I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE (ARTÍCULO 60, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA IMPUGNAR NORMAS LOCALES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL TITULAR DE ESE PODER (ARTÍCULO 90, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, EN RELACIÓN CON EL 43, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. V. INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. VI. INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. CUANDO SE ADVIERTAN AFECTACIONES A LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, EL TRIBUNAL TIENE LA OBLIGACIÓN DE ESTUDIARLAS A LA LUZ DEL REFERIDO PRINCIPIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE TALES LESIONES NO HAYAN SIDO MATERIA DE CONTROVERSIA NI LOS MENORES DE EDAD PARTE EN EL JUICIO. VII. DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. VIII. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SUS ALCANCES Y FUNCIONES NORMATIVAS. IX. DERECHO A LA IDENTIDAD DE UN MENOR. NO SÓLO LO CONSTITUYE LA POSIBILIDAD DE RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE SU NOMBRE, NACIONALIDAD Y FILIACIÓN, PUES A PARTIR DEL RECONOCIMIENTO DE ESTOS DERECHOS PUEDEN DERIVARSE OTROS. X. DERECHO A LA IDENTIDAD PERSONAL. EL CONOCIMIENTO DEL ORIGEN BIOLÓGICO DE LA PERSONA TIENE TRASCENDENCIA PSICOLÓGICA Y JURÍDICA PARA EL INDIVIDUO. XI. FILIACIÓN. FORMA EN QUE OPERAN LOS PRINCIPIOS RECTORES EN LA MATERIA APLICADOS A CASOS CONCRETOS. XII. DERECHO HUMANO AL NOMBRE. SU SENTIDO Y ALCANCE A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A LA LUZ DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES. XIII. FILIACIÓN MATRIMONIAL Y EXTRAMATRIMONIAL. SU IGUALDAD DERIVA TANTO DE UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS DERECHOS HUMANOS A LA IGUALDAD, A LA NO DISCRIMINACIÓN Y A LA PROTECCIÓN DE LA FAMILIA, COMO DEL PARÁMETRO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. XIV. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS. XV. INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. EL RECONOCIMIENTO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES NACIDOS FUERA DEL MATRIMONIO GARANTIZA SU DERECHO HUMANO A LA IDENTIDAD, AL PERMITIRLES CONOCER LAS CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON SU ORIGEN Y LA IDENTIDAD DE SUS PADRES BIOLÓGICOS, LO QUE CONTRIBUYE AL ADECUADO DESARROLLO DE SU PERSONALIDAD Y BIENESTAR INTEGRAL (ARTÍCULO 397, PÁRRAFO PRIMERO Y FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 613, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL PRIMERO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO). XVI. RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD. ORIGINA QUE EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA IDENTIDAD SE CONVIERTA EN UN DERECHO INTERDEPENDIENTE ESENCIAL PARA EL EJERCICIO DE OTROS, COMO A TENER UN NOMBRE Y UNA NACIONALIDAD, DE LOS QUE A SU VEZ DERIVAN, DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, EL DERECHO A LA SALUD EN SU VERTIENTE DE CONOCER EL ORIGEN BIOLÓGICO CON FINES MÉDICOS Y, EN SU CASO, A OBTENER ALIMENTOS, ASÍ COMO A HEREDAR BIENES DE LA PERSONA QUE RECONOZCA SU ASCENDENCIA (ARTÍCULO 397, PRIMER PÁRRAFO Y FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 613, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL PRIMERO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO). XVII. RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD. ANÁLISIS DE LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE LA POSIBILIDAD DE REGISTRAR O RECONOCER A UN MENOR COMO HIJO PROPIO ÚNICAMENTE PARA LOS CÓNYUGES DEL SEXO MASCULINO (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 397, PRIMER PÁRRAFO Y FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 613, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL PRIMERO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO). XVIII. IGUALDAD ANTE LA LEY Y NO DISCRIMINACIÓN. SU CONNOTACIÓN JURÍDICA NACIONAL E INTERNACIONAL. XIX. PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTEG
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 96/2024. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 20 DE MAYO DE 2025. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: ISRAEL RIVAS ACUÑA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Normas impugnadas: Decreto Número 613 por el que se reforman los artículos 57 y 397 primer párrafo y fracción IV, del Código Civil del Estado de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del gobierno de la referida entidad, el uno de abril de dos mil veinticuatro.
Ver índice temático
Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinte de mayo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 96/2024 promovida por el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Consejería Jurídica, en contra del decreto número 613, por el que se reforman los artículos 57 y 397, primer párrafo y fracción IV, del Código Civil del Estado de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial de la citada entidad el uno de abril de dos mil veinticuatro.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Demanda. Por escrito presentado el dos de mayo de dos mil veinticuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Consejería Jurídica, promovió acción de inconstitucionalidad en contra del decreto número 613, por el que se reforman los artículos 57 y 397 primer párrafo y fracción IV, del Código Civil del Estado de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del de la referida entidad el uno de abril de dos mil veinticuatro.
2. Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales que se impugnan: Poderes Legislativo y Ejecutivo del estado de Aguascalientes.
3. Normas generales cuya invalidez se reclama. Decreto número 613, por el que se reforman los artículos 57 y 397, primer párrafo y fracción IV, del Código Civil del Estado de Aguascalientes.(1)
4. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Se señalan los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5. Conceptos de invalidez. La accionante expuso el concepto de invalidez que estimó pertinente, de cuyo contenido se dará cuenta en el considerando destinado a su estudio.
6. Trámite y admisión. Por acuerdo de seis de mayo de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Consejería Jurídica con el número 96/2024; y, por razón de turno, designó al Ministro Alberto Pérez Dayán como instructor.
7. Mediante auto de ocho de mayo de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad; tuvo por presentado al promovente con la personalidad que ostenta y por designado a los delegados y autorizados que señalaron; ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del estado de Aguascalientes, para que rindieran su informe; y a este último requirió que enviara copia certificada del periódico Oficial del Estados, correspondiente al uno de abril de dos mil veinticuatro, que contiene la publicación de las normas cuya constitucionalidad se cuestiona.
8. En ese mismo proveído ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que formulara el pedimento correspondiente.
9. Informe del Poder Legislativo. Mediante acuerdo de cinco de junio de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor tuvo por recibido el informe remitidos por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Aguascalientes.
10. El Poder Legislativo de dicha entidad, expuso las consideraciones que tomó en cuenta la Comisión de Familia y Derechos de la Niñez, al dictaminar la iniciativa que dio origen al decreto impugnado.
11. Informe del Poder Ejecutivo. En acuerdo de diecisiete de junio de dos mil veinticuatro, se tuvo al Titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del estado de Aguascalientes, rindiendo el informe solicitado.
12. Alegó que se actualizaba la causa de improcedencia, en atención a que la promulgación y publicación de las normas impugnadas las realizó conforme a las facultades que para ello le otorga los artículos 32, 35 y 46, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.
13. En cuanto al fondo, expresó que los artículos impugnados no son violatorios de derechos humanos, sino que por el contrario, buscan atender una problemática de igualdad entre mujeres y hombres, en perjuicio del derecho a la identidad de las niñas y niños.
14. Pedimento de la Fiscalía General de la República. El Fiscal General de la República no formuló pedimento en el presente asunto.
15. Alegatos. Por escrito recibido el uno de julio de dos mil veinticuatro, el delegado del Poder Ejecutivo Federal, formuló los alegatos que estimó pertinentes.
16. Cierre de instrucción. En proveído de diez de julio de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor ordenó cerrar instrucción para elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
17. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Federal(2) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) toda vez que el promovente de la acción plantea la posible contradicción entre los artículos impugnados del Código Civil del Estado de Aguascalientes y la Constitución Federal.
II. OPORTUNIDAD
18. La demanda se presentó dentro del plazo legal.
19. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) dispone que el plazo para la presentación de la acción será de treinta días naturales, cuyo cómputo debe hacerse a partir del día siguiente al en que se publicó el ordenamiento impugnado; y si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
20. El Decreto número 613, por el que se reforman los artículos 57 y 397 primer párrafo y fracción IV, del Código Civil del Estado de Aguascalientes, se publicó en el Periódico Oficial del de la referida entidad el uno de abril de dos mil veinticuatro; por lo tanto, el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad transcurrió del martes dos de abril al miércoles uno de mayo de dos mil veinticuatro; sin embargo, al ser inhábil este último día del plazo, se considera que la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente, esto es, el dos de mayo siguiente.
21. En consecuencia, si el escrito que contiene la acción de inconstitucionalidad se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el dos de mayo de dos mil veinticuatro, es evidente que su promoción resulta oportuna.
III. LEGITIMACIÓN
22. La acción se promovió por parte legitimada.
23. El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es del tenor siguiente:
Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
(...).
II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
(...).
c) El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas;
(...).
24. En este caso, la acción de inconstitucionalidad se promovió por el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, María Estela Ríos González, carácter que acreditó con copia certificada del nombramiento respectivo.
25. Este Tribunal Pleno concluye que la acción de inconstitucionalidad se promovió por parte legitimada para ello.
IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
26. En su informe, el Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, señaló que en la acción de inconstitucionalidad se actualizaba diversa causa de improcedencia, ya que la promulgación y publicación de las normas impugnadas las efectuó conforme a las facultades que para ello le otorga la Constitución de dicha entidad.
27. Esta Suprema Corte considera que dicha causa de improcedencia debe desestimarse, pues dicho argumento no encuentra cabida en alguna de las previstas en el artículo 19 de la Ley Reglamentaria, la cual remite el numeral 65 del mismo ordenamiento, este último, en materia de acciones de inconstitucionalidad.
28. Lo anterior, en razón de que el artículo 61, fracción II, de la referida Ley, dispone que en el escrito por el que se promueva la acción de inconstitucionalidad deberán señalarse los órganos legislativo y Ejecutivo que hubieran emitido y promulgado las normas generales impugnadas y su artículo 64, primer párrafo, señala que el Ministro instructor dará vista al órgano legislativo que hubiere emitido la norma y al Ejecutivo que la hubiere promulgado, para que dentro del plazo de quince días rindan un informe que contenga las razones y fundamentos tendentes a sostener la validez de la norma general impugnada o la improcedencia de la acción.
29. Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia número P./J. 38/2010,(5) de rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES”.
30. En vista de que no se hace valer alguna otra causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento, ni este Alto Tribunal advierte que se actualice alguna de oficio, se procede a examinar los conceptos de invalidez planteados.
V. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS
31. De la lectura del escrito de demanda, se advierte que el poder público accionante impugna, por vicios propios, los artículos 57 y 397, primer párrafo y fracción IV, del Código Civil del Estado de Aguascalientes.
VI. TEMAS
32. Enseguida se presenta un cuadro que identifica los temas a examinar en el presente asunto, y son los siguientes:
Ver cuadro 1
VII. ESTUDIO DE FONDO
33. A continuación, se procede al estudio, por separado, de los temas antes destacados.
Tema 1. Violación al principio del interés superior de la infancia, en relación con los derechos a la identidad, filiación y conocimiento biológico.
34. El poder público accionante expresa en la primera parte de su concepto de invalidez, que los artículos 57 y 397 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, transgreden el interés superior de la infancia, así como los derechos humanos de la niñez a la identidad, filiación y conocimiento del origen biológico, reconocidos en el artículo 4, párrafo octavo, de la Constitución General de la República, ya que considera que:
a) Del contenido del artículo 4, párrafo octavo, se desprenden los siguientes postulados para las autoridades del Estado, en el sentido de que toda persona tiene derecho a: 1) La identidad. 2) A ser registrada de manera inmediata a su nacimiento. 3) A conocer la propia historia filial en sus orígenes genéticos, cuando ello es posible. 4) A conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos; y, 5) Al reconocimiento a la nacionalidad, a la filiación y a los derechos emanados de ella, como son los alimentos y sucesorios.
35. Este Tribunal Constitucional considera infundado dicho argumento, por las razones que se exponen enseguida.
36. Para evidenciar lo anterior, se desarrolla la siguiente metodología de estudio: a) el marco jurídico aplicable; b) la doctrina jurisprudencial; y, c) el examen de constitucionalidad.
a) El marco jurídico aplicable.
37. El artículo 1 de la Constitución General de la República, en la parte que interesa establece:
Artículo 1o. [...]
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
38. En dicho precepto se destaca que nuestro orden fundamental prohíbe cualquier tipo de discriminación por razón de sexo o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.
39. A su vez, el artículo 4, octavo y noveno párrafo, de la Constitución Federal, señalan:
Artículo 4. (...)
Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.
40. La Convención sobre los Derechos del Niño (en adelante la Convención), en su artículo 3.1,(6) dispone que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen -entre otros-, los tribunales, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.
41. Por su parte, el numeral 7 de la Convención,(7) establece que el niño tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres; que los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley, sin injerencias ilícitas.
42. Asimismo, el artículo 8.2 de la Convención,(8) agrega que cuando un niño sea privado ilegalmente de alguno de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección debidas con miras a restablecer rápidamente su identidad.
43. De igual forma, el artículo 17.5 de la Convención Americana de los Derechos Humanos,(9) dispone expresamente que la ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio, como a los nacidos dentro de éste. Mientras que el artículo 18 de la Convención citada, indica que toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos.(10) En tanto que el numeral 19 de dicha convención, indica que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que en su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.(11)
44. También, el artículo 24.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconoce el derecho de todo niño, sin discriminación alguna, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y el Estado. A su vez, el 24.2, menciona que todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre.(12)
45. En la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, artículo 13, fracción III,(13) reconoce como derechos de éstos, a la identidad. A su vez, el numeral 18 de dicho ordenamiento,(14) en todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes que tomen los órganos jurisdiccionales, entre otras autoridades, se tomará en cuenta, como consideración primordial el interés superior de la niñez.
46. Mientras que el numeral 19, fracción III, de la referida Ley General, precisa que el derecho a la identidad de las niñas y niños, consiste en conocer su filiación y su origen, en la medida de lo posible, y siempre que ello sea acorde con el interés superior de la niñez.(15)
b) La doctrina jurisprudencial.
47. En principio, se debe tener presente la interpretación que este Tribunal Constitucional ha desarrollado respecto del principio del interés superior de la infancia, que se expresa en las jurisprudencias del Tribunal Pleno número P./J. 7/2016 (10a.),(16) y Segunda Sala números 2a./J. 1/2022 (11a.),(17) y 2a./J. 113/2019 (10a.),(18) en las cuales se ha establecido de manera firme y reiterada el criterio jurídico de que el interés superior de la infancia, se erige como la consideración primordial que todas las autoridades del Estado mexicano, en sus respectivas competencias, deben atender en cualquier decisión que les afecte a las niñas, niños y adolescentes, lo que necesariamente implica que la protección de los derechos de los infantes se realice a través de medidas reforzadas o agravadas, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad.
48. En ese sentido, destaca por su carácter orientador la tesis aislada de la Primera Sala número 1a. CXXI/2012 (10a.),(19) en la que definió que el mencionado principio cumple con dos funciones normativas: a) como principio jurídico garantista y, b) como pauta interpretativa para solucionar los conflictos entre los derechos de los menores.
49. Ahora bien, en relación con el derecho humano a la identidad, esta Suprema Corte ha construido una importante doctrina jurisprudencial. La Primera Sala, en la tesis aislada número 1a. CXLII/2007,(20) estableció que el hecho de que el menor tenga la certeza de quién es su progenitor, constituye un principio de orden público que es parte del núcleo esencial del derecho fundamental a la personalidad jurídica. Criterio que desarrolló posteriormente en la tesis aislada número 1a. LXXV/2018 (10a.),(21) al establecer que el papel que juega el derecho a la identidad en los juicios de desconocimiento de paternidad es, en principio, un derecho de los menores, y no una facultad de los padres.
50. La propia Primera Sala en el amparo directo en revisión 2750/2010,(22) definió el derecho a la identidad, como “un derecho de rango constitucional consistente en el derecho a conocer los orígenes de una persona, el cual se compone del derecho a tener un nombre, una nacionalidad y una filiación, y que está relacionado con el derecho a la salud en su vertiente de conocer el origen biológico con fines médicos, el cual se puede hacer valer a través de la investigación de paternidad”.
51. Asimismo, en la tesis aislada número 1a. XLV/2012 (10a.),(23) de la que derivó dicho asunto, estableció que la identidad personal se construye a través de múltiples factores psíquicos y sociales; por lo que la propia imagen de la persona se determina, en buena medida, por el conocimiento de sus orígenes biológicos, los cuales son de gran trascendencia tanto desde el punto de vista psicológico como jurídico.
52. De igual forma, precisó que aunque el derecho a la identidad se ha desarrollado en mayor medida en el caso de los menores de edad, reconociéndose expresamente su estatus como derecho fundamental, no es un derecho exclusivo de los infantes, ya que si bien la determinación de los orígenes biológicos adquiere especial relevancia tratándose de infantes, aún en personas adultas puede constituir un sentimiento de pérdida y una importante causa de estrés.
53. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de las “Hermanas Serrano Cruz vs El Salvador”,(24) señaló que el derecho a la identidad no se encuentra expresamente previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino que su contenido deriva de las circunstancias de cada caso concreto y de los artículos 18 (derecho al nombre) y 17 (derecho a la protección a la familia) en relación con el artículo 1 de dicha Convención.
54. La Primera Sala, en el amparo directo en revisión 1446/2016,(25) estableció que el derecho humano a la identidad tiene como vertientes, el derecho fundamental a la verdad biológica y la igualdad de hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio.
55. En cuanto al derecho humano a la identidad biológica, en la tesis aislada número 1a. CCCXX/2014 (10a.),(26) se afirmó que es un derecho del hijo tener su filiación correspondiente, y no una mera facultad de los padres hacerlo posible. En este sentido, los alcances que se le otorguen al derecho a la identidad biológica de una persona en un caso específico, máxime cuando se trata de un menor, tendrán que estar siempre dirigidos a atender su interés.
56. Tocante al derecho al nombre, la Primera Sala en la tesis aislada número 1a. XXV/2012 (10a.),(27) definió que está integrado por el nombre propio y los apellidos; lo rige el principio de autonomía de la voluntad, pues debe elegirse libremente por la persona misma, los padres o tutores, según sea el momento del registro; e incluye dos dimensiones, la primera, relativa a tener un nombre y, la segunda, concerniente al ejercicio de modificar el dado originalmente por los padres al momento del registro, por lo que, una vez registrada la persona, debe garantizarse la posibilidad de preservar o modificar el nombre y apellido.
57. Por último, en relación con el derecho fundamental a la igualdad de los hijos nacidos fuera y dentro del matrimonio, la Primera Sala en la tesis aislada número 1a. LXX/2018 (10a.),(28) precisó que a pesar de no tener consagración constitucional expresa, la igualdad entre la filiación matrimonial y la extramatrimonial, deriva tanto de una interpretación sistemática de los derechos humanos a la igualdad, a la no discriminación y a la protección de la familia, como del parámetro establecido en el artículo 1 de la Constitución Federal; como de lo expresamente dispuesto en el artículo 17.5, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prevé que la ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio, como a los nacidos dentro de éste, el cual es parte integrante de nuestro ordenamiento jurídico, generando la obligación para el Estado Mexicano de evitar un trato diferenciado injustificado de los hijos con base en el estatus marital de sus padres o su ausencia al momento de su nacimiento.
58. En suma, de lo expuesto se tiene que el derecho humano a la identidad de las niñas y niños, reconocido en fuente constitucional, convencional y legal, implica que éstos conozcan sus orígenes biológicos, su filiación, a no ser discriminados si nacieron de padres fuera del matrimonio, y por ende, a tener un nombre y nacionalidad que les permite ejercer los demás derechos que les correspondan como personas.
c) El examen de constitucionalidad.
59. Ahora bien, los artículos 57 y 397, primer párrafo, fracción IV, del Código Civil del Estado de Aguascalientes, en su texto anterior a la reforma, y en el vigente, establecen:
Ver cuadro 2
60. Por su relación, aun cuando no fue objeto de la reforma impugnada, se cita el artículo 348, fracción II, del Código Civil de dicha entidad:
Artículo 348.- Se presumen hijos o hijas de los cónyuges:
I.- Las hijas o hijos nacidos después de ciento ochenta días contados desde la celebración del matrimonio;
II.- Las hijas o hijos nacidos dentro de los trescientos días siguientes a la disolución del matrimonio, ya provenga ésta de nulidad del contrato, de muerte del marido o de divorcio. Este término se contará en los casos de divorcio o nulidad, desde que de hecho quedaron separados los cónyuges por orden judicial. En estos supuestos, cuando el cónyuge no sea el padre biológico del niño o niña, para su registro tendrá lugar un trámite administrativo en el cual la progenitora y el padre biológico, se presentarán personalmente ante la Oficialía del Registro Civil exhibiendo una declaratoria en la que manifiesten bajo protesta de decir verdad de que él es el padre biológico de la niña o niño.
61. Del artículo 57, primer párrafo, se advierte que en el momento en que se lleve a cabo un registro de nacimiento, el Oficial del Registro Civil asentará la filiación de la madre desprendiéndola del certificado de nacimiento, y la del padre, con la anuencia de la progenitora, en función al reconocimiento expreso que realice el que comparezca al registro con carácter de reconocedor, lo anterior independientemente del estado civil de la madre.
62. En el artículo 57, segundo párrafo, se prevé que si se actualiza la presunción a que refiere el artículo 348 del presente Código, es decir, que las hijas o hijos hubieren nacido después de ciento ochenta días contados desde la celebración del matrimonio; o bien, las hijas o hijos nacidos dentro de los trescientos días siguientes a la disolución del matrimonio, ya provenga ésta de nulidad del contrato, de muerte del marido o de divorcio; y quien pretenda realizar el reconocimiento es alguien diverso al marido, tendrá lugar un trámite administrativo en el que el reconocedor y la madre deberán comparecer de manera personal y exhibir una declaratoria en la que manifiesten bajo protesta de decir verdad el vínculo de filiación con la persona registrada.
63. A su vez, en el artículo 397, primer párrafo, fracción IV, se establece que el hijo de una mujer casada puede ser reconocido como hijo por otro hombre distinto al marido; sin embargo, para dar trámite a una controversia de paternidad por parte de este último, el juzgador deberá privilegiar el interés superior de la niñez, valorando entre otros factores, el derecho a la identidad de la niña o niño.
64. De las normas impugnadas, se advierte que lo que el legislador del Estado de Aguascalientes realizó, fue una ampliación de procedencia de lo que en el derecho Familiar se conoce como reconocimiento de hijos fuera de matrimonio. Para una mejor comprensión de esta figura jurídica, en principio, se exponen algunas consideraciones sobre la filiación, plasmadas por la Primera Sala en el amparo directo 14/2021,(29) de cuyo contenido destaca:
65. De conformidad con el Diccionario de la Lengua Española, el término de filiación tiene entre sus acepciones la de “procedencia de los hijos respecto de los padres”.(30) El sistema jurídico mexicano lo reconoce como el vínculo que con fundamento en el fenómeno biológico de la procreación o, en su caso, en un acto jurídico, une a dos personas a las que se les atribuye el carácter de hijo y padre o madre, en virtud del cual surgen derechos y obligaciones.
66. Sobre este particular, el Código Civil del Estado de Aguascalientes -al ser éste el ordenamiento en el que se contienen las normas impugnadas-, establece diversas formas de generar la filiación, a saber:
a) la matrimonial; b) la extramatrimonial; y, c) la civil.
67. La filiación matrimonial, se refiere al vínculo que supone que los progenitores son casados y que el hijo fue concebido entre ellos durante el matrimonio, es decir, el momento de la concepción es determinante para la existencia de la filiación, pues existiendo matrimonio entre los padres, la filiación del hijo respecto del padre goza de una presunción legal.(31)
68. La filiación extramatrimonial es la relativa a los hijos habidos fuera de matrimonio, esto es, aquellos que han sido engendrados por personas no casadas entre sí.(32)
69. La filiación civil encuentra su origen en una ficción legal, en un acto jurídico al que la ley le ha dado el carácter de fuente de la filiación y se refiere a la adoptiva.(33)
70. En ese orden de ideas, la filiación jurídica extramatrimonial que se relaciona con las normas impugnadas, surge a partir de dos supuestos: a) el reconocimiento voluntario; o, b) por sentencia que declare la paternidad.
71. En el caso, interesa la figura jurídica del reconocimiento de un descendiente nacido fuera de matrimonio, el cual ha sido definido por la Primera Sala en el amparo directo en revisión 139/2017,(34) como: “la expresión de la voluntad del progenitor que pretende reconocer a un menor como su hijo, cuyo efecto es establecer la filiación de los hijos que no gozan de la presunción legal derivada del matrimonio.”
72. Para una mejor comprensión de esta institución, resulta pertinente traer a colación lo resuelto por la Primera Sala en el amparo directo en revisión 6491/2018,(35) de cuya ejecutoria destacan las siguientes consideraciones:
73. El reconocimiento de hijos o hijas nacidos fuera del matrimonio, es una figura jurídica regulada históricamente en la legislación Civil-Familiar, que forzosamente requiere de la declaración de voluntad orientada a provocar las consecuencias previstas en la ley de tener formalmente a una persona como hijo propio, ya que no hay reconocimiento, sin declaración de voluntad.
74. Para el reconocimiento no se requiere la acreditación de la relación biológica. El legislador prescinde de este aspecto y le da toda la fuerza jurídica a la declaración de voluntad; es decir, la relación biológica entre el que reconoce y el reconocido no es relevante, sino que la voluntad relevante jurídicamente es la manifestada por quien reconoce. Desde esta perspectiva el acto es unilateral y por ello puede hacerse por separado por el padre o la madre, ya que se trata de la admisión de la propia paternidad o maternidad, según el caso. En el entendido de que una vez realizado el reconocimiento de filiación, no es válida su revocación; así lo ha definido la Primera Sala en la jurisprudencia número 1a./J. 8/2013 (10a.).(36)
75. Con base en lo expuesto, como se adelantó, este Tribunal Pleno considera que los artículos 57, segundo párrafo y 397, primer párrafo y fracción IV, del Código Civil del Estado de Aguascalientes, no transgreden el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, sino que por el contrario lo tutelan, ya que amplían el supuesto de procedencia de la acción de reconocimiento de un infante por una persona que no esté casada con la progenitora, lo que finalmente se traduce en su beneficio, por las siguientes razones.
76. Primera, esta Suprema Corte ha indicado que el interés superior de niñas, niños y adolescentes no puede ser establecido con carácter general y de forma abstracta, en tanto que las relaciones fa
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33782-0152b2ac/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-plazo-de-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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