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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LAS NORMAS IMPUGNADAS, AL HABER SIDO DEROGADA POR UN NUEVO ACTO LEGISTIVO (ARTÍCULOS 37, FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MATLAPA Y 36, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, AMBAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POSTOSÍ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 42/2023. · Registro digital (IUS): 200940
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 42/2023. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 21 DE FEBRERO DE 2024. PONENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTAÑEDA BONFIL.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 42/2023, promovida por el Poder Ejecutivo Federal en la que se impugnan diversas disposiciones normativas contenidas en las Leyes de Ingresos Municipales del Estado de San Luis Potosí, para el ejercicio fiscal 2023.

El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si debe sobreseerse en la presente acción de inconstitucionalidad, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 19, fracción V, en relación con el diverso 20, fracción II y 65 de la Ley Reglamentaria de la Materia.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE(1)

1. Demanda. La Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de la República, promovió acción de inconstitucionalidad(2) en contra de diversas disposiciones contenidas en dos leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2023, ambas del Estado de San Luis Potosí,(3) publicadas en el periódico oficial de esa entidad el treinta de diciembre de dos mil veintidós.

2. Conceptos de invalidez. El promovente propuso en síntesis los siguientes conceptos de invalidez.

a) Estima que la porción normativa contenida en las leyes de ingresos de los municipios impugnadas, en lo correspondiente a "búsqueda de documentos", vulnera los principios de gratuidad en materia de acceso a la información y proporcionalidad tributaria, previstos en los artículos 6o., apartado A, fracción III, y 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

b) Principio de gratuidad en materia de acceso a la información. La accionante expone el marco constitucional y legal del derecho de acceso a la información contenido en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo Constitución Federal).

c) Señala que este Alto Tribunal al resolver las acciones de inconstitucionalidad 13/2018 y su acumulada 25/2018, así como la diversa 15/2019 sostuvo que el principio de gratuidad se introdujo al texto constitucional con motivo de la reforma de 2007, que el poder reformador de la Constitución Federal precisó que el referido principio se refiere a los procedimientos de acceso a la información, así como a los de acceso o rectificación de datos personales, sin que se incluyan los eventuales costos que derivan de la modalidad en los cuales se entregue la información.

d) En la diversa acción de inconstitucionalidad 5/2017, este Alto Tribunal, también analizó el derecho de acceso a la dimensión, sus dimensiones y vertientes, con especial énfasis en que el principio de gratuidad constituye una máxima fundamental para alcanzar el ejercicio del derecho de acceso a la información, entre sus objetivos está el evitar la discriminación, pues, pretende que todas las personas, sin importar su condición económica puedan acceder a ella.

e) Luego, en el caso específico, los artículos impugnados establecen un pago de derechos por concepto de búsqueda de información pública que se lleva a cabo en los archivos de diversos municipios, lo cual contraviene el artículo 6 de la Constitución Federal (principio de gratuidad), al prever una tarifa para localizar la información solicitada sin importar la modalidad de entrega de los datos solicitados.

f) La tarifa establecida por el legislador local es inconstitucional al restringir de forma injustificada el ejercicio del derecho de acceso a la información, pues, no puede imponer mayores requisitos de los previstos por la Constitución Federal y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

g) El requisito adicional impuesto en las leyes locales impugnadas, relativas al pago de una tarifa por la búsqueda de información pública, tiene implicaciones negativas, las cuales trascienden al ejercicio del derecho de acceso a la información, representa un elemento discriminatorio para el ejercicio del derecho de acceso al negar la búsqueda de información a quien no cuenta con recursos para cubrir las tarifas establecidas por la simple localización de la información.(4)

h) Principio de proporcionalidad tributaria. Señala que los preceptos impugnados violan los principios de proporcionalidad tributaria (31 fracción IV, de la Constitución Federal), al no existir una relación razonable entre la tarifa establecida y el costo del servicio proporcionados por los municipios del Estado de San Luis Potosí.

i) Las porciones normativas combatidas establecen un pago de derechos excesivo, con motivo de la búsqueda de información relacionada con la que poseen los archivos de los municipios del Estado de San Luis Potosí, se trata de un cobro excesivo, pues las cuotas que determinan no encuentran justificación; esto es, no puede considerarse que ese sea el costo de los materiales utilizados para la búsqueda de la información solicitada.

j) Además, la exclusión del cobro por el ejercicio del derecho de acceso a la información no permite un cobro per se, por la solicitud de información, lo cual significa, que el ente requerido pueda cobrar únicamente sobre los insumos o los gastos materiales y de envío de la información que puedan llegar a suscitarse; luego, las tarifas que establecen las normas son excesivas al no corresponder al costo de los materiales empleados para su reproducción.(5)

k) Destaca que en las leyes impugnadas el congreso local no justificó el cobro por la búsqueda de información con una base objetiva, sino que lo determinó de forma arbitraria, lo cual transgrede el principio de gratuidad de derecho de acceso a la información, por ende, se actualiza la prohibición de discriminar en razón de la condición económica.

l) En conclusión, los artículos 37, fracción VIII, inciso d), de la Ley de Ingresos del Municipio de Matlapa, y 36, fracción V, de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa Hidalgo, ambas para el ejercicio fiscal 2023 del Estado de San Luis Potosí, resultan inconstitucionales al vulnerar los principios de gratuidad y proporcionalidad consagrados en la Constitución Federal.

3. Trámite del asunto. La Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 42/2023 y turnarlo al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena como instructor del procedimiento.(6)

4. Admisión. El Ministro instructor tuvo por presentado al promovente con la personalidad que ostentó y admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad;(7) ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí para que rindieran su informe dentro del plazo de quince días hábiles y enviaran copias certificadas de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas. Finalmente, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que, hasta antes del cierre de instrucción manifestara lo que a su representación correspondiera.(8)

5. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí. El Consejero Jurídico del Gobernador del Estado de San Luis Potosí, rindió su informe y expresó, en esencia, que la ley recurrida no vulnera derechos fundamentales de manera directa o indirecta.(9)

6. Informe del Poder Legislativo del Estado de San Luis. La Presidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí rindió su informe(10) y expresó los razonamientos que se detallan a continuación.

• Determinó la necesidad de derogar las disposiciones reclamadas, para lo cual, envió oficio de fecha veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, a los municipios de Matlapa y de Villa Hidalgo, mediante los cuales solicitó se realizaran las acciones conducentes para que, en la respectiva sesión de cabildo, propongan la derogación de los preceptos impugnados.

• Lo anterior, para el efecto de que remitan las peticiones a la brevedad y así el órgano legislativo de San Luis Potosí pueda llevar a cabo el procedimiento legislativo correspondiente, de acuerdo con lo establecido en la fracción VII, inciso b), del artículo 31, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí,(11) y, con ello armonizar los ordenamientos legales reclamados en términos de los artículos 6o., apartado A, fracción III, y 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

7. Luego, se tuvieron por recibidos los informes rendidos por los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de San Luis Potosí.(12)

8. Opinión del Fiscal General de la República. La Fiscalía General de la República, no formuló manifestación alguna en el presente asunto.

9. Cierre de la instrucción. Tras el trámite legal correspondiente y transcurrido el plazo para la presentación de alegatos, el cual fue ejercido por la Consejería Jurídica, tanto del Ejecutivo Federal(13) como del Gobierno del Estado de San Luis Potosí,(14) respectivamente. Finalmente, se declaró cerrada la instrucción(15) del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.(16)

10. Avocamiento. Previa solicitud del Ministro instructor,(17) la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal ordenó remitir el asunto a la Primera Sala para su radicación y resolución.(18) En consecuencia, la Primera Sala se avocó al conocimiento y remitió el expediente al Ministro Ponente, a fin de que elaborara el proyecto de resolución correspondiente.(19)

I. COMPETENCIA.

11. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(20) 10, fracción I, y 11, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(21) en relación con los puntos Segundo, fracción II y Tercero del Acuerdo General número 1/2023(22) del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que se trata de una acción de inconstitucionalidad en la que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno por el sentido de este fallo.

II. SOBRESEIMIENTO

12. Resulta innecesario el estudio de los presupuestos procesales, toda vez que se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en los artículos 19, fracción V, en relación con el 20, fracción II y el 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(23) relativa a la cesación de efectos del acto impugnado, tal y como se demostrará a continuación.

13. Este Alto Tribunal ha sostenido que existe cesación de efectos de las normas generales impugnadas cuando éstas hayan sido reformadas o sustituidas por otras; es decir, cuando hayan perdido su vigencia con motivo de un nuevo acto legislativo, circunstancia que imposibilita el análisis de fondo del precepto ya reformado al resolver la vía, pues para que una norma general pueda ser analizada a través de la acción de inconstitucionalidad, la transgresión a la Constitución Federal debe ser objetiva y actual, es decir, debe tratarse de ordenamientos que dentro del lapso de su vigencia la contravengan, salvo en materia penal en donde las resoluciones pueden tener efectos retroactivos cuando se aplican en beneficio de las personas.

14. Lo anterior resulta así, pues la consecuencia de estimar fundados los conceptos de invalidez sobre la norma combatida se reduciría a anular los efectos de una ley sin existencia jurídica, ni aplicación futura.

15. Luego, tratándose de acciones de inconstitucionalidad, la causa de improcedencia de referencia se actualiza cuando simplemente dejen de producirse los efectos de la norma general que la motivaron, en tanto que ésta constituye el único objeto de análisis en ellas.

16. Lo anterior, de conformidad con la tesis de jurisprudencial P./J. 8/2004, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA.",(24) así como la diversa P./J. 24/2005, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CUANDO ÉSTA HA SIDO REFORMADA O SUSTITUIDA POR OTRA.".(25)

17. Ahora bien, en el presente asunto, el Presidente de la República impugnó dos leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2023, –en específico los artículos 37, fracción VIII, inciso d), del municipio de Matlapa y el diverso 36, fracción V, del municipio de Villa Hidalgo, ambas del Estado de San Luis Potosí–, publicadas en el periódico oficial de la entidad federativa el treinta de diciembre de dos mil veintidós.

18. Sin embargo, el cinco y el diecinueve de julio de dos mil veintitrés, se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí los Decretos 0787 y 0796, respectivamente, por los que se derogaron los preceptos impugnados, por lo que han perdido su vigencia con motivo de un acto legislativo que derogó su texto íntegramente, lo cual ha surtido efectos plenos, como se advierte en el siguiente cuadro:

Ver cuadro

19. Como se puede observar, con los Decretos 0787 y 0796 publicados en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, el cinco y diecinueve de julio de dos mil veintitrés, respectivamente, se eliminaron los cobros por la búsqueda de datos del archivo municipal de los municipios de Matlapa y Villa Hidalgo, ambos del Estado de San Luis Potosí, que constituyeron el motivo de impugnación en la presente acción de inconstitucionalidad.

20. Cabe destacar que los preceptos derogados entraron en vigor los días seis y veinte de julio de dos mil veintitrés, respectivamente, de conformidad con los artículos primero transitorios de los Decretos que establecen que entrarán en vigor al día siguiente de su publicación.(26)

21. Sobre el tema, resulta aplicable la tesis 1a. XLVIII/2006, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA ESTIMAR ACTUALIZADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CUANDO ÉSTA HA SIDO REFORMADA O SUSTITUIDA POR OTRA, DEBE ANALIZARSE EL DERECHO TRANSITORIO QUE RIGE LA REFORMA.",(27) así como la jurisprudencia P./J. 45/2005, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI DURANTE EL PROCEDIMIENTO ES DEROGADA LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, DEBE ESTIMARSE QUE CESARON SUS EFECTOS POR LO QUE PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO.".(28)

22. Como se puede apreciar, al quedar demostrado que las normas impugnadas han cesado sus efectos, lo procedente es sobreseer en la presente acción de inconstitucionalidad con fundamento en los artículos 19, fracción V, en relación con el diverso 20, fracción II y 65 de la Ley Reglamentaria de la Materia.(29)

III. DECISIÓN

Por lo expuesto y fundado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

RESUELVE

ÚNICO. Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad.

Notifíquese; mediante oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Señores Ministros y las Señoras Ministras, Loretta Ortiz Ahlf, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (Ponente) y el Ministro Presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Firman el Ministro Presidente de la Primera Sala y el Ministro Ponente, con el Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe.

PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA

MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO

PONENTE

MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA

SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA

RAÚL MENDIOLA PIZAÑA

Esta foja corresponde al Acción de inconstitucionalidad 42/2023, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro. Conste.

________________

1. Las constancias que se relatan en esta resolución provienen del expediente electrónico formado con motivo de la Acción de Inconstitucionalidad 42/2023.

2. Mediante escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil veintitrés ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

3. Municipio de Matlapa

ARTÍCULO 37. El cobro del derecho de expedición de constancias, certificaciones y otras similares se causará de acuerdo a las cuotas siguientes:

VIII. Reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de información pública conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública [...]

d) Búsqueda de datos del archivo municipal. 0.33 UMA [...]

Municipio de Villa Hidalgo

ARTÍCULO 36. El cobro del derecho de expedición de constancias, certificaciones y otras similares se causará de acuerdo a las cuotas siguientes: [...]

V. Búsqueda de datos de archivos municipales. 0.30 UMA

4. Cita en apoyo la tesis aislada 2a. LXXXV/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DERECHO A LA INFORMACIÓN. GARANTÍAS DEL.". Registro digital 2012525.

5. Cita en apoyo la tesis de jurisprudencia P./J. 3/98 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA.". Registro digital 196933; tesis de jurisprudencia P./J. 2/98 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS.". Registro digital 196934;

6. Por acuerdo de dos de febrero de dos mil veintitrés.

7. Mediante proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. En contra del referido acuerdo, la delegada del Poder Ejecutivo Federal interpuso el recurso de reclamación 119/2023-CA, impugnó la determinación del Ministro Instructor, mediante la cual se negó la solicitud consistente en la expedición de copias simples de los informes rendidos por las partes y los alegatos que, en su oportunidad, se presenten, así como la utilización de aparatos y medios electrónicos para reproducir las constancias de autos. Del asunto conoció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en sesión de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, se resolvió por unanimidad de cinco votos de sus integrantes, en el sentido de declararlo improcedente.

8. En contra del acuerdo de admisión de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, la delegada del Poder Ejecutivo Federal interpuso recurso de reclamación, debido a que el Ministro instructor negó la solicitud consistente en la expedición de copias simples de los informes rendidos por las partes y los alegatos, que en su oportunidad se presenten, así como la utilización de aparatos y medios electrónicos para reproducir las constancias de autos. El asunto se registró como Recurso de reclamación 119/2023-CA y se turnó al Ministro Javier Laynez Potisek para su resolución. Seguidos los trámites correspondientes, en sesión de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de sus integrantes, declaró improcedente el recurso intentado.

9. A través del escrito recibido el cinco de abril de dos mil veintitrés, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

10. Mediante escrito presentado recibido el diez de abril de dos mil veintitrés, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

11. Artículo 31. Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos:

b) En materia Normativa:

VII. Los ayuntamientos podrán solicitar al Congreso del Estado las modificaciones que a su juicio ameriten las leyes de ingresos ya aprobadas; [...]

12. Mediante proveído de doce de mayo de dos mil veintitrés.

13. Escrito presentado por la delegada del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el dos de junio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

14. Escrito depositado por el Consejero Jurídico del Estado de San Luis Potosí, el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en la oficina de correos en San Luis Potosí y recibida el veintisiete de junio de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

15. Por acuerdo de diecinueve de junio de dos mil veintitrés.

16. El treinta de noviembre de dos mil veintitrés, se entregó a la Secretaría General de Acuerdos un proyecto de resolución, en el cual se analizaba la constitucionalidad de los artículos impugnados.

17. Dictamen de dos de enero de dos mil veinticuatro.

18. Auto de quince de enero de dos mil veinticuatro.

19. Por acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veinticuatro.

20. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

[...]

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

[...]

II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

[...]

c) El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas;

21. Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:

I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; [...].

Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus miembros, y tendrá las siguientes atribuciones:

VIII. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de los acuerdos generales que emita. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno, lo hará del conocimiento de este último para que determine lo que corresponda; [...].

22. Instrumento modificado el diez de abril de dos mil veintitrés.

SEGUNDO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución: [...]

II. Las acciones de inconstitucionalidad, salvo en las que deba sobreseerse, así como los recursos interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención; [...]

TERCERO. Las Salas resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el Punto precedente, siempre y cuando unos y otros no deban ser remitidos a los Plenos Regionales o a los Tribunales Colegiados de Circuito.

23. Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: [...]

V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia; [...]

Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes: [...]

II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; [...]

Artículo 65. En las acciones de inconstitucionalidad, el ministro instructor de acuerdo al artículo 25, podrá aplicar las causales de improcedencia establecidas en el artículo 19 de esta ley, con excepción de su fracción II respecto de leyes electorales, así como las causales de sobreseimiento a que se refieren las fracciones II y III del artículo 20.

Las causales previstas en las fracciones III y IV del artículo 19 sólo podrán aplicarse cuando los supuestos contemplados en éstas se presenten respecto de otra acción de inconstitucionalidad.

24. Texto: "Los artículos 59 y 65, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen, respectivamente, que en las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán, en lo conducente y en todo aquello que no se encuentre previsto en el título III de dicho ordenamiento que regula el procedimiento de esas acciones, las disposiciones relativas a las controversias constitucionales contenidas en el título II de la ley citada, y que en las mencionadas acciones se aplicarán las causales de improcedencia consignadas en el artículo 19 de la indicada ley reglamentaria, con excepción de la señalada en su fracción II. Por tanto, la causal de improcedencia establecida en la fracción V del mencionado artículo 19, en materia de acciones de inconstitucionalidad, se actualiza cuando simplemente dejen de producirse los efectos de la norma general que la motivaron, en tanto que ésta constituye el único objeto de análisis en ellas, además de que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, según lo dispuesto por los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria". publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, marzo de 2004, página 958, registro digital: 182048.

25. Texto: "La acción de inconstitucionalidad resulta improcedente y, por ende, debe sobreseerse por actualización de la causa de improcedencia prevista en los artículos 19, fracción V, y 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por cesación de efectos de las normas generales impugnadas, cuando éstas hayan sido reformadas o sustituidas por otras. Lo anterior, porque para que pueda analizarse una norma a través de ese medio de control constitucional, la transgresión a la Constitución Federal debe ser objetiva y actual al momento de resolver la vía, esto es, debe tratarse de una disposición que durante su vigencia contravenga la Ley Fundamental, pues la consecuencia de estimar fundados los conceptos de invalidez, en el caso de una norma reformada, se reduciría a anular los efectos de una ley sin existencia jurídica ni aplicación futura, ya que la sentencia que llegara a pronunciarse no podría alcanzar un objeto distinto al que ya se logró con su reforma o sustitución". publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de 2005, página 782, registro digital: 178565.

26. Primero. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico "Plan de San Luis".

27. Texto: "La acción de inconstitucionalidad resulta improcedente y, por ende, debe sobreseerse por actualización de la causa de improcedencia prevista en los artículos 19, fracción V, y 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por cesación de efectos de las normas generales impugnadas, cuando éstas hayan sido reformadas o sustituidas por otras. Ahora bien, para estimar actualizada esta causa de improcedencia, debe analizarse el derecho transitorio que rige la reforma, a efecto de establecer, indubitablemente, que la norma anterior fue plenamente sustituida por la nueva". publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, marzo de 2006, página 1412, registro digital: 175709.

28. Texto: "Si con motivo de la reforma realizada a una ley se derogaron los preceptos impugnados en la acción de inconstitucionalidad, debe declararse el sobreseimiento en el juicio con fundamento en el artículo 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de dicha ley reglamentaria, por haber cesado los efectos de la norma general impugnada". publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de 2005, página 783, registro digital: 178564.

29. En similares condiciones la Primera Sala resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 15/2023, en sesión de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, por unanimidad de cinco votos de sus integrantes.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200940-69a12a56/i-accion-de-inconstitucionalidad-sobreseimiento-por-cesacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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