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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS DIPUTADOS QUE CONFORMEN EL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE UNA LEGISLATURA ESTATAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. III. DERECHO A LA SALUD. OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE ESTABLECER LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA QUE TODAS LAS PERSONAS TENGAN ACCESO A LOS SERVICIOS ENCAMINADOS A LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL INTEGRADO POR EL ESTADO FÍSICO, MENTAL, EMOCIONAL Y SOCIAL DE LA PERSONA, DEL QUE DERIVA UN DERECHO FUNDAMENTAL MÁS, CONSISTENTE EN EL DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICO-PSICOLÓGICA. IV. DERECHO A LA SALUD. SU FINALIDAD ES GARANTIZAR EL DISFRUTE DE SERVICIOS DE SALUD Y DE ASISTENCIA SOCIAL QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN, ENTENDIENDO COMO TAL LAS ACCIONES DIRIGIDAS A PROTEGER, PROMOVER Y RESTAURAR LA SALUD DE LA PERSONA Y DE LA COLECTIVIDAD. V. DERECHO A LA SALUD. EL HECHO DE QUE EL ESTADO MEXICANO NO ADOPTE MEDIDAS APROPIADAS DE CARÁCTER LEGISLATIVO, ADMINISTRATIVO, PRESUPUESTARIO, JUDICIAL O DE OTRA ÍNDOLE, PARA OTORGARLE PLENA EFECTIVIDAD, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN DIRECTA A ESE DERECHO. VI. DERECHO A LA SALUD. SU PROTECCIÓN ES UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA POR EL ESTADO, LA SOCIEDAD Y LOS INTERESADOS, POR LO QUE EL FINANCIAMIENTO DE SUS SERVICIOS NO CORRE SÓLO A CARGO DEL ESTADO, PREVIÉNDOSE PARA ELLO, INCLUSO, CUOTAS DE RECUPERACIÓN A CARGO DE LOS USUARIOS, CONFORME EL COSTO DE LOS SERVICIOS Y LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DE LOS USUARIOS. VII. SEGURIDAD SOCIAL. EVOLUCIÓN DE SU MARCO JURÍDICO NACIONAL E INTERNACIONAL. VIII. SEGURIDAD SOCIAL. MARCO CONSTITUCIONAL QUE DEBAN ATENDER LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EJERCER SU LIBERTAD CONFIGURATIVA EN TORNO A ESTE DERECHO. IX. SERVICIOS DE SALUD DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA. EL HECHO DE QUE EL DERECHOHABIENTE O BENEFICIARIO DEBA COMPARTIR LOS COSTOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS QUE RECIBA CON EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO, ORIGINA UNA CARGA DESPROPORCIONAL EN SU PERJUICIO, PUES, ADEMÁS DE LOS DESCUENTOS POR LAS CUOTAS APLICABLES POR CONCEPTO DE SERVICIO MÉDICO, DEBE CUBRIR AL MENOS PARCIALMENTE ESOS GASTOS EN RELACIÓN CON CUALQUIER MODALIDAD Y/O NIVEL DE SERVICIO DE SALUD "COPAGO" (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIONES VI, VIII, XIV Y XVI, PÁRRAFOS PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "CON INDEPENDENCIA DE LOS ANTERIOR PODRÁN REALIZARSE RETENCIONES ADICIONALES CONVENIDAS VOLUNTARIAMENTE CON EL TRABAJADOR, PENSIONADOS Y JUBILADOS SEGÚN CORRESPONDA"; Y SEGUNDO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA: "Y PAGO DE ADEUDOS CON LA INSTITUCIÓN"; 7, PRIMER PÁRRAFO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA: "EL AUXILIO ECONÓMICO EN"; Y FRACCIÓN V; 8; 27, FRACCIÓN XIV; 37, FRACCIÓN VI, EN SU PORCIÓN NORMATIVA: "Y POR LOS INGRESOS BAJO LA MODALIDAD DE COPAGOS EN FAVOR DE DERECHOHABIENTES Y BENEFICIARIOS"; Y 41, EN SU PORCIÓN NORMATIVA: "JUNTO CON LOS DESCUENTOS POR ADEUDOS CONTRAÍDOS FRENTE AL ORGANISMOS", DE LA LEY DEL SERVICIO MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO). X. SERVICIO DE SALUD DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA. LA FIGURA DE "COPAGO" PROVOCA QUE LOS DERECHOHABIENTES VEAN OBSTACULIZADO SU DERECHO DE ACCESO Y PROTECCIÓN A LA SALUD, ESPECÍFICAMENTE EN EL RÉGIMEN DE SEGURIDAD, YA QUE DICHO PAGO NO SE BASA EN CRITERIOS RACIONALES DE JUSTIFICACIÓN NI EN LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA Y SOLIDARIDAD SOCIAL, ACCESIBILIDAD ECONÓMICA, EQUIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIONES VI, VIII, XIV Y XVI, PÁRRAFOS PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA: "CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR PODRÁN REALIZARSE RETENCIONES ADICIONALES CONVENIDAS, VOLUNTARIAMENTE CON EL TRABAJADOR, PENSIONADOS Y JUBILADOS, SEGÚN CORRESPONDA"; Y SEGUNDO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA: "Y PAGO DE ADEUDOS CON LA INSTITUCIÓN"; 7, PRIMER PÁRRAFO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA: "EL AUXILIO ECONÓMICO EN"; Y FRACCIÓN V; 8; 27, FRACCIÓN XIV; 37, FRACCIÓN VI, EN SU PORCIÓN NORMATIVA: "Y POR LOS INGRESOS BAJO LA MODALIDAD DE COPAGOS EN FAVOR DE DERECHOHABIENTES Y BENEFICIARIOS"; Y 41, EN SU PORCIÓN NORMATIVA: "JUNTO CON LOS DESCUENTOS POR ADEUDOS CONTRAÍDOS FRENTE AL ORGANISMO", DE LA LEY DEL SERVICIO MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO). XI. SERVICIOS DE SALUD DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA. LA FIGURA DE "COPAGO" ES INCONSTITUCIONAL YA QUE VULNERA LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA Y SOLIDARIDAD SOCIAL, ACCESIBILIDAD ECONÓMICA, EQUIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA, POR ENDE, TAMBIÉN LO ES EL SISTEMA NORMATIVO EN QUE SE BASA O QUE REGULA SU OPERACIÓN, INCLUYENDO LOS "PAGOS EN PARCIALIDADES" Y EL "FONDO DE GARANTÍA" (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIONES VI, VIII, XIV Y XVI, PÁRR

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 109/2018 Y SU ACUMULADA 110/2018. · Registro digital (IUS): 29936
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-07-02
Promovente: DIVERSOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Julio de 2021, Tomo II, Pág. 1236.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 109/2018 Y SU ACUMULADA 110/2018. DIVERSOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Y LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 25 DE MAYO DE 2020. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: IVETH LÓPEZ VERGARA.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinticinco de mayo de dos mil veinte.

VISTOS, para resolver el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad identificada al rubro; y

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación de las demandas. Por oficio presentado el diez de diciembre de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, diversos diputados y diputadas integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza promovieron acción de inconstitucionalidad contra los artículos 3, fracciones VI, VIII, XIV y XVI, 7, párrafo primero y fracción V, 8, 27, fracción XIV, 37, fracción VI, y 41 de la Ley del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza publicada en el Periódico Oficial el nueve de noviembre de dos mil dieciocho, señalando como órganos Legislativo y Ejecutivo que emitieron y promulgaron las mencionadas normas al Congreso y al Gobernador Constitucional de ese Estado.

Por su parte, mediante oficio presentado también el diez de diciembre de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad contra los artículos 3, fracciones VI y VIII, 7, párrafo primero, específicamente en el enunciado normativo "el auxilio económico en", 8 y 37, fracción VI, de la misma Ley del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza publicada en el Periódico Oficial el nueve de noviembre de dos mil dieciocho, señalando igualmente como órganos Legislativo y Ejecutivo que emitieron y promulgaron las mencionadas normas al Congreso y al Gobernador Constitucional de ese Estado.

Disposiciones que son del contenido literal siguiente:

"Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entiende por: ...

"VI. Copago: El costo de los servicios médicos, hospitalarios y farmacéuticos compartidos entre el Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila y el derechohabiente; ...

"VIII. Fondo de garantía: El fondo que el organismo puede constituir, de acuerdo al máximo de los recursos disponibles y sin detrimento del servicio a los derechohabientes y sus beneficiarios, para garantizar el pago de los saldos insolutos que dejaran, por concepto de créditos en curso, los derechohabientes en caso de fallecimiento; ...

"XIV. Plan de protección: Los programas que se establezcan con fines de ampliación de cobertura de servicios de atención médica, de carácter optativo; ...

"XVI. Retención: La deducción que por efectos de esta ley o que por mandato judicial se haga de los salarios de los trabajadores, o percepciones de los pensionados o jubilados según corresponda, para cumplir obligaciones o compromisos contraídos previamente y que se aplican directamente a la nómina de pago. Con independencia de lo anterior podrán realizarse retenciones adicionales convenidas voluntariamente con el trabajador, pensionados y jubilados, según corresponda.

"Se consideran retenciones para efectos de la presente ley, las deducciones que se hagan a los derechohabientes del organismo en concepto de aportaciones y pago de adeudos con la institución; ..."

"Artículo 7. Para garantizar a los trabajadores y a sus beneficiarios en la prevención y curación de enfermedades, el servicio médico ofrecerá el auxilio económico en los siguientes aspectos: ...

"V. El organismo podrá implementar planes de protección médico familiar, los así llamados serán convenios entre el organismo y los derechohabientes mediante los cuales, por una prima quincenal adicional descontada de su salario, el organismo le cubre parte o todo de los gastos que corresponda sufragar por servicios médicos hospitalarios recibidos, según el reglamento que se expida para tal fin."

"Artículo 8. El servicio médico podrá otorgar a sus derechohabientes convenios para el pago en parcialidades de los adeudos generados por servicios prestados a los mismos o a sus beneficiarios en concepto de copago, costos de recuperación y otros.

"A dichos créditos deberá agregarse siempre un 20% destinado a constituir el fondo de garantía.

"El fondo de garantía deberá integrarse al patrimonio del servicio médico y utilizarse para los fines que esta ley establece."

"Artículo 27. Son facultades y obligaciones del consejo de administración: ...

"XIV. Implementar planes de protección médico familiar, los así llamados serán convenios entre el organismo y los derechohabientes mediante los cuales, por una prima quincenal adicional descontada de su salario, la Institución cubre parte o todo de los gastos que al derechohabiente corresponda sufragar por servicios médicos hospitalarios recibidos, según el reglamento que se expida para tal fin; ..."

"Artículo 37. El patrimonio del servicio médico se constituye de la siguiente manera: ...

"VI. Por los ingresos provenientes de los servicios prestados por los organismos auxiliares, así como por la venta de medicamentos y por los ingresos bajo la modalidad de copagos en favor de derechohabientes y beneficiarios; ..."

"Artículo 41. Las retenciones en favor del patrimonio del organismo previstas en la fracción V del artículo 37 serán descontadas a los trabajadores en nóminas de los empleadores, quienes tienen la obligación de entregarlas al organismo, junto con los descuentos por adeudos contraídos frente al organismo y las aportaciones señaladas en las fracciones I, II, III y IV del mismo artículo 37."

SEGUNDO.—Preceptos constitucionales e internacionales que se estiman violados y conceptos de invalidez. Los accionantes estimaron violados los artículos 1o., 4o. y 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2, 9 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y 9 y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Asimismo, expusieron como argumentos de invalidez los que se sintetizan a continuación:

A. De los integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.

I. Los artículos 3, fracción VI, y 37, fracción VI, de la Ley del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado cuya invalidez se reclama transgreden los derechos de igualdad, seguridad jurídica y a la seguridad social, específicamente en cuanto establecen la figura del "copago", habida cuenta de que:

1) El copago –que es el gasto compartido entre el Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado y las y los derechohabientes, cuya finalidad es cubrir el costo de los servicios médicos, hospitalarios y farmacéuticos–, desconoce que las aportaciones de las personas derechohabientes son suficientes para que éstos perciban aquellos servicios.

2) El artículo 37, fracciones V y VI, de la Ley del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado implica una doble contribución para las y los derechohabientes quienes tienen que pagar, por una parte, las aportaciones por concepto de cuotas (equivalentes al 3% –tres por ciento– de su sueldo compactado, compensaciones especiales, eficiencia en el trabajo y primas de antigüedad) y, por otra, los adeudos generados por virtud de los servicios que otorga el instituto a modo de copago.

II. Los artículos 3, fracción XIV, 7, fracción V, y 27, fracción XIV, de la Ley del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado violan los derechos de igualdad, seguridad jurídica y a la seguridad social, en la medida en que crean los llamados "planes de protección", toda vez que:

1) Por concepto de esos "planes de protección" –que son los programas que se establecen con fines de ampliación de cobertura de servicios de atención médica de carácter optativo–, se exigen pagos adicionales a efecto de garantizar un acceso a mayores servicios de salud, soslayando que el instituto debe otorgar las prestaciones médicas de calidad sin hacer cobros extras.

2) La posibilidad de obtener un mejor servicio y mayor cobertura a través del pago por concepto de la contratación de esos "planes de protección" implica que se clasifique a las personas trabajadoras en categorías dependiendo de sus aportaciones, aun cuando el artículo 9 de la propia legislación ordena que las prestaciones médicas "se dispensarán con trato igual de carácter general a los trabajadores y a sus beneficiarios, prohibiéndose expresamente hacer concesiones especiales que impliquen trato discriminatorio".

3) Conforme a los artículos 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Federal y 34, 35 y 37 de la Ley General de Salud, la seguridad social debe ser garantizada por el organismo respectivo, lo que está reconocido en los artículos 1 y 15 de la propia Ley del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza, que dispone que el instituto debe garantizar a las personas derechohabientes la atención a la salud; de ahí que no es válido que para tener derecho a los servicios se exige el pago de aportaciones adicionales como si fuera una prestación privada.

III. Los artículos 3, fracciones VIII y XVI, 8 y 41 de la Ley del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado violan el derecho a la seguridad jurídica, en la parte en la que establecen un agregado del 20% –veinte por ciento– al monto de los adeudos generados por servicios prestados a las y los derechohabientes o a sus personas beneficiarias en concepto de copago, a efecto de formar el "fondo de garantía", porque:

a) Ese agregado del 20% –veinte por ciento– a los adeudos debe ser pagado por las personas derechohabientes sin justificación alguna, pues éstos pagan sus aportaciones, lo que debe ser suficiente para garantizar la prestación del servicio médico.

b) Más aún, esas personas derechohabientes no tienen por qué anticipar pagos para cubrir eventuales saldos derivados de adeudos en caso de fallecimiento; siendo que el cobro adicional que al efecto se les hace repercute en la condición económica de las personas trabajadoras en activo o personas pensionadas.

B. De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Los artículos 3, fracciones VI y VIII, 7, párrafo primero, 8 y 37, fracción VI, de la Ley del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza, violan los derechos a la seguridad social, igualdad y no discriminación, específicamente en cuanto prevén las figuras del "copago", los "convenios" y "créditos", y el "fondo de garantía", habida cuenta de que:

a) A través de esas figuras, especialmente el "copago", se exige que las personas derechohabientes cubran el costo de los servicios médicos, hospitalarios y farmacéuticos de manera compartida con el Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado, lo que implica que, por los servicios médicos que éste presta, se imponen a las personas trabajadoras cargas económicas adicionales a las aportaciones de seguridad social que enteran con fundamento en los artículos 3, fracciones II y XVI, de la propia legislación; además de que se soslayan las aportaciones efectuadas por los empleadores.

b) También se prevé la posibilidad de que se otorgue a las personas derechohabientes la posibilidad de firmar "convenios" para pagar en parcialidades los créditos que les sean determinados por la prestación de los servicios médicos por parte del instituto, lo que implica una carga desproporcional e injustificada, pues los descuentos en sus salarios de los que son sujetos de manera constante tienen como finalidad, precisamente, recibir esos servicios sin costos adicionales, dada la obligación del Estado de garantizar el derecho de acceso a la salud a través de prestaciones de seguridad social.

c) El hecho de que el artículo 7 de la Ley del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza establezca un "auxilio económico" para el acceso a los servicios médicos sin asumir la obligación de garantizar su prestación, implica una contradicción con el artículo 1 del mismo ordenamiento que ordena al instituto prestar esos servicios; lo que, además, permite que el Estado se sustraiga de su obligación constitucional de garantizar el derecho a la salud.

d) Más aún, en función de formar el llamado "fondo de garantía", se obliga a las personas derechohabientes a cubrir un 20% –veinte por ciento– adicional a los adeudos que adquieran por la prestación de los servicios médicos, a efecto de cubrir saldos de créditos en caso de fallecimiento.

TERCERO.—Admisión de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de diez de diciembre de dos mil dieciocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por diversos diputados y diputadas integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, a la que le correspondió el expediente 109/2018, y designó al Ministro Eduardo Medina Mora I. para que actuara como instructor en el procedimiento.

Asimismo, a través del auto de once de diciembre del mismo año, el presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la que le correspondió el expediente 110/2018 y, dada la identidad de las normas controvertidas, decretó su acumulación a la acción de inconstitucionalidad referida en el párrafo precedente, y dispuso su turno al Ministro Eduardo Medina Mora I. designado como instructor.

Por auto de once de diciembre de dos mil dieciocho el Ministro instructor admitió la acción referida, ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma y al Ejecutivo que la promulgó para que rindieran sus respectivos informes.

CUARTO.—Informe de las autoridades. El Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza (por conducto del presidente de su Mesa Directiva) y el Poder Ejecutivo del Estado (a través de su consejero jurídico), rindieron sus informes respectivos, los cuales son coincidentes en sus argumentos en los que, en síntesis, expusieron lo siguiente:

1) La figura del copago existe en el servicio médico de Coahuila desde su origen en mil novecientos cuarenta y seis, y se basa en el principio solidario del pago compartido bajo una concepción distinta a la institucional prevista en el artículo 123 de la Constitución Federal. De ahí que es importante que esa figura se mantenga en la nueva ley porque constituye una fuente del patrimonio del Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado, fundamental para subsistencia. De eliminarse, colocaría al servicio médico en grave riesgo financiero.

2) El Máximo Tribunal ha reconocido que, con base en el principio de solidaridad, el derecho a la protección de la salud es una responsabilidad compartida entre el Estado, la sociedad y los interesados, razón por la cual el financiamiento de los servicios no corre a cargo del Estado únicamente. Incluso se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social que se determinan considerando el costo de los servicios y condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiendo de su cobro a aquéllos que carezcan de recursos. Sirve de apoyo la jurisprudencia «P./J. 136/2008» del Tribunal Pleno de rubro: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL."

3) Las personas derechohabientes contribuyen con la aportación de cuotas de seguridad social provenientes de un porcentaje de sus ingresos que se destinan a un fondo que se utiliza para proporcionar los servicios de salud. Esta aportación permite que quienes ganan más y quienes no hacen uso del servicio contribuyan a que quienes tienen menos y sí utilizan el servicio lo aprovechen, obteniendo beneficios que exceden por mucho el valor de sus aportaciones. Así, la normativa toma en consideración las posibilidades económicas del instituto y la capacidad económica del usuario.

4) La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, respecto del artículo 123, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Constituyente deja en manos del legislador ordinario la regulación de los aspectos particulares de los sistemas de seguridad social, de tal forma que se pueda garantizar el acceso a las prestaciones de seguridad social de acuerdo a las necesidades de cada entidad federativa y en función de la realidad que se vive en cada una de éstas, así como la de sus instituciones y beneficiarios. Sirve de apoyo la jurisprudencia «2a./J. 7/2015 (10a.)» de título y subtítulo: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ALCANCE DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL RESPECTO AL MONTO DEL SALARIO DE COTIZACIÓN."

5) La legislación de ninguna forma vulnera el principio de igualdad y no discriminación sino que busca garantizar el derecho a la salud al máximo de las posibilidades del Estado y del instituto; de ahí que se brinde el auxilio económico a la persona derechohabiente que, por necesidad o conveniencia, no obstante que el servicio médico lo pueda proporcionar, hace uso de servicios en instalaciones diversas al instituto, directamente con profesionales del ramo o en instituciones de salud.

6) Se trata de una opción adicional para que el organismo cubra todo o parte de los gastos por servicios médicos que las personas derechohabientes o beneficiarias reciban en instituciones médicas ajenas al instituto; lo que de ninguna forma obstaculiza a las y los derechohabientes que, mediante el pago ordinario de sus cuotas sociales, requieran de servicios médicos u hospitalarios, los cuales reciben conforme a lo dispuesto en la propia ley.

7) Es falso que los pagos adicionales a las aportaciones provoquen que el servicio médico actúe como un servicio privado, pues se proporciona a través de una institución de la administración pública estatal, bajo el carácter de organismo público descentralizado, con fines de mejoramiento social. Más bien, se trata de una institución que cumplimenta la prestación de un servicio público de interés general tendiente a aliviar la situación de las clases económicamente débiles que no se encuentran en posibilidad de cubrir los riesgos a los que están expuestos sino tan sólo mediante una proporción mínima, encomendándose el resto a los patrones que, en el caso particular, son entidades del Estado.

8) Los accionantes no apreciaron la ley de manera sistémica, pues el contexto de las normas impugnadas deriva de lo previsto por el artículo 46 que permite que los adeudos contraídos constituyan créditos fiscales; de lo que se infiere que, atendiendo a las máximas de la protección del derecho a la salud, pueden ser cubiertos en parcialidades. Es decir, el convenio recae en el plan de pago de los adeudos generados por servicios prestados a las mismas personas trabajadoras o sus beneficiarios, sin que por ello pierdan dichos adeudos la calidad de créditos fiscales.

9) Las retenciones para el fondo de garantía y las descontadas por adeudos al organismo no transgreden el derecho a la salud y a la seguridad social, pues el artículo 8 impugnado establece un mecanismo convenido entre las partes a fin de que la persona trabajadora o derechohabiente cubra cualquier adeudo contraído con el organismo. No se trata de una doble contribución, sino de una figura legal para auxiliar a la persona derechohabiente a estar al corriente en el pago de sus aportaciones a fin de que tenga derecho a percibir las prestaciones.

10) Por lo que hace al fondo de garantía, su objetivo es dar seguridad y certeza a los usuarios del servicio médico, al prever un mecanismo para garantizar el pago de los saldos insolutos que dejaran, por concepto de créditos en curso, diversos contribuyentes por fallecimientos, de acuerdo al máximo de los recursos disponibles y sin detrimento del servicio a las y los derechohabientes.

QUINTO.—Cierre de Instrucción. Una vez que se pusieron los autos a la vista de las partes para la formulación de sus alegatos, por acuerdos de veintisiete de febrero, quince de marzo y veintidós de mayo de dos mil diecinueve, se tuvieron por recibidos los de los diputados accionantes, y de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza, además de que se declaró cerrada la instrucción.

Finalmente, dado lo acordado por el Tribunal Pleno el diez de octubre de dos mil diecinueve, mediante auto de la misma fecha, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación returnó el asunto al Ministro Alberto Pérez Dayán para que actuara como nuevo instructor.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, incisos d) y g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se solicita la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 3, fracciones VI, VIII, XIV y XVI, 7, párrafo primero y fracción V, 8, 27, fracción XIV, 37, fracción VI, y 41 de la Ley del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza publicada en el Periódico Oficial el nueve de noviembre de dos mil dieciocho.

SEGUNDO.—Oportunidad. En principio, debe tenerse en cuenta que el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá "de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución", las cuales "podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la norma" impugnada; mientras que el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que "el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente". Lo que permite establecer que tratándose de acciones de inconstitucionalidad, el plazo para la presentación de la demanda es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a aquel en que se publique la norma impugnada en el correspondiente medio oficial, sin que deban excluirse los días inhábiles, en la inteligencia de que si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda se podrá presentar al primer día hábil siguiente.

En el caso, los preceptos legales impugnados se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza el viernes nueve de noviembre de dos mil dieciocho, por lo que el plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad inició el sábado diez de noviembre y concluyó el domingo nueve de diciembre siguiente. Mientras que los escritos de demanda relativos a la presente acción de inconstitucionalidad fueron presentados el lunes diez de diciembre del mismo año en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, el día hábil inmediato siguiente al último del plazo que fue inhábil, por lo que su promoción resulta oportuna.

TERCERO.—Legitimación. El artículo 105, fracción II, incisos d) y g), de la Constitución Federal, establecen:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: ...

"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: ...

"d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguna de las legislaturas de las entidades federativas en contra de las leyes expedidas por el propio órgano. ...

"g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea Parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las legislaturas."

Disposición que ha sido interpretada en la jurisprudencia P./J. 7/2007 de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. QUIÉNES SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA ATENDIENDO AL ÁMBITO DE LA NORMA IMPUGNADA."(1) conforme a la cual las acciones de inconstitucionalidad contra leyes locales pueden promoverse, entre otros, por el 33% (treinta y tres por ciento) de los diputados de la Legislatura Local que corresponda y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si se trata de leyes que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal.

En el caso, la primera demanda fue suscrita por nueve integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, a saber, Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Fernando Izaguirre Valdés, Gabriela Zapopan Garza Galván, Gerardo Abraham Aguado Gómez, Juan Antonio García Villa, Carlos Guerra López Negrete, José Benito Ramírez Rosas, Rosa Nilda González Noriega y Zulmma Verenice Guerrero Cázares, quienes acreditan su calidad de diputados y diputadas con el ejemplar del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza de cinco de enero de dos mil dieciocho, que contiene el "Decreto 1 por el que se declara legalmente constituido el Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza e instalada la Sexagésima Primera Legislatura, cuyo ejercicio constitucional iniciará el 1 de enero del año 2018 y concluirá el 31 de diciembre del año 2020". Diputados que, por cierto, representan el 36% (treinta y seis por ciento) del cuerpo legislativo integrado por veinticinco miembros conforme al artículo 33 de la Constitución Política del Estado.(2)

Por su parte, la segunda demanda fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de su presidente Luis Raúl González Pérez, lo que acredita con la copia certificada de su designación en ese cargo por el Pleno del Senado de la República.

Por tanto, si en el caso se plantea la inconstitucionalidad de los artículos 3, fracciones VI, VIII, XIV y XVI, 7, párrafo primero y fracción V, 8, 27, fracción XIV, 37, fracción VI, y 41 de la Ley del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza –por considerarlos violatorios de derechos humanos en materia de salud y seguridad social previstos en los artículos 4o. y 123 de la Constitución Federal–, tanto los diputados y diputadas accionantes de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso Local como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tienen la legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad.

CUARTO.—Causas de improcedencia. En este asunto no se hace valer causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento, ni este Alto Tribunal advierte que se actualice alguno.

QUINTO.—Estudio. De los conceptos de invalidez hechos valer por los actores, se desprende que la litis en la presente vía se circunscribe a analizar los artículos 3, fracciones VI, VIII, XIV y XVI, 7, párrafo primero y fracción V, 8, 27, fracción XIV, 37, fracción VI, y 41, de la Ley del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza publicada en el Periódico Oficial el nueve de noviembre de dos mil dieciocho, en la medida en que establecen tres figuras en el sistema de prestación de servicios de salud para las personas trabajadoras de la educación pública y de instituciones educativas del Estado, a saber: a) el "copago" que implica la determinación de adeudos y pagos en parcialidades, b) el "fondo de garantía", y c) los "planes de protección" que implican la celebración de convenios para descuentos adicionales a las aportaciones de seguridad.

Figuras que se aducen violatorias de los derechos de igualdad y no discriminación, a la salud y a la seguridad social previstos en los artículos 1o., 4o. y 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Federal, en lo toral, porque:

a) A través del "copago" –que es un gasto compartido entre el Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado y las personas derechohabientes–, se exige que éstos cubran en parte el costo de los servicios médicos, hospitalarios y farmacéuticos que presta dicho instituto, lo que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29936-30420e87/i-accion-de-inconstitucionalidad-los-diputados-que-conformen · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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