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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMERO HÁBIL SIGUIENTE. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL, EN LA QUE ADUCE QUE LOS DECRETOS IMPUGNADOS DERIVAN DEL CUMPLIMIENTO A LO RESUELTO EN UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, YA QUE LA LEY IMPUGNADA NO FUE OBJETO DE ANÁLISIS EN DICHO MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, Y LA MATERIA DE ANÁLISIS EN EL CITADO PRECEDENTE DIFIERE DE LA QUE SE PLANTEA EN EL PRESENTE ASUNTO, PUES ES PRODUCTO DE UN PROCESO LEGISLATIVO DISTINTO (DECRETOS 0768 Y 0769 PUBLICADOS EL SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN LA QUE ADUCE QUE, AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA, SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. VI. CONSULTA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA CONSULTA PREVIA EN MATERIA DE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ES UNA FORMALIDAD ESENCIAL DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO, CUYA EXIGIBILIDAD SE ACTUALIZA CUANDO LAS ACCIONES ESTATALES OBJETO DE LA PROPUESTA AFECTEN LOS INTERESES Y/O DERECHOS DE ESOS GRUPOS. VII. CONSULTA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SU AUSENCIA EN CUESTIONES RELACIONADAS CON ESTOS GRUPOS SIGNIFICARÍA NO CONSIDERARLOS EN LA DEFINICIÓN DE SUS PROPIAS NECESIDADES, VOLVIENDO DE ALGUNA MANERA A UN MODELO REHABILITADOR O ASISTENCIALISTA. VIII. CONSULTA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ESTE DERECHO ESTÁ ESTRECHAMENTE RELACIONADO CON LOS PRINCIPIOS GENERALES DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA QUE RIGEN LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SU DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY Y SU DERECHO A LA PARTICIPACIÓN, QUE SE PLASMÓ EN EL LEMA DEL MOVIMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD "NADA DE NOSOTROS SIN NOSOTROS". IX. CONSULTA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA CUMPLIR LA OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 4, PUNTO 3, DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A SABER, LA PARTICIPACIÓN DE ESTOS GRUPOS VULNERABLES DEBE SER PREVIA, PÚBLICA, ABIERTA Y REGULAR, ESTRECHA Y CON PARTICIPACIÓN PREFERENTEMENTE DIRECTA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ACCESIBLE, INFORMADA, SIGNIFICATIVA, CON PARTICIPACIÓN EFECTIVA Y TRANSPARENTE. X. CONSULTA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. AL NO EXISTIR UNA LEY SECUNDARIA QUE REGULE PUNTUALMENTE LA FORMA EN QUE DEBEN DESARROLLARSE LAS DISTINTAS FASES QUE COMPONEN LAS CONSULTAS, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DEBE ADOPTAR UNA POSTURA SENSIBLE A LA DIFICULTAD QUE REPRESENTA PARA LAS LEGISLATURAS LLEVARLAS A CABO. XI. CONSULTA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LAS MODIFICACIONES TANTO A LA LEY DE SALUD MENTAL DEL ESTADO Y MUNICIPIOS COMO A LA LEY PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO Y MUNICIPIOS, AMBAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CUMPLEN LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE DICHA CONSULTA, TODA VEZ QUE SE PROCURÓ LA PARTICIPACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ASOCIACIONES CIVILES PREVIO A SU EMISIÓN Y PUBLICACIÓN.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 153/2023. · Registro digital (IUS): 33618
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-09-12
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Septiembre de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.236.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 153/2023. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 11 DE MARZO DE 2025. UNANIMIDAD DE DIEZ VOTOS DE LAS MINISTRAS Y DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LORETTA ORTIZ AHLF, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, LENIA BATRES GUADARRAMA, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, JAVIER LAYNEZ POTISEK, ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIA: VIOLETA ALEMÁN ONTIVEROS.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugna los Decretos 0768 y 0769, por los que se realizaron modificaciones a la Ley de Salud Mental y a la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, ambas del Estado y Municipios de San Luis Potosí, ya que considera que la consulta efectuada por el Congreso estatal no cumplió los estándares necesarios para su validez.

Ver índice temático

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al once de marzo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 153/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra del Decreto 0768, por el que se derogó el Capítulo IV denominado “De la familia de los usuarios” del Título Primero y el artículo 4° Bis, de la Ley de Salud Mental del Estado y Municipios de San Luis Potosí; así como el Decreto 0769, por el que se reformó el artículo 40, fracción I, y se derogó la fracción XVIII del artículo 11, ambos preceptos de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado y Municipios de San Luis Potosí, publicados en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el siete de junio de dos mil veintitrés.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación del escrito inicial. El siete de julio de dos mil veintitrés, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó acción de inconstitucionalidad y señaló como autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de San Luis Potosí.

2. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la Comisión accionante expuso un único concepto de invalidez, en el que, esencialmente, argumentó lo siguiente:

• Plantea que los Decretos 0768 y 0769 vulneran el derecho a la consulta de las personas con discapacidad, reconocido en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al considerar que, a pesar de los grandes esfuerzos del Congreso, las actividades llevadas a cabo para consultar a dicho sector de la población no respetaron cabalmente todos los requisitos mínimos que exige el parámetro de regularidad constitucional en esta materia, lo que trae como consecuencia que el producto legislativo no atienda las opiniones expresadas en los diversos foros.

• Por una parte, en relación con que el procedimiento tiene que ser previo, público, abierto y regular, la promovente destaca que las iniciativas de reforma de las leyes de salud mental y para la inclusión de personas con discapacidad son las mismas que las que dieron origen a los diversos decretos que fueron declarados inconstitucionales por este Tribunal Pleno en las acciones de inconstitucionalidad 274/2020 y 81/2021. Por ende, el legislador no emitió nuevas iniciativas de reforma junto con las personas con discapacidad, lo que sería necesario para cumplir a cabalidad las características enunciadas.

• En cuanto al principio relativo a que la consulta debe de ser accesible, la comisión argumentó que, de la revisión de la videograbación de la sesión de siete de junio de dos mil veintitrés del Pleno del Congreso y de la publicación de la Gaceta Parlamentaria de esa misma fecha, no se advierte que hayan sido emitidos documentos en formatos accesibles para que las personas con discapacidad pudieran participar activamente en la discusión y debate junto con los legisladores, así como en la exposición de los Decretos.

• Si bien se reconoce que se tomaron medidas en cuanto a la accesibilidad, tanto en la convocatoria como en los foros de consulta, lo mismo no aconteció en las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Salud y Asistencia Social ni en el Pleno del Congreso, pues las sesiones se llevaron a cabo de manera “normal”, sin que se garantizara que las personas con discapacidad asistentes comprendieran puntualmente la importancia de ese proceso.

• Ahora bien, con relación al principio referente a que las personas con discapacidad deben de ser informadas de manera amplia y precisa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que el estudio de este apartado se debía dividir en tres partes: 1) emisión de la convocatoria, 2) material de apoyo y 3) desarrollo de los foros de consulta.

• En lo que respecta a la convocatoria, estima que los datos ahí contenidos no son suficientes para satisfacer ese principio, pues únicamente se menciona que se convoca a las personas con discapacidad a participar en la emisión de opiniones y propuestas, en el proceso de estudio y análisis de las modificaciones legales propuestas.

• En lo referente a los documentos de apoyo, la información proporcionada no puede considerarse como suficiente y clara para todas las personas con discapacidad, pues el legislador se limitó a responder preguntas referentes al tema de la consulta, sin tomar en cuenta las diversas necesidades de este sector de la población, así como a emitir la convocatoria en formato de lectura fácil.

• Por otra parte, en cuanto al desarrollo de los foros de consulta, la comisión considera que debió existir un plazo razonable de reflexión para las personas con discapacidad, debido a que no se dio oportunidad de que asimilaran la información que les fue proporcionada, pues en estos foros se explicaron las razones por las cuales fueron convocadas dichas personas, la importancia de su participación y de sus derechos humanos, así como los temas consultados, aunado a que toda la exposición se llevó a cabo en un lenguaje técnico-jurídico.

• Como último punto, la accionante argumenta que, en referencia al principio de que la consulta sea significativa y con participación efectiva, y tomando en cuenta la manera en que el Congreso estimó pertinente recabar opiniones de este sector de la población, se puede entender que fue restrictivo en razón de que se limitó a realizar preguntas concretas tendentes a obtener una afirmación o una negación, de manera que se impedía que las personas se expresaran libremente, reduciendo su participación a meros observadores de la función legislativa. Con lo anterior, afirma que es claro que el ejercicio de consulta efectuado por el legislador local no incidió en la medida legislativa.

3. Admisión y trámite. El diez de julio de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta formó y registró el expediente de esta acción de inconstitucionalidad y ordenó su turno al Ministro instructor Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien admitió el presente medio de control y realizó los requerimientos y trámites ordenados por ley, mediante acuerdo de once de julio siguiente.

4. Informe del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí. El poder local argumentó, en síntesis, lo siguiente:

• En primer lugar, respecto al cumplimiento de los principios constitucionales que rigen las consultas a las personas con discapacidad, argumentó que sí se atendieron puntualmente los lineamientos establecidos por este Tribunal Pleno en las ejecutorias de las acciones de inconstitucionalidad 274/2020 y 81/2021, por las siguientes consideraciones:

- Se iniciaron los trabajos concernientes a la implementación de la consulta a personas con discapacidad, para lo cual se llamó a participar a este colectivo, incluidos niños y niñas, con el objeto de emitir la convocatoria respectiva, existiendo mesas de trabajo e intercambio de opiniones respecto a la forma en que debía hacerse ésta y su alcance.

- La convocatoria respectiva se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el veintisiete de abril de dos mil veintitrés.

- A través de las formas y modalidades de participación establecidas, se llevó a cabo el proceso de consulta, lo que permitió conocer las necesidades de este sector de la población y determinar la viabilidad y pertinencia de las propuestas. Lo anterior, tomando en cuenta que la consulta tuvo un carácter abierto, es decir, las personas con discapacidad pudieron opinar respecto a cualquier aspecto y contenido en relación con sus derechos humanos.

- El Congreso recopiló y sistematizó las opiniones y propuestas emitidas por las personas con discapacidad, creando así el informe de resultados.

- Con la presencia de personas con discapacidad, el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, se emitieron los dictámenes respectivos.

- Ambos dictámenes fueron difundidos entre estas personas, en sus formatos correspondientes.

- Se convocó nuevamente a las personas con discapacidad para que asistieran a la sesión ordinaria número 71, el siete de junio de dos mil veintitrés, misma que fue transmitida a través de la página de internet del Congreso y de sus redes sociales.

- En dicha sesión ordinaria, el Pleno del Congreso determinó que era procedente aprobar ambos dictámenes que dieron origen a los decretos ahora impugnados.

• Por otra parte, argumenta que las personas con discapacidad estuvieron ampliamente informadas del proceso de consulta, esto debido a que la difusión de este se realizó en los términos planteados en la convocatoria, además de que, para obtener un mayor alcance, fue difundido en redes sociales del Poder Legislativo.

• En concordancia con lo anterior, expuso también que fueron analizadas de manera adecuada las opiniones vertidas por las personas con discapacidad. Por un lado, en lo concerniente a la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, no solo se tomó en consideración lo expresado por este Alto Tribunal en la acción de inconstitucionalidad 68/2018, respecto de la fracción XVIII del artículo 11 y la fracción I del artículo 40 del ordenamiento citado, así como los conceptos de invalidez formulados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sino que se consideraron los resultados arrojados en la consulta, primordialmente en cuanto a que la mayoría se encontraba de acuerdo con la reforma planteada.

• En este tenor, en lo concerniente a la Ley de Salud Mental, los resultados de la consulta arrojaron que las personas con discapacidad sí estaban de acuerdo con la reforma planteada, consistente en la adición del Capítulo IV “De la familia y de los usuarios” al Título Primero y el artículo 4° Bis, ambos al ordenamiento en cita; sin embargo, tomando en cuenta lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 81/2021, así como los diversos conceptos de invalidez hechos valer por la comisión estatal accionante en aquel asunto, el Congreso advirtió que, de aprobarse dichas modificaciones, se estaría incurriendo en una violación a los derechos de las personas con discapacidad, por lo cual se arribó a la decisión de desechar la iniciativa de mérito, lo que no constituye una transgresión al proceso de consulta, pues el Poder Legislativo debe de velar por la constitucionalidad de las normas que emite.

• En otra tesitura, expone que la consulta fue significativa, debido a que se logró recabar la opinión de miles de personas con discapacidad, lo que se encontraba plenamente justificado. De igual manera, señaló que la consulta fue efectiva y transparente, dado que para la emisión de los dictámenes ahora impugnados se tomó en cuenta la opinión de este sector de la población y la información relacionada con este proceso fue publicada en el portal de internet del Congreso.(1)

• Ahora bien, en cuanto a la participación de las personas con discapacidad, argumenta que, en todo momento, fueron conocedoras de que podían hacer valer cualquier tipo de opinión, independientemente de que se encontraran o no relacionadas con la temática de la iniciativa. Siendo así que, en uso de su derecho a manifestarse libremente, formularon diversas propuestas y solicitudes, las cuales se tomarían en consideración para el fortalecimiento de las legislaciones respectivas; sin embargo, en cuanto a las opiniones que sí se encontraban relacionadas con la consulta, fueron sistematizadas y tomadas en consideración para la emisión de los dictámenes aludidos.

• Respecto a lo alegado por la comisión en cuanto a que no se emitieron nuevas iniciativas de reforma junto con las personas con discapacidad, refiere que las ejecutorias que se cumplimentan con este procedimiento —a saber, las acciones de inconstitucionalidad 274/2020 y 81/2021—, no establecen que debía formularse una nueva iniciativa de manera conjunta con este sector de la población, sino que las iniciativas presentadas se debían someter a consulta para determinar la procedencia de las reformas planteadas.

• Por otra parte, sostiene que, en relación con la emisión de documentos en formato accesible para que las personas con discapacidad participaran en la discusión y debate en la sesión del Pleno del Congreso de siete de junio de dos mil veintitrés, de conformidad con la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, ninguna otra persona diversa a los legisladores puede participar en la discusión y votación de los asuntos planteados, sin que ello contravenga las disposiciones constitucionales y convencionales en la materia.

• Así pues, la referida sesión del Pleno fue accesible a personas con distintas discapacidades, ya que se pudo visibilizar, contaba con formato de sonido, hubo un intérprete de lenguaje de señas y los dictámenes fueron presentados en formato braille, por lo que, a consideración del Poder Legislativo local, sí se cumplió con lo ordenado por esta Suprema Corte.

• Respecto al principio de que las personas con discapacidad deben ser informadas de manera amplia y precisa sobre la naturaleza y consecuencias de la decisión a tomar, argumenta que la accionante omitió precisar los elementos que, según su criterio, eran indispensables para cumplimentar dicho principio, por lo que se encuentra en estado de indefensión ya que, a su juicio, sí se satisfizo.

• En otro tema, expone que es falso que no se otorgó un plazo razonable de reflexión a las personas con discapacidad para que asimilaran la información presentada, pues tuvieron acceso a la información de manera previa al desarrollo de los foros regionales, fueron convocadas a la elaboración de la consulta, les fue difundida ésta en los formatos respectivos, así como que, previo al levantamiento de las encuestas, en todos los foros hubo una amplia exposición seguida de un debate entre el personal del Congreso e integrantes de este sector de la población.

• Bajo este argumento, también señala que resultan erróneas las aseveraciones de la comisión respecto a que no se encontró evidencia relativa a la forma en que se llevaron a cabo las jornadas ni para qué fines específicos, pues en la convocatoria se especificó el tipo de jornadas que se realizarían, la forma en que se llevarían a cabo y que su objetivo era recabar información sobre los temas planteados.

• Por último, en cuanto hace a lo indicado por la comisión de que no existió un debate abierto a las opiniones expresadas por las personas con discapacidad, destaca que la determinación tomada fue emitida previo análisis de las opiniones formuladas por este sector de la población, de lo resuelto por este Tribunal Pleno en las acciones de inconstitucionalidad 274/2020 y 81/2021, así como de las diversas manifestaciones hechas por las accionantes en ambos asuntos; razón por la cual, no afectaba la constitucionalidad de este procedimiento.

5. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí. El poder local argumentó, en síntesis, lo siguiente:

• Argumenta, como causa de improcedencia, el hecho de que los Decretos 0768 y 0769 impugnados derivaban del cumplimiento de la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 81/2021.

• En lo relativo a los actos que se le atribuyen en la demanda de acción de inconstitucionalidad, señala que son indiscutibles, únicamente en lo que respecta a la promulgación y publicación de los decretos impugnados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “Plan de San Luis”; lo anterior, de conformidad con las atribuciones del Gobernador establecidas en el artículo 80, fracción II, de la Constitución del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

6. Pedimento de la Fiscalía General de la República y manifestaciones de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. No se formularon pedimento ni manifestaciones en este asunto.

7. Alegatos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, ambos del Estado de San Luis Potosí, formularon alegatos mediante escritos presentados en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veinticuatro, veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, respectivamente.

8. Returno. Por acuerdo de Presidencia de este Alto Tribunal, el primero de diciembre de la anualidad en cita se determinó returnar el expediente al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, para que continuara actuando como instructor en el presente asunto.

9. Cierre de la instrucción. En su oportunidad, habiéndose llevado a cabo el trámite legal correspondiente y al advertir que había concluido el plazo para formular alegatos, se declaró cerrada la instrucción del asunto y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución.

I. COMPETENCIA

10. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal(2) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea la posible vulneración de derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, como lo es el derecho a la consulta previa, estrecha y activa de las personas con discapacidad en la toma de decisiones.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

11. Del escrito de demanda se advierte que la comisión accionante impugna el Decreto 0768, por el que se derogó el Capítulo IV denominado “De la familia de los usuarios” del Título Primero y el artículo 4° Bis, de la Ley de Salud Mental del Estado y Municipios de San Luis Potosí; así como el Decreto 0769, por el que se reformó el artículo 40, fracción I, y se derogó la fracción XVIII del artículo 11, ambos preceptos de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado y Municipios de San Luis Potosí; siendo publicados ambos decretos el siete de junio de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa, cuyo texto es el siguiente:

Decreto 0768

Ley de Salud Mental del Estado y Municipios de San Luis Potosí

TÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO IV

De la Familia de los Usuarios

(Se Deroga con el artículo que lo integra)

ARTÍCULO 4º Bis. Se deroga.

Decreto 0769

Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado y Municipios de San Luis Potosí

ARTÍCULO 11.

[...]

XVIII. Se deroga.

[...].

ARTÍCULO 40. [...]

I. La expedición a las personas con discapacidad, certificadas por la autoridad competente que utilicen vehículo automotor, de placas con el logotipo internacional distintivo, que les permita hacer uso de los estacionamientos exclusivos; [...].(4)

III. OPORTUNIDAD

12. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) dispone que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales y el cómputo respectivo deberá hacerse a partir del día siguiente al en que se hubiere publicado la norma impugnada en el correspondiente medio oficial. Asimismo, señala que, si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

13. Las normas impugnadas se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí el siete de junio de dos mil veintitrés; por tanto, el plazo de impugnación transcurrió del jueves ocho de junio al viernes siete de julio de dos mil veintitrés. Consecuentemente, dado que la acción de inconstitucionalidad se interpuso ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el siete de julio del citado año, resulta inconcuso que es oportuna su promoción.

IV. LEGITIMACIÓN

14. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), constitucional,(6) la promovente cuenta con legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad porque plantea la posible contradicción entre leyes expedidas por la legislatura estatal y los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal y en Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues considera que se vulnera el derecho a la consulta previa, estrecha y activa de las personas con discapacidad en la toma de decisiones.

15. El escrito inicial de la acción de inconstitucionalidad 153/2023, está firmado por María del Rosario Piedra Ibarra, quien demostró tener el carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante acuerdo de designación correspondiente emitido el doce de noviembre de dos mil diecinueve por la Presidenta y el Secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

16. La representación legal de la Presidenta de la referida comisión está prevista en el artículo 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como en el numeral 18 del Reglamento Interno de la misma comisión.(7)

17. En consecuencia, al ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un órgano legitimado para ejercer la acción de inconstitucionalidad en este supuesto y habiéndose promovido por quien cuenta con facultades para representar a dicho órgano, debe reconocerse la legitimación activa en este medio de control constitucional.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

18. La procedencia de la acción de inconstitucionalidad es de estudio preferente, por lo que es necesario examinar las causas de improcedencia y sobreseimiento planteadas por el Poder Ejecutivo local.

V.1. Primera causa de improcedencia

19. En su informe, la autoridad demandada señaló que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción IV, del artículo 19, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que los Decretos 0768 y 0769 impugnados derivan del cumplimiento a lo resuelto en la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 81/2021.

20. La causa invocada por el Poder Ejecutivo local, relacionada con lo previsto en el diverso artículo 65 del ordenamiento en cita, prevé que son improcedentes las acciones de inconstitucionalidad contra las normas generales que hubieren sido materia de una ejecutoria dictada en otra acción, o contra las resoluciones dictadas con motivo de su ejecución, siempre que exista identidad de partes, normas generales y conceptos de invalidez.

21. Este Tribunal Pleno considera que es infundado el planteamiento de la autoridad demandada, por las siguientes razones: i) la Ley para la Inclusión de Personas con Discapacidad del Estado y Municipios de San Luis Potosí no fue objeto de análisis en la acción de inconstitucionalidad 81/2021; y ii) la materia de análisis en el citado precedente difiere de la que se plantea en el presente asunto, pues es producto de un proceso legislativo distinto.

22. En cuanto al primer punto, el siete de junio de dos mil veintidós, el Tribunal Pleno falló la acción de inconstitucionalidad 81/2021, en la cual se declaró la invalidez del Decreto 1155, por el que se adicionó al Título Primero el Capítulo IV “De la familia de los usuarios” y el artículo 4° Bis a la Ley de Salud Mental del Estado y Municipios de San Luis Potosí, debido a que no se llevó a cabo un proceso de consulta a las personas con discapacidad psicosocial (actuales o potenciales usuarios del servicio de salud mental) de dicha entidad durante el proceso legislativo que siguió el Congreso local.

23. De lo anterior, se desprende que en el referido precedente no fue analizado el proceso legislativo que dio origen a las modificaciones a la Ley para la Inclusión de Personas con Discapacidad del Estado y Municipios de San Luis Potosí; sino que este Alto Tribunal se constriñó únicamente a analizar el diverso procedimiento que dio origen al Decreto 1155, que contenía las adecuaciones a la Ley de Salud Mental de dicha entidad federativa.

24. Por ende, no le asiste la razón a la autoridad demandada cuando argumenta que la reforma al artículo 40, fracción I, y la derogación de la fracción XVIII del artículo 11, ambos preceptos de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad fueron materia de análisis en la acción de inconstitucionalidad 81/2021.

25. Con relación al segundo punto, como se mencionó en párrafos anteriores, la materia de análisis en la acción de inconstitucionalidad 81/2021 se fijó en el estudio del proceso legislativo que dio origen a las diversas adecuaciones a la Ley de Salud Mental del Estado y Municipios de San Luis Potosí, dando como resultado la declaración de invalidez del Decreto 1155 por falta de consulta a las personas con discapacidad psicosocial de la entidad federativa.

26. En el presente asunto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugna las modificaciones a la citada ley de salud mental, al considerar que la consulta realizada contiene defectos que la tornan insuficiente para cumplir el mandato constitucional y convencional de consultar a las personas con discapacidad. Es decir, en el presente caso, la impugnación se dirige a cuestionar, por vicios propios, el desarrollo del proceso consultivo, y no en relación con la ejecución de la sentencia referida.

27. Lo mismo ocurre con el Decreto 0769, relativo a la Ley para la Inclusión de Personas con Discapacidad de San Luis Potosí. En este caso, en la diversa acción de inconstitucionalidad 274/2020(8) se declaró la invalidez del Decreto 0756, por el que se reformó la fracción I del artículo 40 y se derogó la fracción XVIII del artículo 11 de ese ordenamiento legal, por falta de consulta a las personas con discapacidad. Mientras que en el presente asunto se cuestiona, por vicios propios, la consulta llevada a cabo para emitir las modificaciones a las normas; por tanto, no se actualiza la causa de improcedencia invocada.

V.2. Segunda causa de improcedencia

28. Por otra parte, la misma autoridad argumentó la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad porque cumplió con las facultades y funciones que establece el principio de división de poderes enmarcado en el artículo 49 de la Constitución Federal, en relación con lo establecido en el diverso artículo 80, fracción II, de la Constitución del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, pues es facultad del Ejecutivo la promulgación y publicación de los decretos expedidos por la legislatura local.

29. Argumento que, si bien no configura una causa de improcedencia, a juicio de este Tribunal Pleno, debe desestimarse pues lo cierto es que el Ejecutivo local al tener injerencia en el proceso legislativo de las normas impugnadas para otorgarles plena validez y eficacia, se encuentra invariablemente implicado en la emisión de la norma, por lo que debe responder por la validez de sus actos.(9)

30. Finalmente, este Tribunal Pleno no advierte de oficio la actualización de alguna otra causa de improcedencia, por lo que se procede a analizar el fondo del asunto.

VI. ESTUDIO DE FONDO

31. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que el Decreto 0768, mediante el cual se derogó el Capítulo IV denominado “De la familia de los usuarios” del Título Primero y el artículo 4° Bis, de la Ley de Salud Mental del Estado y Municipios de San Luis Potosí; así como el Decreto 0769, por el que se reformó el artículo 40, fracción I, y se derogó la fracción XVIII del artículo 11, de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado y Municipios de San Luis Potosí, vulneran el derecho a la consulta de las personas con discapacidad reconocido en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en virtud de que la consulta llevada a cabo por el Congreso local no cumplió con todos los principios constitucionales que rigen a la materia.

32. Para dar respuesta a este único concepto de invalidez, en el siguiente apartado se expondrá la línea jurisprudencial que ha seguido este Alto Tribunal con relación a la consulta a las personas con discapacidad y, posteriormente, se procederá al estudio del caso en concreto.

VI.1. Parámetro de regularidad constitucional de las consultas a personas con discapacidad

33. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece como principios generales, entre otros, la libertad de tomar las propias decisiones, así como la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.(10) Asimismo, este instrumento internacional dispone como obligaciones generales de los Estados el tomar medidas legislativas pertinentes en la elaboración y aplicación de la legislación y políticas para hacer efectiva la Convención. Los Estados deberán celebrar consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad a través de las organizaciones que las representan.(11)

34. Por su parte, est

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33618-1d5bbafb/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-plazo-de-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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