I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. RESULTA INNECESARIO PRONUNCIARSE SOBRE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ PLANTEADOS EN LA DEMANDA CUANDO SE ADVIERTE UN VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE PROVOCA LA NULIDAD TOTAL DEL ACTO LEGISLATIVO IMPUGNADO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 798, 802, 815, 843, 846, 852, 853, 884 Y 891 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES REFORMADOS Y ADICIONADOS, RESPECTIVAMENTE, MEDIANTE DECRETO 313, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO). III. LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL Y FAMILIAR. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA EXPEDIRLA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 798, 802, 815, 843, 846, 852, 853, 884 Y 891 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES REFORMADOS Y ADICIONADOS, RESPECTIVAMENTE, MEDIANTE DECRETO 313, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO). IV. LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL Y FAMILIAR. A PARTIR DE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN EL QUE SE FACULTA DE MANERA EXCLUSIVA AL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA LEGISLAR SOBRE ESA MATERIA, LOS ESTADOS YA NO PODRÁN HACERLO. V. LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL Y FAMILIAR. A PARTIR DE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN EL QUE SE FACULTA DE MANERA EXCLUSIVA AL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA LEGISLAR SOBRE ESA MATERIA, LOS ESTADOS SÓLO PODRÁN HACERLO PARA QUE SUS CONSTITUCIONES TENGAN CONGRUENCIA CON DICHA REFORMA. VI. LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL Y FAMILIAR. DEBE DECLARARSE LA INVALIDEZ DE LAS NORMAS EMITIDAS EN ESAS MATERIAS POR LOS CONGRESOS LOCALES CON POSTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE ENTRÓ EN VIGOR LA REFORMA QUE TRASLADA AL CONGRESO DE LA UNIÓN LA FACULTAD DE EXPEDIR LA LEGISLACIÓN ÚNICA RESPECTIVA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 798, 802, 815, 843, 846, 852, 853, 884 Y 891 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES REFORMADOS Y ADICIONADOS, RESPECTIVAMENTE, MEDIANTE DECRETO 313, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO). VII. LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL Y FAMILIAR. DIFERENCIAS ENTRE LAS NORMAS PROCESALES O ADJETIVAS Y LAS MATERIALES O SUSTANTIVAS. VIII. LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL Y FAMILIAR. LAS DISPOSICIONES QUE ELIMINAN LA POSIBILIDAD DE APELAR EN LOS JUICIOS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, CORRESPONDEN A ESA MATERIA RESERVADA AL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR LO QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES CARECE DE COMPETENCIA PARA EMITIRLAS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 798, 802, 815, 843, 846, 852, 853, 884 Y 891 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES REFORMADOS Y ADICIONADOS, RESPECTIVAMENTE, MEDIANTE DECRETO 313, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA AL ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO). IX. LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL Y FAMILIAR. LA VIGENCIA DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES ESTÁ CONDICIONADA A LA ENTRADA EN VIGOR DE UN NUEVO CÓDIGO ÚNICO EN EL PAÍS, POR LO QUE, EL CONGRESO LOCAL SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA REALIZAR CUALQUIER ADICIÓN, DEROGACIÓN, O MODIFICACIÓN A SU LEGISLACIÓN ADJETIVA EN ESA MATERIA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 798, 802, 815, 843, 846, 852, 853, 884 Y 891 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES REFORMADOS POR EL DECRETO 313, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO). X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 798, 802, 815, 843, 846, 852, 853, 884 Y 891 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES REFORMADOS POR EL DECRETO 313, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO). XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ QUE NO PRODUCE UN VACÍO NORMATIVO, TODA VEZ QUE LA LEGISLACIÓN DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN LA MATERIA CONTINÚA VIGENTE HASTA EN TANTO ENTRE EN VIGOR LA LEGISLACIÓN ÚNICA RESPECTIVA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 798, 802, 815, 843, 846, 852, 853, 884 Y 891 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES REFORMADOS POR EL DECRETO 313, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 58/2018. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 8 DE JUNIO DE 2020. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JUVENAL CARBAJAL DÍAZ.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al ocho de junio de dos mil veinte.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Presentación de la demanda. Por escrito presentado el once de julio de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), promovió acción de inconstitucionalidad, solicitando la invalidez de las normas que más adelante se señalan, emitidas y promulgadas por las autoridades que a continuación se precisan.
a) Norma impugnada. Artículos 798, 802, 815, 843, 846, 852, 853, 884 y 891 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, reformados mediante Decreto Número 313, publicado en el Periódico Oficial de la entidad federativa el 11 de junio de 2018.
b) Autoridades emisora y promulgadora. Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Aguascalientes.
2. SEGUNDO.—Artículos constitucionales y convencionales que se señalan como violados. Artículos 1o., 4o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
3. TERCERO.—Concepto de invalidez. El presidente de la CNDH plantea un único concepto de invalidez, en el cual aduce en síntesis lo siguiente:
4. Los artículos impugnados al establecer que no procede recurso alguno en contra de diversas resoluciones, vulneran el principio de progresividad, acceso a la justicia, así como los derechos de la infancia y el reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas con discapacidad.
5. Vulneran el principio de progresividad, en virtud de que estas disposiciones, previo a su reforma, contemplaban la procedencia del recurso de apelación en contra de las diversas resoluciones cuando actualmente se prevé la improcedencia de cualquiera de los recursos ordinarios previstos en el código procesal.
6. De las intervenciones del Congreso en la modificación al artículo el diputado Enrique Franco Medina, señaló que la eliminación de la posibilidad de presentar un recurso de apelación en la resolución de los procedimientos de jurisdicción voluntaria es con la finalidad de dar celeridad a estos procedimientos, pues únicamente son resoluciones declarativas que no causan estado. Que al ser actos ajenos a juicio, procede el juicio de amparo indirecto, por tanto la eliminación reduce la carga excesiva que tiene la Sala Civil en materia de recursos verticales, permitiendo que atiendan supuestos de mayor trascendencia.
7. La Suprema Corte al resolver la acción de inconstitucionalidad 22/2009 sostuvo que la inexistencia de un sistema recursal es incompatible con la exigencia de justicia completa e imparcial contemplada en el artículo 17 constitucional. No obstante, al resolver la contradicción de tesis 190/2014 aclaró que el derecho a los recursos no es absoluto por lo que no todas las sentencias judiciales deben indefectiblemente ser recurribles, siempre que satisfaga los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad requeridos.
8. En el caso, la justificación del Congreso para eliminar la posibilidad de interponer recurso de apelación en los diversos procedimientos de jurisdicción voluntaria se limita a que resulta innecesario, así como para dar celeridad a los procedimientos y aligerar la carga de trabajo, sin que obste que se haya establecido alguna metodología que haga presumir que se cumplieron los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad.
9. Además, si bien las resoluciones tienen efectos declarativos y no constitutivos, dichos efectos repercuten en el ejercicio de otros derechos fundamentales de las personas, por ejemplo el procedimiento relativo a la declaración de estado tanto de minoría de edad como de interdicción o incapacidad, la resolución trasciende a los derechos relativos a la personalidad y capacidad de la persona.
10. Particularmente, el artículo 788 relativo al procedimiento de declaración de minoridad no atiende el principio de interés superior del niño, por lo cual se estima conveniente que se prevea la posibilidad de que la decisión judicial sea susceptible de ser revisada por un tribunal superior.
11. Las justificaciones y manifestaciones del Congreso señalan que el amparo indirecto no resulta en este caso, el mecanismo idóneo para la protección de posibles errores o excesos en la resolución de los procedimientos previstos en las normas impugnadas, pues su naturaleza está encaminada a analizar y determinar la constitucionalidad de las resoluciones, derivado del control de regularidad en materia de derechos humanos y no a la legalidad.
12. Los Jueces de amparo se limitan a estudiar si un acto viola los derechos humanos de los quejosos, en cambio los tribunales de apelación reasumen la jurisdicción y revisan la totalidad del asunto como lo haría un Juez de primera instancia. Por tanto, el juicio de amparo no hace las veces de un recurso ordinario de apelación.
13. Asimismo, las normas impugnadas trasgreden el derecho a recurrir un fallo ante un Juez o tribunal superior, reconocido en el artículo 8.2, inciso h), de la Convención Americana y con ello se vulnera el derecho a la adecuada defensa y tutela judicial efectiva, pues elimina la posibilidad de promover recurso de apelación, del que conozcan las Salas Civiles para todas las resoluciones derivadas de los procedimientos de jurisdicción voluntaria, implicando un retroceso en los derechos previamente reconocidos.
14. Por lo tanto, solicita que esta Suprema Corte declare la invalidez de las porciones impugnadas, de manera que sea procedente el recurso de apelación en contra de las resoluciones que se dicten en los procedimientos que regulan, con lo cual se reestablecería el derecho a recurrir de la misma manera en que estaba protegido antes de la reforma al código procesal civil.
15. Precisa que sólo solicita la invalidez de la porción normativa "no" y "alguno" en cada uno de los artículos impugnados. Asimismo, pide que se invaliden todas aquellas normas que estén relacionadas por cuestión de efectos, conforme los artículos 41, fracción IV, y 45 de la ley reglamentaria de la materia.
16. CUARTO.—Radicación y admisión de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de doce de julio de dos mil dieciocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 58/2018, así como turnar al Ministro Eduardo Medina Mora I., para que instruya el procedimiento.
17. Por su parte, en diverso proveído de trece de julio de dos mil dieciocho, el Ministro instructor admitió la presente acción de inconstitucionalidad, reconoció la personalidad con que se ostenta el accionante; ordenó dar vista al Poder Legislativo que emitió la norma impugnada, al Ejecutivo que la promulgó para que rindieran sus respectivos informes y enviaran los antecedentes legislativos de la norma impugnada, así como un ejemplar del Periódico Oficial de la entidad federativa en el que conste su publicación; por último dio vista al procurador general de la República para que formulara el pedimento correspondiente.
18. QUINTO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes. En su informe, el Congreso del Estado de Aguascalientes señaló en síntesis lo siguiente:
19. El objeto de la iniciativa que reforman los artículos 798, 802, 815, 843, 846, párrafo tercero, 852, párrafo tercero, 853, 884 y 891 del título décimo cuarto denominado jurisdicción voluntaria del Código de Procedimientos Civiles, consiste en eliminar la posibilidad de presentar recurso de apelación en las resoluciones de los juicios de jurisdicción voluntaria, con la finalidad de dar celeridad a estos procedimientos donde no existe litis.
20. No se vulnera el principio de progresividad, así como el derecho a recurrir un fallo ante una instancia superior, pues el fin de la reforma es dar celeridad a los procedimientos judiciales, impidiéndose la prolongación de los plazos y eliminando trámites procesales superfluos y onerosos. Además no se pone en estado de indefensión a los promoventes de una jurisdicción voluntaria, pues la resolución puede ser revisada por un tribunal superior en el caso por un juzgado de distrito a través del amparo indirecto.
21. SEXTO.—Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes. En el respectivo informe se refiere fundamentalmente a lo siguiente:
22. En el caso en concreto el Decreto Número 313, es producto de una deliberación que se hace en el Congreso del Estado, en la que el ejecutivo solamente cumple con la función de promulgación de leyes.
23. Con relación a los actos imputados al Gobernador del Estado, es decir a la promulgación y orden de publicación del decreto, se realizó en acatamiento a los artículos 32, 35 y 46, fracción I, de la Constitución Política del Estado.
24. SÉPTIMO.—Pedimento de la Procuraduría General de la República. El procurador general de la República formuló pedimento en el cual establece lo siguiente:
25. Advierte una diversa trasgresión del Decreto 313 al artículo 73, fracción XXX, de la Constitución Federal, al actualizarse una invasión de esferas competenciales, por parte del legislador local, respecto de las atribuciones exclusivas del Congreso de la Unión, en el caso, respecto de expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar.
26. De conformidad al régimen de tránsito de la reforma constitucional en la cual se adicionó la fracción XXX al artículo 73 constitucional, a partir de su entrada en vigor, es decir el dieciséis de septiembre de dos mil diecisiete al catorce de marzo de dos mil dieciocho, el Congreso de la Unión debía expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar; asimismo, dispone que la legislación federal y de las entidades federativas continuará en vigencia hasta que entre en vigor la legislación que emita el Congreso de la Unión y de conformidad con el régimen transitorio que la misma prevea, los procedimientos y sentencias emídidas con fundamento en la legislación civil y familiar de las entidades federativas se deben concluir y ejecutar conforme a las mismas.
27. Por lo anterior, es claro que a partir de la entrada en vigor de la adición al artículo 73 constitucional, las legislaturas de las entidades federativas se encuentran impedidas para emitir disposiciones inherentes a la materia civil y familiar. Por analogía a la competencia exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en materia adjetiva penal cita los precedentes de acción de inconstitucionalidad 12/2014, 109/2014, y 29/2015.
28. Estima necesario tener en cuenta todas las normas del Código de Procedimientos Civiles que fueron objeto del Decreto 313, al ser una reforma que buscó incorporar nuevos elementos procesales en materias de desahucio, caducidad de la instancia, ejecutiva civil, hipotecaria y apelación en juicios de jurisdicción voluntaria.
29. No pasa inadvertido que el Congreso de la Unión no ha emitido la ley única en materia procesal civil y familiar y que en términos del régimen transitorio, la legislación procesal civil y familiar de la Federación y de las entidades federativas continuarán en vigencia, sin embargo, tales aspectos de ninguna manera pueden interpretarse en el sentido de que los Congresos estatales aún cuentan con atribuciones legislativas en la referida ley.
30. El acto legislativo impugnado implica una violación a los artículos 16 y 73, fracción XXX, constitucional, pues fue emitido por una autoridad incompetente, en virtud de que a la fecha de su emisión ya se encontraba reservada la materia al Congreso de la Unión.
31. Por lo tanto, con independencia de los vicios de inconstitucionalidad hechos valer por la CNDH, debe declararse la invalidez constitucional de la totalidad del Decreto 313, publicado en el Periódico Oficial de Aguascalientes el once de junio de dos mil dieciocho.
32. OCTAVO.—Cierre de instrucción. Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos de las partes, el pedimento del procurador y encontrándose debidamente instruido el procedimiento, el expediente se puso en estado de resolución en auto de uno de octubre de dos mil dieciocho.
33. Mediante acuerdo de diez de octubre de dos mil diecinueve, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia ordenó que el asunto fuera returnado a la ponencia de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa.
CONSIDERANDO:
34. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal;(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) toda vez que se plantea la posible contradicción entre diversos artículos reformados al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
35. SEGUNDO.—Oportunidad. Procede analizar si la demanda de la acción fue promovida oportunamente, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente.
36. El escrito por el que se promueve la presente acción de inconstitucionalidad fue depositado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el día once de julio de dos mil dieciocho.(3)
37. El párrafo primero del artículo 60, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(4) dispone que el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial y que si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
38. Conforme a este precepto, el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional cuya invalidez se solicita, haya sido publicado en el correspondiente medio oficial.
39. Los artículos impugnados del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, fueron publicados mediante el Decreto Número 313 en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el día once de junio de dos mil dieciocho, como se advierte del ejemplar de la edición correspondiente,(5) por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo transcrito, el plazo para promover la presente acción, transcurrió del martes doce de junio al miércoles once de julio de dos mil dieciocho.
40. Bajo ese contexto, al haberse presentado la acción de inconstitucionalidad, el once de julio de dos mil dieciocho, ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe concluirse que fue promovida oportunamente.
41. TERCERO.—Legitimación. A continuación, se procede analizar la legitimación de la promovente de la acción de inconstitucionalidad, por ser presupuesto indispensable para su ejercicio.
42. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59, en relación con el diverso 11, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional,(6) las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
43. En el caso, suscribe la acción de inconstitucionalidad, Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuestión que acredita con la copia certificada de su nombramiento;(7) funcionario que cuenta con facultades para representar a la CNDH y promover acciones de inconstitucionalidad en su nombre, de conformidad con los artículos 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 18 de su Reglamento Interno.
44. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos puede ejercer la acción de inconstitucionalidad contra leyes expedidas por las legislaturas locales por considerar que vulneran derechos humanos, como sucede en el caso que nos ocupa en donde la Comisión aduce la violación a los artículos 1, 4, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
45. Así, dicho organismo está legitimado para promover acción de inconstitucionalidad, respecto de leyes federales, de las entidades federativas y tratados internacionales en que considere, existe vulneración a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte.
46. Por lo anterior, se concluye que el presidente de la CNDH cuenta con legitimación para promover la presente acción de inconstitucionalidad.
47. CUARTO.—Causas de improcedencia. No se hacen valer causales de improcedencia o motivos de sobreseimiento, ni se advierte alguna otra de oficio por este Tribunal Pleno.
48. QUINTO.—Estudio de fondo. Resulta innecesario pronunciarse sobre el concepto de invalidez planteado en la demanda inicial, ya que en términos de lo previsto en el artículo 71 de la ley reglamentaria de la materia,(8) así como de la jurisprudencia P./J. 42/2013 (10a.),(9) este Tribunal Pleno advierte que en el presente asunto existe un vicio de inconstitucionalidad de estudio preferente, consistente en la invasión a la esfera de competencias del Congreso de la Unión respecto de la atribución contenida en el artículo 73, fracción XXX, de la Constitución Federal, que invalida las normas impugnadas.
49. Esto es así porque del marco constitucional que rige la regulación de la materia procesal civil y familiar en la que incide el acto legislativo impugnado se advierte que resulta contrario al artículo 73, fracción XXX, de la Constitución Federal por tratarse de un tema respecto del cual únicamente puede legislar el Congreso de la Unión, lo que conlleva a declarar la invalidez de los preceptos impugnados.
50. El artículo 73, fracción XXX, constitucional establece lo siguiente:
"Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
"...
"XXX. Para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar."
51. El precepto transcrito se introdujo a la Constitución mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete, en la que se estableció que el Congreso de la Unión será competente para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, que regirá en toda la República excluyendo de esta forma la facultad de los Estados para legislar sobre este tema.
52. Esta reforma, derivó de dos iniciativas propuestas por el Ejecutivo Federal sobre las que se abordaron temas en relación a la justicia cotidiana dentro del ámbito de la materia del derecho de acceso a la justicia, las cuales tuvieron como fin elevar a rango constitucional el deber de las autoridades de privilegiar por encima de aspectos formales, la resolución de fondo del asunto, pues se identificó que un problema en la impartición de justicia era la excesiva formalidad prevista en la legislación y la inadecuada interpretación y aplicación de las normas por los operadores del sistema de justicia.(10)
53. Por su parte, en el Dictamen de la Cámara de Senadores (origen) se expresa que "la dispersión de la legislación procedimental se identifica -correctamente- como uno de los elementos que afectan el acceso de las personas a la justicia".
54. Como solución a este problema, en el dictamen se señala que ante la multiplicidad de ordenamientos legales sobre la misma materia en el orden federal y en el orden de las entidades federativas no es la primera vez que el Poder Legislativo opta por su homologación. Anteriormente, lo hizo en el ámbito laboral y más recientemente en el penal con la reforma al inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 constitucional,(11) mediante la que se reservó para el Congreso de la Unión la facultad de expedir la legislación única en materia procedimental penal.
55. En ese sentido, la cámara de origen consideró que de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo Federal "la reforma busca la unificación en el país de las normas procedimentales en materia civil y familiar para facilitar su desarrollo y el establecimiento de políticas públicas para mejorar transversalmente la impartición de justicia en esas materias, por lo que no comprende ni abarca la competencia propia y exclusiva de las Legislaturas de las entidades federativas para establecer las normas sustantivas civiles y familiares".
56. En la misma lógica, en el Dictamen de la Cámara de Diputados (revisora) se reiteró que la propuesta del Ejecutivo Federal "tuvo como propósito establecer una misma base regulatoria que fije los elementos necesarios para fortalecer, unificar y agilizar la justicia civil y familiar en todo el país". Enfatizando que "esta reforma no pretende eliminar las facultades que tienen las entidades federativas para establecer las normas sustantivas civiles y familiares, éstas permanecen como materia reservada a aquéllas. Se trata, por el contrario, de establecer estándares homogéneos que permitan articular políticas transversales en la administración de justicia".
57. De lo antes expuesto se advierte que la reforma constitucional de referencia obedeció a la necesidad de establecer una misma base regulatoria que fijara los elementos necesarios para fortalecer, unificar y agilizar la justicia civil y familiar en todo el país, sin anular las facultades que tienen las entidades federativas para establecer las normas sustantivas civiles y familiares, que sí permanecerían como materia reservada a aquéllas.
58. Finalmente, la reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el viernes quince de septiembre de dos mil diecisiete en los siguientes términos:
"Se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia cotidiana (solución de fondo del conflicto y competencia legislativa sobre procedimientos civiles y familiares).
"Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 16; y se adicionan un párrafo tercero, recorriéndose en su orden los actuales párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo al artículo 17; y la fracción XXX, recorriéndose en su orden la actual XXX para quedar como XXXI al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. ...
"Artículo 17. ... Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. ...
"Artículo 73. ...
"I. a XXIX-Z. ...
"XXX. Para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar;
"XXXI. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.
"Transitorios
"Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo dispuesto en el transitorio siguiente.
"Segundo. La reforma del primer párrafo del artículo 16 y la adición de un nuevo tercer párrafo al artículo 17 constitucional entrarán en vigor a los ciento ochenta días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Para tal efecto, y en los casos en que se requiera, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán adecuar a las modificaciones en cuestión, respectivamente, las leyes generales y las leyes federales, así como las leyes de las entidades federativas.
"Tercero. Las legislaturas de las entidades federativas deberán llevar a cabo las reformas a sus constituciones para adecuarlas al contenido del presente decreto en un plazo que no excederá de ciento ochenta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
"Cuarto. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación procedimental a que hace referencia la fracción XXX del artículo 73 constitucional adicionado mediante el presente Decreto, en un plazo que no excederá de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
"Quinto. La legislación procesal civil y familiar de la Federación y de las entidades federativas continuará vigente hasta en tanto entre en vigor la legislación a que se refiere la fracción XXX del artículo 73 constitucional, adicionada mediante el presente Decreto, y de conformidad con el régimen transitorio que la misma prevea. Los procedimientos iniciados y las sentencias emitidas con fundamento en la legislación procesal civil federal y la legislación procesal civil y familiar de las entidades federativas deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme a la misma."(Énfasis añadido).
59. De esta transcripción, se desprende que la reforma entró en vigor el dieciséis de septiembre de dos mil diecisiete; que a partir de ese momento las legislaturas locales debían adecuar su legislación en un plazo de ciento ochenta días al decreto publicado; que el Congreso de la Unión debía expedir en ese plazo la legislación única en materia procesal civil y familiar a que hace referencia la nueva fracción XXX al artículo 73, precisando que en tanto no entre en vigor el nuevo código único, continuarán vigentes los de la Federación y las entidades federativas; y que aquellos procedimientos iniciados y sentencias fundamentadas con estas legislaciones deberán concluirse y ejecutarse conforme a las mismas.
60. De acuerdo con lo anterior, a partir de la fecha de entrada en vigor del decreto de reforma constitucional en el que se faculta de manera exclusiva al Congreso de la Unión para legislar sobre determinada materia, los Estados ya no pueden normar al respecto, como lo venían haciendo en términos del artículo 124 constitucional; pues ya sólo podrán ejercer las facultades que en términos del régimen de concurrencia se les reconozcan.
61. Consecuentemente, los treinta y tres códigos existentes en materia adjetiva civil y familiar,(12) a partir del dieciséis de septiembre de dos mil diecisiete, adquirieron una vigencia determinada para el proceso de transición de ser una legislación con ámbito espacial de validez local a federal. Lo que significa que los Estados dejaron de tener competencia para regular esta materia con la salvedad, por mandato constitucional, de legislar para que sus Constituciones tengan congruencia con la reforma.
62. Como se dijo durante los procesos legislativos, no es la primera vez que la legislación en materia de competencia estatal se traslada a la Federación, como fue el caso de la reforma al inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución que prevé que el Congreso de la Unión será competente para expedir la legislación única en materia procedimental penal.
63. Respecto de este tema este Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 15/2015(13) sostuvo que:
"Como se advierte, la referida norma constitucional, en lo que al caso interesa, prevé que el Congreso de la Unión será competente para expedir la legislación única en materia procedimental penal, de procedimientos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en la República, excluyendo de esta forma la concurrencia de los Estados para legislar al respecto.
"En términos de este precepto, al facultarse constitucionalmente al Congreso de la Unión, para establecer, mediante una ley única en proceso penal y demás supuestos supracitados, se privó a los Estados la atribución con la que anteriormente contaban, en términos del artículo 124 de la Constitución Federal, para legislar en relación con esa materia.
"...
"[C]on motivo de la entrada en vigor de la reforma constitucional, los Estados han dejado de tener competencia para legislar sobre materia procedimental penal, mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas, hasta en tanto entre en vigor la legislación única, pueden seguir aplicando la legislación local expedida con anterioridad a esa fecha."
64. Es necesario destacar que los criterios emitidos en la citada acción de inconstitucionalidad resultan aplicables al caso que nos ocupa por existir una similitud en la cuestión planteada. Es decir, se observa una intención clara del Constituyente Permanente para reformar la Constitución con el propósito de unificar las normas procesales en los ámbitos penal, civil y familiar para mejorar la impartición de justicia, razón por la que se decide trasladar al Congreso de la Unión la facultad exclusiva para expedir la legislación procedimental única en las materias antes señaladas.
65. Con lo que, a partir de la entrada en vigor de las respectivas reformas se excluye la concurrencia de los Estad
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29935-48dc7e02/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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