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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL NO TRATARSE EL IMPUGNADO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 58, FRACCIÓN III Y 59, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ REFORMADOS MEDIANTE LA LEY NÚMERO 53, PUBLICADA EN LA EDICIÓN NÚMERO 24 DE LA GACETA OFICIAL LOCAL DE TRES DE FEBRERO DE DOS MIL). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SUPUESTO EN EL QUE SE IMPUGNA UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 4, PÁRRAFOS PRIMERO Y TERCERO, 81, FRACCIÓN I Y 86, DE LA LEY NÚMERO 583 ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL LOCAL EL CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LA NORMA GENERAL IMPUGNADA HA SIDO DEROGADA (ARTÍCULO 86 DE LA LEY NÚMERO 583 ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ AL HABER SIDO DEROGADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 894 PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ EL DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS). IV. MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ. LA IMPOSIBILIDAD DE QUE SEAN RATIFICADOS EN SU ENCARGO, UNA VEZ QUE CONCLUYA EL PERIODO DE DIEZ AÑOS PARA EL QUE FUERON NOMBRADOS, VIOLA EL DERECHO A LA ESTABILIDAD Y SEGURIDAD EN EL EJERCICIO DEL CARGO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 4, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA: "IMPRORROGABLES"). V. MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ. LOS REQUISITOS PARA OCUPAR ESE CARGO DEBEN AJUSTARSE A LOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 95 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON INCLUSIÓN DEL RELATIVO A CONTAR, AL DÍA DE LA DESIGNACIÓN, CON TÍTULO DE LICENCIADO EN DERECHO CON UNA ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE DIEZ AÑOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 4, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA: "PARA SER MAGISTRADO SERÁN LOS SEÑALADOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO"). VI. JUECES MUNICIPALES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ. PARA OCUPAR ESE CARGO DEBEN AJUSTARSE A LAS BASES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, PÁRRAFO CUARTO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y, POR ENDE, CONTAR, SIN EXCEPCIÓN, CON TÍTULO DE LICENCIADO EN DERECHO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE SEÑALA: "EL CONSEJO DE LA JUDICATURA PODRÁ DISPENSAR ESTE REQUISITO SIEMPRE Y CUANDO EXISTA CAUSA JUSTIFICADA"). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES EN VÍA DE CONSECUENCIA (INVALIDEZ DE LA PORCIÓN NORMATIVA "IMPRORROGABLES" DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 59 DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ, RESPECTO DEL CUAL SE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO, DERIVADA DE LA INVALIDEZ DE LA PORCIÓN NORMATIVA "IMPRORROGABLES" DEL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ RESPECTO DEL TÉRMINO DE DIEZ AÑOS QUE DURA EL CARGO DE MAGISTRADO LOCAL PRIVANDO LA POSIBILIDAD DE SU RATIFICACIÓN). VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES EN VÍA DE CONSECUENCIA (INVALIDEZ DE LA PORCIÓN NORMATIVA "CON UNA ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE CINCO AÑOS" DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 58 DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ, RESPECTO DEL CUAL SE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO, DERIVADA DE LA INVALIDEZ DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ EN LA PORCIÓN NORMATIVA "CON UNA ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE CINCO AÑOS" RESPECTO A LA ANTIGÜEDAD DEL TÍTULO DE LICENCIADO EN DERECHO COMO REQUISITO A FIN DE OBTENER EL CARGO DE MAGISTRADO). IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA A UN CONGRESO LOCAL A EMITIR LA REGULACIÓN APLICABLE (VINCULACIÓN AL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA REGULAR LO REFERENTE A LA ANTIGÜEDAD QUE DEBE TENER EL TÍTULO DE LICENCIADO EN DERECHO PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADO DEL PODER JUDICIAL LOCAL).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 79/2015. · Registro digital (IUS): 27666
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2018-03-02
Promovente: PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo I, Pág. 126.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 79/2015. PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 10 DE AGOSTO DE 2017. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIA: VIANNEY AMEZCUA SALAZAR.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diez de agosto de dos mil diecisiete.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.-Por oficio recibido el uno de septiembre de dos mil quince, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arely Gómez González, en su carácter de procuradora general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad, en la que solicitó la invalidez de las normas que más adelante se señalan, emitidas y promulgadas por las autoridades que a continuación se precisan:

2. Autoridades emisora y promulgadora de las normas generales impugnadas:

a) Poder Legislativo del Estado de Veracruz

b) Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz

3. Normas generales impugnadas:

4. Los artículos 4, párrafos primero y tercero -en relación con el artículo 58, fracción III, de la Constitución Local-, 81, fracción I y 86 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, publicada en la Gaceta Oficial Estatal el cuatro de agosto de dos mil quince.

5. SEGUNDO.-Los conceptos de invalidez hechos valer por la accionante son, en síntesis, los siguientes:

a) Inconstitucionalidad del artículo 4, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz.

6. El Congreso del Estado no previó en el precepto impugnado la posibilidad de reelección o ratificación de los Magistrados del Poder Judicial Local, con lo cual incurrió en una omisión legislativa relativa en competencia de ejercicio obligatorio, ya que la Legislatura Estatal se encuentra obligada, por mandato constitucional, a establecer un mecanismo que permita a dichos funcionarios judiciales contar con esa garantía, a efecto de que, al momento de terminar el periodo de su cargo, puedan ser evaluados por las autoridades competentes y, en caso de demostrar haberse desempeñado con honorabilidad, excelencia, honestidad y diligencia, puedan ser ratificados.

7. Lo anterior, además de ser una garantía para los funcionarios judiciales que se encuentren en el supuesto -en términos del artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal-, constituye una garantía que opera en favor de la sociedad, pues ésta tiene derecho a contar con Magistrados capaces e idóneos que aseguren el acceso a la justicia de los gobernados -conforme al artículo 17, párrafos segundo y sexto, de la Constitución-.

8. Así también, el artículo 59, párrafo segundo, de la Constitución Local únicamente establece que los Magistrados durarán en su cargo diez años improrrogables y sólo serán removidos de conformidad con lo dispuesto por el propio ordenamiento.

9. La omisión en que incurren ambos preceptos vulnera el principio de independencia judicial de los tribunales locales, consagrado en los artículos 17, párrafos segundo y sexto, y 116, fracciones III, párrafos segundo y penúltimo, y IV, inciso c), constitucionales, así como la garantía de inamovilidad en el cargo, derivada del artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues si, como ha señalado la Corte Interamericana, la provisionalidad de los Jueces en sus cargos genera importantes obstáculos para la independencia judicial, es evidente que estos obstáculos aumentan si el sistema que norma a la judicatura no permite siquiera que los Magistrados puedan ser reelectos o ratificados. La garantía institucional de independencia judicial se relaciona entonces directamente, no sólo con el derecho del justiciable a ser juzgado por Juez independiente, sino también con el derecho del Juez de permanecer en su cargo, como consecuencia de la garantía de inamovilidad.

b) Inconstitucionalidad del artículo 4, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con el artículo 58, fracción III, de la Constitución Política, ambas del Estado de Veracruz.

10. En los preceptos combatidos, el Congreso del Estado estableció como requisito de elegibilidad al cargo de Magistrado contar con título de licenciado en derecho con antigüedad mínima de cinco años al día del nombramiento, en contravención a lo dispuesto por los artículos 95, fracción III y 116, fracción III, de la Constitución Federal, conforme a los cuales, para ser Magistrado Estatal, debe contarse, al día de la designación, con título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello, pero con antigüedad mínima de diez años, lo cual tiene como propósito, según se desprende de la exposición de motivos de la reforma respectiva, elevar la profesionalización de estos funcionarios públicos, a través de la adquisición de mayores conocimientos y experiencia.

11. Si bien las Constituciones y las leyes orgánicas de las entidades federativas pueden prever las condiciones para el ingreso a la carrera judicial, deben garantizar la profesionalización e independencia judicial en la administración de justicia, observando los requisitos mínimos de elegibilidad previstos constitucionalmente, que aseguran la idoneidad de los sujetos a los que se designe como Magistrados y, con ello, la impartición de justicia pronta, completa e imparcial. Tales exigencias se refieren a que los nombramientos de Magistrados y Jueces deben hacerse preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica, así como a que los Magistrados satisfagan los requisitos que el artículo 95 de la Constitución Federal prevé para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que será responsabilidad de los órganos que, de acuerdo con la Constitución Local, a la que remite la Federal, participen en el proceso de designación.

12. Aun cuando el artículo 4, párrafo tercero, de la ley orgánica no sea en sí mismo inconstitucional, por limitarse a establecer que los requisitos para ocupar el cargo de Magistrado son los previstos en la Constitución Estatal, su análisis no debe ceñirse a su texto, pues, al remitir a una norma que contraviene la Constitución Federal, se torna inconstitucional, al exceptuar del requisito constitucional de contar al día del nombramiento con título profesional con antigüedad mínima de diez años a únicamente cinco años.

c) Inconstitucionalidad del artículo 81, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz.

13. El precepto impugnado, que autoriza al Consejo de la Judicatura a dispensar el requisito para ser Juez municipal, consistente en contar, al día del nombramiento, con título de licenciado en derecho, siempre y cuando exista causa justificada para ello, resulta inconstitucional, pues vulnera el derecho de tutela judicial efectiva y el requisito de idoneidad profesional, previstos en los artículos 17, párrafo segundo y 116, fracción III, párrafo cuarto, de la Norma Fundamental, ya que, lejos de cumplir con el mandato de optimización consistente en que los Jueces sean personas probas, eficientes e idóneas profesionalmente, establece un sistema que autoriza excepciones.

14. De las atribuciones que confieren los artículos 82, 83 y 84 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como el artículo 17 del Código de Procedimientos Penales, ambos del Estado de Veracruz, a los Jueces municipales, se desprende la necesidad de que éstos sean licenciados en derecho, a fin de que puedan administrar una justicia adecuada y, con ello, respetar el derecho de toda persona a ser juzgada por un Juez competente e idóneo.

15. Por otro lado, en el precepto combatido no se establecen cuáles son o qué debe entenderse por "causas justificadas" para la dispensa del requisito referido, lo cual genera confusión y viola los principios de certeza y seguridad jurídica, reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues afecta gravemente a los destinatarios de la norma.

d) Inconstitucionalidad del artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz.

16. El precepto impugnado, al establecer que el cargo de Juez de comunidad será honorífico, es violatorio de los artículos 116, fracción III, párrafo último y 127, párrafo primero, en relación con los párrafos segundo y sexto del artículo 17, todos de la Constitución Federal.

17. De los artículos 2, apartado A, fracción X, 9, párrafo segundo y 88 de la ley orgánica, se desprende que los juzgados de comunidad son órganos jurisdiccionales del Poder Judicial Estatal, cuyos titulares son designados por Jueces municipales o Jueces menores, a los que se encomiendan funciones de procuración y administración de justicia, así como de conciliación, consistentes en practicar las diligencias que les ordenen los Jueces de primera instancia, menores y municipales, conocer en casos urgentes y flagrantes de los delitos que se cometan en su jurisdicción, a efecto de preservar las pruebas y asegurar a los responsables, e intervenir en conflictos que se susciten entre vecinos de la comunidad, procurando avenirlos u orientarlos para que acudan ante la autoridad competente.

18. Dada la responsabilidad que se asigna a un Juez de comunidad en un procedimiento jurisdiccional, que puede estar relacionado con cualquier materia, pues la normativa no precisa en qué tipo de juicios deben llevar a cabo las diligencias, no se explica cómo el cargo puede ser honorífico, esto es, no remunerado. El cargo implica un alto grado de responsabilidad dentro de la función jurisdiccional, sus actuaciones trascienden a todo el procedimiento y, por ende, a los derechos de los justiciables. Bajo esta perspectiva, el nombramiento como Juez de comunidad conlleva, como servidor público del Poder Judicial Local, el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la ley orgánica y demás ordenamientos que sujeten a un régimen de responsabilidades.

19. Es importante hacer notar que las funciones encomendadas al Juez de comunidad no son propiamente las que desempeña un Juez, pues en realidad los Jueces son servidores públicos que, en el ejercicio de la función jurisdiccional, tienen a su cargo la sustanciación de un procedimiento desde su inicio hasta el dictado de la sentencia. Los Jueces de comunidad son órganos sui géneris del Poder Judicial que, por sus funciones, tienen participación no sólo en la procuración de justicia, sino también en el ejercicio jurisdiccional; por tanto, deben contar con la independencia, autonomía e imparcialidad de que gozan los Jueces y todos los servidores públicos que integran dicho poder.

20. En este sentido, debe entenderse que los Jueces de comunidad están protegidos por las diversas garantías judiciales que tienen los Jueces y los demás funcionarios públicos que conforman un órgano jurisdiccional, las que, desde luego, comprenden el pago de un salario o remuneración adecuada e irrenunciable, que no puede disminuirse durante el encargo, puesto que su finalidad es generar una seguridad económica que robustezca la imparcialidad con que deben desarrollar su función y, sobre todo, mantenerlos ajenos a intereses de este tipo; de ahí que el precepto combatido sea inconstitucional, al prever que un cargo con funciones jurisdiccionales e integrante de su estructura orgánica sea honorífico.

21. No debe confundirse la falta de un salario, esto es, el hecho de que el cargo sea honorífico, con la honorabilidad con que debe contar quien asume el puesto, dado que el artículo 87, fracción IV, de la ley orgánica prevé como requisito para ser Juez de comunidad, gozar de buena reputación; además, si se hubiese pretendido que este cargo fuese remunerado, no estaría previsto en el precepto que se impugna y solamente se contemplaría el requisito de honorabilidad en la citada fracción del artículo 87. Dándole connotación de "honorabilidad", se podría llegar al extremo de concluir que los demás Jueces o servidores públicos no necesitan reunir esta condición, sino sólo los Jueces de comunidad, ya que la norma únicamente está dirigida a éstos.

22. Si se atiende a la definición gramatical de la palabra "honorífico", se llega a la conclusión de que es una actividad gratuita. De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, es un adjetivo que quiere decir "que da honor", lo cual no necesariamente implica una retribución monetaria.

23. TERCERO.-Los preceptos que se estiman infringidos son los artículos 1o., 14, 16, 17, párrafos segundo y sexto, 95, fracción III y 116, fracción III, párrafos segundo, tercero, penúltimo y último, y 127, párrafo primero, de la Constitución Federal y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

24. CUARTO.-Mediante proveído de uno de septiembre de dos mil quince, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por la procuradora general de la República, a la que correspondió el número 79/2015 y, por razón de turno, designó al Ministro Eduardo Medina Mora I., para que actuara como instructor en el procedimiento.

25. En auto de dos de septiembre siguiente, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma impugnada y al ejecutivo que la promulgó para que rindieran sus respectivos informes.

26. QUINTO.-En sus informes, los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Veracruz señalaron, esencialmente, lo siguiente:

27. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19, en relación con los artículos 60 y 61, fracción III, de la ley reglamentaria de la materia, respecto del artículo 58, fracción III, de la Constitución Política del Estado, el cual se encuentra vigente desde el cuatro de febrero de dos mil y fue materia de impugnación en las controversias constitucionales 10/2010 y 15/2010 a 19/2010; sin que pueda plantearse ahora su invalidez, derivado de una supuesta relación con el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al ser evidente que su impugnación resulta notoriamente extemporánea.

28. a) De conformidad con el artículo 59, párrafo segundo, de la Constitución Local, los Magistrados durarán en su cargo diez años improrrogables y sólo serán removidos de acuerdo con lo dispuesto en la propia Constitución. Al depender la validez del artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la del párrafo segundo del artículo 59, no es dable analizar su constitucionalidad, al haber transcurrido en exceso el plazo para impugnar este último, vigente desde el cuatro de febrero de dos mil; por lo que el concepto de invalidez relativo debe declararse inoperante.

29. Sin perjuicio de lo anterior, resultan infundados los argumentos relacionados con la violación a la garantía de inamovilidad judicial, la cual no constituye un derecho humano como tal, sino una prerrogativa otorgada a los integrantes del Poder Judicial, en aras de favorecer la impartición de justicia. El artículo 116, fracción III, párrafo penúltimo, de la Constitución Federal no puede, por tanto, ser interpretado a la luz del principio pro homine, sino de forma estricta y, específicamente, de conformidad con los artículos 39 y 40 de la propia Constitución.

30. En este sentido, al disponerse en dicho precepto constitucional que los Magistrados de los Poderes Judiciales Locales "podrán ser reelectos", debe entenderse, de una interpretación gramatical, que los Congresos Estatales tienen expedita su facultad para prever, en sus Constituciones, si aquéllos pueden o no ser reelectos o ratificados en sus cargos.

31. Sostener que el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con el artículo 59, párrafo segundo, de la Constitución, contravienen lo dispuesto por la Constitución Federal y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sería tanto como admitir que, al establecerse en la Constitución Federal y en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, respectivamente, que el nombramiento de los Ministros y los Magistrados será de quince años improrrogables, se vulnera la propia Constitución y la convención; siendo que las garantías concedidas a los integrantes de los Poderes Judiciales, entre ellas, la de inamovilidad, sólo surten efecto durante el periodo para el cual fueron designados o electos, tal como señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela.

32. El hecho de no establecer reglas para la posible ratificación de los Magistrados de los Poderes Judiciales Estatales que, derivado de los principios de independencia y autonomía, no tienen un vínculo laboral con los tribunales a los que se encuentran adscritos, no atenta contra la profesionalización de estos servidores públicos y, mucho menos, contra la carrera judicial. Aceptar la inamovilidad en el cargo de Magistrado conllevaría admitir el estancamiento del derecho y, en concreto, del stare decisis, como sistemas vivos que ofrecen nuevas soluciones a las problemáticas que la evolución de la sociedad trae consigo.

33. Al respecto, resultan aplicables los siguientes criterios:

• "MAGISTRADOS DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. LA DURACIÓN DE SU NOMBRAMIENTO ES POR UN PERIODO DE 15 AÑOS IMPRORROGABLES."

• "MAGISTRADOS DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. LA GARANTÍA DE SEGURIDAD O ESTABILIDAD EN EL EJERCICIO DEL CARGO SE LIMITA AL PERIODO PARA EL CUAL SON NOMBRADOS."

• "MAGISTRADOS DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO RESULTA APLICABLE EL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA DE ESE ÓRGANO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE DICIEMBRE DE 2007, RESPECTO DE LOS NOMBRAMIENTOS DE AQUÉLLOS."

• "MAGISTRADOS DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. AL NO EXISTIR VÍNCULO LABORAL ENTRE ÉSTOS Y ESE ÓRGANO JURISDICCIONAL O SU JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, LAS DIFERENCIAS QUE SURJAN ENTRE ELLOS NO CONSTITUYEN CONFLICTOS LABORALES."

• "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS TIENEN INTERÉS LEGÍTIMO PARA ACUDIR A ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, CUANDO SE AFECTE SU INDEPENDENCIA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL CON MOTIVO DE UN JUICIO POLÍTICO SEGUIDO A SUS INTEGRANTES."

• "ESTABILIDAD DE LOS MAGISTRADOS DE PODERES JUDICIALES LOCALES. PARÁMETROS PARA RESPETARLA, Y SU INDEPENDENCIA JUDICIAL EN LOS SISTEMAS DE NOMBRAMIENTO Y RATIFICACIÓN."

• "MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. EL ARTÍCULO 61, PÁRRAFO PENÚLTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, AL PREVER LA ENTREGA DEL HABER POR RETIRO SÓLO A AQUELLOS QUE HUBIEREN CUMPLIDO CON LA CARRERA JUDICIAL, ES INCONSTITUCIONAL."

34. b) Al depender la validez del artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la del artículo 58, fracción III, de la Constitución, no es dable analizar su constitucionalidad, al haber transcurrido en exceso el plazo para impugnar este último, vigente desde el cuatro de febrero de dos mil; por lo que el concepto de invalidez relativo debe declararse inoperante.

35. Sin perjuicio de lo anterior, resultan infundados los argumentos relacionados con la violación al principio de profesionalismo, pues la antigüedad del título no demerita el grado de conocimiento, experiencia y solvencia moral de quien pretenda ser designado como Magistrado. No en pocas ocasiones personas que tardan en titularse superan en conocimiento y experiencia a otras tituladas hace más tiempo.

36. c) La dispensa de contar con título de licenciado en derecho, como requisito para ser Juez municipal, contemplada en el artículo 81, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no implica que quien pretenda ocupar dicho cargo no cuente con conocimientos jurídicos y, lejos de vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva, lo garantiza, ya que en algunos Municipios marginados del Estado, no habría quien pudiera cumplir tal requisito, aunado a que a muchas personas no les llama la atención las condiciones del puesto, ni están dispuestas a irse a estos lugares.

37. Si todo Juez que resuelve controversias tuviera que ser licenciado en derecho, no existiría el ius dicere en las comunidades indígenas, al interior de las cuales se pretende más bien la designación de personas altamente reconocidas, con conocimiento de sus usos y costumbres. También estarían prohibidos los arbitrajes ad hoc, pues constituiría un principio esencial del procedimiento que éste fuera resuelto por un licenciado en derecho y, por ende, quedarían proscritos igualmente los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, como los laborales, tramitados ante las dependencias por cuestiones de incidencias, en los que quienes resuelven no son, en la mayoría de los casos, licenciados en derecho.

38. Suponiendo sin conceder que la Constitución pretendiera que todo Juez fuese licenciado en derecho, se enfrentaría el problema de exigir este requisito o garantizar la existencia de un tribunal que, de manera pronta, protegiera los derechos de los gobernados. En un contexto como el del Estado de Veracruz, tendría que sacrificarse la primera opción y, en términos de razonabilidad y proporcionalidad, exigirse únicamente que se tratase de personas con conocimientos en el ámbito del derecho, pues, de lo contrario, se violaría el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

39. Por otro lado, el hecho de que el citado artículo 81, fracción I, no especifique los casos en que se otorgará la dispensa, no transgrede el principio de seguridad jurídica, pues no debe interpretarse aislada, sino sistemáticamente con los artículos 1o., 17 y 133 de la Constitución Federal, de modo que se entienda referido a personas que, no siendo licenciados en derecho, tengan los conocimientos jurídicos suficientes para garantizar los derechos humanos previstos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, pudiendo así consignarse en el reglamento correspondiente.

40. d) No existe disposición que otorgue atribución a los Jueces menores o municipales para nombrar a los Jueces de comunidad, y si bien es cierto que éstos forman parte de la estructura orgánica del Poder Judicial Estatal, el cargo es sui géneris, al encomendárseles únicamente funciones de auxilio a la labor de los Jueces menores o municipales, es decir, sólo actúan en casos extraordinarios y no de manera permanente, teniendo, incluso, sus propios negocios o forma de vida.

41. Que el cargo sea honorífico significa que deberá nombrarse a una persona especialmente proba y arraigada a la comunidad. Lo que se busca al ocupar este tipo de puestos es el respeto y reconocimiento por el cumplimiento de una labor social que, dadas las características particulares de las comunidades, se vería demeritada si se aceptase a cambio una remuneración, lo cual, lejos de fortalecer el acceso a la justicia y la autonomía judicial, los mermaría, al cuestionarse las razones eminentemente sociales y no económicas propias del cargo.

42. A mayor abundamiento, la Constitución Federal, en los artículos 5o., párrafo cuarto y 36, fracción V, refiere que funciones como las de jurado o electorales serán obligatorias y gratuitas, encuadrándose, en este sentido, como cargos honoríficos de orden público. Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 88, prevé la obligación de los ciudadanos de ejercer funciones electorales y la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el artículo 17, que los diez integrantes del Consejo Consultivo de dicho organismo serán cargos honoríficos.

43. SEXTO.-Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos y encontrándose instruido el procedimiento, se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

44. PRIMERO.-Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c),(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues se plantea la posible contradicción entre diversos artículos de la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambas del Estado de Veracruz, y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

45. SEGUNDO.-De la lectura integral del escrito inicial, se advierte que la accionante impugna, en relación con el párrafo primero del artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el artículo 59, párrafo segundo, de la Constitución Política, por estimar que, al igual que en aquél, al prever el término "improrrogables", no autoriza la posibilidad de ratificación de los Magistrados; así también, en relación con el párrafo tercero del citado artículo 4, el artículo 58, fracción III, de la Constitución Política, por estimar que es éste el que directamente, contrario a lo establecido en los artículos 95, fracción III y 116, fracción III, párrafo tercero, de la Constitución Federal, exige como requisito para ser Magistrado tener título de licenciado en derecho con antigüedad menor a diez años.

46. Por consiguiente, en el presente asunto deben tenerse como impugnados los artículos 58, fracción III y 59, párrafo segundo, de la Constitución Política y 4, párrafos primero y tercero, 81, fracción I y 86 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambas del Estado de Veracruz.

47. TERCERO.-Por cuestión de orden, se debe primero analizar si la acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente.

48. El artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal dispone:

"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente."

49. Conforme a este artículo, el plazo para la presentación de la acción será de treinta días naturales y el cómputo respectivo deberá hacerse a partir del día siguiente al en que se hubiese publicado la norma impugnada.

50. En el caso, los artículos 58, fracción III y 59, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Veracruz fueron reformados mediante la Ley Número 53, publicada en la Edición Número 24 de la Gaceta Oficial el tres de febrero de dos mil, habiendo transcurrido en exceso el plazo para su impugnación. En este sentido, resulta fundada la causal de improcedencia hecha valer por los Poderes Ejecutivo y Legislativo Locales, en cuanto a la extemporaneidad en la impugnación de los preceptos citados y debe, por tanto, sobreseerse en la presente acción respecto de los mismos, con fundamento en los artículos 19, fracción VII y 20, fracción II, en relación con el artículo 60, aplicables por virtud de lo dispuesto en los artículos 59 y 65, todos de la ley reglamentaria de la materia.

51. Por otro lado, la Ley Número 583 Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en que se contienen los artículos 4, párrafos primero y tercero, 81, fracción I y 86, impugnados, fue publicada en la Edición Extraordinaria Número 308 de la Gaceta Oficial el cuatro de agosto de dos mil quince; por lo que el plazo de treinta días naturales para promover la acción transcurrió del cinco de agosto al tres de septiembre de dos mil quince. Luego, si el escrito relativo se presentó el uno de septiembre de dos mil quince (según consta al reverso de la foja cuarenta y uno del expediente), es evidente que fue promovida de forma oportuna.

52. CUARTO.-Acto continuo, se procede a analizar la legitimación de la promovente.

53. El artículo 105, fracción II, inciso c),(2) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"...

"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

"...

"c) El procurador general de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano; ..."

54. De acuerdo con el citado precepto, el procurador general de la República podrá promover acción de inconstitucionalidad, entre otros, en contra de leyes estatales.

55. En el caso, suscribe el escrito Arely Gómez González, en su carácter de procuradora general de la República, lo que acredita con la copia certificada de su nombramiento, expedido por el presidente de la República el tres de marzo de dos mil quince (foja cuarenta y tres del expediente).

56. Dicha funcionaria promueve la acción en contra de la Ley Número 583 Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, ordenamiento de carácter estatal, por lo que cuenta con legitimación para hacerlo.

57. Apoya la anterior conclusión, la tesis P./J. 98/2001, publicada en la página ochocientos veintitrés del Tomo XIV, septiembre de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra señala:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR MEDIANTE

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27666-ad81ee82/i-accion-de-inconstitucionalidad-sobreseimiento-por-extemporaneidad-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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