Corpus
Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA IMPUGNAR NORMAS LOCALES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL TITULAR DE ESE PODER (ARTÍCULO 43, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL). IV. DERECHO HUMANO AL NOMBRE. SU SENTIDO Y ALCANCE A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. V. DERECHO HUMANO AL NOMBRE. ES UN ELEMENTO DETERMINANTE DE LA IDENTIDAD. VI. DERECHO HUMANO AL NOMBRE. SU ÁMBITO DE TUTELA SE DESARROLLA EN UNA DOBLE FACETA, INDIVIDUAL Y COLECTIVA O SOCIAL. VII. DERECHO HUMANO AL NOMBRE. ES UN ATRIBUTO FUNDAMENTAL DE LAS PERSONAS, RECONOCIDO A UN RANGO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL, Y PUEDE SER MODIFICADO, POR LO QUE EL ESTADO DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS QUE PERMITAN EJERCER EFICAZMENTE TAL POSIBILIDAD. VIII. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE. IX. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. SU DIMENSIÓN EXTERNA E INTERNA. X. DERECHO HUMANO AL NOMBRE. DADO QUE EL SUBDERECHO A MODIFICAR EL NOMBRE ES UN COMPONENTE DE ÉSTE, EL ESTADO, ADEMÁS DE RESPETARLO, DEBERÁ PROMOVERLO, PROTEGERLO Y GARANTIZARLO, SIENDO ESTO ÚLTIMO LO QUE LO SUJETA A ESTABLECER LAS CONDICIONES PARA SU EJERCICIO EFECTIVO Y EN LAS MEJORES CONDICIONES POSIBLES, SIN MÁS OBSTÁCULOS QUE LOS QUE SUPONGA LA GARANTÍA DE OTROS DERECHOS. XI. DERECHO HUMANO AL NOMBRE. EL PRINCIPIO DE INMUTABILIDAD CONSTITUYE UNA GARANTÍA DE SU FUNCIÓN SOCIAL Y NO UNA RESTRICCIÓN. XII. NOMBRE DE LAS PERSONAS. EL PRINCIPIO DE SU ESTABILIDAD IMPLICA EVITAR SU CAMBIO DE MANERA CONSTANTE Y CAPRICHOSA, MAS NO COMPLICAR EL TRÁMITE PARA ELLO, AL GRADO DE DESINCENTIVAR QUE UNA PERSONA DISPONGA DE UN ELEMENTO DE SU PROPIA IDENTIDAD, EN EL EJERCICIO DE SU VOLUNTAD, IDENTIDAD AUTOPERCIBIDA Y EL LIBRE DESARROLLO DE SU PERSONALIDAD. XIII. NOMBRE DE LAS PERSONAS. LA NORMATIVA QUE PREVÉ EXCLUSIVAMENTE LA VÍA JURISDICCIONAL PARA LA MODIFICACIÓN DEL NOMBRE EN EL ACTA DE NACIMIENTO, POR CAUSAR AFRENTAS, RESULTAR INFAMANTE O EXPONER AL RIDÍCULO, RESULTA CONTRARIA AL DERECHO A LA IDENTIDAD PARA EJERCER EL DERECHO A IDENTIFICARSE DE UN MODO QUE NO MENOSCABE LA IDENTIDAD PERSONAL Y PÚBLICA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 145, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR). XIV. NOMBRE DE LAS PERSONAS. LA NORMATIVA QUE NO PREVÉ UNA VÍA DISTINTA DE LA JURISDICCIONAL PARA LA MODIFICACIÓN DEL ACTA DE NACIMIENTO EN CUANTO AL NOMBRE POR CAUSAR AFRENTA, RESULTAR INFAMANTE O EXPONER AL RIDÍCULO, NO CUMPLE LOS ESTÁNDARES DE SENCILLEZ Y EXPEDITEZ, Y RESULTA VIOLATORIA DEL DERECHO AL NOMBRE, POR OBSTACULIZAR EN EXCESO EL SUBDERECHO A CAMBIARLO DE MANERA SENCILLA Y RÁPIDA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 145, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR). XV. NOMBRE DE LAS PERSONAS. ANÁLISIS DE LAS PORCIONES NORMATIVAS "EL NOMBRE PROPIO O" Y "CUANDO EL INTERESADO DEMUESTRE QUE HA USADO INVARIABLE Y CONSTANTEMENTE OTRO DIVERSO EN SU VIDA SOCIAL Y JURÍDICA AL QUE APARECE EN SU ACTA DE NACIMIENTO" DEL ARTÍCULO 145, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR (DESESTIMACIÓN DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 145, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR). XVI. ANOTACIONES EN COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE NACIMIENTO MODIFICADAS EN RAZÓN DEL NOMBRE Y DE LOS APELLIDOS. LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE "ADEMÁS SE DEBERÁ HACER REFERENCIA DE ELLO, EN LAS COPIAS CERTIFICADAS DE LAS ACTAS MODIFICADAS QUE AL EFECTO SE EXPIDAN", NO CONSTITUYE UNA EXPOSICIÓN INNECESARIA DE UNA DECISIÓN PRIVADA DE LA PERSONA, YA QUE LA MISMA NORMA PREVÉ QUE SE PODRÁ PRESCINDIR DE LA MISMA, CUANDO ASÍ LO SOLICITE EXPRESAMENTE EL INTERESADO AL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL (ARTÍCULO 145 BIS, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "ADEMÁS SE DEBERÁ HACER REFERENCIA DE ELLO, EN LAS COPIAS CERTIFICADAS DE LAS ACTAS MODIFICADAS QUE AL EFECTO SE EXPIDAN", DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR). XVII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A LOS DOCE MESES SIGUIENTES DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR PARA DAR OPORTUNIDAD DE QUE, EN CASO DE QUE EL CONGRESO LO ESTIME PROCEDENTE, SE ADECUE LA CODIFICACIÓN CIVIL

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 114/2022. · Registro digital (IUS): 32670
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-08-23
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Agosto de 2024, Tomo IV, Volumen 1, Pág.63.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 114/2022. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 20 DE JUNIO DE 2023. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIOS: JIMENA SOFÍA VIVEROS ÁLVAREZ Y LUIS ANTONIO BELTRÁN PINEDA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Ver índice temático

Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinte de junio de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 114/2022, promovida por el Poder Ejecutivo Federal en contra de los artículos 145, fracciones III y IV, y 145 Bis, en su porción normativa "además se deberá hacer referencia de ello, en las copias certificadas de las actas modificadas que al efecto se expidan", del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, reformados mediante Decreto número 2767, publicado el diez de julio de dos mil veintidós en el Boletín Oficial del Gobierno de esa entidad.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la acción de inconstitucionalidad. Por escrito recibido el ocho de agosto de dos mil veintidós, a través del buzón judicial, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María Estela Ríos González, quien se ostentó como Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, promovió acción de inconstitucionalidad, en la que señaló como norma general impugnada y órganos emisores de la manera textual siguiente:

• Norma general cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicó:

Fracciones III y IV del artículo 145, y el artículo 145 Bis, ambos del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, reformados mediante Decreto número 2767, publicado el diez de julio de dos mil veintidós en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

• Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales impugnadas:

a) Congreso del Estado de Baja California Sur.

b) Gobernador del Estado de Baja California Sur.

2. Preceptos constitucionales que se estiman vulnerados. El Poder Ejecutivo Federal estima que las normas impugnadas violan los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Conceptos de invalidez. En la demanda, en el único concepto de invalidez, en síntesis, se hicieron valer los argumentos siguientes:

• La fracción III del artículo 145 del Código Civil para el Estado de Baja California Sur, el cual señala que la modificación del contenido de un acta de registro civil debe realizarse ante la autoridad judicial, cuando implique la modificación o cambio del nombre propio o apellidos, para adecuarla a la realidad social, establece una medida restrictiva y gravosa para los solicitantes. Ello pues la persona interesada deberá demostrar que ha usado invariable y constantemente otro diverso en su vida social y jurídica al que aparece en su acta de nacimiento, lo cual se traduce en una condición desigual y discriminatoria que restringe de manera desproporcionada e innecesaria el derecho al nombre en su vertiente de modificación o rectificación.

• Asimismo, la fracción IV del impugnado artículo 145, que regula el supuesto de cambio de nombre cuando el que tenga registrado le cause afrenta o lo exponga al ridículo, al obligar al solicitante a acudir a una vía judicial para demostrar que su nombre resulta infamante, no toma en consideración que el valor de la dignidad humana constituye una condición y base de los mismos derechos, en cuanto involucra el derecho mismo a ser considerado como ser humano y que dentro de los derechos personalísimos se encuentra el derecho a la identidad personal; por lo que su modificación por cuestiones que atentan la dignidad humana no debe estar sujeta a un estándar probatorio riguroso en la vía judicial; sino facilitar su modificación en la vía más rápida y eficaz ante la autoridad administrativa.

• Además, advierte que el Código Civil para el Estado de Baja California Sur establece una distinción en el tipo de procedimiento para supuestos equivalentes (i) para la modificación del nombre o apellidos para adecuarlos a la realidad social o porque el nombre que tenga registrado le cause afrenta o lo exponga al ridículo, el legislador prevé un procedimiento jurisdiccional, y (ii) para la modificación del acta por errores mecanográficos, ortográficos o de otra índole, establece un procedimiento administrativo ante el Registro civil.

• Lo anterior, acredita una discriminación normativa al regular de forma desigual dos supuestos equivalentes, transgrediendo los derechos a la igualdad, a la identidad y al nombre de las personas, reconocidos en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Federal. Lo considera así, pues la intervención de la persona juzgadora sujeta al gobernado a cargas innecesarias relacionadas con la prueba, aunado a que, para la adecuación del acta de nacimiento solamente se requiere el consentimiento libre e informado del solicitante al ser un acto declarativo y no constitutivo.

• Aduce que, al establecerse una distinción que se traduce en la existencia de dos regímenes jurídicos, ésta debe ser razonable para considerarse constitucional. Si bien, los Congresos poseen libertad de configuración dicha facultad se encuentra limitada por los mandatos constitucionales y los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano.

• Por otra parte, la porción normativa del artículo 145 Bis relativa a la obligación de realizar las anotaciones del cambio de nombre en el libro y actas correspondientes, y hacer referencia de ello en las copias certificadas de las actas modificadas que al efecto se expidan, viola los principios de igualdad y no discriminación, así como a la dignidad, intimidad y vida privada, toda vez que, se ordena dar publicidad al cambio de nombre sin que se advierta razonabilidad alguna.

4. Admisión y trámite. Mediante acuerdo de once de agosto de dos mil veintidós, el entonces Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 114/2022 y la turnó a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf como instructora del procedimiento.

5. Por acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintidós, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda, requirió a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California Sur que rindieran sus respectivos informes y remitieran los documentos necesarios para la debida integración del expediente, y ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República, para que, hasta antes del cierre de instrucción, manifestara lo que a su representación correspondiera.

6. Informe del Poder Ejecutivo Local. Por oficio remitido por paquetería el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, recibido en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al día siguiente, Fernando Favian González Luevanos, Subsecretario de la Consejería Jurídica de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Baja California Sur, rindió informe en representación del Gobernador, en los siguientes términos:

• Estima que no asiste la razón al promovente, ya que la norma cuya invalidez se reclama se consideró por el legislador como un control administrativo, cuya finalidad es que el registro civil tenga la información actualizada de las expediciones y modificaciones que se hayan realizada de cada una de las actas, por lo que estima que dicha disposición se encuentra perfectamente armonizada con los artículos 1, 4 y 29 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

7. Informe del Poder Legislativo Local. El veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, Adrián Chávez Ruíz, Oficial Mayor del Congreso del Estado de Baja California Sur, rindió informe en representación del Poder Legislativo de esa entidad, en los siguientes términos:

• Considera que las normas impugnadas son válidas, porque persiguen un fin constitucionalmente válido, consistente en evitar que la modificación del nombre se efectúe por simple voluntad, en beneficio de la seguridad jurídica sobre el estado civil de las personas en sus relaciones con su familia, la sociedad y el Estado.

• Refiere que el estándar probatorio contenido en las normas es idóneo para la consecución del fin, porque evita que el nombre sea modificado con la mera solicitud de la peticionaria, al imponerle la carga de probar fehacientemente, a través de específicos medios de convicción, la existencia de una realidad social o jurídica que deba ajustarse a su nombre.

• Argumenta que no puede exigirse o justificarse que una autoridad administrativa lleve a cabo actuaciones y facultades que corresponden a una jurisdiccional, pues generaría una violación a los principios de legalidad y seguridad jurídica, que resultan indispensable para la salvaguarda del estado de derecho.

• Por último, manifiesta que en las normas impugnadas no se da un trato desigual y discriminatorio a personas que se encuentran en igualdad de condiciones, porque no es lo mismo la solicitud de la modificación de un acta por errores mecanográficos u ortográficos ante la autoridad administrativa, a la solicitud de modificación total del nombre, apellidos o ambos.

8. Alegatos. El Poder Ejecutivo Federal y Subsecretario de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en representación del Gobernador de esa entidad, formularon los alegatos que estimaron convenientes.

9. Pedimento de la Fiscalía General de la República. Dicha representación no formuló pedimento en este asunto.

10. Cierre de instrucción. Mediante proveído de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, la Ministra instructora declaró el cierre de instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver esta acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) en relación con el punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General número 1/2023,(3) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, toda vez que, el Ejecutivo Federal promueve el presente medio de control constitucional contra normas generales locales por considerar que su contenido es inconstitucional.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS

12. Esta sentencia debe contener la fijación breve y precisa de las normas generales que son materia de la presente acción de inconstitucionalidad, conforme al artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(4)

13. El Poder Ejecutivo Federal, en su escrito inicial, impugnó los artículos 145, fracciones III y IV, y 145 bis del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, reformados mediante el decreto número 2767, publicado el diez de julio de dos mil veintidós en el Boletín Oficial de esa entidad federativa. No obstante, sobre el artículo 145 bis en cuestión, solo presentó argumentos sobre su invalidez, relacionados con la porción normativa "además se deberá hacer referencia de ello, en las copias certificadas de las actas modificadas que al efecto se expidan".

"Artículo 145. La modificación del contenido de un acta del Registro Civil, deberá realizarse ante la autoridad judicial, cuando implique:

"I. ...

"II. ...

"III. La modificación o cambio del nombre propio o apellidos, para adecuarla a la realidad social, cuando el interesado demuestre que ha usado invariable y constantemente otro diverso en su vida social y jurídica al que aparece en su acta de nacimiento;

"IV. El cambio del nombre propio, por el que tenga registrado le cause afrenta, sea infamante o lo exponga al ridículo; y

"V. ..."

"Artículo 145 Bis. La sentencia que cause ejecutoria en el juicio de modificación de un acta del Registro Civil, se comunicará al Oficial del Registro Civil que corresponda para que haga las anotaciones en el libro y acta correspondientes, además se deberá hacer referencia de ello, en las copias certificadas de las actas modificadas que al efecto se expidan, se podrá prescindir de esta referencia, cunado lo solicite expresamente el interesado al Oficial del Registro Civil.

"El Oficial del Registro Civil también comunicará oficiosamente la modificación del acta del registro civil a las representaciones en el Estado de las Secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Relaciones Exteriores e Instituto Nacional Electoral. (sic)"

III. OPORTUNIDAD

14. El artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal(5) dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial.

15. Bajo este contexto, se advierte que el Poder Ejecutivo Federal impugna el artículo 145, fracciones III y IV y una determinada porción normativa del diverso 145 Bis del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, reformado mediante el Decreto número 2767, publicado el diez de julio de dos mil veintidós en el Boletín Oficial del Gobierno de dicha entidad federativa. Por consiguiente, el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad transcurrió del once de julio al nueve de agosto de dos mil veintidós.

16. En ese sentido, toda vez que la demanda se presentó el ocho de agosto de dos mil veintidós, se concluye que la acción de inconstitucionalidad se promovió oportunamente.

IV. LEGITIMACIÓN

17. El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(6) establece que el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de quien encabece la Consejería Jurídica del Gobierno, está legitimado para promover acciones de inconstitucionalidad contra leyes expedidas por las legislaturas estatales que estime contrarias a la Constitución Federal.

18. Asimismo, en términos del artículo 59,(7) en relación con el diverso 11, párrafo primero,(8) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional, las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que de conformidad con las normas que los rigen estén facultados para representarlos.

19. Por su parte, el artículo 43, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal(9) confiere a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal la facultad de representar al Presidente de la República en las acciones de inconstitucionalidad.

20. En el caso, la acción de inconstitucionalidad fue suscrita por María Estela Ríos González, en su carácter de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, calidad que acredita con la copia certificada del nombramiento expedido el dos de septiembre de dos mil veintiuno suscrito por el Presidente de la República.

21. Bajo tales consideraciones, la parte accionante está legitimada, en términos de lo previsto en el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Federal, pues el presente asunto fue promovido a través de su debida representante.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

22. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia ni motivo de sobreseimiento, y este Pleno, de oficio, tampoco advierte que se actualice alguna, por lo que procede realizar el estudio de fondo.

VI. ESTUDIO DE FONDO

23. Tal como se advierte de la precisión de normas impugnadas y a partir del estudio de los conceptos de invalidez, la materia principal de la litis radica en las formalidades que estableció el legislador para modificar el nombre propio o los apellidos asentados en un acta de nacimiento –en caso de que no correspondan con la realidad social– o solamente el nombre propio –si causa afrenta, resulta infamante o expone al ridículo a la persona registrada–. En concreto, el hecho de que el trámite se deba llevar ante la autoridad judicial y que se deba hacer referencia a tales modificaciones en las copias certificadas que se expidan del acta.

24. Es decir, la materia en el presente asunto consiste en determinar si es constitucionalmente válido que el cambio o modificación de nombre, por los motivos impugnados, se deba realizar exclusivamente a través de una vía judicial y que el resultado deba asentarse en las copias certificadas que se expidan del acta.

VI.1. Parámetro de regularidad constitucional

VI.1.1. Sobre el derecho al nombre

25. El artículo 4o., párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(10) dispone que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrada inmediatamente tras su nacimiento. Para asegurar el ejercicio de los derechos derivados, también se establece el deber de las autoridades de expedir de forma gratuita la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.

26. Si bien la norma constitucional hace referencia a un derecho genérico a la identidad, sin mencionar, en específico, el de contar con un nombre, esto último se encuentra implícito, al constituir un signo distintivo que genera un nexo social de identidad, tomando en cuenta, por una parte, que el propósito de un nombre es servir como medio para identificar a alguien y, por otro, que la finalidad de la norma constitucional es referenciar al registro de nacimiento y al acta respectiva, la cual, de manera uniforme en el país, incluye el nombre, como se desprende, por ejemplo, del artículo 58 del Código Civil Federal.(11)

27. Por otra parte, el derecho al nombre, identificado como tal, está reconocido en el artículo 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,(12) en el que se ordena su reglamentación legal para que toda persona goce de él y, adicionalmente, cuente con los apellidos que identifiquen su filiación.

28. Ambos preceptos, de origen constitucional y convencional, son suficientes para advertir que se trata de una prerrogativa fundamental a favor de las personas que, inclusive, se fortalece con la prohibición de suspender ese derecho, aun en casos de grave peligro para la sociedad,(13) lo cual evidencia la especial relevancia que la Constitución le otorga y que presupone que los deberes a cargo de las autoridades (promover, respetar, proteger y garantizar) sean de una magnitud similar.

29. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido jurisprudencia en el sentido de que el derecho al nombre constituye un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona, que los Estados tienen la obligación no solo de proteger, sino también de brindar las medidas necesarias para facilitar el registro del nacimiento, con el nombre elegido por la persona o por quien la haya registrado, sin restricción ni interferencia del Estado.(14)

30. De igual forma, dicha Corte ha sostenido que ser titular de un nombre propio y apellidos, supone que toda persona debe ser registrada desde su nacimiento, por el riesgo de permanecer legalmente desconocida para la sociedad y para el Estado, al ser el nombre el medio más simple de identificación e individualización de una persona, así como el elemento que indica de forma directa el vínculo a su familia y le posibilita el acceso a otros derechos.(15)

31. También afirmó que el nombre y el apellido, al igual que la convivencia y las relaciones familiares, son esenciales para la formación y la preservación de la identidad personal, y son indispensables para todas las personas, sean niñas o adultas, que integren una familia, pues «la identidad de cada uno de dichos miembros afecta e influye en la de los otros, así como en su relación con la sociedad y con el Estado».(16) 32. Desde otra perspectiva, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos analizó el caso de una persona que solicitó el cambio de su apellido por el que, alegó, correspondía a su ortografía original y, al respecto, determinó que el derecho al nombre se ubica dentro de la regulación del derecho a la vida privada, porque constituye un medio de identificación personal, así como un vínculo con una familia, por lo cual el nombre de una persona está relacionado con la vida privada y familiar.

33. Añadió que el hecho de que exista un interés público para regular el uso de los nombres no es suficiente para excluir el nombre de una persona del ámbito de la vida privada y familiar, el cual incluye el derecho a establecer relaciones con otras personas.(17)

34. Por su parte, la Corte Constitucional Colombiana resolvió la inaplicación de la norma que prohibía a las personas cambiar su nombre más de una ocasión, sobre la base de que «mantener el nombre contra la evidencia que demuestra que aquel riñe con la real identidad de su titular, constituiría un impedimento definitivo para permitir adecuarlo como rasgo de aquella al proyecto de vida del accionante».(18)

35. En cuanto a los casos correspondientes al orden jurídico nacional, la Primera Sala de esta Suprema Corte ha tenido una amplia producción jurisprudencial sobre el derecho al nombre, como son las tesis aisladas de rubros: "DERECHO HUMANO AL NOMBRE. ES UN ELEMENTO DETERMINANTE DE LA IDENTIDAD.",(19) "DERECHO HUMANO AL NOMBRE. SU SENTIDO Y ALCANCE A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A LA LUZ DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES.",(20) y "DERECHO HUMANO AL NOMBRE. SU ÁMBITO DE TUTELA SE DESARROLLA EN UNA DOBLE FACETA, INDIVIDUAL Y COLECTIVA O SOCIAL."(21)

36. A partir de los precedentes que originaron las tesis, la Primera Sala identificó los siguientes elementos del derecho al nombre:

• Se integra por el nombre propio y los apellidos.

• Tiene como finalidad fijar la identidad de una persona en las relaciones sociales y ante el Estado.

• Funciona como un distintivo en el entorno;

• Lo rige el principio de autonomía de la voluntad ya que puede ser elegido por la propia persona, sus padres o tutores, según sea el momento del registro.

• Es una derivación integral de la individualidad del ser humano que le permite identificarse y reconocerse como distinto.

• Es inalienable e imprescriptible con independencia de su regulación en cada uno de los Estados que conforman la República Mexicana.

• Se compone de dos dimensiones:

1. la relativa a tener un nombre, y

2. la posibilidad de preservar o modificar el nombre otorgado.

37. Es así que, el derecho al nombre, tiene también una dimensión de modificación, es decir, se subdivide en el derecho a modificar el nombre es el que resulta especialmente relevante para el caso, pues al reconocer este Alto Tribunal que se trata de un componente de los derechos genéricos al nombre y a la identidad, se sigue el criterio de que el Estado debe proporcionar y facilitar las vías para su ejercicio, sin más limitaciones de las que resulten razonables para la tutela de otros bienes jurídicos.

38. Inclusive, al resolver la contradicción de tesis 337/2018, la Primera Sala emitió la tesis jurisprudencial cuyo rubro es: "ACTA DE NACIMIENTO. PROCEDE LA RECTIFICACIÓN DE LA FECHA ASENTADA PARA ADECUARLA A LA REALIDAD SOCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA).",(22) en la que estableció que la fecha de un acta de nacimiento puede ser sustituida incluso por una posterior, si la persona la ha utilizado por un tiempo prudente y significativo, lo cual evidencia la importancia que se ha dado a que los documentos de identidad guarden un verdadero componente de identificación con su titular.

39. Al respecto, también resultan ilustrativas las diversas tesis intituladas: "DERECHO HUMANO AL NOMBRE. EL ARTÍCULO 133 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES QUE PROHÍBE CAMBIAR EL NOMBRE DE UNA PERSONA, MODIFICANDO EL REGISTRO DE SU NACIMIENTO CUANDO HUBIERE SIDO CONOCIDO CON UNO DIFERENTE, ES VIOLATORIO DE AQUÉL.",(23) y "DERECHO HUMANO AL NOMBRE. LA FACULTAD DE MODIFICARLO A FIN DE ADECUARLO A LA REALIDAD SOCIAL DE LA PERSONA."(24)

40. Sobre tales bases, desde una perspectiva externa, el nombre se debe entender a partir de su función social de individualizar a una persona ante otras y ante el Estado, pero también resulta indispensable no perder de vista su dimensión interna, por la que el nombre otorga a su titular un punto de partida para la conformación de su identidad, que, como atributo personal, en principio solamente incumbe a la persona y está disponible en exclusiva para ella.

41. Entonces, de igual forma que las y los individuos tienen derecho a establecer y recuperar su nombre propio y apellidos, en los casos en que se suscite un evento que comprometa el conocimiento de su origen e identificación primigenia, también deben tener la posibilidad de modificar el nombre, reflejado en el registro de nacimiento, si es que no empata debidamente su identidad, por no ser acorde con la imagen que desea proyectar ante terceros ni con los elementos que conforman su autopercepción.

42. Es así que, como indicó la Primera Sala de esta Suprema Corte, el ámbito de protección de la identidad debe comprender el derecho a cambiar el nombre, como un subderecho sin el cual no se entendería un disfrute óptimo de esta prerrogativa ni una tutela integral de los bienes jurídicos inmersos en el artículo 4o. constitucional.

VI.1.2. Sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad

43. Este Tribunal Pleno, al resolver el amparo directo 6/2008,(25) determinó que uno de los derechos personalísimos que derivan de la dignidad humana es el de elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida, y su desarrollo jurisprudencial constituye el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera, lo cual se denomina libre desarrollo de la personalidad.

44. Por su parte, la Primera Sala de esta Suprema Corte, en el amparo en revisión 237/2014,(26) desarrolló el contenido prima facie de este derecho, para lo cual partió de que la Constitución mexicana otorga una amplia protección a la autonomía de las personas, al garantizar el goce de ciertos bienes que son indispensables para la elección y materialización de los planes de vida que los individuos se proponen.

45. Explicó que, en términos generales, los derechos fundamentales tienen la función de "atrincherar" esos bienes contra medidas estatales o actuaciones de terceras personas que puedan afectar la autonomía personal. De esta manera, los derechos incluidos en ese "coto vedado" están vinculados con la satisfacción de esos bienes básicos que son necesarios para la satisfacción de cualquier plan de vida.

46. Agregó que el bien más genérico que se requiere para garantizar la autonomía de las personas es, precisamente, la libertad de realizar cualquier conducta que no perjudique a otras y, en ese sentido, la Constitución y los tratados internacionales reconocen un catálogo de "derechos de libertad" que se traducen en permisos para realizar determinadas acciones que se estiman valiosas para la autonomía de las personas (como expresar opiniones, moverse sin impedimentos, asociarse, adoptar una religión u otro tipo de creencia, o elegir una profesión), al tiempo que también comportan límites negativos dirigidos a los poderes públicos y a terceros, toda vez que imponen prohibiciones de intervenir u obstaculizar las acciones permitidas por ese derecho fundamental.

47. También sostuvo que el derecho al libre desarrollo de la personalidad brinda protección a un «área residual de libertad» que no se encuentra cubierta por las otras libertades públicas y, conforme a su noción doctrinal, comporta «un rechazo radical de la siempre presente tentación del paternalismo del Estado, que cree saber mejor que las personas lo que conviene a éstas y lo que deben hacer con sus vidas», a favor de una noción de una adopción de decisiones individuales lo más libres, mientras no afecten a otras personas.

48. Tales bases teóricas demuestran el derecho a la identidad y al nombre encuentran consonancia con el libre desarrollo de la personalidad, pues comprende tanto una libertad de acción (la realización de toda actividad que la persona considere necesaria para el desarrollo de su personalidad) como una esfera de privacidad (un ámbito protegido contra incursiones externas que puedan limitar su capacidad de tomar decisiones a través de las cuales se ejerce la autonomía personal), de modo que el ejercicio de ese derecho debe ser tutelado en ambos aspectos.(27)

49. De este modo, dado que el derecho al libre desarrollo de la personalidad supone el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción, ni controles injustificados o impedimentos por parte de los demás,(28) se advierte su vinculación con el derecho a cambiar de nombre, pues el que una persona pueda llamarse de la manera que mejor refleja su propia imagen, indudablemente, favorece el cumplimiento de un proyecto personal definido por sus valores, ideas, expectativas y gustos.

50. En esta línea, en diversos precedentes, la Primera Sala ha desarrollado el derecho al nombre, en cuanto a su contenido, alcances y dimensiones, en concreto, su derecho a modificarlo, además de su relación con la autonomía de la voluntad y la armonización de esta con los principios de estabilidad del nombre, y de seguridad y certeza jurídicas.

51. En el amparo directo en revisión 7691/2019,(29) retomó diversos precedentes sobre el derecho al nombre y destacó que el derecho a modificarlo no es absoluto, sino que admite restricciones, siempre que no sean arbitrarias, por lo cual la regulación para su ejercicio es válida siempre que se encuentre en ley, bajo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32670-3f89189a/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-plazo-de-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.