I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL DE ESE ESTADO, VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DESESTIMACIÓN DE LOS PLANTEAMIENTOS FORMULADOS POR EL ÓRGANO LEGISLATIVO LOCAL, AL CONCLUIR QUE LA NORMA IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. IV. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. FORMA PARTE DEL PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL AL ESTAR RECONOCIDO EN LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AUNQUE LA CONSTITUCIÓN GENERAL NO HAGA REFERENCIA EXPRESA A AQUÉL. V. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SU AUSENCIA EN CUESTIONES RELACIONADAS CON ESTOS GRUPOS SIGNIFICARÍA NO CONSIDERARLOS EN LA DEFINICIÓN DE SUS PROPIAS NECESIDADES, LO QUE IMPLICA VOLVER A UN MODELO REHABILITADOR O ASISTENCIALISTA. VI. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ESTE DERECHO ESTÁ ESTRECHAMENTE RELACIONADO CON LOS PRINCIPIOS GENERALES DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA QUE RIGEN LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON SU DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY Y SU DERECHO A LA PARTICIPACIÓN QUE SE PLASMÓ EN EL LEMA DEL MOVIMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD: "NADA DE NOSOTROS SIN NOSOTROS". VII. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ES UN REQUISITO INELUDIBLE EN LA LEGISLACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONALES PARA ASEGURAR LA PERTINENCIA Y CALIDAD DE TODAS LAS ACCIONES ENCAMINADAS A ASEGURAR EL PLENO GOCE DE SUS DERECHOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES CON LAS DEMÁS PERSONAS. VIII. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PARA CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 4, NUMERAL 3, DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LA PARTICIPACIÓN DE ESTOS GRUPOS VULNERABLES DEBE SER PREVIA, PÚBLICA, ABIERTA Y REGULAR, ESTRECHA Y CON PARTICIPACIÓN PREFERENTEMENTE DIRECTA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ACCESIBLE, INFORMADA, SIGNIFICATIVA, CON PARTICIPACIÓN EFECTIVA Y TRANSPARENTE. IX. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA CONSULTA PREVIA EN MATERIA DE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ES UNA FORMALIDAD ESENCIAL DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO, CUYA EXIGIBILIDAD SE ACTUALIZA CUANDO LAS ACCIONES ESTATALES OBJETO DE LA PROPUESTA AFECTEN LOS INTERESES Y/O DERECHOS DE ESOS GRUPOS. X. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EN LOS CASOS DE LEYES QUE NO SON EXCLUSIVAS O ESPECÍFICAS EN REGULAR LOS INTERESES Y/O DERECHOS DE ESTOS GRUPOS, LA FALTA DE CONSULTA PREVIA NO IMPLICA LA INVALIDEZ DE TODO EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO, SINO ÚNICAMENTE DE LOS PRECEPTOS QUE DEBÍAN SER CONSULTADOS Y RESPECTO DE LOS CUALES EL LEGISLADOR FUE OMISO EN LLEVAR A CABO LA CONSULTA PREVIA CONFORME A LOS ESTÁNDARES ADOPTADOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. XI. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LAS MODIFICACIONES AL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ SON SUSCEPTIBLES DE AFECTAR A DICHAS COMUNIDADES, POR LO QUE DEBEN ESTAR PRECEDIDAS DE LA CONSULTA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 91, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "LAS PERSONAS INCAPACES; PERSONAS CON DISCAPACIDAD", DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, REFORMADO MEDIANTE EL DECRETO 0542, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS). XII. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA OMISIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ DE REALIZARLA RESPECTO DE UN DECRETO QUE REFORMA EL CÓDIGO FAMILIAR DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, QUE AFECTA DIRECTAMENTE A AQUEL GRUPO DE PERSONAS, VULNERA EL ARTÍCULO 4, NUMERAL 3, DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 91, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "LAS PERSONAS INCAPACES; PERSONAS CON DISCAPACIDAD", DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, REFORMADO MEDIANTE EL DECRETO 0542, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS). XIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 91, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "LAS PERSONAS INCAPACES; PERSONAS CON DISCAPACIDAD", DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, REFORMADO MEDIANTE EL DECRETO 0542, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 166/2022. COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 7 DE NOVIEMBRE DE 2023. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: ANETTE CHARA TANUS.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí impugnó el artículo 91, en sus porciones normativas "personas incapaces" y "personas con discapacidad", del Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí. La primera de ellas por vulnerar el principio de igualdad y no discriminación y la segunda al desincorporar a niñas, niños y adolescentes con discapacidad de la protección integral del interés superior del menor.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al siete de noviembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 166/2022, promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí en contra del artículo 91 del Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí, reformado mediante el Decreto publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el dos de diciembre de dos mil veintidós.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación del escrito inicial por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí. Por escrito presentado el veinte de diciembre de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Giovanna Itzel Argüelles Moreno, quien se ostentó como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí, promovió acción de inconstitucionalidad en la que señaló como norma general impugnada y órganos emisores, los siguientes:
Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada:
a) Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí.
b) Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí.
Normas generales cuya invalidez se reclama: El artículo 91, en sus porciones normativas "personas incapaces" y "personas con discapacidad", del Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí, reformado mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el dos de diciembre de dos mil veintidós.
2. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la Comisión accionante expuso los siguientes conceptos de invalidez:
• Introducción. En el artículo 91 del Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí se discrimina a las personas con discapacidad al emplear el término "personas incapaces", al referirse a la discapacidad intelectual, que las remite a las percepciones de invalidez y minusvalía que ya han sido superadas. Además, al incluir innecesariamente el término "personas con discapacidad", esto es, como un grupo de vulnerabilidad dentro del amplio espectro de derechos de niñas, niños y adolescentes, deja fuera a todos los demás ejes transversales de vulnerabilidad que pueden concurrir, como origen étnico o nacional, el género, la edad, entre otros.
• A fin de aclarar y establecer el sentido actual del término "personas incapaces" debe tomarse en cuenta que el término "incapaz" puede entenderse en dos sentidos. Por un lado, como una persona judicialmente declarada como incapaz para ejercer ciertos derechos, contraer deberes e intervenir en negocios jurídicos y, por otra parte, como personas ineptas, incompetentes y/o sin entendimiento.
• Sin embargo, el primer entendimiento del concepto de incapacidad, esto es, como un estado de derecho declarado judicialmente, no entra en el contexto del artículo 91 impugnado, pues de su lectura se advierte que dicha disposición pretende proteger a las niñas, niños y adolescentes.
• Adicionalmente, el contexto de la inclusión del término "personas incapaces" es en cuanto a la protección de niñas, niños y adolescentes, por lo que la intención del legislador refleja su comprensión de que hay niñas, niños y adolescentes inhábiles, ineptos, incompetentes, falsos de entendimiento y/o torpes.
• 1. Derecho a la protección integral e indivisibilidad de los derechos humanos. El principio de indivisibilidad de los derechos humanos parte de la integralidad de la persona y de la necesidad de satisfacer todos sus derechos, lo cual excluye la posibilidad de establecer jerarquías en abstracto entre éstos.
• 2. Derecho de las niñas, niños y adolescentes a proteger sus derechos humanos y su interés superior como infancias. En el artículo 91 impugnado se establece que el Juez tiene la facultad de decretar medidas provisionales necesarias a fin de proteger a la familia, el interés superior de las niñas, niños y adolescentes; no obstante, al añadirse a las "personas con discapacidad" invisibiliza y excluye innecesariamente a todos los demás niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad que requieren protección dentro del amplio espectro de derechos.
• 3. Derecho a la igualdad y no discriminación. Un prejuicio, como el de "personas incapaces" se forma al juzgar a las personas con antelación. Utilizar términos como "incapaz", "minusválido", entre otras, para señalar o describir a alguna persona que tiene algún tipo de discapacidad, resultan en adjetivos que habitualmente significan que esas personas son incapaces, o menos válidos.
• Lo que se combate de la norma impugnada, es lo siguiente:
• Primero. La palabra "incapaz" que se utiliza en la norma impugnada, discrimina y sitúa en desigualdad a las personas con discapacidad, pues ese término ha sido asociado a un juicio de valor negativo de la discapacidad que trastoca la dignidad de la persona. Lo anterior en términos de lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 702/2018.
• Segundo. Con la reforma impugnada se desincorpora de la interpretación integral de derechos humanos del interés superior de niñas, niños y adolescentes, a las personas con discapacidad, o bien, no habría otra interpretación posible en medidas precautorias de un divorcio incausado que las dirigidas a niños, niñas y adolescentes.
• Al desincorporar a niñas, niños y adolescentes con discapacidad de la protección integral del interés superior de la infancia, se vulnera el mandato constitucional de indivisibilidad e igualdad de derechos humanos.
• Con ello, además, se otorga un carácter jerárquico superior de la discapacidad por sobre otras formas de vida de niñas, niños y adolescentes, como lo es su situación social, su pertenencia a una población indígena, entre otras.
• Por tanto, al desincorporar del interés superior de niñas, niños y adolescentes, y dar un trato diferenciado a quienes están en situación de discapacidad, es que el artículo 91 excluye de esta prioridad a las demás condiciones en que puedan estar otras niñas, niños y adolescentes, lo cual vulnera el derecho a la indivisibilidad de sus derechos reconocidos en la Constitución Federal.
3. Admisión y trámite. Mediante proveído de dos de enero de dos mil veintitrés, la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad bajo el número 166/2022 y, por razón de turno, designó al Ministro Luis María Aguilar Morales como instructor del procedimiento.
4. Posteriormente, por acuerdo de siete de febrero de dos mil veintitrés, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí para que rindieran su informe, requiriéndolos para que, el primero de ellos, enviara copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma general impugnada y, el segundo, exhibiera un ejemplar del Periódico Oficial de la entidad. Asimismo, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que formulara el pedimento correspondiente, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, en su caso, manifestara lo que a su representación correspondiera.
5. Informe del Poder Ejecutivo del Estado. Por escrito recibido el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés en la oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí, por conducto de Rodrigo Joaquín Lecourtois López, quien se ostentó como consejero jurídico de dicha entidad federativa, acompañó un ejemplar del Periódico Oficial en el que obra la publicación de la norma general impugnada y rindió su informe en el que hizo valer las siguientes consideraciones:
• Es cierto que el Poder Ejecutivo promulgó y publicó el decreto impugnado, lo cual tiene fundamento en las atribuciones que establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y las legislaciones aplicables.
• No se realizaron observaciones al proyecto de ley aprobado por el Congreso pues no se advirtió la vulneración de algún derecho humano.
6. Informe del Poder Legislativo del Estado. Por escrito recibido el dos de marzo de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, por conducto de la diputada Cinthia Verónica Segovia Colunga, quien se ostentó como presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, acompañó las copias certificadas de los antecedentes legislativos de la norma general impugnada y rindió su informe, en el que argumentó lo siguiente:
• La figura de "personas incapaces" no fue incluida a través de la reforma reclamada, pues ésta tuvo como objeto añadir, por un lado, a personas con discapacidad como sujetos de protección en las medidas provisionales derivadas de una solicitud de divorcio incausado y, por otra parte, establecer que dichas medidas sean tomadas con base en criterios que permitan erradicar cualquier tipo de violencia por razones de género. Por tanto, sólo ésos dos criterios pueden someterse al escrutinio de constitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
• La figura de "personas incapaces" se contempla en el artículo 91 del Código Familiar desde su reforma en el dos mil diecisiete; además, el empleo de dicho término es congruente con lo dispuesto en diversos artículos del mismo ordenamiento, correspondientes a la tutela de personas incapaces, esto es, la guarda de la persona y bienes de los que no estando sujetos a la patria potestad, tienen incapacidad natural y legal, o solamente la segunda para gobernarse por sí mismos y la cual debe ser decretada por una autoridad judicial. De esta manera, dicha figura difiere de la "discapacidad mental" y por tal motivo ambas figuras coexisten en el ordenamiento jurídico.
• En segundo lugar, resultan inexactas las afirmaciones de la Comisión actora relativas a que, al agregar entre las figuras contenidas en el artículo 91 del Código Familiar, a las "personas con discapacidad" se invisibiliza y excluye innecesariamente a todos los demás niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad que requieren protección, pues lo cierto es que antes de la reforma combatida dicho precepto ya incluía la protección de niños, niñas y adolescentes y las medidas provisionales que deben tomarse atendiendo a su especial condición de vulnerabilidad.
7. Pedimento. La Fiscalía General de la República se abstuvo de formular impedimento.
8. Alegatos. Por escritos enviados y recibidos el veintidós y veintiocho de marzo de dos mil veintitrés a través del sistema electrónico de este Alto Tribunal, la Comisión actora y el Poder Legislativo demandado, respectivamente, formularon sus alegatos. Por su parte, por escrito recibido en esta Suprema Corte el cinco de abril de dos mil veintitrés, el Poder Ejecutivo del Estado presentó su escrito de alegatos.
9. Cierre de la instrucción. Por acuerdo de doce de abril de dos mil veintitrés, el Ministro instructor ordenó integrar al expediente los alegatos formulados por la Comisión accionante y por los poderes demandados. Asimismo, visto el estado procesal del expediente, declaró cerrada la instrucción del asunto a fin de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
10. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución General(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) toda vez que la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí plantea una posible contradicción entre el artículo 91 del Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí y la Constitución Federal.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS
11. De conformidad con el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) deben fijarse las normas generales que serán objeto de estudio en la presente acción de inconstitucionalidad.
12. De la lectura integral a la demanda presentada por la Comisión accionante, se advierte que sus conceptos de invalidez están dirigidos a combatir el artículo 91 del Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí, reformado mediante Decreto publicado el dos de diciembre de dos mil veintidós, particularmente en las porciones normativas "personas incapaces" y "personas con discapacidad". Dicho artículo es del contenido siguiente:
"Artículo 91. La o el juez, al recibir una solicitud de divorcio incausado, tiene la facultad de decretar las medidas provisionales necesarias, a fin de proteger a la familia, el interés superior de las niñas, niños y adolescentes; las personas incapaces; personas con discapacidad; así como erradicar cualquier tipo de violencia por razones de género. Y antes de que se provea sobre los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad o tutela de las hijas o hijos, la autoridad judicial podrá acordar, a petición de las abuelas, abuelos, tías, tíos, hermanas, o hermanos mayores, cualquier medida que se considere benéfica para las o los menores. La autoridad judicial podrá modificar esa decisión de acuerdo a lo dispuesto en los artículos, 165 y 283, fracción III de este Código." (énfasis añadido)
Ver artículo 91 con énfasis
13. Por lo anterior, la litis de la presente acción de inconstitucionalidad se compone por el artículo 91, en las porciones normativas "personas incapaces" y "personas con discapacidad", del Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí, reformado mediante Decreto publicado el dos de diciembre de dos mil veintidós en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa.
III. OPORTUNIDAD
14. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.
15. En este caso la acción de inconstitucionalidad es oportuna.
16. En efecto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí impugnó el artículo 91 del Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí, reformado mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el dos de diciembre de dos mil veintidós, por lo que el plazo para promover la presente acción transcurrió del tres de diciembre de dos mil veintidós al primero de enero de dos mil veintitrés, aunque la demanda pudo haberse presentado el dos de enero siguiente, pues el último día del plazo fue inhábil en términos de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(5)
17. De cualquier manera, y toda vez que la demanda se presentó el veinte de diciembre de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se concluye que su presentación fue oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
18. La acción fue promovida por parte legítima.
19. En términos del artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los organismos de protección de los derechos humanos de los Estados tienen legitimación para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de las leyes de las respectivas entidades federativas que estimen violatorias de derechos humanos.
20. Además, conforme a lo previsto por el artículo 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(6) es necesario que los promoventes comparezcan a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.(7)
21. En el caso, la demanda fue presentada por Giovanna Itzel Argüelles Moreno en su carácter de presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí, lo que acreditó con copia certificada del Decreto 1143 publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno.(8)
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
22. Previo al análisis de fondo, este Tribunal Pleno debe ocuparse de las causas de improcedencia hechas valer por las partes y, en su caso, de las que se adviertan de oficio.
23. Por principio de cuentas, debe recordarse que la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí impugna dos porciones normativas del artículo 91 del Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí. Por un lado, ofrece argumentos para combatir la porción normativa "personas incapaces" y otros para combatir la relativa a "personas con discapacidad".
24. En su informe, el Congreso del Estado sostiene que la figura relativa a "personas incapaces" contenida en el artículo 91 impugnado no es susceptible de ser analizada por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al no haber sido introducida con motivo de la reforma de dos de diciembre de dos mil veintidós, sino desde el dos mil diecisiete.
25. Además, argumenta que el empleo de dicho término es congruente con lo dispuesto en diversos artículos del propio Código Familiar, correspondientes a la tutela de personas incapaces, es decir, de aquellos que no estando sujetos a la patria potestad, tienen incapacidad natural y legal o solamente incapacidad legal, la cual debe ser declarada por una autoridad judicial, por lo que dicha figura "difiere de la discapacidad mental y, por tal motivo ambas coexisten en el ordenamiento jurídico".
26. Tomando en cuenta lo anterior, y aun cuando dicha autoridad no hace valer de manera expresa alguna causal de improcedencia, lo cierto es que sus argumentos sí se encuentran dirigidos a evidenciar que la porción normativa "personas incapaces" del artículo 91 impugnado no puede ser analizada en el presente medio de control constitucional, al no haber sido introducida mediante el decreto combatido y lo que, de ser cierto, generaría la improcedencia de la presente acción en relación con la referida porción.
27. Por lo anterior, se estima que la argumentación expuesta por el Congreso del Estado justifica el examen que a continuación se realiza.
28. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 60/2021,(9) se recordó que este Tribunal Pleno, en un primer momento y a partir de lo sustentado en la tesis jurisprudencial P./J. 25/2016 (10a.),(10) ha considerado que existe un nuevo acto legislativo que permite la nueva impugnación de una norma a través de la acción de inconstitucionalidad, cuando se actualicen los dos siguientes aspectos:
a) Que se haya llevado a cabo un procedimiento legislativo (criterio formal) y
b) Que la modificación normativa sea sustantiva o material. 29. El primer aspecto se refiere a que la norma impugnada haya sido objeto del desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo, tales como: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación. Este último paso resulta relevante, pues es a partir de la publicación que se puede ejercer la acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional por medio de los entes legitimados.
30. El segundo requisito implica que la modificación a la norma debe ser sustantiva o material, es decir, que exista un cambio que modifique la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto.
31. Ahora, en este segundo aspecto, en el precedente mencionado se expuso que el criterio que actualmente sostiene este Alto Tribunal consiste en que se lleve a cabo una modificación al sentido normativo de la norma impugnada. Esto no acontece como regla general, por ejemplo, cuando se reproduce un artículo exactamente con el mismo contenido que el reformado. Tampoco cuando solamente se varíen las fracciones o párrafos de un artículo y que, por cuestiones de técnica legislativa deban recorrerse, siempre y cuando las nuevas inserciones no impliquen una modificación en el sistema normativo al que fueron adheridas.
32. En este sentido, no basta con la sola publicación de la norma para que se considere un nuevo acto legislativo, ni que se reproduzca íntegramente, sino que es necesario que la modificación impacte en el alcance de la norma con elementos novedosos que la hagan distinta a la que se encontraba regulada.
33. De esta manera, para poder considerar que se está frente a un nuevo acto legislativo es necesario que, una vez agotadas las fases del procedimiento legislativo, exista un cambio en el sentido normativo de la norma impugnada.
34. Ahora bien, en este caso, contrario a lo que afirma el Poder Legislativo demandado, el artículo 91 del Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí, reformado mediante decreto publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el dos de diciembre de dos mil veintidós sí constituye un nuevo acto legislativo que permite el análisis de las dos porciones normativas impugnadas.
35. Para establecer las razones de ello, resulta pertinente contrastar el contenido normativo del artículo 91 impugnado de manera previa y posterior a la reforma de dos de diciembre de dos mil veintidós:
Ver contenido del artículo 91
36. De dicha comparativa se advierte que es cierto que antes de la reforma combatida ya se establecía la facultad de la persona juzgadora de decretar las medidas provisionales necesarias para proteger a las "personas incapaces" ante una solicitud de divorcio incausado.
37. Sin embargo, este Tribunal Pleno considera que, en este caso en particular, dicha circunstancia no constituye un impedimento para analizar la regularidad constitucional de dicha porción normativa, pues la reforma impugnada, apreciada en su conjunto, sí modificó normativamente el artículo 91 del Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí, ya que introdujo una distinción que anteriormente no se preveía.
38. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 215/2020,(11) este Tribunal Pleno estableció que la determinación del nuevo acto legislativo debe analizarse a la luz del cambio en el sentido normativo que, en su conjunto, genera la modificación de alguna disposición. Es decir, la determinación del nuevo acto legislativo debe atender a la suma de las modificaciones jurídicas que ha sufrido la norma combatida y no al análisis sesgado o aislado de alguna de sus partes.
39. En este caso, se advierte que la adición del término "personas con discapacidad", por un lado, y por otra parte, la permanencia del concepto "personas incapaces" sí modificó el sentido normativo del artículo impugnado, pues la coexistencia de ambas porciones tuvo como consecuencia la introducción de una distinción entre las personas con alguna discapacidad, dependiendo del tipo de discapacidad de que se trate.
40. El artículo 303 del ordenamiento en análisis establece lo siguiente:
"Artículo 303. Tienen incapacidad natural y legal:
"I. La o el menor de edad, y
"II. La o el mayor de edad en los siguientes casos:
"a) Con algún tipo de discapacidad mental.
"b) Por disminución en su capacidad intelectual por locue6ra, aunque tengan intervalos lúcidos.
"c) Por padecer alguna afección originada por enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico y psicológico, siempre que debido a la limitación en la inteligencia que esto les provoque, no puedan gobernarse u obligarse por sí mismos, o manifestar su voluntad por algún medio.
"d) Por adicción a sustancias tóxicas como el alcohol, los psicotrópicos o los estupefacientes, siempre que debido a la limitación en la inteligencia que esto les provoque, no puedan gobernarse u obligarse por sí mismos, o manifestar su voluntad por algún medio.
"Si al cumplirse la mayoría de edad continúa el impedimento, el incapaz se sujetará a nueva tutela, previo juicio de interdicción, en el cual serán oídos la persona tutora y la curadora anteriores.
"La tutela es un cargo de interés público, del que nadie puede eximirse, sino por causa legítima, salvo en los casos de tutela autoasignada."
41. Como se advierte de la transcripción anterior, y sin emitir pronunciamiento alguno sobre la regularidad constitucionalidad de dicho sistema, en el Estado de San Luis Potosí, los mayores de edad que cuenten con "algún tipo de discapacidad mental", con alguna "disminución en su capacidad intelectual", o por "padecer alguna afección originada por enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico y psicológico" actualizarán la hipótesis normativa relativa a la incapacidad legal; mientras que las personas que no se ubiquen en esos supuestos, como por ejemplo, aquellas con alguna discapacidad sensorial, podrán ubicarse en el supuesto relativo a "personas con discapacidad".(12)
42. Si bien podría pensarse que, en todo caso, es en el artículo 303 del Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí en donde se materializa tal distinción (por exclusión) o, incluso, que en dicho precepto ya se regulan a todas las personas que tienen alguna discapacidad, lo cierto es que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede dejar de observar que el Congreso del Estado, al aprobar el decreto combatido, decidió adicionar al artículo 91 el término relativo a "personas con discapacidad" y, al mismo tiempo, mantener el diverso "personas incapaces" lo cual refleja su voluntad, al menos implícita, de establecer dos figuras distintas dependiendo del tipo de discapacidad de que se trate.
43. Pero como quiera que sea e, incluso, suponiendo que no fue voluntad del legislador diferenciar entre ambos grupos de personas, lo cierto es que no puede pasarse por alto que entre los distintos resultados legislativos que se generaron con motivo de la reforma impugnada de dos de diciembre de dos mil veintidós se encuentra una distinción que no se encontraba en el artículo 91 impugnado, pues ahora claramente se distingue a las "personas incapaces" de las "personas con discapacidad"; lo cual, a juicio de esta Suprema Corte, es suficiente para considerar procedente la impugnación de ambas porciones.
44. Tampoco deja de advertirse que en términos del artículo 303 transcrito, los menores de edad también son considerados incapaces y, por tanto, podría pensarse que el término "personas incapaces" abarca a los menores de edad; lo cual, de ser así, podría llevar a este Tribunal Pleno a llegar a una conclusión distinta a la adoptada en el presente apartado.
45. No obstante, desde la reforma de treinta de mayo de dos mil diecisiete, que fue precisamente en la que se incluyó esta facultad de la persona juzgadora de dictar medidas provisionales para proteger a ciertos grupos de personas, se estableció que entre ellos se encuentran, por un lado, los niños, niñas y adolescentes y, por otra parte, las "personas incapaces" lo que permite advertir que ésta última mención se refiere a los que tengan ese carácter en términos del Código Familiar, pero que sean mayores de edad.
46. Derivado de lo anterior, e insistiendo en que la mención que se hizo del artículo 303 del Código Familiar impugnado no tuvo como finalidad emitir pronunciamiento alguno sobre su regularidad constitucional, sino tomar en cuenta la regulación de las "personas incapaces", a fin de acreditar que la reforma combatida –particularmente con la adición de la porción "personas con discapacidad"– sí modificó el sentido normativo del artículo 91 combatido, esta Suprema Corte, privilegiando el fondo del asunto, desestima los planteamientos formulados por el Congreso del Estado de San Luis Potosí y concluye que la modificación al artículo 91 del Código Familiar de dicha entidad federativa constituye un nuevo acto legislativo que permite su impugnación, incluyendo lo relativo a las "personas incapaces".
47. Finalmente, al no haberse hecho valer otra causa de improcedencia, ni esta Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte de oficio que se actualice alguna, lo procedente es estudiar el fondo del asunto.
VI. ESTUDIO DE FONDO
48. De conformidad con el artículo 71 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(13) esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en suplencia de los conceptos de invalidez formulados por la Comisión accionante, considera que debe declararse la invalidez del artículo 91 del Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí en su porción normativa "las personas incapaces; personas con discapacidad", al advertirse que en el procedimiento legislativo que culminó con la emisión del decreto combatido no se realizó una consulta previa en materia de personas con discapacidad.
49. A fin de sustentar tal conclusión, el estudio se dividirá en dos apartados: en el primero de ellos (VI.1), se recordará el parámetro de regularidad constitucional en materia de consulta a personas con discapacidad que ha sido desarrollado por esta Suprema Corte y, hec
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32211-6a91b3df/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-estatal-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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