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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 11/2015. · Registro digital (IUS): 27192
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2017-06-16
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, Pág. 245.

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO IMPUGNADO NO PROVOCA UN CAMBIO SUSTANTIVO O MATERIAL, SINO UNO MERAMENTE FORMAL AL HABERSE REPRODUCIDO EL TEXTO ANTERIOR (SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 7 Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 104, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA).

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 11/2015. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 26 DE ENERO DE 2016. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO Y RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiséis de enero de dos mil dieciséis, por el que se emite la siguiente:

Sentencia

Mediante la que se resuelve la presente acción de inconstitucionalidad, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de los artículos 7, segundo párrafo y 104, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, publicados en el Periódico Oficial de la entidad de treinta y uno de diciembre de dos mil catorce.

I. Trámite

1. Presentación del escrito, autoridades (emisoras y promulgadoras) y normas impugnadas. El treinta de enero de dos mil quince, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de Luis Raúl González Pérez, quien se ostentó como presidente de este organismo, promovió acción de inconstitucionalidad, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California.

2. Normas generales cuya invalidez se reclama. En esta acción de inconstitucionalidad se impugnan los artículos 7, segundo párrafo y 104, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, publicados en el Periódico Oficial de la entidad el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, por Decreto Número 184.

3. Conceptos de invalidez. El promovente, en su concepto de invalidez, manifestó, en síntesis, lo siguiente:

• I. Inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 7 de la Constitución del Estado de Baja California.

• El artículo 7, segundo párrafo, de la Constitución Estatal, al prever la figura del matrimonio como un derecho orientado a salvaguardar la perpetuación de la especie, viola los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Federal, porque atenta contra la autodeterminación de las personas, el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo, además de que viola el principio de igualdad, porque da un trato diferenciado a parejas homosexuales respecto de las parejas heterosexuales, al excluir de la posibilidad de contraer matrimonio a personas del mismo sexo. No es posible, ni de iure ni de facto, restringir directa o indirectamente la procreación únicamente a las personas que se encuentren vinculadas por el matrimonio. El referir al matrimonio como garante de la perpetuación de la especie, además de considerar a esta institución como la restrictiva unión de un hombre y una mujer, excluye injustificadamente de su acceso a las parejas del mismo sexo que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales, lo cual se contrapone a la dignidad humana en su vertiente de libre desarrollo de la personalidad, así como a la libertad de procreación.

• El artículo 7, segundo párrafo, de la Constitución Estatal, al disponer la protección al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, orientado a garantizar la perpetuación de la especie y no a compartir una vida en común con la persona de su elección, es violatorio del derecho a la no discriminación, ya que se excluye de forma categórica de este derecho a las parejas del mismo sexo, además de que también resulta violatorio de la autodeterminación de las personas y del libre desarrollo de la personalidad de los individuos.

• La norma impugnada prevé una disposición que implica discriminación indirecta, ya que carece de contenido neutral y, por ende, afecta de manera desproporcionada y negativa a un grupo social. Crear la precisión "hombre y mujer" se erige como una forma de distingo que favorece la discriminación de grupos de personas, discriminación originada desde la ley, además de que se motivan estereotipos o prejuicios que derivan en situaciones de desventaja, provocadas por condiciones de sexo o género y, por ende, no se promueve el uso de un lenguaje incluyente.

• La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 1.1 dispone que un derecho que le está reconocido a las personas no puede ser negado o restringido a nadie y bajo ninguna circunstancia con base en su orientación sexual, ya que ello violaría el instrumento interamericano que proscribe la discriminación, en general, categorías como las de la orientación sexual no pueden servir de sustento para negar o restringir ninguno de los derechos establecidos en la convención.

• La Constitución Federal no establece un tipo específico de familia, con base en el cual, pueda afirmarse que ésta se constituye exclusivamente por el matrimonio entre un hombre y una mujer, por lo que no debe realizarse esta acotación, en función de la distinción entre los conceptos de familia y matrimonio.

• No se soslaya que los Estados de la Federación son autónomos en todo lo concerniente a su régimen interior, siempre de acuerdo al respeto del principio de supremacía constitucional, sin embargo, el artículo 7 impugnado vulnera dicho principio, porque no acata los diversos principios de igualdad, no discriminación y dignidad humana, en su vertiente de libre desarrollo de la personalidad.

• Finalmente, se debe reconocer que el matrimonio no es un concepto inmutable, sino derivado de procesos sociales dinámicos, que trascienden la percepción hegemónica, acorde con el principio fundamental de favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

• II. Inconstitucionalidad del artículo 104 de la Constitución del Estado de Baja California.

• El artículo 104 de la Constitución Estatal dispone que "La ley civil contendrá disposiciones que tiendan a proteger la estabilidad del hogar y la constitución del patrimonio familiar, con miras a evitar el desamparo de la esposa y de los hijos.", con lo que se desprotege a las familias que no están conformadas de dicha manera, también al esposo que se encuentre en desamparo, a las concubinas y concubinarios, quienes deberán gozar de los mismos derechos inherentes al matrimonio.

• El artículo impugnado excluye injustificadamente del acceso a la protección constitucional a las familias homoparentales, al esposo, a las concubinas y concubinarios, al utilizar la expresión "esposa e hijos", lo que ocasiona que se les prive de obtener los beneficios tangibles e intangibles que otorga dicha protección constitucional, al emplear un lenguaje subincluyente que no logra cumplir con la protección de la familia como realidad social actual.

• La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el numeral 17.2, prevé que el matrimonio será una institución encaminada a formar familias y que seguirá el principio de no discriminación, por lo que podrá ser celebrado por hombres y mujeres, sin acotar de ningún modo la composición del mismo, siempre y cuando cuenten con la edad requerida y las condiciones impuestas por la legislación del Estado.

• Las relaciones entabladas por las parejas del mismo sexo se adecuan a la figura del matrimonio de igual manera que al concubinato, por lo que no hay razón para que sean excluidos del trato y beneficios dados a estas figuras, pues en los supuestos anteriores, se forman parejas que constituyen familias, que son objeto de protección constitucional.

• Cita en apoyo a sus argumentaciones la tesis de rubro: "FAMILIA. SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL COMPRENDE A LA FORMADA POR PAREJAS DEL MISMO SEXO (HOMOPARENTALES)."

• La norma impugnada es discriminatoria, porque no existe razón, ni norma constitucional o convencional que siga los criterios vertidos en la Constitución Local, pues las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio y fundar una familia, no sólo por ser compatible con la figura del matrimonio, también porque el término de familia no está acotado y ahí convergen la infinidad de estructuras y modalidades que pudiera adoptar el término, lo cual corresponde a nuestra sociedad. En este sentido se ha pronunciado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro: "MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. EL ARTÍCULO 143 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE OAXACA CONTIENE UNA DOBLE DISCRIMINACIÓN, AL PRIVAR A LAS PAREJAS HOMOSEXUALES DE LOS BENEFICIOS MATERIALES Y EXPRESIVOS QUE SE OBTIENEN CON DICHA INSTITUCIÓN."

• A fin de proteger a la familia son reconocidos al matrimonio y al concubinato diversos beneficios fiscales, de solidaridad, en materia de alimentos, por causa de muerte, de propiedad, etcétera ..., por lo que acotar estos beneficios únicamente a la "esposa y los hijos" desampara a los demás miembros de una familia (esposo, concubina y/o concubinario), sin que exista una causa justificada para dar un trato diferenciado.

• El artículo impugnado da pauta para que se infiera que las familias que gozarán de estos beneficios serán las integradas por una mujer, un varón e hijos y que, por tanto, se excluya a las familias homoparentales y también a aquellos que sin haber celebrado el matrimonio compartan una vida en común, dejando de lado que el artículo 4o. de la Constitución Federal protege a la familia, la cual puede constituirse bajo un sinfín de combinaciones posibles acordes a la realidad.

• Las distinciones entre familias, sean de iure o de facto, no tienen lugar dentro del Estado Mexicano que busca la protección integral de la familia, por lo tanto, al ser la norma impugnada sub incluyente en los sujetos a quienes se dirige, evidencia un trato discriminatorio hacia aquellos que no se encuentren vinculados por el matrimonio. Si bien, no todo tratamiento jurídico diferente es discriminatorio, en la norma impugnada no cabe razón ni justificación para excluir de beneficios a aquellos que no se encuentren en el supuesto, con lo que se atenta contra la igualdad y la dignidad humana.

• La norma impugnada emplea un lenguaje excluyente que conlleva y motiva la falsa idea de inferioridad de la esposa e hijos, así como estereotipos familiares.

• Finalmente, solicita que, de ser inconstitucionales los artículos impugnados, por razón de efectos, se invaliden todas aquellas normas que se encuentren relacionadas, conforme a los artículos 41, fracción IV y 45, segundo párrafo, de la ley reglamentaria de la materia.

4. Disposiciones que el promovente señala como violadas. Los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 7, 16 y 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 11, 17 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

5. Admisión y trámite. Mediante proveído de tres de febrero de dos mil quince, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 11/2015,(1) promovida por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro José Ramón Cossío Díaz.

6. Por acuerdo de cuatro de febrero de dos mil quince, el Ministro instructor admitió la demanda de acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California, por ser quienes, respectivamente, emitieron y promulgaron las normas impugnadas para que rindieran sus informes. También dio vista al procurador general de la República para que formulara el pedimento correspondiente.(2)

7. Informes de los Poderes Legislativo(3) y Ejecutivo(4) de la entidad.

A) El Poder Legislativo señaló, en síntesis, lo siguiente:

• Se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19, en relación con la fracción II del artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia, porque la demanda se promovió de manera extemporánea. Si bien es cierto que fueron aprobadas las reformas a los artículos impugnados, también lo es que la reforma al artículo 7 constitucional, fue la adición del séptimo párrafo, mientras que lo que se combate es el párrafo segundo de dicho numeral, el cual fue adicionado por decreto publicado en el Periódico Oficial Local de veintisiete de mayo de dos mil once. En tanto que la reforma al artículo 104 constitucional consistió en la adición de un segundo párrafo, siendo que se combate el primer párrafo, el cual nació con la creación de la Constitución Local, desde el dieciséis de agosto de mil novecientos cincuenta y tres.

• Lo anterior, puesto que la intención del legislador local nunca fue reformar la totalidad de los artículos impugnados, sino solamente la adición del séptimo párrafo al artículo 7 y el segundo párrafo al artículo 104, tal como se desprende de la versión estenográfica de la sesión ordinaria del Pleno del Congreso Local, de veintisiete de noviembre de dos mil catorce, fecha en la que fue declarada la incorporación constitucional de dichas reformas, siendo el objeto de la reforma constitucional el derecho a la vivienda digna y decorosa.

• Por lo que, al haberse presentado la demanda fuera del plazo de treinta días, debe sobreseerse la acción de inconstitucionalidad, conforme al artículo 20, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia.

• Niega que haya existido una intención de lesionar los derechos fundamentales de la sociedad. Se debe ser más analítico para saber si en verdad existe un problema de discriminación o de desigualdad, al querer equiparar dos situaciones que son diferentes. Las leyes no suelen definir qué se entiende por matrimonio, pues no es necesario que lo hagan, pues sobreentendido está que el derecho positivo recoge una realidad aceptada universalmente: la unión intersexual. Se puede aceptar que, en principio, la cohabitación estable de personas del mismo sexo atañe, como decisión personal de cada uno a una opción que se desempeña en la esfera de la intimidad que queda amparada por el artículo 1o. constitucional, sin embargo, el matrimonio trasciende la esfera íntima de los cónyuges.

• La negativa a considerarse como matrimonio a las uniones entre personas del mismo sexo excede una perspectiva exclusivamente sexual. Lo que dos personas hagan entre sí con su sexo sin dañar a terceros ni ofender la moral pública, es cosa de su privacidad y toda Constitución democrática obliga a reconocerla y a respetarla. Por eso, sostener que la unión homosexual no es igual a la unión conyugal del varón y la mujer, no se refiere a lo que pueden o no pueden hacer sexualmente entre sí las personas del mismo sexo y de sexo distinto. Esa distinción hace a la intimidad de cada quien.

• La norma que establece que el matrimonio debe celebrarse entre personas de distinto sexo tiene una justificación objetiva y razonable, que consiste en el interés del Estado en privilegiar las uniones que tienden a continuar la especie, sirven para la procreación y dan base a la familia, por lo tanto, el distinto tratamiento es proporcionado con respecto a su finalidad. La exigencia mencionada no es discriminatoria, la ley, al pautar las condiciones que exige la aptitud nupcial, recoge valores socioculturales compartidas por la comunidad en una época determinada.

• Así, la ley no discrimina al padre cuando establece que no puede casarse con su hija, o a la madre con su hijo, o al hermano con su hermana, o al yerno con la suegra. Tampoco discrimina cuando establece que el matrimonio anterior, mientras subsiste, impide la celebración de otro, aunque por hipótesis, una persona de fe musulmana pudiese invocar el Corán para sostener que su religión le permite dos o tres esposas. Sería absurdo considerar que el impedimento discrimina, por razones religiosas a los musulmanes. Se trata, en todo caso, de cuestiones que atañen a valoraciones de orden público familiar que responden a tradiciones seculares, como es la prohibición del incesto o la monogamia. La heterosexualidad también atañe a ese tipo de valoraciones.

• Los instrumentos internacionales que señala el promovente, que se refieren al derecho a tener familia y al reconocimiento del derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio, son locuciones que puntualizan el derecho que toda persona tiene de casarse con una persona del sexo opuesto, pues es la esencia del connubio que sea formalizado entre un hombre y una mujer. Ello, si se toman en cuenta las fechas en que se firmaron dichos instrumentos internacionales, donde en esa época no se planteaban este tipo de cuestiones, por lo cual, el derecho que en ellos se consagra no puede ser otro que el que se acaba de señalar.

• La mención expresa del hombre y la mujer como titulares del derecho fundamental a contraer matrimonio limita su reconocimiento al celebrado entre ellos. De lo contrario, hubiera bastado con señalar el derecho de "todas las personas" a celebrar matrimonio, como se reconoce el derecho de toda persona a la vida, a la libertad, a la integridad, etcétera.

• La Constitución Federal reconoce a la institución del matrimonio como la unión entre el hombre y la mujer. De una interpretación literal, teleológica, sistemática e histórica tradicional del artículo 30, apartado B, fracción II, en relación con el primer párrafo de la propia Constitución, se desprende que el Constituyente Permanente, a través de la reforma publicada el treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, reconoció la institución del matrimonio entendiendo por ésta la unión libre entre varón y mujer. Reconoció la igualdad jurídica de la mujer frente al varón y elevó a rango constitucional la protección de la familia.

• Lo anterior, está íntimamente relacionado con el artículo 1o. de la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, porque para determinar si un trato desigual es discriminatorio en el tema, es necesario atender a las condiciones de pareja, y no a las condiciones individuales. Así, cabe preguntar: ¿Tratar jurídicamente diferente a las parejas heterosexuales respecto de las parejas homosexuales configura una discriminación?

• No pasa desapercibido que a los Jueces compete la interpretación y aplicación de la ley a los casos concretos y la realización del control de su constitucionalidad, pero no les corresponde sustituir a la ley o dejar de aplicarla recurriendo al expediente de considerarla inconstitucional, a pesar de no existir ninguna colisión con garantías constitucionales. Lo que implicaría erigirse en legislador, contrariando la esencia del Estado de derecho, la separación de los poderes y la forma republicana de gobierno.

B) El Poder Ejecutivo, por su parte, manifestó, en síntesis, lo siguiente:

• Son ciertos los actos atribuidos al Poder Ejecutivo Local, consistentes en haber promulgado y ordenado la publicación del Decreto Número 184, por el que se aprobó la reforma a los artículos 7 y 104 de la Constitución Local.

• Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el numeral 60, éste interpretado a contrario sensu, ambos de la ley reglamentaria de la materia; ello porque se promovió la acción de inconstitucionalidad fuera del plazo legal. Los artículos impugnados sufrieron reformas, sin embargo, no se modificaron las porciones normativas que el promovente pretende combatir, por lo que, en el caso, no se produjo un nuevo acto legislativo que permita su impugnación, toda vez que con su sola publicación no se alteró el contenido de los párrafos impugnados, lo que se confirma con lo expresado tanto en la exposición de motivos, como en el dictamen respectivo.

• A idéntica conclusión arribó el Tribunal Pleno de la Suprema Corte, al resolver la acción de inconstitucionalidad 22/2004, en la que consideró que cuando las reformas realizadas no van encaminadas a modificar el contenido de las porciones normativas que se pretenden combatir, no puede considerarse como un nuevo acto legislativo que autorice su impugnación, pues no fue intención del Poder Legislativo modificar el texto impugnado.

• El Estado de Baja California tiene libertad legislativa para regular la figura del matrimonio, así como establecer los fines que se persiguen con dicha unión, toda vez que la Constitución Federal y los tratados internacionales no prevén ningún tipo de directriz o limitación al respecto, sino por el contrario, dejan a criterio de los legisladores locales regular las figuras del estado civil, entre las que se encuentra el matrimonio, pudiendo regularlo libremente atendiendo a los deseos de los bajacalifornianos, quienes siempre han manifestado su deseo que una institución milenaria, como lo es el matrimonio, conserve la naturaleza y los fines que siempre la han revestido, a efecto de garantizar y salvaguardar la perpetuación de la especie en el Estado, así como que éste prevalezca como base de las familias bajacalifornianas.

• El artículo 7 impugnado salvaguarda lo dispuesto en el artículo 4o. de la Constitución Federal, por lo que hace a la protección de la familia nuclear, en concordancia con lo establecido en los numerales 40, 41 y 133 de la citada Constitución, al prever que el matrimonio es la unión de un hombre con una mujer, así como por establecer que el mismo tiene como finalidad garantizar la perpetuación de la especie en el Estado, pues precisamente, derivado del federalismo que implica la libertad y soberanía de los Estados en el régimen interior, respetando los límites del Pacto Federal, éstos gozan de la facultad legislativa que les fue reservada para legislar, a fin de regular los actos del estado civil.

• En materia internacional no existe un criterio inequívoco respecto de la permisión del matrimonio entre personas homosexuales, por el contrario, hay precedentes en materia de derecho internacional de los derechos humanos que reconocen como válida la restricción del matrimonio para parejas del mismo sexo.

• El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Schalk and Kopf Vs. Austria, de veinticuatro de junio de dos mil diez, estableció que no existe norma que consagre la obligación de los Estados de reconocer el matrimonio homosexual. Este tribunal reconoció el derecho a casarse a "hombres y mujeres". Además, reconoció el derecho a fundar una familia. El artículo 12 de la Convención Europea corresponde al artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, determinó que si bien la institución del matrimonio había sufrido grandes cambios sociales desde la adopción de las normas que lo contemplan, en Europa no existía un consenso acerca del matrimonio entre parejas homosexuales, pues en ese momento no más de seis de los cuarenta y siete Estados firmantes de la Convención Europea lo permitían.

• El citado criterio resulta aplicable al caso, toda vez que en nuestro país sólo una entidad permite en sus leyes el matrimonio entre parejas homosexuales, por tanto, el consenso nacional es que el matrimonio sólo es válido entre hombre y mujer.

• La Constitución Federal deja a decisión de los Estados el permitir o no el matrimonio entre personas del mismo sexo.

• El precedente referido fue retomado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile, sentencia de veinticuatro de febrero de dos mil doce (fondo, reparación y costas). De manera que dicho criterio puede ser retomado por el Poder Judicial de la Federación.

• Se respeta la garantía de igualdad y no discriminación puesto que la finalidad del matrimonio fue la perpetuación de la especie, lo que sólo se puede lograr a través de la unión entre un hombre y una mujer, pues las parejas homosexuales se encuentran en una situación distinta por el hecho de que biológicamente se encuentran imposibilitadas para procrear y, por ende, en respeto a la garantía de igualdad debe otorgárseles un trato distinto.

• En caso de que se determine situar a las parejas homosexuales y heterosexuales en un mismo plano de igualdad, dicha distinción no se puede calificar como justificada, o que genere un trato discriminatorio, por razones de preferencia sexual. Lo anterior, porque históricamente el matrimonio ha recibido un trato diferente, pues éste encuentra sus raíces más allá de las concepciones religiosas y morales, ya que su origen se pierde en épocas anteriores a la propia formación de los sistemas religiosos de la antigüedad, pues el modelo de matrimonio que ha imperado en la cultura occidental, específicamente en nuestro país, es el heterosexual, monógamo, con consentimiento de las partes y con fines de procreación natural, mismo que ha perdurado a lo largo de la historia del Estado Mexicano.

• Contrariamente al promovente, bajo ninguna circunstancia se puede calificar como injustificada la exclusión de las parejas del mismo sexo de la figura del matrimonio, ni tampoco que la misma genere un trato discriminatorio por razones de preferencia sexual. El matrimonio, tal como se encuentra previsto en el marco jurídico estatal, no hace una distinción implícita, por razón de preferencia sexual de los ciudadanos, ya que el derecho a casarse se otorga a cualquier persona, con independencia de su preferencia u opción sexual, ya que la misma no se cuestiona o lacera en ningún momento, puesto que, al regular la figura del matrimonio, no se buscaba reglamentar la preferencia sexual de los heterosexuales, sino que se pretendió reconocer al matrimonio como un derecho de la sociedad para garantizar y salvaguardar la perpetuación de la especie, a efecto de proteger a la familia nuclear, cuya protección se encuentra consagrada en el artículo 4o. constitucional, finalidad que sólo podrá verse satisfecha, entre la unión de un hombre con una mujer, como lo indica el artículo 7 de la Constitución Local.

• El hecho de que las parejas homosexuales no se encuentren contempladas dentro de la figura del matrimonio, prevista en las normas impugnadas, en forma alguna restringe su derecho de acceder a la certeza jurídica que otorga el Estado para proteger a las familias, toda vez que si bien es cierto que el artículo 4o. constitucional salvaguarda la protección a la familia, también es verdad que para alcanzar ese objetivo, el legislador local no puede ni debe adulterar o desnaturalizar una institución como el matrimonio, despojándola de uno de sus elementos esenciales, como lo son la procreación y, por ende, la heterosexualidad, puesto que la garantía consagrada en el citado artículo constitucional no tiene ese alcance.

• El despojar a la institución del matrimonio de la finalidad de perpetuación de la especie, arguyendo discriminación a las parejas del mismo sexo, atentaría contra la protección a la familia nuclear, formada por un papá, una mamá e hijos, la cual, igualmente, se encuentra salvaguardada en el artículo 4o. constitucional.

• El artículo 7 impugnado no resulta violatorio del derecho a la libertad de procreación, porque no restringe la procreación a persona alguna, es decir, en ningún momento señala que por el hecho de que una pareja no se encuentre casada o se trate de una persona soltera, no puedan o deban concebir hijos, pues no circunscribe el derecho de concebir hijos a las parejas unidas por el matrimonio.

• No se transgrede el derecho al libre desarrollo de la personalidad, por prever que el matrimonio será entre hombre y mujer, porque el derecho de protección a la dignidad humana comprende el decidir de manera libre a la pareja con quien desee convivir y procurarse asistencia mutua, sin que sobre este derecho pueda establecerse discriminación en razón de preferencia u orientación sexual, pues la institución del matrimonio no discrimina por razones de preferencia sexual.

• Por lo anterior, el segundo párrafo del artículo 7 de la Constitución Local no violenta el contenido de los derechos de igualdad, procreación y libre desarrollo de la personalidad contemplados en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Federal.

• Respecto a la impugnación del artículo 104, primer párrafo, de la Constitución Local, el promovente parte de premisas falsas, porque de su lectura se advierte que el supuesto normativo salvaguarda la protección del hogar y la Constitución del patrimonio familiar, sin hacer referencia a constreñir tal protección a un tipo de familia o de hogar en particular.

• La razón medular del promovente consiste en que el precepto impugnado viola derechos humanos, porque no les permite a las parejas homosexuales, ni a los concubinos y concubinas acceder a la protección que otorga el Estado, el mismo parte de datos falsos, puesto que el mismo salvaguarda la protección al hogar y la Constitución del patrimonio familiar, sin constreñir tal protección a un tipo de familia o de hogar en particular.

• Sin que sea obstáculo, que el artículo impugnado proteja a la esposa y a los hijos, porque no restringe a los mismos, sino sólo hace especial hincapié en ellos, toda vez que en el año en que se publicó el precepto combatido -dieciséis de agosto de mil novecientos cincuenta y tres-, quienes se quedaban en el hogar sin tener trabajo y a cargo de los hijos, eran en su mayoría mujeres, es por ello que hace una mención especial a ellos, ya que se encontraban en una condición de vulnerabilidad, sin embargo, ello no implica que no se contemple a la totalidad de familias integrantes del Estado de Baja California, como la integrada por un solo padre y sus hijos (as) o una sola madre y sus hijos (as) o las conformadas en concubinato o, en su caso, las familias homoparentales.

• Por ello, el artículo impugnado no realiza exclusión alguna respecto a la diversidad de familias qu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27192-6de7e7e4/accion-de-inconstitucionalidad-lineamientos-minimos-requeridos-para-considerar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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