I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL (DECRETO NÚM. 204, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 5o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (DECRETO NÚM. 204, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 5o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE). III. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. CUANDO SE TRATE DE MEDIDAS LEGISLATIVAS SUSCEPTIBLES DE AFECTAR LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS, LOS CONGRESOS LOCALES TIENEN EL DEBER DE ESTABLECER UNA FASE PREVIA PARA CONSULTAR A LOS REPRESENTANTES DE AQUÉLLOS (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚM. 204, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 5o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE UNA FECHA DETERMINADA (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚM. 204, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 5o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN EL QUE CONCLUYA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO, CUYA JORNADA ELECTORAL HABRÁ DE CELEBRARSE EL SIETE DE JUNIO DE DOS MI VEINTE). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA A UN CONGRESO LOCAL A REALIZAR LA CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA, ASÍ COMO A EMITIR LA REGULACIÓN CORRESPONDIENTE (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚM. 204, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 5o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 116/2019 Y SU ACUMULADA 117/2019. PARTIDO POLÍTICO LOCAL MÁS POR HIDALGO Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 12 DE MARZO DE 2020. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: LUIS ALBERTO TREJO OSORNIO.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al doce de marzo de dos mil veinte.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Presentación de la acción, autoridades emisora y promulgadora, y norma impugnada. Por oficios presentados el dieciocho y veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Carlos Eustolio Vázquez Reséndiz, ostentándose como presidente del Comité Ejecutivo Estatal del partido político local Más por Hidalgo(1) y Luis Raúl González Pérez, con el carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(2) respectivamente, promovieron acción de inconstitucionalidad en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Hidalgo, planteando la invalidez del Decreto Número 204 que reforma el artículo 5o. de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, publicado el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo.
2. SEGUNDO.—Preceptos constitucionales que se estiman violados y conceptos de invalidez. El partido político consideró vulnerados los artículos 2o., apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante también OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; y 18 y 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
3. Por su parte, la comisión accionante estimó violados los artículos 1o. y 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4, 5, 6, 7 y 8 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
4. Asimismo, el partido político y la comisión promovente esgrimieron, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:
5. A. Conceptos de invalidez hechos valer por el partido político local Más por Hidalgo.
6. – Que el Congreso del Estado de Hidalgo, al emitir el Decreto 204 impugnado, vulneró el derecho de los pueblos y comunidades indígenas de esa entidad a que se les consulte en forma previa, libre, informada y culturalmente adecuada, de acuerdo con los estándares reconocidos en la Constitución Mexicana y en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
7. – Lo anterior, porque durante el procedimiento legislativo por el que se emitió el decreto impugnado, no se llevó a cabo la consulta sobre las modificaciones legislativas contenidas en el decreto, las cuales afectan directamente a las comunidades indígenas del Estado de Hidalgo, actualizando con ello, una violación grave al procedimiento legislativo.
8. – En este sentido, que siguiendo el criterio sentado por este Alto Tribunal al resolver la controversia constitucional 32/2012, las Legislaturas Locales deben abrir un periodo especial dentro del procedimiento legislativo a fin de consultar a los pueblos y comunidades indígenas que sean susceptibles de alguna afectación con motivo de la norma en cuestión.
9. – De esta manera, el partido político refiere que el decreto controvertido fue emitido sin mediar una consulta a los pueblos y comunidades indígenas asentadas dentro del territorio del Estado de Hidalgo, razón por la cual reclama la invalidez del Decreto 204.
10. B. Conceptos de invalidez hechos valer por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
11. – La comisión promovente señala que el Decreto Número 204 por el que se reformó la Constitución Local vulnera el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas, reconocido en el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
12. Lo anterior, porque se trata de una reforma que impacta significativamente a dichos pueblos y comunidades, dado que reconoce su derecho de acceso y desempeño de cargos de elección popular en condiciones de igualdad, así como a la protección de su patrimonio cultural; por tanto, el Estado tenía la obligación de realizar una consulta previa, de buena fe, libre, informada y culturalmente adecuada.
13. No obstante, que del análisis del procedimiento legislativo que dio origen al decreto impugnado, se advierte que no se llevó a cabo la consulta previa que cumpliera con los parámetros antes referidos.
14. – Asimismo, tras exponer el contexto cultural de los pueblos y comunidades indígenas que se encuentran en el Estado de Hidalgo, la comisión accionante describe el contenido del Decreto Número 204 que impugna. En concreto, señala que el decreto contiene algunas modificaciones a la Constitución Local que reconoce determinados derechos a los pueblos y comunidades indígenas, realizadas a fin de armonizar el marco constitucional local con la Norma Fundamental Mexicana.
15. Por ello, mediante el decreto impugnado se reformó el artículo 5o., fracción III, de la Constitución Local a fin de reconocer –como lo hace la Constitución Federal–, que los pueblos y comunidades indígenas podrán elegir, de acuerdo con sus propias normas, procedimientos o prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno.
16. Igualmente, la comisión sostiene que el decreto en mención reformó el artículo 5o., párrafo décimo quinto, de la Constitución Local a efecto de reconocer y proteger el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, de los pueblos y comunidades indígenas.
17. – Ahora bien, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos refiere que el Decreto Número 204 vulnera el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas en la entidad, ya que de la revisión del procedimiento legislativo se advierte que el Congreso Local no llevó a cabo una consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas, pese a que la reforma tiene un "impacto significativo" en los pueblos y comunidades indígenas; en consecuencia, su actuación no se ajusta al parámetro de regularidad constitucional reconocido en los precedentes de este Alto Tribunal.
18. Así, la comisión accionante manifiesta que en la medida en que se respete el derecho de consulta, el Estado podrá garantizar la autodeterminación de los pueblos y comunidades, es decir, la posibilidad de que dichas personas decidan todas las cuestiones concernientes a sus propias instituciones y organización política, económica, social y cultural, sin que existan injerencias o imposiciones unilaterales y arbitrarias por parte de las autoridades investidas de poder público.
19. – En esta tesitura, refiere que, para estimar el verdadero y efectivo cumplimiento del derecho de consulta, ésta debe desarrollarse según sus costumbres y tradiciones, lo que se traduce en una exigencia de que el Estado brinde la información necesaria, de manera tal que se implemente una comunicación constante entre las partes.
20. En este orden de ideas, siguiendo la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las consultas deben realizarse de buena fe, a través de procedimientos culturalmente adecuados y deben tener como fin llegar a un acuerdo con los pueblos y comunidades involucradas.
21. – En el caso, la comisión accionante considera que el Decreto Número 204 impugnado tiene un "impacto significativo" en los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de Hidalgo, así como en su vida y entorno, pues este decreto contiene normas que definirán las bases de su intervención política, así como de la protección de su patrimonio cultural, por lo que el Congreso Local estaba obligado a realizar una consulta previa.
22. Sin embargo, que durante el procedimiento legislativo correspondiente no se realizó una consulta a los pueblos y comunidades indígenas que cumpliera con los requisitos señalados en los precedentes de esta Suprema Corte y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
23. – En este orden de ideas, que a diferencia del Decreto 203 en el que se reformaron y adicionaron diversas normas del Código Electoral del Estado de Hidalgo, en el que el Congreso Local realizó siete foros en diversas cabeceras de la entidad federativa –declaradas inválidas por este Alto Tribunal por no cumplir con los requisitos exigibles de una genuina consulta a pueblos y comunidades indígenas–,(3) en el Decreto 204 ahora impugnado no se realizó mecanismo o intento alguno para consultar a dichos pueblos y comunidades ancestrales, de ahí que insiste en la inconstitucionalidad del decreto controvertido.
24. – Finalmente, solicita que de ser consideradas inconstitucionales las disposiciones impugnadas, también se invaliden todas aquellas normas que estén relacionadas por cuestión de efectos.
25. En virtud de lo anterior, toda vez que los conceptos de invalidez esgrimidos tanto por el partido político local como por la comisión promovente, son coincidentes en lo general, la litis en esta acción de inconstitucionalidad se circunscribe en determinar si el Decreto Número 204 que reforma y adiciona el artículo 5o. de la Constitución Política del Estado de Hidalgo es o no acorde con los estándares reconocidos por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al derecho de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Hidalgo a ser consultados en forma previa a la emisión de alguna norma que sea susceptible de afectarles.
26. TERCERO.—Admisión, acumulación y trámite. Por acuerdo de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por el partido político local Más por Hidalgo, a la que le correspondió el número 116/2019 y, por razón de turno, designó al Ministro Luis María Aguilar Morales como instructor del procedimiento.
27. Del mismo modo, mediante proveído de la Presidencia de este Alto Tribunal, de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, se ordenó formar y registrar el expediente correspondiente a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la que se le asignó el número 117/2019 y, debido a que se impugna el mismo decreto legislativo, se decretó la acumulación de ese expediente a la diversa acción de inconstitucionalidad 116/2019.
28. Por diverso proveído de veintidós de octubre del mismo año, el Ministro instructor admitió las acciones de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Hidalgo para que rindieran sus respectivos informes; dio vista a la Fiscalía General de la República para que formulara pedimento; dio vista a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, si considerara que la materia de las acciones de inconstitucionalidad trasciende a sus funciones, manifestara lo que a su representación corresponda; y solicitó al presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que expresara por escrito su opinión en relación con este medio de control constitucional.
29. CUARTO.—Inicio del proceso electoral en el Estado de Hidalgo. Mediante oficio recibido el trece de noviembre de dos mil diecinueve, el secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo informó a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de acuerdo con lo previsto en el artículo 100 del Código Electoral Local, el próximo proceso electoral iniciaría el quince de diciembre de dos mil diecinueve.
30. QUINTO.—Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo. El Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Hidalgo únicamente manifestó que promulgó y ordenó la impresión, publicación y circulación del Decreto Número 204 impugnado, pues actuó de conformidad con lo previsto en los artículos 51 y 71, fracción I, de la Constitución Local.
31. SEXTO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo. La diputada presidenta de la directiva del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo rindió el informe a cargo del Poder Legislativo Local, en el que manifestó que el Decreto Número 204 impugnado fue aprobado con sustento en la autonomía y soberanía estatal, y en ejercicio de las facultades que la Constitución Local concede a ese órgano parlamentario.
32. Asimismo, refiere que la reforma materia de esta acción de inconstitucionalidad pretende armonizar el ordenamiento local con lo dispuesto con la Constitución General, derivado de la reforma constitucional en materia de derechos y participación política de los pueblos y comunidades indígenas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de mayo de dos mil quince.
33. En este sentido, sostiene que de acuerdo con lo ordenado en el artículo transitorio segundo del decreto de reforma constitucional antes señalado, el Órgano Reformador de la Constitución Federal ordenó a las Legislaturas de las entidades federativas para que reformaran sus respectivas normas a fin de hacerlas armónicas y coherentes con la Norma Fundamental.
34. Finalmente, arguye que el ánimo de la Legislatura Local al reformar la Constitución de Hidalgo no fue atentar contra los principios constitucionales ni omitir dolosamente llevar a cabo una consulta previa, libre, informada, con pertinencia cultural y de buena fe a los pueblos y comunidades indígenas.
35. Posteriormente, previo requerimiento del Ministro instructor, el Congreso Local –a través de su delegada autorizada– manifestó mediante escrito recibido el veinte de noviembre de dos mil diecinueve,(4) que "no se realizó consulta indígena previa, a la discusión y aprobación de la iniciativa que reforma el artículo 5o. de la Constitución Política del Estado de Hidalgo publicada mediante Decreto 204 en el Periódico Oficial del Estado del día 19 (diecinueve) de septiembre del 2019 (dos mil diecinueve)".
36. SÉPTIMO.—Opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mediante oficio TEPJF-P-FAFB/937/2019, recibido en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el trece de noviembre de dos mil diecinueve, el Magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, remitió la opinión del órgano jurisdiccional que representa, manifestando, en esencia, que el Decreto Número 204 es inconstitucional, pues al emitirse no se garantizó el derecho a la consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada de los pueblos y comunidades indígenas de Hidalgo, de conformidad con la legislación internacional y con diversos criterios y precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
37. Al respecto, expresa que la norma local impugnada tiene como finalidad primordial el reconocimiento y protección de diversos derechos de los pueblos y comunidades indígenas, como la autorregulación en su faceta de elegir a sus propias autoridades, la participación ciudadana y la protección de su patrimonio cultural.
38. En este sentido, arguye que si las autoridades demandadas, conforme a los medios de prueba aportados, no demostraron que se realizó la consulta a los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Hidalgo que reuniera los parámetros constitucionales y convencionales, entonces la emisión del decreto resulta inconstitucional.
39. En consecuencia, que al no advertirse que el Congreso y el gobernador, ambos del Estado de Hidalgo, realizaron una consulta conforme a los parámetros constitucionales y convencionales, el decreto impugnado es inconstitucional.
40. OCTAVO.—Opinión de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. No formularon opinión en relación con el presente asunto.
41. NOVENO.—Cierre de la instrucción y remisión del expediente para formular proyecto de sentencia. Agotado en sus términos el trámite respectivo y previo acuerdo de cierre de instrucción, el siete de enero de dos mil veinte se recibió el expediente en la ponencia del Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
42. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, incisos f) y g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en términos del punto segundo del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, toda vez que se plantea la posible contradicción entre una norma de carácter estatal y la Constitución General.
43. SEGUNDO.—Oportunidad. Por razón de orden, en primer lugar, se debe analizar si las acciones de inconstitucionalidad fueron presentadas oportunamente.
44. El Decreto Número 204 que reforma el artículo 5o. de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, fue publicado el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo.
45. Así, de conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial, precisando que, como regla general, si el último día del plazo fuera inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente. No obstante, en el párrafo segundo del referido precepto se especifica que, en materia electoral, todos los días y horas son hábiles.
46. Al respecto, en este caso se advierte la existencia de una singularidad normativa, toda vez que el Decreto Número 204 que reforma el artículo 5o. de la Constitución Política del Estado de Hidalgo(6) –ahora impugnado– tiene un contenido bidimensional, en tanto reconoce, por una parte, una serie de derechos culturales, lingüísticos y de protección de los pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes; y por otra, los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de elegir a sus autoridades conforme a sus sistemas normativos internos, así como los derechos de acceso y desempeño de sus integrantes a cargos de elección popular.
47. Como se puede apreciar, el decreto impugnado tiene un contenido bidimensional en tanto se integra por normas eminentemente electorales y de participación política y, además, por normas que contienen derechos humanos genéricos y derechos culturales y de protección a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
48. Esta mención es importante, porque de acuerdo con el artículo 60, párrafo segundo, de la ley reglamentaria –antes citado–, en materia electoral todos los días y horas son hábiles, de manera que el cómputo de la oportunidad de una acción de inconstitucionalidad electoral debe realizarse en el entendido de que la demanda debe presentarse antes del día treinta del plazo correspondiente, incluso si se trata de un día que ordinariamente es inhábil.(7)
49. Por el contrario, como se ha precisado líneas arriba, cuando no se trate de una acción de inconstitucionalidad promovida en contra de normas electorales, el plazo de oportunidad es de treinta días naturales y si el último día del plazo fuera inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
50. No obstante, las reformas y adición contenidas en el Decreto Número 204 impugnado forman parte de un sistema normativo indisoluble e interconectado, de manera que no es posible segmentarlo y distinguir porciones normativas a efecto de analizarlas en forma individual. Más aún, porque el partido político local y la comisión accionante esgrimen, en esencia, los mismos conceptos de invalidez dirigidos a sostener la inconstitucionalidad de todo el decreto impugnado, por falta de consulta previa a referidos pueblos y comunidades indígenas.
51. Siguiendo este hilo conductor, este Tribunal Pleno ha sostenido al resolver la acción de inconstitucionalidad 83/2015 y sus acumuladas 86/2015, 91/2015 y 98/2015, y más recientemente la acción de inconstitucionalidad 151/2017 y la acción de inconstitucionalidad 108/2019 y su acumulada 118/2019, que las Legislaturas Locales tienen el deber de prever una fase adicional en el proceso de creación de las leyes para consultar a los representantes de pueblos y comunidades indígenas, cuando se trate de medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente.
52. De esta forma, la consulta implica el reconocimiento de un derecho sustantivo de los pueblos y comunidades indígenas que, tratándose de medidas legislativas, debe incluirse dentro del procedimiento legislativo.
53. Al respecto, esta Suprema Corte ha sostenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 35/2004, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ACTOS QUE INTEGRAN EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO SÓLO PUEDEN IMPUGNARSE A PARTIR DE QUE ES PUBLICADA LA NORMA GENERAL.",(8) que los actos que integran el procedimiento legislativo constituyen una unidad indisoluble con la norma general emanada de ese procedimiento, de tal forma que no procede impugnar cada acto legislativo individualmente, ya que no puede quedar subsistente o insubsistente aisladamente, sino sólo a través del análisis conjunto de esos actos con motivo de la publicación de la norma.
54. Por ello, en el caso particular que ahora se analiza, dado que los conceptos de invalidez hechos valer por el partido político local y por la comisión promovente se centran en cuestionar la constitucionalidad de todo el decreto –por vicios en el procedimiento legislativo–, no es posible ni necesario segmentar las normas a fin de identificar cuáles se incardinan en el ámbito de la materia electoral y cuáles en una dimensión genérica de los derechos humanos.
55. Ello no impide, sin embargo, sostener que el partido político acude a esta sede jurisdiccional argumentando conceptos de invalidez desde una faceta político-electoral, y que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo hace desde una óptica de protección de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del Estado de Hidalgo y sus integrantes.
56. Precisado lo anterior, el plazo de treinta días naturales para promover la acción transcurrió del viernes veinte de septiembre al sábado diecinueve de octubre de dos mil diecinueve, por lo que la demanda promovida por el partido político local debía presentarse dentro de ese plazo, incluso si se trataba de un día inhábil.
57. En consecuencia, toda vez que el escrito inicial de la acción de inconstitucionalidad 116/2019 –promovida por el partido político local– se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el viernes dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, según se advierte del sello de recepción que obra al reverso de la demanda,(9) su presentación fue oportuna por lo que hace al referido medio de control constitucional.
58. Ahora bien, por lo que hace a la acción de inconstitucionalidad 117/2019 –promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos– se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el lunes veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, según se advierte del sello de recepción que obra al reverso de la demanda,(10) su presentación también fue oportuna.
59. En efecto, como se mencionó en líneas anteriores, la Comisión accionante promovió el medio de control constitucional desde una óptica de protección de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de Hidalgo y sus integrantes, por lo que le es aplicable el plazo genérico de oportunidad señalado en el artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia, en el que se precisa que si el último día del plazo fue inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente –como sucedió en la especie–.
60. TERCERO.—Legitimación. Las acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas por parte legitimada para ello, como a continuación se explica.
61. A. Legitimación del partido político local Más por Hidalgo.
62. De conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Federal(11) y 62, último párrafo, de la ley reglamentaria de la materia,(12) los partidos políticos con registro en una entidad federativa, por conducto de sus dirigentes, podrán promover acción de inconstitucionalidad en contra de leyes locales de la entidad federativa que les otorgó el registro.
63. Asimismo, con fundamento en los artículos citados, los partidos políticos podrán promover acciones de inconstitucionalidad, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:
64. I. Cuenten con registro ante la autoridad electoral correspondiente.
65. II. Promuevan por conducto de su dirigencia nacional o estatal, según sea el caso.
66. III. Quien suscriba a nombre y en representación del partido político cuente con facultades para ello.
67. IV. Se impugnen normas de naturaleza electoral y tratándose de partidos políticos con registro estatal, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro.
68. En el caso, la demanda de acción de inconstitucionalidad fue promovida por el partido político local Más por Hidalgo, en contra del Decreto 204 que reforma el artículo 5o. de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en lo relativo a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de elegir a sus autoridades conforme a sus sistemas normativos internos, así como los derechos de acceso y desempeño de sus integrantes a cargos de elección popular. Por tanto, y atendiendo a lo sostenido en el apartado anterior, se trata de una norma con un eminente impacto en la materia electoral de la entidad.
69. Por su parte, el artículo 28, fracción I, inciso A), de los Estatutos del Partido Político Local Más Por Hidalgo,(13) dispone que el Comité Ejecutivo Estatal se integrará por un presidente, quien tendrá la facultad de representar legalmente al partido.
70. En el caso, se advierte que en autos obra copia certificada del acta de treinta de mayo de dos mil dieciocho, en la que la asociación civil denominada "Organización de Ciudadanos Hidalguenses Seamos Diferentes”, entre otras cuestiones, designó como presidente del Comité Ejecutivo Estatal a Carlos Eustolio Vázquez Reséndiz.(14)
71. En consecuencia, se tiene por acreditada la legitimación procesal de la persona que promueve la presente acción de inconstitucionalidad en representación del partido político local en cuestión.
72. B. Legitimación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
73. Con fundamento en lo previsto en el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(15) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está facultada para promover la acción de inconstitucionalidad contra leyes de carácter estatal que vulneren los derechos humanos contenidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales.
74. Por otra parte, el artículo 11, párrafo primero, en relación con el 59, ambos de la ley reglamentaria de la materia,(16) establece que las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
75. En el caso, el escrito inicial fue suscrito por Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acreditó con copia del oficio número DGPL-1P3A.-4858, emitido por el presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por la que se le hace saber que, en sesión celebrada el trece de noviembre de dos mil catorce, fue aprobada su designación para ocupar tal cargo en el periodo dos mil catorce a dos mil diecinueve.(17)
76. Dicho funcionario ostenta la representación de la comisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 15, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(18) y 18 de su reglamento interno;(19) por lo que cuenta con la facultad expresa para promover acciones de inconstitucionalidad de acuerdo con el artículo 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.(20)
77. Además, en el caso se plantea la inconstitucionalidad del Decreto Número 204 que reforma el artículo 5o. de la Constitución del Estado de Hidalgo con la Constitución General y tratados internacionales, por estimar que no fue respetado el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a la consulta previa.
78. En este sentido, debe recordarse que en el considerando anterior se reconoció que el decreto impugnado si bien cuenta con naturaleza electoral, también contiene derechos humanos, por lo que es una unidad indisoluble, de tal forma que su análisis debe realizarse de manera conjunta, toda vez que no puede validarse o invalidarse aisladamente, sino sólo a través del estudio conjunto de estos actos.
79. En consecuencia, al ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un órgano legitimado para ejercer la acción de inconstitucionalidad en este supuesto y habiéndose promovido por quien cuenta con facultades para representar a dicho órgano, debe reconocerse la legitimación activa en este asunto.
80. Asimismo, es importante referir que este Tribunal Pleno ya ha reconocido al resolver la acción de inconstitucionalidad 108/2019 y su acumulada 118/2019, que la Comisión Nacional de lo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29869-5afdac02/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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