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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. II. DIGNIDAD HUMANA. SU ALCANCE Y DERECHOS DERIVADOS DESDE EL ASPECTO DE LA PREFERENCIA SEXUAL DE CADA INDIVIDUO. III. FAMILIA. SU PROTECCIÓN, LA IGUALDAD ANTE LA LEY DEL HOMBRE Y LA MUJER, Y EL DERECHO DE LAS PERSONAS A DECIDIR EL NÚMERO Y ESPACIAMIENTO DE SUS HIJOS EN FORMA LIBRE, RESPONSABLE E INFORMADA, SON DERECHOS DERIVADOS DE AQUELLA INSTITUCIÓN. IV. MATRIMONIO. LA PROCREACIÓN PARA LA PERPETUACIÓN DE LA ESPECIE NO CONSTITUYE SU FINALIDAD ESENCIAL. V. MATRIMONIO. EL PRECEPTO LEGAL QUE PREVÉ LA POSIBILIDAD DE CONTRAERLO EXCLUSIVAMENTE ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER VULNERA LOS DERECHOS DE LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS PERSONAS, EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y EL PRINCIPIO DE IGUALDAD (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 140 Y 148, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA "EL HOMBRE Y LA MUJER", DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL EN VÍA DE CONSECUENCIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 147, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA "UN SOLO HOMBRE Y UNA SOLA MUJER", ASÍ COMO "PERPETUAR LA ESPECIE", DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EFECTOS VINCULATORIOS DE LA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA DEFINICIÓN DE MATRIMONIO CON EL OBJETO DE QUE LAS DIVERSAS DISPOSICIONES LEGALES LOCALES QUE SE REFIERAN A ESA INSTITUCIÓN SEAN INTERPRETADAS Y APLICADAS CONFORME A LO DETERMINADO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS PORCIONES NORMATIVAS QUE REFIERAN RELACIONES "ENTRE UN SOLO HOMBRE Y UNA SOLA MUJER" Y "COMO MARIDO Y MUJER" CONTENIDAS EN DIVERSOS PRECEPTOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y OTROS ORDENAMIENTOS ESTATALES VINCULADOS TANTO CON EL MATRIMONIO COMO CON EL CONCUBINATO (COMPRENDIDO EN EL CAPÍTULO XI, TÍTULO QUINTO, LIBRO PRIMERO, DEL CÓDIGO CIVIL LOCAL]. VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 140 Y 148, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE SEÑALA: "EL HOMBRE Y LA MUJER" DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, Y, EN VÍA DE CONSECUENCIA, EL ARTÍCULO 147, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "UN SOLO HOMBRE Y UNA SOLA MUJER" Y "PERPETUAR LA ESPECIE", DEL REFERIDO CÓDIGO CIVIL, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, EN LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS PORCIONES NORMATIVAS QUE REFIERAN RELACIONES "ENTRE UN SOLO HOMBRE Y UNA SOLA MUJER" Y "COMO MARIDO Y MUJER" CONTENIDAS EN DIVERSOS PRECEPTOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y OTROS ORDENAMIENTOS ESTATALES VINCULADOS TANTO CON EL MATRIMONIO COMO CON EL CONCUBINATO, DEBERÁ ENTENDERSE QUE ESTAS INSTITUCIONES INVOLUCRAN A DOS PERSONAS DEL MISMO O DIFERENTE SEXO (COMPRENDIDO EN EL CAPÍTULO XI, TÍTULO QUINTO, LIBRO PRIMERO, DEL CÓDIGO CIVIL LOCAL)].

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 29/2018. · Registro digital (IUS): 28925
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-08-09
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo I, Pág. 118.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 29/2018. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 19 DE FEBRERO DE 2019. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: MERCEDES VERÓNICA SÁNCHEZ MIGUEZ.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecinueve de febrero de dos mil diecinueve.

VISTOS para resolver los autos relativos a la acción de inconstitucionalidad 29/2018 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación de la acción. Mediante escrito presentado el siete de febrero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:

• Órganos que emitieron y promulgaron la norma general que se impugna: Congreso y el Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Nuevo León.

• Normas generales cuya invalidez se reclaman. Los artículos 140 y 148 en la porción normativa "el hombre y la mujer", del Código Civil para el Estado de Nuevo León, reformados mediante Decreto Número 317, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el ocho de enero de dos mil dieciocho.

SEGUNDO.—Artículos constitucionales y de instrumentos internacionales violados. El promovente estima violados los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 1, 11, 17 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; los artículos 2o., 3o. y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y los diversos 2o. y 3o. del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

TERCERO.—Conceptos de invalidez. El promovente en su único concepto de invalidez, argumenta en síntesis lo siguiente:

• Indica que es inconstitucional la porción normativa "el hombre y la mujer" en los artículos 140 y 148 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, toda vez que considera la institución del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer y excluye a las parejas del mismo sexo. Lo anterior, vulnera directamente el derecho a la dignidad humana en su vertiente de libre desarrollo de la personalidad, los principios de igualdad y no discriminación, la protección a la organización y desarrollo de la familia, previstos en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• La norma impugnada tiene una legítima finalidad constitucional, además de que se emitió cumpliendo todas las normas aplicables. Dicha norma tiene el objeto de proteger y garantizar a las víctimas u ofendidos la reparación del daño, cuando resulten afectados por las conductas ilícitas que se prevén en el artículo 22 constitucional, y en ese sentido se aprecia la inexistencia de toda violencia al principio constitucional.

• Indica que el artículo 147 del Código Civil para el Estado de Nuevo León establece que el Estado sólo reconoce la unión legítima de un solo hombre con una sola mujer para contraer matrimonio y que tenga como fin la ayuda mutua, guardarse fidelidad, perpetuar la especie y crear una comunidad de vida permanente. Así, el requisito se satisface sólo mediante la unión del hombre con una mujer en función directa de los artículos 140 y 148 del código citado.

• Señala que al prever el matrimonio como un derecho orientado a salvaguardar la perpetuación de la especie, transgrede el reconocimiento de la dignidad humana como derecho fundamental, del que deriva el libre desarrollo de la personalidad reconocido en el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el diverso 1o. de la Constitución Federal. El derecho en cuestión, implica que todo individuo puede elegir, de forma libre y autónoma, cómo vivir su vida, lo que recae en la libertad de contraer matrimonio, procrear o no hijos, definir preferencias sexuales, compartir su vida con otra independientemente de su sexo y género.

• Por lo anterior, estima que las porciones normativas que se refieren al matrimonio como la unión entre "un hombre y una mujer", son incompatibles con el bloque de constitucionalidad actual que rige la materia de derechos humanos; esto, ya que se orientan a garantizar la perpetuación de la especie y no a compartir una vida en común con la persona de su elección. Insiste, que los fines de procreación dependerán sólo de la persona y su libre desarrollo, pues también es una potestad, por lo que la celebración del matrimonio no necesariamente conlleva a la procreación. Sustenta sus argumentos con la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "MATRIMONIO. EL ARTÍCULO 143, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE OAXACA, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE PRESCRIBE ‘PERPETUAR LA ESPECIE’, COMO UNA DE LAS FINALIDADES DE ESA INSTITUCIÓN, ES CONTRARIO A LOS ARTÍCULOS 1o. Y 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

• Posteriormente, indica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al interpretar el artículo 1.1 de la Convención Americana (en cuanto a la prohibición de discriminación), definió que el precepto es una norma de carácter general y su contenido se extiende a todas las disposiciones del tratado y obliga a que los Estados parte garanticen todos los derechos y libertades reconocidos, sin discriminación alguna. Asimismo, refiere que el Tribunal Interamericano ha señalado que el principio de igualdad y no discriminación es inseparable de la dignidad de la persona.

• Hace especial énfasis en que lo anterior ha sido reiterado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de título y subtítulo: "DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA."

• Posteriormente, retoma el caso: "Atala Riffo y Niñas Vs. Chile" para señalar que dentro de los derechos fundamentales, se encuentra el derecho a la identidad personal y sexual. Una vez que define esos derechos, indica que éstos, en conjunción de otros, son factores que determinan a un individuo en su desarrollo personal y que repercute en la colectividad con la que interactúa; de ahí que, el individuo tenga la libertad de entablar relaciones afectivas, amistosas o sexuales con personas del sexo o género igual o diferente, lo que repercute en la autodeterminación de la persona e incide en su decisión de con quién formará una vida en común y si desea o no tener hijos.

• Enfatiza que la porción normativa e incompatible con la prohibición de la discriminación y la protección efectiva de los derechos de identidad personal y sexual, pues limitan el matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer y no con la persona que sea de la elección, lo cual repercute en el libre desarrollo.

• Así, concluye que al excluir injustificadamente a las parejas del mismo sexo para contraer matrimonio, se contrapone a la dignidad humana y contraviene los artículos 1o. y 4o. constitucionales.

• Asimismo, indica que limitar el matrimonio a "un hombre y una mujer" para garantizar la perpetuación de la especie, transgrede el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación, pues se excluye de forma categórica de este derecho a las parejas del mismo sexo. Efectivamente, refiere que la vigencia de la disposición en el orden jurídico, se materializa como un acto de discriminación por ejercer una distinción basada en razones de preferencia sexual, con los efectos de impedir el reconocimiento y ejercicio de los derechos de igualdad, así como oportunidades.

• Para sustentar el argumento, retoma las consideraciones emitidas por este Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 28/2015. Al respecto, se decidió que el artículo impugnado del Código Civil del Estado de Jalisco –de contenido similar al de la presente acción– era discriminatorio y la principal línea argumentativa es que vulneraba la protección a toda forma de familia, aun cuando la Constitución Federal protege a cualquiera de sus formas.

• Enfatiza que las normas impugnadas derivan en una notoria exclusión de las parejas conformadas por personas del mismo sexo y generan una distinción basada en el reconocimiento del matrimonio como una institución única, entre parejas heterosexuales; por ello, el legislador crea un estigma a las modalidades no tradicionales del ejercicio de este derecho, sin sustento constitucional y que rebasa el contexto social actual. Así, la discriminación proviene desde la ley y viola la norma fundamental y tratados internacionales.

• Como consecuencia, indica que la legislación del Estado de Nuevo León no es acorde a los principios fundamentales contemplados a partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mi once, mediante los cuales se insta a las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Aunado, no atiende la prohibición de discriminación motivada por el género, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

• Por otra parte, refiere que si bien es cierto que el principio de igualdad tiene diversas acepciones, una de éstas es la igualdad ante la ley y debe observarse en todos los preceptos a fin de prever disposiciones sin tratos diferenciados o criterios arbitrarios; por lo contrario, debe procurar la protección más amplia a las personas en todo momento. Así, indica que sólo puede legislarse en función positiva para otorgar una protección especial.

• Aunado a lo anterior, indica que el principio de no discriminación también implica la prohibición de hacer distinciones sin una base objetiva, por lo que los artículos impugnados no cumplen con el mandato constitucional y perjudica sistemáticamente a un grupo de personas.

• En este orden de ideas, retoma a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso: "López Álvarez Vs. Honduras", pues se fijó que el principio de derecho imperativo de protección igualitaria y efectiva de la ley y no discriminación, establece que los Estados deben abstenerse de producir regulaciones discriminatorias o que tengan estos efectos. Asimismo, indica que este Tribunal Internacional ha señalado el alcance de la relación entre el género humano y la dignidad, de forma que es inadmisible considerar que un grupo determinado de personas es superior, dando como resultado un trato privilegiado como sería el goce de determinados derechos.

• Por otra parte, destaca que la Opinión Consultiva 24/2017, de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, la Corte Interamericana de Derechos humanos determinó que de conformidad con los artículos 1.1, 2, 11.2, 17 y 24 de la convención, los Estados deben garantizar el acceso a la figura jurídica del matrimonio a las parejas del mismo sexo; de ahí que, se deba asegurar el acceso al matrimonio en condiciones de igualdad sin importar el sexo de las personas.

• Evidencia que los artículos 140 y 148 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, con relación al diverso 147 prevén una disposición excluyente que implica discriminación con base en las preferencias sexuales, carecen de contenido neutral y, por lo tanto, afectan de manera desproporcionada y negativa a un grupo social.

• Así, estima que reconocer el matrimonio como la unión exclusiva entre un hombre y una mujer es incompatible con la Constitución Federal y el corpus iuris internacional, toda vez que no existe justificación que motive la distinción y se impide el acceso a la institución matrimonial a un determinado grupo de personas. Finalmente, indica que el matrimonio no es un concepto inmutable, sino que debe atender a los procesos sociales dinámicos que deben ser acorde al principio pro persona.

• De esta forma, concluye que las porciones impugnadas de los artículos 140 y 148 del Código Civil para el Estado de Nuevo León son inconstitucionales, ya que atentan contra la autodeterminación de las personas y el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo; de forma implícita, generan una violación al principio de igualdad y excluye a las parejas homosexuales para contraer matrimonio.

• Finalmente, refiere que si se declaran inconstitucionales los preceptos impugnados, entonces también deben invalidarse todas aquellas normas que estén relacionadas; esto, de conformidad con los artículos 41, fracción IV y 45, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, recalca que los artículos 140 y 148 están en función de una interpretación sistemática del diverso 147, por lo que este Alto Tribunal es competente para declarar su invalidez indirecta, en la porción normativa que señala: "perpetuación de la especie". Luego, los efectos de la invalidez de una norma o grupo de ellas, se origina a partir de la extensión de los efectos de la invalidez de otra, por las mismas causas.

CUARTO.—Registro y admisión de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de ocho de febrero de dos mil dieciocho, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la acción de inconstitucionalidad con el número de expediente 29/2018; asimismo, la turnó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para que fungiera como instructor en el procedimiento.

Por su parte, mediante acuerdo emitido el nueve de febrero siguiente, el Ministro instructor tuvo por presentada la acción de inconstitucionalidad y la admitió a trámite, dio vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Nuevo León para que rindieran su informe y requirió al Congreso de dicha entidad federativa, por conducto de quien legalmente lo representa, para que enviara copia certificada de todos los antecedentes legislativos de la norma impugnada; por su parte, solicitó al Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa remitiera el ejemplar del Periódico Oficial del Gobierno del Estado en el que se publicó la norma impugnada; por último, dio vista a la Procuraduría General de la República para que formulara el pedimento que le corresponde.

QUINTO.—Informe del Poder Ejecutivo del Estado. El Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, a través del subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno, rindió su informe el veinte de marzo de dos mil dieciocho. Al respecto, contestó el concepto de invalidez de la parte accionante, señalando lo siguiente:

• En primer lugar, refiere que previa a la promulgación respectiva por el gobernador del Estado de Nuevo León, se publicó el decreto 317 en el Periódico Oficial de la entidad federativa, mediante el cual se reformaron los artículos impugnados. Así, la promulgación del decreto se hizo con fundamento en los artículos 71, 75 y 85, fracción X, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. No obstante, en la demanda no converge la promulgación realizada por el gobernador.

• En la demanda, se plantea la inconstitucionalidad de las normas impugnadas con base en que atentan los derechos humanos de igualdad y no discriminación, ya que se excluye la posibilidad de que las parejas del mismo sexo celebren el matrimonio; sin embargo, la reforma no versó respecto de dicha temática, sino que se buscó modificar la edad para celebrar esponsales y unirse en matrimonio.

• Incluso, la propia demanda reconoce que de la exposición de motivos, se advierte que, la reforma tiene la finalidad de evitar el matrimonio infantil y establecer los dieciocho años como edad mínima para contraer matrimonio, pues antes se permitía que los Jueces concedieran dispensas para los menores de edad.

• Transcribe la exposición de motivos de la iniciativa presentada por el gobernador constitucional de la entidad, así como el dictamen emitido por la Comisión de Legislación del Congreso del Estado de Nuevo León; esto, para evidenciar que la reforma pretende atacar el problema del matrimonio infantil.

• Así, evidencia que la reforma a las normas impugnadas en nada involucra el género de las personas que pueden celebrar esponsales o contraer matrimonio. También, indica que si bien es cierto que el texto del artículo 140 y 148 del Código Civil del Estado de Nuevo León se alude "al hombre y la mujer", no se hace en un sentido excluyente o que discrimine a personas del mismo sexo. Así, simplemente se buscó regular la edad mínima de quienes podrían celebrar esponsales o casarse y no debe conferirle un alcance ajeno al texto ni finalidad.

• Asimismo, refiere que los artículos impugnados están en el tema de matrimonio, subtema de los esponsales, eso no autoriza a aprovechar su impugnación actual como pretexto para cuestionar tardíamente otros dispositivos (el diverso artículo 147 del mismo código citado) cuya constitucionalidad no se previó en el plazo previsto por la ley reglamentaria aplicable a las acciones de inconstitucionalidad.

• Continúa con que la simple lectura de los artículos 140 y 148 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, se advierte que no son reguladores del género sexual de las personas que pueden celebrar legalmente esponsales o contraer matrimonio. De esta forma, lo que se propone en la demanda pasa a ser un problema de interpretación normativa y no de colisión con la Constitución Federal, por lo que la vía de la acción de inconstitucionalidad no es la adecuada.

• Finalmente, refiere que el artículo 147 del Código Civil, multicitado, admite una interpretación conforme a la Constitución Federal, de manera que se adecua a la parte dogmática y es armónica con los derechos humanos reconocidos en ésta y los tratados internacionales; por ello, estima que lo mismo ocurre con los artículos 140 y 148 impugnados, ya que al tenor literal no tiene el efecto restrictivo de los derechos que se postulan en la demanda. Aun suponiendo que fueran restrictivas en su literalidad, son susceptibles de interpretarse conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEXTO.—Informe del Poder Legislativo del Estado. Posteriormente, el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, a través de la presidenta de la Mesa Directiva de la Septuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, rindió su informe el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, en los siguientes términos:

• En primer término, refiere que el propio actor señaló que la norma que se combate no es la que define la institución de matrimonio, pues en realidad tal concepto se encuentra en el artículo 147 del Código Civil para el Estado de Nuevo León. No obstante, el artículo 147 fue reformado mediante decreto publicado el cinco de febrero de mil novecientos noventa y siete, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León; por ello, concluye que: si la porción normativa "el hombre y la mujer" existe desde esa fecha, entonces la presente acción debe declararse extemporánea.

• Luego, indica que al no preverse en normas relativas al matrimonio en la Constitución Federal, no existe un parámetro con el que pueda confrontarse el texto de los artículos impugnados, entonces es inadecuado estudiar la constitucionalidad a la luz del artículo 4o., pues ese precepto sólo contempla la igualdad entre el hombre y la mujer, así como la protección de la familia.

• De la lectura de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que el artículo 17 utiliza los términos "hombre y mujer" al igual que otros tratados, pero esto no quiere decir que sean excluyentes o no se establezcan condiciones de igualdad para todas las personas sin importar su sexo; de ahí que, considere que no se está ante un acto discriminatorio, pues, insiste, que los artículos 140 y 148 del Código Civil para el Estado de Nuevo León no contravienen lo establecido en los diversos 1o. y 4o. de la Constitución Federal.

• De igual forma, indica que los artículos del Código Civil local no vulneran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el Congreso del Estado de Nuevo León actuó dentro de su esfera competencial, en estricto acatamiento al contenido del artículo 116 constitucional en relación con los diversos 63, 70 y 71 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.

• Posteriormente, indica que partiendo de la premisa que el matrimonio es la institución integradora de la familia, así como que el vínculo jurídico social en el que dos personas contraen derechos y obligaciones recíprocas, es claro que el elemento fundamental para aceptar las cargas que derivan del matrimonio, es el consentimiento personalísimo de ambos contrayentes.

• En otro orden de ideas, señala que el matrimonio infantil constituye un problema mundial que va en contra de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que deciden por ellos o que son objeto de una moneda de cambio para mejorar la economía de sus padres, pues se sujetan a obligaciones que no son física ni psicológicamente aptas para su pleno desarrollo.

• Ante esta problemática, indicó que con la reforma se cumplen con los tratados internacionales (Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de Matrimonios, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, así como la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación en Contra de la Mujer) en los cuales se establecen que los dieciocho años es la edad mínima que debe tener el hombre y la mujer para contraer matrimonio. Adicionalmente, también se cumplen con los derechos humanos reconocidos en el primer párrafo del artículo 1o. y el sexto párrafo del artículo 4o., ambos de la Constitución Federal, toda vez que se permite que todas las personas gocen de los derechos humanos y garantías para su protección, así como que se tome en cuenta el interés superior de la niñez.

• Así, indica que el espíritu del legislador es derogar las disposiciones establecidas como excepciones para que un menor de edad pueda contraer matrimonio, es decir, que los menores sólo puedan contraer matrimonio con la autorización del Juez de primera instancia o el tribunal de justicia en el Estado ante causas graves y justificadas.

• Como consecuencia, indica que el matrimonio para mayores de dieciocho años garantiza que la persona tenga la autodeterminación adquirida por la mayoría de edad y se refleje en su desarrollo personal; es por eso, que no considera que se violente el libre desarrollo de la personalidad ni los artículos 1o. y 4o. constitucionales.

• Incluso, refiere que la nueva edad no sólo es para la protección de los menores, sino que desvincula la procreación del matrimonio.

• Así, la reforma pretende evitar la desigualdad, la exclusión, discriminación y deserción escolar, así como salvaguardar los derechos de las menores cuyos padres pactan el matrimonio y se encuentra arraigado en la discriminación por razón de sexo, género y edad.

• Luego, reconoce que el matrimonio infantil es una práctica que sigue ocurriendo en el país, e implica una violación grave a los derechos de los niños y niñas que impide su libertad física, sano desarrollo en su entorno y la capacidad de decidir un futuro para sí mismos. Adicionalmente, se pretende evitar la violencia que suelen sufrir las menores, que van desde abusos hasta violaciones y las consecuencias que trae la falta del uso del preservativo.

• Continúa con que permitir el matrimonio infantil violenta los derechos humanos de los menores, pues puede ser una de las formas generalizadas de abuso sexual y explotación, con consecuencias negativas como la separación de la familia y amigos, la falta de libertad para relacionarse con personas de la misma edad y reducción de las oportunidades para acceder a la educación.

• Por todo lo expuesto, concluye que la mayoría de edad para contraer matrimonio es un requisito que implica la eliminación de cualquier dispensa de familiares o tutores, al igual que autoridades o Jueces en beneficio de los menores. Así, estima que las normas impugnadas no son transgresoras de derechos humanos, sino que se trata de una medida necesaria para los fines que se persiguen.

SÉPTIMO.—Plazo para alegatos. Como consecuencia, por proveído de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, el Ministro instructor tuvo por presentados los informes y por desahogado el requerimiento formulado en el diverso auto de nueve de febrero de dos mil dieciocho. Adicionalmente, se ordenó correr traslado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como a la Procuraduría General de la República, con copia simple del informe y anexos presentados por la autoridad promulgadora de la norma impugnada. Finalmente, se fijó el plazo de cinco días hábiles para que formularan por escrito sus alegatos.

OCTAVO.—Opinión de la Procuraduría General de la Republica. Debido a la ausencia de titular de la Procuraduría General de la Republica,(1) Alberto Elías Beltrán, en su carácter de subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales, mediante oficio presentado el seis de abril de dos mil dieciocho, emitió la opinión respectiva, sobre el conflicto jurídico planteado. Como consecuencia, mediante proveído de nueve de abril siguiente, el Ministro instructor tuvo por formulado el pedimento.

En síntesis, el subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales manifestó:

• En cuanto a la extemporaneidad alegada por los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Nuevo León, señaló que los argumentos, atendiendo a la suplencia de la queja y la cuestión efectivamente planteada, deben entenderse como una causal de improcedencia, respecto de la impugnación del artículo 147 del Código Civil local, cuya validez se pretende en vía de consecuencia.

• Luego, señala que el planteamiento de improcedencia debe desestimarse, ya que con la reforma de los artículos 140 y 148, se configuró un acto legislativo nuevo con el que se aumentó la edad para contraer matrimonio. Así, si bien es cierto que el artículo 147 se reformó el cinco de febrero de mil novecientos noventa y siete y en éste se define la institución de matrimonio, lo cierto es que los preceptos 140 y 148 del mismo ordenamiento, sólo se reformaron para combatir el matrimonio infantil al elevar la edad y suprimir la dispensa de la misma por causas justificadas. Este simple aspecto implica una modificación sustancial de los preceptos impugnados.

• Retoma lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 29/2008, en el que el Tribunal Pleno reiteró que si bien es cierto que cuando la reforma o adición no va dirigida al contenido normativo del precepto impugnado, entonces no se podía considerar como un acto legislativo nuevo que hiciera procedente la acción de inconstitucionalidad. En cambio, cuando del texto aprobado se advierta que se modificó el alcance jurídico o se hubiere precisado un punto ambiguo u oscuro, entonces sí se estaba en presencia de un nuevo acto legislativo.

• Así, indica que sí se cumplen con los dos requisitos para considerar que existe un nuevo acto legislativo (que se haya llevado un proceso legislativo y que la modificación normativa sea sustantiva o material). En cuanto al primer aspecto, se llevaron a cabo las diferentes etapas del procedimiento legislativo hasta culminar con la publicación de la reforma; en cuanto al segundo, también se actualiza, ya que se modificó la edad para contraer matrimonio, de forma que la figura de matrimonio sufrió un cambio significativo.

• Por lo anterior, estima que la causal de improcedencia debe desestimarse.

• En cuanto al fondo del asunto, expone el marco constitucional, jurisprudencial y convencional que estima aplicable al caso. Con base en lo anterior, concluye que: el concepto de invalidez esgrimido es esencialmente fundado.

• Al respecto señala que la exclusión de las personas homosexuales a la institución del matrimonio incide directamente en el libre desarrollo de la personalidad de forma injustificada. Continúa con que las parejas del mismo sexo pueden adecuarse a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y de la familia en la medida que también se mantienen relaciones comprometidas y estables.

• Retoma a la Primera Sala de esta Suprema Corte e indica que para todos los efectos relevantes, las parejas del mismo sexo se encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales, por lo que es injustificada la exclusión del matrimonio.

• Señala que no existe razón de índole constitucional para desconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo y que toda ley que limite el matrimonio a un hombre y a una mujer, resulta inconstitucional al conllevar a un acto de verdadera discriminación.

• Concretamente, advierte que la porción impugnada de los artículos 140 y 148 del Código Civil del Estado de Nuevo León, es inconstitucional, porque atenta contra la autodeterminación de las personas y el libre desarrollo de la personalidad. De forma implícita también viola el principio de igualdad pues se establece un trato diferenciado para las parejas del mismo sexo.

• Asimismo, argumenta que los artículos que se combaten son una medida que no protege la institución de la familia, porque resulta discriminatoria, pues vincula los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pretenden formar una familia. Así, las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin perseguido como lo es la familia, lo cual no debe incidir en su tipo, sino que deben protegerse en cuanto a la realidad social.

• Por lo anterior, estima que debe declararse la inconstitucionalida

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28925-e0b35c3b/i-accion-de-inconstitucionalidad-lineamientos-minimos-requeridos-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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