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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL TITULAR DE ESE PODER [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE NORMAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO CUANDO SE ALEGUE UNA VIOLACIÓN A UN DERECHO HUMANO. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). IV. ALUMBRADO PÚBLICO. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA REGULAR LOS IMPUESTOS SOBRE EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 21 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO NOPALA, DISTRITO DE TEPESCOLULA; 28 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL SUCHIXTLAHUACA, DISTRITO DE COIXTLAHUACA; 20 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO, DISTRITO DE VILLA ALTA; 18 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL YOTAO, BENEMÉRITO DISTRITO DE IXTLÁN DE JUÁREZ, 56 Y 57 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, DISTRITO DE TUXTEPEC; 26 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, DISTRITO DE MIAHUATLÁN; 33 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA, DISTRITO DE YAUTEPEC; 27, FRACCIONES I Y V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE, DISTRITO DE TLAXIACO; 46 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, DISTRITO DE TUXTEPEC; 28 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUI, BENEMÉRITO DISTRITO DE IXTLÁN DE JUÁREZ; 22 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YAVESÍA, BENEMÉRITO DISTRITO DE IXTLÁN DE JUÁREZ; 24 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA YARENI, BENEMÉRITO DISTRITO DE IXTLÁN DE JUÁREZ; 35 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, DISTRITO DE JAMILTEPEC; 27 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MAGDALENA JICOTLÁN, DISTRITO DE COIXTLAHUACA; Y 26 Y 27 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JUCHATENGO, DISTRITO DE JUQUILA; MUNICIPIOS TODOS EN EL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022). V. DERECHOS POR ALUMBRADO PÚBLICO. AL ESTABLECERSE COMO SU BASE GRAVABLE EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE ADVIERTE QUE EN REALIDAD SE TRATA DE UN IMPUESTO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 21 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO NOPALA, DISTRITO DE TEPESCOLULA; 28 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL SUCHIXTLAHUACA, DISTRITO DE COIXTLAHUACA; 20 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO, DISTRITO DE VILLA ALTA; 18 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL YOTAO, BENEMÉRITO DISTRITO DE IXTLÁN DE JUÁREZ, 56 Y 57 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, DISTRITO DE TUXTEPEC; 26 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, DISTRITO DE MIAHUATLÁN; 33 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA, DISTRITO DE YAUTEPEC; 27, FRACCIONES I Y V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE, DISTRITO DE TLAXIACO; 46 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, DISTRITO DE TUXTEPEC; 28 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUI, BENEMÉRITO DISTRITO DE IXTLÁN DE JUÁREZ; 22 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YAVESÍA, BENEMÉRITO DISTRITO DE IXTLÁN DE JUÁREZ; 24 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA YARENI, BENEMÉRITO DISTRITO DE IXTLÁN DE JUÁREZ; 35 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, DISTRITO DE JAMILTEPEC; 27 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MAGDALENA JICOTLÁN, DISTRITO DE COIXTLAHUACA; Y 26 Y 27 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JUCHATENGO, DISTRITO DE JUQUILA; MUNICIPIOS TODOS EN EL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022). VI. SERVICIO POR BÚSQUEDA Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES. LOS PRECEPTOS QUE NO SE RELACIONAN CON EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEBEN SER ANALIZADOS A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE JUSTICIA TRIBUTARIA Y NO DEL PRINCIPIO DE GRATUIDAD (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 70, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, DISTRITO DE TUXTEPEC; 29, FRACCIONES I Y IV, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, DISTRITO DE MIAHUATLÁN; 37, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO NUXAÑO, DISTRITO DE NOCHIXTLÁN; 36, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA, DISTRITO DE YAUTEPEC; 30, FRACCIONES I Y V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE, DISTRITO DE TLAXIACO; 53, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRES

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 37/2022 Y SU ACUMULADA 40/2022. · Registro digital (IUS): 31708
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-08-25
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL Y LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Agosto de 2023, Tomo I, Pág.632.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 37/2022 Y SU ACUMULADA 40/2022. PODER EJECUTIVO FEDERAL Y LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 18 DE OCTUBRE DE 2022. PONENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: JUSTINO BARBOSA PORTILLO.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dieciocho de octubre de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 37/2022 y su acumulada 40/2022, promovida por el Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respectivamente, en contra de diversas disposiciones normativas contenidas en leyes de ingresos de distintos Municipios del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de las demandas. El veintiuno de febrero y el siete de marzo de dos mil veintidós, la consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respectivamente, promovieron acción de inconstitucionalidad impugnando porciones normativas, contenidas en leyes de ingresos de diversos Municipios del Estado de Oaxaca, publicadas el cinco de febrero de dos mil veintidós.(1)

2. Conceptos de invalidez. En dichos escritos se expusieron los siguientes razonamientos.

Poder Ejecutivo Federal

En su único concepto de invalidez precisa que las porciones normativas que impugna, en lo correspondiente a "búsqueda de archivo" y "búsqueda de documentos resguardados en los diversos archivos del municipio, generados por las dependencias o entidades municipales por cada documento", vulneran lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción III, y 31, fracción IV, de la Constitución Federal conforme a lo siguiente:

A) Principio de gratuidad en materia de acceso a la información. Las tarifas que establecen las disposiciones impugnadas relativas al pago de derechos que van desde $20.00 (Veinte pesos 00/100 M.N.) hasta los $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de búsqueda de información pública que se lleva a cabo en los archivos de los Municipios, contraviene el principio de gratuidad al prever una tarifa para localizar la información solicitada sin importar la modalidad de entrega de los datos solicitados.

Las tarifas que se establecen en las disposiciones impugnadas restringen de forma injustificada el ejercicio del derecho de acceso a la información, ya que no pueden imponerse mayores requisitos de los previstos en la Constitución Federal y en la ley

Señala que el requisito adicional impuesto en las leyes locales impugnadas, relativo al pago de una tarifa por la búsqueda de información pública tiene implicaciones negativas que trascienden al ejercicio del derecho de acceso a la información en sus dos dimensiones; lo cual representa un elemento discriminatorio para el ejercicio del derecho de acceso al negar la búsqueda de información a quien no cuenta con recursos para cubrir las tarifas establecidas para la simple localización de la información.

No puede establecerse cobro alguno por la búsqueda que realice el sujeto obligado, pues únicamente puede ser objeto de pago, y, por ende, de cobro, lo relativo a la modalidad de reproducción y los soportes en los que la información deba ser entregada, tales como medios magnéticos, copias o mensajería.

B) Principio de proporcionalidad tributaria. Los preceptos señalados de inconstitucionales violan dicho principio, ya que no existe una relación razonable entre la tarifa establecida y el costo del servicio que proporcionan efectivamente las entidades municipales del Estado de Oaxaca.

El pago de derechos establecido que va desde $20.00 (Veinte pesos 00/100 M.N.) hasta los $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de búsqueda de información pública que se lleva a cabo en los archivos de los diversos Municipios, constituye un cobro excesivo y desproporcionado, aunado a que no está justificado ni guarda relación con el costo de los materiales empleados para la localización de la información pública solicitada.

Las disposiciones condicionan de forma injustificada el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y lo desincentivan, al establecer una tarifa por búsqueda sin estar relacionada con la modalidad de reproducción o en su caso, entrega de la información solicitada.

Sólo puede cobrarse al solicitante de la información los costos de los materiales utilizados en la reproducción, el costo de envío y la certificación de documentos, para lo cual debe analizarse que las cuotas se hayan fijado de acuerdo con una base objetiva y razonable de los materiales utilizados y de sus costos, de lo contrario la tarifa resulta violatoria del principio de proporcionalidad en materia tributaria.

Si el solicitante proporciona el medio magnético, electrónico o el mecanismo necesario para reproducir la información, ésta debe ser entregada sin costo alguno. Por lo que las cuotas deben guardar una congruencia razonable con el costo que tiene el servicio para el Estado, sin que tenga posibilidad de lucrar con la tarifa que se pretende establecer.

Las porciones normativas impugnadas prevén cuotas, por búsqueda de documentos o información, pero ninguna justifica los elementos que sirvieron de base para determinarlas, es decir, la manera en la que se cuantificó la tarifa por el pago de tales derechos, ni los elementos tomados en cuenta para ello, por lo que no es posible determinar si las mismas corresponden o no al costo de los materiales que los Municipios tienen permitido cobrar por acceso a la información.

El legislador tiene la carga de demostrar que el cobro que establece por la "búsqueda de información" en determinado medio, atiende únicamente a la modalidad de reproducción y entrega solicitadas, puesto que, en el ejercicio del derecho de acceso a la información, rige el principio de gratuidad, conforme al cual únicamente puede recuperarse el costo derivado del material de entrega, del envío o, en su caso, el de su certificación, en términos de los artículos 6o. de la Constitución Federal y 17 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en ese sentido, cualquier cobro debe justificarse por el legislador a efecto de demostrar que no está grabando indebidamente el acceso a la información pública.

El legislador tampoco estableció razón alguna a efecto de justificar la diferencia entre las tarifas establecidas en los preceptos impugnados y el valor comercial de los insumos necesarios para realizar la búsqueda de la información solicitada. Así, en las leyes impugnadas el Congreso Estatal no justificó el cobro por la búsqueda de información con una base objetiva cuya razonabilidad pudiera ser estudiada por el Tribunal Pleno, sino que lo determinó de forma arbitraria, lo cual transgrede el principio de gratuidad del derecho de acceso a la información pública y proporcionalidad tributaria consagrados en la Constitución Federal.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos:

PRIMERO.—De los artículos impugnados que prevén las tarifas por concepto del derecho de servicio de alumbrado público, algunos establecen como base para su cálculo el consumo de energía eléctrica de cada usuario conforme a lo facturado por la Comisión Federal de Electricidad; y otros preceptos prevén que el referido derecho se recaudará de conformidad con lo previsto en la Ley de Hacienda Municipal Estatal.

Las normas impugnadas establecen una contribución a la que otorgan la naturaleza jurídica de "derecho" por la prestación del servicio de alumbrado público a cargo de los habitantes de los Municipios mencionados; sin embargo, materialmente constituye un impuesto sobre energía eléctrica cuyo gravamen corresponde al Congreso de la Unión, toda vez que toma como base para su cálculo el consumo de energía eléctrica de cada usuario.

Adicionalmente, el diseño normativo de la contribución permite que el monto a pagar por ese derecho no sea igual para todos los sujetos obligados, sino que variará dependiendo de la tasa aplicable correspondiente al tipo de tarifa por el servicio que se suministre.

En los apartados A, B y C de la demanda, la Comisión precisa que el parámetro de regularidad aplicable, lo constituye los derechos humanos de seguridad jurídica y principio de legalidad; la naturaleza de las contribuciones; y los principios de justicia y proporcionalidad tributaria aplicables a derechos por servicios, respectivamente.

En el apartado D se precisa que en lo que respecta a doce de las dieciséis normas impugnadas que prevén el derecho de alumbrado público, se dotan de contenido a partir de la propia Ley de Hacienda Municipal del Estado, por lo que debe leerse como si en las mismas se tuvieran por reproducidas las normas a las que alude, es decir, los artículos 39 a 44 del ordenamiento mencionado.

Sentado ello, argumenta que las normas impugnadas vulneran el derecho de seguridad jurídica, así como los principios de legalidad y proporcionalidad tributaria, al establecer una contribución formalmente denominada "derecho" pero cuya naturaleza material es la de un impuesto, toda vez que la base o hecho imponible lo constituye el consumo total de la energía eléctrica por parte de las personas sujetos del derecho por el servicio de alumbrado público.

Si bien de conformidad con la interpretación armónica y sistemática del artículo 115, en relación con el diverso 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a), todos de la Constitución Federal, establecen que el Municipio tendrá a su cargo el servicio público de alumbrado público, ello no lo habilita para cobrar impuestos por el consumo de energía eléctrica.

Así, toda vez que las normas impugnadas establecen una contribución perteneciente a la categoría de impuestos y, en concreto, un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica debe declararse su invalidez a la luz del derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad.

Adicionalmente, argumenta que las normas impugnadas son contrarias a los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, en virtud de que la cuota que deberá pagarse dependerá del porcentaje que se aplique, de acuerdo con el tipo de tarifa eléctrica que corresponda al tipo de contrato que tenga el gobernado con la empresa que suministre la energía eléctrica; es decir, se toma en cuenta un elemento totalmente ajeno al costo real del servicio prestado por el Municipio.

SEGUNDO.—En cuanto a los cobros por servicios de reproducción de información, señala la Comisión que las normas impugnadas prevén cobros injustificados y desproporcionados por la expedición en copias y certificaciones de documentos existentes en los archivos municipales, que no se relacionan con el derecho de acceso a la información. Precisa que en algunas de las leyes que impugna se prevén cobros por la simple búsqueda en los archivos municipales.

A. Transgresión al principio de proporcionalidad tributaria. El legislador al establecer el cobro de derechos por los servicios que prestan los diversos Municipios por la expedición de documentos en copias certificadas, copias simples, así como por su búsqueda (este último supuesto previsto en algunos ordenamientos), debió establecer tarifas acordes a las erogaciones que realmente les representan a los Ayuntamientos la prestación de tales servicios.

Las tarifas previstas en las leyes se estiman desproporcionadas, al establecer:

Por la expedición de copias certificadas en los Municipios oaxaqueños de San Juan Mixtepec, distrito de Miahuatlán; Acatlán de Pérez Figueroa, distrito de Tuxtepec; San Bartolo Yautepec, distrito de Yautepec; y San Juan Lachigalla, distrito de Ejutla, la tarifa que oscila entre $40.00 M.N. hasta los $80.00 M.N.

Por la búsqueda de información en los archivos de los Municipios de San Juan Mixtepec, distrito de Miahuatlán; San Bartolomé Yucuañe, distrito de Tlaxiaco; Santiago Xiacui, Benemérito distrito de Ixtlán de Juárez; San Bartolo Yautepec, distrito de Yautepec; Santa Ana Yareni, Benemérito de distrito de Ixtlán de Juárez; San Andrés Huaxpaltepec, distrito de Jamiltepec; y San Pedro Juchatengo, distrito de Juquila, cuotas que van de los $20.00 M.N. hasta $200.00 M.N.

Por la expedición de documentos existentes en los archivos de las oficinas de los Municipios de San Juan Bautista Valle Nacional, distrito Tuxtepec; San Francisco Nuxaño, distrito de Nochixtlán; Santa Ana Tavela, distrito de Yautepec; San Bartolomé Yucuañe, distrito de Tlaxiaco; San Baltazar Yatzachi El Bajo, distrito de Villa Alta; Santa María Yavesía y San Ana Yareni, ambos en el Benemérito distrito de Ixtlán de Juárez; y Santa Magdalena Jicotlán, distrito de Coixtlahuaca, costos que van desde los $2.00 hasta los $500.00 pesos.

Por otra parte, refiere que algunas de las disposiciones impugnadas vulneran la seguridad jurídica y el principio de legalidad, ya que parece que incluyen tanto la expedición de copias simples como certificaciones, por lo que no se tiene certeza plena del costo que tendrá por cubrir por las copias simples y certificadas cuando sean solicitadas.

En el caso del Municipio de Santa Ana Tavela, distrito de Yautepec, la norma prevé cobros diferenciados en atención a la residencia de la persona solicitante, ya que para las que habiten en dicho territorio el costo será de $50.00, mientras que aquellas que vivan fuera de ese territorio municipal deberán cubrir un importe de $500.00 pesos, por tanto la norma transgrede los principios de proporcionalidad tributaria, así como de equidad tributaria y derecho de igualdad, ya que no justifica la distinción en razón de la residencia de las personas solicitantes.

Al respecto, el Tribunal Pleno ha reiterado en diversos precedentes que las tarifas relativas a la búsqueda y reproducción en copias simples y certificaciones de los documentos solicitados que no derivan del ejercicio del derecho humano de acceso a la información pública, y que no son acordes o proporcionales al costo de los servicios prestados ni guardan una relación razonable con los costos de los materiales utilizados, ni con lo que implica certificar un documento, transgreden los principios de proporcionalidad y equidad tributarios.

Precisa que no es justificable ni proporcional cobrar por la simple búsqueda de documentos, pues dicha acción no implica necesariamente un gasto por la utilización de materiales u otros insumos que impliquen un gasto para el Municipio que justifique el monto establecido por el legislador local, además de que no puede existir un lucro o ganancia por la referida búsqueda.

En el caso del cobro de cantidades por la entrega de información en copias, no se advierte la razonabilidad entre el costo de los materiales usados, tales como hojas y tinta, también es desproporcionado pues no responde al gasto que efectúo el Municipio para brindar el servicio.

En cuanto al cobro de certificaciones, resultan desproporcionados los costos ya que, si bien el servicio que proporciona el Estado implica la certificación respectiva del funcionario público autorizado, no puede existir un lucro o ganancia para éste, sino que debe guardar una relación razonable con el costo del servicio prestado.

Cuestiones relativas a los efectos. La accionante solicita que de ser tildados de inconstitucionales los preceptos combatidos, se extiendan los efectos a todas aquellas normas que estén relacionadas, particularmente los artículos 39 a 44 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca, en virtud de que se encuentran íntimamente vinculados con las disposiciones reclamadas.

3. Admisión y trámite. Por acuerdos de veinticinco de febrero y nueve de marzo de dos mil veintidós, el Ministro presidente de esta Suprema Corte dio cuenta de las demandas presentadas por el Poder Ejecutivo Federal y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, asignándoles los números de expediente 37/2022 y 40/2022, respectivamente, (acumulando la segunda a la primera) y designando como instructor del procedimiento al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.(2)

4. Mediante acuerdos de veintiocho de febrero y de diez de marzo de dos mil veintidós, el Ministro instructor dio cuenta de ambas demandas de inconstitucionalidad, las admitió a trámite y tuvo a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca como las entidades que emitieron y publicaron la reforma impugnada; asimismo, entre otros aspectos, solicitó el informe a dichas autoridades y le dio vista del asunto al fiscal General de la República y al consejero Jurídico del Gobierno Federal para que, hasta antes del cierre de instrucción manifestaran lo que a su representación correspondiera.(3)

5. Informe del Poder Legislativo Estatal. La presidenta de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, rindió informes en los que expresó medularmente lo siguiente:

Las normas impugnadas no vulneran los principios de legalidad, ni proporcionalidad tributaria, ya que únicamente prevén la tarifa por concepto de servicio de alumbrado público y el pago de derechos por la expedición de copias y certificaciones de documentos en archivos municipales, lo cual se encuentra razonablemente justificado, como se advierte de los dictámenes emitidos por la Comisión Permanente de Hacienda.

6. Informe del Poder Ejecutivo Estatal. El consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, rindió informes en representación del Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa manifestando que es cierto el acto que se le atribuye, al cumplir con el mandato de la Constitución Local de promulgar y publicar de los decretos emitidos por el Congreso Estatal.

7. Pedimento. El fiscal General de la República y el consejero Jurídico del Gobierno Federal no formularon pedimento ni manifestación alguna en el presente asunto.

8. Cierre de la instrucción. Tras el trámite legal correspondiente y transcurrido el plazo para la presentación de alegatos, por acuerdo de catorce de julio de dos mil veintidós, se declaró cerrada la instrucción del asunto y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución.(4)

I. COMPETENCIA

9. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, incisos c) y g), de la Constitución General(5) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(6) en relación con el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece,(7) toda vez que se plantea la posible contradicción entre normas de rango constitucional y normas de leyes de ingresos municipales del Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

10. Del análisis a los escritos del Poder Ejecutivo Federal y al de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se advierte que las normas impugnadas se clasifican conforme a lo siguiente:

a) Cobros por servicio de alumbrado público:

1) Artículos 56 y 57 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional, distrito de Tuxtepec, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2022.

2) Artículo 26 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Mixtepec, distrito de Miahuatlán, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2022.

3) Artículo 33 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Ana Tavela, distrito de Yautepec, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2022.

4) Artículo 27 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Bartolomé Yucuañe, distrito de Tlaxiaco, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2022.

5) Artículo 46 de la Ley de Ingresos del Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, distrito de Tuxtepec, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2022. 6) Artículo 28 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santiago Xiacui, Benemérito distrito de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2022.

7) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Nopala, distrito de Tepescolula, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2022.

8) Artículo 28 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Cristóbal Suchixtlahuaca, distrito de Coixtlahuaca, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2022.

9) Artículo 20 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Bartolomé Zoogocho, distrito de Villa Alta, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2022.

10) Artículo 34 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Bartolo Yautepec, distrito de Yautepec, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2022.

11) Artículo 22 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Yavesía, Benemérito distrito de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2022.

12) Artículo 24 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Ana Yareni, Benemérito distrito de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2022.

13) Artículo 35 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Andrés Huaxpaltepec, distrito de Jamiltepec, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2022.

14) Artículo 27 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Magdalena Jicotlán, distrito de Coixtlahuaca, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2022.

15) Artículos 26 y 27 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Juchatengo, distrito de Juquila, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2022.

16) Artículo 18 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Miguel Yotao, Benemérito distrito de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2022.

b) Cobros por servicios de búsqueda y reproducción de información

1) Artículo 70, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional, distrito de Tuxtepec, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2022.

2) Artículo 29, fracciones I y IV, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Mixtepec, distrito de Miahuatlán, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2022.

3) Artículo 37, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco Nuxaño, distrito de Nochixtlán, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2022.

4) Artículo 36, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Ana Tavela, distrito de Yautepec, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2022.

5) Artículo 30, fracciones I y V, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Bartolomé Yucuañe, distrito de Tlaxiaco, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2022.

6) Artículo 53, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, distrito de Tuxtepec, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2022.

7) Artículo 32, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santiago Xiacui, Benemérito distrito de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2022.

8) Artículo 28, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Baltazar Yatzachi El Bajo, distrito de Villa Alta, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2022.

9) Artículo 38, fracciones II y III, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Bartolo Yautepec, distrito de Yautepec, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2022.

10) Artículo 29, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Yavesía, Benemérito distrito de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2022.

11) Artículo 28, fracciones I y IV, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Ana Yareni, Benemérito distrito de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2022.

12) Artículo 40, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Andrés Huaxpaltepec, distrito de Jamiltepec, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2022.

13) Artículo 32, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Lachigalla, distrito de Ejutla, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2022.

14) Artículo 32, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Magdalena Jicotlán, distrito de Coixtlahuaca, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2022.

15) Artículo 36, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Juchatengo, distrito de Juquila, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2022.

11. Conviene precisar que, si bien en su demanda la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace referencia a la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Bautista Mixtepec, distrito de Miahuatlán, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2022, se advierte que la denominación correcta de la ley impugnada es la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Mixtepec, Distrito de Miahuatlán, Oaxaca, por lo que se tiene a esta última como impugnada.

III. OPORTUNIDAD

12. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General,(8) (de ahora en adelante la "Ley Reglamentaria de la materia") dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial y, en caso de que el último día del referido plazo sea inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

13. En el caso, las normas cuya declaración de invalidez se solicita fueron publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el cinco de febrero de dos mil veintidós, por lo que el plazo de treinta días naturales para presentar la acción transcurrió del seis de febrero al siete de marzo de dos mil veintidós.

14. Consecuentemente, dado que las acciones de inconstitucionalidad del Poder Ejecutivo Federal y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fueron depositadas en el buzón judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintiuno de febrero y siete de marzo de dos mil veintidós,(9) respectivamente, resulta inconcuso que fue oportuna su presentación.

IV. LEGITIMACIÓN

15. Se cumple a su vez con el requisito procesal de legitimación por lo que hace a ambas demandas; ello, en atención a las consideraciones que se exponen a continuación.

16. El artículo 105, fracción II, segundo párrafo, incisos c) y g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone, en lo que interesa, que el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del Gobierno, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos están legitimados para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de normas federales o estatales que consideren vulneren derechos humanos.(10)

17. En ese sentido, se advierte que las demandas fueron presentadas, por una parte, por María Estela Ríos González, en su carácter de consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del presidente de la República, lo que acredita con la copia certificada de su nombramiento expedido por este último(11) y, por otra, por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(12) acreditándolo con la copia certificada del acuerdo de designación expedido por el Senado de la República.

18. Conviene precisar que el Ejecutivo Federal argumenta que las disposiciones reclamadas de las leyes de ingresos municipales del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós son contrarias a los derechos de gratuidad en materia de acceso a la información y proporcionalidad tributaria. Mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos las impugna por vulnerar los principios de seguridad jurídica, legalidad, proporcionalidad y equidad tributarios, por lo que es de reiterarse el criterio sostenido por el Tribunal Pleno, en el sentido de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentra legitimada para impugnar normas de carácter tributario, mientras se alegue la violación a un derecho humano, como acontece en el caso.(13)

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

19. El Poder Legislativo del Estado de Oaxaca expuso que la presente acción de inconstitucionalidad es improcedente porque los preceptos impugnados no vulneran alguna disposición constitucional o convencional.

20. Dicho planteamiento debe desestimarse, puesto que entraña un pronunciamiento relacionado con el estudio de fondo que se desarrollará en el apartado correspondiente de la presente resolución.(14)

21. Al no advertirse de oficio la actualización de alguna otra causa de improcedencia, se procede a analizar los conceptos de invalidez.

VI. ESTUDIO DE FONDO

22. Toda vez que no se adujeron razonamientos de inconstitucionalidad en contra del procedimiento legislativo y no se advierte violación alguna de oficio, se procede de forma directa al análisis de los conceptos de invalidez formulados por el Poder Ejecutivo Federal y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

23. Los argumentos planteados abordan problemáticas distintas, por lo que este Tribunal Pleno realizará el análisis de las normas impugnadas en el orden siguiente: a) Alumbrado público y b) Cobros por la búsqueda de información, expedición de copias y certificaciones.

a) Alumbrado público

24. En su primer concepto de invalidez la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea, en esencia, que la contribución relativa al cobro del servicio de alumbrado público prevista en las normas impugnadas no tiene el carácter de derecho, sino de un impuesto que grava el consumo de energía eléctrica, lo cual implica una vulneración a los derechos de legalidad, de seguridad jurídica y al principio de proporcionalidad que rigen en materia fiscal.

25. Es importante precisar que no es la primera ocasión en que este Tribunal Pleno se ocupa del argumento propuesto por la accionante, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 51/2021, 75/2021 y 77/2021,(15) se analizaron normas de contenido similar concluyendo que los pagos por alumbrado público ordenados en las disposiciones impugnadas no tienen la naturaleza de derechos, sino que dadas las características que envuelven su configuración necesariamente provocan que en realidad se trate de un impuesto.

26. En congruencia con lo anterior, se retoman a continuación las consideraciones que han sido sustentadas por e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31708-8c50980d/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-persona-titular-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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