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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN VII, Y 33, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSÍ). III. CONSULTA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LOS ESTADOS PARTE DEBEN HACER CONSULTA CUANDO LAS DISPOSICIONES IMPUGNADAS TIENEN POR OBJETO HACER EFECTIVA LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CUANDO DERIVAN DE PROCESOS DE ADOPCIÓN DE DECISIONES RELACIONADAS CON ESOS GRUPOS. IV. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ES UN REQUISITO INELUDIBLE EN LA LEGISLACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONALES PARA ASEGURAR LA PERTINENCIA Y CALIDAD DE TODAS LAS ACCIONES ENCAMINADAS A ASEGURAR EL PLENO GOCE DE SUS DERECHOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES CON LAS DEMÁS PERSONAS. V. DISCAPACIDAD PSICOSOCIAL. TODAS LAS PERSONAS USUARIAS DEL SISTEMA DE SALUD MENTAL DEBEN SER CONSIDERADAS PERSONAS CON ESA DISCAPACIDAD, PARA EFECTOS DE LA APLICACIÓN DEL MARCO DE DERECHOS HUMANOS QUE LES RESULTA APLICABLE, SIN NECESIDAD DE QUE SE TENGAN QUE OSTENTAR COMO VÍCTIMAS DE DISCRIMINACIÓN O DEBAN PROBAR O MANIFESTAR QUE EN SU VIDA COTIDIANA SE ENFRENTAN CON BARRERAS SOCIALES. VI. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSICOSOCIAL. DEBE REALIZARSE CUANDO LA REGULACIÓN SE RELACIONE CON LAS OBLIGACIONES DE SUS FAMILIARES HACIA ELLOS. VII. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PARA CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 4, NUMERAL 3, DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LA PARTICIPACIÓN DE ESTOS GRUPOS VULNERABLES DEBE SER PREVIA, PÚBLICA, ABIERTA Y REGULAR, ESTRECHA Y CON PARTICIPACIÓN PREFERENTEMENTE DIRECTA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ACCESIBLE, INFORMADA, SIGNIFICATIVA, CON PARTICIPACIÓN EFECTIVA Y TRANSPARENTE. VIII. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LAS MODIFICACIONES TANTO A LA LEY DE SALUD MENTAL DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ SON SUSCEPTIBLES DE AFECTAR A ESE GRUPO VULNERABLE POR LO QUE DEBEN ESTAR PRECEDIDAS DE AQUÉLLA (INVALIDEZ DEL DECRETO 1155, POR EL QUE SE ADICIONA AL TÍTULO PRIMERO EL CAPÍTULO IV "DE LA FAMILIA DE LOS USUARIOS" Y EL ARTÍCULO 4o. BIS DE LA LEY DE SALUD MENTAL DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TRECE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO). IX. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CONSTITUYE UN REQUISITO PROCEDIMENTAL DE RANGO CONSTITUCIONAL, LO CUAL IMPLICA QUE SU OMISIÓN CONSTITUYE UN VICIO FORMAL, INVALIDANTE DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO Y, CONSECUENTEMENTE, DEL PRODUCTO LEGISLATIVO (INVALIDEZ DEL DECRETO 1155, POR EL QUE SE ADICIONA AL TÍTULO PRIMERO EL CAPÍTULO IV "DE LA FAMILIA DE LOS USUARIOS" Y EL ARTÍCULO 4o. BIS DE LA LEY DE SALUD MENTAL DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TRECE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO). X. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA NECESIDAD DE QUE EN ESTE TIPO DE MEDIDAS SEAN CONSULTADAS DIRECTAMENTE Y CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA QUE HA RECONOCIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, RADICA EN QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONSTITUYEN UN GRUPO QUE HISTÓRICAMENTE HA SIDO DISCRIMINADO E IGNORADO, POR LO QUE ES NECESARIO CONSULTARLO PARA CONOCER SI LAS MEDIDAS LEGISLATIVAS CONSTITUYEN, REAL Y EFECTIVAMENTE, UNA MEDIDA QUE LES BENEFICIE, PERO SOBRE TODO PARA ESCUCHAR LAS APORTACIONES Y OPINIONES QUE EL LEGISLADOR NO TUVO EN CUENTA PARA EMITIR LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS (INVALIDEZ DEL DECRETO 1155, POR EL QUE SE ADICIONA AL TÍTULO PRIMERO EL CAPÍTULO IV "DE LA FAMILIA DE LOS USUARIOS" Y EL ARTÍCULO 4o. BIS DE LA LEY DE SALUD MENTAL DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TRECE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO). XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS, CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE PRIVE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE LOS POSIBLES EFECTOS BENÉFICOS DE LA NORMA INVALIDADA (INVALIDEZ DEL DECRETO 1155, POR EL QUE SE ADICIONA AL TÍTULO PRIMERO EL CAPÍTULO IV "DE LA FAMILIA DE LOS USUARIOS" Y EL ARTÍCULO 4o. BIS DE LA LEY DE SALUD MENTAL DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TRECE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO). XII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA QUE VINCULA AL LEGISLADOR A DESARROLLAR LAS CONSULTAS RESPECTIVAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSICOSOCIAL EN UN PLAZO DE DOCE MESES (INVALIDEZ DEL DECRETO 1155, POR EL QUE SE ADICIONA AL TÍTULO PRIME

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 81/2021. · Registro digital (IUS): 31290
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-02-24
Promovente: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Febrero de 2023, Tomo I, Pág.228.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 81/2021. COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 7 DE JUNIO DE 2022. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ALFREDO URUCHURTU SOBERÓN.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al siete de junio del dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelven los autos relativos a la acción de inconstitucionalidad 81/2021, promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí (CEDHSLP).

I. TRÁMITE

1. Antecedentes. El once de noviembre de dos mil diecinueve, la diputada del Congreso del Estado de San Luis Potosí, María del Consuelo Carmona Salas, propuso como iniciativa la adición del capítulo IV "De la familia de los usuarios" al título primero de la Ley de Salud Mental del Estado y Municipios de San Luis Potosí. Dicha iniciativa fue aprobada el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno y el trece de abril de ese mismo año fue publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el Decreto 1155 en el que se adiciona al título primero el capítulo IV "De la familia de los usuarios", y el artículo 4o. Bis, de la Ley de Salud Mental del Estado y Municipios de San Luis Potosí (en adelante "el decreto").

2. Presentación de la demanda. El trece de mayo de dos mil veintiuno la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, por medio de su presidenta Giovanna Itzel Argüelles Moreno, promovió, en tiempo y forma, una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto,(1) recibida por medio de buzón judicial.

3. Admisión de la demanda. El presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente con el número 81/2021 y, por razón de turno, designó al Ministro Javier Laynez Potisek para que actuara como instructor en el procedimiento.(2)

4. El Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad; ordenó dar vista al Congreso y al gobernador, ambos del Estado de San Luis Potosí, para que rindieran sus respectivos informes de conformidad con el artículo 64, párrafo primero, de la ley de la materia, y dar vista a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal y a la Fiscalía General de la República para que manifiesten lo que corresponda.(3)

5. Informes. La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de San Luis Potosí, así como el consejero jurídico del Estado, representando al gobernador constitucional de la misma entidad federativa, rindieron sus respectivos informes(4) en los que defendieron la constitucionalidad del decreto impugnado.

6. Cierre de instrucción. Una vez formulados los alegatos de la CEDHSLP, el Ministro instructor declaró cerrada la instrucción de conformidad con el tercer párrafo del artículo 68 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en adelante ley reglamentaria.(5)

II. COMPETENCIA

7. El Tribunal Pleno es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se cuestiona la constitucionalidad del Decreto 1155 por el que se adiciona al título primero el capítulo IV "De la familia de los usuarios", y el artículo 4o. Bis de la Ley de Salud Mental del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

III. OPORTUNIDAD

8. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal prevé que: a) el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del siguiente día en que se publique la norma impugnada en el correspondiente medio oficial; b) para efectos del cómputo del plazo aludido, no se deben excluir los días inhábiles, en la inteligencia de que si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda se podrá presentar al primer día hábil siguiente.(6)

9. El decreto impugnado se publicó en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí el trece de abril de dos mil veintiuno por lo que el plazo transcurrió del catorce de abril al trece de mayo del mismo año. Por ello, si el escrito de demanda fue recibido el trece de mayo de dos mil veintiuno, se concluye que se presentó de manera oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN

10. El artículo 105, fracción II, inciso g), constitucional, dispone que los organismos de protección de derechos humanos equivalentes a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en las entidades federativas, podrán promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes locales que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es Parte.(7) Bajo esa premisa, si la demanda fue presentada por Giovanna Itzel Argüelles Moreno, quien en virtud de su carácter de presidenta de la CEDHSP,(8) se encuentra legitimada para interponerla en representación de la Comisión(9) ante este Alto Tribunal, se concluye que la acción de inconstitucionalidad fue interpuesta por parte legitimada.

V. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA

11. Las autoridades emisora y promulgadora no hicieron valer causal alguna de improcedencia y este Tribunal Pleno no advierte, de oficio, que se actualice alguna causal. Lo procedente entonces es estudiar el fondo.

VI. ESTUDIO DE FONDO

12. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí impugnó el Decreto 1155 en el que se adiciona al título primero el capítulo IV "De la familia de los usuarios", y el artículo 4o. Bis de la Ley de Salud Mental del Estado y Municipios de San Luis Potosí, cuyo contenido es el siguiente:

"Capítulo IV

"De la familia de los usuarios

"Artículo 4o. Bis. El núcleo familiar desempeña una función esencial en el desarrollo de las potencialidades de las personas con algún trastorno mental; para ello deberá:

"I. Proporcionar apoyo, cuidados, protección a la salud, y alimentación suficiente y adecuada;

"II. Respetar los principios de autonomía individual, independencia, no discriminación, y todos aquellos que garanticen la igualdad en el ejercicio de sus derechos;

"III. Recibir capacitación y orientación por parte de las instituciones públicas, sociales y privadas; y,

"IV. Participar en actividades culturales, educativas, recreativas, deportivas y de esparcimiento, que contribuyan al desarrollo integral de las personas con alguna enfermedad mental."

13. A juicio de la CEDHSLP esa disposición normativa viola los derechos humanos y plantea los conceptos de invalidez que se sintetizan a continuación:

Primero. Derecho a la igualdad al no establecer concepto de discapacidad acorde con el modelo social. Que la norma impugnada viola el derecho a la igualdad y no discriminación porque al identificar a las personas usuarias de los servicios de salud mental como "enfermo o personas con algún trastorno mental" y no como personas con discapacidad, impide que se aborde la problemática desde el modelo social de la discapacidad y a las personas con discapacidad mental como sujetos de derechos.

Segundo. Derecho al pleno goce de derechos. Que con está adición, el Legislativo Local delega en la familia de las personas con discapacidad mental, las obligaciones de proporcionar el apoyo, cuidados, protección a la salud, educación, alimentación adecuada, entre otras; dejando en segundo plano las obligaciones que debieran ser garantizadas por las autoridades.

Tercero. Derecho al cuidado y a un nivel de vida adecuado. Que la norma tiene un impacto desproporcional en las mujeres, quienes suelen ser las que se encargan de las tareas de cuidado, y que la manera de atribuir el cuidado de las personas con discapacidad de la norma, es contraria a las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos.

Cuarto. Derecho de consulta. Que se vulnera el derecho a la consulta contenido en el artículo 4.3. de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad pues pese a que se trata de una norma general que no se refiere a la "discapacidad", sí contiene estipulaciones que generan un impacto en las personas con discapacidad mental y sus familias.

14. De conformidad con los precedentes, la primera cuestión que debemos resolver es si, como lo aduce la accionante, debía de llevarse a cabo una consulta a personas con discapacidad y, en su caso, si ésta se hizo. Ello porque de confirmarse dicha invalidez, sería innecesario resolver sobre el resto de los conceptos.

1. Análisis de la impugnación en relación con el derecho a la consulta de las personas con discapacidad.

15. Como lo hemos señalado en diversos precedentes,(10) el artículo 4.3. de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante "CDPD") dispone que los Estados Parte deben hacer consulta cuando la(s) disposición(es) impugnada(s) tienen por objeto hacer efectiva la propia Convención y cuando derivan de procesos de adopción de decisiones relacionadas con las personas con discapacidad.(11)

16. El derecho a la consulta de las personas con discapacidad está íntimamente relacionado con los principios generales de autonomía e independencia que rigen la CDPD (artículo 3.a),(12) su derecho de igualdad ante la ley (artículo 12 de la CDPD) y su derecho a la participación social, así como en la vida política y pública [artículos 3.c(13) y 29(14) de la CDPD] que se plasmó en el lema del movimiento de personas con discapacidad: "Nada de nosotros sin nosotros".

17. Garantizar el derecho a la consulta de las personas con discapacidad en las reformas legislativas y decisiones sobre política pública nacionales, es un requisito ineludible para asegurar la pertinencia y eficacia de todas las acciones encaminadas a favorecer el pleno goce de sus derechos, en igualdad de condiciones con los demás. Dicho de otro modo, la consulta es lo que asegura que las medidas dirigidas a las personas con discapacidad sean una respuesta congruente con sus necesidades reales. Además, reduce la posibilidad de que se vulneren sus derechos pues la autoridad podrá comprender de mejor manera el impacto que una política o norma tendrá de manera directa o por su impacto desproporcional en las personas con discapacidad.

18. En este sentido, la primera cuestión a resolver es si la legislación impugnada es una medida relacionada con las personas con discapacidad.

a) ¿La legislación impugnada es una medida relacionada con las personas con discapacidad?

19. En el caso en concreto, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí impugnó el Decreto 1155 en el que se adiciona el título primero al capítulo IV "De la familia y de los usuarios" y el artículo 4o. Bis de la Ley de Salud Mental del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

20. Como se aprecia del contenido de la norma –transcrita en el párrafo 12 de esta sentencia–, ésta no se refiere expresamente a las personas con discapacidad, sino a las "personas con algún trastorno mental".

21. Al respecto, el artículo 1, segundo párrafo, de la CDPD establece que: "Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás"; definición que coincide con lo previsto en la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, la cual otorga relevancia al entorno social y económico en la determinación de la condición de discapacidad.(15)

22. De manera muy similar en el ámbito local, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad define como persona con discapacidad: "Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás".(16)

23. Como se podrá advertir, la regulación nacional e internacional destaca que no es suficiente con que una persona presente una deficiencia para ser considerada una persona con discapacidad, sino que tal condición deriva además de las "barreras sociales" con las que se enfrenta, que suelen traducirse en impedimentos u obstáculos para disfrutar de un trabajo, vivienda segura, buenos servicios de salud y pertenencia a comunidades, entre otras. Comprensión que favorece el "modelo social" de la discapacidad, respecto al modelo asistencialista, al asumir como causa de la discapacidad al contexto que la genera; es decir, a las deficiencias de la sociedad para generar bienes y servicios que contemplen las necesidades de las personas con discapacidad y los incluyan plenamente en la comunidad.

24. Con base en lo anterior, y tal como lo resolvió la Segunda Sala de esta Suprema Corte en el amparo en revisión 251/2016,(17) las deficiencias mentales (usualmente conocidas como enfermedades mentales) no tienen que llevar forzosamente a una condición de discapacidad, puesto que no todas las personas que las presentan se encuentran con las barreras sociales apuntadas. Sin embargo, la gran mayoría de personas que viven con una o varias deficiencias mentales se enfrentan, por un lado, con los síntomas y obstáculos derivados de la propia deficiencia y, por el otro, con los estereotipos y prejuicios en torno a las enfermedades mentales y los obstáculos sociales que les impiden gozar de sus derechos en igualdad de condiciones.

25. Asimismo, en aquel precedente se reconoció que cualquier persona que de manera genérica padezca lo que comúnmente se denomina "enfermedad mental", "problema de salud mental", "padecimiento mental", "enfermedad psiquiátrica", o que presente una "deficiencia mental", ya sea comprobada o no, y se enfrente con barreras sociales que le impiden participar de manera plena y efectiva, en igualdad de condiciones, debe ser considerada como persona con discapacidad.

26. De hecho, de los estudios entorno a las personas con discapacidad,(18) así como las recomendaciones de organismos como el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se desprende que las personas con deficiencias mentales que suelen ser conocidas como "enfermedad psiquiátrica" o "enfermedad mental", son personas con discapacidad psicosocial. Por ello, ese es el término que se utilizará en esta sentencia.

27. Ahora bien, la Segunda Sala también afirmó que la no auto-adscripción de una persona al grupo de personas con discapacidad, no debe ser un obstáculo para el goce de los derechos contenidos en los tratados y legislación en torno a las personas con discapacidad. Lo anterior, en consideración a que dado los estigmas asociados a la salud mental y a la discapacidad en general, muchas personas que cumplen con las condiciones para ser consideradas personas con discapacidad psicosocial, no se reconocen como tal.

28. Conforme a dichas consideraciones, es válido afirmar que todas las personas usuarias del sistema de salud mental deben ser consideradas personas con discapacidad psicosocial para efectos de la aplicación del marco de derechos humanos que les resulta aplicable, sin necesidad de que se tengan que ostentar como víctimas de discriminación o deban probar o manifestar enfrentarse en su vida cotidiana con barreras sociales.

29. Por ello, consideramos que la reforma impugnada es susceptible de incidir en los intereses y/o esfera jurídica de las personas con discapacidad, en la medida en que regula las obligaciones y derechos que tendrán los familiares de las personas con discapacidad psicosocial que sean usuarias del sistema de salud mental e incluye disposiciones específicas destinadas a garantizar el bienestar, el desarrollo de sus potencialidades, así como en lo general, el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad.

30. Las disposiciones relacionadas con las obligaciones que tienen los familiares de las personas con discapacidad adquieren relevancia especial en tanto que deben cuidar establecer un equilibrio entre la autonomía e independencia de las personas con discapacidad, el respeto a su dignidad y derechos, y por el otro lado las necesidades y posibilidades de sus familiares que muchas veces fungen como su red natural de apoyo.

31. De hecho, de diversas observaciones generales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad(19) se desprende que hay una problemática social consistente en que, en su mayoría, son las familias de personas con discapacidad quienes absorben por completo las necesidades de cuidado y asistencia de las personas con discapacidad. El Comité reprueba esta falta de servicios estatales en la comunidad porque no sólo genera cargas financieras y de vida para las familias, sino que repercute en el disfrute de derechos de las personas con discapacidad. En específico, preocupa la evidencia de que estos esquemas de cuidado, dependientes de las familias, suelen generar restricciones en el derecho a decidir libremente de las personas con discapacidad, generan que las opiniones y deseos de familiares ocupen un lugar primordial sobre la voluntad y preferencias de las personas con discapacidad e incentivan la institucionalización.(20)

32. Se entiende así que la obligación de consultar a las personas con discapacidad psicosocial para emitir regulación relacionada con las obligaciones de sus familiares hacia ellos era ineludible. La participación mediante una consulta a las personas con "deficiencias mentales" o "trastornos mentales" sobre la regulación que se analiza en este asunto, es necesaria porque así lo mandata el artículo 4.3. de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con independencia de que en la misma no se haga referencia a ellas como personas con discapacidad.

33. Procede, por tanto, analizar si se llevó a cabo dicha consulta de conformidad con el estándar que han establecido esta Suprema Corte y los organismos internacionales relevantes.

b) ¿Se llevó a cabo la consulta requerida conforme los estándares aplicables?

Estándar aplicable a las consultas a personas con discapacidad.

34. El estándar sobre el derecho a la consulta a personas con discapacidad de la Suprema Corte y los organismos internacionales ha evolucionado en los últimos años. Si bien no hay una legislación que establezca de manera precisa las etapas y requisitos que deben seguir las Legislaturas y los Poderes Ejecutivos cuando van a legislar cuestiones relacionadas con personas con discapacidad o emitir políticas públicas relacionadas con éstas, ya se han desarrollado criterios que dan guía a las autoridades y que permiten a los órganos jurisdiccionales analizar la adecuación de los procesos de consulta que realizan las autoridades, con el estándar aplicable.

35. En este sentido, en la acción de inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada 42/2018,(21) este Pleno adelantó que las consultas dirigidas a personas con discapacidad para el caso de medidas legislativas deben cumplir con los siguientes requisitos:

A) Previa, pública, abierta y regular. El órgano legislativo debe establecer reglas, plazos razonables y procedimientos en una convocatoria, en la que se informe de manera amplia, accesible y por distintos medios, la manera en que las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan podrán participar tanto en el proyecto de iniciativa, como en el proceso legislativo, dentro del cual se debe garantizar su participación, de manera previa al dictamen y ante el Pleno del órgano deliberativo, durante la discusión, por lo cual deben especificarse en las convocatorias los momentos de participación. B) Estrecha y con participación preferentemente directa de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad no deben ser representadas, sino que, en todo caso, cuenten con la asesoría necesaria para participar sin que se sustituya su voluntad, es decir, que puedan hacerlo tanto de forma individual, como por conducto de las organizaciones de personas con discapacidad, además de que también se tome en cuenta a las niñas y niños con discapacidad, así como a las organizaciones que representan a las personas con discapacidad.

C) Accesible. Las convocatorias deben realizarse con lenguaje comprensible, en formato de lectura fácil y lenguaje claro, así como adaptadas para ser entendible de acuerdo con las necesidades por el tipo de discapacidad, por distintos medios, incluidos los sitios web de los órganos legislativos, mediante formatos digitales accesibles y ajustes razonables cuando se requiera, como, por ejemplo, los macrotipos, la interpretación en lengua de señas, el braille y la comunicación táctil. Además de que las instalaciones de los órganos parlamentarios también deben ser accesibles a las personas con discapacidad.

Aunado a ello, el órgano legislativo debe garantizar que la iniciativa, los dictámenes correspondientes y los debates ante el Pleno del órgano legislativo se realicen con este mismo formato, a efecto de que se posibilite que las personas con discapacidad comprendan el contenido de la iniciativa y se tome en cuenta su opinión, dando la posibilidad de proponer cambios tanto a ésta como durante el proceso legislativo. La accesibilidad también debe garantizarse respecto del producto del procedimiento legislativo, es decir, el decreto por el que se publique el ordenamiento jurídico en el órgano de difusión estatal.

D) Informada. A las personas con discapacidad o comunidades involucradas se les debe informar de manera amplia y precisa sobre la naturaleza y consecuencia de la decisión que se pretenden tomar.

E) Significativa. Lo cual implica que en los referidos momentos del proceso legislativo se debata o se analicen las conclusiones obtenidas de la participación de las personas con discapacidad y los organismos que las representan.

F) Con participación efectiva. Que abone a la participación eficaz de las personas con discapacidad, las organizaciones y autoridades que los representan, en donde realmente se tome en cuenta su opinión y se analice, con el propósito de que no se reduzca su intervención a hacerlos partícipes de una mera exposición, sino que enriquezcan con su visión la manera en que el Estado puede hacer real la eliminación de barreras sociales para lograr su pleno desarrollo en las mejores condiciones, principalmente porque son quienes se enfrentan y pueden hacer notar las barreras sociales con las que se encuentran, a efecto de que se puedan diseñar mejores políticas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones, no obstante el estado físico, psicológico o intelectual que presenten en razón de su discapacidad, así como por su género, minoría de edad, y con una cosmovisión amplia de las condiciones y dificultades sociales, como las condiciones de pobreza, de vivienda, salud, educación, laborales, etcétera.

G) Transparente. Para lograr una participación eficaz es elemental garantizar la transparencia en la información que generen los órganos estatales, la que aporten las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, así como del análisis y debate de sus aportaciones.

36. Estos requisitos resultan compatibles con los estándares internacionales en la materia, especialmente con la Observación General No. 7 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con el informe de la relatora especial sobre los derechos de las personas con discapacidad presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el doce de enero de dos mil dieciséis,(22) que deben servir como guía al juzgador al evaluar los supuestos procesos de consulta en cada caso.

37. Además, en el señalado precedente se puntualizó que esta obligación no es oponible únicamente ante los órganos formalmente legislativos, sino a todo órgano del Estado Mexicano que intervenga en la creación, reforma, o derogación de normas generales que incidan directamente en las personas con discapacidad.

c) Proceso de consulta a personas con discapacidad para la reforma a la Ley de Salud Mental del Estado y Municipios de San Luis Potosí, publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa, el trece de abril de dos mil veintiuno.

38. Esta Suprema Corte considera que no se llevó a cabo un proceso de consulta durante el proceso legislativo que siguió el Congreso del Estado de San Luis Potosí, de conformidad con los estándares internacionales en la materia, por las razones que explicaremos a continuación.

39. De las constancias de autos se observa que, en el procedimiento legislativo que dio origen a las normas impugnadas, se realizó lo siguiente:

A. Iniciativa. Con fecha once de noviembre de dos mil diecinueve, María del Consuelo Carmona Salas, diputada integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura del Estado de San Luis Potosí, presentó "Proyecto de decreto que adiciona al título primero el capítulo IV De la familia de los usuarios, de la Ley de Salud Mental del Estado de San Luis Potosí".

B. Turno de la iniciativa. El veinte de noviembre de dos mil diecinueve, la Directiva del Congreso del Estado de San Luis Potosí turnó dicha iniciativa a la Comisión de Salud y Asistencia Social; y a la diversa de Derechos Humanos, Igualdad y Género del Poder Legislativo de la entidad, bajo el número de turno 3335.

C. Dictamen de la Comisión de Salud y Asistencia Social. En sesión de fecha veintitrés de junio de dos mil veinte, se emitió el dictamen correspondiente por la Comisión de Salud y Asistencia Social del Poder Legislativo de la entidad, en el sentido de aprobar la iniciativa.

D. Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género. Con fecha veintiuno de enero de dos mil veintiuno, se emitió el dictamen correspondiente por la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género del Poder Legislativo de la entidad, en el sentido de aprobar la iniciativa.

E. Sesión ordinaria y aprobación del dictamen. En sesión ordinaria número 62 del diecinueve de marzo de dos mil veintiuno del Congreso del Estado de San Luis Potosí se discutió la citada iniciativa bajo el tema "V" del orden del día, que incluía seis dictámenes por discutir. La sesión inició a las diez horas.

El primer dictamen sometido a discusión fue emitido por la Comisión de Salud y Asistencia Social; y la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género del Poder Legislativo de la entidad, mismo que se aprobó en lo general por 12 (doce) votos a favor, 11 (once) en contra y 2 (dos) abstenciones. Aprobado el dictamen, se ordenó remitirlo al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

F. Publicación. El trece de abril de dos mil veintiuno, se publicó en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, el Decreto 1155 que adiciona al título primero el capítulo IV "De la familia y los usuarios", y el artículo 4o. Bis de la Ley de Salud Mental del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

40. De lo anterior se advierte que no hay evidencia de que se haya llevado algún proceso que siquiera pretendiera ser una consulta a personas con discapacidad usuarias del sistema de salud mental, y tampoco fue presentada por las autoridades emisora y promulgadora.

41. Por tanto, debe considerarse que dichas violaciones son suficientes por sí mismas para generar la invalidez del capítulo IV "De la familia de los usuarios", adicionado al título primero, y del artículo 4o. Bis de la Ley de Salud Mental del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

42. No basta para controvertir tal decisión, la defensa del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en el sentido de que la reforma no afecta a las personas con discapacidad y que la reforma legislativa genera beneficios para el bienestar y tratamiento de las personas con padecimientos mentales.

43. Conforme a los criterios más recientes del Pleno de esta Suprema Corte,(23) la consulta a personas con discapacidad constituye un requisito procedimental de rango constitucional, donde deben actualizarse los estándares precisados, lo cual implica que su omisión constituye un vicio formal, invalidante del procedimiento y, consecuentemente, del producto legislativo.

44. En el mismo sentido, distintos precedentes relacionados(24) de este Alto Tribunal, han concluido que la consulta previa en materia de derechos de personas con discapacidad es una formalidad esencial del procedimiento legislativo, cuya exigibilidad se actualiza cuando las acciones estatales objeto de la propuesta incidan en los intereses y/o derechos del grupo.

45. Asimismo, la necesidad de que en este tipo de medidas sean consultadas directamente y conforme a los procedimientos de consulta que ha reconocido esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en distintos precedentes,(25) radica en que las personas con discapacidad constituyen un grupo que históricamente ha sido discriminado e ignorado, por lo que es necesario consultarlo para conocer si las medidas legislativas constituyen, real y efectivamente, una medida que les beneficie, pero sobre todo para escuchar las aportaciones y opiniones que el legislador no tuvo en cuenta para emitir los preceptos ahora impugnados. En consecuencia, este Tribunal Constitucional no puede acoger la pretensión del órgano parlamentario de validar la adopción de un cambio legislativo que incide en los derechos humanos de las personas con discapacidad, producto de un procedimiento que representó una vulneración al derecho a la consulta previa.

46. Por lo anteriormente expuesto, este Tribunal Pleno estima que se vulneró el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; y, en consecuencia, se declara la invalidez, del capítulo IV "De la familia de los usuarios", perteneciente

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31290-16af322b/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-estatal-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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