado de la causa de improcedencia propuesta y como este órgano colegiado no advierte de oficio la actualización de alguna otra, corresponde resolver el fondo del asunto.

SEXTO.—Antes de emprender el estudio y solución del asunto conviene precisar que de la lectura de la demanda se advierte que la promovente tilda de inconstitucionales los artículos 51, primer párrafo y 52 de la Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como el diverso 4o., fracciones II y III, de la Ley del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicadas en el Periódico Oficial de la entidad el ocho d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28421-d90486ac/i-accion-de-inconstitucionalidad-sobreseimiento-por-cesacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.