I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE (ARTÍCULO 60, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA IMPUGNAR NORMAS LOCALES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL TITULAR DE ESE PODER (ARTÍCULOS 90 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 4, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD RESPECTO DE LA NORMA IMPUGNADA, AL NO CONSTITUIR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO POR NO HABERSE MODIFICADO SU CONTENIDO NORMATIVO (ARTÍCULO 1215, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULO 1215, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). VIII. JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. LÍMITES QUE ESTABLECE EL CÓDIGO CIVIL DE LA ENTIDAD A LA DISCRECIONALIDAD DE LAS PERSONAS JUZGADORAS PARA INTERPRETAR LAS VARIACIONES EN LA ESCRITURA DE LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS TESTADORAS O HEREDERAS. IX. JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. PARÁMETRO DE INTERPRETACIÓN ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO CIVIL DE LA ENTIDAD AL QUE DEBEN ATENDER LAS PERSONAS JUZGADORAS ANTE EL SUPUESTO DE FALTAS ORTOGRÁFICAS, ABREVIACIONES O VARIACIONES EN EL NOMBRE DE LAS PERSONAS TESTADORAS O HEREDERAS. X. JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. LA DISPOSICIÓN DEL CÓDIGO CIVIL DE LA ENTIDAD QUE ESTABLECE UN LÍMITE A LA DISCRECIONALIDAD DE LAS PERSONAS JUZGADORAS PARA INTERPRETAR LAS VARIACIONES EN LA ESCRITURA DE LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS TESTADORAS O HEREDERAS, ASÍ COMO UN PARÁMETRO PARA SU ANÁLISIS A PARTIR DEL CONTENIDO DEL TESTAMENTO Y DE LAS PRUEBAS AUXILIARES QUE OBREN EN EL EXPEDIENTE, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y DE SEGURIDAD JURÍDICA (ARTÍCULO 1215, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 126/2024. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 22 DE ABRIL DE 2025. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: BRUNO A. ACEVEDO NUEVO.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintidós de abril de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 126/2024, promovida por el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de su Consejera Jurídica, en contra del Decreto número 640, por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un tercer párrafo al artículo 1215 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el trece de mayo de dos mil veinticuatro.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación del escrito. El diez de junio de dos mil veinticuatro, el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de su Consejera Jurídica, promovió acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto número 640, por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un tercer párrafo al artículo 1215 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad, el trece de mayo de dos mil veinticuatro.
2. El Poder Ejecutivo Federal argumentó, en síntesis:
2.1 El artículo impugnado viola los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, ya que permite a los jueces y notarios interpretar la voluntad del testador y determinar a los herederos, sin necesidad de otras pruebas o procedimientos, cuando estimen que existe un error ortográfico, de escritura o de la abreviatura, en sus nombres.
2.2 La disposición reformada establece un margen de aplicación muy amplio e injustificado, y no dispone de un parámetro para interpretar la voluntad del testador.
3. Registro y turno. Mediante acuerdo de diecisiete de junio de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente de la presente acción de inconstitucionalidad, y lo turnó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, como Ministro Instructor.
4. Admisión y trámite. El veinte de junio de dos mil veinticuatro, el Ministro Instructor acordó la admisión a trámite del presente asunto y requirió a los poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Aguascalientes, rendir sus respectivos informes. Asimismo, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República.
5. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes. Mediante informe recibido el cinco de agosto de dos mil veinticuatro, en la oficina de certificación judicial y correspondencia de este Alto Tribunal, el Titular de la Consejería Jurídica del Estado de Aguascalientes, en representación del Poder Ejecutivo de esa entidad, argumentó la improcedencia de la acción a partir de lo siguiente:
5.1 Su participación en el proceso legislativo se limitó a promulgar y ordenar la publicación de la norma, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, por lo que su actuación no violenta precepto constitucional alguno.
5.2 La norma impugnada evitará generar procedimientos que retarden juicios sucesorios ante la existencia de variaciones en el nombre del testador o los herederos cuando sean notoriamente errores ortográficos, de escritura o abreviatura.
6. Informe del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes. En su informe de fecha siete de agosto de dos mi veinticuatro, el Presidente de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente de la LXV Legislatura del Congreso de esa entidad federativa sostuvo la validez del Decreto impugnado.
6.1 La reforma impugnada tuvo como finalidad garantizar el derecho a la seguridad jurídica del testador en caso de errores ortográficos en su nombre o en el de los herederos. Por lo que ese órgano legislativo consideró pertinente que los jueces determinen si efectivamente se trata de errores ortográficos, comprobando la identidad del testador o herederos, y se evite caer en rigorismos excesivos que dejen en estado de indefensión a las personas interesadas y extiendan la tramitación de una sucesión.
7. Pedimento de la Fiscalía General de la República. No formuló ninguna manifestación.
8. Alegatos y cierre de la instrucción. Concluido el trámite legal correspondiente y rendidos los alegatos del Poder Ejecutivo Federal,(1) por acuerdo de siete de octubre de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor acordó el cierre de instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución.
I. COMPETENCIA
9. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c),(2) de la Constitución General y 10, fracción I,(3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, y el punto segundo, fracción II,(4) del Acuerdo General 1/2023, de este Alto Tribunal. En tanto que se planteó la posible contradicción entre una norma del Código Civil del Estado de Aguascalientes y la Constitución Federal.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS
10. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73,(5) en relación con el 41, fracción I,(6) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo, “Ley Reglamentaria”), deben fijarse las normas generales impugnadas.
11. El Poder Ejecutivo Federal plantea la inconstitucionalidad del Decreto número 640, por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un tercer párrafo al artículo 1215 del Código Civil del Estado de Aguascalientes (en adelante, “Código Civil estatal”), publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el trece de mayo de dos mil veinticuatro, en las porciones normativas siguientes:
Artículo 1215.- Toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de las palabras, a no ser que aparezca con manifiesta claridad que fue otra la voluntad de la persona testadora.
[...]
Asimismo, solamente en caso de que el nombre de la persona testadora o de las personas herederas contenga una variación o variaciones provenientes de errores evidentemente ortográficos, de escritura o abreviaturas, el testamento podrá ser interpretado adminiculando dichos elementos a efecto de deducir que se trata de la misma persona bajo algunas variaciones mínimas en su nombre; con lo cual podrá decretar el entroncamiento correspondiente, sin necesidad de otras pruebas o procedimientos.
III. OPORTUNIDAD
12. El plazo para para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en la que se haya publicado la norma general en el medio oficial correspondiente. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda puede presentarse el primer día hábil siguiente.(7)
13. En este caso, el Decreto impugnado fue publicado el trece de mayo de dos mil veinticuatro, en el Periódico Oficial de la entidad. Por lo que, el plazo de treinta días para presentar la acción de inconstitucionalidad transcurrió del catorce de mayo al doce de junio de dos mil veinticuatro. Dado que el Poder Ejecutivo Federal presentó su escrito inicial el diez de junio siguiente, la presentación es oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
14. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso c),(8) de la Constitución Federal, el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de su Consejero Jurídico, se encuentra legitimado para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas.
15. La presente acción fue promovida por María Estela Ríos González, en su carácter de Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, funcionaria que está facultada para promover la controversia en términos de los artículos 90(9) de la Constitución Federal; 4, primer párrafo,(10) de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del punto único del “Acuerdo por el que se establece que el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal tendrá la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en los asuntos que se mencionan” publicado el nueve de enero de dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación. La funcionaria acredita esta calidad mediante copia certificada del nombramiento otorgado en su favor, el dos de septiembre de dos mil veintiuno.
16. En consecuencia, queda satisfecho el presupuesto procesal de legitimación activa.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
17. Las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente, por lo que se procede a analizar las causas de improcedencia formuladas por las partes y aquellas que se advierten de oficio.
18. El Poder Ejecutivo local argumenta que su actuación se realizó en cumplimiento de sus facultades constitucionales y, en particular, sostiene que la promulgación y publicación del Decreto impugnado no violentan los preceptos constitucionales que señala la promovente, por lo que la presente acción resulta improcedente.
19. Tal argumento debe desestimarse porque no constituye una causal de improcedencia prevista en el artículo 19 de la Ley Reglamentaria. Esto, aunado a que el Poder Ejecutivo local, al tener injerencia en el proceso legislativo de las normas generales para otorgarle plena validez y eficacia, se encuentra invariablemente implicado en la emisión de la norma impugnada, por lo que debe responder por la conformidad de sus actos frente a la Constitución Federal.(11)
20. Por otra parte, este Tribunal Pleno advierte, de manera oficiosa, que procede sobreseer respecto del primer párrafo del artículo 1215 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, reformado por el Decreto impugnado, al actualizarse dos causales de improcedencia. En primer lugar, la disposición no contiene algún cambio de sentido normativo, por lo que su impugnación resulta extemporánea. En segundo lugar, dado la ausencia de conceptos de invalidez para combatirlo.
21. No existe un cambio en el sentido normativo. Este Alto Tribunal ha considerado que la existencia de un nuevo acto legislativo, para efectos de su impugnación o sobreseimiento por cesación de efectos a través de la acción de inconstitucionalidad,(12) debe cumplir con dos requisitos: i) que se haya llevado un procedimiento legislativo y ii) que se realice una modificación al sentido normativo de la norma impugnada.
22. En el caso, este Tribunal advierte que existió un procedimiento legislativo que dio origen al decreto impugnado, por lo que se cumplió con el primer requisito; sin embargo, también observa que la modificación realizada al primer párrafo de la norma impugnada no produce un cambio de sentido normativo, por lo que no se cumple con el segundo requisito.
23. Para mayor claridad se reproduce el contenido del primer párrafo del artículo 1215 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, en la porción normativa impugnada y en su versión anterior:
Ver artículo 1215 con resaltado
24. La transcripción anterior muestra que la reforma realizada, a este primer párrafo, únicamente consistió en corregir un error ortográfico e incorporar el lenguaje incluyente al añadir la palabra “persona”, modificaciones que no constituyen un nuevo acto legislativo.
25. Lo anterior se confirma al analizar la intención del legislador. Según se extrae de la exposición de motivos de la iniciativa y de la propia discusión del órgano legislativo,(13) el legislador local reconoció que la modificación realizada corrige una falta de ortografía, dado que las palabras monosílabas no se tildan, e incorpora el lenguaje incluyente y no sexista.
26. En consecuencia, resulta procedente sobreseer respecto del primer párrafo del artículo 1215 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, en términos del artículo 19, fracción VII, en relación con el diverso 20, fracción II, ambos de la Ley Reglamentaria.(14)
27. Ausencia de conceptos de invalidez. Como ha sido señalado, el accionante planteó la inconstitucionalidad del Decreto 640, por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un tercer párrafo al artículo 1215 del Código Civil del Estado de Aguascalientes.
28. Sin embargo, de una lectura integral del escrito inicial, se advierte que los argumentos del accionante están dirigidos a demostrar que la adición del tercer párrafo genera una violación al principio de legalidad y seguridad jurídica, en tanto que le concede un margen de discrecionalidad demasiado amplio a los jueces para la interpretación de los nombres de las personas testadoras o herederas, sin que sea necesario que acudan a pruebas indubitables para establecer la identidad de la persona.
29. El primer párrafo no guarda relación alguna con esos argumentos pues dispone que los testamentos deben ser interpretados de manera literal y sin contravenir la voluntad del testador. Por lo tanto, de la lectura integral del escrito inicial no se advierte que el accionante haya impugnado el primer párrafo del artículo 1225 por vicios propios ni que haya hecho valer concepto de violación alguno en contra de su contenido en específico. Por el contrario, la citada disposición solamente se señaló en el escrito inicial porque aparece en el Decreto impugnado, al haber sido modificado para incorporar lenguaje inclusivo a su redacción.
30. En ese sentido, ante la ausencia de conceptos de invalidez, es procedente sobreseer respecto del primer párrafo artículo del 1225 Código Civil del Estado de Aguascalientes, en términos de los artículos 19, fracción VIII, 22, fracción VII, y 59, en relación con el diverso 61, fracción V, todos de la Ley Reglamentaria.(15)
31. Apoya lo anterior, por similitud de razones, las siguientes tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyos rubros señalan: “ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LÍMITES DE LA SUPLENCIA DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ.”,(16) “ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ DEBE SOBRESEERSE EN LA ACCIÓN Y NO DECLARARLOS INOPERANTES.”(17) y “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO.”,(18) ésta última de acuerdo con lo previsto en los numerales 59 y 65 de la Ley Reglamentaria de la materia.
32. Finalmente, las partes no hicieron valer otra causa de improcedencia y este Tribunal de oficio tampoco advierte la actualización de alguna diversa, por lo que resulta procedente abordar el estudio de fondo del asunto.
VI. ESTUDIO DE FONDO
VI.1. Violaciones a los principios de legalidad.
33. El Poder Ejecutivo argumenta que la norma impugnada viola el principio de legalidad y seguridad jurídica porque brinda un amplio margen de discrecionalidad a los jueces para determinar en qué casos pueden interpretar el nombre propio de una persona.
34. En opinión del accionante, en caso de que el testamento adolezca de falta de claridad, duda o confusión, el juzgador debe atender para su interpretación a circunstancias exteriores al testamento, pero sobre la base de que el eje de referencia será el contenido del acto como manifestación de la voluntad del autor y, solamente en caso de duda, deberá observarse la intención del testador según el testamento y las pruebas que rindan los interesados.
35. En contraste, el accionante considera que la norma impugnada permite una interpretación arbitraria o subjetiva del nombre del testador o de los herederos porque no contiene un parámetro para que los jueces interpreten la voluntad del testador. En su opinión, la norma impugnada carece de un parámetro porque permite que los jueces determinen a los herederos con base en su interpretación del nombre exclusivamente, sin necesidad de otras pruebas o procedimientos, cuando adviertan la existencia de un error ortográfico, escritura o abreviatura.
36. En consecuencia, los accionantes concluyen que la norma impugnada deja en estado de indefensión a los gobernados, pues el hecho de que el Congreso local permita que la autoridad pueda interpretar el nombre de las personas plasmado en el testamento, sin necesidad de pruebas indubitables, vulnera la voluntad del testador, así como la certeza y seguridad jurídica.
37. El argumento del Poder Ejecutivo es infundado porque de la lectura sistemática y armónica de las normas relevantes del Código Civil para el Estado de Aguascalientes se desprende que: i) la norma impugnada limita la discrecionalidad de los jueces para interpretar las variaciones en la escritura de los nombres de las personas testadoras o herederas a solamente tres casos y ii) define un parámetro adecuado para que los jueces interpreten esas variaciones que incluye, pero no se limita, al contenido del testamento y las pruebas auxiliares que aporten las personas interesadas en la sucesión, pudiendo allegarse, además, de los medios probatorios adicionales que estime pertinentes.
38. Respecto de la primera premisa del accionante, según la cual afirma que la norma impugnada brinda un amplio margen de discrecionalidad al juez para determinar en qué casos pueden interpretar el nombre propio de una persona, este Alto Tribunal advierte que la premisa es manifiestamente falsa.
39. Contrario a lo que argumenta el accionante, la norma impugnada limita los casos en los que las juzgadoras pueden interpretar los nombres de la persona testadora o herederas, para concluir que se trata de una variación del mismo nombre a tres casos: i) por error ortográfico, ii) error o variación en la escritura y iii) por abreviatura. Por lo tanto, no se brinda un “amplio margen de discrecionalidad”, sino que se establece un listado cerrado de tres supuestos para que los jueces hagan uso de esa facultad que, como todas sus actuaciones, está sujeto al deber de razonar sus decisiones.
40. Las hipótesis previstas por el legislador son, además, razonables en su alcance y no dejan un margen de interpretación indebidamente amplio para la juzgadora, mucho menos al punto de que permita tergiversar la intención de la testadora. Por el contrario, están dirigidas a remediar situaciones muy específicas, pero que ocurren con gran frecuencia y tienen el potencial de afectar negativamente la transmisión de bienes y derechos de los autores de una sucesión a sus herederos.
41. Los errores ortográficos ocurren habitualmente entre los hablantes de una lengua y suceden cuando, al escribir una palabra, se apartan de la norma convencional sobre la manera “correcta” de escribir esa palabra. Esas reglas de ortografía (convenciones con pretensión normativa) son igualmente aplicables a los nombres. Así, sucede con frecuencia que por desconocimiento o por errores involuntarios, los hablantes se apartan de la regla y generan variaciones de la misma palabra o nombre.
42. El efecto de esta variación generalmente no impacta en la capacidad del lector para comprender el significado que se pretende transmitir, especialmente cuando la falta de ortografía se encuentra en una o un par de palabras en el enunciado. Sin embargo, aun cuando la falta ortográfica es de tal magnitud que el lector no puede comprender a cabalidad el significado que se pretendía transmitir, se puede acudir al resto del texto (contexto) para desentrañar el significado de la palabra mal escrita o la intención del autor.
43. Una situación similar ocurre con la variación en la escritura de los nombres que puede incluir diversas situaciones como el acortamiento de los nombres de una persona (p. ej. “María del Pilar” puede ser simplemente “Pilar”), el uso de letras distintas que tienen una fonética igual en algunos casos (p. ej. “Ximena” o “Jimena”), o por errores involuntarios sobre el orden de las letras en un mismo nombre, sin pretender agotar todos los casos en que en la práctica los hablantes varían los nombres de las personas. En todos estos casos, los lectores pueden determinar la identidad de la persona a la que pertenece el nombre ayudándose, por ejemplo, de otros datos de identificación como los apellidos o el contexto al que se refieren a estas personas. 44. Igualmente, las reglas de la ortografía permiten la representación gráfica reducida de una palabra o un grupo de palabras, que se obtiene por la eliminación de algunas de las letras o sílabas de su escritura completa. Así, los hablantes de la lengua española familiarizados con las reglas de ortografía saben que la representación gráfica de las palabras “EE. UU.” tiene el mismo significado que si se hubiera escrito “Estados Unidos” o que “Ma. del Pilar” es una abreviatura de “María del Pilar” y no un nombre distinto.
45. Las personas juzgadoras son hablantes de la lengua española y están familiarizadas con las reglas que prescriben la manera correcta de escribir una palabra o un nombre, de acuerdo con la convención prevaleciente. Por lo tanto, es razonable partir de la base de que son capaces de distinguir cuando un mismo nombre varió por error ortográfico, por una variación en la manera de escribirlo o por una abreviatura, tal como lo haría cualquier otro integrante de la comunidad lingüística.
46. Así, de la misma manera en la que no sería razonable esperar que otros hablantes de la lengua española concluyan que se encuentran ante una nueva palabra de la lengua cuando leen “arbol” en lugar de “árbol”, tampoco sería razonable imponer una presunción iuris tantum que obligue a las juzgadoras a tomar la variación de un nombre como un nombre distinto por una falta ortográfica. Por ejemplo, si en un testamento aparece múltiples veces escrito el nombre de “Héctor García Sánchez”, es razonable que, si en una diversa disposición del mismo testamento aparece escrito como “Hector García Sánchez”, la juzgadora sospeche que se trata de una simple falta ortográfica, y no de un nombre distinto, que corresponda, a su vez, a una persona distinta.
47. Ahora bien, la norma impugnada no autoriza a las juzgadoras a presumir que cualquier variación de un nombre se debe a los tres casos ya mencionados y concluir, sin más, que se trata de la misma persona. Por el contrario, la norma impugnada establece un parámetro que las juzgadoras deben observar para llegar a esa conclusión, lo que nos lleva al análisis de la segunda premisa del Poder Ejecutivo accionante.
48. Lo infundado de la segunda premisa radica en que la disposición impugnada no impide al juez conocer de elementos externos al documento para formar su convicción sobre el error ortográfico, la variación de escritura o abreviatura de un nombre. Por el contrario, el artículo 1215 del Código Civil dispone que, en caso de duda sobre el contenido del testamento, el juzgador deberá acudir a otras disposiciones del testamento, así como a las pruebas auxiliares que rindan las interesadas en la sucesión. Para fácil referencia, se transcribe el artículo impugnado en tu totalidad y se resalta en negritas la parte impugnada:
Artículo 1215.- Toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de las palabras, a no ser que aparezca con manifiesta claridad que fue otra la voluntad de la persona testadora.
En caso de duda sobre la inteligencia o interpretación de una disposición testamentaria, se observará lo que parezca más conforme a la intención del testador, según el tenor del testamento y la prueba auxiliar que a este respecto pueda rendirse por los interesados.
Asimismo, solamente en caso de que el nombre de la persona testadora o de las personas herederas contenga una variación o variaciones provenientes de errores evidentemente ortográficos, de escritura o abreviaturas, el testamento podrá ser interpretado adminiculando dichos elementos a efecto de deducir que se trata de la misma persona bajo algunas variaciones mínimas en su nombre; con lo cual podrá decretar el entroncamiento correspondiente, sin necesidad de otras pruebas o procedimientos.
49. El tercer párrafo del artículo 1215 del Código Civil del Estado de Aguascalientes no debe leerse de manera aislada, sino en relación con el párrafo que le antecede, para la correcta interpretación de los elementos que podrá adminicular el juez para formar su convicción.
50. El párrafo segundo del artículo impugnado establece que, en caso de dudas sobre la interpretación de una disposición testamentaria, como lo puede ser una disposición que contenga mal escrito el nombre de la persona testadora o sus herederas, se debe acudir a otras porciones del propio testamento o a las pruebas auxiliares que rindan las personas interesadas en la sucesión.
51. En ese orden de ideas, el adverbio “Asimismo” del tercer párrafo, nos indica que esa porción normativa debe de ser interpretada como una instancia específica de los casos genéricos a los que se refiere el segundo párrafo cuando habla de los “caso[s] de duda sobre la inteligencia o interpretación de una disposición testamentaria”.
52. Por lo tanto, la lectura sistemática de ambas porciones nos indica que para resolver cualquier caso de duda respecto de si la redacción de un nombre es una variación por error ortográfico, de escritura, o abreviatura, o si, por el contrario, la variación en la redacción se debe a que esa disposición se refiere a otra persona con un nombre similar, se debe acudir al tenor del testamento o a las pruebas auxiliares que obren en el expediente. A partir de valorar esos elementos, la juzgadora puede despejar cualquier duda respecto de la intención de la autora de la sucesión.
53. Para ejemplificar la manera en la que opera la norma, supongamos de manera hipotética que en un juicio sucesorio testamentario se encuentra acreditada la filiación entre la autora de la sucesión y su hija, la persona de nombre “María del Pilar Jiménez Cacho”. En el testamento, la persona juzgadora advierte que una disposición testamentaria hace referencia a “María del Pilar Jiménez Cacho”, pero en otra disposición encuentra la variación “Ma. del Pilar Jimenez Cacho”, seguido del calificativo, “mi hija”.
54. Para ese caso hipotético, la disposición impugnada permitiría que la persona juzgadora válidamente adminicule la relación de filiación acreditada en autos, con el tenor literal del testamento que indica que “Ma. del Pilar Jimenez Cacho” es hija de la autora de la sucesión, para concluir que se trata de una variación de escritura del mismo nombre, que pertenece a la misma persona, sin necesidad de otras pruebas o procedimientos.
55. Partiendo de los mismos hechos, supongamos ahora que la persona juzgadora encuentra que el testamento solamente hace referencia a “Pilar Jiménez Cacho” de manera consistente a lo largo del documento, seguido en ocasiones del calificativo “mi hija”. La razón, según argumenta la hipotética heredera, es que nadie en su familia, ni fuera de ella, le ha dicho “María de Pilar” jamás, sino solamente “Pilar”; aun cuando en su acta de nacimiento e identificación oficial su nombre completo es “María del Pilar Jiménez Cacho”.
56. Supongamos, además, que la potencial heredera ofreció al juez una prueba auxiliar consistente en la sentencia definitiva en la que se declaró que “María del Pilar Jiménez Cacho” también es conocida como “Pilar Jiménez Cacho”, que es el nombre que realmente utiliza.
57. En ese caso hipotético, la juzgadora tendría que valorar si la expresión gráfica “Pilar Jiménez Cacho” es una variación en la escritura del nombre “María del Pilar Jiménez Cacho” y si se refieren a la misma persona, a saber, a la hija de la autora de la sucesión.
58. Para ello, la persona juzgadora podría adminicular las disposiciones testamentarias que califican a “Pilar Jiménez Cacho” como una hija (tenor del testamento), con la prueba documental pública consistente en la sentencia que declara que a “María del Pilar Jiménez Cacho” también es conocida como “Pilar Jiménez Cacho” (prueba auxiliar) y, a partir de la adminiculación de estos elementos, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 1215, la juzgadora podría válidamente concluir que ambas expresiones se refieren a la misma persona, sin necesidad de requerir pruebas o procedimientos adicionales.
59. Por lo tanto, se concluye que el Poder Ejecutivo parte de una premisa imprecisa al afirmar que la persona juzgadora no puede acudir a pruebas o circunstancias externas al documento para aclarar la intención de la persona testadora. Por el contrario, una correcta interpretación de la norma claramente indica que la norma obliga a las juzgadoras a observar la intención de la autora, que se desprende del tenor del testamento, y las pruebas auxiliares que obren en el expediente, es decir, a las pruebas que las personas interesadas en la sucesión consideren adecuadas para esclarecer la intención de la persona autora de la sucesión.
60. Es importante notar que la porción normativa impugnada no impide a las personas juzgadoras en asuntos familiares allegarse de pruebas adicionales que estimen necesarias para formar su convicción sobre el parentesco de una persona con la autora de la sucesión o sobre la identidad de una persona. El verbo utilizado por el legislador local en la porción normativa impugnada es claramente potestativo al indicar que “podrá decretar el entroncamiento correspondiente, sin necesidad de otras pruebas o procedimientos” pero en ningún caso cierra la posibilidad al juez de allegarse de más pruebas que considere idóneas o necesarias para formar su convicción.
61. En virtud de los argumentos expuestos, se concluye que el argumento hecho valer por el Poder Ejecutivo Federal es infundado y que la norma impugnada no viola el principio de legalidad y seguridad jurídica.
VII. DECISIÓN
62. Por lo antes expuesto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:
PRIMERO. Es parcialmente procedente, pero infundada la presente acción de inconstitucionalidad.
S
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33733-776c390c/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-plazo-de-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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