I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. II. DIGNIDAD HUMANA. SU ALCANCE Y DERECHOS DERIVADOS DESDE EL ASPECTO DE LA PREFERENCIA SEXUAL DE CADA INDIVIDUO. III. FAMILIA. SU PROTECCIÓN, LA IGUALDAD ANTE LA LEY DEL HOMBRE Y LA MUJER Y EL DERECHO DE LAS PERSONAS A DECIDIR EL NÚMERO Y ESPACIAMIENTO DE SUS HIJOS EN FORMA LIBRE, RESPONSABLE E INFORMADA, SON DERECHOS DERIVADOS DE AQUELLA INSTITUCIÓN. IV. MATRIMONIO. LA PROCREACIÓN PARA LA PERPETUACIÓN DE LA ESPECIE NO CONSTITUYE SU FINALIDAD ESENCIAL. V. MATRIMONIO. EL PRECEPTO LEGAL QUE PREVÉ LA POSIBILIDAD DE CONTRAERLO EXCLUSIVAMENTE ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER VULNERA LOS DERECHOS DE LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS PERSONAS, EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y EL PRINCIPIO DE IGUALDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 300, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "EL HOMBRE Y LA MUJER", DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL EN VÍA DE CONSECUENCIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 294, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "PERPETUAR LA ESPECIE Y", DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EFECTOS VINCULATORIOS DE LA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA DEFINICIÓN DE MATRIMONIO CON EL OBJETO DE QUE LAS DIVERSAS DISPOSICIONES LEGALES LOCALES QUE SE REFIERAN A ESA INSTITUCIÓN SEAN INTERPRETADAS Y APLICADAS CONFORME A LO DETERMINADO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 294, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "UN SOLO (SIC) HOMBRE Y UNA SOLA MUJER, ..."; Y 297, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "ENTRE UN SOLO HOMBRE Y UNA SOLA MUJER" Y "COMO MARIDO Y MUJER", DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; ASÍ COMO DE TODAS LAS PORCIONES NORMATIVAS REFERIDAS A TALES SUJETOS, CONTENIDAS EN DIVERSOS PRECEPTOS DEL MISMO CÓDIGO Y OTROS ORDENAMIENTOS ESTATALES VINCULADOS CON EL MATRIMONIO Y EL CONCUBINATO]. VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 300, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "EL HOMBRE Y LA MUJER", Y 294, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "PERPETUAR LA ESPECIE Y", DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 29/2016. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 1 DE AGOSTO DE 2017. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIA: VIANNEY AMEZCUA SALAZAR.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al uno de agosto de dos mil diecisiete.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Por escrito recibido el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad, en la que solicitó la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:
2. Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada:
a) Poder Legislativo del Estado de Puebla
b) Poder Ejecutivo del Estado de Puebla
3. Norma impugnada:
El artículo 300, en la porción normativa "el hombre y la mujer", del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, reformado mediante decreto publicado en la segunda sección de la edición número 17 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado el veintiocho de marzo de dos mil dieciséis.
4. SEGUNDO.—El único concepto de invalidez que hace valer la accionante es, en síntesis, el siguiente:
5. El artículo impugnado excluye de la figura del matrimonio a las parejas del mismo sexo, al dejar intacta la porción normativa "el hombre y la mujer". Al respecto, debe tomarse en cuenta que no es este artículo, sino el diverso 294, el que establece la definición del matrimonio.
6. Lo anterior resulta relevante, puesto que, de la interpretación sistemática y funcional de ambos preceptos, se desprende que, en el Estado de Puebla, sólo las parejas formadas por un hombre y una mujer pueden contraer matrimonio, el cual, conforme a la definición originalmente adoptada por el legislador local el catorce de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, tiene la finalidad de perpetuar la especie y ayudarse en la lucha por la existencia.
7. De este modo, resulta evidente que el precepto combatido es inconsistente con la realidad nacional y las normas de derechos humanos contenidas en la Constitución Federal.
8. Asimismo, el artículo impugnado es violatorio de la dignidad humana, en su vertiente de libre desarrollo de la personalidad, de los principios de igualdad y no discriminación, así como de la organización y desarrollo de la familia, establecidos en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Federal.
9. En cuanto a la no discriminación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado a lo largo de su jurisprudencia que constituye un principio de carácter general que inspira todas las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ser parte de la naturaleza del género humano e inherente a la dignidad de las personas. En el mismo sentido se ha pronunciado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. CCCLIV/2014 (10a.), de título y subtítulo: "DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA."
10. De acuerdo con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Atala Riffo y Niñas Vs. Chile", es propio de la dignidad humana, en ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, poder elegir, entre otros, compartir la vida con otras personas, independientemente del género; contraer o no matrimonio; y procrear o no hijos y decidir cuántos.
11. Por lo tanto, es insostenible la constitucionalidad del artículo impugnado, al excluir injustificadamente del matrimonio a las parejas de personas del mismo sexo, en franca violación al derecho de libre desarrollo de la personalidad, establecido en la Constitución Federal y diversos tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte.
12. En la misma línea se ha pronunciado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CCLIX/2014 (10a.), de título y subtítulo: "MATRIMONIO. LA LEY QUE, POR UN LADO, CONSIDERA QUE LA FINALIDAD DE AQUÉL ES LA PROCREACIÓN Y/O QUE LO DEFINE COMO EL QUE SE CELEBRA ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER, ES INCONSTITUCIONAL."
13. Adicionalmente, el precepto combatido es discriminatorio, pues la exclusión del matrimonio está sustentada exclusivamente en las preferencias sexuales de las personas. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 28/2015, en la que se impugnó un artículo del Código Civil del Estado de Jalisco, similar al reclamado, estableció, esencialmente, que debe entenderse a la familia como realidad social y que su protección debe cubrir todas sus formas y manifestaciones, protegiendo a todas las personas; que la definición tradicional del matrimonio no es inmodificable por el legislador y, por tanto, no existe razón para excluir, para efectos de la celebración del matrimonio, a las parejas de personas del mismo sexo, siendo inconstitucional toda norma que ampare distinciones basadas en dicha condición, por ser discriminatoria.
14. En el caso, la porción normativa "el hombre y la mujer", al tener como finalidad excluir otro tipo de parejas, favorece la discriminación hacia algunas personas, violando el principio de igualdad previsto en la Constitución Federal. Esto es así, pues, en términos de la tesis 1a. CCCLXXIV/2014 (10a.), de título y subtítulo: "DISCRIMINACIÓN INDIRECTA O POR RESULTADOS. ELEMENTOS QUE LA CONFIGURAN.", dicha porción normativa implica discriminación indirecta, al carecer de contenido neutral y afectar negativa y desproporcionalmente a un determinado grupo social.
15. Además, conforme al criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte, de rubro: "MATRIMONIO. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO ALUDE A DICHA INSTITUCIÓN CIVIL NI REFIERE UN TIPO ESPECÍFICO DE FAMILIA, CON BASE EN EL CUAL PUEDA AFIRMARSE QUE ÉSTA SE CONSTITUYE EXCLUSIVAMENTE POR EL MATRIMONIO ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER.", no existe justificación para distinguir y establecer que el matrimonio es exclusivo de parejas formadas por un hombre y una mujer.
16. En relación directa con lo anterior, el concepto de matrimonio no es inmutable, sino que es impactado por procesos sociales dinámicos que trascienden la percepción tradicional. Así fue establecido por la Primera Sala en la tesis 1a. XXI/2011, de rubro: "MATRIMONIO. NO ES UN CONCEPTO INMUTABLE."
17. TERCERO.—Los preceptos que se estiman infringidos son los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, 17 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
18. CUARTO.—Mediante proveído de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 29/2016 y, por razón de turno, designó al Ministro Eduardo Medina Mora I. para que actuara como instructor en el procedimiento.
19. Por acuerdo del día siguiente, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma impugnada y al ejecutivo que la promulgó para que rindieran sus respectivos informes, así como a la procuradora general de la República para que formulara el pedimento correspondiente.
20. QUINTO.—El Poder Legislativo del Estado de Puebla, al rendir su informe, manifestó, esencialmente, lo siguiente:
21. El Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta de diciembre de mil novecientos noventa y, en éste, ya se encontraba el artículo 300 impugnado. Por tanto, si la porción normativa "el hombre y la mujer" existe desde esa fecha, esta acción de inconstitucionalidad debe ser declarada extemporánea.
22. Respecto del único concepto de invalidez planteado, señala que, con fundamento en el artículo 124 de la Constitución Federal, al no estar delegada expresamente al Congreso de la Unión la facultad para legislar sobre matrimonio, ésta se entiende reservada a las entidades federativas. Con base en lo anterior, el Congreso del Estado de Puebla reformó el Código Civil y, entre otras disposiciones, el artículo 300.
23. Al no preverse en la Constitución normas relativas al matrimonio, no existe un parámetro con el que pueda confrontarse el texto del artículo impugnado, siendo inadecuado estudiar su constitucionalidad a la luz del artículo 4o., puesto que éste únicamente contempla la igualdad entre el hombre y la mujer y la protección a la familia. No obstante, en caso de que la Suprema Corte decida entrar al fondo del asunto, deberá privilegiar aquella interpretación que sea acorde con la Constitución, presumiendo siempre su constitucionalidad; resultando aplicables al respecto las tesis P. XXI/2011 y P. IV/2008, de rubros: "MATRIMONIO. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO ALUDE A DICHA INSTITUCIÓN CIVIL NI REFIERE UN TIPO ESPECÍFICO DE FAMILIA, CON BASE EN EL CUAL PUEDA AFIRMARSE QUE ÉSTA SE CONSTITUYE EXCLUSIVAMENTE POR EL MATRIMONIO ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER." e "INTERPRETACIÓN CONFORME EN ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. CUANDO UNA NORMA ADMITA VARIAS INTERPRETACIONES DEBE PREFERIRSE LA COMPATIBLE CON LA CONSTITUCIÓN."
24. Los criterios jurisprudenciales en materia de dignidad humana y discriminación, referidos por la promovente, no resultan aplicables ni obligatorios para el Tribunal Pleno, por haber sido emitidos por la Primera Sala.
25. El concepto de invalidez es inoperante, en cuanto a la solicitud de declaración de invalidez, en vía de consecuencia, del artículo 294 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, pues dicho artículo no fue impugnado y el estudio de su constitucionalidad atentaría contra la regulación que en este ordenamiento se hace del matrimonio.
26. Por último, se hace notar que el procedimiento legislativo no fue controvertido y que éste se desarrolló en estricto apego a la normativa correspondiente.
27. SEXTO.—El Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, al rendir su informe, señaló, fundamentalmente, lo siguiente:
28. En primer lugar, el artículo 300 del Código Civil del Estado no vulnera el artículo 1o. de la Constitución Federal, dado que la nueva edad exigida para contraer matrimonio no sólo tiene la finalidad de proteger a los menores, sino que desvincula a dicha figura de la procreación. La expresión "el hombre y la mujer" incluye a ambos de manera general, pues la disposición está referida a todos los hombres y a todas las mujeres y, de ninguna manera, se refiere a un hombre con una mujer. De este modo, no es procedente la interpretación que la accionante hace de la norma, la cual, previsiblemente, está orientada por lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 28/2015, respecto del artículo 260 del Código Civil del Estado de Jalisco.
29. La formulación de este último artículo y el impugnado no es la misma. En aquel caso, dada su redacción, no cabe una interpretación distinta a la de limitar el matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer. En este caso, la formulación previa a la reforma obedecía a la diferencia que se hacía en la edad de los hombres y las mujeres para contraer matrimonio, fundada exclusivamente en poder cumplir con lo que se consideraba la principal finalidad del matrimonio, esto es, la procreación. Al eliminarse dicha diferenciación en mil novecientos noventa y nueve, la redacción cambió para establecer "el hombre y la mujer" que, a la fecha, no ha sido reformada. En este sentido, la acción de inconstitucionalidad es improcedente, por extemporánea.
30. La redacción del precepto impugnado admite interpretar que tanto parejas heterosexuales como homosexuales pueden contraer matrimonio, esto es, no es excluyente. Así, no se desconocen los derechos y libertades de las personas, en atención a su preferencia sexual. El hecho de que exista una norma distinta que defina al matrimonio resulta intrascendente para efectos del presente asunto.
31. En apoyo a lo anterior, debe señalarse que los términos "hombre" y "mujer" son utilizados de la misma manera en la Carta de las Naciones Unidas y otros tratados internacionales. Por ello, el artículo impugnado no viola al artículo 4o. de la Constitución Federal, el cual, con la finalidad de generar un referente de igualdad, distingue entre hombres y mujeres, de la misma forma a la prevista en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
32. Además, el artículo combatido, lejos de implicar una restricción a derechos humanos, una exclusión o ataque a la dignidad humana, prevé una acción afirmativa para dar plena eficacia al derecho al libre desarrollo de la personalidad de niños y niñas, esto es, para que, al alcanzar la edad requerida en tal precepto, puedan decidir libremente si quieren o no formar una familia, encontrándose en posibilidad de afrontar las responsabilidades derivadas de sus decisiones; de ahí que las preferencias sexuales no hayan sido un dato objetivo ni relevante para efectos de la iniciativa que dio origen a su reforma.
33. A pesar de lo anterior, la promovente introduce una supuesta discriminación por razón de preferencia sexual y la utiliza para que se declare la invalidez de un precepto diverso (que no fue reformado).
34. Por otra parte, contrario a lo expresado por la accionante, de una interpretación sistemática y funcional de diversos artículos del Código Civil Local, no se desprende que el matrimonio necesariamente deba celebrarse entre un hombre y una mujer. Como se señaló, el precepto combatido es autónomo a otras disposiciones, en específico, a la que define el matrimonio, puesto que si esta última se modificara, en nada afectaría el contenido de aquél.
35. De esta forma, mientras el artículo 300 exclusivamente establece la edad mínima para contraer matrimonio, el artículo 294 define la institución del matrimonio, lo que, como se apuntó, no se relaciona directamente. La reforma del artículo impugnado, independientemente de la naturaleza del matrimonio, únicamente pretendió adaptarse a la resolución 843 (IX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de diecisiete de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, así como a la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíben el matrimonio de menores y buscan la protección del libre desarrollo de su personalidad.
36. Asimismo, manifiesta que la norma impugnada es descriptiva. En términos de la clasificación de George Henrik Von Wright, existen dos tipos de normas: principales (definitorias o determinativas, directivas y prescriptivas) y secundarias (ideales, costumbre y moral). El artículo 300, impugnado, es una norma definitoria, por medio de la cual sólo se establece un parámetro, pero no una exclusión de destinatarios.
37. Finalmente, el precepto impugnado no es discriminatorio, porque la igualdad, en nuestro ordenamiento constitucional, protege a cada individuo en lo particular y a grupos. En el caso, como se expuso, el artículo está encaminado a la protección del interés superior de los niños, por lo que la simple especulación o consideración generalizada sobre sujetos que puedan verse afectados es insuficiente para declarar su inconstitucionalidad.
38. SÉPTIMO.—Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos y encontrándose instruido el procedimiento, se puso el expediente en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
39. PRIMERO.—Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre el artículo 300, en la porción normativa "el hombre y la mujer", del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte.
40. SEGUNDO.—Por cuestión de orden, se debe primero analizar si la acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente.
41. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal dispone:
"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."
42. Conforme a este artículo, el plazo para la presentación de la acción será de treinta días naturales y el cómputo respectivo deberá hacerse a partir del día siguiente al en que se hubiese publicado la norma impugnada.
43. En el caso, el "Decreto del honorable Congreso del Estado, por el que reforma la fracción I y el último párrafo del artículo 299, el 300, el 403, las fracciones II y III del 404, las fracciones VI y VII del 888, y deroga los artículos 54, la fracción II del 299, del 301 al 306, el 308, el 332, el 344, el 346, del 405 al 408, el 444, la fracción IV del 888, la fracción IV del 907 y el 910, todos del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla" se publicó en la segunda sección de la edición número 17 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado el veintiocho de marzo de dos mil dieciséis; por tanto, el plazo de treinta días naturales para promover la acción inició el veintinueve de marzo y concluyó el veintisiete de abril de dos mil dieciséis.
44. La acción de inconstitucionalidad se presentó el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, según consta al reverso de la foja 31 del expediente, esto es, se recibió el último día del plazo, por lo que fue presentada en forma oportuna.
45. No es óbice a lo anterior lo señalado por los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Puebla, en el sentido de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19, en relación con el artículo 65, de la ley reglamentaria de la materia, al haberse promovido la demanda de manera extemporánea, pues consideran que la porción normativa impugnada tiene su origen en un acto legislativo previo, publicado el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa.
46. Contrario a lo señalado por las autoridades mencionadas, la demanda se promovió oportunamente, pues, como quedó expuesto, se presentó dentro del plazo de treinta días naturales previsto para ello, ya que la norma impugnada en esta acción es el artículo 300 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla –en la porción normativa que señala "el hombre y la mujer"– y la accionante señala que viola, entre otros, los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Federal, pues, al haber dejado incólume dicha porción normativa, se restringió el ejercicio de derechos humanos, al excluir de la celebración del matrimonio a parejas del mismo sexo; asimismo, aduce que tal porción normativa está relacionada con el diverso artículo 294, lo que reitera una definición discriminatoria de la institución del matrimonio, por lo que también solicita que, en vía de consecuencia, se declare la invalidez de este último precepto –de manera indirecta–, el cual, en efecto, no fue reformado.
47. Además, si bien es cierto que pudiera pensarse que la reforma al artículo 300, impugnado, dejó intocada la redacción anterior –la porción normativa que indica "el hombre y la mujer"–(1), en el caso, estamos en presencia de un nuevo acto legislativo, ya que se llevó a cabo un procedimiento legislativo y la modificación normativa fue sustantiva.
48. Al respecto, conforme a lo determinado por el Tribunal Pleno, al resolver la acción de inconstitucionalidad 28/2015,(2) para que se pueda hablar de un nuevo acto legislativo, para efectos de su impugnación o sobreseimiento por cesación de efectos, a través de una acción de inconstitucionalidad, deben reunirse, al menos, los siguientes dos aspectos:
a) Que se haya llevado a cabo un procedimiento legislativo (criterio formal); y,
b) Que la modificación normativa sea sustantiva o material.
49. El primer aspecto conlleva el desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación; siendo relevante para las acciones de inconstitucionalidad la publicación de la norma, pues, a partir de este momento, podrá ejercerse la acción por los entes legitimados.(3)
50. El segundo aspecto, consistente en que la modificación sea sustantiva o material, se actualiza cuando existan verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto. Una modificación al sentido normativo será un nuevo acto legislativo.
51. Una modificación de este tipo no se daría, por ejemplo, cuando se reproduce un artículo exactamente con el mismo contenido que el reformado, ni cuando solamente se varíen las fracciones o párrafos de un artículo y que, por cuestiones de técnica legislativa, deban recorrerse, siempre y cuando las nuevas inserciones no impliquen una modificación en el sistema normativo al que fueron adheridas. Tampoco basta la sola publicación de la norma, ni que se reproduzca íntegramente, para que se considere un nuevo acto legislativo, sino que la modificación debe impactar el alcance de ésta con elementos novedosos que la hagan distinta a la que se encontraba regulada.
52. En otras palabras, esta modificación debe producir un efecto normativo en el texto de la disposición al que pertenece el propio sistema. El ajuste de la norma debe producir un efecto normativo distinto en dicho sistema, aunque sea tenue.
53. Así, conforme a este entendimiento del nuevo acto legislativo, no cualquier modificación puede generar la procedencia de la acción de inconstitucionalidad, sino que, una vez agotadas las fases del procedimiento legislativo, la modificación necesariamente debe producir un impacto en el mundo jurídico. En este sentido, también quedarían excluidas aquellas reformas de tipo metodológico que derivan propiamente de la técnica legislativa, en las que, por cuestiones formales, deba ajustarse la ubicación de los textos o, en su defecto, los cambios de nombres de ciertos entes, dependencias y organismos, por ejemplo.
54. Lo que este Tribunal Pleno pretende con este entendimiento sobre el nuevo acto legislativo es controlar o verificar cambios normativos reales y no sólo cambios de palabras o cuestiones menores propias de la técnica legislativa, esto es, cambios que afecten la esencia de la institución jurídica que se relacione con el cambio normativo al que fue sujeto, que deriva precisamente del producto del Poder Legislativo.
55. En estas condiciones, como se adelantó, en el caso, se reúnen los dos requisitos. Se llevaron a cabo las diferentes etapas o fases del procedimiento legislativo hasta culminar con la publicación de la norma impugnada, pues el artículo impugnado –300 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla–, entre otros, fue motivo de las iniciativas presentadas por los diputados Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, Susana del Carmen Riestra Piña, Cirilo Salas Hernández y Cupertino Alejo Domínguez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso(4) y por el gobernador,(5) las cuales fueron turnadas a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Procuración y Administración de Justicia, de Igualdad de Género y de Familia y su Desarrollo Integral, a fin de que se modificara la edad mínima requerida para contraer matrimonio en el Estado.
56. Una vez que las comisiones elaboraron y aprobaron el dictamen correspondiente,(6) en sesión ordinaria de ocho de marzo de dos mil dieciséis, se sometió a discusión ante el Pleno de la misma Legislatura la minuta de decreto que proponía la reforma a los artículos 299, último párrafo, 300, 403, 404, fracciones II y III, 888, fracciones VI y VII, así como la derogación de los artículos 54, 299, fracción II, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 332, 344, 346, 405, 406, 407, 408, 444, 888, fracción IV, 907, fracción IV y 910 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla y, con la participación de dos diputadas, en votación nominal se aprobó dicha minuta, con treinta y seis votos a favor, cero abstenciones y cero votos en contra.(7) Finalmente, el decreto que contiene la norma impugnada fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintiocho de marzo de dos mil dieciséis.(8)
57. Por lo que respecta al segundo requisito, este Tribunal Pleno considera que la modificación del artículo 300, impugnado, es, sin duda, de carácter sustantivo, pues la edad para contraer matrimonio fue modificada. Antes de la reforma combatida, la edad para contraer matrimonio era de dieciséis años, mientras que ahora, como resultado de la reforma, es de dieciocho años. Así, la figura del matrimonio en el Estado de Puebla sufrió un cambio significativo, ya que, actualmente, para que las personas puedan contraer matrimonio, necesitan contar con una edad de dieciocho años, provocando una modificación en el sistema normativo, al influir en la institución de la que forma parte, pues se advierte un impacto trascendente en la regulación de dicha figura jurídica.
58. TERCERO.—Acto continuo, se procede a analizar la legitimación de la promovente:
59. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal dispone:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
"...
"g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas."
60. De lo anterior se advierte «que» la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un órgano legitimado para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter estatal, como la que se impugna, por estimar que viola derechos fundamentales, tal como plantea el accionante en su escrito.
61. Por otra parte, el artículo 11, párrafo primero, en relación con el artículo 59, de la ley reglamentaria de la materia, establece que las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlas:
"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."
"Artículo 59. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se encuentre previsto en este título, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el título II."
62. En este sentido, en términos de los artículos 15, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 18 de su reglamento interno, corresponde al presidente de la comisión su representación legal:
"Artículo 15. El presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
"I. Ejercer la representación legal de la Comisión Nacional."
"Artículo 18. ... La presidencia es el órgano ejecutivo de la Comisión Nacional. Está a cargo de un presidente, al cual le corresponde ejercer, de acuerdo con lo establecido en la ley, las funciones directivas de la Comisión Nacional y su representación legal."
63. Suscribe el escrito respectivo, Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acredita con la copia certificada de la comunicación emitida por el presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por la que se le hace saber que, en sesión celebrada el trece de noviembre de dos mil catorce, fue electo para ocupar tal cargo por el periodo dos mil catorce-dos mil diecinueve.(9)
64. En consecuencia, debe considerarse que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentra legitimada para promover la acción de inconstitucionalidad y que la persona que suscribe el escrito relativo es en quien recae la representación legal de dicha comisión.
65. CUARTO.—Al no haberse hecho valer por las partes otra causa de improcedencia, ni advertirse alguna de oficio por este Alto Tribunal, se procede al estudio de los conceptos de invalidez plantea
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28057-2d3d85e6/i-accion-de-inconstitucionalidad-lineamientos-minimos-requeridos-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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