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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ANÁLISIS DE OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACIÓN DE UNA NORMA CUANDO SE CONTROVIERTA EN VÍA INDIRECTA Y POR EXTENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA INVALIDEZ DE OTRA, DEBE REALIZARSE AL RESOLVER EL FONDO DEL ASUNTO, AUN CUANDO SU IMPUGNACIÓN NO PARECIERA OPORTUNA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 144 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA "A LA PERPETUACIÓN DE LA ESPECIE"). II. MATRIMONIO. EL PRECEPTO LEGAL QUE PREVÉ LA POSIBILIDAD DE CONTRAERLO EXCLUSIVAMENTE ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER VULNERA LOS DERECHOS DE LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS PERSONAS, EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y EL PRINCIPIO DE IGUALDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 145 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA "EL HOMBRE Y LA MUJER"). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ POR EXTENSIÓN DE NORMAS GENERALES EN VÍA DE CONSECUENCIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 144 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA "A LA PERPETUACIÓN DE LA ESPECIE"). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EFECTOS VINCULATORIOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UN ARTÍCULO, CON EL OBJETO DE QUE LOS DIVERSOS PRECEPTOS RELACIONADOS SEAN INTERPRETADOS CONFORME A LO DETERMINADO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (ARTÍCULOS 145 EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA "EL HOMBRE Y LA MUJER" Y 144 EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA "A LA PERPETUACIÓN DE LA ESPECIE", AMBOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS)." V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EFECTOS VINCULATORIOS DE LA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA DEFINICIÓN DE MATRIMONIO CON EL OBJETO DE QUE LAS DIVERSAS DISPOSICIONES LEGALES LOCALES QUE SE REFIERAN A ESA INSTITUCIÓN SEAN INTERPRETADAS Y APLICADAS CONFORME A LO DETERMINADO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (ARTÍCULOS 145 EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA "EL HOMBRE Y LA MUJER" Y 144 EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA "A LA PERPETUACIÓN DE LA ESPECIE", AMBOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS)."

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 32/2016. · Registro digital (IUS): 27621
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2018-02-16
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 51, Febrero de 2018, Tomo I, Pág. 5.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 32/2016. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 11 DE JULIO DE 2017. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: GUADALUPE M. ORTIZ BLANCO.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día once de julio de dos mil diecisiete.

RESULTANDO:

PRIMERO.-Presentación. Por escrito presentado el seis de mayo dos mil dieciséis, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su presidente, promovió acción de inconstitucionalidad para solicitar la invalidez del artículo 145 (en la porción normativa "el hombre y la mujer"); y, en vía de consecuencia, la invalidez del artículo 144, ambos del Código Civil para el Estado de Chiapas, publicado mediante Decreto No. 188 en el Periódico Oficial del Estado, el seis de abril de dos mil dieciséis.

Señaló como autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada a las siguientes:

I. Órgano Legislativo: Congreso del Estado de Chiapas.

II. Órgano Ejecutivo: gobernador del Estado de Chiapas.

SEGUNDO.-Normas constitucionales y convencionales que se aducen violadas.

• Artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Artículos 1, 11, 17 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

• Artículos 2, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

• Artículos 2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

TERCERO.-Texto de las normas cuya invalidez se solicita:

"Artículo 145. Para contraer matrimonio, el hombre y la mujer necesitan haber cumplido dieciocho años."

Y por vía de extensión:

"Artículo 144. Cualquiera condición contraria a la perpetuación de la especie o a la ayuda mutua que se deben los cónyuges se tendrá por no puesta."

CUARTO.-Concepto de invalidez. La promovente expuso, en síntesis, el siguiente argumento:

"Único. El artículo 145 del Código Civil para el Estado de Chiapas considera a la institución del matrimonio, como la restrictiva unión de un hombre y una mujer, excluyendo a las parejas del mismo sexo, atacando así directamente el derecho a la dignidad humana en su vertiente de libre desarrollo de la personalidad, así como los principios de igualdad y no discriminación, además de la protección a la organización y desarrollo de la familia, todos previstos en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Como se ha puntualizado, el artículo 144 del Código Civil para el Estado de Chiapas, establece que el Estado reconoce como requisito para contraer matrimonio la perpetuación de la especie o la ayuda mutua que se deben los cónyuges previendo que cualquier condición contraria se tendrá por no puesta, satisfaciéndose éste solamente, mediante la unión de un hombre con una mujer, esto en función directa del artículo 145 del mismo ordenamiento.

"Así, al prever la figura de matrimonio como un derecho orientado a salvaguardar la perpetuación de la especie, se transgrede el reconocimiento de la dignidad humana, como derecho fundamental, del que deriva, entre otros, el libre desarrollo de la personalidad, contemplado en el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en el artículo 1o. de la Constitución Federal; el derecho de todo individuo de elegir, en forma libre y autónoma, cómo vivir su vida, lo que implica entre una multiplicidad de posibilidades y opciones, la libertad de contraer o no matrimonio; la de procrear o no hijos, en su caso, decidir cuántos; la de elegir libremente sus preferencias sexuales; y decidir compartir o no su vida con otra y (sic) otras personas con independencia de sus sexos y/o géneros, sin anular o menoscabar los derechos o libertades de las personas, procurando en todo momento la protección más amplia a las personas.

"Con lo anterior, resulta insostenible la porción normativa citada, en tanto considera que el derecho de celebrar el matrimonio se encuentra orientado a salvar y garantizar la perpetuación de la especie, y no a compartir una vida en común con la persona de su elección, pues como se expuso, los fines de procreación dependerán únicamente de la persona y su libre desarrollo, aunado a que al tratarse de un derecho potestativo él o los titulares, en este caso todos aquellos que no tengan algún impedimento para contraer nupcias, se encuentran facultados para decidir ejercerlo o no. Sin que esta celebración conlleve la procreación.

"...

"Con lo anterior resulta insostenible la porción normativa del artículo en pugna, en tanto considera que el derecho de celebrar el matrimonio se encuentra limitado en exclusiva entre un hombre y una mujer, y no con la persona de su elección, pues como se expuso, su sola vigencia repercutirá en su mismo libre desarrollo.

"De todo esto se concluye que excluir injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas del mismo sexo, que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales, se contrapone a la dignidad humana, en su vertiente de libre desarrollo de la personalidad y resulta evidente que contraviene a los artículos 1o. y 4o. constitucionales.

"...

"En ese orden de ideas, la porción normativa que se impugna, al circunscribir que pueden contraer matrimonio el ‘hombre y la mujer’, transgrede el derecho a la no discriminación, ya que se excluye de forma categórica de este derecho a las parejas del mismo sexo."

QUINTO.-Admisión. Mediante proveído de presidencia de nueve de mayo de dos mil dieciséis, se ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad presentada y turnarlo a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos para su trámite y la elaboración del proyecto correspondiente. El día diez de esos mismos mes y año se admitió a trámite el asunto, se ordenó requerir a las autoridades que emitieron la norma impugnada, para que rindieran sus informes de ley, y se acordó dar vista a la entonces procuradora general de la República.

SEXTO.-Informe rendido por el Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas. **********, en su carácter de consejero jurídico del gobernador del Estado de Chiapas rindió, en síntesis, el siguiente informe (fojas 68 a 70 del expediente):

"Cierta es la participación del Ejecutivo del Estado respecto a su intervención en el proceso legislativo de promulgar la norma cuya invalidez reclama la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; sin embargo, dicha promulgación constituye una obligación señalada en la fracción I del artículo 44 de la Constitución Política del Estado de Chiapas.

"Consecuentemente, el cumplimiento de un mandamiento constitucional local, como lo es la promulgación de leyes o decretos, no constituye contradicción alguna a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues éste se efectuó con apego a la legalidad y constitucionalidad del marco jurídico de la entidad, apoyándose en un proceso legislativo establecido en la Constitución Local, mismo que fue respetado en todos sus términos por la autoridad que en él participó."

SÉPTIMO.-Informe rendido por el Poder Legislativo del Estado de Chiapas. **********, en su carácter de presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chiapas rindió, en síntesis, el siguiente informe (fojas 79 a 98 del expediente:

"En ese tenor, y tomando en consideración lo establecido en el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que las acciones de inconstitucionalidad tienen por objeto plantear la contradicción entre una norma de carácter general a la Norma Suprema, situación que no acontece en el caso concreto, toda vez que no transgrede las disposiciones contenidas en nuestra Carta Magna, esto es así, debido a que la misma tiene por objeto el beneficio de las personas dentro de la sociedad, toda vez que eleva la edad para contraer matrimonio tanto en el hombre como en la mujer, lo cual en ningún momento hace alusión a que solamente se puede contraer matrimonio entre el hombre y la mujer, pues el artículo 145, que combate la promovente por esta vía, refiere que para contraer matrimonio el hombre y la mujer necesitan haber cumplido 18 años, haciendo referencia claramente a que debe tener 18 años el hombre y la mujer, mas no refiere que el matrimonio sea únicamente entre el hombre y la mujer, sino que para contraer matrimonio deben de contar con la edad de 18 años cumplidos, ya sea el hombre o ya sea la mujer, circunstancias éstas que no pueden considerarse como discriminatorias, como lo quiere hacer valer la promovente, circunstancias éstas que van encaminadas para un bien común, que es el de mayor beneficio el de proteger los derechos humanos de los niños, al elevar la edad para contraer matrimonio, evitando con ello diversas violaciones a los derechos humanos, amén de que el procedimiento legislativo para efectuar dicha adición fue acorde a los preceptos legales y fue emitido por autoridad competente, esto es así, debido a que contrario a lo que arguye la promovente, este Poder Legislativo sí cumplió con la garantía de fundamentación y motivación en la expedición del Decreto No. 188, por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Chiapas y del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, esto en virtud que respecto a las garantías de fundamentación y motivación tratándose de leyes, el Pleno de este Alto Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que se satisfacen cuando el legislador actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere (fundamentación), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación), como se advierte en la jurisprudencia siguiente: (la transcribe).

"...

"... al referir ‘el hombre y la mujer’, regulación que no es discriminatoria, si nos vamos a la literalidad de su texto normativo, los mismos no excluyen el acceso al matrimonio, pues en ningún momento, se insiste, establece que sólo pueden contraer matrimonio entre ellos -hombre y la mujer-, como de manera indebida lo interpreta la promovente, sino que regula la edad para contraer matrimonio, que como ya se mencionó dicha reforma es en aras y en beneficio de la sociedad misma."

OCTAVO.-Intervención de la entonces procuradora general de la República. No emitió opinión en el presente asunto.

NOVENO.-Cierre de instrucción. Recibidos los alegatos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante proveído de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis se decretó el cierre de la instrucción (foja 200 de autos).

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que en ella se plantea la posible contravención a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por una norma de carácter general.

SEGUNDO.-Oportunidad. La acción de inconstitucionalidad se presentó oportunamente, es decir, dentro del plazo de treinta días naturales que establece el artículo 60 de la ley reglamentaria.(1)

Así es, el cómputo inició el jueves siete de abril de dos mil dieciséis y venció el viernes seis de mayo de dos mil dieciséis, ya que la norma reclamada fue publicada en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Chiapas, el miércoles seis de abril de dos mil dieciséis.

Si la demanda se presentó ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el seis de mayo del mismo año, se debe concluir que la acción de inconstitucionalidad es oportuna, como aquí se demuestra:

Ver calendario

TERCERO.-Legitimación. La acción de inconstitucionalidad fue presentada por parte legítima.

Legitimación en la causa. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal faculta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para promover ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), así como tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea Parte.

La acción de inconstitucionalidad fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de los artículos 144 y 145 del Código Civil para el Estado de Chiapas, por lo que se encuentra facultada para tal efecto.

Legitimación en el proceso. Quien promovió la demanda de acción es el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dicho funcionario tiene legitimación activa en el proceso, en términos de ley(2) y de acuerdo con la copia del nombramiento que obra a fojas 35 del expediente.(3)

CUARTO.-Causa de improcedencia. El Poder Legislativo del Estado de Chiapas hizo valer la relativa a la extemporaneidad de la acción de inconstitucionalidad.(4)

Argumenta que el artículo 144 del Código Civil para el Estado de Chiapas no constituye un nuevo acto legislativo, pues no ha sufrido reforma alguna, ni se reclama su aplicación, por ello, si no se combatió en el momento procesal oportuno (es decir, cuando se emitió) no es posible analizar su constitucionalidad.

Es infundado el planteamiento. Aun cuando es verdad que el artículo 144 de referencia no fue motivo de reforma y, por ello, en principio, su impugnación no pareciera oportuna, lo cierto es que esta norma se controvierte en vía indirecta y por extensión, lo cual amerita que en el fondo se analice y sea el Tribunal Pleno el que decida si existe mérito para invalidarlo de forma extensiva.

Este Alto Tribunal(5) ha sostenido que existe la "invalidación indirecta", en la cual la invalidez de una norma o de un grupo de ellas se origina a partir de la extensión de los efectos de la invalidez de otra. Este modelo está previsto en el artículo 41, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a través suyo es posible invalidar normas aun cuando no se hubieren impugnado.

De ahí que el argumento resulte inatendible, porque, en todo caso, será materia de fondo determinar si se extienden los efectos de invalidez de la otra norma (para el supuesto de que ésta proceda).

QUINTO.-Análisis del concepto de invalidez relativo al artículo 145 del Código Civil para el Estado de Chiapas. Se impugna el artículo 145 del Código Civil para el Estado de Chiapas en su porción normativa "el hombre y la mujer". El argumento toral es que vulnera el derecho de autodeterminación de las personas al libre desarrollo de la personalidad y el principio de igualdad, porque a partir de ello se da un trato discriminatorio a parejas del mismo sexo respecto de las heterosexuales, al excluirlas de la posibilidad de contraer matrimonio.

Es fundado el argumento.

Las norma impugnada forma parte del título quinto, denominado "Del matrimonio", capítulo II, del Código Civil para el Estado de Chiapas. Su texto dice:

"Capítulo II

"De los requisitos para contraer matrimonio

(Reformado, P.O. 6 de abril de 2016)

"Artículo 145. Para contraer matrimonio, el hombre y la mujer necesitan haber cumplido dieciocho años."

Si bien, el artículo 145 controvertido no define a la institución del matrimonio, sí contempla que éste se contraiga entre "el hombre y la mujer", y si este precepto se interpreta de manera sistemática con el señalado en los distintos artículos 169, 174, 213, 214 y 215,(6) sin lugar a dudas se advierte que la concepción de la institución del matrimonio en el Estado de Chiapas está orientada a que se celebre solamente entre un hombre y una mujer.

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en asuntos similares, ha resuelto que no es sostenible afirmar, sin más, que el matrimonio en su definición tradicional sea un concepto completo y, por tanto, inmodificable por el legislador, máxime que del proceso de secularización de la sociedad y del propio matrimonio, la decisión de un individuo de unirse a otro y proyectar una vida en común, como la relativa a tener hijos o no tenerlos, deriva de la autodeterminación de cada persona y del derecho al libre desarrollo de la personalidad de todo individuo, sin que la decisión de unirse a otra persona traiga consigo necesariamente lo segundo, es decir, tener hijos con su cónyuge.

En efecto, al resolver la acción de inconstitucionalidad 28/2015(7) este Tribunal Pleno sostuvo lo siguiente:

"45. Pues bien, para resolver lo planteado conviene precisar, en primer término lo que este Tribunal Pleno ha señalado respecto de los derechos contenidos en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Federal.

"a) Derechos derivados de los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Federal.

"46. El artículo 1o. de la Constitución Federal, en lo que al caso interesa, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en aquélla y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, sino en los casos y condiciones que la misma establece, así como que: ‘Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.’.

"47. Al respecto, ya este Alto Tribunal ha señalado que derivado del derecho fundamental a la dignidad humana se encuentran el libre desarrollo de la personalidad, es decir, el derecho de todo individuo a elegir, en forma libre y autónoma, cómo vivir su vida, lo que comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; la de procrear hijos y decidir cuántos, o bien, decidir no tenerlos; la de escoger su apariencia personal; así como su libre concepción sexual.

"48. Asimismo, este Tribunal Pleno reconoció que es un hecho indiscutible que la naturaleza humana es sumamente compleja, lo cual, en la especie, se representa con uno de los aspectos que la conforman, que es la preferencia sexual de cada individuo, la que indudablemente orienta también su proyección de vida, sobre todo, en este caso, la que desee o no tener en común con otra persona, ya sea de diferente o de su mismo sexo. Es, por tanto, la orientación sexual de una persona, como parte de su identidad personal, un elemento relevante en el proyecto de vida que tenga y que como cualquier persona incluye el deseo de tener una vida en común con otra persona de igual o distinto sexo o no y que, en modo alguno, deberá limitarlo en la búsqueda y logro de su felicidad.

"49. También este Tribunal Pleno ha señalado en diversos precedentes que dentro de los derechos fundamentales se encuentra el derecho a la identidad personal y sexual, entendiéndose por el primero, el derecho de todo individuo a ser uno mismo, en la propia conciencia y en la opinión de los demás, de acuerdo con sus caracteres físicos e internos y sus acciones, que lo individualizan ante la sociedad y permiten identificarlo, lo que implica, además, la identidad sexual, que lo proyecta frente a sí y socialmente desde su perspectiva sexual, así como su preferencia u orientación sexual y que, por tanto, se inscribe dentro de la autodeterminación de las personas e incide en el libre desarrollo de las mismas, al ser un elemento que innegablemente determinará sus relaciones afectivas y/o sexuales con personas de diferente o de su mismo sexo y, de ahí su elección de con quién formar una vida común y tener hijos, si es que desea hacerlo.

"50. Este Tribunal Pleno también sostuvo que si bien en nuestra Constitución Política no se contempla un derecho a contraer matrimonio, lo cierto es que el derecho al libre desarrollo de la personalidad implica también el de decidir casarse o no. Así, tratándose de personas homosexuales, de la misma forma que ocurre con las personas con orientación sexual hacia otras de diferente sexo (heterosexuales), es parte de su pleno desarrollo el establecimiento libre y voluntario de relaciones afectivas con personas del mismo sexo; relaciones, unas y otras, que como informan los diferentes datos sociológicos comparten como característica que constituyen una comunidad de vida a partir de lazos afectivos, sexuales y de solidaridad recíproca, con una vocación de estabilidad y de permanencia en el tiempo.

"51. Al respecto, este Tribunal Pleno advirtió que en diversos países vía legislación o jurisprudencia, se ha evolucionado paulatinamente en el reconocimiento de los derechos de las personas homosexuales y la protección jurídica de sus uniones, justificándose dichos referentes en la eliminación de la discriminación que históricamente han sufrido. Una de las formas que ha sido utilizada para lograr ese fin es a través de la aprobación de leyes que regulan las llamadas ‘sociedades de convivencia’ o ‘pactos de solidaridad’, para reconocer las uniones de hecho de personas homosexuales, aunque también en algunas de esas legislaciones, e incluso en la del Distrito Federal, no se limitaron a ese tipo de relaciones, comprendiendo ahora, además, las uniones de hecho entre personas heterosexuales, que no sean un matrimonio o un concubinato; sin embargo, tales legislaciones se equiparan, en lo general, al concubinato y no al matrimonio, por lo que no alcanzan a tener el mismo reconocimiento y protección jurídica de los derechos y obligaciones que surgen de las mismas.

"52. También destacó el Tribunal Pleno que si uno de los aspectos que conduce la forma en que un individuo proyectará su vida y sus relaciones, es su orientación sexual, es un hecho que en pleno respeto a la dignidad humana es exigible el reconocimiento por parte del Estado no sólo de la orientación sexual de un individuo hacia personas de su mismo sexo, sino también de sus uniones bajo las modalidades que en un momento dado se decida adoptar (sociedades de convivencia, pactos de solidaridad, concubinatos y el matrimonio).

"53. Por tanto, aun cuando es cierto que existen diferencias entre unas y otras parejas, sobre todo, en cuanto a la limitante de procrear hijos biológicamente comunes en las del mismo sexo, ello no se traduce en una diferencia o desigualdad entre ambas relaciones que en forma relevante incida en la decisión del legislador de extender la institución del matrimonio civil de forma tal que comprenda a ambas, puesto que la ‘potencialidad’ de la reproducción no es una finalidad esencial de aquél tratándose de las parejas heterosexuales que dentro de su derecho de autodeterminación, deciden tener hijos o no, o bien, se encuentran, en ocasiones, ante la imposibilidad de tenerlos, lo que en modo alguno les impide contraerlo, ni es una causa para anularlo si no se ha cumplido con una función reproductiva.

"54. Asimismo, este Tribunal Pleno, al resolver la acción de inconstitucionalidad 2/2010 interpretó, en la parte que interesa, el artículo 4o. de la Constitución Federal, al señalar que dicho artículo contiene diversos aspectos, tales como: a) la igualdad ante la ley del hombre y la mujer; b) la protección a la familia, correspondiendo a la ley establecer lo relativo a su organización y desarrollo; y, c) el derecho de las personas a decidir el número y espaciamiento de sus hijos, en forma libre, responsable e informada. Además, este Pleno precisó que esa disposición constitucional, contiene una serie de principios y derechos que no tienen una relación directa entre sí, pues además de los referidos aspectos, consagra también el derecho a la protección de la salud, a un medio ambiente sano, el derecho de la familia a tener una vivienda digna y decorosa, la protección a los niños y sus derechos y, derivado de su última reforma en dos mil nueve, el derecho a la cultura y a la creación cultural, la protección a la diversidad cultural y el respeto a la libertad creativa .

"i. La igualdad ante la ley del hombre y la mujer.

"55. A propósito de este aspecto -igualdad entre hombre y mujer ante la ley-, este Máximo Tribunal señaló que tanto del texto del artículo 4o. constitucional, como del procedimiento legislativo que le dio origen, la reforma obedeció a la discriminación histórica advertida hacia las mujeres (justificada en la pretendida protección a ese grupo vulnerable), de manera que se buscó eliminarla, a fin de lograr la igualdad de hombres y mujeres frente a la ley, con lo que se constituyó un límite material a la actividad legislativa, esto, en el entendido de que conforme a los criterios de esta Corte en materia de igualdad no se trata de dar un trato idéntico o de prohibir el establecimiento de diferenciaciones, sino de lograr una igualdad real entre hombres y mujeres.

"ii. La protección a la familia.

"56. En cuanto a este segundo aspecto -protección a la familia-, este órgano colegiado indicó que lo consagrado constitucionalmente es justamente su protección, en cuanto a su organización y desarrollo, sobre lo cual se dejó al legislador ordinario la facultad de garantizarlo de manera tal que conlleve su promoción y protección por el Estado, sin que tal protección constitucional se refiera o limite a un tipo de familia, como sería la nuclear (padre, madre e hijos) y que se pueda deducir que la familia se constituya exclusivamente a través del matrimonio entre un hombre y una mujer.

"57. Por consiguiente, lo que debe entenderse protegido constitucionalmente es la familia como realidad social y, por ende, tal protección debe cubrir todas sus formas y manifestaciones en cuanto a realidad existente, alcanzando a dar cobertura a aquellas familias que se constituyan con el matrimonio; con uniones de hecho; con un padre o una madre e hijos (familia monoparental), o bien, por cualquier otra forma que denote un vínculo similar.

"iii. El derecho de las personas a decidir el número y espaciamiento de sus hijos, en forma libre, responsable e informada.

"58. Respecto de este aspecto -derecho de las personas a decidir el número y espaciamiento de sus hijos, en forma libre, responsable e informada-, el Tribunal Pleno advirtió que se trata de un derecho fundamental, de los denominados de libertad, sobre la determinación libre sobre el número y espaciamiento de los hijos que se deseen tener, lo cual implica también la decisión de no tenerlos; a la par, el artículo 4o. constitucional establece la obligación del Estado de proporcionar información acerca de métodos de anticoncepción, educación sexual, etcétera, a fin de que dicha decisión sea tomada en forma responsable e informada. Sobre este derecho a decidir libremente respecto del número y espaciamiento de los hijos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la diversa acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada, sostuvo que el derecho a ser padre o madre no es conceptualmente referible a un derecho de exclusivo ejercicio colectivo, dado que, por ejemplo, una vía para ejercer este derecho es la adopción que, en el caso del Código Civil para el Distrito Federal, se permite tanto por un matrimonio como por una sola persona (hombre o mujer solteros).

"59. Luego de explicar las notas distintivas en la evolución de las relaciones familiares, el Tribunal Pleno concluyó que conforme al artículo 4o. constitucional, el legislador ordinario está obligado a proteger la organización y el desarrollo de la familia -en sus múltiples organizaciones y/o manifestaciones-, esto es, entendida la familia como un diseño o realidad social que, por ende, se presenta de forma distinta en cada cultura y que si bien, históricamente, el matrimonio como institución civil ha sido tradicionalmente reconocido como el celebrado entre un hombre y una mujer, así como la base primaria de la familia y, como tal, ha sido objeto de una especial protección jurídica, interviniendo el Estado en su celebración y registro a través de la fe pública del funcionario competente para ello, de todo lo cual deriva el reconocimiento y protección de los diversos efectos de dicho vínculo (derechos y obligaciones para los contrayentes y, en su caso, hacia sus hijos, así como frente a terceros); también es cierto que el referido estatus jurídico especial del matrimonio no ha impedido que dada la dinámica de la sociedad el legislador ordinario haya reconocido otro tipo de uniones, como ha ocurrido, por ejemplo, al regular en el Código Civil, el concubinato, concebido como la unión de dos personas de la que, con el transcurso de determinado tiempo de vida en común, surgen recíprocamente entre ellos derechos y obligaciones y, en su caso, hacia sus descendientes, o bien, más recientemente, en el caso del Distrito Federal, a través de la Ley de Sociedades de Convivencia, mediante la cual se reconocen también los derechos y obligaciones que surgen de determinado tipo de uniones de hecho.

"60. Así, el Tribunal Pleno consideró, en el preciso tema de la procreación para la perpetuación de la especie, como una de las finalidades que originalmente se vinculaba al matrimonio, que una característica particular de la evolución de esa institución y su relación con la procreación, es el hecho de que si bien se prevé como impedimento para celebrarlo, entre otros, la impotencia incurable para la cópula (artículo 156, fracción VIII, del Código Civil para el Distrito Federal), se estab

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27621-fbe0d8bb/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-analisis-de-oportunidad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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