I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 14, 17, FRACCIÓN XI, 19, FRACCIONES VIII, XI Y XII, SEGUNDO Y QUINTO TRANSITORIOS DE LA LEY DE SISTEMAS ELECTORALES INDÍGENAS PARA EL ESTADO DE OAXACA. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RESPECTO DEL ARTÍCULO 70, NUMERAL 2, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE OAXACA, AL HABER QUEDADO INSUBSISTENTE, EN TANTO LA PROPIA LEY A LA QUE PERTENECE FUE EXPULSADA DEL ORDEN JURÍDICO. III. DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PREVÉ LA OBLIGACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE ESTABLECER MEDIDAS LEGISLATIVAS EN MATERIA ELECTORAL QUE PROTEJAN SUS USOS Y COSTUMBRES (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 1295, MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DE SISTEMAS ELECTORALES INDÍGENAS PARA EL ESTADO DE OAXACA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD, EL 21 DE AGOSTO DE 2015.) IV. DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. LOS CONGRESOS LOCALES, EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE LEYES, DEBEN CONSULTAR A LOS REPRESENTANTES DE AQUÉLLOS SOBRE EL CONTENIDO DE LAS MEDIDAS LEGISLATIVAS SUSCEPTIBLES DE AFECTARLES DIRECTAMENTE.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 83/2015 Y SUS ACUMULADAS 86/2015, 91/2015 Y 98/2015. PARTIDO POLÍTICO LOCAL UNIDAD POPULAR; PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE OAXACA; PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. 19 DE OCTUBRE DE 2015. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diecinueve de octubre de dos mil quince.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Presentación de las demandas, autoridades emisora y promulgadora, y normas impugnadas. Por escritos presentados el nueve y catorce de septiembre de dos mil quince, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Político Local Unidad Popular y el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Socialdemócrata; asimismo, mediante escrito presentado el domingo veinte de septiembre de dos mil quince, ante el licenciado Gustavo Adolfo Castillo Torres, autorizado para recibir promociones de término fuera del horario normal de labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tratándose de acciones de inconstitucionalidad con contenido electoral, Ricardo Anaya Cortes, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional.
Igualmente por escrito depositado en la oficina de Correos de México en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, el diecinueve de septiembre de dos mil quince y, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el veintiocho siguiente; la coordinadora de la Comisión Operativa Estatal del Partido Político Nacional Movimiento Ciudadano de Oaxaca.
Respectivamente, solicitaron la invalidez de las normas que más adelante se señalan, emitidas y promulgadas por las autoridades que a continuación se precisan:
Órganos responsables:
1. Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
2. Poder Legislativo del Estado de Oaxaca.
Normas generales cuya invalidez se reclaman:
Partido Político Local Unidad Popular:
• Los artículos 13, párrafos primero, segundo y tercero, 15, 17, fracciones XI y XII, 19, fracciones VIII, XI y XII, los transitorios primero, segundo, tercero y cuarto, todos de la Ley de Sistemas Electorales Indígenas para el Estado de Oaxaca, aprobada mediante Decreto Número 1295, publicada en la edición extra del Periódico Oficial del referido Estado, el veintiuno de agosto de dos mil quince.
Partido Socialdemócrata de Oaxaca:
• La Ley de Sistemas Electorales Indígenas para el Estado de Oaxaca, aprobada mediante Decreto Número 1295, publicada en la edición extra del Periódico Oficial del referido Estado, el veintiuno de agosto de dos mil quince, en específico, los artículos 13, 14, 15 y transitorios primero y cuarto.
Partido Acción Nacional:
• Los artículos 13, párrafos primero, segundo y tercero, 15, 17, fracciones XI y XII, 19, fracciones VIII, XI y XII, los transitorios primero, segundo, tercero y cuarto, todos de la Ley de Sistemas Electorales Indígenas para el Estado de Oaxaca, aprobada mediante Decreto Número 1295, publicada en la edición extra del Periódico Oficial del referido Estado, el veintiuno de agosto de dos mil quince.
• El artículo 70, numeral 2, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca.
Coordinadora de la Comisión Operativa Estatal del Partido Político Nacional Movimiento Ciudadano de Oaxaca:
• Impugna diversos preceptos de la Ley de Sistemas Electorales Indígenas para el Estado de Oaxaca, aprobada mediante Decreto 1295, publicada en la edición extra del Periódico Oficial del referido Estado, el veintiuno de agosto de dos mil quince. (Sin embargo, en atención a que dicha acción fue desechada, se hace innecesario precisar los artículos impugnados).
SEGUNDO.-Artículos constitucionales violados. Los partidos políticos accionantes, señalaron que las normas que se consideraban transgredidas eran los artículos 2, apartado A, fracciones I, II, III y VIII, así como el apartado B, 41, fracciones III y V, apartado A, B, y C, 105, fracción II, penúltimo párrafo, y 116, fracción IV, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en atención a que la acción 98/2015 fue desechada, se hace innecesario precisar los artículos que el partido accionante señala como violados).
TERCERO.-Conceptos de invalidez. Los promoventes aducen los siguientes conceptos de invalidez, en los que argumentan en síntesis lo siguiente:
Partido Político Local Unidad Popular:
1. Que los artículos 13, 15 y transitorio cuarto de la Ley de Sistemas Electorales Indígenas para el Estado de Oaxaca (en cuanto al nombramiento de los consejeros del Consejo Estatal del Sistema Normativo Electoral Indígena por parte del Congreso del Estado), son inconstitucionales, porque violan la autonomía e independencia del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca, toda vez que prevé un sistema de nombramiento de los integrantes de uno de los órganos de dicho instituto, por parte de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, lo que considera que se contrapone con lo dispuesto en los artículos 41, fracción V, apartado A, antepenúltimo párrafo, apartado C, primer y último párrafos, y 116, fracción IV, primer párrafo, incisos b) y c), puntos 1 y 6, de la Constitución Federal. Porque de conformidad con dichos preceptos las Constituciones Locales y las leyes en la materia, establecerán los medios necesarios para garantizar que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen de su autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, sin más limitaciones que las previstas en las mismas.
Que al establecer la facultad del Poder Legislativo para nombrar a los integrantes del Consejo Estatal de Sistemas Normativos Electorales Indígenas, que es un órgano del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, organismo público local de la referida entidad, dicha facultad de asignación y remoción no es racional ni proporcional, ya que atenta contra la autonomía del órgano, pues impide su adecuado funcionamiento y la independencia de sus integrantes, al no permitir que designen a los integrantes de dicho consejo; pues debe considerarse dentro de las funciones del Consejo Estatal de Sistemas Normativos Electorales Indígenas, enumeradas en el artículo 17 de la ley impugnada, en ese sentido señala que también debe entenderse que en lo particular, cuenta con atribuciones distintas pero intrínsecamente vinculadas con la función electoral, y se considera una autoridad electoral en lo que respecta a las elecciones que se rigen bajo el régimen de sistemas electorales indígenas.
Aduce al respecto, que de una interpretación sistemática de los artículos 41, base VI y 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Federal, el cumplimiento de los principios constitucionales rectores de la materia, así como la autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones de la autoridades electorales, se encuentra condicionado a la satisfacción de dos cualidades, una de carácter subjetivo, que se alcanza cuando en las leyes se establecen requisitos a quienes aspiran a ser designados con el propósito de garantizar los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad; y otra de tipo objetivo cuando se les confieren los elementos necesarios para el adecuado desempeño de sus actividades, como son, el dotarlas por la ley de autonomía, personalidad y patrimonio propios.
En este sentido, considera que el Congreso del Estado de Oaxaca, así como el Ejecutivo de dicha entidad, violan las disposiciones constitucionales, ya que no observaron que de conformidad con las bases establecidas tanto en la Constitución, las leyes generales y locales de la materia, deben de garantizar que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, legalidad, máxima publicidad y objetividad.
Señala que si la autonomía, es la capacidad de la institución para tomar decisiones, sin la intromisión de los Poderes del Estado cualquiera que sea su jerarquía, ello no implica que estén facultados para votar en las decisiones del máximo órgano, por lo que, la facultad del Congreso como órgano de naturaleza estrictamente política, para nombrar a los consejeros del Consejo Estatal de Sistemas Normativos Electorales Indígenas, rebasa más allá la participación que puedan tener los partidos políticos en la integración del Consejo General del Instituto Electoral en el Estado de Oaxaca. En ese sentido, indicó que las daciones de la administración interna del instituto están por encima de cualquier interés partidista, por ende, al carecer de voto los representantes de los partidos al interior del Consejo General del Instituto Electoral Local, es irrisorio que esté facultado un órgano parlamentario para asumir la decisión de nombrar a un miembro de los órganos centrales del organismo electoral.
2. Señala que el Consejo Estatal de Sistemas Normativos Electorales Indígenas, en términos de la fracción III del artículo 34 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca; y el artículo 12 de la Ley de Sistemas Electorales Indígenas para el Estado de Oaxaca es un órgano interno y parte de la estructura del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y su conformación está integrada por tres consejeros electos por el Congreso del Estado, a propuesta de la Junta de Coordinación Política y dentro de ellos elegirán a un presidente y un secretario técnico, esto en términos del artículo 13 del referido ordenamiento, lo cual considera, violatorio del principio de autonomía que asiste a dicho órgano, porque como lo señaló en el concepto anterior dicho nombramiento se contrapone a lo establecido en los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal; por lo que, cualquier nombramiento que realicen en uso de las facultades que le fueron conferidas a través de un nombramiento hecho por el Congreso del referido Estado necesariamente adolecería de los mismos vicios de inconstitucionalidad.
Por otra parte, señala que la facultad para la designación del presidente y del secretario técnico por parte de los consejeros de dicho consejo indígena, contraviene directamente lo establecido en el artículo 116, fracción IV, inciso c), numeral uno, de la Constitución Federal, que establece, que los organismos públicos locales electorales contaran con un órgano de dirección superior integrado por un consejero presidente y seis consejeros electorales, con derecho a voz y voto.
Que tanto el presidente, como el secretario técnico del Consejo Estatal de Sistemas Normativos Electorales Indígenas, son cargos electorales que tienen funciones y atribuciones legales que exclusivamente son encomendadas a estas dos figuras, dentro de las que se encuentran facultades ejecutivas directamente relacionadas con la organización y validación de los procesos electorales que se rigen bajo el Régimen de Sistemas Normativos Electorales Indígenas, por lo que su nombramiento, necesariamente tiene que ser una facultad del órgano de decisión superior del instituto, en términos del artículo 116 de la Constitución Federal. Al respecto citó la jurisprudencia P./J. 1/2003, de rubro: "AUTORIDADES ELECTORALES ESTATALES. SU ACTUACIÓN Y CONFORMACIÓN ORGÁNICA SE RIGE POR LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."
3. Que la fracción XII del artículo 17 de la Ley de Sistemas Electorales Indígenas para el Estado de Oaxaca, al establecer la inclusión del presidente del Consejo de Sistemas Normativos Indígenas como integrante con derecho a voz del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, contraviene el artículo 116 de la Constitución Federal, porque la integración y conformación del Consejo General de las autoridades administrativas electorales en las entidades federativas, se encuentra establecida en el referido precepto, por lo que, cualquier disposición secundaria que contemple una conformación distinta contraviene directamente el referido precepto. Al respecto, reitera el criterio señalado en el punto anterior.
4. Que el artículo transitorio primero de la Ley de Sistemas Electorales Indígenas para el Estado de Oaxaca, que señala que la entrada en vigor de la referida ley, contraviene la norma fundamental; toda vez que, el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, tiene por objeto maximizar el principio de certeza que debe regir en los procesos electorales atendiendo a este principio, como la situación fáctica que se debe presentar al iniciar el proceso electoral para que los participantes conozcan las reglas fundamentales que integrarán el marco legal de dicho precepto, es decir, que conozcan previamente con toda claridad y seguridad las reglas de su propia actuación y la de las autoridades electorales.
Por lo que, al ser la Ley de Sistemas Electorales Indígenas para el Estado de Oaxaca, una norma que crea un órgano electoral, le otorga funciones, modifica las atribuciones del instituto electoral e introduce nuevos sujetos al proceso electoral, esto es, contiene modificaciones fundamentales, de ahí que, lo procedente es declarar su inaplicación, pues al existir una modificación sustancial al órgano encargado de la organización y calificación de las elecciones, resulta trascendental para el ejercicio de los instrumentos de democracia del Estado de Oaxaca y más aún en las instituciones que habrán de aplicar la legislación estatal que se combate.
Al respecto, cita los criterios: P./J. 98/2006, de rubro: "CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO RELATIVO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN A LAS LEYES QUE RIGEN EL PROCESO UNA VEZ QUE HA INICIADO."; tesis XXXV/2011, de rubro: "COMPETENCIA. CORRESPONDE A LA SALA SUPERIOR CONOCER DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN RELATIVOS A LA INCORPORACIÓN EN EL CATÁLOGO DE COMUNIDADES QUE SE RIGEN POR EL SISTEMA DE USOS Y COSTUMBRES."; tesis XI/2013, de rubro: "USOS Y COSTUMBRES. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEBE VERIFICAR Y DETERMINAR LA EXISTENCIA HISTÓRICA DE DICHO SISTEMA EN UNA COMUNIDAD." y la tesis CXLIII/2002, de rubro: "USOS Y COSTUMBRES INDÍGENAS. ATRIBUCIONES DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE OAXACA EN LAS ELECCIONES."
Partido Socialdemócrata de Oaxaca:
1. Que los artículos 13, 14, 15 y transitorios primero y cuarto de la Ley de Sistemas Electorales Indígenas para el Estado de Oaxaca, violan los artículos 41, fracción V, apartados A, B, C y 116, fracción IV, de la Constitución Federal, al establecer la Ley de Sistemas Electorales Indígenas para el Estado de Oaxaca, que la designación de los integrantes del Consejo Estatal de Sistemas Normativos Electorales Indígenas, serán electos por el Congreso del Estado, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, con lo que, se vulneran los principios de la independencia de las decisiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y se violenta la autonomía del organismo autónomo.
Aduce que el Instituto Electoral del Estado de Oaxaca tiene la facultad de realizar los nombramientos de los órganos que lo integran sin la intromisión de otro órgano del Estado, ello por el marco jurídico constitucional y por las facultades derivadas de la ley de la materia en el Estado de Oaxaca, pues ésta le otorga dicha facultad a los consejeros electorales del Consejo General del referido instituto, designar a las personas que ocuparan los cargos de órganos internos (Consejos Municipales y Distritales y Direcciones Ejecutivas), por lo que, el Consejo Estatal de Sistemas Normativos Electorales Indígenas, al ser un órgano interno del instituto debe ser nombrado por el Consejo General.
Arguye que el cumplimiento de los principios constitucionales rectores, así como la autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades electorales, se encuentra condicionado a la satisfacción de dos cualidades, una de carácter subjetivo que se alcanza cuando en las leyes se establecen requisitos a quienes aspiran a ser designados sobre el cumplimiento de ciertas cualidades específicas con el propósito de garantizar los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad; y otra de tipo objetivo, cuando se les confieren los elementos necesarios para el adecuado desempeño de sus actividades, como son, el dotarlas por la ley de autonomía, personalidad y patrimonio propios.
Puntualiza que las autoridades en materia electoral deben gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, lo que implica, una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades de la materia, emitir sus decisiones con plena imparcialidad y, en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones, provenientes ya sea de superiores jerárquicos, de otros poderes del Estado o incluso, de personas con las que guardan alguna relación afectiva ya sea política, social o cultural.
Asimismo, señala que el Congreso del Estado de Oaxaca, así como el Ejecutivo de esa misma entidad, violan las disposiciones en la materia electoral, ya que debieron garantizar que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; así como que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.
2. Señala que se viola el principio de certeza con la aplicación de la Ley de Sistemas Electorales Indígenas para el Estado de Oaxaca, ya que, por principio de certeza jurídica, las autoridades, instituciones y ciudadanía deben conocer 90 días antes del inicio del proceso electoral las reglas a las que se sujetará la renovación de autoridades.
Señala que del penúltimo párrafo de la fracción II del artículo 105 de la Carta Magna, estatuye la intención del Poder Reformador de la Constitución, la cual, fue establecer una prohibición, que por un lado, no pudiera promulgarse ni publicarse leyes electorales dentro de los noventa días previos al inicio del proceso electoral y, por el otro, que una vez iniciado el proceso electoral, las citadas normas no pudieran sufrir modificaciones fundamentales.
Precisa que el proceso electoral ordinario en el Estado de Oaxaca, inicia el ocho de octubre de dos mil quince, y la ley combatida fue publicada cuarenta y ocho días antes del inicio del proceso, lo cual actualiza la hipótesis normativa en estudio.
Que el principio de certeza, en materia electoral, contenido en el numeral 41 del Pacto Federal, consiste en que, al iniciar el proceso electoral, los participantes conozcan las reglas fundamentales que integrarán el marco legal del procedimiento que permitirá a los ciudadanos acceder al ejercicio del poder público, con la seguridad de que previamente, tanto los partidos políticos como las minorías parlamentarias, tuvieron la oportunidad de inconformarse con las modificaciones legislativas de último momento, las cuales podrían haber trastocado alguno de los derechos, que por disposición constitucional asisten a los mencionados institutos políticos.
Indica que para declarar la inconstitucionalidad de la ley, la propia Corte ha establecido que debe haber modificaciones legales fundamentales que alteren sustancialmente disposiciones que rijan o integren el marco legal aplicable al proceso electoral, por lo que, la modificación del órgano encargado de la preparación, desarrollo, y calificación de las elecciones en el Estado de Oaxaca no es tema accesorio, sino reviste una calidad fundamental, lo que actualiza la inaplicación de la ley controvertida.
En atención a lo anterior, el instituto actor solicita la inaplicación de la ley que estima inconstitucional, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 41/2000, ya que debe considerarse que también tiene facultades para declarar la inaplicabilidad para un determinado proceso electoral, de las disposiciones impugnadas que se consideren contrarias a la Constitución Federal, en el supuesto de que resulte fundada la acción de inconstitucionalidad intentada, en contra del decreto que reforma diversas disposiciones de alguna ley electoral, dada su extemporaneidad.
3. Arguye que la creación de la Ley de Sistemas Electorales Indígenas para el Estado de Oaxaca, violenta los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, en lo específico, a la prohibición de toda injerencia de los partidos políticos, organizaciones político-sociales, o agentes externos de otra índole, en cualquiera de las fases del proceso de elección municipal; así como cualquier otra circunstancia que actúe en detrimento de los sistemas normativos internos de los Municipios, o que los asimile al régimen de partidos políticos, o que atente contra su identidad y cultura democrática tradicional.
Asimismo, estima que se contraviene la relación que debe guardar el órgano encargado de la organización de las elecciones con los pueblos indígenas, en el cual se debe garantizar el derecho a que se establezcan instituciones necesarias para promover la igualdad de oportunidades y eliminar las prácticas discriminatorias hacia los pueblos, instituciones que deberán ser operadas de manera conjunta entre el Estado y los pueblos indígenas, relacionado con el derecho de participar en la adopción de decisiones que le afectan.
Por lo que, el fin legítimo de preservar el derecho de conservar y desarrollar sus instituciones políticas, a la vez de participar plenamente en la vida política del Estado, por lo que, por disposición expresa del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado debe establecer instituciones necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas, además, dichas instituciones deberán ser diseñadas y operadas en conjunto con dichos pueblos.
Partido Acción Nacional:
I. Respecto de la Ley de Sistemas Electorales Indígenas para el Estado de Oaxaca, señaló:
1. Que los artículos 13, 15 y transitorio cuarto de la Ley de Sistemas Electorales Indígenas para el Estado de Oaxaca, resultan inconstitucionales, ya que violan la autonomía e independencia del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca, toda vez que, prevé un sistema de nombramiento de los integrantes de uno de los órganos de dicho instituto, por parte de la Junta de Coordinación Política del Congreso del referido Estado, lo que considera, que se contrapone con lo dispuesto en los artículos 41, fracción V, apartado A, antepenúltimo párrafo, apartado C, primer y último párrafos, y 116, fracción IV, primer párrafo, incisos b) y c), puntos 1 y 6, de la Constitución Federal. Porque de conformidad con dichos preceptos las Constituciones Locales y las leyes en la materia, establecerán los medios necesarios, para garantizar que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen de su autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, sin más limitaciones que las previstas en las mismas.
Que, tomando en consideración lo establecido en los artículos 13 y 15 de la Ley de Sistemas Electorales Indígenas para el Estado de Oaxaca, que establecen la facultad del Poder Legislativo para nombrar a los integrantes del Consejo Estatal de Sistemas Normativos Electorales Indígenas, que es un órgano del Instituto Electoral del Estado de Oaxaca, organismo público electoral en dicha entidad, en virtud de que esa facultad de designación y remoción no es racional ni proporcional, ya que atenta contra la autonomía del órgano, puesto que impide su debido funcionamiento y la independencia de sus integrantes.
Puntualiza que la función de las autoridades electorales, se rige por los principios de independencia, objetividad e imparcialidad, como lo establece el artículo 116, fracción V, del Pacto Federal, por tanto, la designación de los integrantes del Consejo Estatal de Sistemas Normativos Electorales Indígenas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, organismo público local electoral en dicha entidad, debe efectuarse por el Consejo General de dicho instituto, y deberá recaer en algún ciudadano que bajo las reglas generales de la prueba, demuestren, aun presuncionalmente, que cumple tales cualidades, con el objeto de obtener mayor certeza, de que se conducirá con base en el estudio objetivo del caso y la aplicación imparcial de la norma, sin permitir que su conducta o decisión sea influida por factores externos o internos que impliquen la inobservancia de esos principios.
El demandante destaca que el Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Oaxaca, violaron las disposiciones constitucionales, ya que no observaron las bases constitucionales de la Carta Magna, dado que deberían garantizar que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetivo, así como, que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; dado que dichas autoridades electorales locales, son las instituciones más próximas con la población para vigilar y garantizar el libre ejercicio de los derechos políticos electorales de la ciudadanía.
Así, el partido promovente estima, que al verse vulnerados de manera grave los principios que refiere, se verá perjudicado el pleno desarrollo de los derechos de las partes, que intervienen en el proceso de renovación de autoridades, aunado a que, en las elecciones concurrentes no se respetara el equilibrio entre los poderes.
Señala que las autoridades en materia electoral, deben gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, este último concepto implica una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y por los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades de la materia, emitir sus decisiones con la plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones, proveniente ya sea de superiores jerárquicos, de otros poderes del Estado o incluso de personas con las que guardan alguna relación afectiva, ya sea política, social y cultural.
Afirma que cada institución, debe contar con autonomía para tomar decisiones sin la intromisión de los poderes del Estado cualquiera que sea su jerarquía, no se puede negar la participación de los representantes de los partidos políticos en las sesiones del órganos colegiados que dirige el instituto electoral, ya que, ello obedece a la defensa de los intereses y propuestas que como ente público representan, sin que ello implique, que estén facultados para votar en decisiones del máximo órgano, por ello, la facultad del Congreso como órgano de naturaleza estrictamente política para nombrar a los consejeros del Consejo Estatal de Sistemas Normativos Electorales Indígenas, rebasa más allá la participación que pueden tener los partidos políticos, en la integración del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Oaxaca.
2. Que el artículo 13 de la Ley de Sistemas Electorales Indígenas para el Estado de Oaxaca, vulnera el principio de autonomía que le asiste al Instituto Electoral, lo anterior, ya que el nombramiento de consejero del Consejo Indígena, se contrapone a lo establecido en los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal, puesto que cualquier nombramiento que realicen, en uso de las facultades que le fueron conferidas a través de un nombramiento hecho por el Congreso del Estado, necesariamente adolecería de los mismos vicios de inconstitucionalidad.
Asimismo, puntualiza que la facultad para la designación del presidente y del secretario técnico, por parte de los consejeros de dicho consejo indígena, vulnera directamente lo establecido en el artículo 116, fracción IV, inciso c), del numeral 1, de la Constitución Federal, ya que éste establece que los organismos públicos locales electorales, contarán con un órgano de dirección superior, integrado por un consejero presidente y seis consejeros electorales, con derecho a voz y voto, el secretario Ejecutivo y los representantes de los partidos políticos, concurrirán a las sesiones únicamente con el derecho de voz, cada partido político contará con un representante.
Que tanto el presidente, como el secretario técnico del Consejo Estatal de Sistemas Normativos Electorales Indígenas, son cargos electorales que tienen funciones y atribuciones legales que exclusivamente son encomendadas a estas dos figuras, dentro de las que se encuentran, facultades ejecutivas directamente relacionadas con la organización y validación de los procesos electorales que se rigen bajo el Régimen de Sistemas Normativos Electorales Indígenas, por lo que, su nombramiento, necesariamente tiene que ser una facultad del órgano de decisión superior del instituto, en términos del artículo 116 de la Constitución Federal.
Precisa que el Consejo General del referido instituto, funge como un órgano deliberativo, que es la máxima autoridad para poder ejercer la facultad de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, por lo que, al facultar a un distinto órgano interno del propio instituto, para realizar nombramientos y ejercer funci
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26192-6cf883c8/i-accion-de-inconstitucionalidad-ante-la-ausencia-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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