I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 7, FRACCIÓN VII Y 16, FRACCIÓN I, AMBOS DE LA LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y 15 DE SU REGLAMENTO INTERNO). VI. INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. ES UN PRINCIPIO DE RANGO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO EN LA REGULACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL. VII. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL FUNCIONA COMO UN PRINCIPIO RECTOR DE LA ACTIVIDAD INTERPRETATIVA RELACIONADA CON CUALQUIER NORMA JURÍDICA QUE TENGA QUE APLICARSE A UN NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE EN UN CASO CONCRETO QUE PUEDA AFECTAR SUS INTERESES. VIII. DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. LINEAMIENTOS PARA SU EJERCICIO. IX. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SUS ALCANCES. X. IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. XI. IGUALDAD ANTE LA LEY Y NO DISCRIMINACIÓN. SU CONNOTACIÓN JURÍDICA NACIONAL E INTERNACIONAL. XII. DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO. SE ENCUENTRA PROTEGIDO BAJO EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, EN TANTO SE TRATA DE UNA EXPRESIÓN DE LA INDIVIDUALIDAD DE LA PERSONA, RESPECTO DE SU PERCEPCIÓN SEXUAL Y DE GÉNERO ANTE SÍ MISMO, POR LO QUE SÓLO A ELLA CORRESPONDE DECIDIR AUTÓNOMAMENTE CUÁL ES ESA IDENTIDAD. XIII. IDENTIDAD DE GÉNERO. IMPLICA EL DERECHO DE CADA PERSONA A QUE LOS ATRIBUTOS DE LA PERSONALIDAD ANOTADOS EN REGISTROS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN COINCIDAN CON LAS DEFINICIONES IDENTITARIAS QUE TIENEN DE ELLAS MISMAS Y, EN CASO DE QUE NO EXISTA TAL CORRESPONDENCIA, EXISTA LA POSIBILIDAD DE MODIFICARLAS. XIV. IDENTIDAD DE GÉNERO. EL LEGISLADOR TIENE LA OBLIGACIÓN DE IMPLEMENTAR LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA EL RECONOCIMIENTO, TUTELA Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS TRANS, PARA LO CUAL DEBE ESTABLECER LA POSIBILIDAD DE QUE PUEDAN ADECUAR SU SEXO PSICOLÓGICO AL LEGAL A TRAVÉS DEL ACTA REGISTRAL, DE LO CONTRARIO SE VULNERARÍAN LA IDENTIDAD PERSONAL, EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, LA INTIMIDAD Y LA VIDA PRIVADA DE LAS PERSONAS TRANS. XV. DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO. PARÁMETRO CONVENCIONAL. XVI. DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES. XVII. DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA. XVIII. REASIGNACIÓN SEXUAL. ES UNA DECISIÓN QUE FORMA PARTE DE LOS DERECHOS AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. XIX. IDENTIDAD DE GÉNERO AUTO-PERCIBIDA (REASIGNACIÓN SEXO-GENÉRICA). EL PROCEDIMIENTO IDÓNEO PARA LA ADECUACIÓN DEL ACTA DE NACIMIENTO ES EL DE NATURALEZA FORMAL Y MATERIALMENTE ADMINISTRATIVA. XX. IDENTIDAD DE GÉNERO AUTO-PERCIBIDA (REASIGNACIÓN SEXO-GENÉRICA). REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADECUACIÓN DEL ACTA DE NACIMIENTO Y DEMÁS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD. XXI. DERECHO A LA IDENTIDAD DE LOS MENORES. ESTÁ ÍNTIMAMENTE LIGADO A LA INDIVIDUALIDAD ESPECÍFICA DE LA PERSONA Y A LA VIDA PRIVADA E IMPLICA LA POSIBILIDAD DE TODO SER HUMANO DE AUTODETERMINARSE Y ESCOGER LIBREMENTE LAS OPCIONES Y CIRCUNSTANCIAS QUE LE DAN SENTIDO A SU EXISTENCIA. XXII. IGUALDAD. CUANDO UNA LEY CONTENGA UNA DISTINCIÓN BASADA EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA, EL JUZGADOR DEBE REALIZAR UN ESCRUTINIO ESTRICTO A LA LUZ DE AQUEL PRINCIPIO. XXIII. INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. XXIV. LIBERTAD CONFIGURATIVA DEL LEGISLADOR. ESTÁ LIMITADA POR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN QUE OPERAN DE MANERA TRANSV
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 43/2022 Y SU ACUMULADA 47/2022. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 19 DE JUNIO DE 2023. PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: ALEJANDRO FÉLIX GONZÁLEZ PÉREZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Ver índice temático
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecinueve de junio de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 43/2022 y su acumulada 47/2022, promovidas por Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Baja California, respectivamente, contra el artículo 134 BIS, párrafo segundo, inciso b), del Código Civil para el Estado de Baja California, reformado y adicionado mediante Decreto No. 75, publicado en el Periódico Oficial de la citada entidad federativa el once de febrero de dos mil veintidós.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
1. Presentación. Mediante escrito recibido el catorce de marzo de dos mil veintidós en el buzón judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrado el día siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su presidenta, promovió acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 134 BIS, párrafo segundo, inciso b), del Código Civil para el Estado de Baja California, adicionado mediante Decreto No. 75, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el once de febrero de dos mil veintidós.
2. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La accionante estima violentados los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 5, 11, 18, 19 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 3, 16, 24 y 26 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 3, 4, 5, 7, 8 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
3. Conceptos de invalidez. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos expuso, esencialmente, los siguientes conceptos de invalidez:
El artículo 134 BIS, párrafo segundo, inciso b), del Código Civil para el Estado de Baja California, exige tener al menos dieciocho años de edad cumplidos como requisito para solicitar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género, con lo que se excluye a las personas que se encuentran fuera de ese rango de edad para acceder a ese procedimiento registral, aspecto que contraviene el derecho a la igualdad y no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad y de la identidad personal de género, en perjuicio de niñas, niños y adolescentes.
Lo anterior porque la norma impugnada presupone que toda persona que no ha alcanzado la mayoría de edad es incapaz de definir su identidad de género, de manera que le permita acudir ante la instancia administrativa competente a solicitar la expedición de una nueva acta de nacimiento por haber discordancia entre el sexo con que se identifica y el que le fue legalmente asignado al nacer.
El precepto es desproporcional e irrazonable, en virtud que no existe justificación constitucional para que el legislador haya impuesto una limitante en razón de edad para acceder al procedimiento registral, por lo que resulta discriminatorio.
La norma impugnada vulnera el derecho a la igualdad y resulta desproporcional, pues tiene por efecto excluir de forma injustificada a las niñas, niños y adolescentes de la posibilidad de ejercer su derecho al libre desarrollo de la personalidad, así como al reconocimiento de su identidad personal y de género en el ámbito jurídico, al negársele la posibilidad de solicitar el levantamiento de acta de nacimiento nueva.
Para exponer los argumentos que hacen patente la inconstitucionalidad del precepto impugnado, la accionante estructura el concepto de invalidez de la siguiente manera:
1. Igualdad y no discriminación
El artículo 1o. de la Constitución Federal reconoce que todas las personas gozan de los derechos reconocidos en su propio texto y en el de los tratados internacionales de los que México es Parte.
Asimismo, establece la prohibición de discriminar en razón del origen étnico o nacional, el género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o por cualquier otro motivo que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
El principio de igualdad y no discriminación permea en todo el ordenamiento jurídico. Todo tratamiento que resulte discriminatorio respecto del de cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución es per se, incompatible con la misma.
De forma particular, en el ámbito legislativo, el creador de la norma tiene el deber de cuidar el contenido de las leyes, de manera que las palabras y oraciones utilizadas no conduzcan a una desigualdad o discriminación; es decir, el deber de cuidado a cargo de las y los legisladores impone velar por el contenido de las normas jurídicas que formulan para no incurrir en un trato diferenciado injustificado.
Así, resulta contraria al parámetro de regularidad constitucional toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con algún privilegio, o que inversamente, por considerarlo inferior, sea tratado con hostilidad o de cualquier forma se le discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación.
2. Derecho a la dignidad humana en su vertiente de libre desarrollo de la personalidad
El principio de la dignidad humana como sustento de los derechos humanos ha sido reiterado en una diversidad de instrumentos internacionales, tanto en el ámbito internacional como en el regional, pues reafirma el valor de la persona humana y la igualdad en la protección de sus derechos que, de manera intrínseca, le pertenecen y que también se ha identificado como el fundamento de una concepción universal de los derechos humanos.
Del derecho a la dignidad humana deriva, entre otros derechos personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Por ende, el reconocimiento de la dignidad lo constituye la posibilidad de todo ser humano de autodeterminar y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias opciones y convicciones.
Así, de este derecho se desprenden otros tales como la integridad física y psíquica, al honor, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal, que son inherentes a todo ser humano como tal.
Concretamente, sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad, debe destacarse que la Constitución mexicana otorga una amplia protección a la autonomía de las personas, al garantizar el goce de ciertos bienes que son indispensables para la elección y materialización de los planes de vida que los individuos se proponen.
En el orden jurídico mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha entendido que el libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental que deriva del derecho a la dignidad, que a su vez está previsto en el artículo 1o. constitucional y se encuentra implícito en los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por nuestro país. Al respecto, en la sentencia dictada en el amparo directo 6/2008, el Pleno del Alto Tribunal sostuvo, entre otras cosas, que el individuo, sea quien sea, tiene derecho a elegir en forma libre y autónoma, su proyecto de vida, la manera en que logrará las metas y objetivos que, para él, son relevantes.
En dicho precedente se explicó que el derecho al libre desarrollo de la personalidad permite la consecución del proyecto de vida que para sí tiene el ser humano, como ente autónomo, de tal manera que supone el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción, ni controles injustificados o impedimentos por parte de los demás, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, es decir, es la persona humana quien decide el sentido de su propia existencia, de acuerdo a sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera.
En este orden de ideas, la Primera Sala del Máximo Tribunal ha señalado que el libre desarrollo de la personalidad tiene una dimensión externa y una interna. Desde el punto de vista externo el derecho da cobertura a una genérica "libertad de acción" que permite realizar cualquier actividad que el individuo considere necesaria para el desarrollo de su personalidad. En cambio, desde una perspectiva interna el derecho protege una "esfera de privacidad" del individuo en contra de las incursiones externas que limitan la capacidad para tomar ciertas decisiones a través de las cuales se ejerce la autonomía personal.
El citado amparo directo 6/2008 señaló que el derecho al libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, así como en qué momento de su vida, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral; y, por supuesto, la libre opción sexual, pues todos estos aspectos, evidentemente, son parte de la manera en que el individuo desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo él puede decidir en forma autónoma.
En ese mismo precedente, se determinó que el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad implica necesariamente el reconocimiento al derecho a la identidad sexual y a la identidad de género, porque a partir de éstos el individuo se proyecta frente a sí mismo y dentro de una sociedad.
En efecto, se sostuvo que la reasignación sexual que decida una persona, puede comprender o no una cirugía para ese fin, con el objeto de adecuar su estado psicosocial a su físico y, de ahí vivir en el sexo con el que se identifica plenamente, innegablemente constituye una decisión que forma parte del libre desarrollo de la personalidad, en tanto es una expresión de la individualidad de la persona, respecto de su percepción sexual ante sí mismo, lo que influye decisivamente en su proyecto de vida y en sus relaciones sociales.
Por lo anterior, es contrario al libre desarrollo de la personalidad e identidad sexual mantener legalmente a una persona en un sexo con el cual no se identifica, pues solo a partir del respeto a su identidad sexual mediante la adecuación de su sexo legal a su sexo psicosocial es que podrá realizar su proyecto vital que, en forma autónoma, tiene derecho de decidir.
3. Implicaciones del libre desarrollo de la personalidad en materia de identidad sexual y de género, y su relación con la identidad personal, la vida privada y la propia imagen
Dentro de los derechos personalísimos se encuentran necesariamente comprendidos el derecho a la intimidad y a la propia imagen, así como a la identidad personal, sexual y de género, entendiéndose por el derecho a la intimidad, el derecho del individuo a no ser conocido por otros en ciertos aspectos de su vida y, por ende, el poder de decisión sobre la publicidad o información de datos relativos a su persona, familia, pensamientos o sentimientos; el derecho a la propia imagen, como aquel derecho de decidir, en forma libre, sobre la manera en que elige mostrarse frente a los demás; a la identidad personal, entendida como el derecho de todo individuo a ser uno mismo, en la propia conciencia y en la opinión de los demás.
Es decir, es la forma en que se ve a sí mismo y se proyecta en la sociedad, de acuerdo con sus caracteres físicos, internos y sus acciones, que lo individualizan ante la sociedad y permiten identificarlo; y que implica, por tanto, la identidad sexual y de género, al ser la manera en que cada individuo se proyecta frente a sí y ante la sociedad desde su perspectiva sexual y expresión de género.
Lo anterior, no sólo en cuanto a sus preferencia sexuales sino, primordialmente, en cuanto a cómo se percibe él, con base en sus sentimientos y convicciones de pertenencia o no al sexo que legalmente le fue asignado al nacer y que, de acuerdo a ese ajuste personalísimo en el desarrollo de cada individuo, proyectará su vida en todos los ámbitos, privado y público, por lo que al ser la sexualidad un elemento esencial de la persona y de su psique, la autodeterminación sexual forma parte de ese ámbito propio y reservado de lo íntimo, la parte de la vida que se desea mantener fuera del alcance de terceros o del conocimiento público.
Es así como la identidad de género forma parte de esta esfera personalísima de libertad, si se entiende como concepto que se tiene de uno mismo como ser sexual y de los sentimientos que esto conlleva; se relaciona con cómo el individuo vive y siente su cuerpo desde la experiencia personal y cómo lo lleva al ámbito público, es decir, con el resto de las personas. Por ende, se trata de la forma individual e interna de vivir el género, la cual podría o no corresponder con el sexo con el que se nace.
Por otro lado, el derecho a la propia imagen implica el aspecto que uno conserva para mostrarse a los demás y que la doctrina ubica, a su vez, dentro del derecho a la intimidad, lo que se constituye como un derecho personalísimo perteneciente al ámbito propio del ser humano, fuera de la injerencia de personas extrañas.
Es a partir de la identidad personal, que comprende la sexual y de género, que la sociedad identifica a cada individuo y lo distingue de los demás, a través de elementos o datos, como el nombre, el sexo, la filiación, la edad, sus calidades personales, sus atributos intelectuales o físicos o bien, de la conjunción de todos o algunos de ellos.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la opinión consultiva OC-24/17, en cuanto a la modificación de los registros y los documentos de identidad para que estos sean acordes con la identidad de género autopercibida. Así, estableció que los procedimientos deben estar regulados e implementados de conformidad con ciertas características mínimas, de manera que ese derecho se vea efectivamente protegido y así evitar que se violen los derechos de terceras personas o menoscabar el principio de seguridad jurídica, pues esta debe quedar garantizada a través de procedimientos que aseguren que los trámites de reconocimiento de identidad de género, no impliquen alteración de la titularidad de los derechos y las obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio, ni las provenientes de las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados.
Asimismo, destacó que los Estados deben desplegar esfuerzos para que las personas interesadas en que se reconozca su identidad de género autopercibida en sus registros y documentos de identidad, no sean sometidas a cargas irrazonables, y que los procedimientos correspondientes estén basados únicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante sin que se exijan requisitos como las certificaciones médicas y/o psicológicas u otros que puedan resultar irrazonables o patologizantes.
De igual forma mencionó que si bien los Estados tienen en principio una posibilidad para determinar los procedimientos más adecuados para la rectificación del nombre y/o sexo y/o género, debe destacarse que el procedimiento que mejor se ajusta a los requisitos establecidos en la apuntada opinión consultiva es aquél de naturaleza materialmente administrativa, dado que el proceso de carácter jurisdiccional eventualmente puede incurrir en algunas formalidades excesivas que se observan en los trámites de esa naturaleza.
En similares consideraciones ha coincidido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 346/2019, en la cual sostuvo que el trámite para la expedición o adición de un acta de nacimiento por reasignación sexo genérica, la vía administrativa registral, a diferencia de la judicial, es idónea y de mayor protección a los derechos humanos de las personas transgénero que la solicitan, particularmente a la identidad y a la privacidad, dado que esta clase de trámites es susceptible de cumplir con los estándares de privacidad, sencillez, expeditez y la adecuada protección de la identidad de género mediante la emisión de un nuevo documento.
4. Principio de interés superior de la infancia y la adolescencia
La protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes tiene por objeto establecer y garantizar el desarrollo de la personalidad, así como el disfrute de cada uno de los derechos que les han sido reconocidos.
Destaca su reconocimiento en la Norma Suprema, en su artículo 4o., párrafo noveno, que establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez garantizando de manera plena sus derechos.
El Congreso de la Unión emitió la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de diciembre de dos mil catorce, la cual establece que el objeto será garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de la infancia conforme a lo establecido en la Constitución Federal y los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano en la materia.
El principio del interés superior de la niñez se erige como eje central en el actuar de todas las autoridades del Estado Mexicano cuando se involucren a las niñas, niños y adolescentes, el cual implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida.
De esta manera, todas las autoridades tienen el deber de asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se involucre a niñas, niños y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, los cuales son elementos para su desarrollo integral.
En ese sentido, el principio implica que la protección de sus derechos debe realizarse por las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad puesto que requieren de una protección especial.
Tratándose de medidas que puedan afectar los intereses de las niñas, niños y adolescentes, debe llevarse a cabo un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de aquellas, de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a sus intereses y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil y garantice el bienestar integral de las personas menores de edad.
5. Derecho de las infancias y adolescencias a ser escuchadas o a participar
El Alto Tribunal ha sostenido que el derecho de ser escuchados y de participar de las niñas, niños y adolescentes se encuentra reconocido implícitamente en el artículo 4o. constitucional y comprende, entre otros elementos, los siguientes:
• Que las niñas, niños las y los adolescentes sean escuchados.
• Que sus opiniones sean tomadas en cuenta, en función de su edad y madurez. Es decir, el derecho a ser escuchado o participar, no se circunscribe únicamente a los procesos jurisdiccionales, sino que debe garantizarse en todas aquellas medidas que tengas efectos en el referido sector de la población.
Por otra parte, el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño reconoce el derecho humano de todas las infancias a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan a la niñez, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones en función de la edad y madurez.
En relación a ese precepto, el Comité de Derechos del Niño en la Observación General Número 12 de veinte de julio de dos mil diecinueve, determinó que el Estado no puede partir de la hipótesis que las niñas, los niños y las y los adolescentes de determinada edad son incapaces de expresar sus propias opiniones y convicciones; por tanto, tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para evaluar la capacidad y madures de la niñez y la adolescencia como titulares de derechos humanos.
En ese sentido, el Estado debe tomar las medidas adecuadas para garantizar que las niñas, los niños y las y los adolescentes se les vislumbre como como portadores de derechos, con libertad para expresar opiniones, así como garantizar el derecho a que se le consulten cuestiones que le afectan, desde las primeras etapas de la infancia.
Por su parte, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que, para garantizar la protección de sus derechos, las autoridades deben tomar las medidas necesarias para promover la participación de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos aspectos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y su madurez.
Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos –al emitir la Opinión Consultiva OC-17/2002– ha precisado que "hay una gran variedad en el grado de desarrollo físico e intelectual, en la experiencia y en la información que poseen quienes se hallan comprendidos en aquel concepto. La capacidad de decisión de un niño de 3 años no es igual a la de un adolescente de 16 años. Por ello debe matizarse razonablemente el alcance de la participación de un niño en los procedimientos, con el fin de lograr la protección efectiva de su interés superior, objetivo último de la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en este dominio."
Asimismo, la Corte ha sido enfática en señalar que el derecho de participación de las infancias y adolescencias no se satisface únicamente con la posibilidad de expresar sus intereses, sino que esta participación debe ser tomada en cuenta en todas aquellas cuestiones en que se vean involucradas sus prerrogativas fundamentales.
6. Principio de autonomía progresiva
El principio de autonomía progresiva se encuentra previsto, primordialmente, en el artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño, del cual se desprende que a medida que las niñas y los niños van adquiriendo competencias cada vez mayores, se reduce su necesidad de orientación y aumenta su capacidad de asumir responsabilidades respecto de las decisiones que afecten sus vidas.
Del precepto aludido se advierte que el vocablo "apropiadas" elimina la posibilidad de que las madres, padres u otras personas responsables del cuidado de las infancias tengan la impresión de que se les autoriza para impartirles cualquier tipo de dirección u orientación que les parezca oportuna, pues dicha orientación debe estar encaminada a fomentar el respecto a los derechos de las personas menores de edad, por lo que las personas encargadas de su cuidado deben respetar la medida en la cual la o el infante es capaz de ejercer tales prerrogativas por cuenta propia.
Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño ha enfatizado que el reconocimiento de la creciente autonomía de las infancias implica considerar el ejercicio independiente de sus derechos humanos, por lo que se espera que los Estados Partes tomen medidas protectoras en las que se hagan presentes las facultades de las infancias.
Adicionalmente, de los artículos 5 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se desprende que el principio de autonomía progresiva exige una transformación radical del enfoque tradicional que atribuye a las niñas y niños un papel de receptores pasivos del cuidado protector de las personas adultas, por uno que los reconozca como protagonistas activos, con el derecho a participar en las decisiones que afectan su vida diaria.
Así, el principio en mención pretende que las infancias y adolescencias ejerzan sus derechos humanos en forma progresiva, sin que ello dependa de una edad o de la capacidad de ejercer sus derechos, pues todas las prerrogativas reconocidas a favor del sector de la población en comento se aplican bajo un marco de protección.
A. Inconstitucionalidad de la norma impugnada
La reforma al artículo 134 BIS, párrafo segundo, inciso b), del Código Civil para el Estado de Baja California, publicada el once de febrero de dos mil veintidós, tuvo el objetivo de regular la posibilidad de expedir una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género de aquellas personas que así lo soliciten ante la autoridad registral en la entidad, sin mayor requisito que la expresión libre e informada de su voluntad, con el ánimo de reconocer su identidad de género, así como el derecho humano de igualdad ante la ley y prohibición de discriminación.
Es decir, el legislador local buscó garantizar a todas las personas el derecho a la identidad de género autopercibida, mediante un trámite administrativo ágil, accesible y eficaz.
Sin embargo, la Comisión accionante advierte que el legislador local previó que únicamente las personas mayores de dieciocho años de edad cumplidos, están legitimadas para solicitar el procedimiento respectivo, lo cual conculca los derechos humanos de igualdad y no discriminación en razón de la edad, así como al libre desarrollo de la personalidad, la identidad personal, sexual y de género, la intimidad y la vida privada de las niñas, niños y de las y los adolescentes.
Tal situación constituye una discriminación por exclusión tácita, ya que el legislador creó un régimen jurídico implícito, de manera injustificada, que excluye de su ámbito de aplicación a las niñas, niños y adolescentes, pues únicamente permite que accedan al procedimiento administrativo de levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de identidad de género, a las personas que cuenten cuando menos con dieciocho años de edad cumplidos, sin hacer mención alguna a las infancias y adolescencias.
No se pierde de vista que en términos de la codificación sustantiva civil local, las personas menores de edad no cuentan con personalidad jurídica para ejercitar sus derechos o contraer obligaciones en forma personal; sin embargo, ello no es razón suficiente para negarles la posibilidad de acceder al ya referido procedimiento, pues bien pueden hacerlo a través de sus representantes, como padres, madres, tutores o de la persona que corresponda.
Así pues, el hecho que una persona no cuente con la edad legal requerida para acceder por propio derecho a la jurisdicción estatal no debe ser nunca un motivo para negarle la capacidad jurídica que le permita intervenir en un acto encaminado a la protección y observancia de sus derechos, ni es un obstáculo para que una persona adquiera conciencia de sí misma.
No debe perderse de vista que la identidad de género se enlaza con la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la percibe, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. En ese sentido, la identidad de género es un concepto amplio que crea espacio para la autoidentificación y que hace referencia al historial que una persona tiene de su propio género, el cual no se encuentra sujeto a una edad determinada.
Al respecto, estima pertinente referir que, de acuerdo con la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género de 2018, emitida por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, evidencia que la mayoría de las personas participantes identificaron que su identidad de género no correspondía a la asignada en su nacimiento en edades tempranas. Por tanto, la infancia y adolescencia constituyen las etapas en las que las personas reconocen su identidad de género.
En ese sentido, resulta indispensable que el Congreso Local de Baja California reconozca a las niñas, los niños y las y los adolescentes el ejercicio pleno de su identidad de género, libre desarrollo de la personalidad y autodeterminación personal.
Ello debido a que el Estado no puede partir de la premisa que una niña, un niño o adolescente es incapaz de expresar sus propias opiniones, por el contrario, debe dar por hecho que las infancias y adolescencias tienen la capacidad de formar sus propias opiniones y reconocer que tienen derecho a expresarlas.
Por otro lado, el Comité de los Derechos del Niño en la Observación General No. 7, se sostuvo que con frecuencia se hace caso omiso de la capacidad de acción del niño como participante en la familia, comunidad y sociedad o se rechaza por inapropiada en razón de su edad o inmadurez.
De lo anterior, se evidencia que históricamente el mencionado sector de la población ha sido silenciado bajo el argumento que carecen de conocimientos o vivencias en razón de su edad.
Ello representa una reducción de oportunidades para desarrollar la capacidad de adoptar un comportamiento autónomo, creando así las condiciones para justificar su exclusión en la toma de decisiones.
La señalada visión es resultado de una perspectiva adultocéntrica, la cual consiste en que las personas adultas consideran que son superiores a niñas, niños y adolescentes en los espacios en los que conviven e interactúan cotidianamente.
Ante tal panorama, se estima trascendental que la sociedad y las instituciones superen esa perspectiva, con el objeto de privilegiar los derechos humanos de las infancias y adol
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32171-53b4779d/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-plazo-de-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ANÁLISIS DE OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACIÓN DE UNA NORMA CUANDO SE CONTROVIERTA EN VÍA INDIRECTA Y POR EXTENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA INVALIDEZ (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE. (P. LXVI/2009)
- LIBERTAD SEXUAL. TRATÁNDOSE DE ADULTOS, ES UN DERECHO PERSONALÍSIMO E INCONDICIONAL QUE NO SE LIMITA, SOMETE O REDUCE POR EL COMPORTAMIENTO PRECEDENTE DE LA VÍCTIMA NI POR LA EXIST (II.2o.P.47 P (10a.))
- DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA. (P. LXVII/2009)
- DIVORCIO NECESARIO. DEBE DECRETARSE AUN CUANDO NO QUEDEN DEMOSTRADAS LAS CAUSALES INVOCADAS, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA DIGNIDAD HUMANA. (XVIII.4o.15 C (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis