I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI EL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA VENCE EN DÍA INHÁBIL Y ÉSTA SE PRESENTÓ EL SIGUIENTE DÍA HÁBIL, DEBE CONSIDERARSE OPORTUNA. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE DICHO PODER [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SE ACTUALIZA LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN III, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, RESPECTO DE LAS LEYES DE INGRESOS QUE NO CONTIENEN LOS ARTÍCULOS IMPUGNADOS (SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN VII, Y 20, FRACCIÓN III, DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE COATZALCOALCOS, CÓRDOBA Y JÁLTIPAN, TODAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICUATRO). IV. DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. V. DERECHOS POR SERVICIOS. DIFERENCIAS ENTRE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS. VI. FE PÚBLICA. SU CONCEPTO. VII. DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA. VIII. DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS. EL COBRO POR LAS COPIAS SOLICITADAS NO DEBE SER COMO EN EL DERECHO PRIVADO, PUES NO PUEDE EXISTIR UN LUCRO O UNA GANANCIA PARA EL ESTADO, SINO QUE EL MONTO DEBE GUARDAR UNA RELACIÓN RAZONABLE CON EL COSTO DEL SERVICIO PRESTADO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN VII, Y 20, FRACCIÓN III, DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE ACAJETE, ACATLÁN, ACAYUCAN, ACTOPAN, ACULA, ACULTZINGO, AGUA DULCE, ÁLAMO TEMAPACHE, ALPATLÁHUAC, ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ BARRIOS, ALTOTONGA, AMATITLÁN, AMATLÁN DE LOS REYES, ÁNGEL R. CABADA, APAZAPAN, AQUILA, ASTACINGA, ATLAHUILCO, ATOYAC, ATZACAN, ATZALAN, CARLOS A. CARRILLO, CAZONES DE HERRERA, CERRO AZUL, CHALMA, CHICONAMEL, CHICONQUIACO, CHICONTEPEC, CHINAMECA, CHINAMPA DE GOROSTIZA, CHOCAMÁN, CHONTLA, CHUMATLÁN, CITLÁLTEPETL COACOATZINTLA, COAHUITLÁN, COLIPA, COMAPA, COSAUTLÁN DE CARVAJAL, COSCOMATEPEC, COTAXTLA, COXQUIHUI, EL HIGO, ESPINAL, FILOMENO MATA, FORTÍN, GUTIÉRREZ ZAMORA, IGNACIO DE LA LLAVE, ILAMATLÁN, ISLA, IXCATEPEC, IXHUACÁN DE LOS REYES, IXHUATLÁN DE MADERO, IXHUATLÁN DEL CAFÉ, IXHUATLÁN DEL SURESTE, IXHUATLANCILLO, IXMATLAHUACAN, JALACINGO, JALCOMULCO, JESÚS CARRANZA, JILOTEPEC, JOSÉ AZUETA, JUAN RODRÍGUEZ CLARA, JUCHIQUE DE FERRER, LA ANTIGUA, LA PERLA, LANDERO Y COSS, LAS CHOAPAS, LAS MINAS, LAS VIGAS DE RAMÍREZ, LERDO DE TEJADA, LOS REYES, MAGDALENA, MIXTLA DE ALTAMIRANO, NOGALES, PUENTE NACIONAL, TAMIAHUA, TEMPOAL, TEXHUACÁN, TLACOTEPEC DE MEJÍA, TLAPACOYAN, TLAQUILPA, TLILAPAN, TRES VALLES, UXPANAPA, VEGA DE ALATORRE, VILLA ALDAMA, XICO, XOXOCOTLA, YANGA, YECUATLA, ZACUALPAN, ZARAGOZA, ZENTLA, ZONGOLICA, ZONTECOMATLÁN, ZOZOCOLCO DE HIDALGO, Y 19, FRACCIÓN VII, Y 20, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUITLÁHUAC, TODAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024). IX. DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS. LAS NORMAS QUE NO ESPECIFICAN SI EL COBRO ES POR HOJA O POR DOCUMENTO COMPLETO, VIOLAN EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA POR GENERAR INCERTIDUMBRE PARA LOS GOBERNADOS RESPECTO DE LA CANTIDAD QUE DEBERÁ PAGARSE (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN VII, Y 20, FRACCIÓN III, DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE ACAJETE, ACATLÁN, ACAYUCAN, ACTOPAN, ACULA, ACULTZINGO, AGUA DULCE, ÁLAMO TEMAPACHE, ALPATLÁHUAC, ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ BARRIOS, ALTOTONGA, AMATITLÁN, AMATLÁN DE LOS REYES, ÁNGEL R. CABADA, APAZAPAN, AQUILA, ASTACINGA, ATLAHUILCO, ATOYAC, ATZACAN, ATZALAN, CARLOS A. CARRILLO, CAZONES DE HERRERA, CERRO AZUL, CHALMA, CHICONAMEL, CHICONQUIACO, CHICONTEPEC, CHINAMECA, CHINAMPA DE GOROSTIZA, CHOCAMÁN, CHONTLA, CHUMATLÁN, CITLÁLTEPETL COACOATZINTLA, COAHUITLÁN, COLIPA, COMAPA, COSAUTLÁN DE CARVAJAL, COSCOMATEPEC, COTAXTLA, COXQUIHUI, EL HIGO, ESPINAL, FILOMENO MATA, FORTÍN, GUTIÉRREZ ZAMORA, IGNACIO DE LA LLAVE, ILAMATLÁN, ISLA, IXCATEPEC, IXHUACÁN DE LOS REYES, IXHUATLÁN DE MADERO, IXHUATLÁN DEL CAFÉ, IXHUATLÁN DEL SURESTE, IXHUATLANCILLO, IXMATLAHUACAN, JALACINGO, JALCOMULCO, JESÚS CARRANZA, JILOTEPEC, JOSÉ AZUETA, JUAN RODRÍGUEZ CLARA, JUCHIQUE DE FERRER, LA ANTIGUA, LA PERLA, LANDERO Y COSS, LAS CHOAPAS, LAS MINAS, LAS VIGAS DE RAMÍREZ, LERDO DE TEJADA, LOS REYES, MAGDALENA, MIXTLA DE ALTAMIRANO, NOGALES, PUENTE NACIONAL, TAMIAHUA, TEMPOAL, TEXHUACÁN, TLACOTEPEC DE MEJÍA, TLAPACOYAN, TLAQUILPA, TLILAPAN, TRES VALLES, UXPANAPA, VEGA DE ALATORRE, VILLA ALDAMA, XICO, XOXOCOTLA, YANGA, YECUATLA, ZACUALPAN, ZARAGOZA, ZENTLA, ZONGOLICA, ZONTECOMATLÁN, ZOZOCOLCO DE HIDALGO, Y 19, FRACCIÓN VII, Y 20, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUITLÁHUAC, TODAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 44/2024. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 8 DE OCTUBRE DE 2024. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: BRENDA MONTESINOS SOLANO.
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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al ocho de octubre de dos mil veinticuatro emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 44/2024, promovida por el Poder Ejecutivo Federal, en contra de preceptos contenidos en leyes de ingresos de diversos municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, publicadas en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintinueve de enero de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María Estela Ríos González, en su carácter de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de diversas disposiciones contenidas en leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, todas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
2. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la accionante hace valer, en síntesis, lo siguiente:
• PRIMERO. Los artículos 19, fracción VII y 20, fracción III, de las leyes de ingresos impugnadas de diversos municipios del Estado de Veracruz, para el ejercicio fiscal 2024, vulneran los principios de gratuidad en materia de acceso a la información y proporcionalidad tributaria previstos en los diversos 6, apartado A, fracción III y 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
A) Principio de gratuidad en materia de acceso a la información.
Los preceptos impugnados establecen un pago de derechos por concepto de búsqueda de información que se lleva a cabo en los archivos de diversos municipios del Estado de Veracruz; lo que contraviene el artículo 6 de la Constitución y, en específico, el principio de gratuidad, al prever una tarifa para localizar la información solicitada sin importar la modalidad de entrega de la misma.
La tarifa que establece el legislador local en las disposiciones impugnadas es inconstitucional, pues restringe de forma injustificada el ejercicio del derecho de acceso a la información, ya que no pueden imponer mayores requisitos de los previstos en la Constitución y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En conclusión, el requisito adicional impuesto en la leyes locales impugnadas relativas al pago de una tarifa por la búsqueda de información pública, tiene implicaciones negativas que trascienden al ejercicio del derecho de acceso a la información en sus dos dimensiones; lo anterior, representa un elemento discriminatorio para el ejercicio del derecho de acceso a la información al negar la búsqueda de información a quien no cuenta con recursos para cubrir las tarifas establecidas por la simple localización de la información.
B) Principio de proporcionalidad tributaria.
Los preceptos señalados de inconstitucionales violan el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, toda vez que no existe una relación razonable entre la tarifa establecida y el costo del servicio que proporcionan efectivamente los municipios del Estado de Veracruz.
Las disposiciones impugnadas establecen un pago de $108.57 (ciento ocho pesos 57/100 M.N.), con motivo de copias simples, certificaciones de documentos públicos, información que poseen los municipios del Estado de Veracruz, en sus archivos, es decir, se trata de un cobro excesivo, dado que la cuota determinada no encuentra justificación, pues de ninguna forma puede considerarse que ese sea el costo de los materiales utilizados para la búsqueda de la información solicitada o la reproducción fotostática o certificada.
De los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre proporcionalidad de los derechos, para el caso de búsqueda de información, expedición de copias simples y certificados, se desprende que las cuotas deben guardar una congruencia razonable con el costo que tiene el servicio para el Estado, sin que tenga posibilidad de lucrar con la tarifa que se pretende establecer.
El costo por concepto de búsqueda de información debe ser justificado por el legislador, en el sentido de que solo puede recuperarse el costo derivado del material de entrega, del envío o, en su caso, el de su certificación, en términos del artículo 31, fracción IV, de la Constitución.
En los artículos impugnados el legislador local no justificó los elementos que sirvieron de base para determinar la tarifa por la expedición de copias certificadas, por lo que no es posible determinar si las cuotas corresponden al costo real de los materiales.
• SEGUNDO. Los artículos 19, fracción VII y 20, fracción III, de las leyes de ingresos impugnadas de diversos municipios del Estado de Veracruz, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, vulneran los principios de interdependencia e indivisibilidad, derecho a la identidad y el principio de gratuidad, previstos en los diversos 1 y 4 de la Constitución; 3 y 18 de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos; 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
A) Principios de interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
El legislador del Estado de Veracruz incumplió con su obligación de respetar, reconocer, proteger y garantizar el derecho a la identidad, toda vez que estableció un cobro por registro de reconocimiento de hijos ante el registro civil, lo que vulnera el artículo 4 de la Constitución.
Aunado al incumplimiento del legislador en cuanto a los derechos humanos, también se está en el supuesto de una violación al principio de progresividad. El cobro por el reconocimiento de hijos implica una omisión por parte del legislador ante el deber de promover e impulsar el disfrute de los derechos humanos; que, para el caso en concreto, se trata del derecho a la identidad. Bajo este principio, el legislador se encuentra impedido para adoptar medidas que impliquen una regresión en los derechos humanos, más aún si dichas medidas son injustificadas como lo es el cobro por un concepto equiparable al de la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento, la cual se expide sin costo alguno. En consecuencia, la falta de motivación y la vulneración de los derechos enunciados, el legislador transgredió el principio de progresividad mediante los artículos impugnados.
B) Derecho a la identidad.
El párrafo octavo del artículo 4 de la Constitución, establece que la autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento, lo cual no acontece en la especie, ya que las disposiciones impugnadas establecen un cobro por el registro de reconocimiento de hijos, lo que afecta negativamente los derechos de las personas que serán reconocidas por primera vez ante el registro civil y se verán obligadas a pagar su primer acta de nacimiento que por mandato constitucional debe ser gratuita.
Las leyes impugnadas al establecer cobros indebidos por registro de reconocimiento de hijos ante el registro civil, constituye un factor de exclusión y discriminación para las personas, lo que afecta en mayor medida a las niñas y niños que pertenezcan a una población más marginada, ya que obstaculizan el registro universal, gratuito y oportuno, geográfico, económico o cultural; lo que contraviene el artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual refiere que todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre propio y, lo mismo debe prevalecer para los casos de ser reconocidos ante la autoridad correspondiente, ya que la Constitución no establece un tiempo definido para cumplir con esta obligación y mucho menos establece un cobro para cuando se trate de un registro de reconocimiento, ya que debe prevalecer su derecho a la identidad con relación a su filiación, lo que de ninguna manera puede ser restringido por el Estado.
Así, las disposiciones impugnadas transgreden el principio de gratuidad en el registro, toda vez que establecen un cobro indebido por el reconocimiento de hijos, que al igual que el registro por nacimiento, este será efectuado por primera vez ante las autoridades estatales, lo que deviene de inconstitucional, ya que, por analogía al tratarse del primer registro, no debe tener ningún costo para el solicitante.
Finalmente, las disposiciones impugnadas establecen un cobro de $108.57 (ciento ocho pesos 57/100 M.N.) con motivo del pago de derechos por registro de reconocimiento de hijos, ya que no se cuenta con las cantidades que erogó el municipio para arribar a la tarifa establecida por el legislador local.
3. Registro del expediente y turno del asunto. Mediante proveído de treinta de enero de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad con el número 44/2024, y turnó el asunto al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento, de acuerdo con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.
4. Admisión y trámite. La acción de inconstitucionalidad se admitió mediante auto de doce de febrero de dos mil veinticuatro, se ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para que rindieran su informe; así como a la Fiscalía General de la República para efectos de que formulara pedimento si lo consideraba necesario.
5. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. Mediante escrito recibido el día once de marzo de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, José Pale García, en su carácter de Director General Jurídico de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en representación de dicho Poder, compareció a rendir el informe solicitado, en el que expone, esencialmente, lo siguiente:
• Se advierte la ineficacia de las argumentaciones vertidas por el promovente de la acción al pretender impugnar los supuestos contenidos en las Leyes de Ingresos de los Municipios de la Entidad Veracruzana, específicamente el artículo 19, fracción VII, referente al cobro de copias certificadas cuando las normas tildadas de inconstitucionales claramente establecen los montos que deberán causarse por ese despliegue administrativo cuando una persona acuda al ente público y solicite tales servicios municipales.
• No se trata de aspectos en los que se adviertan violaciones a la Norma Fundamental en materia de transparencia o acceso a la información pública y que con ello se estén vulnerando derechos, principios o que se esté infringiendo la Norma Fundamental, es decir, el promovente de la acción en relación con sus conceptos de invalidez no logra evidenciar qué preceptos normativos de la Constitución Federal están siendo vulnerados ni mucho menos qué cuestiones de estricto derecho prohíben tales circunstancias.
• Respecto del pago de derechos que los ciudadanos deben cubrir por concepto de expedición de copias certificadas, ante el despliegue y gastos administrativos, que derivan desde el pago de luz, internet, sistema de búsqueda de información, tinta, dispositivos para imprimir, (mantenimiento, renta o compra), así como las cuestiones que implican el despliegue administrativo por ese concepto y ante la evidente demanda por parte de la sociedad en general es que se justifica como referencia el pago de lo equivalente a una Unidad de Medida y Actualización, máxime que tales contribuciones que ingresan a la Hacienda Municipal, desde la perspectiva de las máximas de la experiencia y de las leyes que rigen a la Administración Pública Municipal tales recursos son para beneficio y aplicación social que se ven reflejados en los servicios que incluso resultan ser brindados por las autoridades municipales de manera gratuita al público en general.
• De igual forma las argumentaciones a manera de conceptos de invalidez que tienen por objeto evidenciar presuntamente la inconstitucionalidad del precepto normativo contenido en las Leyes de Ingresos Municipales en cuestión específicamente el numeral 20, fracción III, resultan ser inatendibles e ineficaces en razón de que los mismos no abandonan en lo absoluto en evidenciar vulneración clara o concreta en relación con los derechos humanos y principios reconocidos en la Norma Fundamental ni mucho menos qué aspectos se contraponen a ella.
• El Poder Ejecutivo Federal pretende dar por irrogado el derecho a la identidad respecto del trámite administrativo de reconocimiento de hijos cuando este último en mención deriva en su caso de actuaciones judiciales o administrativas que implican un hacer secundario y no primigenio como el de registro de nacimientos.
• Por tales circunstancias, las cuestiones que implican un actuar derivado de un proceso judicial o administrativo y que de manera subsecuente implican ya un despliegue administrativo que no resulta propio de una obligación de los entes municipales que implique gratuidad, sino el requerimiento de un servicio que las autoridades brindan en este caso a la sociedad, esto es, por el servicio de reconocimiento de hijos, el cause de un pago equivalente a una Unidad de Medida y Actuación, lo que no rebasa los parámetros de proporcionalidad tributaria.
6. Informe del Poder Legislativo del Estado de Veracruz. Mediante escrito recibido el día dos de abril de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Leticia Cazarín Marcial, en su carácter de Jefa del Departamento de Amparos del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, rindió el informe solicitado, en el cual manifestó, en esencia, lo siguiente:
• En los conceptos de invalidez hechos valer por el promovente, solicita la declaratoria de invalidez de diversos artículos de las numerosas leyes de ingresos de varios municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el cual da origen a la presente acción de inconstitucionalidad, afirmando que se violan los principios de gratuidad en materia de acceso a la información, principios de proporcionalidad tributaria, interdependencia, indivisibilidad progresividad, de lo anterior, se considera que dichos argumentos resultan infundados, en virtud de que los numerales 19, fracción VII y 20, fracción III, establecidos en las diversas leyes que se reclaman, se encuentran destinados a la recaudación de los municipios, permitiendo que solo puedan efectuar el cobro de aquellos rubros que tiene contemplados la propia Ley, siendo grave efectuar fuera de lo establecido.
• También, estos artículos contemplados en las diversas leyes de ingresos reclamadas (entre otros) consignan el gasto público de acuerdo con la naturaleza y cuantía que debe realizar el gobierno municipal o en el desempeño de sus funciones y en cada ejercicio fiscal, en este caso, del año dos mil veinticuatro.
• Se consideran infundados los argumentos referentes a la violación al principio de proporcionalidad por lo que respecta al numeral 19, fracción VII, contenido en las diversas leyes señaladas; establece el cobro por los servicios prestados por el Registro Civil que solicitan certificaciones lo que de ninguna manera resulta inconstitucional; en ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos precedentes, que la regla general en el pago de los derechos por servicios, es que si en su presentación la administración pública despliega un esfuerzo uniforme, la cuota tributaria de los derechos, debe ser proporcional, fija e igual para los usuarios; es decir, no se puede esperar que la colaboración del organismo al cual solicitó sus servicios, en el caso particular lo realice de manera gratuita; sin embargo, que resulte proporcional, lo que en el caso particular del artículo 19, fracción VII, contenido en las diversas leyes señaladas, si acontece, al establecer un costo por certificación únicamente de una UMA.
• En el caso de los municipios señalados, es decir, Coatzacoalcos, Córdoba y Jáltipan, resulta falso que contengan los artículos 19, fracción VII y 20, fracción III.
7. Alegatos. Mediante escrito recibido el dieciocho de abril de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Ejecutivo Federal formuló alegatos.
8. Pedimiento de la Fiscalía General de la República. El Fiscal General de la República no formuló pedimento en el presente asunto.
9. Cierre de instrucción. Por acuerdo de veintitrés de abril de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor cerró la instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
10. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Federal,(1) 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(2) y 10, fracción I,(3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario número 1/2023, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de dos mil veintitrés. Ello, toda vez que el Poder Ejecutivo Federal, a través de su Consejería Jurídica, plantea la posible contradicción entre ciertas leyes de ingresos municipales del Estado de Veracruz y la Constitución General.
II. OPORTUNIDAD
11. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(4) establece que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al que se publicó la norma impugnada y que, si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
12. En el caso las normas impugnadas fueron publicadas en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el viernes veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés, por lo que el plazo de treinta días naturales transcurrió del sábado treinta de diciembre de dos mil veintitrés al domingo veintiocho de enero de dos mil veinticuatro.
13. En virtud de que la demanda promovida por la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal se presentó el lunes veintinueve de enero de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, el primer día hábil siguiente, se concluye que su promoción resulta oportuna.
14. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI EL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA VENCE EN DÍA INHÁBIL Y ÉSTA SE PRESENTÓ EL SIGUIENTE DÍA HÁBIL, DEBE CONSIDERARSE OPORTUNA”.(5)
III. LEGITIMACIÓN
15. La acción de constitucionalidad fue promovida por parte legitimada, toda vez que de conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(6) la Consejería Jurídica del Gobierno está facultada para promover la acción de inconstitucionalidad contra leyes de carácter estatal que vulneren los derechos humanos contenidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales.
16. Por otra parte, el artículo 11, párrafo primero, en relación con el diverso 59 de la Ley Reglamentaria,(7) establecen que las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
17. En el caso el escrito inicial fue suscrito por María Estela Ríos González, en su carácter de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, lo que acreditó con copia certificada del nombramiento emitido a su favor el dos de septiembre de dos mil veintiuno.
18. Dicha funcionaria ostenta la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de lo dispuesto por los artículos 90(8) y 102 apartado A, de la Constitución Federal(9) y 4 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,(10) por ende, debe estimarse que la acción de inconstitucionalidad fue presentada por persona legitimada.
IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
19. Las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente, de forma que se procede al análisis de las causas de improcedencia formuladas por las partes, así como aquellas que se adviertan de oficio.
20. El Poder Legislativo local expresa que las leyes de ingresos de los municipios de Coatzacoalcos, Córdoba y Jáltipan no contienen los artículos 19, fracción VII y 20, fracción III, que son impugnados por la parte accionante.
21. Al respecto, este Tribunal Pleno advierte, como un hecho notorio,(11) que los ordenamientos citados por el Poder Legislativo local ciertamente no contienen los numerales combatidos en esta acción de inconstitucionalidad y, por tanto, no se desprende la existencia del cobro de derechos que la accionante controvierte de dichas leyes de ingresos, a saber: por la “certificación de documentos públicos que obran en el archivo de la tesorería”, así como por el “reconocimiento de hijos”.
22. Luego entonces, es claro que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 20, fracción III,(12) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de los artículos 19, fracción VII y 20, fracción III, de las leyes de ingresos de los Municipios de Coatzacoalcos, Córdoba y Jáltipan todas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro.
23. Al no existir otro motivo de improcedencia planteado en la acción de inconstitucionalidad ni advertirse alguno de oficio por este Tribunal Pleno, se procede a realizar el estudio de fondo.
V. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS
24. Con fundamento en el artículo 71(13) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Alto Tribunal procede a precisar el contenido de las normas impugnadas; para lo cual, en algunos casos, se corrigen los errores advertidos en la cita de los preceptos.
25. La Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal señaló como preceptos impugnados:
• Los artículos 19, fracción VII y 20, fracción III, de las leyes de ingresos de los municipios de Acajete, Acatlán, Acayucan, Actopan, Acula, Acultzingo, Agua Dulce, Álamo Temapache, Alpatláhuac, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Altotonga, Amatitlán, Amatlán de los Reyes, Ángel R. Cabada, Apazapan, Aquila, Astacinga, Atlahuilco, Atoyac, Atzacan, Atzalan, Carlos A. Carrillo, Cazones de Herrera, Cerro Azul, Chalma, Chiconamel, Chiconquiaco, Chicontepec, Chinameca, Chinampa de Gorostiza, Chocamán, Chontla, Chumatlán, Citláltepetl Coacoatzintla, Coahuitlán, Colipa, Comapa, Cosautlán de Carvajal, Coscomatepec, Cotaxtla, Coxquihui, Cuitláhuac, El Higo, Espinal, Filomeno Mata, Fortín, Gutiérrez Zamora, Ignacio de la Llave, Ilamatlán, Isla, Ixcatepec, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlán del Sureste, Ixhuatlancillo, Ixmatlahuacan, Jalacingo, Jalcomulco, Jesús Carranza, Jilotepec, José Azueta, Juan Rodríguez Clara, Juchique de Ferrer, La Antigua, La Perla, Landero y Coss, Las Choapas, Las Minas, Las Vigas de Ramírez, Lerdo de Tejada, Los Reyes, Magdalena, Mixtla de Altamirano, Nogales, Puente Nacional, Tamiahua, Tempoal, Texhuacán, Tlacotepec de Mejía, Tlapacoyan, Tlaquilpa, Tlilapan, Tres Valles, Uxpanapa, Vega de Alatorre, Villa Aldama, Xico, Xocotla (sic), Yanga, Yecuatla, Zacualpan, Zaragoza, Zentla, Zongolica, Zontecomatlán, Zozocolco de Hidalgo, todas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el ejercicio fiscal 2024.
26. No obstante, de una lectura integral del escrito de demanda, este Alto Tribunal advierte imprecisiones respecto a la cita de algunos de los artículos controvertidos, como se explica a continuación:
27. Del escrito inicial del Ejecutivo Federal, se advierte que cita como uno de los preceptos impugnados el artículo 20, fracción III,(14) de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuitláhuac, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro y no la fracción IV(15) del numeral referido, que sería la congruente con sus conceptos de invalidez.
28. Ello, se robustece al considerar que, aun cuando cita la fracción III, en el apartado “V. Normas cuya invalidez se demandan” de su escrito inicial, transcribe sustancialmente el contenido de la fracción IV del precepto citado con relación al referido cobro de derechos por el reconocimiento de hijos.(16)
29. Con las precisiones realizadas, se tienen como preceptos impugnados los siguientes:
• Los artículos 19, fracción VII y 20, fracción III, de las leyes de ingresos de los municipios de Acajete, Acatlán, Acayucan, Actopan, Acula, Acultzingo, Agua Dulce, Álamo Temapache, Alpatláhuac, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Altotonga, Amatitlán, Amatlán de los Reyes, Ángel R. Cabada, Apazapan, Aquila, Astacinga, Atlahuilco, Atoyac, Atzacan, Atzalan, Carlos A. Carrillo, Cazones de Herrera, Cerro Azul, Chalma, Chiconamel, Chiconquiaco, Chicontepec, Chinameca, Chinampa de Gorostiza, Chocamán, Chontla, Chumatlán, Citláltepetl Coacoatzintla, Coahuitlán, Colipa, Comapa, Cosautlán de Carvajal, Coscomatepec, Cotaxtla, Coxquihui, El Higo, Espinal, Filomeno Mata, Fortín, Gutiérrez Zamora, Ignacio de la Llave, Ilamatlán, Isla, Ixcatepec, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlán del Sureste, Ixhuatlancillo, Ixmatlahuacan, Jalacingo, Jalcomulco, Jesús Carranza, Jilotepec, José Azueta, Juan Rodríguez Clara, Juchique de Ferrer, La Antigua, La Perla, Landero y Coss, Las Choapas, Las Minas, Las Vigas de Ramírez, Lerdo de Tejada, Los Reyes, Magdalena, Mixtla de Altamirano, Nogales, Puente Nacional, Tamiahua, Tempoal, Texhuacán, Tlacotepec de Mejía, Tlapacoyan, Tlaquilpa, Tlilapan, Tres Valles, Uxpanapa, Vega de Alatorre, Villa Aldama, Xico, Xoxocotla,(17) Yanga, Yecuatla, Zacualpan, Zaragoza, Zentla, Zongolica, Zontecomatlán, Zozocolco de Hidalgo, todas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el ejercicio fiscal 2024.
• Los artículos 19, fracción VII y 20, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuitláhuac, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el ejercicio fiscal 2024.
VI. ESTUDIO DE FONDO
30. En su primer y segundo concepto de invalidez, la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal argumenta que los artículos impugnados relativos al cobro de derechos por la “certificación de documentos públicos que obran en el archivo de la tesorería”, así como por el “reconocimiento de hijos”, vulneran los principios de gratuidad en materia de acceso a la información y proporcionalidad tributaria, así como el derecho a la identidad. Lo anterior, esencialmente, porque no existe una relación razonable entre la tarifa establecida y el costo del servicio que proporcionan efectivamente los municipios del Estado de Veracruz.
31. Para dar contestación a los planteamientos, es necesario traer a cuenta el contenido de las normas impugnadas, al respecto, se advierte que guardan una estructura y redacción similar, por lo que, de manera ejemplificativa, se transcribe el contenido de los artículos 19, fracción VII y 20, fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Acajete, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro:
“Artículo 19.- Los Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas que en cada caso se señalan:
(...)
VII. La certificación de documentos públicos que obran en el archivo de la tesorería, 1 UMAs.”.
“Artículo 20.- Los Derechos por los Servicios del Registro Civil se causarán y pagarán, en Unidades de Medida y Actualización, de acuerdo a las cuotas siguientes:
(...)
III. Reconocimiento de hijos, una;”.
32. Como se aprecia, los numerales combatidos prevén cobros de derechos por la expedición de copias certificadas de los documentos públicos que obran en el archivo de la tesorería municipal, así como por el servicio que presta el Registro Civil para el reconocimiento de hijos.
33. Al respecto, este Tribunal Pleno ha establecido(18) que la constitucionalidad de las disposiciones que prevén el cobro de diversos derechos por servicios o por la expedición de copias certificadas, deben analizarse a la luz del principio de gratuidad, previsto en el artículo 6 constitucional, siempre que la contribución se relacione con el derecho de acceso a la información; sin embargo, cuando el cobro impugnado no incide en ese derecho, el estudio debe emprenderse con base en los principios constitucionales que rigen la materia tributaria.
34. Del análisis de los preceptos reclamados se desprende que las disposiciones impugnadas no inciden en el derecho de acceso a la información, ya que éstos no están expresamente vinculados a los procedimientos de acceso a la información pública, por lo que no debe analizarse a la luz del principio de gratuidad, sino del principio de proporcionalidad tributaria.
35. Conforme a ello, este Tribunal Pleno ha sostenido(19) que para considerar constitucionales las
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33106-dd4d26a7/i-accion-de-inconstitucionalidad-si-el-plazo-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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