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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE NORMAS GENERALES DE CARÁCTER FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (ARTÍCULO 43, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES (ARTÍCULO 153, FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "SALVO QUE LOS CONTRAYENTES MANIFIESTEN Y FIRMEN ANTE EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL, QUE EN PLENITUD DE SUS FACULTADES ACCEDEN DE MANERA INFORMADA, CONSENSUADA, VOLUNTARIA Y LIBREMENTE A CONTRAER MATRIMONIO, A PESAR DE SABER SOBRE CUALQUIERA QUE SEA EL IMPEDIMENTO REFERIDO EN LA PRESENTE FRACCIÓN."). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LAS NORMAS IMPUGNADAS, AL HABER SIDO REFORMADAS POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 153, FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "SALVO QUE LOS CONTRAYENTES MANIFIESTEN Y FIRMEN ANTE EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL, QUE EN PLENITUD DE SUS FACULTADES ACCEDEN DE MANERA INFORMADA, CONSENSUADA, VOLUNTARIA Y LIBREMENTE A CONTRAER MATRIMONIO, A PESAR DE SABER SOBRE CUALQUIERA QUE SEA EL IMPEDIMENTO REFERIDO EN LA PRESENTE FRACCIÓN.").

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 97/2024. · Registro digital (IUS): 200982
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 97/2024. PODER EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA. 4 DE DICIEMBRE DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS SEÑORES MINISTROS Y LAS SEÑORAS MINISTRAS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO (QUIEN ESTÁ CON EL SENTIDO, PERO SE SEPARA DEL CRITERIO DE CAMBIO NORMATIVO). PONENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: SOFÍA TREVIÑO FERNÁNDEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 97/2024, promovida por el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Consejería Jurídica, en contra del Decreto Número 614, por el que se reforma la fracción VII del artículo 153 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el primero de abril de dos mil veinticuatro.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la acción, autoridades emisoras y normas impugnadas. Mediante escrito presentado el dos de mayo de dos mil veinticuatro, a través del Buzón Judicial, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María Estela Ríos González, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, promovió una acción de inconstitucionalidad. En su escrito de demanda, señaló como norma general impugnada y órganos emisores los siguientes:

- Norma general cuya invalidez se reclama:

- Artículo 153, fracción VII,(1) en la porción normativa, “salvo que los contrayentes manifiesten y firmen ante el Oficial del Registro Civil, que en plenitud de sus facultades acceden de manera informada, consensuada, voluntaria y libremente a contraer matrimonio, a pesar de saber sobre cualquiera que sea el impedimento referido en la presente fracción;” del Código Civil del Estado de Aguascalientes, expedido mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el primero de abril de dos mil veinticuatro.

- Autoridades emisora y promulgadora de la norma:

- Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes

- Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes

2. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman vulnerados. El Poder Ejecutivo Federal consideró violados los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Convención); 2, 17, 23, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Pacto) y 1, 22 y 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Declaración).

3. Conceptos de invalidez. Para sustentar la violación de los preceptos antes referidos, el Poder Ejecutivo Federal señaló lo siguiente:

a) Violación al derecho a la igualdad y no discriminación

- La Suprema Corte, en la jurisprudencia de rubro: “IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA”,(2) establece los lineamientos para determinar si una norma es contraria al principio de igualdad. Según dicha jurisprudencia, para que una diferencia normativa sea compatible con este principio, es imprescindible que exista una justificación objetiva y razonable, que la norma persiga una finalidad constitucionalmente válida, adecuada para alcanzar el objetivo legítimo buscado y que haya una relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida.

- Asimismo, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su Observación General 6,(3) sostiene que el principio de igualdad de oportunidades está vinculado a el derecho a la igualdad inclusiva. Esto implica una dimensión de reconocimiento orientada a valorar la dignidad de las personas, así como la obligación de los Estados de adoptar medidas positivas para prevenir y corregir situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades.

- Por otro lado, el artículo 23 de la Convención(4) establece que las autoridades deben adoptar medidas efectivas y pertinentes para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad en todos los aspectos relacionados con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales. Esta Suprema Corte, en el criterio titulado: “PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EL MODELO SOCIAL DE ASISTENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES ENTRAÑA EL PLENO RESPETO A SUS DERECHOS, VOLUNTAD Y PREFERENCIAS”,(5) reconoce la obligación del Estado de implementar medidas que permitan a las personas con discapacidad ejercer plenamente su capacidad jurídica.

- En el presente caso, el artículo 153, fracción VII, del Decreto impugnado, al imponer como requisito adicional la manifestación y firma de los contrayentes que acceden de manera informada, consensuada, voluntaria y libre al matrimonio, vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación. Esto se debe a que establece un trato diferenciado hacia las personas, al crear un obstáculo para contraer matrimonio en igualdad de condiciones.

- Por lo tanto, la Suprema Corte debe aplicar un estándar más estricto en cuanto a las exigencias materiales de proporcionalidad. En la acción de inconstitucionalidad 33/2015,(6) esta Suprema Corte estableció que, para garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación, es necesario cumplir con los siguientes requisitos: i) satisfacer una finalidad constitucionalmente imperativa, y ii) establecer medios estrechamente ajustados a esa finalidad.

- Asimismo, el legislador impone requisitos discriminatorios al prohibir y condicionar a un grupo de personas la manifestación y firma de los contrayentes para expresar su voluntad de contraer matrimonio. En la exposición de motivos no se presentan argumentos que justifiquen la necesidad de un documento que exprese la voluntad y el consentimiento respecto a los impedimentos para contraer matrimonio.

- De este modo, la exigencia excluye a grupos vulnerables en comparación con el resto de las personas al momento de contraer matrimonio, ya que coloca a los mismos en una situación de desventaja. Esto contribuye a la perpetuación de prejuicios hacia quienes presentan alguna de las condiciones mencionadas en el decreto impugnado, por lo que se genera un efecto estigmatizante, que contraviene al derecho humano de igualdad y no discriminación.

b) Violación al derecho al libre desarrollo de la personalidad

- El Congreso del Estado de Aguascalientes incumplió con su obligación de respetar, proteger y garantizar el libre desarrollo de la personalidad al imponer requisitos adicionales para contraer matrimonio. Esta medida crea una desventaja injustificada que impide a las personas ejercer plenamente sus derechos y desarrollar su proyecto de vida.

- Las disposiciones normativas impugnadas limitan la posibilidad de que las personas desarrollen libremente su personalidad, dado que la decisión de contraer matrimonio o no corresponde exclusivamente a los individuos. Por lo tanto, el legislador local tiene la obligación de proteger este derecho en lugar de restringirlo o disminuirlo. Por ello, se insiste en que esta Suprema Corte debe declarar la invalidez del Decreto impugnado.

c) Violación al principio de seguridad jurídica y legalidad

- La fracción impugnada no brinda certeza jurídica, ya que su redacción no es clara ni precisa para los gobernados. En particular, se señala como impedimento para contraer matrimonio “alguna otra enfermedad que haga prever algún perjuicio grave o degenerativo para los descendientes del matrimonio”, y “embriaguez habitual”, sin especificar los criterios para determinar cómo se configuran dichas enfermedades o el nivel o grado de embriaguez.

- Además, la redacción genera incertidumbre para los gobernados, ya que es confusa, amplia y ambigua al generalizar los conceptos de “incapacidad”, “enfermedad de transmisión sexual”, “enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa o hereditaria” y “alguna otra enfermedad que haga prever algún perjuicio grave o degenerativo para los descendientes del matrimonio”. No se especifican ni limitan los tipos de incapacidades o enfermedades que justifiquen el impedimento para contraer matrimonio. Por lo tanto, el decreto impugnado contraviene los artículos 14(7) y 16(8) de la Constitución Federal, razón por la cual debe declararse la invalidez del artículo 153, fracción VII, del Código Civil del Estado de Aguascalientes.

4. Admisión y trámite. Mediante acuerdo de seis de mayo de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, bajo el número 97/2024. Por razón de turno, designó al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para que actuara como instructor en el procedimiento.

5. Por acuerdo de veinte de mayo de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, ordenó dar vista a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de Aguascalientes, para que rindieran sus respectivos informes y remitieran los documentos necesarios para la debida integración del expediente. Asimismo, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República, para que, hasta antes del cierre de instrucción, manifestara lo que a su representación correspondiera.

6. Certificación. El veinte de mayo de dos mil veinticuatro, el Secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación certificó que el plazo de quince días para rendir el informe respecto del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes transcurriría del veintiocho de mayo al diecisiete de junio de dos mil veinticuatro. Respecto del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, el plazo transcurriría del veintinueve de mayo al dieciocho de junio de dos mil veinticuatro.

7. Informe del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes. Mediante oficio recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cuatro de junio de dos mil veinticuatro, el Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, por conducto de la Diputada Gladys Adriana Ramírez Aguilar, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva y Representante Legal de la LXV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, rindió el informe requerido. En esencia, manifestó lo siguiente:

- El proyecto de decreto tiene como finalidad garantizar el derecho de las personas a contraer matrimonio, incluso cuando presenten algún hábito, condición o enfermedad. Para asegurar este derecho, es necesario verificar que la legislación aplicable no imponga restricciones debido a que alguno de los contrayentes padezca alguna de estas situaciones.

- Las condiciones mencionadas efectivamente limitan el derecho a contraer matrimonio, al vulnerar los derechos de las personas y constituir un acto de discriminación que deja a una pareja en estado de indefensión a una pareja que decide unir sus vidas, con o sin la aprobación del Estado. Por ello, resulta pertinente la propuesta de reforma al artículo 153, fracción VII, para resolver esas limitantes sin necesidad de derogar la fracción. En su lugar, se propone adicionar un texto, que permita a los contrayentes decidir libremente si aceptan o no dichas condiciones.

- Para la aprobación del dictamen de la Comisión, se tomó en cuenta lo expuesto por la promotora de la iniciativa, en particular, la prohibición expresa de toda discriminación motivada por la condición social o de salud, entre otras, establecida en el artículo 1 de la Constitución Federal. Asimismo, se consideró el amparo directo en revisión 670/2021,(9) que declaró inconstitucional el impedimento para contraer el matrimonio por motivo de alguna enfermedad crónica o transmisible, argumenta que esta decisión recae en la persona que asume el riesgo. Se destacó que los derechos privados pueden ser renunciados siempre que se haga de manera clara y precisa, sin ambigüedad respecto al derecho al que se renuncia. En este contexto, la manifestación propuesta para añadirse a la fracción VII busca informar al Juez del Registro Civil que el proceso continuará de manera libre, informada, consensuada y voluntaria.

- Finalmente, el promovente cita la tesis con número de registro 2012363,(10) la cual establece que “la dignidad humana funge como un principio jurídico que permea en todo el ordenamiento, pero también como un derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso, cuya importancia resalta, al ser la base y condición para el disfrute de los demás derechos”. En consecuencia, el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos y garantías individuales, incluido el derecho a la salud, establecido en el artículo 4 constitucional.(11)

8. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes. Mediante oficio presentado el diecinueve de junio de dos mil veinticuatro, en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, por conducto de Eduardo Ismael Aguilar Sierra, en su carácter de titular de la Consejería Jurídica del Estado, rindió el informe que le fue requerido, en el que manifestó en esencia lo siguiente:

- La naturaleza del acto impugnado en la acción de inconstitucionalidad es de carácter legislativo tanto en su forma como en su contenido.

- En el caso concreto, el decreto reformado es el resultado de una deliberación llevada a cabo en el Congreso del Estado de Aguascalientes, donde el Ejecutivo cumple con su función de promulgar las leyes. Por lo tanto, es correcto que el acto reclamado fue promulgado y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, número 14 de fecha uno de abril de dos mil veinticuatro.

- En cuanto a los actos atribuidos al Poder Legislativo del Estado, al no ser competencia del Ejecutivo, no se emite respuesta al respecto. La Gobernadora del Estado promulgó y ordenó la publicación de la ley en cuestión cuya invalidez se reclama, en cumplimiento de los artículos 32,(12) 35,(13) y 46 fracción I(14) de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.

- Sin embargo, la aceptación de lo ordenado en dichos artículos no implica necesariamente que esa actuación sea inconstitucional. Al analizar la naturaleza jurídica de la conducta prescrita en la fracción I del artículo 46 de la Constitución Local, se observa que dicha disposición sólo faculta al gobernador para que, una vez aprobada una ley por el Congreso Local, sea el Poder Ejecutivo quien ordene su publicación. Es decir, la promulgación de una ley es una función del Ejecutivo que se encuentra subordinada a la actividad legislativa del congreso.

- En ese sentido, el mero acto de promulgación no vulnera los preceptos constitucionales señalados por el promovente. Por el contrario, la promulgación y publicación del Decreto impugnado constituyen una obligación del Ejecutivo, realizada en cumplimiento del sistema jurídico federal y estatal, conforme a lo dispuesto en los artículos 32, 35 y 46, fracción I, de la Constitución Local. Este argumento se sustenta en la tesis jurisprudencial del Pleno de esta Suprema Corte con número de registro 389649, de rubro: “LEYES, AMPARO CONTRA. AUTORIDAD RESPONSABLE, SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE CUANDO SE SEÑALA AL CONGRESO QUE LA EXPIDIÓ, PERO NO AL EJECUTIVO QUE LA PROMULGÓ”.(15)

9. Alegatos. Mediante oficio presentado el catorce de agosto de dos mil veinticuatro, el Poder Ejecutivo Federal formuló los alegatos que estimó convenientes.

10. Pedimento de la Fiscalía General de la República. Esta representación no formuló pedimiento en este asunto.

11. Cierre de la instrucción. Seguido el trámite legal correspondiente y la presentación de alegatos, por acuerdo de dos de septiembre de dos mil veinticuatro, se declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

12. Radicación en la Primera Sala. Con base en la solicitud del ministro instructor, por acuerdo de doce de noviembre de dos mil veinticuatro la ministra presidenta de este Alto Tribunal, ordenó la radicación del asunto a esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Posteriormente, por acuerdo de 15 de noviembre de 2024, el ministro presidente de la Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto y envió los autos a esta ponencia, para el efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

13. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución General,(16) 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(17) y Puntos Segundo, fracción II, y Tercero, del Acuerdo General 1/2023 del Tribunal Pleno. Lo anterior, ya que el Poder Ejecutivo Federal planteó la posible contradicción entre una norma general de una entidad federativa y la Constitución Federal, por lo que se plantea el sobreseimiento de la acción de inconstitucionalidad, motivo por el que se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

II. OPORTUNIDAD

14. Conforme al artículo 60, párrafo primero de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General, el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.(18)

15. En el caso, el Decreto que contiene la norma impugnada fue publicado el lunes uno de abril de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. Por ello, el plazo legal para su impugnación transcurrió del dos de abril al uno de mayo de dos mil veinticuatro.

16. En consecuencia, si el miércoles uno de mayo de dos mil veinticuatro fue inhábil,(19) y el escrito de demanda se presentó el jueves dos de mayo de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estima que la acción de inconstitucionalidad es oportuna. Ello, de conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de la materia, el cual dispone que si el último día del plazo para promoverla fuese inhábil, el promovente podría presentarla el día hábil siguiente.

III. PRECISIÓN DE NORMAS RECLAMADAS

17. De conformidad con el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(20) debe precisarse la norma general que es objeto de la acción de inconstitucionalidad. En ese sentido, el Poder Ejecutivo Federal impugnó la siguiente norma:

- El artículo 153, fracción VII, del Código Civil del Estado de Aguascalientes, en la porción normativa “salvo que los contrayentes manifiesten y firmen ante el Oficial del Registro Civil, que en plenitud de sus facultades acceden de manera informada, consensuada, voluntaria y libremente a contraer matrimonio, a pesar de saber sobre cualquiera que sea el impedimento referido en la presente fracción”.

IV. LEGITIMACIÓN

18. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso c), segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Ejecutivo Federal es un organismo legitimado para impugnar normas generales de carácter federal y de las entidades

federativas. Además, conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la materia,(21) los promoventes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente estén facultados para ello. 19. Por su parte, el artículo 43, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal(22) confiere al Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal la facultad de presentar acciones de inconstitucionalidad. En ese contexto, se advierte que la demanda fue presentada por María Estela Ríos González, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, personalidad que acredita mediante copia del acuerdo de designación expedido por el entonces Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el dos de septiembre de dos mil veintiuno.

20. Asimismo, como se precisó anteriormente, se advierte que la Consejera Jurídica impugna el artículo 153, fracción VII, del Código Civil del Estado de Aguascalientes, reformado en la porción normativa “salvo que los contrayentes manifiesten y firmen ante el Oficial del Registro Civil, que en plenitud de sus facultades acceden de manera informada, consensuada, voluntaria y libremente a contraer matrimonio, a pesar de saber sobre cualquiera que sea el impedimento referido en la presente fracción”. Por tanto, es evidente que se actualiza la hipótesis de legitimación prevista en el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estrados Unidos Mexicanos, pues el presente asunto fue promovido por un ente legitimado, a través de su debido representante, y la disposición impugnada es una norma general de una entidad federativa.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

21. Por una parte, esta Primera Sala advierte que, en su informe, el Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes alegó que la Gobernadora del Estado promulgó y ordenó la publicación de la ley en cuestión cuya invalidez se reclama, en cumplimiento de los artículos 32,(23) 35,(24) y 46 fracción I,(25) de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, sin que tal actuar fuera inconstitucional. Para la autoridad, la conducta prescrita en la fracción I del artículo 46 de la constitución local sólo faculta al gobernador para que, una vez aprobada una ley por el Congreso Local, sea el Poder Ejecutivo quien ordene su publicación. Por ello, sostiene que la promulgación de una ley es una función del Ejecutivo que se encuentra subordinada a la actividad legislativa del congreso, por lo que no transgrede los derechos fundamentales señalados por la accionante.

22. Si bien dicho argumento no se planteó expresamente como una causa de improcedencia, debe desestimarse. Como hemos sostenido anteriormente, al tener injerencia en el proceso legislativo de las normas generales para otorgarle plena validez y eficacia, el Poder Ejecutivo Local se encuentra invariablemente implicado en la emisión de la norma impugnada en la acción de inconstitucionalidad, por lo que debe responder por la conformidad de sus actos frente a la Constitución Federal. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P.J. 38/2010, de rubro “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES”.(26)

23. Por otra parte, esta Primera Sala de la Suprema Corte advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de la materia,(27) aplicable para las acciones de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59(28) y 65 de ese mismo ordenamiento.(29) Como se explicará a continuación, la expedición del Decreto 802 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el veintitrés de septiembre de dos mil veinticuatro, actualiza la existencia de un nuevo acto legislativo, que provoca la cesación de efectos de la norma general impugnada.

24. Al respecto, el Tribunal Pleno ha sostenido que, para determinar si se está ante la presencia de un nuevo acto legislativo, debe acreditarse tanto un criterio formal como uno material o sustantivo. Mientras el primer criterio exige que se haya llevado a cabo un proceso legislativo, el segundo se refiere a que la modificación haya llevado a un verdadero cambio normativo que modifique la trascendencia, el contenido o alcance del precepto, de manera que un nuevo acto legislativo implica necesariamente una modificación al sentido normativo de la disposición.(30)

25. De este modo, la emisión de nuevos actos legislativos impide el análisis de fondo respecto de disposiciones impugnadas cuya redacción ya no subsiste. En la medida en que un nuevo acto legislativo —por definición— modifica el sentido normativo del precepto impugnado, no es posible emprender el estudio de validez de una norma jurídica que ya fue sustituida por otra.

26. En el caso concreto, constituye un hecho notorio —invocado con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles,(31) de aplicación supletoria en términos del artículo 1° de la Ley Reglamentaria(32)—, que el veintitrés de septiembre de dos mil veinticuatro se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el Decreto 802 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Aguascalientes, en el cual se reformó el contenido del hoy combatido artículo 153 del Código Civil del Estado de Aguascalientes. Los cambios que sufrió el artículo 153 son los siguientes:

Ver cambios al artículo 153

27. A partir de lo anterior, esta Primera Sala estima que en el caso se actualizan los criterios que exige el Tribunal Pleno para el sobreseimiento de la presente acción de inconstitucionalidad. Por una parte, el criterio formal se acredita con la expedición del Decreto 802 por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Aguascalientes, pues éste prueba que hubo y concluyó un proceso legislativo por el mismo órgano que emitió la norma impugnada.

28. En segundo lugar, como se refleja de la tabla antes expuesta, la reforma impugnada implicó la modificación absoluta de la fracción VII del artículo 153 impugnado, y el contenido anterior de dicha fracción no se añadió a una fracción o fracciones diversas del precepto sobre los impedimentos para contraer matrimonio. En ese sentido, en la totalidad del artículo 153 vigente a partir de la reforma de veintitrés de septiembre de dos mil veinticuatro, ya no se prevé un impedimento al matrimonio relacionado con la “incapacidad, la embriaguez habitual y el consumo indebido y persistente de drogas enervantes; padecer esterilidad incurable, impotencia crónica para la cópula, alguna enfermedad de transmisión sexual, alguna enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa o hereditaria, así como, padecer alguna otra enfermedad que haga prever algún perjuicio grave o degenerativo para los descendientes del matrimonio” ni la excepción a tal impedimento relativa a que “los contrayentes manifiesten y firmen ante el Oficial del Registro Civil, que en plenitud de sus facultades acceden de manera informada, consensuada, voluntaria y libremente a contraer matrimonio, a pesar de saber sobre cualquiera” de los impedimentos recién anunciados.

29. Entonces, dado que existió un cambio de sentido normativo que, en términos del artículo Primero Transitorio del Decreto 802(33) actualmente se encuentra en vigor, existe una imposibilidad técnica para abordar la validez del precepto impugnado. Por ello, procede el sobreseimiento en la presente acción de inconstitucionalidad, ante la existencia de un nuevo acto legislativo.

30. En conclusión, al actualizarse la causa de improcedencia de cesación de efectos, prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la materia, con fundamento en el artículo 20, fracción II, de la propia ley (ambos aplicables en términos de los artículos 59 y 65 de ese ordenamiento), lo procedente es sobreseer en la presente acción de inconstitucionalidad.

VI. DECISIÓN

31. Por lo antes expuesto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:

ÚNICO. Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad.

Notifíquese; y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros y las señoras Ministras: Loretta Ortiz Ahlf, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (Ponente), y Presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo (quien está con el sentido, pero se separa del criterio de cambio normativo).

Firma el Ministro Presidente de la Primera Sala y el Ministro Ponente, con el Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe.

PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA

MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO

PONENTE

MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA

SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA

MAESTRO RAÚL MENDIOLA PIZAÑA

________________

1. Artículo 153. Son impedimentos para celebrar el matrimonio: (...)

VII. La incapacidad, la embriaguez habitual y el consumo indebido y persistente de drogas enervantes. Padecer esterilidad incurable, impotencia crónica para la cópula, alguna enfermedad de transmisión sexual. Alguna enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa ó hereditaria, así como padecer alguna otra enfermedad que haga prever algún perjuicio grave o degenerativo para los descendientes del matrimonio, salvo que los contrayentes manifiesten y firmen ante el Oficial del Registro Civil, que en plenitud de sus facultades acceden de manera informada, consensuada, voluntaria y libremente a contraer matrimonio, a pesar de saber sobre cualquiera que sea el impedimento referido en la presente fracción; (...).

2. Registro digital: 164779, Instancia: Segund

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200982-600064a1/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-persona-titular-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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