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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO. SE ENCUENTRA PROTEGIDO BAJO EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, EN TANTO SE TRATA DE UNA EXPRESIÓN DE LA INDIVIDUALIDAD DE LA PERSONA, RESPECTO DE SU PERCEPCIÓN SEXUAL Y DE GÉNERO ANTE SÍ MISMO, POR LO QUE SÓLO A ELLA CORRESPONDE DECIDIR AUTÓNOMAMENTE CUÁL ES ESA IDENTIDAD. IV. IDENTIDAD DE GÉNERO. IMPLICA EL DERECHO DE CADA PERSONA A QUE LOS ATRIBUTOS DE LA PERSONALIDAD ANOTADOS EN REGISTROS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN COINCIDAN CON LAS DEFINICIONES IDENTITARIAS QUE TIENEN DE ELLAS MISMAS Y, EN CASO DE QUE NO EXISTA TAL CORRESPONDENCIA, EXISTA LA POSIBILIDAD DE MODIFICARLAS. V. IDENTIDAD DE GÉNERO. EL LEGISLADOR TIENE LA OBLIGACIÓN DE IMPLEMENTAR LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA EL RECONOCIMIENTO, TUTELA Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS TRANS, PARA LO CUAL DEBE ESTABLECER LA POSIBILIDAD DE QUE PUEDAN ADECUAR SU SEXO PSICOLÓGICO AL LEGAL A TRAVÉS DEL ACTA REGISTRAL, PUES DE LO CONTRARIO SE VULNERARÍAN LA IDENTIDAD PERSONAL, EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, LA INTIMIDAD Y LA VIDA PRIVADA DE LAS PERSONAS TRANS. VI. DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO. PARÁMETRO CONVENCIONAL. VII. REASIGNACIÓN SEXO-GENÉRICA. LA VÍA ADMINISTRATIVA REGISTRAL ES LA IDÓNEA PARA LA ADECUACIÓN O EXPEDICIÓN DE LAS ACTAS DE NACIMIENTO POR ESE MOTIVO. VIII. IDENTIDAD DE GÉNERO AUTO-PERCIBIDA (REASIGNACIÓN SEXO-GENÉRICA). EL PROCEDIMIENTO IDÓNEO PARA LA ADECUACIÓN DEL ACTA DE NACIMIENTO ES EL DE NATURALEZA FORMAL Y MATERIALMENTE ADMINISTRATIVA. IX. IDENTIDAD DE GÉNERO AUTO-PERCIBIDA (REASIGNACIÓN SEXO-GENÉRICA). REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADECUACIÓN DEL ACTA DE NACIMIENTO Y DEMÁS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD. X. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SUPONE EL DEBER DE TODA AUTORIDAD DE CONSIDERAR EL DESARROLLO DE LA INFANCIA Y EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS COMO CRITERIOS RECTORES PARA LA ELABORACIÓN DE NORMAS Y LA APLICACIÓN DE ÉSTAS, EN TODOS LOS ÓRDENES RELATIVOS A LA VIDA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. XI. INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. IMPLICA LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE ASEGURAR QUE EN TODOS LOS ASUNTOS, MEDIDAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS QUE INVOLUCREN A LA NIÑEZ, SIEMPRE SE CONSIDERE COMO PRINCIPIO RECTOR, CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE DISFRUTEN Y GOCEN DE TODOS SUS DERECHOS FUNDAMENTALES. XII. DERECHO A LA IDENTIDAD DE LOS MENORES DE EDAD. SE CONFIGURA NO SÓLO POR EL RECONOCIMIENTO DE SU ORIGEN BIOLÓGICO SINO TAMBIÉN POR SU REALIDAD SOCIAL. XIII. DERECHO A LA IDENTIDAD DE LOS MENORES DE EDAD. LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TIENEN DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO AL IGUAL QUE LAS PERSONAS ADULTAS, LO CUAL IMPLICA QUE ÉSTA LES SEA RECONOCIDA EN LOS REGISTROS Y DOCUMENTOS QUE PARA ELLOS EXPIDA EL ESTADO. XIV. IGUALDAD. CUANDO UNA LEY CONTENGA UNA DISTINCIÓN BASADA EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA, EL JUZGADOR DEBE REALIZAR UN ESCRUTINIO ESTRICTO A LA LUZ DE AQUEL PRINCIPIO. XV. INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. XVI. TEST ESTRICTO DE IGUALDAD. ES EXIGIBLE CUANDO LA NORMA IMPUGNADA CONTIENE UNA DISTINCIÓN BASADA EN LA EDAD DE LAS PERSONAS QUE SOLICITAN EL LEVANTAMIENTO DE UN ACTA DE NACIMIENTO NUEVA PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO AUTOPERCIBIDA, POR IMPACTAR DIRECTAMENTE EN EL INTERÉS SUPERIOR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. XVII. RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO AUTOPERCIBIDA EN EL ACTA DE NACIMIENTO. LA FINALIDAD DE ESTABLECER LA MAYORÍA DE EDAD PARA QUE UNA PERSONA SEA TITULAR DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, DESDE UNA VISIÓN GENERAL Y AMPLIA, SÍ SE ENCUENTRA ESTRECHAMENTE VINCULADA CON LA FINALIDAD CONSTITUCIONAL COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (INVALIDEZ DE LA PORCIÓN NORMATIVA "MAYORES DE EDAD" DEL ARTÍCULO 116 BIS, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DEL REGISTRO CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA). XVIII. RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO AUTOPERCIBIDA EN EL ACTA DE NACIMIENTO. LA DISTINCIÓN REALIZADA ENTRE PERSONAS ADULTAS Y PERSONAS QUE NO HAN CUMPLIDO LOS DIECIOCHO AÑOS DE EDAD PARA PODER SOLICITARLA, ENCUENTRA JUSTIFICACIÓN COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (INVALIDEZ DE LA PORCIÓN NORMATIVA "MAYORES DE EDAD" DEL ARTÍCULO 116 BIS, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DEL REGISTRO CIVIL PARA EL EST

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 45/2021. · Registro digital (IUS): 31853
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-10-13
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Octubre de 2023, Tomo I, Pág.146.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 45/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 19 DE JUNIO DE 2023. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: MARÍA DOLORES IGAREDA DIEZ DE SOLLANO.

ÍNDICE

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecinueve de junio de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 45/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su presidenta, en contra del artículo 116 Bis, párrafo primero, de la Ley del Registro Civil para el Estado de Sonora,(1) adicionado mediante decreto publicado el dos de febrero de dos mil veintiuno en el Boletín Oficial del Estado de Sonora.

I. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el cuatro de marzo de dos mil veintiuno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 116 Bis, párrafo primero, de la Ley del Registro Civil para el Estado de Sonora, adicionado mediante decreto publicado el dos de febrero de dos mil veintiuno en el Boletín Oficial del Estado de Sonora (en adelante "LRCES" o "ley").(2)

2. Preceptos que se consideran violados. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que se transgreden los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante "CPEUM" o "Constitución Federal"); 1, 5, 11, 18, 19 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "CADH"); 2, 3, 16, 24 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante "PIDCP") y, 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño (en adelante "CSDN").

3. Conceptos de invalidez. En su escrito de demanda, la Comisión accionante expone un único concepto de invalidez a través del cual aduce que el artículo 116 Bis, párrafo primero, de la Ley del Registro Civil para el Estado de Sonora contraviene el derecho a la igualdad y no discriminación, así como el derecho al libre desarrollo de la personalidad y de la identidad personal y sexual, en perjuicio de niñas, niños y adolescentes que deseen acceder a ese procedimiento registral. Para ello señala, en la introducción de sus argumentos de inconstitucionalidad, que:

(i) La norma presupone que toda persona que no ha alcanzado la mayoría de edad es incapaz de definir su identidad de género auto percibida que le permita acudir, ante la instancia competente, a solicitar la expedición de una nueva acta de nacimiento por haber discordancia entre el sexo con el que se identifica y aquel que le fue legalmente asignado al nacer.

(ii) La norma es desproporcional porque no existe justificación constitucional para que el legislador haya impuesto esa limitante en razón de la edad para acceder al procedimiento respectivo. Además, impide que la soliciten mediante dicho procedimiento las personas que no cuentan con la edad requerida, por lo que se vulnera su derecho a la identidad, ya que el género es un elemento constitutivo de ese derecho.

4. A continuación, alude al contenido de los derechos a la igualdad y la prohibición de discriminar; al desarrollo jurisprudencial del derecho al reconocimiento del libre desarrollo de la personalidad; a la identidad personal, sexual y de género en relación con el libre desarrollo de la personalidad; al principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes; y, finalmente, pretende evidenciar el vicio de inconstitucionalidad de la porción normativa impugnada para concluir que no supera un escrutinio estricto de proporcionalidad.

a) Parámetro de regularidad en materia de igualdad y no discriminación. La Comisión destaca el contenido del artículo 1o. de la Constitución Federal y refiere que los principios de igualdad y no discriminación permean todo el ordenamiento jurídico, por lo que todo tratamiento que resulte discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución es incompatible con ella.

(i) En el ámbito legislativo, el creador de la norma tiene el deber de cuidar el contenido de las leyes, de manera que las palabras y oraciones utilizadas no conduzcan a una desigualdad o discriminación. Además, el deber de cuidado a cargo del legislador impone velar por el contenido de las normas jurídicas que formula para no incurrir en un trato diferenciado injustificado.

(ii) La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha expresado que no sólo se otorga a las personas la garantía de que serán iguales ante la ley, sino también en la misma ley: en algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o, incluso, constitucionalmente exigido. En consecuencia, deberá analizarse si dicha distinción descansa en una base objetiva y razonable o si, por el contrario, constituye una discriminación constitucionalmente vedada.

(iii) El artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe la discriminación no sólo en cuanto a los derechos contenidos en ese tratado, sino en lo que respecta a todas las leyes que apruebe el Estado y a su aplicación: si un Estado establece disposiciones que resulten discriminatorias incumple con la obligación establecida en el artículo 1.1, o si, por el contrario, la discriminación se refiere a una protección desigual de la ley interna o su aplicación, el hecho debe analizarse a la luz del artículo 24 de la Convención en relación con las categorías protegidas en ese precepto.

(iv) La Corte Interamericana de Derechos Humanos –en la Opinión Consultiva 18/03– ha sostenido que el principio de igualdad ante la ley y no discriminación pertenece al ius cogens, pues sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y es un principio fundamental que permea en todo ordenamiento jurídico.

(v) La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual, es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo conduzca a tratarlo con privilegio o, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o lo discrimine del goce de derechos que sí reconocen a quienes no se consideran como tal.

b) Derecho a la dignidad humana en su vertiente de libre desarrollo de la personalidad. El derecho a la dignidad humana deriva, entre otros derechos personalísimos, en el derecho de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. El reconocimiento de la dignidad constituye la posibilidad de todo ser humano de autodeterminarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia conforme a sus propias opciones y convicciones.

(i) Cita el contenido de la Opinión Consultiva OC-24/17,(3) así como precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(4) que, desde su óptica, muestran una línea jurisprudencial en la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que el derecho al libre desarrollo de la personalidad da cobertura a una gran variedad de acciones y decisiones conectadas directamente con el ejercicio de la autonomía individual, por lo que la reasignación sexual se encuentra protegida por ese derecho.

(ii) Sin embargo, aún deben delimitarse los estándares básicos que deben incluir ese tipo de procedimientos para evitar abusos y dar protección a ese derecho.

c) Implicaciones del libre desarrollo de la personalidad en materia de identidad sexual y de género y su relación con la identidad personal, la vida privada y la propia imagen. Destaca que en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada ya que constituye un derecho fundamental, base y condición de todos los demás. De la dignidad humana derivan otros derechos personalísimos, como el derecho a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida, entre otros.

(i) La identidad de género forma parte de una esfera personalísima de libertad, pues se entiende como concepto que se tiene de uno mismo como ser sexual y de los sentimientos que esto conlleva, se relaciona en cómo el individuo vive y siente su cuerpo desde la experiencia personal y también cómo lo lleva al ámbito público, esto es, con el resto de las personas.

(ii) El derecho a la propia imagen implica la imagen que cada uno conserva para mostrarse a los demás. La doctrina lo ubica dentro del derecho a la intimidad, como un derecho personalísimo perteneciente al ámbito propio del ser humano, fuera de la injerencia de personas extrañas.

(iii) A partir de la identidad personal –que comprende la sexual y de género– la sociedad identifica a cada individuo y la distingue de los demás a través de elementos o datos como el nombre, sexo, edad, sus calidades personales, atributos intelectuales, físicos o bien, de la conjunción de todos o algunos de ellos.

(iv) La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado al respecto en la Opinión Consultiva OC-24/17 y ha señalado que, para llevar a cabo la modificación de los registros y los documentos de identidad, y que éstos sean acordes con la identidad de género auto percibida, deberán existir procedimientos regulados e implementados de conformidad con características mínimas, con la finalidad de que el derecho se vea efectivamente protegido y así evitar que se violen derechos de terceras personas o menoscabar el principio de seguridad jurídica.

(v) En dicha opinión, la Corte Interamericana ha señalado que este derecho debe quedar garantizado a través de procedimientos que aseguren que los trámites de reconocimiento de identidad de género no impliquen alteración de la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio, ni las provenientes de las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados.

(vi) Es un derecho de toda persona que el trámite o procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género auto percibida sea realizado de manera autónoma, en el cual el papel del Estado y de la sociedad debe consistir solamente en reconocer y respetar dicha adscripción de identidad sin que la intervención de las autoridades estatales tenga carácter constitutivo de la misma, pues dicha validación no debe quedar bajo el escrutinio externo.

(vii) Si bien los Estados tienen, en principio, una posibilidad para determinar los procedimientos más adecuados para la rectificación del nombre, sexo o género, el procedimiento que mejor se ajusta a los requisitos establecidos en esa opinión consultiva es el de naturaleza materialmente administrativa, porque el proceso de carácter jurisdiccional eventualmente puede incurrir en algunas formalidades excesivas que se observan en los trámites de esa naturaleza.

(viii) Un trámite de carácter jurisdiccional representa una limitación excesiva y no sería adecuado, ya que debe tratarse de un procedimiento materialmente administrativo, sea en sede judicial o en sede administrativa. En ese sentido, la autoridad únicamente podrá oponerse a dicho requerimiento –sin violar la posibilidad de autodeterminarse y el derecho a la vida privada del solicitante– si constata algún vicio en la expresión del consentimiento libre e informado del solicitante.

(ix) Todo individuo debe ser protegido por el Estado en lo que concierne a su esfera de reserva de intimidad, vida privada y su propia imagen, impidiendo injerencias arbitrarias en dicho ámbito. Esta protección cobra especial relevancia en el caso de personas transexuales o transgénero dada su especial condición, la cual no se protege si se propicia que, ante las más mínimas actividades de su vida, estén obligados a exteriorizar su condición, lo que mantiene latente día a día la afectación o interferencia en su imagen y privacidad.

(x) Tratándose de las personas transexuales y transgénero que por su condición son objeto de rechazo y discriminación, el legislador debe implementar los mecanismos necesarios para el reconocimiento, tutela y garantía de sus derechos fundamentales. Es de suma relevancia que puedan adecuar su sexo psicológico al legal, lo cual sólo se logra a través de la rectificación registral del nombre y el sexo. De lo contrario, se negaría su derecho a la identidad personal y a su libre desarrollo, a partir de los cuales se afirman frente a sí y frente a los demás (derecho a la intimidad y a la vida privada).

d) Interés superior de la niñez. El principio de interés superior de la niñez se encuentra reconocido en el artículo 4o., párrafo noveno, de la Constitución Federal. En el Texto Constitucional se establece la facultad del Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de niñas, niños y adolescentes a fin de definir los parámetros sobre los cuales las autoridades, en todos los órdenes de gobierno, deben conducir sus políticas y el contenido de sus normas, así como la distribución de competencias en la materia, velando siempre por el interés superior de la niñez.

(i) El Congreso de la Unión emitió la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,(5) en la cual se establece –en el artículo 1o., fracción II– que su objeto será garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano en la materia.

(ii) Ese ordenamiento tiene como pilar fundamental la protección del interés superior de la niñez, pues mandata que dicho principio debe ser considerado de manera primordial en cualquier toma de decisión por parte de las autoridades, lo cual está previsto en el artículo 2, párrafos segundo y tercero.

(iii) Por otra parte, la Convención sobre los Derechos del Niño establece en su artículo 3.1 –entre otras cuestiones– que se atenderá siempre al interés superior del niño. También, el Comité de los Derechos del Niño ha interpretado que el objetivo del concepto de interés superior del menor es el de garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo holístico del niño, pues es un concepto triple que abarca: a) un derecho sustantivo; b) un principio interpretativo fundamental; y, c) una norma de procedimiento.

(iv) En ese sentido, todas las autoridades tienen el deber de asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se involucren a niñas, niños y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo; esto es, los que aseguren la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento (elementos esenciales para su desarrollo integral).

(v) El principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes implica que la protección de sus derechos debe realizarse por las autoridades, a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad pues requieren de una protección especial. Lo anterior, ha quedado reflejado en la jurisprudencia P./J. 7/2016 (10a.), de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES."

e) Inconstitucionalidad de la disposición normativa impugnada. Una vez definido el parámetro de regularidad constitucional es necesario determinar si la porción normativa contenida en el artículo 116 Bis, primer párrafo, de la Ley del Registro Civil para el Estado de Sonora es congruente o no con dicho parámetro.

(i) La reforma a la Ley del Registro Civil para el Estado de Sonora tuvo como objeto agregar, como uno de los supuestos en que puede llevarse a cabo la rectificación o modificación de un acta para variar el sexo y la identidad de una persona en ejercicio al libre desarrollo de la personalidad (sic). Por ello, se establece que dicha modificación se llevará a cabo mediante un procedimiento administrativo seguido ante la Dirección General del Registro Civil, como se desprende del contenido de los artículos 113,(6) 115,(7) 116 Bis(8) y 116 Bis 1(9) de dicha ley.

(ii) El legislador del Estado de Sonora buscó incorporar en su sistema normativo local una garantía al ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, en la vertiente de identidad sexual y género, para lo cual reguló un procedimiento para la modificación de actas derivadas de los distintos actos registrales, en particular las que se refieren al nacimiento de una persona, trámite que correrá a cargo de la Dirección de la Oficina Registral.

(iii) Sin embargo, el legislador local previó que únicamente las personas mayores de edad están legitimadas para solicitar el procedimiento respectivo, lo cual conculca los derechos humanos de igualdad y no discriminación en razón de la edad, así como al libre desarrollo de la personalidad, identidad personal, sexual y de género, intimidad y la vida privada de las niñas, niños y adolescentes.

(iv) Si bien el artículo 116 Bis, párrafo primero, de la Ley del Registro Civil para el Estado de Sonora no prohíbe expresamente la rectificación administrativa para el cambio de sexo, sí contiene implícitamente una restricción legal que impide obtener la reasignación sexual a una persona menor de edad. El efecto legal del procedimiento de rectificación –tal como fue confeccionado por el legislador local– prevé exclusivamente la posibilidad de acceder a él a las personas mayores de 18 años, sin que sea constitucionalmente válida dicha limitante o exclusión para las personas que no cubren ese requisito de edad.

(v) En términos de la legislación civil, las personas menores de edad no cuentan con personalidad jurídica, pero esa no es una razón suficiente para negarles la posibilidad de acceder al procedimiento, pues bien podrían hacerlo a través de sus representantes, como sus padres o madres, tutores o de la persona que corresponda.

(vi) Es necesario distinguir entre capacidad jurídica y capacidad mental de una persona. La primera consiste tanto en la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones (capacidad de goce), como en la capacidad de ejercer esos derechos y obligaciones (capacidad de ejercicio). La capacidad jurídica y la toma de decisiones son conceptos que se encuentran estrechamente vinculados y constituyen herramientas fundamentales para que una persona pueda participar en la vida jurídica, pero también tienen su impacto en la vida cotidiana. Si bien ambos –capacidad jurídica y autonomía de la voluntad– parten de una tradición civilista, se han proyectado en el ámbito de los derechos humanos.

(vii) Por su parte, la capacidad mental se refiere a la aptitud de una persona para adoptar decisiones que, naturalmente, varía de una persona a otra y puede ser diferente para una persona determinada en función de muchos factores, como ambientales y sociales.

(viii) El hecho de que una persona no cuente con la edad legal requerida para acceder por propio derecho a la jurisdicción estatal no debe ser motivo para negarle la capacidad jurídica que le permite intervenir en un acto encaminado a la protección y observancia de sus derechos, ni es un obstáculo para que una persona adquiera conciencia de sí misma. Concretamente, tener un particular concepto de uno mismo como ser sexual guarda una estrecha relación con la forma en como cada uno vive y siente su propio cuerpo en el ámbito tanto personal, como público. (ix) El efecto del precepto impugnado es privar a las personas que no cuentan con la mayoría de edad de acceder al procedimiento de rectificación de acta de nacimiento, lo cual conlleva que se niegue el derecho a su identidad de género por una razón de edad, pese a ser un elemento constitutivo de su derecho a la identidad de género, de modo que contraviene el parámetro de regularidad constitucional.

(x) En atención al criterio resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo 6/2008, es viable variar el sexo y la identidad de una persona, sin importar su edad, puesto que no puede atentarse contra su dignidad humana al anular o menoscabar su derecho al reconocimiento de identidad de género derivado de la reasignación sexual.

(xi) El artículo impugnado contraviene los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes transexuales a la igualdad y no discriminación por el género y su preferencia sexual, así como al libre desarrollo de su personalidad, reserva de su intimidad, vida privada y propia imagen, pues les impide manifestarse en la forma en que se vean a sí mismos y se proyecten ante la sociedad, de acuerdo con sus características físicas y acciones que los individualizan e identifican.

(xii) El contenido de la porción normativa impugnada, implícitamente niega y prohíbe la procedencia de la reasignación sexual a la persona menor de edad que la solicite en sede administrativa, lo cual impide toda posibilidad de que pueda adecuar su identidad jurídica a la realidad social, en cuanto a un sexo distinto del biológico y con el que fueron registrados en el acta primigenia de nacimiento, pues se obstaculiza adecuar la identidad legal a su identidad sexual, al no permitir adecuar el sexo o género con el cual se identifican plenamente.

(xiii) El precepto impugnado también restringe la posibilidad de que las niñas, niños y adolescentes que han decidido ostentarse con un género distinto al que les fue asignado al nacer puedan acceder a un trámite administrativo sencillo para corregir esa situación, pues el legislador sonorense lo circunscribió a las personas "mayores de edad", lo cual obstaculiza y limita el ejercicio de los derechos de las personas trans que no han alcanzado la mayoría de edad.

(xiv) Si bien la legislación local prevé la posibilidad de rectificar el acta de nacimiento por lo que hace al sexo de las personas para adecuarla a su realidad, el proceso de rectificación no es incluyente, limita su acceso exclusivamente a personas mayores de edad en detrimento de las personas que no cuenten con dieciocho años, ellas tienen que esperar hasta cumplir con una edad específica para dejar de ostentar una identidad con la cual no se sientan identificadas.

(xv) No es constitucionalmente aceptable que la norma establezca una restricción de edad para estar en posibilidad de solicitar la rectificación de actas por identidad de género, dicha limitante vulnera el principio de igualdad, libre desarrollo de la personalidad en su vertiente de identidad sexual, así como la intimidad y la vida privada de las personas no mayores de edad que requieran modificar sus actas de nacimiento por no existir identidad entre el sexo registrado al nacer y aquel con el cual se identifican.

f) Test de escrutinio estricto de proporcionalidad. La exigencia de ser mayor de edad para estar en aptitud de solicitar el procedimiento de rectificación de actas por identidad de género debe analizarse a la luz de la proscripción constitucional de hacer distinciones basadas en categorías sospechosas de discriminación.

(i) El catálogo de categorías sospechosas contenido en el último párrafo del artículo 1o. de la Constitución Federal no es un sistema de numerus clausus. Por el contrario, el Texto Constitucional es claro al referir una cláusula abierta, en el sentido de que cualquier distinción injustificada por cualquier motivo que atente contra la dignidad humana y que menoscabe derechos y libertades está determinantemente prohibida.

(ii) La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destacado que las categorías sospechosas recogidas en la Constitución Federal, y en la normativa internacional en materia de derechos humanos, como rubros prohibidos de discriminación están asociadas a desvaloración cultural, desventaja social y marginación política.

(iii) Para poder establecer si una norma o política pública contempla una distinción, restricción o exclusión explícita genera un efecto discriminatorio en una persona por el lugar que ocupa en el orden social, o en tanto pertenezca a determinado grupo social, es necesario introducir factores contextuales o estructurales en el análisis de la discriminación, entre los cuales se ubican las relaciones de subordinación en torno al género, la identidad sexo-genérica, orientación sexual, la clase o la pertenencia étnica, las prácticas sociales y culturales que asignan distinto valor a ciertas actividades en tanto son realizadas por grupos históricamente desaventajados y las condiciones socioeconómicas.

(iv) El artículo 116 Bis, párrafo primero, de la Ley del Registro Civil para el Estado de Sonora, en la porción normativa "mayores de edad" impacta negativamente al igual reconocimiento del derecho a la identidad personal, de género y sexual de niñas, niños y adolescentes, así como en el libre desarrollo de su personalidad, al privarles de la posibilidad de acceder al procedimiento de rectificación de actas en igualdad de condiciones que las personas mayores de edad.

(v) En ese sentido, el examen de igualdad debe realizarse con base en los siguientes parámetros: 1) cumplir con una finalidad constitucional imperiosa; 2) estar estrechamente vinculada con la finalidad constitucionalmente imperiosa; y, 3) la medida debe ser lo menos restrictiva posible.

1) Cumplir con una finalidad constitucional imperiosa. La disposición impugnada incumple con el primer requisito de escrutinio, pues no existe una justificación constitucionalmente imperiosa para exigir la mayoría de edad para acceder al procedimiento de expedición de una nueva acta de nacimiento por identidad sexual:

• Sobre este tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que sólo se requiere la expresión del consentimiento libre e informado del solicitante, sin condición de edad, aunado a que no existe imperativo constitucional para limitar una decisión producto del ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad como es la definición de la identidad de género. Por tanto, la norma no supera esa primera grada de examen estricto y resulta discriminatoria.

• Si la conclusión del primer punto de escrutinio es que la norma impugnada no persigue un fin constitucionalmente imperioso, tampoco se encuentra conectada con logro de objetivo constitucional alguno, mucho menos, se trata de la medida menos restrictiva posible.

• En suma, el artículo 116 Bis, párrafo primero, de la Ley del Registro Civil para el Estado de Sonora es discriminatorio por generar una diferenciación injustificada, exclusión, restricción o preferencia arbitraria e injusta para que las personas que no tienen dieciocho años puedan pedir libremente una nueva acta de nacimiento que reconozca su identidad de género, pues dicha distinción tiene como efecto la transgresión de sus derechos a la igualdad y no discriminación, libre desarrollo de la personalidad e identidad personal, de género y sexual de niñas, niños y adolescentes, así como del principio del interés superior de la infancia, por lo que la porción normativa debe ser expulsada del ordenamiento jurídico local por resultar inválida.

5. Admisión y trámite. Mediante acuerdo de once de marzo de dos mil veintiuno, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente de la acción de inconstitucionalidad 45/2021 y designó al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena como instructor en el procedimiento.(10)

6. Posteriormente, en auto de once de marzo de dos mil veintiuno, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Sonora para que rindieran sus respectivos informes; así como a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que realizaran las manifestaciones que consideraran pertinentes.

7. Informe del Congreso del Estado de Sonora. La presidenta del Congreso del Estado de Sonora, Rosa Icela Martínez Espinoza, rindió informe(11) y expresó los razonamientos que se exponen a continuación.(12)

a) En primer lugar, niega que el acto reclamado viole los derechos que la Comisión alega y solicita que se sobresea el asunto conforme a lo previsto en los artículos 20 y 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, sin expresar mayor explicación sobre la actualización de las causales aducidas.

b) Respecto del concepto de invalidez planteado por la Comisión accionante, estima que debe desestimarse lo alegado ya que:

(i) No se actualizan actos discriminatorios en la porción normativa "mayores de edad" del artículo impugnado: al realizar la modificación en el acta de nacimiento se está frente a un acto jurídico que puede realizarse por personas jurídicamente capaces.

(ii) Según el artículo 23 del Código Civil Federal, la minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley son restricciones a la personalidad jurídica; es decir, no pueden realizar ciertos actos porque la ley no se los permite, al igual que con la norma impugnada, ya que las personas menores de edad no cuentan con capacidad jurídica para pedir el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género, previa la anotación correspondiente en su acta de nacimiento primigenia.

(iii) La Comisión accionante pretende hacer ver que se vulneran derechos de niñas, niños y adoles

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31853-f35e867e/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-plazo-de-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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