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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SU AUSENCIA EN CUESTIONES RELACIONADAS CON ESTOS GRUPOS SIGNIFICARÍA NO CONSIDERARLOS EN LA DEFINICIÓN DE SUS PROPIAS NECESIDADES, VOLVIENDO DE ALGUNA MANERA A UN MODELO REHABILITADOR O ASISTENCIALISTA. IV. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ES UN REQUISITO INELUDIBLE EN LA LEGISLACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONALES PARA ASEGURAR LA PERTINENCIA Y CALIDAD DE TODAS LAS ACCIONES ENCAMINADAS A ASEGURAR EL PLENO GOCE DE SUS DERECHOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES CON LAS DEMÁS PERSONAS. V. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ES UNA FORMALIDAD ESENCIAL DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO, CUYA EXIGIBILIDAD SE ACTUALIZA CUANDO LAS ACCIONES ESTATALES OBJETO DE LA PROPUESTA AFECTEN LOS INTERESES Y/O DERECHOS DE ESOS GRUPOS. VI. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PARA CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 4, NUMERAL 3, DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LA PARTICIPACIÓN DE ESTOS GRUPOS VULNERABLES DEBE SER PREVIA, PÚBLICA, ABIERTA Y REGULAR, ESTRECHA Y CON PARTICIPACIÓN PREFERENTEMENTE DIRECTA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ACCESIBLE, INFORMADA, SIGNIFICATIVA, CON PARTICIPACIÓN EFECTIVA Y TRANSPARENTE. VII. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CONSTITUYE UN REQUISITO PROCEDIMENTAL DE RANGO CONSTITUCIONAL, CUYA OMISIÓN CONSTITUYE UN VICIO FORMAL INVALIDANTE DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO Y, CONSECUENTEMENTE, DEL PRODUCTO LEGISLATIVO. VIII. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EN LOS CASOS DE LEYES QUE NO SON EXCLUSIVAS O ESPECÍFICAS EN REGULAR LOS INTERESES Y/O DERECHOS DE ESTOS GRUPOS, LA FALTA DE CONSULTA PREVIA NO IMPLICA LA INVALIDEZ DE TODO EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO, SINO ÚNICAMENTE DE LOS PRECEPTOS QUE DEBÍAN SER CONSULTADOS Y RESPECTO DE LOS CUALES EL LEGISLADOR FUE OMISO EN LLEVAR A CABO LA CONSULTA PREVIA CONFORME A LOS ESTÁNDARES ADOPTADOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. IX. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA EXPEDICIÓN DE LA LEY PARA LA INCLUSIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE MORELOS ESTUVO PRECEDIDA POR DICHA CONSULTA, DESARROLLADA CONFORME A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 179/2023. · Registro digital (IUS): 32724
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-09-20
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Septiembre de 2024, Tomo III, Volumen 1, Pág.677.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 179/2023. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 4 DE JUNIO DE 2024. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: ALEJANDRO FÉLIX GONZÁLEZ PÉREZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cuatro de junio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 179/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra el Decreto por el que se expide la Ley para la Inclusión al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de Morelos, publicado el diecinueve de julio de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial de esa entidad federativa.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación del escrito inicial. Mediante escrito recibido el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés en el buzón judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrado el veintiuno siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su Presidenta, promovió acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto por el que se expide la Ley para la Inclusión al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de Morelos, publicado el diecinueve de julio de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial de esa entidad federativa, "Tierra y Libertad".

2. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La accionante estima violentados los artículos 1 de la Constitución Federal; 1 y 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; así como los numerales I, II y V de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

3. Conceptos de invalidez. En su único concepto de invalidez, la Comisión promovente expuso, esencialmente, lo siguiente:

• El Decreto impugnado vulnera el derecho a la consulta de las personas que viven con alguna diversidad funcional, reconocido en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

• La accionante menciona que la ley impugnada incide en los derechos de las personas con discapacidad, razón por la que se actualizaba la obligación por parte del Congreso local de llevar a cabo una consulta a dicho colectivo.

• Esto, pues contiene diversos cambios y actualizaciones respecto del paradigma de la discapacidad, especialmente porque se sustenta en el modelo social de la discapacidad. Entre los cambios de mayor relevancia se encuentran:

• El reconocimiento a la personalidad y capacidad jurídica de las personas con discapacidad.

• La creación de un Instituto para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la entidad.

• Armonización con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

• Sostiene que, si bien de las constancias se desprende que el Congreso local llevó a cabo diversos trabajos con el objetivo de consultar a las personas con discapacidad, lo cierto es que no se respetaron los principios constitucionales exigidos por el parámetro de regularidad constitucional vigente, por lo que no se garantizó plenamente el derecho humano a ser escuchados y tomados en cuenta previo a la emisión de la medida estatal implementada.

• Considera que las actividades realizadas por la legislatura local no garantizaron sólidamente una participación amplia que incluyera niñas, niños, adolescentes y personas adultas que viven con alguna discapacidad, ni que se les haya informado adecuada y suficientemente sobre la forma en que participarían, así como de los alcances de la medida legislativa.

• Al analizar las constancias de manera cronológica, advierte que primero se presentó la iniciativa para expedir la Ley para la Inclusión al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de Morelos, y una vez que dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Migrantes y Personas con Discapacidad del Congreso local, se emitió la convocatoria para la celebración de dos mesas de consulta (veintiuno y veintiocho de abril de dos mil veintitrés), de tal forma que las personas con discapacidad no participaron de ninguna forma en la elaboración de la iniciativa.

• En cuanto a que el procedimiento de consulta debe ser accesible, la comisión actora concluye que no se advierten documentos ni formatos empleados por el legislador morelense en los que se hubieran atendido las particularidades y necesidades de quienes viven con alguna discapacidad; es decir, que hubieran publicado en formatos de lectura fácil o cualquier otra modalidad que permitiera a las personas con discapacidad conocer con claridad la información más relevante que les diera el conocimiento necesario para acudir y opinar directamente sobre la medida legislativa que se sometería a su conocimiento.

• Aunado a que no se tomaron medidas de accesibilidad tanto en las mesas de trabajo como en la sesión del Pleno del Congreso local, pues éstas fueron llevadas a cabo de manera normal o cotidiana, sin ninguna medida que garantizara que las personas con discapacidad asistentes comprendieran puntualmente la importancia de esas etapas del procedimiento legislativo.

• Finalmente, la comisión no desconoce la existencia de ejercicios participativos realizados en años anteriores por el Congreso local, como los foros celebrados en el año de dos mil veintiuno y en el evento de tres de mayo de dos mil veintidós; sin embargo, considera que esas actividades se refieren a otras medidas que no se dirigen a consultar la ley ahora reclamada, pues la materia de las consultas tuvo por objeto recabar su opinión sobre otros temas de su interés.

4. Registro y admisión. Mediante proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente de la presente acción de inconstitucionalidad con el número 179/2023. En este mismo acuerdo turnó el expediente al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para su trámite y elaboración del proyecto correspondiente.

5. Posteriormente, por acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, el Ministro instructor admitió a trámite el presente asunto, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos para que rindieran sus respectivos informes; asimismo, requirió al órgano legislativo para que remitiera copia certificada del proceso legislativo del decreto impugnado y al órgano ejecutivo para que exhibiera copia certificada del Periódico Oficial estatal en el que conste su publicación. De igual forma, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, antes del cierre de instrucción, manifestaran lo que a su respectiva representación correspondiera.

6. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Por escrito recibido el nueve de octubre de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dulce Marlene Reynoso Santibáñez, en su carácter de Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, rindió el informe respectivo, en el que expuso lo siguiente:

• El Poder Ejecutivo del Estado no incurrió en la violación de algún dispositivo constitucional, pues la publicación de la ley impugnada forma parte de sus facultades establecidas en la Constitución Política del Estado de Morelos y la Ley Orgánica de la Administración Pública de dicha entidad.

7. Informe del Poder Legislativo del Estado de Morelos. Por escrito recibido el dieciséis de octubre de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y de Correspondencia de este Alto Tribunal, Francisco Erik Sánchez Zavala, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, rindió el informe en los siguientes términos:

• No obstante que existía en Morelos una Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad, publicada en el año de dos mil dieciocho, lo cierto es que no cumplía con todos los elementos que el modelo social de discapacidad establece en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por lo tanto, las personas con discapacidad detectaron la necesidad de una nueva ley en la materia.

• Es cierto que la ley impugnada incide directamente en la población con discapacidad de la entidad federativa, por esa razón el Congreso local, a través de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Migrantes y Personas con Discapacidad, realizó la consulta a este sector de la población mediante diversos trabajos que dieron como resultado la aprobación del Decreto impugnado.

• Señala que de manera previa a que el Diputado Alberto Sánchez Ortega presentara la iniciativa y durante el proceso legislativo, se proporcionó la información en formatos claros y accesibles, asimismo, la invitación a participar en los foros, mesas de consulta y sesiones fue abierta y sin restricciones a personas con discapacidad y sus organizaciones.

• Particularmente, hace referencia a los foros de consulta y participación que se llevaron a cabo el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, en la sede del Congreso Estatal, así como en diversos municipios durante mayo y junio de dos mil veintidós; en donde asistieron personas con discapacidad, se difundió el contenido de la Convención y se informó respecto al proyecto de iniciativa de la Ley para la Inclusión al Desarrollo de las Personas con Discapacidad.

• Indica que en las mesas de trabajo celebradas el veintiuno y veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se puede observar la participación, opiniones y propuestas de las personas con discapacidad y sus organizaciones sociales; consecuencia de ello, se levantó la respectiva minuta el veintiocho de abril del mismo año.

• Al respecto, menciona que la difusión de invitaciones y convocatorias para los foros y mesas de consulta se realizaron tanto en la página oficial del Congreso local como en redes sociales, correo electrónico y aplicaciones de celular, de forma que todas las personas conocieran de estas actividades y accedieran a la información correspondiente.

• Finalmente, considera que los ejercicios participativos realizados desde noviembre de dos mil veintiuno están completamente relacionadas con el Decreto impugnado.

8. Acuerdo de returno. Mediante proveído de uno de diciembre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidente de este Alto Tribunal ordenó el returno del expediente a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa.

9. Amicus curiae. Por acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintitrés, la Ministra instructora ordenó agregar al expediente el escrito presentado por quienes se asumen como personas con discapacidad bajo la figura de amicus curiae, en el que exponen lo siguiente:

• La ley combatida aporta grandes beneficios a los morelenses que viven con alguna discapacidad y representa la transición en el Estado de Morelos del modelo asistencialista hacia un modelo de Derechos Humanos.

• El Decreto impugnado cristaliza las esperanzas de personas con discapacidad en el Estado de Morelos que han luchado a lo largo de años para que sus derechos sean respetados.

10. Cierre de la instrucción. El mismo catorce de diciembre de dos mil veintitrés, la Ministra instructora hizo constar que ninguna de las partes formuló alegatos y decretó el cierre de instrucción en la acción de inconstitucionalidad, a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

11. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea la posible contradicción entre un ordenamiento estatal y la Constitución Federal, así como de tratados internacionales.

12. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

13. Del examen integral de la demanda de acción de inconstitucionalidad, se advierte que la Comisión promovente reclama la totalidad del Decreto por el que se expide la Ley para la Inclusión al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de Morelos, publicado el diecinueve de julio de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial de la entidad federativa, "Tierra y Libertad".

14. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.

III. OPORTUNIDAD

15. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(3) establece que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al que se publicó la norma impugnada.

16. En el caso, el Decreto que se impugna fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad federativa el diecinueve de julio de dos mil veintitrés; por tanto, conforme a lo establecido en el párrafo anterior, el plazo legal para promover la presente acción de inconstitucionalidad transcurrió del veinte de julio al dieciocho de agosto de dos mil veintitrés.

17. En consecuencia, si el escrito de demanda del presente medio de control constitucional fue recibido en el Buzón Judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el viernes dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, debe concluirse que su presentación resulta oportuna.

18. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.

IV. LEGITIMACIÓN

19. La acción de inconstitucionalidad fue presentada por parte legítima.

20. Legitimación en la causa. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal dispone que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de las acciones de inconstitucionalidad ejercitadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de leyes de carácter federal y local, así como tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

21. Al respecto, se acredita la legitimación de la Comisión accionante en virtud de que la demanda se promovió en contra del Decreto por el que se expide la Ley para la Inclusión al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial de la entidad federativa el diecinueve de julio de dos mil veintitrés, por considerar que vulnera el derecho a la consulta de las personas con discapacidad.

22. Legitimación en el proceso. Los artículos 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(4) y 18 de su Reglamento Interno(5) otorgan al presidente la representación legal de dicho órgano, así como la facultad para promover el presente medio de control constitucional.

23. En ese sentido, se acredita la legitimación en el proceso toda vez que obra en autos copia certificada del Acuerdo de doce de noviembre de dos mil diecinueve emitido por la Mesa Directiva del Senado de la República, mediante el cual se hace constar que la designación como Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a María del Rosario Piedra Ibarra, por un periodo de cinco años, comprendido del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve, al quince de noviembre dos mil veinticuatro.

24. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

25. Las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente, por lo que deben analizarse las que sean formuladas por las partes, así como aquellas que este Alto Tribunal advierta de oficio.

26. El Poder Ejecutivo de Morelos señala la improcedencia de la acción de inconstitucional, en virtud que la promulgación del Decreto impugnado se encuentra dentro de sus facultades, de conformidad con los artículos 70, fracción XVII, incisos a) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; así como el diverso 22, fracción XXXVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la citada entidad.

27. Al respecto, dicho argumento se desestima en virtud que en el proceso legislativo de cualquier norma se encuentra involucrado el Poder Ejecutivo, pues, al promulgarlas y publicarlas, le da plena validez y eficacia. Como se observa de la jurisprudencia P.J. 38/2010, de rubro "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES."(6)

28. Finalmente, al no existir otro motivo de improcedencia planteado por las partes ni advertirse alguno de oficio por este Tribunal Pleno, se procede a realizar el estudio de fondo.

29. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.

VI. ESTUDIO DE FONDO

30. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea en su único concepto de invalidez que el Decreto por el que se expide la Ley para la Inclusión al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial de la entidad federativa el diecinueve de julio de dos mil veintitrés, debió llevar a cabo una consulta previa a las personas con discapacidad.

31. Señala que, si bien se realizaron diversos trabajos con el objetivo de consultar a dicho sector de la población, lo cierto es que no respetaron los principios constitucionales exigidos por el parámetro de regularidad constitucional vigente.

32. Para dar respuesta al argumento planteado por la accionante, el estudio se dividirá en dos apartados: el primero relacionado con los criterios emitidos por este Tribunal Pleno al analizar la consulta a personas con discapacidad y, una vez hecho lo anterior, en el segundo apartado se estudiará si el Decreto combatido es susceptible de afectar a las personas con discapacidad, lo que haría indispensable la consulta previa y, de ser el caso, se constatará si el Congreso del Estado de Morelos llevó a cabo el procedimiento de consulta previa.

VI.I. Consulta a personas con discapacidad 33. A través de diversos precedentes –construidos a partir de la acción de inconstitucionalidad 80/2017 y su acumulada 81/2017,(7) 68/2018,(8) 84/2021,(9) así como la diversa 164/2022–,(10) esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la obligación de consultar a las personas con discapacidad deriva expresamente del artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,(11) que refiere que en todos los procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados parte celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños con discapacidad, a través de las organizaciones que los representan.

34. Si bien es cierto que el derecho a la consulta previa a las personas con discapacidad no se encuentra previsto expresamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en ningún otro ordenamiento jurídico, también lo es que, atendiendo al criterio actual de este Pleno(12) y con base en el artículo 1 constitucional, que reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte, el derecho de consulta en favor de las personas con discapacidad, reconocido en el diverso 4.3 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, forma parte del parámetro de regularidad constitucional, por lo que es deber de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vigilar que sea respetado por los poderes legislativos.

35. Así, para comprender a cabalidad la obligación de consulta a personas con discapacidad prevista en la Convención mencionada, resulta pertinente destacar algunas cuestiones del contexto en el que aquélla surge, así como su importancia en la lucha del movimiento de personas con discapacidad por exigir sus derechos.

36. En primer lugar, la razón que subyace a esta exigencia consiste en que se supere un modelo rehabilitador de la discapacidad y, en cambio, se favorezca un modelo social en el que la causa de la discapacidad es el contexto que la genera, es decir, las deficiencias de la sociedad en la que estas personas se encuentran para generar servicios adecuados una vez consideradas las necesidades particulares de las personas con esta condición. Dicho de otro modo, una ausencia de consulta en cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad significaría no considerarlas en la definición de sus propias necesidades, volviendo de alguna manera a un modelo rehabilitador o asistencialista.

37. En segundo lugar, el derecho a la consulta de las personas con discapacidad se encuentra estrechamente relacionado con los principios generales de autonomía e independencia que rigen la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad –artículo 3, inciso a)–, con su derecho de igualdad ante la ley –artículo 12– y a la participación –artículos 3, inciso c), y 29–.

38. Finalmente, el derecho a la consulta es uno de los pilares de la Convención, debido a que el proceso de creación de ese tratado internacional fue justamente uno de participación genuina y efectiva, colaboración y consulta estrecha con las personas con discapacidad. La Convención fue el resultado de todas las opiniones ahí vertidas, por lo que se aseguró su pertinencia para las personas con discapacidad.

39. En esta tesitura, el derecho a la consulta de las personas con discapacidad en la legislación y políticas públicas nacionales es un requisito ineludible para asegurar la pertinencia y calidad de todas las acciones encaminadas a asegurar el pleno goce de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás.

40. Dicho de otro modo, la consulta es lo que asegura que las medidas dirigidas a las personas con discapacidad sean una respuesta a sus necesidades reales.

41. Ahora bien, este Tribunal Pleno, al resolver la acción de inconstitucionalidad 33/2015,(13) determinó que la consulta previa en materia de derechos de personas con discapacidad es una formalidad esencial del procedimiento legislativo, cuya exigibilidad se actualiza cuando las acciones estatales objeto de la propuesta incidan en los intereses y/o derechos de esas personas.

42. En dicho precedente, se concluyó que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad involucra a la sociedad civil y, más concretamente, a las organizaciones representativas de las personas con discapacidad, en las acciones estatales que incidan en esos grupos, ya que éstas tienen un impacto directo en la realidad, al reunir información concreta sobre presuntas violaciones de los derechos humanos de personas con discapacidad, y colaboran para que la discapacidad sea vista como un tema fundamental de derechos humanos.

43. Por su parte, en la acción de inconstitucionalidad 101/2016,(14) el Tribunal Pleno invalidó la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down para el Estado de Morelos al existir una ausencia absoluta de consulta a las personas con discapacidad. Así, se reconoció el deber convencional del derecho a la consulta de las personas con discapacidad.

44. En el citado asunto, se puntualizó que con anterioridad a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas se pronunció respecto de la necesidad de consultar a grupos representativos de las personas con discapacidad sobre decisiones que les conciernen.(15)

45. Posteriormente, al resolver la acción de inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada 42/2018(16) esta Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que, como elementos mínimos para cumplir con la obligación de consultar a personas con discapacidad, establecida en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, su participación debe ser:

• Previa, pública, abierta y regular. El órgano legislativo debe establecer reglas, plazos razonables y procedimientos en una convocatoria, en la que se informe de manera amplia, accesible y por distintos medios, la manera en que las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan podrán participar tanto en el proyecto de iniciativa, como en el proceso legislativo, dentro del cual se debe garantizar su participación, de manera previa al dictamen y ante el Pleno del órgano deliberativo, durante la discusión, por lo cual deben especificarse en las convocatorias los momentos de participación.

• Estrecha y con participación preferentemente directa de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad no deben ser representadas, sino que, en todo caso, cuenten con la asesoría necesaria para participar sin que se sustituya su voluntad, es decir, que puedan hacerlo tanto de forma individual, como por conducto de las organizaciones de personas con discapacidad, además de que también se tome en cuenta a los niños con discapacidad, así como a las organizaciones que representan a las personas con discapacidad.

• Accesible. Las convocatorias deben realizarse con lenguaje comprensible, en formato de lectura fácil y lenguaje claro, así como adaptadas para ser entendibles de acuerdo con las necesidades por el tipo de discapacidad, por distintos medios, incluidos los sitios web de los órganos legislativos, mediante formatos digitales accesibles y ajustes razonables cuando se requiera, como, por ejemplo, los macrotipos, la interpretación en lengua de señas, el braille y la comunicación táctil. Además de que las instalaciones de los órganos parlamentarios también deben ser accesibles a las personas con discapacidad.

• Además, el órgano legislativo debe garantizar que la iniciativa, los dictámenes correspondientes y los debates ante el Pleno del órgano legislativo se realicen con este mismo formato, a efecto de que se posibilite que las personas con discapacidad comprendan el contenido de la iniciativa y se tome en cuenta su opinión, dando la posibilidad de proponer cambios tanto a ésta como durante el proceso legislativo.

La accesibilidad también debe garantizarse respecto del producto del procedimiento legislativo, es decir, el decreto por el que se publique el ordenamiento jurídico en el órgano de difusión estatal.

• Informada. A las personas con discapacidad o comunidades involucradas se les debe informar de manera amplia y precisa sobre la naturaleza y consecuencia de la decisión que se pretenden tomar.

• Significativa. Lo cual implica que en los referidos momentos del procedimiento legislativo se debata o se analicen las conclusiones obtenidas de la participación de las personas con discapacidad y los organismos que las representan.

• Con participación efectiva. Que abone a la participación eficaz de las personas con discapacidad, las organizaciones y autoridades que las representan, en donde realmente se tome en cuenta su opinión y se analice, con el propósito de que no se reduzca su intervención a hacerlos partícipes de una mera exposición, sino que enriquezcan con su visión la manera en que el Estado puede hacer real la eliminación de barreras sociales para lograr su pleno desarrollo en las mejores condiciones, principalmente porque son quienes se enfrentan y pueden hacer notar las barreras sociales con las que se encuentran, a efecto de que se puedan diseñar mejores políticas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones, no obstante el estado físico, psicológico o intelectual que presenten en razón de su discapacidad, así como por su género, minoría de edad, y con una cosmovisión amplia de las condiciones y dificultades sociales, como las condiciones de pobreza, de vivienda, salud, educación, laborales, entre otras.

• Transparente. Para lograr una participación eficaz es elemental garantizar la transparencia en la información que generen los órganos estatales, la que aporten las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, así como del análisis y debate de sus aportaciones.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32724-8b97adff/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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