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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 28, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE JALISCO). VI. DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO. PARÁMETRO DE REGULARIDAD. VII. DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO. SE ENCUENTRA PROTEGIDO BAJO EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, EN TANTO SE TRATA DE UNA EXPRESIÓN DE LA INDIVIDUALIDAD DE LA PERSONA, RESPECTO DE SU PERCEPCIÓN SEXUAL Y DE GÉNERO ANTE SÍ MISMO, POR LO QUE SÓLO A ELLA CORRESPONDE DECIDIR AUTÓNOMAMENTE CUÁL ES ESA IDENTIDAD. VIII. IDENTIDAD DE GÉNERO. IMPLICA EL DERECHO DE CADA PERSONA A QUE LOS ATRIBUTOS DE LA PERSONALIDAD ANOTADOS EN REGISTROS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN COINCIDAN CON LAS DEFINICIONES IDENTITARIAS QUE TIENEN DE ELLAS MISMAS Y, EN CASO DE QUE NO EXISTA TAL CORRESPONDENCIA, EXISTA LA POSIBILIDAD DE MODIFICARLAS. IX. IDENTIDAD DE GÉNERO. EL LEGISLADOR TIENE LA OBLIGACIÓN DE IMPLEMENTAR LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA EL RECONOCIMIENTO, TUTELA Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS TRANS, PARA LO CUAL DEBE ESTABLECER LA POSIBILIDAD DE QUE PUEDAN ADECUAR SU SEXO PSICOLÓGICO AL LEGAL A TRAVÉS DEL ACTA REGISTRAL, DE LO CONTRARIO SE VULNERARÍA LA IDENTIDAD PERSONAL Y EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, INTIMIDAD Y VIDA PRIVADA DE LAS PERSONAS TRANS. X. DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO. PARÁMETRO CONVENCIONAL. XI. REASIGNACIÓN SEXO-GENÉRICA. LA VÍA ADMINISTRATIVA REGISTRAL ES LA IDÓNEA PARA LA ADECUACIÓN O EXPEDICIÓN DE LAS ACTAS DE NACIMIENTO POR ESE MOTIVO. XII. IDENTIDAD DE GÉNERO AUTOPERCIBIDA (REASIGNACIÓN SEXO-GENÉRICA). EL PROCEDIMIENTO IDÓNEO PARA LA ADECUACIÓN DEL ACTA DE NACIMIENTO ES EL DE NATURALEZA FORMAL Y MATERIALMENTE ADMINISTRATIVA. XIII. IDENTIDAD DE GÉNERO AUTOPERCIBIDA (REASIGNACIÓN SEXO-GENÉRICA). REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADECUACIÓN DEL ACTA DE NACIMIENTO Y DEMÁS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD. XIV. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. XV. INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. ES UN PRINCIPIO DE RANGO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO EN LA REGULACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL. XVI. DERECHO A LA IDENTIDAD DE LOS MENORES. INJERENCIA DE LA REALIDAD SOCIAL. XVII. DERECHO A LA IDENTIDAD DE LOS MENORES. LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TIENEN DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO AL IGUAL QUE LAS PERSONAS ADULTAS, LO CUAL IMPLICA QUE ÉSTA LES SEA RECONOCIDA EN LOS REGISTROS Y DOCUMENTOS QUE PARA ELLO EXPIDA EL ESTADO. XVIII. IGUALDAD. CUANDO UNA LEY CONTENGA UNA DISTINCIÓN BASADA EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA, EL JUZGADOR DEBE REALIZAR UN ESCRUTINIO ESTRICTO A LA LUZ DE AQUEL PRINCIPIO. XIX. INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. XX. TEST DE ESCRUTINIO ESTRICTO. ES EXIGIBLE CUANDO LA NORMA IMPUGNADA CONTIENE UNA DISTINCIÓN BASADA EN LA EDAD DE LAS PERSONAS QUE SOLICITAN EL LEVANTAMIENTO DE UN ACTA DE NACIMIENTO NUEVA PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO AUTOPERCIBIDA, POR IMPACTAR DIRECTAMENTE EN EL INTERÉS SUPERIOR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. XXI. RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO AUTOPERCIBIDA EN EL ACTA DE NACIMIENTO. LA FINALIDAD DE ESTABLECER LA MAYORÍA DE EDAD PARA QUE UNA PERSONA SEA TITULAR DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, DESDE UNA VISIÓN GENERAL Y AMPLIA, SÍ SE ENCUENTRA ESTRECHAMENTE VINCULADA CON LA FINALIDAD CONSTITUCIONAL COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (INVALIDEZ DE LA PORCIÓN NORMATIVA "DE PERSONA MAYOR DE EDAD" DEL ARTÍCULO 23, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO). XXII. RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO AUTOPERCIBIDA EN EL ACTA DE NACIMIENTO. LA DISTINCIÓN REALIZADA ENTRE PERSONAS ADULTAS Y PERSONAS QUE NO HAN CUMPLIDO LOS DIECIOCH

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 72/2022. · Registro digital (IUS): 31752
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-09-08
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Septiembre de 2023, Tomo I, Pág.207.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 72/2022. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO. 15 DE JUNIO DE 2023. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: ÚRSULA HERNÁNDEZ MAQUÍVAR.

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al quince de junio de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 72/2022, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, en la que cuestionan la regularidad constitucional de la porción normativa "de persona mayor de edad" del artículo 23, fracción VIII, de la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación del escrito inicial. A través de escrito recibido el nueve de mayo de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y Alfonso Hernández Barrón, en su calidad de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitan la declaración de invalidez del artículo 23, fracción VIII, de la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco, en su porción normativa "de persona mayor de edad". Dicha fracción fue adicionada mediante decreto publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el nueve de abril de dos mil veintidós.

2. Conceptos de invalidez. Los promoventes sostienen que la disposición impugnada contraviene los artículos 1o., 4o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 5, 9, 11, 18, 19 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 3, 16, 24 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como 3, 4, 5, 7, 8 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño; además, plantean los siguientes conceptos de invalidez:

a. La disposición impugnada contradice el sistema jurídico vigente en la entidad, pues la Ley del Registro Civil permite el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género exclusivamente a personas mayores de edad, mientras que su reglamento sí admite que las infancias y adolescencias puedan solicitar dicho trámite, lo que genera incertidumbre jurídica entre esos ordenamientos.

b. La norma cuestionada excluye a las personas que no se encuentran en el rango etario previsto, por lo que se contravienen los derechos a la igualdad y no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad, la identidad personal, sexual y de género, así como la intimidad y vida privada de las niñas, niños y adolescentes, pues no existe justificación constitucional para que el legislador haya impuesto una limitante en razón de la edad.

c. La disposición combatida se encuentra permeada de una visión adultocentrista que obstaculiza el ejercicio pleno de las personas menores de dieciocho años, pues otorga un trato discriminatorio en razón de una característica etaria, inobservando los principios de autonomía progresiva y del interés superior de la niñez y adolescencia.

d. Además, se restringe la posibilidad de que las niñas, niños y adolescentes que han decidido ostentarse con un género distinto al que les fue asignado al nacer puedan acceder a un trámite administrativo sencillo para corregir esa situación, pues el legislador local lo circunscribió a "personas mayores de edad", limitando el ejercicio de los derechos de las personas trans que no han alcanzado esa edad.

e. La disposición impugnada hace una distinción basada en una categoría sospechosa, como es la edad, y tiene un impacto diferenciado en las infancias y adolescencias trans con motivo de su identidad de género; sin embargo, no supera un escrutinio estricto de constitucionalidad.

3. Radicación, admisión y trámite. Mediante proveído de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 72/2022, y la turnó al Ministro Luis María Aguilar Morales para la instrucción del procedimiento.

4. Por acuerdo dictado el treinta de mayo de dos mil veintidós, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y, entre otras cosas, dio vista a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Jalisco para que rindieran sus respectivos informes, así como a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que estuvieran en posición de manifestar lo que correspondiera conforme a su competencia.

5. Informe del Poder Ejecutivo. A través de escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cuatro de julio de dos mil veintidós, el director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco rindió el informe solicitado, en el que expuso esencialmente que es cierto que el titular del Poder Ejecutivo promulgó el decreto impugnado, de acuerdo con las atribuciones previstas en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ambas del Estado de Jalisco.

6. Informe del Poder Legislativo. Mediante escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de julio de dos mil veintidós, el presidente y las secretarias de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco rindieron informe, en el que manifestaron, en esencia, que:

• La expedición del decreto impugnado tiene sustento en el artículo 35, fracción I, de la Constitución Federal, que establece que corresponde a las entidades federativas legislar en todas las ramas del orden interior del Estado, así como expedir leyes y ejecutar actos sobre materias que le son propias, como las de carácter civil y social, salvo las concedidas al Congreso de la Unión.

• De la iniciativa de reforma se desprende que la intención legislativa fue la erradicación de actos discriminatorios que contravienen el derecho humano a la identidad personal y de género, por lo que se determinó reconocer el derecho de las personas transgénero para que accedan a mayores beneficios sociales y personales al reconocerse el cambio de identidad de género, lo que se traduce en el respeto al libre desarrollo de la personalidad.

• Con respecto a la porción normativa "de persona mayor de edad" incluida en el artículo 23 de la Ley del Registro Civil del Estado, dicha porción no contraviene los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ya que su emisión encuentra sustento en la obligación que tiene el Estado de proporcionar los elementos necesarios para brindar protección al derecho de los menores.

• La determinación normativa impugnada, en cuanto a la porción que regula la edad para acceder al derecho de cambio de acta por razón de reconocimiento de género, conlleva un amplio estudio sobre el tema, el cual parte desde la hipótesis del reconocimiento a la capacidad jurídica y de decisión de los sujetos. En la reforma combatida no se emite exclusión alguna por haber fijado un parámetro de edad, pues se trata de una medida clasificatoria que tiene un objetivo mayor, que resulta ser la protección al interés superior del menor.

• La capacidad de decisión de los menores de edad no implica una regla absoluta, ya que puede verse manipulada por distintos factores externos y por la edad evolutiva de las personas. Las determinaciones llevadas a cabo por los menores pueden vulnerar sus derechos, al no conocer en su totalidad los términos y consecuencias de sus pronunciamientos. La regulación de edad se encuentra plenamente justificada, pues resulta evidente que las necesidades y capacidades de un menor de seis años son distintas a las de alguien de diecinueve años.

• Los menores de edad deben ser tratados de acuerdo con su desarrollo evolutivo, lo que implica que del análisis de su edad y condición de madurez resulte válido situarlos en consideraciones distintas a los demás.

• El reconocimiento de cambio de género es un derecho que modifica exponencialmente la vida de los sujetos, al ser una cuestión de relevancia individual y social, de ahí que la obligación del Estado es analizar si los menores de edad cuentan con los suficientes elementos para enfrentar el cambio y las consecuencias que se generarían. Los menores de edad, por su desarrollo cognitivo, no son capaces en su totalidad de hacer frente a las consecuencias de sus decisiones en comparación con una persona mayor de edad.

• La distinción de los menores de edad en comparativa con los mayores de dieciocho años se sustenta en la diferente capacidad de decisión, pues tratándose de menores de edad, la capacidad de decisión se puede ver manipulada por agentes externos, lo que implica una posible consecuencia futura para el destinatario de la norma. En ese sentido, el Estado tiene la obligación de salvaguardar el interés superior del menor mediante mecanismos que los protejan de las consecuencias de sus actos.

• No todos los menores tienen capacidad idéntica para tomar decisiones, por lo que resulta necesario fijar una adecuación normativa que proteja a todos por igual y con ello permitir que sus decisiones se encuentren fundadas en una capacidad real y absoluta en función de su madurez.

• No existe contradicción entre la Ley del Registro Civil y su reglamento, pues este último establece que para el caso de que un menor de dieciocho años pretenda realizar un cambio en su acta por razón de género, deberá comparecer por conducto de quien ejerza la patria potestad sobre su persona, bajo la consideración de que las niñas, niños y adolescentes no cuentan con suficiente desarrollo cognitivo que les permita actuar por sí mismos, de ahí que ambas normativas son esencialmente armónicas. Los menores que han alcanzado la madurez necesaria podrán optar por el procedimiento vía emancipación, o bien, de acuerdo con el principio de ser escuchado conforme al artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, a través del Reglamento de la Ley del Registro Civil, por medio de un representante.

7. Pedimento. La Fiscalía General de la República se abstuvo de formular pedimento.

8. Alegatos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos formuló alegatos por medio de oficio recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veinticinco de julio de dos mil veintidós.

9. Cierre de la instrucción. Agotado el trámite de la acción de inconstitucionalidad, el diez de agosto de dos mil veintidós se dictó el acuerdo de cierre de instrucción y el expediente pasó a la ponencia del Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

10. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad en términos de lo establecido en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco plantearon la posible contradicción entre una norma general de dicha entidad federativa y la Constitución Federal.

II. PRECISIÓN DE LA NORMA IMPUGNADA

11. Los promoventes cuestionan la constitucionalidad de la porción normativa "de persona mayor de edad", contenida en el artículo 23, fracción VIII, de la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco. Dicho precepto prevé lo siguiente:

Ver precepto

III. OPORTUNIDAD

12. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, ley reglamentaria),(3) el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente, en el entendido de que si el último día del plazo fuera inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

13. El presente medio de control constitucional se promovió de forma oportuna.

14. Es así porque la disposición impugnada fue publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el nueve de abril de dos mil veintidós, por lo que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad transcurrió del diez de abril al nueve de mayo siguiente, mientras que el escrito inicial fue recibido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el último día de ese plazo.

IV. LEGITIMACIÓN

15. La acción fue promovida por parte legitimada.

16. En efecto, el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal establece que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está legitimada para promover este medio de control constitucional en contra de leyes de las entidades federativas –entre otras normas generales–, que desde su perspectiva vulneren derechos humanos, mientras que los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, están legitimados para hacerlo en contra de leyes expedidas por las Legislaturas Locales.

17. En el caso, el escrito inicial fue suscrito conjuntamente por María del Rosario Piedra Ibarra y Alfonso Hernández Barrón, quienes acreditaron ocupar, respectivamente, la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco(4) y plantean que la disposición impugnada vulnera diversos derechos humanos en perjuicio de niñas, niños y adolescentes.

18. Ahora bien, de acuerdo con lo previsto en los artículos 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(5) así como 18, párrafo primero, de su reglamento interno,(6) corresponde a su presidenta promover las acciones de inconstitucionalidad en representación de dicha Comisión. Por su parte, el artículo 28, fracción I, de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco(7) faculta a su presidente para representar a dicho organismo local de protección de los derechos humanos.

19. De ahí que, como se adelantó, la acción de inconstitucionalidad fue promovida por órganos legitimados, por conducto de funcionarios facultados para ejercer su representación.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

20. Las partes no hicieron valer algún motivo de improcedencia o sobreseimiento, ni este Tribunal Pleno advierte, de oficio, que se actualice alguno, por lo que corresponde realizar el estudio de fondo de la acción de inconstitucionalidad.

VI. ESTUDIO DE FONDO

21. Las comisiones accionantes impugnan el artículo 23, fracción VIII, de la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco, concretamente la porción normativa que señala "de persona mayor de edad", que se destaca a continuación:

"Artículo 23. Estará a cargo de los oficiales del Registro Civil, hacer constar los hechos y actos del estado civil y extender las actas relativas a:

"...

"VIII. Levantamiento de una nueva acta de nacimiento de persona mayor de edad, para el reconocimiento de identidad de género, previa la anotación correspondiente al acta de nacimiento primigenia."

22. Como se puede advertir, en el artículo 23 de la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco se establece la atribución de los oficiales de dicha institución de hacer constar los hechos y actos del estado civil, así como extender las actas correspondientes, entre ellas, las relacionadas con el reconocimiento de la identidad de género a través del levantamiento de una nueva acta de nacimiento (fracción VIII); sin embargo, esta última posibilidad se encuentra condicionada a que se trate de "persona mayor de edad", lo que, a juicio de las accionantes, contraviene los principios de seguridad jurídica, igualdad y libre desarrollo de la personalidad, así como los derechos a la identidad personal y de género, a la propia imagen, a la intimidad, así como a la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes y, en general, vulnera su interés superior.

23. Antes de emprender el estudio de los conceptos de invalidez, es importante destacar que no es la primera vez que este Tribunal Constitucional se pronuncia sobre el tema, ya que en la acción de inconstitucionalidad 73/2021(8) analizó la regularidad constitucional de una disposición similar prevista en la legislación del Estado de Puebla. En concreto, este Tribunal Pleno declaró la invalidez del artículo 875 Ter, fracción II, del Código Civil para dicha entidad federativa,(9) en la que se establecía como requisito tener dieciocho años cumplidos para estar en posibilidad de solicitar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género autopercibida.(10)

24. Posteriormente, en la acción de inconstitucionalidad 132/2021,(11) el Tribunal Pleno estudió la constitucionalidad del artículo 144 Ter, párrafo primero, del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur,(12) en el que estaba prevista la posibilidad de acceder al levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género y cambio de nombre, con la condición de que se tratara de personas "mayores de edad".(13)

25. Por tanto, en este caso se retoman la metodología y las consideraciones establecidas en este último precedente.

26. Al igual que en los casos antes señalados, en el presente asunto corresponde al Pleno de esta Suprema Corte determinar si es constitucional que se limite el derecho a la identidad de género autopercibida, específicamente su reconocimiento legal mediante la modificación del acta de nacimiento, con motivo de la edad del solicitante. Es decir, se plantea a este Pleno determinar si los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a que se reconozca su identidad de género autopercibida en registros y documentos de identidad.

27. Al respecto, y tras el análisis que se desarrolla a continuación, esta Suprema Corte concluye que no existe razón que justifique la negativa absoluta para que las infancias y adolescencias puedan solicitar la modificación de su acta de nacimiento. Si bien es cierto que las niñas, niños y adolescentes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, de tal manera que los procedimientos para modificar sus documentos oficiales deben contar con ciertas salvaguardias, se estima que la prohibición absoluta para modificar dichos documentos no encuentra justificación constitucional. Por lo tanto, se reconoce plenamente su derecho al reconocimiento legal de su identidad de género autopercibida.

1. Parámetro de regularidad del derecho a la identidad de género

28. Previo al estudio de fondo, este Tribunal Pleno advierte que el presente caso involucra el análisis de los derechos de las personas transgénero, en particular, las niñas, niños y adolescentes trans. Por lo tanto, se estima necesario realizar algunas precisiones conceptuales con la intención de lograr la identificación del grupo afectado y distinguir a las personas transgénero de otros grupos constitucionalmente protegidos.

29. Del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género de esta Suprema Corte de Justicia,(14) se desprenden los siguientes conceptos:

a) Sexo: Este concepto hace referencia a las características biológicas (genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas) a partir de las cuales las personas son clasificadas, desde su nacimiento, como pertenecientes al sexo masculino, femenino o intersexual. b) Género: El género se refiere al conjunto de atributos que social, cultural, histórica e, incluso, geográficamente han sido identificados como parte de la expresión de la "masculinidad" o "feminidad". El género, por lo tanto, encuentra su expresión en las funciones sociales y familiares, contenidos actitudinales y manifestaciones estéticas (formas de vestir, maquillarse) que históricamente han sido relacionadas con uno u otro sexo.

c) Identidad de género: Se refiere a la manera en que una persona se asume a sí misma, para lo cual puede adoptar una identidad más "masculina" o más "femenina" de acuerdo con los parámetros culturales propios de cada sociedad. La identidad de género puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento.

d) Expresión de género: Se refiere a la percepción que la sociedad tiene sobre una persona o grupo de personas. La expresión de género de una persona puede corresponder o no con su identidad de género autopercibida.

e) Orientación sexual: Se refiere a la capacidad que tiene una persona de sentir una atracción emocional, afectiva y sexual por personas de su mismo género, de un género diferente al suyo, o bien, de más de un género.(15)

30. En cuanto a las personas trans, este tribunal ha señalado que, desde el punto de vista jurídico, la transexualidad se presenta cuando existe una discordancia entre el sexo que psicológicamente siente y vive una persona como propio y el que anatómica y registralmente le ha sido asignado mediante la revisión de sus órganos reproductivos.(16)

31. Las personas trans no necesariamente presentan características anatómicas intersexuales, sino que sienten que su cuerpo biológico no coincide con la representación mental que tienen de sí mismas. Esta disociación entre el sexo psicológico y el biológico, alcanza su punto culminante en la adolescencia, pero en la mayoría de los casos inicia desde la infancia.(17)

A) Parámetro constitucional del derecho a la identidad de género

32. La identidad de género es un elemento constitutivo y constituyente de la identidad de las personas. Esta Suprema Corte ha reconocido que el derecho a la identidad de género se encuentra protegido bajo el derecho al libre desarrollo de la personalidad, en tanto se trata de una expresión de la individualidad de la persona, respecto de su percepción sexual y de género ante sí mismo, por lo que sólo a ella corresponde decidir autónomamente cuál es esa identidad.(18)

33. La Primera Sala ha sostenido que el reconocimiento de la identidad de las personas es uno de los medios que facilita el ejercicio de los derechos a la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad, a la inscripción en el Registro Civil, a las relaciones familiares, entre otros derechos reconocidos en instrumentos internacionales. El hecho de que una persona no cuente con una constancia legal de su existencia por la falta de reconocimiento de su identidad de género autopercibida, puede dificultar el pleno ejercicio de sus derechos.(19)

34. En el amparo directo 6/2008, este Tribunal Pleno señaló que resulta contrario a los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, a la identidad sexual y a la salud, mantener legalmente a una persona en un sexo que no siente como propio, puesto que no podría alcanzar un estado de bienestar integral si no puede adecuar su sexo legal al sexo con el cual se identifica, el cual es distinto al biológico. Para que las personas trans puedan adecuar su sexo psicológico al legal se requiere dar acceso a la rectificación registral del nombre y el sexo.

35. Esto se traduce en que el derecho a la identidad de género implica el derecho de cada persona a que los atributos de la personalidad anotados en registros y documentos de identificación coincidan con las definiciones identitarias que tienen de ellas mismas y, en caso de que no exista tal correspondencia, exista la posibilidad de modificarlas.(20)

36. En ese sentido y conforme a lo sostenido por la Segunda Sala de este tribunal, mantener desde el aspecto legal a una persona en un sexo que no siente como propio, mediante la subsistencia del acta de nacimiento primigenia, constituye un atentado contra su intimidad y vida privada (inclusive si sólo se permite el cambio mediante una anotación marginal en el acta del cambio de género).(21)

37. Las personas trans lograrán adquirir su verdadera identidad de género siempre y cuando puedan rectificar la mención registral de su nombre y sexo a través de los procedimientos establecidos en la ley.(22)

38. Así, el registro del acta de nacimiento se convierte en un instrumento primario y punto de partida para ejercer la personalidad jurídica ante el Estado y los particulares, y actuar en condiciones de igualdad ante la ley.(23) De ahí que el derecho a la identidad de género implique, necesariamente, la posibilidad de adecuar el acta de nacimiento a esa identidad autopercibida.

39. Por ello, el legislador tiene la obligación de implementar los mecanismos necesarios para el reconocimiento, tutela y garantía de los derechos de las personas trans, para lo cual debe establecer la posibilidad de que puedan adecuar su sexo psicológico al legal a través del acta registral.(24) La falta de procedimientos adecuados para que su identidad de género autopercibida figure en sus documentos oficiales se traduciría en una violación a la identidad personal, libre desarrollo de la personalidad, intimidad y vida privada de las personas trans.

B) Parámetro convencional del derecho a la identidad de género

40. En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, la identidad de género ha sido entendida como la vivencia interna e individual del género de cada persona, que podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo el sentido personal del cuerpo (que, de tener la libertad para escogerlo, podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole) y otras expresiones de género, incluyendo el vestido, el modo de hablar y los amaneramientos.(25)

41. En dos mil diecisiete, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) emitió una opinión consultiva en torno a la identidad de género, igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, de la cual se desprende una robusta jurisprudencia en la materia, que esta Suprema Corte ha hecho suya mediante los precedentes citados en líneas anteriores.

42. La Opinión Consultiva 24/2017 sostiene que el derecho a la identidad puede ser conceptualizado, en general, como el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en sociedad y, en tal sentido, comprende varios derechos según el sujeto de derechos de que se trate y las circunstancias del caso.(26) En ese sentido, la Corte IDH señala que:

"... se puede entender que este derecho está íntimamente ligado a la persona en su individualidad específica y vida privada, sustentadas ambas en una experiencia histórica, y biológica, así como en la forma en que se relaciona con los demás, a través del desarrollo de vínculos en el plano familiar y social. Lo anterior también implica que las personas pueden experimentar la necesidad de que se las reconozca como entes diferenciados y diferenciables de los demás. ... Para alcanzar ese fin, es ineludible que el Estado y la sociedad, respeten y garanticen la individualidad de cada una de ellas, así como el derecho a ser tratado de conformidad con los aspectos esenciales de su personalidad, sin otras limitaciones que las que imponen los derechos de las demás personas. ... Es por ello que el afianzamiento de la individualidad de la persona ante el Estado y ante la sociedad, se traduce por su facultad legítima de establecer la exteriorización de su modo de ser, de acuerdo con sus más íntimas convicciones. Del mismo modo, uno de los componentes esenciales de todo plan de vida y de la individualización de las personas es precisamente la identidad de género y sexual."(27)

43. Así, la Corte IDH sostiene que la identidad de género implica que el sexo y el género deben ser entendidos como parte de una construcción identitaria libre y autónoma de cada persona, sin que deba estar sujeta a su genitalidad. Por ello, resulta necesario deconstruir la idea de que el sexo y el género son componentes objetivos e inmutables que permiten individualizar y categorizar a las personas, sino que únicamente son rasgos que dependen de la apreciación subjetiva de quien los detenta y descansan en una construcción de la identidad de género autopercibida relacionada con el libre desarrollo de la personalidad, la autodeterminación sexual y el derecho a la vida privada.(28)

44. Respecto al fundamento jurídico de la identidad de género, el Tribunal Interamericano ha sostenido que este derecho se encuentra protegido por la Convención Americana a través de las disposiciones que garantizan el libre desarrollo de la personalidad (artículos 7 y 11.2), el derecho a la vida privada (artículo 11.2), el reconocimiento de la personalidad jurídica (artículo 3), y el derecho al nombre (artículo 18).(29)

45. Como puede observarse, el fundamento del derecho a la identidad de género en la Convención Americana permite dar cuenta de la condición de interdependencia que tienen ciertos derechos respecto a la identidad de género. En otras palabras, la falta de reconocimiento de la identidad de género de las personas trans se traduce en un obstáculo para el ejercicio de múltiples derechos, tales como el derecho a la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad, a la inscripción en el Registro Civil, a las relaciones familiares, entre otros reconocidos convencionalmente.(30)

46. En el sistema universal de derechos humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha sostenido la obligación de los Estados de hacer frente a la discriminación contra los niños y jóvenes que se identifican o s

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31752-cc41049d/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-plazo-de-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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