I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA ANUAL DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (DECRETO POR EL QUE SE APROBARON LAS LEYES DE INGRESOS DE DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTIDÓS).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 32/2022. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN. 22 DE FEBRERO DE 2023. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: JOEL ISAAC RANGEL AGÜEROS.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, promovió Acción de Inconstitucionalidad en contra de 90 preceptos contenidos en distintas Leyes de Ingresos de 90 municipios de ese estado, para el ejercicio fiscal 2022, que prevén las tarifas para el pago del derecho por servicio de alumbrado público, al considerarlos violatorios de los principios de legalidad, seguridad jurídica y proporcionalidad.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintidós de febrero de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la Acción de Inconstitucionalidad 32/2022, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en contra de las leyes de ingresos del ejercicio fiscal dos mil veintidós de los siguientes municipios del Estado de Yucatán: Abalá, Acanceh, Akil, Baca, Bokobá, Buctzotz, Cacalchén, Calotmul, Cansahcab, Cantamayec, Celestún, Cenotillo, Cuncunul, Cuzamá, Chacsinkín, Chankom, Chapab, Chemax, Chicxulub Pueblo, Chichimilá, Chikindzonot, Chocholá, Chumayel, Dzan, Dzemul, Dzilam de Bravo, Dzilam González, Dzitás, Dzoncauich, Espita, Halachó, Hoctún, Homún, Huhí, Hunucmá, Ixil, Izamal, Kantunil, Kaua, Kinchil, Kopomá, Mama, Maní, Maxcanú, Mayapán, Mocochá, Muna, Muxupip, Opichén, Oxkutzcab, Panabá, Peto, Progreso, Quintana Roo, Río Lagartos, Samahil, Sanahcat, San Felipe, Santa Elena, Seyé, Sinanché, Sotuta, Sucilá, Sudzal, Suma de Hidalgo, Tahmek, Teabo, Tecoh, Tekantó, Tekit, Tekom, Telchac Puerto, Telchac Pueblo, Tepakán, Tetiz, Ticul, Timucuy, Tinum, Tixcacalcupul, Tixkokob, Tixméhuac, Tizimín, Tunkás, Tzucacab, Ucú, Umán, Xocchel, Yaxcabá, Yaxkukul y Yobaín; específicamente, se plantea la invalidez de los preceptos que establecen el cobro de derechos por la prestación del servicio de alumbrado público.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Demanda inicial y normas impugnadas. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correos de México el veintiocho de enero de dos mil veintidós, recibido el dieciséis de febrero siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Miguel Óscar Sabido Santana, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán promovió Acción de Inconstitucionalidad en la que demandó la invalidez de los preceptos legales siguientes:
1. Artículo 33 de la Ley de Ingresos del Municipio de Abalá.
2. Artículo 32 de la Ley de Ingresos del Municipio de Acanceh.
3. Artículo 26 de la Ley de Ingresos del Municipio de Akil.
4. Artículo 29 de la Ley de Ingresos del Municipio de Baca.
5. Artículo 30 de Ley de Ingresos del Municipio de Bokobá.
6. Artículo 26 de la Ley de Ingresos del Municipio de Buctzotz.
7. Artículo 40 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cacalchén.
8. Artículo 18 de la Ley de Ingresos del Municipio de Calotmul.
9. Artículo 19 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cansahcab.
10. Artículo 41 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cantamayec.
11. Artículo 40 de la Ley de Ingresos del Municipio de Celestún.
12. Artículo 43 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cenotillo.
13. Artículo 32 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuncunul.
14. Artículo 35 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuzamá.
15. Artículo 35 de la Ley de Ingresos del Municipio de Chacsinkín.
16. Artículo 36 de la Ley de Ingresos del Municipio de Chankom.
17. Artículo 39 de la Ley de Ingresos del Municipio de Chapab.
18. Artículo 36 de la Ley de Ingresos del Municipio de Chemax.
19. Artículo 39 de la Ley de Ingresos del Municipio de Chicxulub Pueblo.
20. Artículo 14 de la Ley de Ingresos del Municipio de Chichimilá.
21. Artículo 33 de la Ley de Ingresos del Municipio de Chikindzonot.
22. Artículo 44 de la Ley de Ingresos del Municipio de Chocholá.
23. Artículo 40 de la Ley de Ingresos del Municipio de Chumayel.
24. Artículo 40 de la Ley de Ingresos del Municipio de Dzan.
25. Artículo 40 de la Ley de Ingresos del Municipio de Dzemul.
26. Artículo 36 de la Ley de Ingresos del Municipio de Dzilam de Bravo.
27. Artículo 38 de la Ley de Ingresos del Municipio de Dzilam González.
28. Artículo 34 de la Ley de Ingresos del Municipio de Dzitás.
29. Artículo 34 de la Ley de Ingresos del Municipio de Dzoncauich.
30. Artículo 39 de la Ley de Ingresos del Municipio de Espita.
31. Artículo 30 de la Ley de Ingresos del Municipio de Halachó.
32. Artículo 34 de la Ley de Ingresos del Municipio de Hoctún.
33. Artículo 33 de la Ley de Ingresos del Municipio de Homún.
34. Artículo 32 de la Ley de Ingresos del Municipio de Huhí.
35. Artículo 47 de la Ley de Ingresos del Municipio de Hunucmá.
36. Artículo 33 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ixil.
37. Artículo 44 de la Ley de Ingresos del Municipio de Izamal.
38. Artículo 40 de la Ley de Ingresos del Municipio de Kantunil.
39. Artículo 42 de la Ley de Ingresos del Municipio de Kaua.
40. Artículo 38 de la Ley de Ingresos del Municipio de Kinchil.
41. Artículo 38 de la Ley de Ingresos del Municipio de Kopomá.
42. Artículo 28 de la Ley de Ingresos del Municipio de Mama.
43. Artículo 42 de la Ley de Ingresos del Municipio de Maní.
44. Artículo 30 de la Ley de Ingresos del Municipio de Maxcanú.
45. Artículo 19 de la Ley de Ingresos del Municipio de Mayapán.
46. Artículo 48 de la Ley de Ingresos del Municipio de Mocochá.
47. Artículo 37 de la Ley de Ingresos del Municipio de Muna.
48. Artículo 34 de la Ley de Ingresos del Municipio de Muxupip.
49. Artículo 31 de la Ley de Ingresos del Municipio de Opichén.
50. Artículo 34 de la Ley de Ingresos del Municipio de Oxkutzcab.
51. Artículo 31 Ley de Ingresos del Municipio de Panabá.
52. Artículo 44 de la Ley de Ingresos del Municipio de Peto.
53. Artículo 43 de la Ley de Ingresos del Municipio de Progreso.
54. Artículo 38 de la Ley de Ingresos del Municipio de Quintana Roo.
55. Artículo 38 de la Ley de Ingresos del Municipio de Río Lagartos.
56. Artículo 42 de la Ley de Ingresos del Municipio de Samahil.
57. Artículo 32 de la Ley de Ingresos del Municipio de Sanahcat.
58. Artículo 34 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Felipe.
59. Artículo 29 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Elena.
60. Artículo 36 de la Ley de Ingresos del Municipio de Seyé.
61. Artículo 44 de la Ley de Ingresos del Municipio de Sinanché.
62. Artículo 37 de la Ley de Ingresos del Municipio de Sotuta.
63. Artículo 34 de la Ley de Ingresos del Municipio de Sucilá.
64. Artículo 38 de la Ley de Ingresos del Municipio de Sudzal.
65. Artículo 28 de la Ley de Ingresos del Municipio de Suma de Hidalgo.
66. Artículo 32 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tahmek.
67. Artículo 32 de la Ley de Ingresos del Municipio de Teabo.
68. Artículo 19 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tecoh.
69. Artículo 38 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tekantó.
70. Artículo 36 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tekit.
71. Artículo 29 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tekom.
72. Artículo 38 de la Ley de Ingresos del Municipio de Telchac Puerto.
73. Artículo 35 de la Ley de Ingresos del Municipio de Telchac Pueblo.
74. Artículo 35 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepakán.
75. Artículo 35 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tetiz.
76. Artículo 43 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ticul.
77. Artículo 29 de la Ley de Ingresos del Municipio de Timucuy.
78. Artículo 36 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tinum.
79. Artículo 34 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tixcacalcupul.
80. Artículo 41 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tixkokob.
81. Artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tixméhuac.
82. Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tizimín.
83. Artículo 33 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tunkás.
84. Artículo 39 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tzucacab.
85. Artículo 41 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ucú.
86. Artículo 50 de la Ley de Ingresos del Municipio de Umán.
87. Artículo 34 de la Ley de Ingresos del Municipio de Xocchel.
88. Artículo 16 de la Ley de Ingresos del Municipio de Yaxcabá.
89. Artículo 36 de la Ley de Ingresos del Municipio de Yaxkukul.
90. Artículo 42 de la Ley de Ingresos del Municipio de Yobaín.
Todos publicados mediante el Decreto 453/2021 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno.
2. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán expuso, en un único concepto de invalidez, los siguientes argumentos:
Los artículos impugnados establecen una contribución a la que otorgan naturaleza jurídica de "derechos por servicio de alumbrado público" para los propietarios o poseedores de predios de los municipios del Estado de Yucatán; no obstante, dicha contribución constituye un impuesto porque toma como base el consumo del servicio de energía eléctrica de cada usuario y, por tanto, transgrede el derecho humano de seguridad jurídica, así como los principios de equidad y proporcionalidad en las contribuciones, previstos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, constitucionales.
Las contribuciones previstas en el texto constitucional pueden ser de distinta naturaleza, atendiendo a su configuración estructural compuesta por sus elementos esenciales que, por un lado, permiten mediante su análisis integral y armónico, determinar su naturaleza y, por el otro, constituyen un punto de partida para el análisis de su adecuación al marco jurídico constitucional que los regula, a saber: sujeto, hecho imponible, base imponible, tasa o tarifa y época de pago.
En las contribuciones denominadas "derechos" el hecho imponible lo constituye la actuación de los órganos del Estado a través del régimen de servicio público o bien, el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la Nación. En contraste, en el caso de los impuestos, el hecho imponible está constituido por hechos o actos que, sin tener una relación directa con la actividad del ente público como tal, ponen de manifiesto de manera relevante la capacidad contributiva del sujeto pasivo.
Así, el hecho imponible de las contribuciones reviste un carácter de especial trascendencia entre los componentes que integran un tributo, toda vez que no solo constituye el presupuesto para el nacimiento de la obligación tributaria, sino que además, sirve como elemento de identificación del tributo, pues evidencia o identifica la categoría de la contribución a la que pertenece.
Conforme a lo anterior, el hecho imponible, al referirse a la capacidad contributiva del sujeto pasivo que lo actualiza, requiere de un elemento adicional para poder concretar el monto de la obligación tributaria, de manera tal que se respete la garantía de proporcionalidad tributaria en la medida en que exista congruencia entre el hecho imponible y la cuantificación de su magnitud, función esta última que le corresponde al elemento tributario conocido como base imponible.
Asimismo, la congruencia entre hecho imponible y base, además de ser un requisito de proporcionalidad, es también una cuestión de lógica interna de los tributos, pues de lo contrario existirá imprecisión en torno a cuál es el aspecto objetivo efectivamente gravado y cuál es la categoría tributaria que efectivamente lo regula, lo que incluso puede incidir en la competencia de la autoridad legislativa, pues ésta puede carecer de facultades constitucionales para gravar tal hecho o acto.
En efecto, la distorsión de la relación entre el hecho imponible y la base lleva a una imprecisión respecto del aspecto objetivo u objeto que ha pretendido gravar el legislador, pues mientras el hecho imponible atiende a un objeto, la base mide un objeto distinto, sin embargo, este conflicto debe resolverse atendiendo a la base imponible, pues debe tomarse en cuenta que la base es la que sirve para la determinación pecuniaria del tributo, lo cual podrá revelar que un impuesto grava un objeto diferente al que refiere un hecho imponible o que una contribución es un impuesto o una contribución de mejoras y no un derecho.
Bajo esa línea, la Comisión actora sostiene que las normas impugnadas vulneran el derecho fundamental de seguridad jurídica y las garantías constitucionales de legalidad y proporcionalidad tributaria, ya que establecen una contribución formalmente denominada "derecho", pero cuya naturaleza material, atendiendo al hecho y la base imponible, se identifica como un impuesto por cobro de los servicios de energía eléctrica.
Acorde con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para analizar la proporcionalidad y equidad de una disposición normativa que establece un derecho debe tomarse en cuenta la actividad del Estado que genera su pago, pues esto permitirá decidir si el parámetro de medición seleccionado para cuantificar la respectiva base gravable resulta congruente con el costo que representa para la autoridad prestar el servicio.
Así, las normas en comento transgreden el derecho de seguridad jurídica y los principios de legalidad y proporcionalidad tributaria al establecer que la base para el cálculo de este derecho es el porcentaje sobre el consumo total calculado sobre el importe de facturación del servicio de energía eléctrica de los sujetos obligados al pago de dicha contribución.
De ello se advierte que la base imponible que se establece como magnitud del valor denotativo de capacidad contributiva, es el consumo de energía eléctrica, por lo que tal base imponible se encuentra relacionada con un hecho imponible que no responde a una competencia local, sino a un derecho, acto, situación o actividad denotativos de capacidad contributiva ajenos a la actividad del ente público y que en el caso consiste en dicho consumo de los servicios básicos.
Tal razonamiento permite descubrir la verdadera naturaleza del tributo en análisis, dado que al haber identificado el hecho imponible real, que se encuentra en la base, permite concluir que se trata de una contribución perteneciente a la categoría de los impuestos, ya que la naturaleza de las contribuciones se debe apreciar en relación con su propia estructura y no con el nombre con el que el legislador las denomine.
Precisa la Comisión actora que si bien el artículo 115 constitucional prevé que el municipio tendrá a su cargo el servicio de alumbrado público, dicho precepto no implica una habilitación constitucional para cobrar por contribuciones por el consumo de energía eléctrica, más aun tomando en cuenta que dicho precepto constitucional debe ser interpretado de forma armónica y sistemática con el diverso numeral 73, fracción XXIX, numeral 5°, inciso a), que establece que el único órgano que podrá establecer contribuciones especiales sobre energía eléctrica será el Congreso de la Unión.
Dicha interpretación permite concluir que la habilitación para conformar la base de la contribución consistente en la prestación del servicio de alumbrado público de acuerdo al importe del consumo del servicio de energía eléctrica por parte de los sujetos obligados, trastoca el derecho de seguridad jurídica y los principios de legalidad y proporcionalidad tributarios, toda vez que no se está pagando por la prestación del servicio otorgado por el municipio en sus funciones de derecho público, sino por el consumo de los servicios básicos, puesto que a mayor consumo la base gravable aumenta y, por ende, crece el pago del tributo y a la inversa.
En ese sentido, debe concluirse que no se está cobrando por un derecho, sino un impuesto por el consumo del servicio de energía eléctrica, para lo cual el legislador local no se encuentra constitucionalmente habilitado.
Lo anterior, necesariamente implica la afectación a la esfera jurídica de los gobernados por parte de una autoridad que no se encuentra constitucionalmente habilitada para ello.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 23/2005,(1) en la que determinó que una contribución a la que se le otorgó la naturaleza jurídica de derecho, cuyo hecho imponible lo constituye la prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes del Municipio, pero cuya base es el suministro de energía eléctrica, revela que la base gravable se encuentra relacionada con un hecho imponible que no corresponde a una actividad del ente público por concepto del servicio de alumbrado público, sino a un hecho, acto, situación o actividad denotativos de capacidad contributiva ajenos a la actividad del ente público -hecho imponible característico de los impuestos y no de los derechos- y, que en el caso, consiste en dicho consumo de energía eléctrica.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido de manera reiterada el criterio señalado, lo que dio lugar a la jurisprudencia P./J. 6/88 de rubro "ALUMBRADO PÚBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN".(2)
En este sentido, las normas con estas características contienen una contribución perteneciente a la categoría de los impuestos y, en concreto, un impuesto sobre el consumo del servicio de energía eléctrica, por lo que es violatorio del derecho de seguridad jurídica y del principio de legalidad, ya que no se satisface el requisito de fundamentación para la afectación a la esfera jurídica de los gobernados.
Ello, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, tratándose de actos legislativos, el requisito de fundamentación previsto en el artículo 16 constitucional se satisface cuando la autoridad que expide el ordenamiento está constitucionalmente facultada para ello. Por otro parte, el requisito de motivación se colma cuando las leyes que se emiten se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas.
Asimismo, la iluminación en vialidades y espacios públicos es una medida indispensable de seguridad que se utiliza tanto para prevenir accidentes como actos delictivos. Las señalizaciones viales luminosas, tales como tableros y semáforos, a pesar de cumplir una función de seguridad y formar parte de los espacios públicos, no se consideran sistemas de alumbrado público.
En ese entendido, la naturaleza del servicio de alumbrado público consiste en proporcionar iluminación artificial en los espacios públicos en que se desarrolla la vida cotidiana de todas las personas que habitan en determinada localidad y no solo de los habitantes o de las personas residentes, sino también de todas aquellas que se encuentren transitando por el mismo, con el fin de inhibir algún tipo de riesgo que pudiera desarrollarse en áreas carentes de la iluminación.
Así, el servicio de alumbrado público tiene la finalidad de dar seguridad a todas las personas de una comunidad o colectividad, por lo cual no se configura como la prestación de un servicio particular que atienda a beneficiar a personas en específico, sino por el contrario, el beneficio será directo a favor de todos los gobernados por igual.
Expuesto lo anterior, los artículos impugnados vulneran el principio de proporcionalidad tributaria porque establecen un cobro por el servicio de alumbrado público, pero cuyo monto a pagar dependerá del destino que se le dé a un predio, por ejemplo, si se trata de uso doméstico o se destina para uso de pequeño, mediano o gran comercio o industria.
Las normas controvertidas, en esencia, determinan que el pago del alumbrado público es exigible a las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios que se encuentren registrados ante la Comisión Federal de Electricidad, según el uso del predio correspondiente, ya sea doméstico, o de pequeño, mediano o gran comercio o industria y, en el caso de que no estén registrados ante la referida comisión, dependiendo de si se trata de predios rústicos o urbanos. El legislador consideró como elemento determinante del monto a pagar por la contribución, si están registrados ante la referida comisión, el destino que se les dé a los predios que sean propiedad de los sujetos pasivos del tributo o, en caso de no estar inscritos ante la comisión, dependiendo si son rústicos o urbanos. Ello significa que la legislatura local previó el cobro del derecho tomando en consideración un elemento totalmente ajeno al costo real del servicio prestado por el municipio.
Debe recordarse que el objeto del servicio de alumbrado público no es beneficiar a una persona en particular, sino en igualdad de circunstancias a toda la población y transeúntes en los territorios de los municipios ya antes mencionados.
Así, los preceptos de los ordenamientos impugnados establecen una contribución por la prestación de un servicio público para los habitantes de los municipios precisados -a la que otorga la naturaleza jurídica de derecho- cuyo objeto o hecho imponible lo constituye la prestación del servicio de alumbrado público; sin embargo, la tarifa correspondiente se fijará dependiendo del uso que se les dé a los predios.
Ahora, los argumentos expuestos sobre la inconstitucionalidad de las normas impugnadas se corroboran y guardan relación análoga con el criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las acciones de inconstitucionalidad 23/2006,(3) 22/2012(4) y 9/2013,(5) en las que se declaró la invalidez de diversos artículos de leyes de ingresos del Estado de Aguascalientes, correspondientes a diversos ejercicios fiscales, por denominar a la contribución que establecían como "derecho", cuando materialmente se trataba de un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica.
Los preceptos de que se trató contenían una estructura similar a la de los artículos cuya invalidez ahora se demanda, pues fijaban como base la cuantificación del derecho por concepto de alumbrado público el consumo de energía eléctrica, cuestión por la que se declaró su inconstitucionalidad.
En similares términos la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 28/2019,(6) en la que declaró la inconstitucionalidad de normas de contenido similar a las ahora impugnadas, pues preveían un cobro por el derecho de alumbrado público. En dicho asunto, el legislador no sólo gravó el consumo de energía eléctrica siendo incompetente para ello, también se resolvió que el cobro de este derecho se fijó teniendo en cuenta el tamaño, ubicación y destino del predio que se consideró beneficiado, lo cual no atendía a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos ni al costo del servicio, por lo que no cumplió con el contenido de los principios de justicia tributaria.
Al resolver la acción de inconstitucionalidad 21/2020,(7) el Máximo Tribunal concluyó que las normas que preveían fórmulas para el cobro del derecho de alumbrado público que consideraban los metros de frente a la vía pública de los predios, eran violatorias de los principios de proporcionalidad y equidad tributarios, y de seguridad jurídica, porque los elementos que proporcionó el legislador no atendían al costo que representa al Estado la prestación del servicio, ni cobra el mismo monto a todas las personas que reciben el mismo servicio en razón de un parámetro razonable, lo que se traducía en un trato desigual a los gobernados; además, se estimó que el cobro impugnado provocaba una carga desproporcionada e irracional sobre la propiedad o poseedores de los predios, que no son quienes representan el total de la comunidad que se beneficia con la prestación del servicio municipal.
Situaciones que se dieron de igual manera en las acciones de inconstitucionalidad 28/2021(8) y 51/2021,(9) respecto de diversas leyes de ingresos de los Estados de Michoacán y Oaxaca.
En los precedentes mencionados se advierte que la razón de fondo para considerar la inconstitucionalidad de normas que configuren el pago por el servicio de alumbrado público sobre elementos que no se relacionan con el costo real que le represente al municipio, redunda en perjuicio de la capacidad contributiva de los causantes de la contribución, por lo que resulta contraria al principio de proporcionalidad tributaria, tal como acontece en el caso concreto con las leyes de ingresos de diversos municipios de Yucatán.
Es así que la forma en cómo fue determinado el pago de esa contribución trata de forma desigual a los gobernados, ya que impone diversos montos por la prestación de un mismo servicio en el que solo se presume la capacidad económica de la persona a partir del tipo de uso o destino que se le otorgue a un predio, aunado a que pareciera que en realidad están estableciendo un impuesto y no de un derecho.
Por tanto, en el presente caso y dada la similitud con los citados precedentes, toda vez que el legislador yucateco consideró como elemento determinante para el establecimiento de la cuota del derecho el uso o destino de los predios de las personas, ello necesariamente se traduce en la desproporcionalidad de la cuota porque no se atiende al costo real del servicio proporcionado por el municipio.
Ello ocasiona que la individualización en cuanto al monto de ese derecho se diferencie entre cada contribuyente en razón del destino, uso o naturaleza de los predios de las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias según se encuentren o no registradas ante la Comisión Federal de Electricidad, ocasionando un pago inequitativo y diferenciado para cada uno de los gobernados obligados a cubrir ese derecho.
Aunado a lo anterior, por la forma en que se encuentra configurado el derecho, podría darse el caso de que una misma persona pague más de una vez la tarifa establecida, si es que es propietaria, poseedora, usufructuaria o usuaria de más de un predio ya registrado en la comisión o, en su caso, por tener más de un inmueble destinado a uso doméstico o bien, además de que aquel tiene otro predio pero está destinado a uso pequeño, mediano o de gran comercio o industria, por lo que estará obligado a cubrir más de un pago.
Dicha situación es incongruente con la naturaleza misma del servicio de alumbrado público, el cual busca beneficiar a toda la comunidad en su conjunto y no a una o a determinadas personas particulares.
Por lo tanto, como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que los derechos por servicios respeten los principios tributarios de proporcionalidad y equidad es necesario que la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de dicho tributo tenga en cuenta el costo que para el Estado representa prestar el servicio de que se trate y, además, que los montos que se prevean sean fijos e iguales para todos los que reciben servicios análogos.
Ello, porque el cobro de derechos por alumbrado público solamente puede establecerse en función del costo que genera la prestación del servicio, no así de manera diferenciada según el tipo o destino de predio ya que se trata de un beneficio de toda la comunidad y no de sujetos particulares.
Por lo tanto, ya que las normas controvertidas establecen la obligación de pagar el servicio de alumbrado público tomando en consideración elementos ajenos al costo real erogado por el Municipio, es inconcuso que son contrarias al principio de proporcionalidad en las contribuciones.
3. Radicación y turno. Por acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintidós, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente de la presente Acción de Inconstitucionalidad con el número 32/2022 y la turnó a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf.
4. Admisión y trámite. Mediante proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, la Ministra instructora admitió a trámite el presente asunto, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Yucatán para que rindieran sus respectivos informes; asimismo, requirió al órgano legislativo para que remitiera copia certificada del proceso legislativo de las normas impugnadas y al órgano ejecutivo para que exhibiera copia certificada del Periódico Oficial estatal en el que conste su publicación. De igual forma, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que antes del cierre de instrucción manifestaran lo que a su representación correspondiera.
5. Informe del Poder Legislativo del Estado de Yucatán. Por oficio presentado en la Oficina del Servicio Postal Mexicano el veintiuno de junio de dos mil veintidós, recibido el treinta de junio siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ingrid del Pilar Santos Díaz, diputada Presidenta de la Diputación Permanente del Congreso de Yucatán, rindió el informe respectivo, en los siguientes términos:
Es infundado el concepto de invalidez aducido por la promovente, pues el Poder Legislativo realizó un proceso legislativo con estricto apego a las facultades que le confiere la Constitución Federal, así como la Constitución Política del Estado de Yucatán.
Indica que durante la revisión minuciosa y detallada de las iniciativas de las Leyes de Ingresos Municipales cuya invalidez se solicita, la Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal verificó que el cobro de impuestos o derechos que se proponían resultarán constitucionales, y que el cobro por derechos fuera competencia municipal.
Precisa que de los numerales impugnados se desprende que el derecho por servicio de alumbrado público, correspondiente a cada Municipio, será el que resulte de aplicar las tarifas establecidas en sus respectivas leyes de hacienda.
Refiere que tales preceptos son consti
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200860-0ad98a20/i-accion-de-inconstitucionalidad-sobreseimiento-por-cesacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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