I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSÍ TIENE LA REPRESENTACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 26, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ) III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE CUANDO SE TRATA DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO QUE PUEDE SER ANALIZADO MEDIANTE ESE MEDIO DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD. IV. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA CONSULTA PREVIA EN MATERIA DE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ES UNA FORMALIDAD ESENCIAL DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO, CUYA EXIGIBILIDAD SE ACTUALIZA CUANDO LAS ACCIONES ESTATALES OBJETO DE LA PROPUESTA AFECTEN LOS INTERESES Y/O DERECHOS DE ESOS GRUPOS. V. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PARA CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 4, NUMERAL 3, DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LA PARTICIPACIÓN DE ESTOS GRUPOS VULNERABLES DEBE SER PREVIA, PÚBLICA, ABIERTA Y REGULAR, ESTRECHA Y CON PARTICIPACIÓN PREFERENTEMENTE DIRECTA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ACCESIBLE, INFORMADA, SIGNIFICATIVA, CON PARTICIPACIÓN EFECTIVA Y TRANSPARENTE. VI. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CONSTITUYE UN REQUISITO PROCEDIMENTAL DE RANGO CONSTITUCIONAL, CUYA OMISIÓN, CONSTITUYE UN VICIO FORMAL INVALIDANTE DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO Y, CONSECUENTEMENTE, DEL PRODUCTO LEGISLATIVO. VII. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CUANDO LA LEGISLACIÓN RESPECTIVA NO ES ESPECÍFICA O EXCLUSIVA PARA ESTOS GRUPOS, SU INCUMPLIMIENTO NO TIENE POTENCIAL INVALIDANTE DE LA TOTALIDAD DE LA LEY, PERO SÍ DE DETERMINADOS ARTÍCULOS. VIII. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EL HECHO DE QUE SE HAYAN REALIZADO CINCO FOROS REGIONALES Y RECIBIDO OBSERVACIONES, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UNA CONSULTA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, TODA VEZ QUE NO CUMPLEN CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA MATERIA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INVALIDEZ DEL CAPÍTULO VIII, DENOMINADO "EDUCACIÓN INCLUSIVA", QUE COMPRENDE LOS ARTÍCULOS DEL 43 AL 47 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, REFORMADO MEDIANTE EL DECRETO 0671, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS). IX. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LAS MODIFICACIONES A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ SON SUSCEPTIBLES DE AFECTAR A DICHAS COMUNIDADES, POR LO QUE DEBEN ESTAR PRECEDIDAS DE LA CONSULTA (INVALIDEZ DEL CAPÍTULO VIII, DENOMINADO "EDUCACIÓN INCLUSIVA", QUE COMPRENDE LOS ARTÍCULOS DEL 43 AL 47 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, REFORMADO MEDIANTE EL DECRETO 0671, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS). X. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. IMPLICA EL RESPETO DE LA DIGNIDAD DE ESTOS GRUPOS PARA QUE ELLOS DETERMINEN CUÁL ES LA FORMA IDEAL PARA QUE SE LES GARANTICE SU EDUCACIÓN. XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS, CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE PRIVE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LOS POSIBLES EFECTOS BENÉFICOS DE LA NORMA INVALIDADA (INVALIDEZ DEL CAPÍTULO VIII, DENOMINADO "EDUCACIÓN INCLUSIVA", QUE COMPRENDE LOS ARTÍCULOS DEL 43 AL 47 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, REFORMADO MEDIANTE EL DECRETO 0671, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS). XII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA QUE VINCULA AL LEGISLADOR A DESARROLLAR LAS CONSULTAS RESPECTIVAS EN UN PLAZO DE DOCE MESES, Y A EMITIR LA LEGISLACIÓN CORRESPONDIENTE (INVALIDEZ DEL CAPÍTULO VIII, DENOMINADO "EDUCACIÓN INCLUSIVA", QUE COMPRENDE LOS ARTÍCULOS DEL 43 AL 47 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, REFORMADO MEDIANTE EL DECRETO 0671, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 67/2023. COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSÍ. 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIA: IRLANDA DENISSE ÁVALOS NÚÑEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de San Luis Potosí promovió una acción de inconstitucionalidad en contra del Capítulo VIII, denominado "Educación Inclusiva" (artículos 43 a 47), de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, reformado mediante el Decreto 0671, publicado el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, en el Periódico Oficial de la entidad, al considerar que se vulneró el derecho a la consulta previa de las personas con discapacidad.
En ese sentido, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver si la ley impugnada es constitucional o si transgredió el derecho de las personas con discapacidad a ser consultadas en términos de lo dispuesto por el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al trece de noviembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 67/2023, promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí en contra del Capítulo VIII, denominado "Educación Inclusiva" (artículos 43 a 47), de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, reformado mediante el Decreto 0671, publicado el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, en la Edición Extraordinaria del Periódico Oficial de la entidad.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Publicación del Decreto. El dieciséis de enero de dos mil veintitrés, se publicó en el Periódico Oficial de la entidad en Decreto 0671 mediante el cual se reforman los Capítulos VI, "Educación Indígena" (artículos 38 a 40), y VIII, "Educación Inclusiva" (artículos 43 a 47), de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí.
2. Presentación de la demanda. Por oficio presentado el quince de febrero de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Giovanna Itzel Argüelles Moreno, en su carácter de Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí, promovió acción de inconstitucionalidad únicamente en contra del Capítulo VIII, denominado "Educación Inclusiva", de la Ley de Educación de la entidad, reformado por el Decreto citado en el párrafo anterior.
3. Artículos constitucionales violados. En la demanda, la accionante señaló como preceptos constitucionales y convencionales vulnerados los artículos 1o. de la Constitución Política del país; 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y V de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
4. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí expuso los siguientes conceptos de invalidez:
a) El Capítulo VIII, denominado "Educación Inclusiva", de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí debe declararse inválido al vulnerar el derecho a la consulta previa de las personas con discapacidad, con base en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.(1)
b) La legislación impugnada tiene el objeto de impulsar la plena integración e inclusión a la sociedad de las personas con discapacidad, mediante la protección de sus derechos y necesidades en materia de educación, por lo que, al estar dirigida a este grupo, el Congreso de San Luis Potosí tenía la obligación de consultarles. Sin embargo, del análisis del proceso legislativo se advierte que no se cumplió con el estándar establecido por este Alto Tribunal.
c) El Decreto impugnado tuvo como objetivo dar cumplimiento a la acción de inconstitucionalidad 179/2020,(2) en la que este Tribunal Pleno declaró la invalidez del Capítulo VI "Educación Indígena" (artículos 38 a 40) y del Capítulo VIII, "Educación Inclusiva" (artículos 43 a 47), de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí y ordenó, previa consulta a las personas con discapacidad, legislar en la materia. En ese sentido, en el Dictamen que obra en la Gaceta Parlamentaria de la Sexagésima Tercera Legislatura, se da cuenta de que se llevó a cabo un proceso de consulta, consistente en cinco foros regionales.
d) Del proceso legislativo se desprende que el veintidós de agosto de dos mil veintidós, el Congreso de San Luis Potosí publicó en el Periódico Oficial de la entidad una convocatoria a las personas con discapacidad para participar en cinco foros regionales, supuestamente con la participación de mil doscientas veinticuatro opiniones y propuestas, en cuatro regiones del estado. Todos ellos con una única sede por foro y con duración de un solo día. Asimismo, se abrió un espacio digital para que las personas con discapacidad enviaran sus opiniones y propuestas.
e) Los foros realizados por el Congreso no cumplen con los parámetros que deben observarse para considerar válida la consulta, pues la convocatoria no se emitió con las condiciones de accesibilidad necesarias para garantizar que las personas con distintas discapacidades pudieran acudir y participar. Tampoco consta la organización y colaboración previa que mantuvo la legislatura con otras instituciones municipales y estatales con organizaciones de la sociedad civil.
f) La supuesta consulta no fue pública, abierta y regular toda vez que no se sabe cuáles fueron las reglas, plazos, procedimientos o términos que se establecieron para que las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan pudieran participar en el proceso.
g) No fue estrecha ni con participación preferentemente directa de las personas con discapacidad ya que en el Dictamen sólo se señala que existieron opiniones, pero no especifica cuáles fueron las organizaciones que participaron, si fueron de o para personas con discapacidad y cuántas opiniones fueron vertidas directamente por estas personas. De conformidad con la Observación General no. 7 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se debe tener la certeza de que esas organizaciones realmente son de y para personas con discapacidad, a fin de determinar si fueron debidamente representadas.
h) Los foros no fueron accesibles, pues no se tiene certeza sobre si se realizaron en un lenguaje comprensible, en formato de lectura fácil y en lenguaje claro o en formatos digitales accesibles.
i) La consulta no fue informada, significativa, con participación efectiva y transparente, pues del proceso legislativo no consta que la personas u organizaciones de la sociedad civil estuvieran enteradas de la naturaleza y de las consecuencias de su participación, no se advierte cuál fue la conclusión a la que se llegó ni si fue oportunamente debatida. Por lo tanto, el capítulo impugnado debe invalidarse.
5. Registro y turno. El siete de marzo de dos mil veintitrés, la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo por recibida la demanda, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 67/2023 y turnó el asunto a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
6. Admisión y trámite. Mediante proveído de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, la Ministra instructora admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y tuvo a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí como las autoridades que emitieron y promulgaron el decreto impugnado, por lo que les requirió sus respectivos informes. Asimismo, ordenó dar vista al Fiscal General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su esfera competencial conviniera.
7. Informe del Poder Ejecutivo de San Luis Potosí. Mediante escrito presentado el nueve de mayo de dos mil veintitrés, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, Consejero Jurídico del Estado de San Luis Potosí, rindió informe en los términos siguientes:
a) La acción de inconstitucionalidad debe sobreseerse toda vez que se actualizan las causales de improcedencia previstas en las fracciones IV y VII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria en la materia. Ello, pues el Decreto 0671 impugnado surgió como resultado del cumplimiento de la sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad 179/2020, lo que demuestra claramente que se siguieron los criterios establecidos por la Suprema Corte para la realización de las consultas.
b) La demanda se presentó fuera de los plazos establecidos por el artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia,(3) ya que el momento procesal oportuno precluyó al momento de tramitar la acción de inconstitucionalidad 179/2020 ya que el decreto impugnado se desprende de su cumplimiento.
c) Es cierto que el Poder Ejecutivo de la entidad promulgó y publicó el Decreto 0671 en la página oficial del Periódico Oficial del Gobierno del Estad "Plan de San Luis", de conformidad con las atribuciones que le confiere la Constitución Política del estado.
d) La normatividad impugnada no viola de manera directa o indirecta derechos fundamentales.
8. Informe del Poder Legislativo de San Luis Potosí. Por escrito presentado el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, la Diputada Cinthia Verónica Segovia Colunga, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de San Luis Potosí, rindió informe en los términos siguientes:
a) Contrario a lo señalado por la Comisión accionante, la convocatoria para que las personas con discapacidad y las organizaciones relacionadas emitieran opiniones respecto a la Ley impugnada, se realizó de manera pública, oficial e inclusiva, con una difusión en formato braille, lectura fácil, lengua de señas y materiales audiovisuales, por lo que las propuestas a legislar sí se hicieron del conocimiento oportuno de las personas con diferentes discapacidades.
b) Si bien la información oficial del proceso de consulta a personas con discapacidad ya no se encuentra en la página oficial del Congreso lo cierto es que, de las pruebas aportadas en el informe, se desprende que esta fue previa, pública, abierta, regular, estrecha, con participación permanente y directa de las personas con discapacidad, accesible, informada, significativa, con participación efectiva y transparente, por lo que se cumple con el estándar de este Alto Tribunal y del artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
9. Pedimento. El Fiscal General de la República no formuló pedimento en el presente asunto. De igual forma, la Consejería Jurídica del Gobierno Federal no presentó opinión alguna.
10. Cierre de instrucción. Tras el trámite legal correspondiente y la presentación de alegatos, por acuerdo de cuatro de julio de dos mil veintitrés, se cerró la instrucción del asunto y se envió el expediente a la Ministra instructora para la elaboración del proyecto de resolución.
I. COMPETENCIA
11. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política del país y 10, fracción I,(4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(5) Lo anterior porque la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí planteó la posible contradicción entre el Capítulo VIII, denominado "Educación Inclusiva", de la Ley de Educación de San Luis Potosí y la Constitución Política del país, así como con los tratados internacionales.
II. OPORTUNIDAD
12. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política del país, el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.(6)
13. En este caso, el Decreto 0671, mediante el cual se reforma el Capítulo VIII, denominado "Educación Inclusiva", de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí se publicó en el Periódico Oficial de la entidad el dieciséis de enero de dos mil veintitrés.
14. Por lo tanto, el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad transcurrió del diecisiete de enero al quince de febrero de dos mil veintitrés.
15. Consecuentemente, dado que la demanda se presentó el último día del plazo, es decir, el quince de febrero de dos mil veintitrés, su interposición resulta oportuna.
III. LEGITIMACIÓN
16. Este Tribunal Pleno advierte que la acción de inconstitucionalidad se promovió por parte legitimada.
17. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política del país dispone que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí es un organismo legitimado para impugnar leyes expedidas por las legislaturas estatales que considere violatorias de derechos humanos.
18. En el caso, este requisito se cumple ya que la Comisión accionante impugnó el Decreto 0671, en el que se reforma el Capítulo VIII, denominado "Educación Inclusiva", de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, por falta de consulta a personas con discapacidad.
19. Asimismo, se cumple con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la materia,(7) pues la demanda fue presentada por Giovanna Itzel Argüelles Moreno, en su carácter de Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, personalidad que acredita mediante el acuerdo de designación de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno emitido por el Congreso de la entidad, suscrito por la Primera y la Segunda Secretarias del órgano legislativo.(8)
IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
20. Las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente, por lo que se deben analizar las que sean formuladas por las partes, así como aquellas que este Alto Tribunal advierta de oficio.
21. En su informe, el Poder Ejecutivo de San Luis Potosí señala que se actualizan las causales de improcedencia previstas en las fracciones IV y VII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria en la materia,(9) pues el Decreto 0671 mediante el cual se reforma el Capítulo VIII, denominado "Educación Inclusiva", de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, publicado el dieciséis de enero de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial de la entidad, se emitió en cumplimiento a la ejecutoria de la diversa acción de inconstitucionalidad 179/2020.(10) Además, alega que la demanda se presentó fuera del plazo establecido para tal efecto puesto que el decreto impugnado deriva del cumplimiento de la resolución emitida en la citada acción de inconstitucionalidad 179/2020, por tanto, la oportunidad precluyó al tramitarse aquella demanda.
22. Este Tribunal Pleno considera que no le asiste razón a la autoridad, en tanto que la emisión del Decreto impugnado constituye un nuevo acto legislativo, susceptible de controvertirse por la accionante, tal y como se explica a continuación.
23. El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, el Tribunal Pleno resolvió la acción de inconstitucionalidad 179/2020, en la que declaró la invalidez del Capítulo VIII, "Educación Inclusiva" (artículos 43 a 47), de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, expedida mediante el Decreto 0675, publicado el catorce de mayo de dos mil veinte, en el Periódico Oficial de la entidad.
24. En el tercer resolutivo de dicha ejecutoria se señaló que la declaratoria de invalidez surtiría sus efectos a los dieciocho meses siguientes a la notificación de los puntos resolutivos al Congreso del Estado de San Luis Potosí. Por lo tanto, se vinculó al Congreso para que en dicho plazo legislara en materia de educación inclusiva, previa consulta a las personas con discapacidad, de conformidad con los parámetros ahí establecidos.
25. Al respecto, la notificación se realizó el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, por lo que el plazo de dieciocho meses feneció el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, fecha en la que dicho Decreto dejó de tener vigencia.
26. Ahora bien, es criterio reiterado de este Alto Tribunal que para considerar que se está en presencia de un nuevo acto legislativo se deben reunir los siguientes dos aspectos: a) que se haya llevado a cabo un proceso legislativo (criterio formal) y b) que la modificación normativa sea sustantiva o material, es decir, que realmente se haya generado un cambio en el sentido normativo (criterio material).
27. El Decreto 0671 impugnado cumple con dichos requisitos, pues el Congreso potosino llevó a cabo todo un proceso legislativo en el que se agotaron las etapas de iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación, en el que se reformó el Capítulo VIII, denominado "Educación Inclusiva" (artículos 43 a 47), de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí. Ello, con independencia de la valoración que se hace en el siguiente apartado sobre la consulta a las personas con discapacidad.
28. Por ende, si el Decreto se publicó en el Periódico Oficial de la entidad el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, es claro que se trata de un nuevo acto legislativo que puede ser analizado mediante esta acción de inconstitucionalidad.
29. El hecho de que las normas hayan sido emitidas en cumplimiento a una resolución de este Tribunal Pleno no es impedimento para considerar que es un nuevo acto legislativo, pues basta acreditar que se haya llevado a cabo un proceso legislativo y que la modificación normativa sea sustancial. Es decir, la materia del cumplimiento de la acción de inconstitucionalidad se agota cuando se acredita que se emitió un nuevo decreto.
30. Lo anterior se ve robustecido con que en la exposición de motivos del Decreto 0671 impugnado se señala que, derivado de la resolución de la acción de inconstitucionalidad 179/2020, los artículos que integran el Capítulo VIII, referente a la Educación Inclusiva, "actualmente están tácitamente derogados, y son inaplicables para dar certeza jurídica a este marco legal".
31. Similares consideraciones se sostuvieron por este Alto Tribunal al resolver las acciones de inconstitucionalidad 255/2020,(11) 274/2020(12) y 113/2022.(13)
V. ESTUDIO DE FONDO
32. En sus conceptos de invalidez, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí alegó que la reforma del Capítulo VIII, denominado "Educación Inclusiva" (que comprende los artículos 43 a 47), de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, reformado mediante el Decreto 0671, publicado el dieciséis de enero de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial de la entidad, vulnera el derecho a la consulta previa de las personas con discapacidad, prevista en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
33. Por lo tanto, corresponde a este Tribunal Pleno determinar si el citado Capítulo VIII es constitucional o si, por el contrario, debe declararse su invalidez.
34. Por lo tanto, a fin de dar contestación al concepto de invalidez, por cuestión de metodología, el estudio se divide en dos apartados:
A. Parámetro de regularidad constitucional del derecho a la consulta a las personas con discapacidad.
B. Estudio de constitucionalidad de la ley impugnada.
A. PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONALIDAD DEL DERECHO A LA CONSULTA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
35. Este Alto Tribunal ha sostenido en reiteradas ocasiones que el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga a las autoridades mexicanas a consultar a las personas con discapacidad, incluidos los niños, ya sea de forma directa o a través de las organizaciones que las representan, cada vez que se prevean medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente. 36. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 33/2015,(14) el Pleno determinó que la consulta previa en materia de derechos de personas con discapacidad es una formalidad esencial del procedimiento legislativo cuya exigencia se actualiza cuando las acciones estatales objeto de la propuesta incidan en los intereses y/o derechos de esas personas.
37. En dicho precedente, este Alto Tribunal sostuvo que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad involucra a la sociedad civil, en particular, a las organizaciones representativas de las personas con discapacidad, en las acciones estatales que incidan en esos grupos, ya que éstas tienen un impacto directo en la realidad, al reunir información concreta sobre presuntas violaciones a los derechos humanos de personas con discapacidad, además de que colaboran para que la discapacidad sea vista como un tema fundamental de derechos humanos.
38. En la acción de inconstitucionalidad 101/2016,(15) el Tribunal Pleno invalidó la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down para el Estado de Morelos al existir una ausencia absoluta de consulta a las personas con discapacidad. Así, se reconoció el deber convencional del derecho a la consulta de las personas con discapacidad.
39. En el citado asunto, se precisó que, con anterioridad a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas se pronunció respecto de la necesidad de consultar a los grupos representativos de las personas con discapacidad sobre decisiones que les conciernen.(16)
40. Después, al fallar la acción de inconstitucionalidad 68/2018,(17) este Alto Tribunal invalidó ciertos preceptos de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado y Municipios de San Luis Potosí al considerar que el órgano legislativo no consultó a las personas con discapacidad.
41. En ese precedente se destacaron algunas cuestiones del contexto en el que surge la obligación de consulta y su importancia en la lucha del movimiento de las personas con discapacidad para exigir sus derechos. Parte de las razones de esa exigencia consiste en superar un modelo rehabilitador de la discapacidad –donde las personas con esta condición son sujetos pasivos de la ayuda que se les brinda– favoreciendo un modelo social en el que la causa de discapacidad es el contexto que la genera. Así, la ausencia de una consulta significa no considerar a las personas con discapacidad en la definición de sus propias necesidades regresando a un modelo asistencialista.
42. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada 42/2018,(18) esta Suprema Corte invalidó la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México, al no haberse celebrado una consulta con las personas con síndrome de Down, ni con las organizaciones que conforman o con las que las representan.
43. En dicha acción, el Tribunal Pleno señaló los elementos mínimos para cumplir con la obligación convencional de consultar a las personas con discapacidad, establecida en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el sentido de que su participación debe ser:
a) Previa, pública, abierta y regular. El órgano legislativo debe establecer reglas, plazos razonables y procedimientos en una convocatoria, en la que se informe de manera amplia, accesible y por distintos medios la manera en la que las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan podrán participar tanto en el proyecto de iniciativa, como en el proceso legislativo, dentro del cual se debe garantizar su participación, de manera previa al dictamen y ante el Pleno del órgano deliberativo, durante la discusión, por lo cual deben especificarse en las convocatorias los momentos de participación.
b) Estrecha y con participación preferentemente directa de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad no deben ser representadas sino que, en todo caso, deben contar con la asesoría necesaria para participar sin que se sustituya su voluntad, es decir, debe garantizarse que puedan hacerlo tanto de forma individual, como por conducto de las organizaciones de personas con discapacidad, además de que también se tome en cuenta a las niñas y a los niños con discapacidad, así como a las organizaciones que representan a las personas con discapacidad.
c) Accesible. Las convocatorias deben realizarse con lenguaje comprensible, en formato de lectura fácil y lenguaje claro, así como adaptadas para ser entendible de acuerdo con las necesidades por el tipo de discapacidad, por distintos medios, incluidos los sitios web de los órganos legislativos, mediante formatos digitales accesibles y ajustes razonables cuando se requiera, como, por ejemplo, los macrotipos, la interpretación en lengua de señas, el braille y la comunicación táctil. Además de que las instalaciones de los órganos parlamentarios también deben ser accesibles a las personas con discapacidad.
Además, el órgano legislativo debe garantizar que la iniciativa, los dictámenes correspondientes y los debates ante el Pleno del órgano legislativo se realicen con este mismo formato, a efecto de que se posibilite que las personas con discapacidad comprendan el contenido de la iniciativa y se tome en cuenta su opinión, dando la posibilidad de proponer cambios tanto a la iniciativa como durante el proceso legislativo.
La accesibilidad también debe garantizarse respecto del producto del procedimiento legislativo, es decir, el decreto por el que se publique el ordenamiento jurídico en el órgano de difusión estatal.
d) Informada. A las personas con discapacidad o comunidades involucradas se les debe informar de manera amplia y precisa sobre la naturaleza y las consecuencias de la decisión que se pretende tomar.
e) Significativa. Implica que en los referidos momentos del proceso legislativo se debata o se analicen las conclusiones obtenidas de la participación de las personas con discapacidad y los organismos que las representan.
f) Con participación efectiva. Que abone a la participación eficaz de las personas con discapacidad y de las organizaciones y autoridades que los representan, en donde realmente se tome en cuenta su opinión y sea analizada con el propósito de que no se reduzca su intervención a hacerlos partícipes de una mera exposición, sino que enriquezcan con su visión la manera en la que el Estado puede hacer real la eliminación de las barreras sociales para lograr su pleno desarrollo en las mejores condiciones. Lo anterior, principalmente, porque son quienes se enfrentan y pueden hacer notar las barreras sociales con las que se encuentran, a efecto de que se puedan diseñar mejores políticas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones, no obstante el estado físico, psicológico o intelectual que presenten en razón de su discapacidad, así como por su género, minoría de edad, y con una cosmovisión amplia de las condiciones y dificultades sociales, como las condiciones de pobreza, de vivienda, salud, educación, laborales, entre otras.
g) Transparente. Para lograr una participación eficaz es elemental garantizar la transparencia en la información que generen los órganos estatales, la que aporten las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, así como del análisis y debate de sus aportaciones.
44. Además, en el señalado precedente se puntualizó que esta obligación no es oponible únicamente ante los órganos formalmente legislativos, sino a todo órgano del Estado Mexicano que intervenga en la creación, reforma o derogación de normas generales que incidan directamente en las personas con discapacidad.
45. El Tribunal Pleno destacó que la consulta debe suponer un ajuste en los procesos democráticos y representativos corrientes, los cuales no suelen bastar para atender a las preocupaciones particulares de las personas con discapacidad que, por lo general, están marginadas en la esfera política, por lo que es necesario que el órgano legislativo establezca previamente la manera en la que dará cauce a esa participación. En consecuencia, la consulta a las personas con discapacidad constituye un requisito procedimental de rango constitucional, lo que implica que su omisión constituye un vicio formal, invalidante del procedimiento legislativo y, consecuentemente, del producto legislativo.
46. Ahora bien, en la acción de inconstitucionalidad 212/2020, el Pleno declaró la invalidez del Capítulo VIII, denominado "De la educación inclusiva", que se integra con los artículos 66 a 71 de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, al contener normas encaminadas a regular cuestiones relacionadas con la educación para las personas con discapacidad, sin que se hubiera realizado la consulta previa exigida por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
47. Dicho asunto constituye un precedente importante en el sentido de que la falta de consulta previa no implica la invalidez de la totalidad del decreto, pero sí de determinados artículos.
48. De igual forma, en la acción de inconstitucionalidad 179/2020, este Alto Tribunal declaró la invalidez únicamente de los Capítulos VI, "Educación Indígena" (artículos 38 a 40), y VIII, "Educación Inclusiva" (artículos 43 a 47), de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, expedida mediante Decreto 0675 publicado el catorce de mayo de dos mil veinte, en el Periódico Oficial de la entidad, por falta de consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas, así como a las personas con discapacidad.
49. Dicho criterio ha sido reiterado en las acciones en las ac
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32551-d3ac9ba0/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-estatal-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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