I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA. III. DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO. PARÁMETRO DE REGULARIDAD. IV. DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO. SE ENCUENTRA PROTEGIDO BAJO EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, EN TANTO SE TRATA DE UNA EXPRESIÓN DE LA INDIVIDUALIDAD DE LA PERSONA, RESPECTO DE SU PERCEPCIÓN SEXUAL Y DE GÉNERO ANTE SÍ MISMO, POR LO QUE SÓLO A ELLA CORRESPONDE DECIDIR AUTÓNOMAMENTE CUÁL ES ESA IDENTIDAD. V. IDENTIDAD DE GÉNERO. EL LEGISLADOR TIENE LA OBLIGACIÓN DE IMPLEMENTAR LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA EL RECONOCIMIENTO, TUTELA Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS TRANS, PARA LO CUAL DEBE ESTABLECER LA POSIBILIDAD DE QUE PUEDAN ADECUAR SU SEXO PSICOLÓGICO AL LEGAL A TRAVÉS DEL ACTA REGISTRAL, DE LO CONTRARIO SE VULNERARÍAN LA IDENTIDAD PERSONAL, EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, LA INTIMIDAD Y LA VIDA PRIVADA DE DICHAS PERSONAS. VI. DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO. PARÁMETRO CONVENCIONAL. VII. RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO AUTOPERCIBIDA EN EL ACTA DE NACIMIENTO. PRINCIPALES PRECEDENTES SOSTENIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON EL REQUISITO DE LA MAYORÍA DE EDAD PARA PODER ACCEDER A UN PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN O ADECUACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO. VIII. IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). IX. TEST DE ESCRUTINIO ESTRICTO. SE EXIGE CUANDO SE COMBATEN DISTINCIONES LEGISLATIVAS QUE SE APOYAN EN UNA DE LAS CATEGORÍAS SOSPECHOSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, O BIEN, CUANDO LA NORMA OPERA SOBRE CIERTOS DERECHOS FUNDAMENTALES ESPECIALMENTE SENSIBLES QUE EXIGEN UNA TUTELA REFORZADA. X. CONSTITUCIONALIDAD DE DISTINCIONES LEGISLATIVAS QUE SE APOYAN EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA. FORMA EN QUE DEBE APLICARSE EL TEST DE ESCRUTINIO ESTRICTO. XI. RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO AUTOPERCIBIDA EN EL ACTA DE NACIMIENTO. LA FINALIDAD DE ESTABLECER LA MAYORÍA DE EDAD PARA QUE UNA PERSONA SEA TITULAR DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, DESDE UNA VISIÓN GENERAL Y AMPLIA, ENCUENTRA JUSTIFICACIÓN COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 3.42, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO). XII. RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO AUTOPERCIBIDA EN EL ACTA DE NACIMIENTO. LA DISTINCIÓN REALIZADA ENTRE PERSONAS SOLICITANTES ADULTAS Y LAS QUE NO HAN CUMPLIDO LOS DIECIOCHO AÑOS DE EDAD ENCUENTRA JUSTIFICACIÓN COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, RESULTANDO VÁLIDO QUE LA AUTORIDAD ESTABLEZCA UN MOMENTO OBJETIVO COMO LO ES LA MAYORÍA DE EDAD LEGAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 3.42, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO). XIII. RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO AUTOPERCIBIDA EN EL ACTA DE NACIMIENTO. EL REQUISITO DE TENER DIECIOCHO AÑOS DE EDAD CUMPLIDOS PARA SU SOLICITUD, VULNERA EL DERECHO DE LA NIÑEZ A SU IDENTIDAD DE GÉNERO Y EL RECONOCIMIENTO DE ESA IDENTIDAD EN LOS REGISTROS Y DOCUMENTOS RESPECTIVOS, AL HABER ALTERNATIVAS PARA RESPETAR DICHO DERECHO Y QUE AL MISMO TIEMPO ESTABLEZCAN SALVAGUARDAS PARA CUMPLIR CON SU OBLIGACIÓN DE PROTEGER A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 3.42, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO). XIV. DISCRIMINACIÓN NORMATIVA. SU JUSTIFICACIÓN A PARTIR DE UN ANÁLISIS DE RAZONABILIDAD O TEST ORDINARIO DE IGUALDAD. XV. RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO AUTOPERCIBIDA EN EL ACTA DE NACIMIENTO. EXIGIR QUE SE DEMUESTRE QUE LA PERSONA SOLICITANTE NO SE ENCUENTRA SUJETA A UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL PERSIGUE UNA FINALIDAD CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA, AL BUSCAR PROTEGER LA SEGURIDAD JURÍDICA DE TERCERAS PERSONAS EN SUS RELACIONES JURÍDICAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 3.42, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO). XVI. RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO AUTOPERCIBIDA EN EL ACTA DE NACIMIENTO. EXIGIR QUE SE DEMUESTRE QUE LA PERSONA SOLICITANTE NO SE ENCUENTRA SUJETA A UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL SE TRADUCE EN UNA DISCRIMINACIÓN NORMATIVA EN SU PERJUICIO, TODA VEZ QUE LA MODIFICACIÓN DEL ACTA DE NACIMIENTO RESPECTIVA POR TAL RECONOCIMIENTO NO EXTINGUE SUS DERECHOS NI OBLIGACIONES FRENTE A TERCERAS PERSONAS, ADEMÁS DE QUE YA EXISTEN MECANISMOS EN LA PROPIA LEGISLACIÓN CIVIL LOCAL QUE PROTEGEN LOS DERECHOS DE TERCERAS PERSONAS FRENTE A DICHA MODIFICACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 3.42, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO). XVII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A LOS DOCE MESES SI
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 124/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 15 DE JUNIO DE 2023. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIA: IRLANDA DENISSE ÁVALOS NÚÑEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad en contra de las fracciones III y VI del artículo 3.42 del Código Civil del Estado de México, en el cual se establecen diversos requisitos para solicitar la rectificación de acta de nacimiento para el reconocimiento de identidad de género ante el Registro Civil de dicha entidad. Las fracciones efectivamente impugnadas establecen los requisitos de "ser mayor de edad" y "no estar sujeto o sujeta a procedimiento judicial que afecte derechos de terceros", respectivamente.
El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte debe resolver si estos preceptos se ajustan o no al parámetro constitucional y convencional.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al quince de junio de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 124/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de las fracciones III y VI del artículo 3.42 del Código Civil del Estado de México, adicionado mediante el Decreto Número 274, publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno de esa entidad.
ANTECEDENTES
1. Publicación del Decreto. El veintidós de julio de dos mil veintiuno se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de México el Decreto número 274 por el que se reformó el artículo 3.1 y se adicionó el Capítulo VIII denominado "Expedición de acta por rectificación para el reconocimiento de identidad de género" con los artículos 3.42, 3.43, 3.44, 3.45 y 3.46 del Código Civil del Estado de México.
2. Presentación de la acción. Por escrito depositado a través del buzón judicial el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que planteó la invalidez del artículo 3.42, en sus fracciones III y VI, del Código Civil del Estado de México, cuyo texto establece lo siguiente:
Artículo 3.42. Toda persona con capacidad legal, que así lo requiera, puede solicitar al Oficial del Registro Civil en donde está asentada su acta de nacimiento la rectificación de esta, para el reconocimiento de identidad de género, previa anotación correspondiente. La persona solicitante deberá cumplir con los requisitos siguientes:
I-II (...)
III. Ser mayor de edad;
IV-V (...)
VI. No estar sujeto o sujeta a proceso judicial que afecte derechos de terceros.
3. Artículos constitucionales violados. La accionante consideró vulnerados los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos; los artículos 1, 5, 11, 18, 19 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; los artículos 2, 3, 16, 24, y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y los artículos 3, 4, 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
4. Concepto de invalidez. En su escrito de demanda, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expuso los siguientes argumentos de invalidez:
a) Las fracciones III y VI del artículo 3.42 del Código Civil del Estado de México vulneran los derechos a la igualdad y no discriminación; al libre desarrollo de la personalidad; a la identidad personal, sexual y de género; a la propia imagen; a la intimidad; y el principio de interés superior de la infancia y adolescencia, reconocidos en el texto constitucional y en diversos tratados internacionales.
b) Inconstitucionalidad del requisito de tener la mayoría de edad. El legislador local incorporó en su sistema normativo un procedimiento para que las personas puedan acceder a la rectificación de sus actas de nacimiento a fin de que se les reconozca su identidad de género; no obstante, solo se reconoció legitimación a las personas mayores de edad, lo cual vulnera los derechos humanos de las niñas, de los niños y de los adolescentes al impedir que puedan obtener el cambio de su acta de nacimiento.
c) Si bien las personas menores de edad no pueden ejercer sus derechos o contraer obligaciones de forma personal, ello no es suficiente para negarles la posibilidad de acceder al referido procedimiento, pues bien podrían hacerlo a través de la representación de sus padres, madres o tutores.
d) Las niñas, los niños y los adolescentes pueden tener conciencia sobre su identidad de género a edades tempranas, por lo que la edad no debe ser un motivo para negarles la capacidad jurídica que les permita intervenir en dicho procedimiento.
e) De acuerdo con la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e identidad de Género 2018 (ENDOSIG), el 27.1% y 38.3% de las personas encuestadas reconocieron su orientación sexual en su infancia y adolescencia, respectivamente. Por su parte, el 39.2% y 22.8% asumieron en su infancia y adolescencia su identidad de género.
f) La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva OC-24/17, sostuvo que las consideraciones relacionadas con el derecho a la identidad de género son aplicables a las niñas, a los niños y a los adolescentes que deseen modificar sus documentos y registros; por lo que precisó que es una obligación del Estado respetar y garantizar a toda persona la posibilidad de registrar, cambiar o adecuar su nombre y los demás componentes esenciales de su identidad, sin interferencias por parte de las autoridades públicas o de terceras personas.
g) Al impedir el acceso a este procedimiento a las personas menores de edad, la norma perpetua y reproduce la discriminación histórica-estructural que estos grupos han sufrido.
h) Facilitar este procedimiento a las personas menores de edad les permite tener un desarrollo integral, el acceso a otros derechos y que sean considerados como titulares de derecho; por el contrario, la visión adultocentrista inhibe el reconocimiento pleno de la dignidad humana de las niñas, de los niños y de los adolescentes.
i) La norma no supera un examen de escrutinio estricto desde la primera grada, pues no existe una justificación constitucionalmente imperiosa para exigir la mayoría de edad para acceder al procedimiento de expedición de una nueva acta de nacimiento por identidad de género, aunado a que no existe imperativo constitucional para limitar el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
j) Inconstitucionalidad del requisito de no ser sujeto o sujeta a proceso judicial que afecte derechos de terceros. El requisito de la fracción VI del artículo 3.42 del Código Civil del Estado de México es contrario al derecho de igualdad y a la no discriminación reconocido en el artículo primero constitucional.
k) El hecho de que una persona se encuentre sujeta a un proceso judicial que pueda afectar a terceras personas no es un impedimento razonable para obstruir el derecho humano a la identidad.
l) El propio artículo 3.42 del Código Civil, en su último párrafo, contiene una previsión que busca evitar que se cause inseguridad jurídica, al establecer que "los derechos y obligaciones de la persona que realice la rectificación de su acta de nacimiento, no se modificarán ni se extinguirán con la nueva identidad jurídica (...)".
m) Por lo tanto, el requisito impugnado es desproporcional y se traduce en una exclusión injustificada y discriminatoria de las personas que se encuentran en esa condición jurídica, limitando el ejercicio de su derecho a la identidad, lo que impacta en la posibilidad de ejercer otros derechos.
n) La citada fracción VI no supera un análisis de escrutinio ordinario. Si bien podría cumplir con la primera grada, al perseguir una finalidad constitucionalmente válida (salvaguardar la seguridad jurídica de terceras personas), no supera la segunda grada, pues la medida establecida no tiene una relación directa, clara e indefectible para el necesario cumplimiento de dicho fin.
o) Los derechos y obligaciones adquiridos, previo a la modificación del acta por reconocimiento de identidad de género, no se modifican ni se extinguen con la nueva identidad jurídica. Es decir, la protección de los derechos de las personas trans no implica la desprotección de los derechos de terceras personas o del orden público.
5. Registro y turno. Por acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 124/2021 y lo turnó a la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat como instructora del procedimiento.
6. Admisión. Por acuerdo del nueve de septiembre de dos mil veintiuno, la Ministra instructora admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad; tuvo a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Veracruz como las autoridades que emitieron y promulgaron el decreto impugnado, por lo que les solicitó su respectivo informe; y dio vista del asunto al Fiscal General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.
7. Informe del Poder Legislativo del Estado de México. El once de octubre de dos mil veintiuno, el Poder Legislativo estatal, por conducto de la Diputada Ingrid Kraposani Schemelensky Castro, en su carácter de Presidenta de la LVXI Legislatura, rindió informe en los siguientes términos:
a) Contrario a lo sostenido por la Comisión accionante, la norma cuya invalidez se reclama no vulnera el artículo 1o. constitucional, pues los requisitos de mayoría de edad y de no encontrarse sujeto o sujeta a procedimiento judicial que afecte a terceras personas no son desproporcionales. Más bien los artículos impugnados se apegan a lo establecido en el artículo 4o., párrafo noveno, de la Constitución, Política del país, pues tienden a salvaguardar el interés superior de las personas menores de edad.
b) La porción normativa impugnada es una restricción necesaria, pues su finalidad es fijar un criterio objetivo de madurez y evitar parámetros subjetivos sobre la madurez de la persona, especialmente cuando se está en pleno proceso de desarrollo mental y social, mediante el establecimiento de medidas protectoras por parte de las personas operadoras jurídicas.
c) La capacidad jurídica de las niñas y de los niños se encuentra establecida en los códigos civiles a nivel nacional, los cuales disponen unánimemente que los niños, las niñas y los adolescentes no tienen capacidad de ejercicio hasta alcanzar la mayoría de edad legal. Lo anterior, en virtud de que, por regla general, las personas menores de edad no han alcanzado las condiciones de madurez suficientes para considerar racionalmente sus propios intereses, por lo que ciertas decisiones podrían tener un efecto dañino en su futuro.
d) De esta manera, tanto la jurisprudencia, como la ley han establecido que el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad está relacionado con la capacidad que tienen las personas de tomar decisiones que dependen de una voluntad reflexiva y formada.
e) Por lo tanto, la norma impugnada es acorde al deber constitucional de protección de la niñez, que se impone tanto a los particulares como a los poderes públicos, sin dejar de considerar que las personas menores de edad son titulares de derechos con una capacidad progresiva para ejercerlos. Esto, siempre guiado por la salvaguarda de su mejor interés y en concordancia con el ejercicio de la patria potestad y de la responsabilidad parental.
f) Por su parte, la porción normativa que impone el requisito de no estar sujeto o sujeta a un proceso judicial que afecte a terceras personas es acorde con el principio de presunción de inocencia.
g) La persona solicitante no pierde su derecho a rectificar el acta de nacimiento ni su derecho a la identidad de género, ya que sólo es una restricción temporal hasta en tanto se resuelva de forma definitiva la secuela procesal, debido a la obligación general de garantizar protección a terceras personas.
8. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de México. El veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, Carlos Felipe Fuentes del Rio pretendió rendir informe en representación legal del Gobernador Constitucional del Estado de México, sin embargo, al no acompañar la documental que acreditara tal carácter se le requirió para que remitiera copia certificada que confirmara su personería.
9. El veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, la Ministra instructora tuvo por desahogado el requerimiento y por rendido el informe, el cual se presentó en los términos siguientes:
a) La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que las garantías de fundamentación y motivación de los actos legislativos se ven satisfechos con el hecho de que sean emitidos por la autoridad constitucionalmente competente.
b) La promulgación del Decreto Número 274, por el que se reforma el artículo 3.1 y se adiciona el capítulo VIII, denominado "Expedición de Acta por rectificación para el reconocimiento de identidad de Género" al Título Segundo denominado "De las Actas" del Libro Tercero denominado "Del Registro Civil", así como los artículos 3.42 a 4.46 del Código Civil del Estado de México, no vulnera los derechos garantizados por la Constitución Política del país, ya que se realizó con apego a los principios de fundamentación y motivación.
c) El decreto fue emitido por la autoridad facultada para ello, además de ser una de las obligaciones del Gobernador del Estado de México el promulgar y publicar las leyes, acuerdos o decretos que expida la Legislatura.
d) Contrario a lo reclamado por la Comisión accionante, la norma impugnada no vulnera los derechos de igualdad y no discriminación, libre desarrollo de la personalidad, identidad de género, propia imagen, intimidad, ni los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
e) Lejos de privar a las personas que no cuentan con la mayoría de edad de acceder al procedimiento de rectificación de acta de nacimiento para el reconocimiento de su identidad de género, la norma impugnada, implícitamente, es respetuosa de las obligaciones de los ascendientes, de los tutores y de los custodios de preservar y exigir el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
f) La Constitución Política del país impone una regla de tratamiento que admite excepciones cuando se busca satisfacer una finalidad constitucionalmente válida y exige medios ajustados a tal fin. Por otro lado, la propia Constitución suspende derechos o prerrogativas a ciudadanos sujetos a proceso judicial, lo cual evidencia un trato desigual frente a escenarios desiguales.
g) Lejos de vulnerar el principio de igualdad y no discriminación, el decreto de reformas tuvo como prioridad actualizar la legislación civil adjetiva estatal en concordancia con la realidad social y las necesidades actuales, al favorecer la tramitación de la rectificación del acta de nacimiento para el reconocimiento de identidad de género mediante un acto administrativo, sin intervención judicial.
10. Pedimento. El Fiscal General de la República y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal no hicieron pedimento ni emitieron opinión alguna.
11. Alegatos. El nueve y el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo del Estado de México presentaron sus respectivos escritos de alegatos en el sentido de sostener la validez de las porciones normativas impugnadas en los mismos términos que lo manifestado en sus informes.
12. Por su parte, el quince de diciembre de dos mil veintiuno, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos formuló sus alegatos reiterando la invalidez de las fracciones reclamadas.
13. Cierre de la instrucción. Mediante acuerdo de seis de enero de dos mil veintidós, la Ministra instructora cerró la instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
14. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(2) Lo anterior, toda vez que la Comisión Nacional de Derechos Humanos planteó la invalidez de las fracciones III y VI del artículo 3.42 del Código Civil del Estado de México por vulnerar derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en tratados internacionales de los que México es parte.
II. OPORTUNIDAD
15. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada, en la inteligencia de que, si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
16. En el caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugna el Decreto número 274, publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de México el veintidós de julio de dos mil veintiuno. Por lo tanto, el plazo de treinta días naturales para promover el presente medio de control constitucional transcurrió del viernes veintitrés de julio al sábado veintiuno de agosto de dos mil veintiuno.
17. Consecuentemente, toda vez que el último día del plazo fue inhábil y la demanda se presentó el lunes veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, es decir, al día hábil siguiente, es claro que su presentación resulta oportuna.
III. LEGITIMACIÓN
18. La acción fue promovida por parte legitimada. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g),(4) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo legitimado para impugnar leyes expedidas por las legislaturas estatales que considere violatorias de derechos humanos.
19. En el caso, la promovente impugnó el artículo 3.42, en sus fracciones III y VI, del Código Civil del Estado de México al considerar que su contenido vulnera los principios de igualdad y no discriminación, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la identidad, así como el principio de interés superior de la infancia y de la adolescencia.
20. Además, la demanda fue presentada por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, personalidad que acredita mediante el acuerdo de designación de doce de noviembre de dos mil diecinueve expedido por el Senado de la República, suscrito por la Presidenta y el Secretario de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura de dicho órgano legislativo.
21. En esos términos, este Tribunal Pleno concluye que la acción de inconstitucionalidad fue promovida por parte legitimada para ello.
IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
22. Las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia ni motivo de sobreseimiento y este Pleno tampoco advierte su actualización de oficio.
V. ESTUDIO DE FONDO
23. Como se destacó con anterioridad, la Comisión Nacional de Derechos Humanos impugnó el artículo 3.42 del Código Civil del Estado de México, concretamente, en sus fracciones III y VI, en las cuales el legislador local estableció dos requisitos para poder solicitar la rectificación del acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género ante el Registro Civil de dicha entidad.
24. El precepto impugnado establece lo siguiente: "Artículo 3.42. Toda persona con capacidad legal, que así lo requiera, puede solicitar al Oficial del Registro Civil en donde está asentada su acta de nacimiento la rectificación de esta, para el reconocimiento de identidad de género, previa anotación correspondiente. La persona solicitante deberá cumplir con los requisitos siguientes:
I-II (...)
III. Ser mayor de edad;
IV-V (...)
VI. No estar sujeto o sujeta a proceso judicial que afecte derechos de terceros".
25. La accionante consideró, en general, que los requisitos de contar con la mayoría de edad y de no estar sujeto o sujeta a proceso judicial que afecte derechos de terceras personas vulneran los derechos a la igualdad y no discriminación; al libre desarrollo de la personalidad y a la identidad personal, sexual y de género; a la propia imagen; a la intimidad, así como al principio de interés superior de la infancia y adolescencia, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos tratados internacionales.
26. Así, por cuestiones metodológicas, esta resolución se estructura de la siguiente manera:
A. Parámetro de regularidad constitucional del derecho a la identidad de género.
B. Análisis de constitucionalidad del requisito de contar con la mayoría de edad de la fracción III del artículo 3.42 del Código Civil del Estado de México.
C. Análisis de constitucionalidad del requisito de no estar sujeta o sujeto a proceso judicial que pueda afectar derechos de terceras personas, establecido en la fracción VI del artículo 3.42 del Código Civil del Estado de México.
A. PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO
27. Debe destacarse que las consideraciones que se desarrollan en este apartado de parámetro de regularidad constitucional se retoman en lo conducente, de la acción de inconstitucionalidad 132/2021, aprobada por este Tribunal Pleno.(5)
28. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que el derecho a la identidad de género se encuentra protegido bajo el derecho al libre desarrollo de la personalidad, en tanto que se trata de una expresión de la individualidad de la persona, respecto de su percepción sexual y de género ante sí misma.
29. El reconocimiento de la identidad de las personas es uno de los medios que facilita el ejercicio de los derechos a la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad, a la inscripción en el registro civil, a las relaciones familiares, entre otros derechos reconocidos en instrumentos internacionales.(6)
30. De manera destacada, el registro del acta de nacimiento se convierte en un instrumento primario y punto de partida para ejercer la personalidad jurídica ante el Estado y frente a los particulares, y actuar en condiciones de igualdad ante la ley.(7) De ahí que el derecho la identidad de género implique la posibilidad de adecuar el acta de nacimiento a esa identidad.
31. Por ello, el legislador tiene la obligación de implementar los mecanismos necesarios para el reconocimiento, tutela y garantía de los derechos de las personas trans, para lo cual debe establecer la posibilidad de que puedan adecuar su acta registral.(8) La falta de procedimientos adecuados para que su identidad de género figure en sus documentos oficiales se traduciría en una violación a la identidad personal, al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad y a la vida privada.
32. Al respecto, en la Opinión Consultiva 24/2017 sobre identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo,(9) la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que el derecho a la identidad puede ser conceptualizado, en general, como el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en sociedad.(10) En ese sentido, la Corte Interamericana señala que:
(...) se puede entender que este derecho está íntimamente ligado a la persona en su individualidad específica y vida privada, sustentadas ambas en una experiencia histórica, y biológica, así como en la forma en que se relaciona con los demás, a través del desarrollo de vínculos en el plano familiar y social. Lo anterior también implica que las personas pueden experimentar la necesidad de que se las reconozca como entes diferenciados y diferenciables de los demás. Para alcanzar ese fin, es ineludible que el Estado y la sociedad, respeten y garanticen la individualidad de cada una de ellas, así como el derecho a ser tratado de conformidad con los aspectos esenciales de su personalidad, sin otras limitaciones que las que imponen los derechos de las demás personas. Es por ello que el afianzamiento de la individualidad de la persona ante el Estado y ante la sociedad, se traduce por su facultad legítima de establecer la exteriorización de su modo de ser, de acuerdo con sus más íntimas convicciones. Del mismo modo, uno de los componentes esenciales de todo plan de vida y de la individualización de las personas es precisamente la identidad de género y sexual.(11)
33. En relación con el fundamento jurídico de la identidad de género, la Corte Interamericana ha sostenido que este derecho se encuentra protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos a través de las disposiciones que garantizan el libre desarrollo de la personalidad (artículos 7 y 11.2), el derecho a la vida privada (artículo 11.2), el reconocimiento de la personalidad jurídica (artículo 3) y el derecho al nombre (artículo 18).(12)
34. El fundamento del derecho a la identidad de género de dicha Convención Americana permite dar cuenta de la condición de interdependencia que tienen ciertos derechos respecto a la identidad de género. Es decir, la falta de reconocimiento de la identidad de género de las personas trans se traduce en un obstáculo para el ejercicio de múltiples derechos, tales como el derecho a la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad, a la inscripción en el registro civil, a las relaciones familiares, entre otros reconocidos convencionalmente.(13)
35. Por lo tanto, debe garantizarse la existencia de procedimientos efectivos, accesibles y universales que permitan registrar, cambiar, rectificar o adecuar el nombre y los demás componentes esenciales de la identidad de una persona.(14)
36. Estos procedimientos deben cumplir con ciertas características las cuales, de conformidad con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva 24/17, deben consistir en lo siguiente:(15)
a. Deben ser integrales, lo cual implica que deben permitir cambiar el nombre de pila, la imagen fotográfica y el género o sexo.
b. Deben estar basados únicamente en el consentimiento libre e informado de la persona solicitante, sin que se exijan requisitos como las certificaciones médicas y/o psicológicas u otros que puedan resultar irrazonables o patologizantes.
c. Los procedimientos y los cambios, correcciones o adecuaciones en los registros deben ser confidenciales y los documentos de identidad no deben reflejar los cambios de la identidad de género.
d. Los procedimientos deben ser expeditos y deben tender a la gratuidad.
e. No podrá exigirse la acreditación de operaciones quirúrgicas y/o hormonales.
f. Cuando se trata de niñas, niños y adolescentes deberán adoptarse medidas de especial protección, las cuales deben diseñarse necesariamente en concordancia con los principios del interés superior del niño y de la niña, el de la autonomía progresiva, a ser escuchado y a que se tome en cuenta su opinión en todo procedimiento que lo afecte, de respeto al derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, así como al principio de no discriminación.
g. El procedimiento que mejor se ajusta a los requisitos previamente establecidos es el de naturaleza materialmente administrativa.
37. Con base en este parámetro de regularidad constitucional, este Tribunal Pleno procede al análisis de constitucionalidad de cada uno de los requisitos impugnados.
B. ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DEL REQUISITO DE CONTAR CON LA MAYORÍA DE EDAD DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 3.42 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO
38. En su concepto de invalidez, la Comisión accionante sostiene que a pesar de que el Congreso local incorporó en su sistema normativo un procedimiento para que las personas puedan acceder a la rectificación de sus actas de nacimiento a fin de que se les reconozca su identidad de género, lo cierto es que solo les reconoció legitimación a las personas mayores de edad, lo cual vulnera los derechos humanos de las niñas, de los niños y de los adolescentes.
39. La accionante indica que no debe soslayarse que se puede tener conciencia sobre la propia identidad de género a edades tempranas y que, negarles la posibilidad de modificar sus documentos de identidad a las personas menores de edad perpetúa la discriminación histórica que han sufrido las infancias trans.
40. Por ende, de acuerdo con la Comisión accionante, la fracción III del artículo 3.42 del Código Civil impugnado no supera un examen de escrutinio estricto desde la primera grada, pues no existe una justificación constitucionalmente imperiosa para exigir la mayoría de edad para acceder al procedimiento de expedición de una nueva acta de nacimiento por identidad de género, aunado a que no existe imperativo constitucional para limitar el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
41. Dicho precepto establece, a la letra, lo siguiente:
"Artículo 3.42. Toda persona con capacidad legal, que así lo requiera, puede solicitar al Oficial del Registro Civil en donde está asentada su acta de nacimiento la rectificación de esta, para el reconocimiento de identidad de género, previa anotación correspondiente. La persona solicitante deberá cumplir con los requisitos siguientes:
I-II (...)
III. Ser mayor de edad;
IV-VI (...)
42. Ahora bien, previo al estudio de la norma impugnada, es importante destacar que esta no es la primera vez que esta Suprema Corte se enfrenta al análisis de validez constitucional de un requisito como el que ahora se analiza, relativo a contar con la mayoría de edad para poder acceder a un procedimiento de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32765-7f9961a9/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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