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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. II. MATRIMONIO. LA NORMA QUE PREVÉ ESTA INSTITUCIÓN EXCLUSIVAMENTE PARA EL HOMBRE Y LA MUJER, VULNERA LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS PERSONAS, EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y EL PRINCIPIO DE IGUALDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 260 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA: "EL HOMBRE Y LA MUJER"). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES EN VÍA DE CONSECUENCIA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 258, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA: "UN HOMBRE Y UNA MUJER" Y 267 BIS, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE PREVÉ: "EL HOMBRE Y LA MUJER", AMBOS DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 28/2015. · Registro digital (IUS): 26317
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2016-05-27
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo I, Pág. 97.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 28/2015. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 26 DE ENERO DE 2016. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO Y RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiséis de enero de dos mil dieciséis, por el que se emite la siguiente:

Sentencia

Mediante la que se resuelve la presente acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra del artículo 260 del Código Civil del Estado de Jalisco,(1) en la porción normativa que establece: "el hombre y la mujer", publicado en el Periódico Oficial de la entidad el cuatro de abril de dos mil quince.

I. Trámite

1. Presentación del escrito, autoridades (emisoras y promulgadoras) y norma impugnada. El cuatro de mayo de dos mil quince, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de Luis Raúl González Pérez, quien se ostentó como presidente de este organismo, promovió acción de inconstitucionalidad, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco.

2. Norma general cuya invalidez se reclama. En esta acción de inconstitucionalidad se impugna el artículo 260 del Código Civil del Estado de Jalisco, en la porción normativa que establece: "el hombre y la mujer", publicado en el Periódico Oficial de la entidad el cuatro de abril de dos mil quince.

3. Conceptos de invalidez. El promovente, en su concepto de invalidez, manifestó, en síntesis, lo siguiente:

• I. Inconstitucionalidad del artículo 260 del Código Civil del Estado de Jalisco, en la porción normativa que dice: "el hombre y la mujer".

• El artículo 260 del Código Civil del Estado de Jalisco, en la porción normativa que señala "el hombre y la mujer", vulnera los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Federal, porque considera a la institución del matrimonio, como la restrictiva unión de un hombre y una mujer, excluyendo a las parejas del mismo sexo, lo que atenta contra el derecho a la dignidad humana, en su vertiente de libre desarrollo de la personalidad, así como los principios de igualdad y no discriminación, además de la protección a la organización y desarrollo de la familia.

• El legislador estatal, al reformar el artículo impugnado y dejar incólume la porción normativa "el hombre y la mujer", restringió el ejercicio de derechos humanos, los cuales consisten en excluir de la celebración del matrimonio a parejas del mismo sexo.

• Además, si se toma en cuenta que el diverso artículo 258 del Código Civil del Estado de Jalisco reconoce y protege la "institución del matrimonio" como un derecho de la sociedad y el medio por el cual un hombre y una mujer deciden compartir un estado de vida para la búsqueda de su realización personal y la fundación de una familia, satisfaciéndose éste solamente, mediante la unión de un hombre con una mujer, el artículo 260 impugnado, al referir la expresión "el hombre y la mujer" debe entenderse en función del artículo 258 señalado, y ello genera una violación a la protección constitucional y convencional de los derechos humanos a la que se ha obligado el Estado Mexicano, puesto que reitera una definición discriminatoria de la institución del matrimonio.

• La porción normativa del artículo impugnado, al excluir injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas del mismo sexo, que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales, se contrapone a la dignidad humana, en su vertiente de libre desarrollo de la personalidad y contraviene los artículos 1o. y 4o. constitucionales. Cita en apoyo a sus argumentaciones la tesis de rubro: "MATRIMONIO. LA LEY QUE, POR UN LADO, CONSIDERA QUE LA FINALIDAD DE AQUÉL ES LA PROCREACIÓN Y/O QUE LO DEFINE COMO EL QUE SE CELEBRA ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER, ES INCONSTITUCIONAL."

• La Suprema Corte de Justicia, al analizar, en el amparo en revisión 615/2013, la constitucionalidad del artículo 147 de la Constitución del Estado de Colima, en relación con los artículos 102, párrafos cuarto y décimo tercero, del Código Civil de dicha entidad, determinó que existía una notoria exclusión de las parejas conformadas por personas del mismo sexo, ya que se generaba una distinción basada en el reconocimiento único del matrimonio para parejas heterosexuales y que, con ello, el legislador creaba un estigma a las modalidades no tradicionales del ejercicio de este derecho, basado en una apreciación que no tenía sustento constitucional y que se veía rebasada por el contexto social actual.

• En el caso, la Legislatura del Estado de Jalisco no acoge los principios fundamentales que se esgrimen en la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once, bajo los cuales, se insta a las autoridades en el ámbito de sus competencias a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como a no atender a la prohibición de discriminación motivada por el género, preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

• La norma impugnada prevé una disposición que implica discriminación indirecta, ya que carece de contenido neutral y, por ende, afecta de manera desproporcionada y negativa a un grupo social. Cita en apoyo a su argumentación la tesis de rubro: "DISCRIMINACIÓN INDIRECTA O POR RESULTADOS. ELEMENTOS QUE LA CONFIGURAN."

• También resulta insostenible que se establezca que el Estado únicamente reconoce y protege la institución del matrimonio mediante la unión de "un hombre con una mujer", porque no se encuentra justificación que motive la distinción realizada por el legislador, y que tiene el efecto de impedir el acceso a la institución matrimonial a las parejas del mismo sexo. Al respecto, cita la tesis de rubro: "MATRIMONIO. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO ALUDE A DICHA INSTITUCIÓN CIVIL NI REFIERE UN TIPO ESPECÍFICO DE FAMILIA, CON BASE EN EL CUAL PUEDA AFIRMARSE QUE ÉSTA SE CONSTITUYE EXCLUSIVAMENTE POR EL MATRIMONIO ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER."

• Solicita que también se declare la invalidez -indirecta- del artículo 258 del Código Civil del Estado, porque el artículo impugnado -260 del mismo código-, se encuentra en función de una interpretación sistemática, en la porción normativa que señala "un hombre y una mujer". Cita en apoyo a su argumentación la tesis, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA INVALIDEZ INDIRECTA DE LAS NORMAS."

4. Disposiciones que el promovente señala como violadas. Los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 11, 17 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

5. Admisión y trámite. Mediante proveído de siete de mayo de dos mil quince, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 28/2015,(2) promovida por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro José Ramón Cossío Díaz.

6. Por acuerdo de ocho de mayo de dos mil quince, el Ministro instructor admitió la demanda de acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco, por ser quienes, respectivamente, emitieron y promulgaron la norma impugnada para que rindieran sus informes. También dio vista a la procuradora general de la República para que formulara el pedimento correspondiente.(3)

7. Informes de los Poderes Legislativo(4) y Ejecutivo(5) de la entidad.

A) El Poder Legislativo señaló, en síntesis, lo siguiente:

• En la sesión de cinco de marzo de dos mil quince se aprobó el Decreto 25314/LX/15, mediante el que se reformó el artículo 260 y se derogaron los artículos 56, 261, 262, 263, 264, 265, 266 y 267 del Código Civil del Estado de Jalisco, decreto publicado en el Periódico Oficial de la entidad el cuatro de abril del mismo año.

• Se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19, en relación con el artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia, porque la demanda se promovió de manera extemporánea. Si bien es cierto que la acción se hace valer contra la reforma al artículo 260 del Código Civil del Estado, publicado el cuatro de abril de dos mil quince, el concepto que esgrime el promovente controvierte un acto legislativo que no fue objeto de la reforma a dicho numeral.

• Lo anterior, porque la institución del matrimonio tiene su origen en un acto legislativo previo que data de la expedición del Código Civil del Estado, a través del Decreto 15776, publicado el veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y cinco, mientras que la reforma impugnada no hace ningún cambio sustancial, pues su objeto es muy específico, en cuanto a elevar la edad de dieciséis a dieciocho años para contraer matrimonio y suprimir la dispensa de edad por causas graves y justificadas.

• El hecho de que el artículo 260 del Código Civil del Estado cite un texto que data de la expedición del mismo código, no genera una nueva oportunidad para reclamar su contenido.

• No resulta aplicable la tesis de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DECRETO NÚMERO 525 PUBLICADO EL 5 DE DICIEMBRE DE 2007 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMÓ EL ARTÍCULO 32 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ESA ENTIDAD, CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO PARA EFECTOS DE LA OPORTUNIDAD DE SU IMPUGNACIÓN.", porque no es dable relacionar lo que se aprueba en la reforma al artículo 260 del Código Civil del Estado con la porción normativa reclamada por el demandante ya existente en dicho numeral, puesto que lo reformado versa sobre la edad para contraer matrimonio y no sobre el sexo de los contrayentes.

• La porción normativa que señala "el hombre y la mujer" no fue emitida en la reforma impugnada, ni fue materia de la misma, pues sólo se elevó la edad para contraer matrimonio y se suprimió la dispensa de edad por causas graves y justificadas.

• Son infundados los argumentos del promovente, porque si bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha sostenido diversos criterios relativos a que los conceptos de igualdad ante la ley y no discriminación están estrechamente vinculados, éstos no son idénticos, aunque sí complementarios, ya que la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad de la persona.

• Aun cuando el artículo 260 del Código Civil del Estado refiera la locución de "hombre y mujer", ello no debe analizarse de forma aislada, ya que la reforma tuvo como motivo elevar la edad de dieciséis a dieciocho años, indicándose como requisito que los contrayentes cuenten con cuando menos dieciocho años, a efecto de frenar matrimonios por personas menores de edad, ya sea hombre o mujer. Lo cual se advierte de los artículos que fueron derogados mediante el decreto número 25314/LX/15, puesto que el artículo 56 de este Código Civil establecía que el matrimonio de un menor de edad producía la emancipación y los restantes preceptos también derogados establecían todo lo relacionado al consentimiento necesario para que un menor de edad contrajera matrimonio.

• La estipulación genérica en el sentido de que el hombre y la mujer necesitan contar con cuando menos dieciocho años de edad para contraer matrimonio, no vulnera el derecho humano a la igualdad, ni resulta discriminatorio, toda vez que el bien jurídico tutelado es el derecho de los menores (niños, niñas y adolescentes).

• El requisito de la edad para el hombre y la mujer es una restricción que tiene por objeto evitar el matrimonio por personas menores de edad, pues el bien jurídico ponderado por los legisladores jaliscienses fueron los menores de edad, pues es predominante el interés superior de la niñez. Cita en apoyo las tesis de rubros: "PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO." e "IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. FUNCIONES Y CONSECUENCIAS EN EL USO DEL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD."

• El espíritu de la reforma combatida no es inhibir el libre desarrollo de la personalidad, por el contrario, está determinado que un individuo adquiere plenitud del desarrollo personal a los dieciocho años, en donde su emancipación le permite decidir con quién formar una vida común y/o tener hijos, si es que desean hacerlo en pareja.

• Al elevar la edad para contraer matrimonio se garantiza que la persona, en amplios aspectos, pueda tener la autodeterminación adquirida por la mayoría de edad y, por ende, se refleje en su desarrollo personal, lo que no repercute en el libre desarrollo, ni contraviene los artículos 1o. y 4o. constitucionales.

• Es inoperante lo argumentado respecto a la violación al principio pro persona, porque reclama cuestiones ajenas a lo que fue reformado, pues controvierte situaciones relativas al sexo de los contrayentes del matrimonio, perdiendo de vista que dicha reforma se enfocó solamente a la edad de los contrayentes.

• Ad cautelam, deviene infundada la supuesta violación al principio pro persona, pues la institución del matrimonio en el Estado de Jalisco, por medio de la cual, un hombre y una mujer deciden compartir un estado de vida para la búsqueda de su realización personal y la fundación de una familia, es una figura creada desde la expedición del Código Civil efectuada mediante Decreto 15776, publicado el veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y cinco. Por la misma razón, no se viola el principio de progresividad, porque la institución del matrimonio surgió desde la fecha citada, y no a partir de la reforma al artículo 260 impugnado. Por lo tanto, no es dable que se juzgue tomando en consideración un marco normativo posterior que no puede tomarse como referente para establecer que la reforma aludida genere un retroceso.

• No se violan los principios pro persona y de progresividad, porque no existe disposición en la Ley Suprema ni en los tratados internacionales de los que México es Parte, que establezcan que deba darse libertad absoluta a los menores de edad y reconocerles los mismos derechos que a los adultos; de tal suerte que puedan existir fundamentos jurídicos que se antepongan a la determinación de esta autoridad legislativa de elevar la edad y suprimir la dispensa de edad, aprobadas en la reforma que es objeto de reclamo en la presente acción.

B) El Poder Ejecutivo, por su parte, manifestó, en síntesis, lo siguiente:

• Es cierto que promulgó el Decreto Número 25314/LX/15, publicado en el Periódico Oficial del Estado el cuatro de abril de dos mil quince, por medio del cual se reformó el artículo 260 y se derogaron los artículos 56, 261, 262, 263, 264, 265, 266 y 267 del Código Civil del Estado de Jalisco.

• En el caso, debe sobreseerse en la acción de inconstitucionalidad, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19, en relación con el diverso artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia, en virtud de que se promovió de manera extemporánea, esto es, fuera del plazo de treinta días naturales para su presentación, ya que el promovente pretende impugnar una porción normativa vigente desde el veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y cinco, año en que fue publicado el texto original del Código Civil del Estado, pues la expresión "el hombre y la mujer" no sufrió modificación alguna por la reciente reforma al citado Código Civil.

• Aunado a que la intención del órgano legislativo fue la de combatir el matrimonio infantil, al subir la edad de dieciséis a dieciocho años para contraer matrimonio, atendiendo al exhorto realizado por el Comité de los Derechos del Niño, perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas para la toma de medidas urgentes para lograr la erradicación del matrimonio en la infancia.

• En la exposición de motivos se tomó en cuenta un punto de acuerdo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hecha a cada Estado de la Federación a elevar la edad a dieciocho años para que ambos contrayentes puedan celebrar matrimonio. Por lo que la intención del legislador fue modificar y no reexpedir el artículo impugnado.

• Los conceptos de invalidez son inoperantes, ya que la definición del matrimonio, al referirse a "el hombre y la mujer", atiende de manera específica a un dispositivo legal diverso, siendo éste el artículo 258 del Código Civil del Estado de Jalisco, razón por la cual, resulta inoperante para determinar la invalidez del artículo 260 del citado Código Civil.

• El artículo impugnado no excluye la celebración del matrimonio a parejas del mismo género. Además de que su validez descansa en que su modificación se motivó medularmente en la toma de medidas necesarias para la atención de una trascendente necesidad de la sociedad actual: la erradicación del matrimonio en la infancia.

• No puede concluirse discriminación alguna por motivo de género, ni restricción del ejercicio de los derechos fundamentales a parejas del mismo sexo. Por lo que, contrariamente al promovente, el artículo impugnado no violenta el derecho a la no discriminación, a la dignidad humana en su vertiente de libre desarrollo de la personalidad, derecho a la igualdad ante la ley, el principio pro persona o derecho fundamental alguno consagrado en la Constitución Federal, así como en los instrumentos internacionales que estima violados, sino que, precisamente, de conformidad con tales derechos fundamentales, es que se realizó la reforma del ordenamiento legal.

• La reforma combatida se hizo en atención a las condiciones actuales de vida, atacando principalmente violaciones a los derechos humanos, con independencia de si la persona afectada es un niño o una niña, y atendiendo necesidades y cifras importantes indicadas tanto por la Organización de las Naciones Unidas, como por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

• De conformidad con la fracción IV del artículo 41 de la ley reglamentaria de la materia, los efectos de una norma declarada inválida, sólo pueden extenderse a aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada. Sin embargo, en el caso, no se actualiza dicho supuesto, ya que el artículo 260 del Código Civil del Estado es dependiente del diverso artículo 258 del mismo ordenamiento civil, y no a la inversa.

8. Opinión de la procuradora general de la República. Esta funcionaria no emitió opinión alguna, a pesar de estar debidamente notificada.(6)

9. Cierre de instrucción. Una vez cerrada la instrucción, se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.(7)

II. Competencia

10. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(8) toda vez que se plantea la posible contradicción entre el artículo 260 del Código Civil del Estado de Jalisco y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como algunos instrumentos de carácter internacional.

III. Oportunidad

11. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal(9) dispone que el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al en que se haya publicado en el correspondiente medio oficial, la norma general o tratado internacional impugnados, considerando para el cómputo cuando se trate de materia electoral, todos los días como hábiles.

12. El decreto que contiene el artículo impugnado se publicó en el Periódico Oficial de la entidad el cuatro de abril de dos mil quince,(10) por lo que, tomando en cuenta esta fecha, el primer día del plazo para efectos del cómputo respectivo fue el cinco de abril de dos mil quince, de lo que resulta que el plazo de treinta días naturales venció el lunes cuatro de mayo de dos mil quince.

13. Por lo tanto, si la demanda se presentó el último día del plazo en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, esto es, el lunes cuatro de mayo de dos mil quince, según se advierte del sello que obra al reverso de la foja treinta y ocho del expediente, la impugnación resulta oportuna.

14. No es obstáculo a lo anterior, lo señalado por los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Jalisco, en el sentido de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19, en relación con el artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia, ya que la demanda se promovió de manera extemporánea, pues consideran que la institución del matrimonio tiene su origen en un acto legislativo previo que data de la expedición del Código Civil del Estado, a través del Decreto 15776, publicado el veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y cinco, figura que se define en el artículo 258, siendo que, en el caso, el artículo que se modificó fue el 260 y con la única intención, por parte del Poder Legislativo, de combatir el matrimonio infantil, al elevar la edad de dieciséis a dieciocho años y suprimir la dispensa de edad por causas graves y justificadas.

15. Contrariamente a lo señalado por las autoridades mencionadas, la demanda se promovió de manera oportuna, pues como ya quedó acreditado, la misma se presentó dentro del plazo de treinta días naturales previsto para ello, ya que la norma impugnada en esta acción es el artículo 260 del Código Civil del Estado de Jalisco, en la porción normativa que señala: "el hombre y la mujer", y la comisión accionante señala que, viola los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Federal, ya que al haber dejado incólume dicha porción normativa se restringió el ejercicio de derechos humanos, al excluir de la celebración del matrimonio a parejas del mismo sexo. Asimismo, indica que la porción señalada del artículo impugnado está relacionada con el diverso artículo 258, lo que reitera una definición discriminatoria de la institución del matrimonio, por lo que también solicita que, en vía de consecuencia, se declare la invalidez de este último precepto -de manera indirecta-, el cual, en efecto, no fue reformado.

16. Además, si bien es cierto que pudiera pensarse que la reforma al artículo 260 impugnado dejó intocada de la redacción anterior, la porción normativa que indica: "el hombre y la mujer",(11) cabe señalar que, en el caso, estamos en presencia de un nuevo acto legislativo, ya que se llevó a cabo un procedimiento legislativo y la modificación normativa fue sustantiva.

17. Al respecto, conviene hacer una breve narrativa de los criterios emitidos por este Tribunal Pleno relativos al tema de nuevo acto legislativo para efectos de su impugnación o sobreseimiento por cesación de efectos, a través de una acción de inconstitucionalidad.

18. En principio, conviene citar la tesis de jurisprudencia P./J. 8/2004 que, de manera general, precisa cuándo se actualiza la causa de improcedencia por cesación de efectos de la norma en una acción de inconstitucionalidad:(12)

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA.-Los artículos 59 y 65, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen, respectivamente, que en las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán, en lo conducente y en todo aquello que no se encuentre previsto en el título III de dicho ordenamiento que regula el procedimiento de esas acciones, las disposiciones relativas a las controversias constitucionales contenidas en el título II de la ley citada, y que en las mencionadas acciones se aplicarán las causales de improcedencia consignadas en el artículo 19 de la indicada ley reglamentaria, con excepción de la señalada en su fracción II. Por tanto, la causal de improcedencia establecida en la fracción V del mencionado artículo 19, en materia de acciones de inconstitucionalidad, se actualiza cuando simplemente dejen de producirse los efectos de la norma general que la motivaron, en tanto que ésta constituye el único objeto de análisis en ellas, además de que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, según lo dispuesto por los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria."

19. Ahora bien, al resolver la acción de inconstitucionalidad 14/2001, en sesión pública de siete de agosto de dos mil uno,(13) el Tribunal Pleno determinó que, en términos del principio de autoridad formal de la ley o de congelación de rango, la reforma o adición a una disposición general constituye un acto legislativo en el que se observa el mismo procedimiento e idénticas formalidades a las que le dieron nacimiento a aquélla, por lo que un nuevo texto de la norma general, al ser un acto legislativo distinto al anterior -formal y materialmente-, puede ser impugnado a través de la acción de inconstitucionalidad, sin que sea obstáculo que reproduzca íntegramente lo dispuesto con anterioridad. De este modo, el criterio consiste en que cualquier reforma o adición a una norma general autoriza su impugnación a través de este medio de control constitucional, aun cuando se reproduzca íntegramente la disposición anterior, ya que se trata de un nuevo acto legislativo. Este criterio se aplicó en diversos precedentes, entre ellos, la acción de inconstitucionalidad 5/2004, resuelta en sesión pública de dieciséis de marzo de dos mil cuatro,(14) siendo esta última de la que derivó la tesis de jurisprudencia P./J. 27/2004, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA REFORMA O ADICIÓN A UNA NORMA GENERAL AUTORIZA SU IMPUGNACIÓN A TRAVÉS DE ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, AUN CUANDO SE REPRODUZCA ÍNTEGRAMENTE LA DISPOSICIÓN ANTERIOR, YA QUE SE TRATA DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO."(15)

20. Si bien este criterio se ha reiterado en posteriores precedentes y aún se aplica, el mismo en ningún momento se refirió a un posible análisis del proceso legislativo para desentrañar la intención del legislador, al momento de realizar una reforma a la norma general de que se trate, así como tampoco a la hipótesis relativa a que la norma general impugnada fuera reformada no en su totalidad, sino sólo en partes, párrafos o fracciones, por lo que, posteriormente, se emitieron otros criterios sobre el tema.

21. Así, al fallar la acción de inconstitucionalidad 22/2004, en sesión pública de diez de julio de dos mil siete,(16) el Tribunal Pleno indicó que la tesis de jurisprudencia P./J. 27/2004 -antes referida-, no resultaba aplicable para la resolución de esta nueva acción y precisó que cuando la reforma o adición no fuera dirigida al contenido normativo del precepto impugnado, sino sólo a su identificación numérica -como mero efecto de la incorporación de otras disposiciones al texto legal al que pertenece-, al tratarse únicamente de un cambio en el elemento numérico asignado a su texto, no podía considerarse como un acto legislativo nuevo que pudiera ser impugnado a través de esta vía, ya que en esta hipótesis, no se acreditaba la voluntad del legislador para reformar, adicionar, modificar o, incluso, repetir el texto de la norma general. De este precedente surgió la tesis de jurisprudencia P./J. 96/2007, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL CAMBIO DE LA IDENTIFICACIÓN NUMÉRICA DE UNA NORMA GENERAL NO CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO PARA EFECTOS DE SU IMPUGNACIÓN A TRAVÉS DE AQUEL MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL."(17)

22. Posteriormente, al fallarse la acción de inconstitucionalidad 4/2004, en sesión pública de siete de febrero de dos mil ocho,(18) este Tribunal Pleno sostuvo que el sobreseimiento de una acción de inconstitucionalidad por cesación de efectos de la norma general impugnada, cuando ésta ha perdido su vigencia con motivo de un nuevo acto legislativo, sólo opera respecto de la parte que fue motivo de aquél, independientemente de que se haya emitido con el mismo texto de la norma anterior o se haya variado en algún o alguno de sus párrafos concretos, indicando el legislador su voluntad mediante la inserción del texto que quiso repetir o variar, intercalándolo con los paréntesis y puntos suspensivos representativos de los textos en los que permaneció la misma norma o alguna de sus partes, al no ser objeto del nuevo acto legislativo, por lo que la declaratoria de improcedencia no puede abarcar todo el texto del artículo relativo, sino únicamente la parte afectada por el nuevo acto legislativo, ya que los párrafos intocados subsisten formal y materialmente, al ser enunciados normativos contenidos en un artículo concreto motivo de un acto legislativo anterior que continúa vigente. De este precedente surgió la tesis de jurisprudencia P./J. 41/2008, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, CUANDO ÉSTA HA SIDO MOTIVO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO EN ALGUNO O ALGUNOS DE SUS PÁRRAFOS, LLEVA A SOBRESEER ÚNICAMENTE RESPETO DE LOS QUE PERDIERON SU VIGENCIA AL INICIARSE LA DEL NUEVO ACTO LEGISLATIVO Y SIEMPRE Y CUANDO NO PRODUZCAN EFECTOS PARA EL FUTURO."(19)

23. Continuando con este desar

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26317-41996064/i-accion-de-inconstitucionalidad-lineamientos-minimos-requeridos-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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