I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL QUE A SU JUICIO VULNERAN DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA NORMAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO QUE A SU JUICIO VULNERAN DERECHOS HUMANOS. IV. PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS EN MATERIA DE DERECHOS. ESTOS PRINCIPIOS EXIGEN QUE EN LA DETERMINACIÓN DE LAS CUOTAS SE TOME EN CUENTA EL COSTO QUE REPRESENTA AL ESTADO LA ACTIVIDAD DE QUE SE TRATE Y, ADEMÁS, QUE DICHAS CUOTAS SEAN FIJAS E IGUALES PARA TODOS LOS QUE RECIBAN EL MISMO SERVICIO. V. ALUMBRADO PÚBLICO. LOS DERECHOS REGULADOS EN EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA SE ENCUENTRAN VINCULADOS CON EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. VI. ALUMBRADO PÚBLICO. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA REGULAR LOS IMPUESTOS SOBRE EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 48 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COYOTEPEC, 20 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TLATAYÁPAM Y 23 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, TODOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTIUNO). VII. DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. VIII. SERVICIOS DE BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS Y DE EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS. LAS CUOTAS SIN BASE OBJETIVA Y DESPROPORCIONADAS POR SU PRESTACIÓN, AL NO ATENDER A LOS COSTOS QUE AQUÉLLOS IMPLICAN, VULNERAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 52, FRACCIONES I, V, XII Y XIV, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COYOTEPEC, DISTRITO DEL CENTRO, DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTIUNO). IX. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD PERMITE EL COBRO POR LOS COSTOS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPRODUCCIÓN, ENVÍO Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. X. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. RECAE EN EL LEGISLADOR LA CARGA DE DEMOSTRAR QUE EL COBRO QUE ESTABLECE POR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN DETERMINADO MEDIO, ATIENDE ÚNICAMENTE A LA MODALIDAD DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA SOLICITADAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 52, FRACCIONES I, V, XIII Y XIV, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COYOTEPEC, DISTRITO DEL CENTRO, DEL ESTADO OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTIUNO). XI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. EL COBRO POR LOS COSTOS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPRODUCCIÓN, ENVÍO Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS NO PUEDE CONSTITUIR UNA BARRERA DESPROPORCIONADA PARA EL EJERCICIO DE AQUEL DERECHO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 52, FRACCIONES I, V, XIII Y XIV, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COYOTEPEC, DISTRITO DEL CENTRO, DEL ESTADO OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTIUNO). XII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. PARA EL ANÁLISIS DE LA VALIDEZ DE LAS TARIFAS O CUOTAS ESTABLECIDAS NO CORRESPONDE A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN INVESTIGAR SI SON ACORDES A LOS COSTOS DE REPRODUCCIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 52, FRACCIONES I, V, XIII Y XIV, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COYOTEPEC, DISTRITO DEL CENTRO, DEL ESTADO OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTIUNO). XIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 48 Y 52, FRACCIONES I, V, XIII Y XIV, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COYOTEPEC, DISTRITO DEL CENTRO; 20 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TLATAYÁPAM, DISTRITO DE TEPOSCOLULA; Y 23 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, DISTRITO DE ETLA, TODOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTIUNO). XIV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO LOCAL PARA QUE, EN LO FUTURO, NO INCURRA EN EL MISMO VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 48 Y 52 FRACCIONES I, V, XIII Y XIV, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COYOTEPEC, DISTRITO DEL CENTRO; 20 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TLATAYÁPAM, DISTRITO DE TEPOSCOLULA; Y 23 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, DISTRITO DE ETLA, TODOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTIUNO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 75/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 18 DE NOVIEMBRE DE 2021. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS.
Ciudad de México. Sentencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno.
VISTOS los autos para resolver la acción de inconstitucionalidad 75/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de la cual impugna disposiciones contenidas en Leyes de Ingresos de los Municipios de Santa María Coyotepec, Santo Domingo Tlatayápam y San Juan Bautista Jayacatlán, todos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno; y
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—El tres de abril de dos mil veintiuno se publicaron en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca los decretos mediante los cuales se expidieron las Leyes de Ingresos de los Municipios de Santa María Coyotepec, Santo Domingo Tlatayápam y San Juan Bautista Jayacatlán, todos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno.
2. SEGUNDO.—Mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el tres de mayo de dos mil veintiuno, la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad, alegando la invalidez de algunos artículos de las indicadas Leyes de Ingresos municipales.
3. TERCERO.—La actora se inconformó por i) el establecimiento de una contribución por el consumo de energía eléctrica en la prestación del servicio de alumbrado público y ii) el cobro por búsqueda y certificación de documentos existentes en los archivos municipales. En sus conceptos de invalidez, en síntesis, expuso lo siguiente:
Primer concepto de invalidez. Contribución por la prestación del servicio de alumbrado público.
• Las normas impugnadas establecen una contribución denominada "derecho", pero que, por su naturaleza material, atendiendo al hecho imponible y base gravable, se trata de un impuesto por consumo de energía eléctrica.
• Las disposiciones impugnadas transgreden el derecho fundamental de seguridad jurídica, así como los diversos de legalidad y proporcionalidad tributaria, pues establecen que la base para el cálculo del cobro por el derecho de alumbrado público es el consumo de energía eléctrica; de modo que el monto a cubrir por las personas contribuyentes dependerá de la tasa de energía que determine la Comisión Federal de Electricidad.
• Si bien el artículo 115 constitucional prevé que el Municipio tendrá a su cargo el servicio de alumbrado público, ello no implica que este pueda cobrar contribuciones por el consumo de energía eléctrica.
• Las normas controvertidas determinan que el pago del derecho por alumbrado público dependerá del tipo de tarifa eléctrica que corresponda a la clase de contrato que tenga el gobernado ante la Comisión Federal de Electricidad, por lo que se previó el cobro del derecho tomando en consideración un elemento totalmente ajeno al costo real del servicio prestado por los Municipios.
• Las leyes combatidas son contrarias al principio de justicia tributaria, puesto que se traducen en un trato desigual para las personas, ya que imponen diversos montos por la prestación de un mismo servicio, en el que se presume la capacidad económica de éstas a partir del tipo de tarifa y servicio suministrado por la Comisión Federal de Electricidad.
Segundo concepto de invalidez. Acceso a información pública. Cobro por búsqueda y certificación de documentos.
• La previsión de erogaciones en materia de transparencia únicamente puede responder a resarcir económicamente los gastos materiales o de envío de la información que lleguen a utilizarse, en consecuencia, al prever costos por la búsqueda y certificación de la información que no se encuentran justificados, vulnera el derecho humano de acceso a la información pública.
• Al tratarse del principio de gratuidad en materia de transparencia y acceso a la información pública, se requiere una motivación reforzada por parte del legislador, en la cual razone el costo de los materiales o dispositivos para la reproducción de un documento o, en su caso, de su certificación, así como la metodología que utilizó para llegar a los mismos.
• El principio de proporcionalidad en materia tributaria exige que se establezcan contribuciones cuyos elementos –hecho y base imponible– guarden concordancia. Por tanto, la norma controvertida es desproporcionada, pues los derechos causados por los servicios de búsqueda de documentos y reproducción a través de copias certificadas no se sujetan al costo erogado por el Estado para su expedición. Además, la cuota que se establezca deberá ser fija e igual para todas las personas que reciban servicios de la misma índole.
• Las normas combatidas al prever cobros por la búsqueda de documentos causan un impacto desproporcional en el gremio periodístico, que tiene como función social la de buscar información sobre temas de interés público, a fin de ponerla en la mesa del debate público, por lo que la norma termina teniendo no sólo un efecto inhibidor en la tarea periodística, sino el efecto de hacer ilícita la profesión en ese ámbito.
4. CUARTO.—La actora señaló como preceptos constitucionales violados los artículos 1o., 6o., 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 9 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 2, 15 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
5. QUINTO.—Mediante proveído de siete de mayo del dos mil veintiuno, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó registrar el asunto bajo el número de acción de inconstitucionalidad 75/2021 y remitir las constancias correspondientes a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para que fungiera como instructora, quien admitió la acción el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno y emplazó a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca para que rindieran sus informes.
6. SEXTO.—El catorce de junio de dos mil veintiuno, el Congreso del Estado de Oaxaca, por conducto del presidente de la Junta de Coordinación Política rindió el informe en el que defendió la validez de las normas impugnadas. En síntesis, expuso lo siguiente:
Sobre la contribución por la prestación del servicio de alumbrado público.
• Los preceptos impugnados no transgreden ninguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues establecen el cobro de derechos por la prestación del servicio de alumbrado público, lo que encuentra sustento en el artículo 115, fracciones III, inciso b), y IV, inciso c), de dicho ordenamiento.
• El cobro por el servicio de alumbrado público determinado en los artículos combatidos es una contribución gravada por los Municipios a fin de poder continuar con la prestación de este en beneficio de sus habitantes, razón por la cual se establece como un derecho y no como un impuesto relacionado con el servicio de energía eléctrica, cuya facultad de establecerlo corresponde al Congreso de la Unión.
Sobre el cobro por la búsqueda y certificación de documentos.
• La norma impugnada no limita el derecho de acceso a la información, y si bien prevé el pago de derechos para la expedición de certificaciones y constancias, lo cierto es que ello se encuentra justificado en el dictamen emitido por la Comisión Permanente de Hacienda.
7. SÉPTIMO.—El ocho de julio de dos mil veintiuno el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca, por conducto del consejero jurídico rindió el informe en el que únicamente manifestó que es cierto el acto que se le atribuyó, y que solamente cumplió con el mandato constitucional de promulgar y publicar los decretos mediante los cuales se expidieron las Leyes de Ingresos de los Municipios de Santa María Coyotepec, Santo Domingo Tlatayápam y San Juan Bautista Jayacatlán, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno.
8. OCTAVO.—El fiscal general de la República no formuló su pedimento ni el consejero jurídico del Ejecutivo Federal emitió manifestación alguna en el presente asunto.
9. NOVENO.—Tras el trámite legal correspondiente y la presentación de alegatos, por acuerdo doce de agosto de dos mil veintiuno se declaró cerrada la instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución.
CONSIDERANDO:
10. PRIMERO.—Competencia. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea la posible contradicción entre normas de rango constitucional y normas de leyes de ingresos Municipales del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno.(1)
11. SEGUNDO.—Precisión de las normas impugnadas. Del escrito de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se advierte que las normas impugnadas son las siguientes:
Contribuciones por el servicio público de alumbrado público:
1) Artículo 48 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Coyotepec, Distrito del Centro, Oaxaca, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno.
2) Artículo 20 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santo Domingo Tlatayápam, Distrito de Teposcolula, Oaxaca, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno.
3) Artículo 23 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Bautista Jayacatlán, Distrito de Etla, Oaxaca, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno.
Contribuciones relacionadas con la expedición de certificaciones y constancias:
1) Artículo 52, fracciones I, V, XIII y XIV, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Coyotepec, Distrito del Centro, Oaxaca, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno.
12. TERCERO.—Oportunidad. El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la ley sea publicada en el correspondiente medio oficial.(2)
13. Las normas impugnadas se publicaron en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el tres de abril de dos mil veintiuno, por lo que el plazo de treinta días naturales para presentar la acción transcurrió del cuatro de abril siguiente al tres de mayo de dos mil veintiuno.
14. Consecuentemente, dado que la demanda se presentó el tres de mayo de dos mil veintiuno, es evidente su oportunidad.
15. CUARTO.—Legitimación. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en lo que interesa, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está legitimada para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de normas federales o de las entidades federativas que considere vulneren derechos humanos.(3)
16. En ese sentido, se advierte que la demanda fue presentada por la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acredita con la copia certificada del acuerdo de designación expedido por el Senado de la República.(4)
17. Cabe destacar que en su escrito de demanda la Comisión sostiene que las normas combatidas contravienen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales, en lo particular, los derechos de acceso a la información y seguridad jurídica, así como los principios de legalidad, gratuidad en el acceso a la información y proporcionalidad tributaria.
18. Por tanto este Tribunal Pleno, concluye que la acción de inconstitucionalidad fue promovida por parte legitimada para ello.
19. QUINTO.—Causas de improcedencia. El Poder Legislativo del Estado de Oaxaca expuso que la presente acción de inconstitucionalidad es improcedente, porque los preceptos impugnados no vulneran alguna disposición constitucional o convencional.
20. Dicho planteamiento debe desestimarse, puesto que entraña un pronunciamiento relacionado con el estudio de fondo que se desarrollará en el apartado correspondiente de la presente resolución.
21. Al no advertirse de oficio la actualización de alguna otra causa de improcedencia, se procede a analizar los conceptos de invalidez.
22. SEXTO.—Estudio de fondo. Este Tribunal Pleno analizará en primer lugar los argumentos relacionados con el cobro de "derechos por alumbrado público" y, en segundo lugar, aquéllos que combaten disposiciones que establecen cobros por materiales de reproducción.
Tema 1. Alumbrado público.
23. En el primer concepto de invalidez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea, entre otros aspectos, que si bien el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que los Municipios tengan a cargo el servicio de alumbrado público, lo cierto es que dicho precepto no implica una habilitación constitucional para cobrar contribuciones por consumo de energía eléctrica, toda vez que esa disposición se debe interpretar de manera armónica con el artículo 75, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a), de la Constitución Política del País.
24. Alega que el gravar el consumo de energía eléctrica, en el caso, trastoca el derecho a la seguridad jurídica, así como los principios de legalidad y proporcionalidad tributaria, toda vez que no se está pagando el servicio otorgado por los Municipios, sino por el consumo de energía eléctrica en la medida de que, a mayor consumo del contribuyente se incrementa la base gravable y, por ende, el pago de la contribución y viceversa.
25. Las normas impugnadas son las siguientes:
Ver normas impugnadas
26. Como puede desprenderse de las normas transcritas con antelación, no contienen ninguno de los elementos del derecho por la prestación del servicio de alumbrado público, sino que su contenido se limita en señalar que aquél se recaudará de conformidad con lo dispuesto en el capítulo I del título tercero de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca. Por esa razón, la accionante solicita que la disposición impugnada se lea como si en ella se tuvieran por reproducidas las normas a las que la propia disposición impugnada remite, esto es, los artículos 39 a 44 de la Ley de Hacienda Municipal.
27. El concepto de invalidez es fundado.
28. Para evidenciar tal aserto, es oportuno indicar que del contenido de los artículos 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a), y 115, fracciones III, inciso b), y IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que corresponde al Congreso de la Unión establecer contribuciones especiales sobre energía eléctrica y que los Municipios tendrán a su cargo, entre otros servicios, el de alumbrado público.(5)
29. Asimismo que los Municipios tienen derecho a recibir los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo, que conforme al principio de reserva de ley se obliga a que las contribuciones sólo tengan tal fuente normativa, por lo que es facultad de las Legislaturas aprobar las leyes de ingresos de este nivel de gobierno.
30. Por tanto, les corresponde a las Legislaturas de los Estados fijar las contribuciones que correspondan a los Municipios por concepto de los servicios que deben prestar y éstos pueden, como consecuencia de esa atribución, realizar el cobro de los derechos con motivo de la prestación de dicho servicio.
31. En congruencia con lo anterior, para determinar si los artículos 48, 20 y 23 de las Leyes de Ingresos de los Municipios de Santa María Coyotepec, Santo Domingo Tlatayápam y San Juan Bautista Jayacatlán, todos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, resultan constitucionales o no, es oportuno acudir a la legislación a la que remiten para, en principio, clasificar su contenido.
32. No es la primera vez que este Tribunal Pleno analiza normas que remiten expresamente a otros ordenamientos para configurar en su totalidad los elementos esenciales de un tributo. Tal fue el caso, por ejemplo de la acción de inconstitucionalidad 97/2020, resuelta en sesión de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, en la que en el estudio de fondo fue necesario tomar en cuenta disposiciones contenidas en un ordenamiento distinto al impugnado, como lo fue la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Puebla, toda vez que las leyes de ingresos impugnadas remitían a ella para configurar en su totalidad el derecho por la prestación del servicio de alumbrado público; particularmente, en tanto que en dicha legislación se preveía la base de la referida contribución.
33. Lo particular del presente asunto, radica en que en la legislación impugnada no se prevé ningún elemento del derecho por la prestación del servicio de alumbrado público, sino que su contenido se agota en remitir, para efecto de su recaudación, a la Ley de Hacienda Municipal del Estado y, por ese motivo, los vicios de inconstitucionalidad que se alegan en la demanda se encuentran previstos, en realidad, en un ordenamiento distinto al impugnado.
34. Así, los artículos impugnados señalan que la contribución en cuestión se recauda de conformidad con lo establecido en el capítulo I del título tercero de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca. Por ende, para obtener claridad del aspecto cuyo ingreso estima recaudar el Municipio en las referidas leyes de ingresos, es oportuna la lectura de las normas a las que remiten, que son del contenido siguiente:
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca
Título tercero
De los derechos
Capítulo I
Alumbrado público
"Artículo 39. Es objeto de este derecho la prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes del Municipio. Se entenderá por servicio de alumbrado público, el que el Municipio otorga a la comunidad en calles, plazas, jardines y otros lugares de uso común."
"Artículo 40. Son sujetos de este derecho los propietarios o poseedores que se beneficie (sic) del servicio de alumbrado público que proporcione el Municipio, sin importar que la fuente de alumbrado se encuentre o no ubicado precisamente frente a su predio."
"Artículo 41. Es base de este derecho el importe del consumo que los propietarios o poseedores de predios cubran a la empresa que suministre la energía eléctrica, aplicando las tasas previstas en las leyes de ingresos municipales respectivas; y, sólo para el caso de que estás no se publiquen la tasa aplicable serán (sic) del 8% para las tarifas 01, 1A, 1B, 1C, 02, 03, y 07 y 4% para las tarifas OM, HM, HS, y HT."
"Artículo 42. El cobro de este derecho lo realizará la empresa suministradora del servicio, la cual hará la retención correspondiente, consignando el cargo en los recibos que expida por el consumo ordinario."
"Artículo 43. La empresa suministradora del servicio deberá enterar las cantidades recaudadas por este derecho a los Ayuntamientos del Estado, por conducto de sus Tesorerías Municipales."
35. De la lectura de los artículos de las Leyes de Ingresos municipales impugnadas, en correlación con los preceptos a que remiten, se pone en relieve que la orden de recaudación de la contribución apuntada por el Estado en las Leyes de Ingresos impugnadas, es respecto de un tributo que se encuentra vinculado con el consumo de energía eléctrica, y no así, con la mera prestación de un servicio público de alumbrado.
36. Prueba de ello se obtiene, en especial del artículo 41 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca, que dispone: "Es base de este derecho el importe del consumo que los propietarios o poseedores de predios cubran a la empresa que suministre la energía eléctrica, aplicando las tasas previstas en las leyes de ingresos municipales respectivas; y, sólo para el caso de que estás no se publiquen la tasa aplicable serán (sic) del 8% para las tarifas 01, 1A, 1B, 1C, 02, 03, y 07 y 4% para las tarifas OM, HM, HS y HT".
37. De la lectura del artículo recién trascrito, queda en evidencia que la orden de recaudación del Municipio recae respecto de una contribución que tiene como base el consumo que las personas propietarias o poseedoras de predios cubran a la empresa que suministre la energía eléctrica, aplicando las tasas previstas en las Leyes de Ingresos municipales respectivas, y para el caso de que estás no se publiquen, las tasas aplicables serán del ocho por ciento para las tarifas 01, 1A, 1B, 1C, 02, 03, y 07 y cuatro por ciento para las tarifas OM, HM, HS y HT.
38. Al respecto, como quedó previamente establecido, en términos del artículo 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a), de la Constitución Política del País, establecer contribuciones sobre el consumo de energía eléctrica es competencia exclusiva de la Federación, lo cual debe entenderse también en relación con aquellas normas que, como ocurre en el caso por la propia remisión normativa, establecen una estimativa u orden de recaudación relacionada con competencias tributarias, pues no podría ordenarse recaudar un ingreso respecto de una contribución cuya materia no puede ser gravada por los Estados o los Municipios al constituir una facultad exclusiva de la Federación.
39. Por lo anterior, los artículos 48 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Coyotepec; 20 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santo Domingo Tlatayápam; y 23 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Bautista Jayacatlán, todas del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, que gravan el consumo de energía eléctrica, son contrarios a la Constitución Política del País, al emitirse en invasión de esfera competencial exclusiva del Congreso de la Unión.
40. En torno a la conclusión alcanzada, no debe perderse de vista que esa facultad conferida constitucionalmente al Congreso de la Unión, en términos del artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se entiende vedada a los Estados o a la Ciudad de México.(6)
41. Asimismo, merece citarse la jurisprudencia emitida por este Tribunal Pleno bajo el rubro: "ALUMBRADO PUBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN."(7)
42. En estas condiciones, se concluye que el Congreso del Estado de Oaxaca carece de facultades para ordenar la recaudación de una contribución que tiene como base el consumo de energía eléctrica, toda vez que ello es facultad exclusiva del Congreso de la Unión.
43. En similares términos este Pleno se ha pronunciado, por ejemplo, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 18/2018, 28/2019 y 97/2020.(8)
44. En consecuencia, al resultar fundado el concepto de invalidez de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se declara la invalidez de los artículos 48 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Coyotepec, 20 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santo Domingo Tlatayápam y 23 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Bautista Jayacatlán, todos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno.
Tema 2. Derechos por la expedición de certificaciones y constancias.
45. En el segundo concepto de invalidez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, argumenta esencialmente que el artículo 52, fracciones I, V, XIII y XIV, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Coyotepec, Distrito del Centro, Oaxaca, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, es inconstitucional por prever cobros injustificados por la búsqueda y reproducción de información por trastocar el derecho de acceso a la información; además de que no guardar congruencia con el costo que tiene para el Estado brindar ese servicio.
46. La única norma impugnada en este apartado es la siguiente:
Ver artículo 52
47. Como se aprecia de la lectura del artículo 52, fracciones I, V, XIII y XIV, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Coyotepec, Distrito del Centro, Oaxaca para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, no proporciona claridad en torno a los servicios por búsqueda de documentos en el archivo municipal, la expedición de copias certificadas de documentos existentes en los archivos municipales derivados de las actuaciones de los servidores públicos, así como por la expedición de constancias y certificaciones distintas a las anteriores, para establecer con absoluta certeza jurídica si lo gravado encuentra relación con servicios relativos al derecho de acceso a la información pública o si se trata de meros derechos ajenos a esa cuestión y que, por tanto, deban sujetarse al parámetro de control constitucional de los derechos en general.
48. Esto es, del análisis integral de la ley de ingresos en cuestión, no se aprecia que lo regulado en el artículo 52 en estudio regule aspectos relativos al derecho de acceso a la información, pues en la sección en que se ubica (sección tercera, denominada "certificaciones, constancias y legalizaciones") no señala con precisión que se trate de la regulación de búsqueda y reproducción a raíz del ejercicio del derecho a la información y tampoco se aprecia diverso apartado en la ley de ingresos destinado, para ello, para así lograr establecer que regula cuestión distinta.
49. Por tanto, ante la incertidumbre causada por la propia legislación en análisis y no lograrse establecer con absoluta certeza si gravan aspectos relacionados con el ejercicio del derecho a la información pública, lo que corresponde en principio es su análisis bajo la óptica de los principios de justifica tributaria que rigen a los derechos en general y no bajo la especial óptica del derecho de acceso a la información.
50. En efecto, en el artículo 52 de la ley de ingresos en análisis se prevé, en su fracción I, el cobro de cien pesos por la expedición de copias certificadas de documentos existentes en los archivos de las oficinas municipales, derivados de las actuaciones de los servidores públicos municipales; en las fracciones V y XIII en una reiteración legislativa, se señala el mismo concepto de cobro de cien pesos por búsqueda de documentos en el archivo municipal; y finalmente, en la fracción XIV, se establece el cobro de doscientos pesos por la expedición de constancias y copias certificadas distintas a las anteriores.
51. Tales porciones normativas son contrarias al principio de proporcionalidad tributaria, toda vez que los servicios de búsqueda de documentos, expedición de constancias y copias certificadas, además de la mera búsqueda y reproducción, implican la intervención de un servidor público, en el caso de la búsqueda por la acción misma; en tanto que en la reproducción se involucra la cuestión relativa a hacer constar que lo que se entrega es fiel reproducción de lo encontrado, esto es, implica la certificación del funcionario público autorizado, lo cierto es que la relación que se entabla no puede ser de derecho privado, por lo que no puede existir un lucro o ganancia para dicho funcionario, sino que debe guardar una relación razonable por el costo del servicio prestado; adicionalmente, se considera que no queda claro si el costo se genera por cada hoja certificada o al conjunto de ellas, pues si bien la fracción I sí indica que es por cuadernillo, la fracción XIV carece de tal precisión.
52. Como fue expuesto, entre otras, en la acción de inconstitucionalidad 93/2020, este Tribunal Pleno ha sostenido que para considerar constitucionales las normas que prevén las contribuciones denominadas derechos, las cuotas aplicables deben ser, entre otras cosas, acordes o proporcionales al costo de los servicios prestados y ser igual para todos aquellos que reciban el mismo servicio.(9)
53. Lo anterior, porque la naturaleza de los derechos por servicios que presta el Estado es distinta a la de los impuestos, de manera que para que se respeten los principios de proporcionalidad y equidad tributarios es necesario tener en cuenta, entre otros aspectos, el costo que para el Estado implica la prestación del servicio, pues a partir de ahí se puede determinar si la norma que prevé determinado derecho otorga o no un trato igual a los sujetos que se encuentren en igualdad de circunstancias, y si es proporcional o acorde al costo que conlleva ese servicio.
54. Tal criterio además se encuentra reflejado en las jurisprudencias P./J. 2/98 y P./J. 3/98 emitidas por este Tribunal Pleno, bajo los rubros: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS."(10) y "DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA."(11)
55. Sentadas estas bases, es necesario determinar si las cuotas previstas en el artículo 52, fracciones I, V, XIII y XIV, de la Ley de Ingresos en análisis, para la búsqueda de información y expedición de constancias y copias certificadas, atienden al costo que le genera al Estado la prestación de tales servicios.
56. En la acción de inconstitucionalidad que se retoma en este apartado, se destacó que las Salas de este Alto Tribunal han establecido que la solicitud de copias certificadas y el pago de los correspondientes derechos implica para la autoridad la concreta obligación de expedirlas y certificarlas, de modo que dicho servicio es un acto instantáneo porque se agota en el mismo acto en que se efectúa sin prolongarse en el tiempo.
57. Además, que, a diferencia de las copias simples, que son meras reproducciones de documentos que para su obtención se colocan en la máquina respectiva, existiendo la posibilidad, dada la naturaleza de l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30370-dd393257/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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