I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE. III. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CONSTITUYE UN MANDATO CONVENCIONAL EN LA ELABORACIÓN DE LEYES Y OTROS PROCESOS DE ADOPCIÓN DE DECISIONES SOBRE CUESTIONES RELACIONADAS CON LA CONDICIÓN DE AQUÉLLAS. IV. DERECHO A LA CONSULTA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SU CUMPLIMIENTO. V. DERECHO A LA CONSULTA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA FINALIDAD DE ARMONIZAR EL CONTENIDO DE UNA LEY QUE AFECTA A ESE GRUPO DE PERSONAS CON LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL Y LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES NO EXIME A LA AUTORIDAD DE SATISFACER AQUEL DERECHO. VI. DERECHO A LA CONSULTA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA FALTA DE CONSULTA PREVIA EN LA ELABORACIÓN DE UN ORDENAMIENTO QUE NO REGULA EXCLUSIVA O ESPECÍFICAMENTE LOS INTERESES Y/O DERECHOS DE ESE GRUPO DE PERSONAS, NO IMPLICA SU INVALIDEZ TOTAL. VII. DERECHO A LA CONSULTA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CONSTITUYE UN REQUISITO PROCEDIMENTAL DE RANGO CONSTITUCIONAL CUYA OMISIÓN REPRESENTA UN VICIO FORMAL E INVALIDANTE DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. VIII. DERECHO A LA CONSULTA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. OMISIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO DE SATISFACERLO EN TORNO A UNA LEGISLACIÓN QUE AFECTA DIRECTAMENTE A AQUEL GRUPO DE PERSONAS (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 27815/LXII/20 POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PARA LA INCLUSIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE JALISCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE). IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS DENTRO DE LOS DIECIOCHO MESES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS, CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE PRIVE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LOS POSIBLES EFECTOS BENÉFICOS DE LA NORMA INVALIDADA (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 27815/LXII/20 POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PARA LA INCLUSIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE JALISCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE). X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL LEGISLADOR LOCAL PARA QUE LLEVE A CABO LA CONSULTA, CON UN CARÁCTER ABIERTO, A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y, POSTERIORMENTE, EMITA LA REGULACIÓN CORRESPONDIENTE (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 27815/LXII/20 POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PARA LA INCLUSIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE JALISCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 176/2020. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 17 DE MAYO DE 2021. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: ADRIANA CARMONA CARMONA.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diecisiete de mayo de dos mil veintiuno.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación de la acción, autoridades emisoras y normas impugnadas. Por escrito presentado el tres de agosto de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad en la que señaló como normas generales impugnadas y órganos emisores los siguientes:
Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada:
a) Congreso del Estado de Jalisco.
b) Gobernador del Estado de Jalisco.
Normas generales cuya invalidez se reclama:
"Decreto Número 27815/LXII/20, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco, publicado el 27 de febrero de 2020 en el Periódico Oficial de esa entidad federativa."
SEGUNDO.—Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman vulnerados. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideró violados los artículos 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y V de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
TERCERO.—Conceptos de invalidez. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostiene que el Decreto Número 27815/LXII/20, por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco vulnera el derecho a la consulta estrecha y participación activa de las personas con discapacidad, pues el Congreso del Estado se abstuvo de llevar a cabo un ejercicio de esa naturaleza previamente a su expedición.
Considera que las adiciones y modificaciones a la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco abordan cuestiones que atañen directamente a ese sector de la población, por tanto, el Congreso Local tenía la obligación de celebrar una consulta previa, estrecha y de colaboración activa con las personas con discapacidad.
Sostiene que el derecho a la consulta de las personas con discapacidad en la legislación y políticas públicas nacionales, es un requisito ineludible para asegurar la pertenencia y calidad de las acciones encaminadas a asegurar el pleno goce de los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con los demás; sin embargo, del análisis del proceso legislativo que dio origen al decreto impugnado, advierte que no existió consulta a las personas con discapacidad, a través de sus representantes o con las asociaciones que fungen para tal efecto.
Aduce que si la reforma a la ley impugnada consistió en armonizar la ley jalisciense a los estándares internacionales en materia de discapacidad, así como incluir dentro de este grupo a las personas con trastorno de talla, reconocer el derecho de niñas, niños y adolescentes a acceder a parques y lugares de esparcimiento en igualdad de condiciones, y adicionar la figura de cuidador especial, a efecto de reconocer a la persona familiar que asume la responsabilidad, atención y cuidado de una persona con discapacidad, el Congreso del Estado de Jalisco incumplió con la obligación de realizar una consulta con personas con discapacidad, por tratarse de un procedimiento decisorio que les afecta directamente.
Estima que la obligación de consultar a las personas con discapacidad no es optativa, sino obligatoria, en la medida en que se trata de una responsabilidad del Estado Mexicano, por mandato del artículo 1o. de la Constitución Federal.
Aduce que tomando como referencia el parámetro propuesto por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la consulta debe ser previa, mediante procedimientos acordes, atendiendo a todas las especificidades de las personas con discapacidad, de tal manera que puedan comprender y hacerse comprender, facilitándoles, si fuera necesario, intérpretes u otros medios eficaces.
Finalmente, solicita que los efectos de la declaratoria de invalidez por falta de consulta a las personas con discapacidad se extiendan a todas aquellas normas que estén relacionadas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 41, fracción IV, y 45, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTO.—Admisión y trámite de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de seis de agosto de dos mil veinte, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, bajo el número 176/2020 y, por razón de turno, designó al Ministro José Fernando Franco González Salas como instructor del procedimiento.
Por acuerdo de doce de agosto de dos mil veinte, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, ordenó dar vista a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Jalisco para que rindieran sus respectivos informes y remitieran los documentos necesarios para la debida integración del expediente; a la Fiscalía General de la República para que hasta antes del cierre de instrucción, manifestara lo que a su representación correspondiera; así como, a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que de considerar que la materia del juicio trasciende a sus funciones constitucionales, manifestara lo que a su esfera competencial conviniera, hasta antes del cierre de la instrucción.
QUINTO.—Certificación. El dieciocho de agosto de dos mil veinte, la Secretaría de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, certificó que el plazo de quince días concedido a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco para rendir sus informes respectivos transcurriría del diecinueve de agosto al ocho de septiembre de dos mil veinte.
SEXTO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Por oficio presentado el dos de septiembre de dos mil veinte a través del Sistema Electrónico de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Legislativo Estatal, por conducto de los diputados Sofía Berenice García Mosqueda, Adenawer González Fierros y Arturo Lemus Herrera, presidente y secretarios, respectivamente, de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, rindió el informe que le fue requerido, en el que manifestó los argumentos siguientes:
En principio, señala que es menester que se tome en consideración como fue expuesto en las iniciativas que dieron origen al Decreto 27815/LXII/20, y que se plasmó en el dictamen correspondiente, que acorde a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, su artículo 4 destaca la obligación de las autoridades de crear acciones afirmativas que consisten en apoyos de carácter específico destinados a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural.
Además, sostiene que la reforma impugnada es producto de la función pública que al tenor de la competencia de las entidades federativas y de la división de poderes, le corresponde al Congreso del Estado de Jalisco para legislar en todas las ramas del orden interior del Estado, así como expedir leyes y ejecutar actos sobre materias que le son propias.
Solicita tomar en consideración, como razón de constitucionalidad de los preceptos impugnados, que fueron emitidos en ejercicio de las atribuciones conferidas al Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Aunado a que se cumplió con los requisitos de fundamentación y motivación de los actos legislativos.
Además, considera que debe tomarse en cuenta el contenido normativo sobre el que se pide la invalidez y, en esa vertiente, advertir que debe valorarse en función de la atribución que detenta el Poder Legislativo del Estado de Jalisco sobre la materia, pues esos actos están dentro de los límites de sus facultades.
Asimismo, que la reforma que se pretende invalidar tuvo como finalidad la armonización de la ley de la materia con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, ordenamiento de orden público, interés social y de observancia general en toda la República, así como con los instrumentos internacionales en la materia.
Aunado a que, como lo sostiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la reforma impugnada es benéfica al haberse tomado en cuenta las propuestas para incorporar a las personas con "trastornos de talla" dentro del grupo de personas con discapacidad, reconocer el derecho a acceder a lugares de esparcimiento para niñas, niños y adolescentes con discapacidad en igualdad de condiciones, y armonizar la legislación local con la Ley General para la inclusión de las Personas con Discapacidad y los instrumentos internacionales en la materia.
Así también, sostiene que debe tomarse en consideración que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dispone que no serán discriminatorias la medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad, en virtud de que los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho igual a la protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida, sin discriminación alguna, por lo que deben promover todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables.
Finalmente, insiste que el Poder Legislativo del Estado de Jalisco con la reforma impugnada está armonizado el marco legal, además de que está incorporando aspectos que garantizan el pleno respecto de los derechos de las personas con discapacidad, lo cual no puede ser señalado como transgresor del marco constitucional federal.
SÉPTIMO.—Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. Mediante oficio presentado el ocho de septiembre de dos mil veinte en el Sistema Electrónico de este Alto Tribunal, el Poder Ejecutivo Estatal, por conducto de Adrián Talamantes Lobato, consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, rindió el informe que le fue requerido, manifestando en esencia los argumentos siguientes:
En principio, sostiene que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos carece de legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución General.
Lo anterior, en virtud de que si bien puede ejercer acciones de inconstitucionalidad siempre que verse respecto de normas que vulneren derechos humanos, lo cierto es que al imponerse del contenido de las disposiciones impugnadas puede advertirse que no sólo no vulneran derechos humanos, sino que incluso, como lo reconoce la accionante, son benéficas en la medida en que la reforma impugnada consistió en armonizar la legislación jalisciense a estándares internacionales en materia de discapacidad, así como incluir dentro de ese grupo a las personas con trastorno de talla; reconocer el derecho de niñas, niños y adolescentes a acceder a parques y lugares de esparcimiento en igualdad de condiciones; y, adicionar la figura del "cuidador principal" a efecto de reconocer a la persona o familiar que asume la responsabilidad, atención y cuidado de una persona con discapacidad.
Sostiene que en caso de desestimar la causa de improcedencia, aun cuando no se hubiera llevado a cabo la consulta a las personas con discapacidad, ello resulta irrelevante, pues ésta tiene por objeto lograr un intercambio de ideas a fin de construir el mejor texto posible de una ley; sin embargo, en el caso, se logró un texto con el que la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos manifiesta su beneplácito, por lo que resulta inconcebible que pretenda impugnar una reforma que a la postre es "benéfica".
OCTAVO.—Alegatos. Mediante oficio presentado el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos formuló los alegatos que estimó convenientes.
NOVENO.—Pedimento de la Fiscalía General de la República. Esta representación no formuló pedimento en este asunto.
DÉCIMO.—Cierre de instrucción. Mediante acuerdo de once de diciembre de dos mil veinte, el Ministro instructor cerró la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) en relación con el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013(3) de trece de mayo de dos mil trece, toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promueve este medio de control constitucional contra normas generales de carácter estatal, al considerar que su contenido es violatorio de derechos humanos.
SEGUNDO.—Oportunidad. El artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal(4) dispone que, por regla general, el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial, precisando que en materia electoral todos los días y horas son hábiles.
No obstante, en atención a la circunstancia extraordinaria ocasionada con motivo de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó los Acuerdos Generales Números 3/2020, 6/2020, 7/2020, 10/2020, 12/2020 y 13/2020, a través de los cuales se declaró inhábil para dicho órgano jurisdiccional el periodo comprendido entre el dieciocho de marzo al quince de julio de dos mil veinte, cancelándose el periodo de receso y prorrogándose la suspensión de plazos del dieciséis de julio al dos de agosto de dos mil veinte.
Particularmente, en los artículos primero, segundo, numerales 2 y 3, y tercero, de los Acuerdos Generales Números 10/2020 y 12/2020, en los que se prorrogó la suspensión de plazos del primero de junio al treinta de junio y del primero de julio al quince de julio, se permitió la promoción electrónica de los escritos iniciales en los asuntos competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenando proseguir electrónicamente el trámite de las acciones de inconstitucionalidad en las que se hubieran impugnado normas electorales, permitiendo habilitar días y horas sólo para acordar los escritos iniciales de las acciones de inconstitucionalidad que hubieren sido promovidas.
Las referidas decisiones plenarias se complementaron con el diverso Acuerdo General Número 8/2020, mediante el cual se establecieron las reglas para la integración de los expedientes impreso y electrónico en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, en concreto, se reguló el uso de la firma electrónica u otros medios para la promoción y consulta de los expedientes de acciones de inconstitucionalidad.
Bajo este contexto, se advierte que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugna el Decreto Número 27815/LXII/20, por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de febrero de dos mil veinte. Por consiguiente, el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad transcurrió a partir del veintiocho de febrero al trece de agosto de dos mil veinte, en virtud de la suspensión de plazos ordenada por este Alto Tribunal.
En ese sentido, toda vez que la demanda se presentó el tres de agosto de dos mil veinte, es evidente que la acción de inconstitucionalidad resulta oportuna.
TERCERO.—Legitimación. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso g), segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo legitimado para impugnar leyes expedidas por las Legislaturas Estatales que estime violatorias de derechos humanos.
Además, conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia,(5) los promoventes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente estén facultados para ello.
Por su parte, el artículo 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(6) confiere al presidente de dicho órgano la facultad de presentar acciones de inconstitucionalidad.
En ese contexto, se advierte que la demanda fue presentada por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, personalidad que acredita mediante el acuerdo de designación expedido el doce de noviembre de dos mil diecinueve por el Senado de la República, suscrito por la presidenta y el secretario de la mesa directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura de dicho órgano legislativo.
Aunado a que impugna el decreto por el que se reformaron diversos preceptos de la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco, expedido por el Poder Legislativo de esa entidad federativa, que establece aspectos relacionados con los derechos de las personas con discapacidad, por estimarlo violatorio del derecho a la consulta de las personas con discapacidad.
Por tanto, es evidente que se actualiza la hipótesis de legitimación prevista en el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el presente asunto fue promovido por un ente legitimado, a través de su debido representante y se plantea que las disposiciones impugnadas vulneran derechos humanos.
CUARTO.—Causas de improcedencia. Las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente, por lo que se deben analizar las que sean formuladas por las partes, así como aquellas que este Alto Tribunal advierta de oficio.
Al respecto, el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco sostiene que la acción de inconstitucionalidad es improcedente, por falta de legitimación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la medida en que las disposiciones impugnadas no vulneran derechos humanos, toda vez que, de su contenido, se advierte que son benéficas y así lo reconoce la accionante, pues la reforma impugnada consistió en armonizar la legislación jalisciense a estándares internacionales en materia de discapacidad, así como incluir dentro de ese grupo a las personas con trastorno de talla; reconocer el derecho de niñas, niños y adolescentes a acceder a parques y lugares de esparcimiento en igualdad de condiciones; y, adicionar la figura del "cuidador principal", a efecto de reconocer a la persona o familiar que asume la responsabilidad, atención y cuidado de una persona con discapacidad.
La causa de improcedencia debe desestimarse, en la medida en que se encuentra estrechamente vinculada con el fondo del presente medio de impugnación. Tal como ha establecido este Tribunal Pleno en la jurisprudencia P./J. 36/2004, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE."(7)
Lo anterior, toda vez que si en una acción de inconstitucionalidad se hace valer alguna causa de improcedencia que involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del asunto, aquélla debe desestimarse y, de no operar otro motivo de improcedencia, deben estudiarse los conceptos de invalidez. De lo contrario, se correría el peligro de sobreseer respecto de un medio de impugnación cuya improcedencia no esté plenamente acreditada y, por tanto, de que se vulnere la garantía de acceso a la justicia en perjuicio de los accionantes.
Del escrito de demanda se desprende que una de las cuestiones planteadas en el presente asunto es que el decreto impugnado es inconstitucional, porque se vulneró el derecho a la consulta de las personas con discapacidad a través de sus representantes, previsto en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Para determinar si las normas generales impugnadas en efecto vulneran o no los derechos humanos de las personas con discapacidad, como afirma el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, sería necesario verificar si las normas inciden de algún modo en estos derechos, que es precisamente lo que plantea la promovente en sus conceptos de invalidez.
Así, analizar la causa de improcedencia invocada en el informe de la autoridad, implicaría necesariamente estudiar cuestiones que son propias del fondo del asunto, de tal manera que el argumento del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco sobre la improcedencia de la acción debe desestimarse.
QUINTO.—Estudio de fondo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostiene –esencialmente– que debe declararse la invalidez del Decreto Número 27815/LXII/20, por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco, porque se vulneró el derecho a la consulta estrecha y participación activa de las personas con discapacidad, dado que las adiciones y modificaciones abordan cuestiones que atañen directamente a ese sector de la población, por lo que el Congreso del Estado de Jalisco estaba obligado a celebrarla.
Este Tribunal Pleno considera que son fundados los argumentos sostenidos por la Comisión Accionante, con base en las consideraciones siguientes:
En relación con el derecho a la consulta de las personas con discapacidad, este Tribunal Pleno ha desarrollado el parámetro de regularidad constitucional a través de sus precedentes en los cuales se ha pronunciado sobre la obligación convencional a que se sujetó el Estado Mexicano, en todos sus niveles de gobierno, para garantizar la participación de las personas con discapacidad en la expedición de una ley que regula cuestiones que les atañen, derivado de lo previsto en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.(8)
Al respecto, al resolver la acción de inconstitucionalidad 101/2016,(9) el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down para el Estado de Morelos, al advertirse que no obraba constancia de que el Congreso del Estado de Morelos hubiera efectuado una consulta estrecha en la que participaran activamente las personas con discapacidad en torno a una legislación que les afectaba directamente. En ese sentido, se consideró que no sólo debía declararse la invalidez de las normas impugnadas expresamente, sino, por extensión, el resto de las disposiciones al tener el vicio de constitucionalidad detectado un efecto sobre la totalidad del ordenamiento.
En ese precedente, se destacó que, incluso, con anterioridad a la Convención, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, en la Observación General Número 5, adoptada el nueve de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, se pronunciaron respecto de la necesidad de consultar a grupos representativos de las personas con discapacidad sobre decisiones que les conciernen.
Por su parte, al fallar la acción de inconstitucionalidad 68/2018,(10) el Tribunal Pleno invalidó el Decreto 1033, por el cual se reformaron diversas disposiciones de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado y Municipios de San Luis Potosí, por la ausencia absoluta de consulta a las personas con discapacidad.
En ese precedente, a fin de comprender a cabalidad la obligación de consulta a personas con discapacidad, se destacaron algunas cuestiones del contexto en el que surge y su importancia en la lucha del movimiento de personas con discapacidad por exigir sus derechos. Bajo tales consideraciones, se concluyó que el derecho a la consulta de las personas con discapacidad en la legislación y políticas públicas nacionales es un requisito ineludible para asegurar la pertinencia y calidad de todas las acciones encaminadas a asegurar el pleno goce de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás. Además, se sostuvo que la consulta es lo que asegura que las medidas dirigidas a las personas con discapacidad sean una respuesta a sus necesidades reales.
Asimismo, al resolver la acción de inconstitucionalidad 1/2017,(11) se declaró la invalidez del Decreto Núm. 174, por el que se crea la Ley para la Atención y Protección de las Personas con la Condición del Espectro Autista y/o Trastornos del Neurodesarrollo del Estado de Nuevo León.
En dicho asunto, si bien se advirtió que existió un proceso de mesas de análisis con organizaciones que se especializan en el tema, se consideró que éstas no cumplieron con los requisitos de la consulta estrecha a las personas con espectro autista, en tanto no existió una convocatoria suficientemente pública, accesible e incluyente para procurar que las personas con condición del espectro autista y sus organizaciones manifestaran su opinión sobre la ley impugnada, ni que estructurara la forma como el ejercicio consultivo se llevaría a cabo. Además, con independencia de la insuficiente convocatoria, tampoco se verificó la participación de las personas con tal condición ni sus organizaciones propias en las mesas de trabajo que llevó a cabo la Comisión de Salud y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso de Nuevo León.
Por su parte, al resolver la acción de inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada 42/2018,(12) esta Suprema Corte invalidó la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down al no haberse celebrado una consulta a las personas con síndrome de down, a las organizaciones que las conforman, ni a las que las representan.
Al respecto, señaló que como elementos mínimos para cumplir con la obligación establecida en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, relativa a que las personas con discapacidad sean consultadas, su participación debe ser:
• Previa, pública, abierta y regular. El órgano legislativo debe establecer reglas, plazos razonables y procedimientos en una convocatoria, en la que se informe de manera amplia, accesible y por distintos medios la manera en que las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan podrán participar tanto en el proyecto de iniciativa, como en el proceso legislativo, dentro del cual se debe garantizar su participación, de manera previa al dictamen y ante el Pleno del órgano deliberativo, durante la discusión, por lo cual deben especificarse en las convocatorias los momentos de participación.
• Estrecha y con participación preferentemente directa de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad no deben ser representadas, sino que, en todo caso, cuenten con la asesoría necesaria para participar sin que se sustituya su voluntad, es decir, que puedan hacerlo tanto de forma individual, como por conducto de las organizaciones de personas con discapacidad, además, de que también se tome en cuenta a las niñas y niños con discapacidad, así como a las organizaciones que los representan.
• Accesible. Las convocatorias deben realizarse con lenguaje comprensible, en formato de lectura fácil y lenguaje claro, así como adaptadas para ser entendible de acuerdo con las necesidades por el tipo de discapacidad, por distintos medios, incluidos los sitios web de los órganos legislativos, mediante formatos digitales accesibles y ajustes razonables cuando se requiera, como, por ejemplo, los macrotipos, la interpretación en lengua de señas, el braille y la comunicación táctil. Además, las instalaciones de los órganos parlamentarios deben ser accesibles a las personas con discapacidad.
Aunado a ello, el órgano legislativo debe garantizar que la iniciativa, los dictámenes correspondientes y los debates ante el Pleno del órgano legislativo se realicen con este mismo formato, a efecto de que se posibilite que las personas con discapacidad comprendan el contenido de la iniciativa y se tome en cuenta su opinión, dando la posibilidad de proponer cambios tanto a ésta como durante el proceso legislativo.
La accesibilidad también debe garantizarse respecto del producto del procedimiento legislativo, es decir, el decreto por el que se publique el ordenamiento jurídico en el órgano de difusión estatal.
• Informada. A las personas con discapacidad o comunidades involucradas se les debe informar de manera amplia y precisa sobre la naturaleza y consecuencia de la decisión que se pretende tomar.
• Significativa. Lo cual implica que en los referidos momentos del proceso legislativo se debata o se analicen las conclusiones obtenidas de la participación de las personas con discapacidad y los organismos que las representan.
• Con participación efectiva. Que abone a la participación eficaz de las personas con discapacidad, las orga
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30069-5790ac1a/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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