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I. MATRIMONIO. EVOLUCIÓN DEL MARCO JURÍDICO NACIONAL E INTERNACIONAL QUE REGULA EL DERECHO A CONTRAER MATRIMONIO Y LA EDAD MÍNIMA PARA EJERCERLO. II. MATRIMONIO INFANTIL. INFORMES, OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y RESOLUCIONES FORMULADAS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES EN RELACIÓN CON LA NECESIDAD DE ERRADICAR LOS MATRIMONIOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. III. MATRIMONIO. LA PRERROGATIVA A CONTRAERLO ES UN DERECHO HUMANO RECONOCIDO EN DIVERSOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES, RESTRINGIDO EN RAZÓN DE LA EDAD, SIENDO LA MÍNIMA PARA ELLO EN EL ESTADO MEXICANO, LA DE DIECIOCHO AÑOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 45 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. IV. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. ES UN PRINCIPIO DE RANGO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO EN LA REGULACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES. V. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. NATURALEZA Y ALCANCES EN EL ORDEN JURÍDICO NACIONAL E INTERNACIONAL. VI. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. CONSTITUYE UNA EXPRESIÓN DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA PERSONAL Y GUARDA UNA RELACIÓN IMPORTANTE CON EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. VII. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. CONSTITUYE UN CRITERIO ORIENTADOR DE TODA PRODUCCIÓN NORMATIVA, QUE NO SÓLO INCLUYE LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL DERECHO, SINO TAMBIÉN POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES ESPECÍFICAS DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. VIII. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. LA FEDERACIÓN, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS TIENEN FACULTADES PARA LEGISLAR Y ACTUAR EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, SIEMPRE VELANDO POR SU INTERÉS SUPERIOR, CUMPLIENDO CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES APLICABLES. IX. DERECHOS HUMANOS. SU CONTENIDO NO SE LIMITA AL TEXTO EXPRESO DE LA NORMA QUE LO PREVÉ, SINO QUE SE EXTIENDE A LA INTERPRETACIÓN QUE LOS ÓRGANOS AUTORIZADOS HAGAN AL RESPECTO. X. MATRIMONIO INFANTIL. LA ELIMINACIÓN DE LA POSIBILIDAD DE OTORGAR DISPENSAS –EN CASOS GRAVES Y JUSTIFICADOS– A MENORES DE EDAD PARA CONTRAER MATRIMONIO EN EL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, NO VULNERA EL ARTÍCULO 2 DE LA CONVENCIÓN SOBRE EL CONSENTIMIENTO PARA EL MATRIMONIO, LA EDAD MÍNIMA PARA CONTRAER MATRIMONIO Y EL REGISTRO DE MATRIMONIOS (DECRETOS NÚMEROS 309 Y 310, EXPEDIDOS POR LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, EN ESPECÍFICO EN LA PARTE EN QUE SE REFORMARON LOS ARTÍCULOS 28, FRACCIÓN I; 90, FRACCIÓN V; 92; 137; 145; 153, FRACCIÓN I; 168; 179; 231; 287; 435; 457; 460; 464; 495; 663; Y 755, FRACCIÓN I, Y SE DEROGARON LOS DIVERSOS NUMERALES 85; 86; 87; 88; 90, FRACCIÓN II; 95, FRACCIONES II Y IV; 138; 146; 148; 149; 150; 151; 152; 153, FRACCIÓN II, 169; 184; 260; 261; 262; 263; 465, FRACCIÓN II; 473; 521; 647, FRACCIÓN II; 660; 665 Y 667, TODOS DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). XI. CONTROL CONSTITUCIONAL DE NORMAS GENERALES. METODOLOGÍA DEL TEST DE RAZONABILIDAD PARA VERIFICAR SI ÉSTAS AL REGULAR UN DETERMINADO DERECHO HUMANO TIENEN UN FIN CONSTITUCIONAL Y EXISTE UNA RELACIÓN RELEVANTE ENTRE EL MEDIO LEGISLATIVO ADOPTADO Y ESE FIN. XII. MATRIMONIO INFANTIL. LA ELIMINACIÓN DE LA POSIBILIDAD DE OTORGAR DISPENSAS –EN CASOS GRAVES Y JUSTIFICADOS– A MENORES DE EDAD PARA CONTRAER MATRIMONIO POR PARTE DEL LEGISLADOR DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SUPERA EL TEST DE RAZONABILIDAD EN TANTO QUE CONSTITUYE UNA MEDIDA JUSTIFICADA CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE QUE ESTÁ VINCULADA CON LA FINALIDAD PERSEGUIDA DE PROTEGER A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (DECRETOS NÚMEROS 309 Y 310, EXPEDIDOS POR LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, EN ESPECÍFICO EN LA PARTE EN QUE SE REFORMARON LOS ARTÍCULOS 28, FRACCIÓN I; 90, FRACCIÓN V; 92; 137; 145; 153, FRACCIÓN I; 168; 179; 231; 287; 435; 457; 460; 464; 495; 663; Y 755, FRACCIÓN I, Y SE DEROGARON LOS DIVERSOS NUMERALES 85; 86; 87; 88; 90, FRACCIÓN II; 95, FRACCIONES II Y IV; 138; 146; 148; 149; 150; 151; 152; 153, FRACCIÓN II, 169; 184; 260; 261; 262; 263; 465, FRACCIÓN II; 473; 521; 647, FRACCIÓN II; 660; 665 Y 667, TODOS DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). XIII. MATRIMONIO INFANTIL. LA ELIMINACIÓN DE LA FIGURA DE LA DISPENSA PARA CONTRAER MATRIMONIO NO RESTRINGE EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DE LAS Y LOS MENORES, SINO POR EL CONTRARIO CONTRIBUYE A GARANTIZAR CON MAYOR SEGURIDAD ESE DERECHO (DECRETOS NÚMEROS 309 Y 310, EXPEDIDOS POR LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, EN ESPECÍFICO EN LA PARTE EN QUE SE REFORMARON LOS ARTÍCULOS 28, FRACCIÓN I; 90, FRACCIÓN V; 92; 137; 145; 153, FRACCIÓN I; 168; 179; 231; 287; 435; 457; 460; 464; 495; 663; Y 755, FRACCIÓN I, Y SE DEROGARON LOS DIVERSOS NUMERALES 85; 86; 87; 88; 90, FRACCIÓN II; 95, FRACCIONES II Y IV; 138; 146; 148; 149; 150; 151; 152; 153, FRACCIÓN II, 169; 184; 260; 261; 262; 263; 465, FRACCIÓN II; 473; 521; 647, FRACCIÓN II; 660; 665 Y 667, TODOS DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). XIV. MATRIMONIO INFANTIL. LA ELIMINACIÓN DE LA FIGURA DE LA DISPENSA PARA CONTRAER MATRIMONIO,

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 22/2016. · Registro digital (IUS): 29461
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-08-14
Promovente: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo II, Pág. 1972.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 22/2016. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 26 DE MARZO DE 2019. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: MANUEL POBLETE RÍOS.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiséis de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación de la demanda; precisión de actos y autoridades impugnados; narración de antecedentes; conceptos de invalidez y preceptos constitucionales y convencionales violados. Por escrito recibido el veintidós de marzo de dos mil dieciséis en las Oficinas de Correos de México de Aguascalientes, Aguascalientes, y recibido el día veintinueve siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jesús Eduardo Martín Jáuregui, en su carácter de presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de:

"La reforma al artículo 145 del Código Civil de Aguascalientes y, en consecuencia, la derogación de los artículos 85, 86, 87, 88, 90, fracción II, 95, fracciones II y IV, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, fracción II, 169, 184, 465, fracción II, 473, 521, 647, fracción II, 660, 665 y 667, y las reformas de los artículos 28, fracción I, 90, fracción V, 92, 153, fracción I, 168, 179, 231, 287, 435, 457, 460, 464, 495, 663 y 775 (sic), fracción I, del Código Civil del Estado de Aguascalientes, expedidas mediante Decreto Número 309 expedido por la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes, y también como consecuencia la derogación de los artículos 138, 260, 261, 262, 263 y la reforma del artículo 137 del Código Civil del Estado de Aguascalientes expedidas mediante Decreto Número 310 expedido por la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes, ambos publicados en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el veintidós de febrero del año dos mil dieciséis en la primera sección."

La emisión y promulgación de los decretos antes mencionados se atribuyeron a los siguientes órganos:

• Órgano legislativo: Congreso del Estado de Aguascalientes.

• Órgano ejecutivo: Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes.

El promovente señaló como antecedentes de las normas impugnadas, lo siguiente:

"El artículo 145 del Código Civil de Aguascalientes, antes del año dos mil quince, establecía como edad mínima para contraer matrimonio la de dieciséis años y por causas excepcionales, graves y justificadas podía obtenerse dispensa judicial para que menores desde los catorce años pudieran casarse; luego, en el mes de junio de dos mil quince, el numeral citado se reformó para establecer como edad mínima para contraer matrimonio la de dieciocho años de edad, conservando la opción de que pudiera obtenerse dispensa judicial por causas graves y justificadas para los mayores de catorce años; después en la reforma que se demanda inconstitucional se eliminó la posibilidad de obtener la dispensa judicial para cualquier edad menor a los dieciocho años.

"Los artículos 1o., 4o., 14 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 23 y 24 del ‘Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos’; 17 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ‘Pacto de San José de Costa Rica’; 8.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño y 2 de la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios, se consagran los derechos de seguridad jurídica, el derecho al matrimonio, a la protección a la familia y a la niñez, al libre desarrollo de la personalidad y la no discriminación."

La Comisión Estatal de Derechos Humanos, en su único concepto de invalidez, aduce, en síntesis, que:

• La reforma al artículo 145 del Código Civil de Aguascalientes violenta el derecho a contraer matrimonio establecido en los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que si bien es cierto que esas disposiciones establecen que las leyes internas fijarán la edad y condiciones para contraer matrimonio, cierto es también que el artículo 2 de la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios prevé que la autoridad competente deberá poder dispensar el requisito de la edad por causas justificadas y en interés de los contrayentes.

• El derecho a contraer matrimonio trae aparejado el reconocimiento y ejercicio de otros derechos o beneficios en favor de ambos cónyuges, como: los beneficios fiscales; beneficios de solidaridad; beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges; beneficios de propiedad; beneficios en la toma subrogada de decisiones médicas; y beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros; tal y como se ha reconocido por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 46/2015 (10a.). Por tanto, cuando se prohíbe que una persona se case, no sólo se le priva de ejercer el derecho de contraer matrimonio, sino también del disfrute de los demás derechos que derivan de aquél, así como de la seguridad jurídica que implica estar en una relación de pareja formalizada a través del matrimonio.

• Incluso, la institución del matrimonio trae aparejados derechos para los hijos que nacen de quienes se encuentran en una relación de este tipo, como la presunción de paternidad que conlleva a la filiación y, con ella, los derechos a obtener alimentos, a la convivencia, a gozar de las medidas de protección por parte de su familia, a la identidad, a obtener un nombre propio y apellidos de los padres, a la nacionalidad, a gozar de la patria potestad y la guarda y custodia, a heredar, etcétera. Y, por contrapartida, se genera también la consecuente responsabilidad de los ascendientes de satisfacer esos derechos.

• En este contexto, la afectación que genera la prohibición para que los menores de dieciocho años contraigan matrimonio no debe verse de manera aislada, sino de manera integral con los efectos que provoca en los derechos de terceros, al tratarse de una institución que reconoce derechos a los hijos que nacen en matrimonio y a la familia constituida bajo esta figura jurídica, la cual ha sido adoptada tradicionalmente por nuestra sociedad y a la que la ley ha reconocido derechos específicos que benefician tanto a los contrayentes como a los hijos.

• Aunque el matrimonio no es la única manera de formar una familia, lo cierto es que, al impedirle a una persona que se case, se le priva del derecho a optar por este tipo de familia, con lo que se violenta el libre desarrollo de la personalidad.

• El Estado tiene prohibido interferir en la elección que en ejercicio de su autonomía realicen las personas, teniendo como único límite el orden público y los derechos de terceros.

• Los hijos que nacen fuera de matrimonio no tienen derecho a la presunción de la filiación, por lo que si bien gozan de los mismos derechos que los hijos que nacen dentro de matrimonio, deben acudir a los tribunales a demandar el reconocimiento de su identidad, a tener un nombre, una nacionalidad y una filiación, con lo que se violenta el principio del interés superior de la niñez.

• El derecho a casarse no tiene restricción alguna en la Constitución, y según la Declaración Universal de Derechos del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tal derecho le corresponde a quienes estén en edad núbil, mientras que, de conformidad con el artículo 2 de la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de Matrimonios, los Estados Parte deben adoptar medidas para determinar la edad mínima para que las personas puedan casarse legalmente, pero también se dispone que la autoridad competente debe poder dispensar el requisito de la edad por causas justificadas y en interés de los contrayentes.

• Por tanto, la restricción que se hace en el artículo 145 del Código Civil de Aguascalientes excede a las disposiciones constitucionales y convencionales, al no permitir que un Juez pueda otorgar la dispensa por razón de la edad en casos excepcionales.

• Si bien una de las tendencias a prohibir el matrimonio infantil atiende a una problemática generada por matrimonios forzosos que se da principalmente en el África subsahariana y en Asia Meridional, según documentos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, lo cierto es que en Aguascalientes, según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), específicamente, en el cuadro 3.9 del anuario estadístico y geográfico de Aguascalientes dos mil quince, la incidencia de madres menores de diecinueve años en el año 2013 fue de 18.68% de las entrevistadas, mientras que en el año 2014 fue de 19.64%, lo que refleja la necesidad de que se legisle en protección de los y las adolescentes que se convierten en padres y madres a temprana edad y de los hijos e hijas que tengan, procurando siempre el interés superior de los menores de edad.

• La restricción contenida en la norma impugnada impide que menores de dieciocho años que hayan alcanzado la madurez suficiente para contraer matrimonio, puedan ser evaluados por la autoridad jurisdiccional para que, en caso de ser procedente, se les dispense la edad y se les permita casarse.

• La reforma impugnada afecta el artículo 1o. constitucional, pues el legislador no atendió a los principios de universalidad y progresividad de los derechos humanos, en tanto que la eliminación de la posibilidad de otorgar dispensa constituye una regresión en el orden jurídico mexicano convencional.

• La porción normativa controvertida tampoco se puede considerar una restricción necesaria, pues para cuidar que los menores de dieciocho años no sean víctimas de matrimonios en detrimento de sus derechos, existen medidas menos lesivas, como la que estaba establecida antes de la reforma, la cual garantizaba que tanto los adolescentes que se casaran como los hijos que les nacieran, en caso de que los hubiera, pudieran gozar de los derechos que las leyes del Estado les reconocen a los cónyuges y a los hijos de matrimonio.

• Además, la prohibición de que los menores de dieciocho años se casen, sin posibilidad de excepción, no constituye un medio apto para prohibir la unión de dos personas menores de esa edad; sólo constituye un obstáculo para que las personas con la voluntad de contraer matrimonio lo realicen, pues con esta medida no se impide que formen uniones libres que comportan derechos diferentes a la institución del matrimonio, pero sí se les coarta su derecho a la seguridad jurídica que les da el desarrollo de su libre personalidad, al no permitirles optar por el tipo de unión que quieran y los derechos protectores de la familia.

• La reforma resulta discriminatoria desde el punto de vista de la transversalidad de los derechos humanos, ya que no constituye solamente una restricción al derecho a casarse y constituir una familia a través de la unión del matrimonio, sino un obstáculo que impide su derecho para todas las personas menores de dieciocho años; lo que infringe el artículo 1o., párrafo 5, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La parte promovente precisó como, preceptos constitucionales y convencionales violados, los artículos 1o., 4o., 14 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 23 y 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 17 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2 de la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios.

SEGUNDO.—Radicación y turno. Mediante proveído de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 22/2016.(1)

De acuerdo con el registro de turno de los asuntos, en términos del artículo 81 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se designó al Ministro José Fernando Franco González Salas como instructor en la acción de inconstitucionalidad.

TERCERO.—Admisión. El Ministro instructor, mediante acuerdo de treinta de marzo de dos mil dieciséis, admitió la acción, ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió las normas impugnadas y al Poder Ejecutivo que las promulgó, para que rindieran sus respectivos informes y dio vista a la procuradora general de la República para que formulara el pedimento que le corresponde.(2)

CUARTO.—Informe del Poder Legislativo. Por escrito recibido el veintiocho de abril de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el diputado Guillermo Ulises Ruiz Esparza de Alba, en su carácter de presidente de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente y representante legal de la LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de Aguascalientes, rindió el informe respectivo, en el que manifestó que las reformas y derogaciones impugnadas atendieron al interés superior del menor y resultan pertinentes, de acuerdo con lo siguiente:(3)

• En el dictamen relativo a las reformas impugnadas se menciona que el doce de octubre de dos mil once se publicó en el Diario Oficial de la Federación la adición de la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer como facultad exclusiva del Congreso de la Unión, la expedición de leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los que México sea Parte.

En uso de la atribución referida, el Congreso General expidió la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo artículo 45 atiende a la necesidad de evitar cualquier disposición legal que permita el matrimonio de niñas, niños y adolescentes, esto es, de cualquier ser humano menor de dieciocho años de edad, que en términos de lo dispuesto por el artículo 1 de la Convención de los Derechos del Niño, es todo ser humano menor de dieciocho años de edad.

• Partiendo de la concepción convencional sobre la edad de las niñas y niños, resalta el artículo 16.2 de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que dispone que no tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niñas y niños y se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso, de carácter legislativo, para fijar una edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro oficial.

• De igual forma, en el preámbulo de la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios se precisa que todos los Estados "deben adoptar todas las disposiciones adecuadas con objeto de abolir ... costumbres, antiguas leyes y prácticas, entre otras cosas, asegurando la libertad completa en la elección de cónyuge, aboliendo totalmente el matrimonio de los niños y la práctica de los esponsales de las jóvenes antes de la edad núbil, estableciendo con tal fin las penas que fueren del caso y creando un registro civil o de otra clase para la inscripción de todos los matrimonios".

• Por lo que las leyes deben garantizar que la edad mínima para contraer matrimonio sea de dieciocho años, con el propósito de fijar un criterio objetivo de madurez y evitar parámetros subjetivos sobre la madurez de la persona contrayente, que generalmente son motivados por percepciones erróneas que equiparan la madurez sexual con la preparación para el matrimonio, sin tomar en cuenta el desarrollo que se sigue produciendo, por lo que, incluso, el Comité de los Derechos del Niño ha considerado que el desarrollo físico no conlleva madurez, especialmente, cuando se está en pleno proceso de desarrollo mental y social.

• Por su parte, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, incluso, recomienda que las leyes no deben permitir excepciones en la edad mínima, que es de dieciocho años, para contraer matrimonio, ya que las investigaciones señalan que las niñas que se casan más jóvenes sufren las consecuencias nocivas del matrimonio infantil y precoz.

• Siguiendo la idea de quitar del orden normativo local cualquier disposición que implique la permisión del matrimonio de niñas o niños, fue que se atendió al oficio número DGPL-2P1A.-765.1, de dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, suscrito por la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y dirigido al diputado J. Luis Fernando Muñoz López, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Aguascalientes, por medio del cual se hizo del conocimiento que en sesión celebrada en esa fecha se aprobó el dictamen de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, en cuyo punto de acuerdo único, el Senado de la República exhortó a los Congresos Estatales a reformar sus códigos civiles y demás disposiciones aplicables con la finalidad de elevar la edad mínima para contraer matrimonio a dieciocho años, sin ninguna excepción, y así romper el ciclo de discriminación y violencia contra las niñas, niños y adolescentes, así como promover y proteger el goce pleno y efectivo de sus derechos humanos.

QUINTO.—Informe del Poder Ejecutivo. Por oficio depositado el dieciocho de abril de dos mil dieciséis en la Administración Postal "Hospitalidad" en Aguascalientes, Aguascalientes, y recibido el día veintiocho siguiente en este Alto Tribunal, Alejandro Bernal Rubalcava, en su carácter de subsecretario de Gobierno, en suplencia por ausencia del secretario general de Gobierno, representante legal del Gobierno del Estado y del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, rindió informe en nombre del Poder Ejecutivo del Estado, en el que adujo, esencialmente, que:(4)

• Los Decretos Números 309 y 310, por medio de los cuales se reforman y derogan varios artículos del Código Civil del Estado de Aguascalientes, relacionados con la edad mínima para contraer matrimonio en el Estado de Aguascalientes, son material y formalmente de carácter legislativo, pues son producto de una deliberación que se hizo en el Congreso del Estado, en la que el Ejecutivo solamente cumplió con la función de promulgación de las leyes.

• En este contexto, es cierto que los citados decretos fueron promulgados por el Ejecutivo del Estado y publicados en el Periódico Oficial del Estado número 8, primera sección, el día 22 de febrero de 2016, lo cual se hizo en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 46, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.

• Con independencia de que sean ciertos los actos reclamados al Gobernador Constitucional del Estado, debe tomarse en consideración que la Constitución Política del Estado de Aguascalientes solamente faculta al gobernador para que, una vez aprobada una ley por parte del Poder Legislativo del Estado, sea el Poder Ejecutivo quien la mande publicar. Es decir, la promulgación de una ley es una actividad del Ejecutivo que se encuentra subordinada al Poder Legislativo, quien expide la ley; publicación que, por tanto, se hace en acatamiento al sistema jurídico federal y al propio del Estado, ya que la facultad de promulgar las leyes expedidas por el Congreso es en realidad una obligación a cargo del Ejecutivo Local, atento a lo dispuesto por los artículos 32, 35 y 46, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.

• Por tanto, la sola publicación ordenada por el Ejecutivo no viola los artículos constitucionales que menciona la promovente en su escrito de demanda.

SEXTO.—Pedimento. Mediante oficio PGR/130/2016, presentado el diecisiete de mayo de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la procuradora general de la República formuló pedimento, en el que expuso la siguiente opinión:(5)

Consideraciones preliminares

El matrimonio infantil es una forma de discriminación y violencia motivada por estereotipos de género, en el que las víctimas –en su gran mayoría niñas– son vulneradas en el goce y ejercicio de sus derechos como infantes, impidiendo su pleno desarrollo individual.

De conformidad con el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se entiende como matrimonio infantil, aquella unión conyugal en la que, al menos, uno de los contrayentes es una niña o un niño.

Según diversos informes mundiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cada año diez millones de niñas contraen matrimonio antes de los 18 años de edad; por lo que anuncian que si no se modifican los patrones de edad mínima permitida para contraer matrimonio, cien millones de niñas en el mundo habrán contraído nupcias durante los próximos diez años, lo que significaría veinticinco mil niñas casadas cada día y diecinueve cada minuto.

Desde enero de dos mil quince, en México entró en vigor la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual establece, en su artículo 45, que "Las leyes federales y de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años". No obstante, los Códigos Civiles de veinticinco Estados de la República Mexicana –incluyendo la Ciudad de México– no han armonizado su normatividad conforme a la citada ley, y sigue vigente la disposición que permite que niñas y niños contraigan matrimonio antes de los dieciocho años.

De acuerdo con un estudio realizado por el despacho de Consultores en Administración de Políticas Públicas, en México se tienen registrados cinco mil doscientos treinta y cuatro casos de matrimonio infantil y los cinco Estados con mayor incidencia son: Guerrero (795), Chiapas (747), Estado de México (541), Coahuila (463) y Michoacán (454).

Existen diversos factores que inciden de manera directa en las uniones matrimoniales infantiles:

a) Pobreza extrema. El matrimonio infantil sigue siendo una práctica frecuente en zonas rurales y comunidades en condiciones de pobreza extrema, donde en muchas ocasiones los padres buscan asegurar la subsistencia de sus hijas, así como de su familia, a través del matrimonio forzado que obtenga como contraprestación una suma monetaria. Esta práctica incrementa el riesgo de la trata de niñas.

b) Falta de acceso a la educación. La mayoría de casos de matrimonio infantil se encuentran íntimamente asociados a la falta de oportunidades educativas para niñas y niños.

c) Práctica cultural aceptada. En muchos contextos, las familias que casan a sus hijos o hijas a una edad temprana, lo hacen porque es una práctica cultural aceptada.

d) Ideas estereotipadas de la sexualidad. La decisión de los padres de casar a sus hijas a una edad temprana, muchas veces está motivada por ideas estereotipadas de la sexualidad y de la función de la mujer en la sociedad. Por ejemplo, algunos padres consideran que es una medida para: proteger a las niñas frente al riesgo de violencia sexual; prevenir las relaciones prematrimoniales y el posible deshonor de la familia; restablecer el honor de la familia en casos de violencia sexual; o esconder la orientación sexual real o percibida.

Ahora bien, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de los Derechos del Niño han señalado que el matrimonio forzado e infantil perpetúa la discriminación mediante costumbres adversas y actitudes tradicionales, y sitúan a las mujeres y niñas en un nivel de subordinación con respecto al del hombre, atribuyéndoles funciones estereotipadas en la sociedad.

De esta manera, se pueden identificar diversos efectos negativos en las niñas derivados del matrimonio infantil, como los siguientes:

a) Violencia doméstica. En las relaciones de este tipo, generalmente la diferencia de edad y poder entre la niña y el esposo son muy evidentes, por lo que son más vulnerables a sufrir violencia física, psicológica, económica y sexual. De igual forma, es común que se demerite su capacidad de actuación y autonomía.

b) Esclavitud y prácticas análogas de esclavitud. Las niñas que han contraído matrimonio son más propensas a la esclavitud sexual, la servidumbre infantil, la trata de personas y el trabajo forzoso; un porcentaje elevado de casos de matrimonio infantil equivalen a las peores formas de trabajo infantil.

c) Repercusiones sociales y de salud. El matrimonio infantil se asocia con distintas repercusiones sociales y de salud deficiente, como los relacionados con embarazos precoces, elevadas tasas de morbilidad y mortalidad materno infantil, que pueden afectar negativamente la salud sexual y reproductiva de las niñas; se ha evidenciado que son más propensas a contraer infecciones de transmisión sexual y VIH.

d) Falta de oportunidades educativas, laborales y económicas. El matrimonio infantil constituye un obstáculo para asegurar las oportunidades de educación y de acceso a un trabajo remunerado, en virtud de que se desalienta a las niñas a que asistan a la escuela cuando contraen matrimonio y se embarazan.

e) Pobreza. En muchos países, el matrimonio infantil está ligado a la pobreza. Las niñas casadas suelen tener más hijos y menos probabilidades de obtener ingresos propios para subsistir, lo que perpetúa la feminización de la pobreza.

Es por todo lo anterior que se estima que la medida legislativa tomada por el Congreso del Estado de Aguascalientes, en el sentido de establecer, como edad mínima los 18 años para contraer matrimonio, se encuentra alineada con los esfuerzos del Estado Mexicano para prevenir y erradicar el matrimonio infantil, a efecto de empoderar a las mujeres y niñas, a través de este tipo de medidas legislativas, lo que garantiza a las niñas y niños el goce pleno de sus derechos humanos.

Consideraciones en torno al concepto de invalidez planteado

a. Consideraciones en contra del concepto de invalidez

Los argumentos expresados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes, en su único concepto de invalidez, son infundados, ya que de la interpretación conjunta y sistemática realizada a los artículos 4o., párrafo noveno, de la Constitución Federal y 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se advierte que los Congresos de los Estados, al expedir leyes locales, están compelidos a establecer como edad mínima para contraer matrimonio los dieciocho años de edad.

Para entender el alcance de tal obligación resulta particularmente importante centrarnos en la naturaleza jurídico-constitucional que poseen las leyes generales, respecto de las cuales, el Más Alto Tribunal del País, a partir de sus criterios, ha realizado un matiz que permite una diferencia dentro del catálogo de leyes generales, a saber: i) aquellas que se desarrollan en una lógica de "federalismo cooperativo" y ii) aquellas que se desarrollan en una lógica de "concurrencia operativa y limitada".

Respecto de las leyes generales en la lógica del federalismo cooperativo, la Suprema Corte ha señalado que guardan una relación de jerarquía con las leyes federales y locales, en la medida en que se desarrollan y desenvuelven en el orden jurídico constitucional o total, toda vez que en ellas terminarán de distribuirse las competencias que el Poder Constituyente constituido no haya deseado distribuir, al establecer dentro de nuestro sistema constitucional las denominadas facultades concurrentes.

Así, las leyes generales cumplen con la misión y esencia que la Corte reconoció alguna vez en su jurisprudencia histórica, al afirmar que no es exacto que el artículo 133 de la Constitución debe interpretarse en el sentido de que las leyes que emanen de la misma sólo prevalecen sobre las disposiciones que en contrario pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados, sino que esa prevalencia o jerarquía superior de las leyes que emanen de la Constitución se extiende a toda clase de leyes, bien sean federales o locales, toda vez que hay un orden jerárquico en las leyes que tienen por cima a la Constitución, por ser la Ley Suprema del país, y ésta, en el artículo 133, nos aclara que esa misma categoría tienen las leyes que de la propia Constitución emanen, es decir, las leyes reglamentarias de preceptos constitucionales, puesto que no vienen a ser sino la ampliación de las bases estatuidas en nuestra Carta Fundamental.

En este sentido, las leyes que emanan de la Constitución, conforme al artículo 133 constitucional, son claramente las leyes generales y las leyes reglamentarias, debido a que participan en la esencia constitucional en la medida en que, por mandato expreso del Constituyente Originario o Permanente, terminan por distribuir competencias concurrentes –leyes generales– o terminan por detallar algún precepto de la propia Ley Fundamental –leyes reglamentarias–.

Cabe señalar que dicha jerarquía (entre las leyes generales o reglamentarias y las leyes federales o locales) ha sido entendida por el Alto Tribunal en una lógica de federalismo cooperativo, es decir, si bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Co

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29461-a090d8e0/i-matrimonio-evolucion-del-marco-juridico-nacional-e · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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