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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA RELATIVA, SI EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA PARA PRESENTARLA, VENCE EN UN DÍA INHÁBIL Y LA MISMA SE PRESENTÓ AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL. V. INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. ES UN PRINCIPIO DE RANGO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO EN LA REGULACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL. VI. MENORES DE DIECIOCHO AÑOS. EL ANÁLISIS DE UNA REGULACIÓN RESPECTO DE ELLOS DEBE HACERSE ATENDIENDO AL INTERÉS SUPERIOR Y A LA PRIORIDAD DE LA INFANCIA. VII. DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. LINEAMIENTOS PARA SU EJERCICIO. VIII. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SUS ALCANCES. IX. IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. X. IGUALDAD ANTE LA LEY Y NO DISCRIMINACIÓN. SU CONNOTACIÓN JURÍDICA NACIONAL E INTERNACIONAL. XI. DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES. XII. DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA. XIII. REASIGNACIÓN SEXUAL. ES UNA DECISIÓN QUE FORMA PARTE DE LOS DERECHOS AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. XIV. TEST DE ESCRUTINIO ESTRICTO. ES EXIGIBLE CUANDO LA NORMA IMPUGNADA CONTIENE UNA DISTINCIÓN BASADA EN LA EDAD DE LAS PERSONAS QUE SOLICITAN EL LEVANTAMIENTO DE UN ACTA DE NACIMIENTO NUEVA PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO AUTOPERCIBIDA, POR IMPACTAR DIRECTAMENTE EN EL INTERÉS SUPERIOR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 875 TER, FRACCIÓN II, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA "TENER 18 AÑOS DE EDAD CUMPLIDOS" DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE PUEBLA). XV. LIBERTAD CONFIGURATIVA DEL LEGISLADOR. ESTÁ LIMITADA POR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN QUE OPERAN DE MANERA TRANSVERSAL. XVI. RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO AUTOPERCIBIDA EN EL ACTA DE NACIMIENTO. LA FINALIDAD DE ESTABLECER LA MAYORÍA DE EDAD PARA QUE UNA PERSONA SEA TITULAR DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, DESDE UNA VISIÓN GENERAL Y AMPLIA, ENCUENTRA JUSTIFICACIÓN COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 875 TER, FRACCIÓN II, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA "TENER 18 AÑOS DE EDAD CUMPLIDOS" DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE PUEBLA). XVII. RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO AUTOPERCIBIDA EN EL ACTA DE NACIMIENTO. EL REQUISITO DE TENER DIECIOCHO AÑOS DE EDAD CUMPLIDOS PARA SU SOLICITUD, VULNERA EL ACCESO A LA IDENTIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO EN PERJUICIO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TRANS Y, DE MANERA IMPLÍCITA GENERA UNA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD, PORQUE SE LES DA UN TRATO DIFERENCIADO FRENTE A LAS PERSONAS QUE TIENEN MAYORÍA DE EDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 875 TER, FRACCIÓN II, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA "TENER 18 AÑOS DE EDAD CUMPLIDOS" DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE PUEBLA). XVIII. RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO AUTOPERCIBIDA EN EL ACTA DE NACIMIENTO. EL REQUISITO DE TENER DIECIOCHO AÑOS DE EDAD CUMPLIDOS PARA SU SOLICITUD, VULNERA EL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ, PUES ATENTA CONTRA EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 875 TER, FRACCIÓN II, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA "TENER 18 AÑOS DE EDAD CUMPLIDOS" DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE PUEBLA). XIX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA PARA QUE REFORME EL ARTÍCULO 875 TER DEL CÓDIGO CIVIL LOCAL CON EL OBJETO DE ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO SUMARIO PARA EL LEVANTAMIENTO DE UNA NUEVA ACTA DE NACIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO AUTOPERCIBIDA QUE PROTEJA EL INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA (INVALIDEZ DE LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA "TENER 18 AÑOS DE EDAD CUMPLIDOS" DEL ARTÍCULO 875 TER, FRACC

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 73/2021. · Registro digital (IUS): 31349
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-03-24
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Marzo de 2023, Tomo I, Pág.540.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 73/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 7 DE MARZO DE 2022. PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: ALEJANDRO FÉLIX GONZÁLEZ PÉREZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente a la sesión del siete de marzo de dos mil veintidós, por el que se emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 73/2021, planteada con la finalidad de analizar la constitucionalidad del artículo 875 Ter, fracción II, del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla.

ANTECEDENTES

3. Demanda inicial y norma impugnada. Mediante escrito recibido el veintiséis de abril de dos mil veintiuno a través del Buzón Judicial de este Alto Tribunal y registrado el veintisiete siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su presidenta, promovió acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 875 Ter, fracción II, del Código Civil para el Estado de Puebla, adicionado mediante Decreto publicado el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial de esa entidad federativa.

4. La promovente señaló como autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada al Congreso y al gobernador, ambos del Estado de Puebla.

5. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La Comisión accionante estima violentados los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 5, 11, 18, 19 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 3, 16, 24 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

6. Conceptos de invalidez. En su único concepto de invalidez, la Comisión accionante adujo, esencialmente, lo siguiente:

El artículo 875 Ter, fracción II, del Código Civil para el Estado de Puebla exige tener dieciocho años de edad cumplidos como requisito para solicitar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género, con lo que se excluye a las personas que se encuentran fuera de ese rango de edad para acceder a ese procedimiento registral, aspecto que contraviene el derecho a la igualdad y no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad y de la identidad personal, sexual y de género, en perjuicio de niñas, niños y adolescentes.

Lo anterior porque la norma impugnada presupone que toda persona que no ha alcanzado la mayoría de edad es incapaz de definir su identidad de género, de manera que le permita acudir ante la instancia competente a solicitar la expedición de una nueva acta de nacimiento por haber discordancia entre el sexo con que se identifica y el que le fue legalmente asignado al nacer.

El precepto es desproporcional e irrazonable, en virtud de que no existe justificación constitucional para que el legislador haya impuesto una limitante en razón de edad para acceder al procedimiento registral, por lo que resulta discriminatorio.

La norma impugnada vulnera el derecho a la igualdad y resulta desproporcional, pues tiene por efecto excluir de forma injustificada a las niñas, niños y adolescentes de la posibilidad de ejercer su derecho al libre desarrollo de la personalidad, así como al reconocimiento de su identidad personal, sexual y de género en el ámbito jurídico, al negársele la posibilidad de solicitar el levantamiento de acta de nacimiento nueva.

El negar a las personas menores de dieciocho años de edad la posibilidad de modificar los datos de identificación contenidos en los registros y documentos de identidad, vía administrativa, cuando no sean acordes con su identidad de género autopercibida, se considera que puede constituir una violación a su derecho fundamental al reconocimiento de su identidad de género.

A. Igualdad y no discriminación

El artículo 1o. de la Constitución Federal reconoce que todas las personas gozan de los derechos reconocidos en su propio texto y en el de los tratados internacionales de lo que México es Parte.

Asimismo, establece la prohibición de discriminar en razón del origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o por cualquier otro motivo que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

El principio de igualdad y no discriminación permea todo el ordenamiento jurídico. Todo tratamiento que resulte discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución es per se, incompatible con la misma.

De forma particular, en el ámbito legislativo, el creador de la norma tiene el deber de cuidar el contenido de las leyes, de manera que las palabras y oraciones utilizadas no conduzcan a una desigualdad o discriminación; es decir, el deber de cuidado a cargo de las y los legisladores impone velar por el contenido de las normas jurídicas que formulan para no incurrir en un trato diferenciado injustificado.

B. Derecho a la dignidad humana en su vertiente de libre desarrollo de la personalidad

En el orden jurídico mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha entendido que el libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental que deriva del derecho a la dignidad, que a su vez está previsto en el artículo 1o. constitucional y se encuentra implícito en los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por nuestro país. Al respecto, en la sentencia dictada en el amparo directo 6/2008, el Pleno del Alto Tribunal sostuvo, entre otras cosas, que el individuo, sea quien sea, tiene derecho a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida, la manera en que logrará las metas y objetivos que, para él, son relevantes.

En dicho precedente se explicó que el derecho al libre desarrollo de la personalidad permite la consecución del proyecto de vida que tiene para sí el ser humano como ente autónomo, de tal manera que supone el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción, ni controles injustificados o impedimentos por parte de los demás, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, es decir, es la persona humana quien decide el sentido de su propia existencia, de acuerdo a sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera.

En cuanto al tema que nos ocupa, el Pleno de la Suprema Corte ya ha determinado –en el amparo en revisión 6/2008– que el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad implica necesariamente el reconocimiento al derecho a la identidad sexual y a la identidad de género, porque a partir de éstos el individuo se proyecta frente a sí mismo y dentro de una sociedad.

Por lo anterior, es contrario al libre desarrollo de la personalidad e identidad sexual mantener legalmente a una persona en un sexo con el cual no se identifica, pues sólo a partir del respeto a su identidad sexual mediante la adecuación de su sexo legal a su sexo psicosocial es que podrá realizar su proyecto vital que en forma autónoma tiene derecho de decidir.

C. Implicaciones del libre desarrollo de la personalidad en materia de identidad sexual y de género, y su relación con la identidad personal, la vida privada y la propia imagen

Dentro de los derechos personalísimos, se encuentran necesariamente comprendidos el derecho a la intimidad y a la propia imagen, así como a la identidad personal, sexual y de género, entendiéndose por el derecho a la intimidad el derecho del individuo a no ser conocido por otros en ciertos aspectos de su vida y, por ende, el poder de decisión sobre la publicidad o información de datos relativos a su persona, familia, pensamientos o sentimientos; el derecho a la propia imagen, como aquel derecho de decidir, en forma libre, sobre la manera en que elige mostrarse frente a los demás; a la identidad personal, entendida como el derecho de todo individuo a ser uno mismo, en la propia conciencia y en la opinión de los demás.

Es decir, es la forma en que se ve a sí mismo y se proyecta en la sociedad, de acuerdo con sus caracteres físicos, internos y sus acciones, que lo individualizan ante la sociedad y permiten identificarlo; y que implica, por tanto, la identidad sexual y de género, al ser la manera en que cada individuo se proyecta frente a sí y ante la sociedad desde su perspectiva sexual y expresión de género.

Lo anterior, no sólo en cuanto a sus preferencias sexuales, sino primordialmente, en cuanto a cómo se percibe él con base en sus sentimientos y convicciones de pertenencia o no al sexo que legalmente le fue asignado al nacer y que, de acuerdo a ese ajuste personalísimo en el desarrollo de cada individuo, proyectará su vida en todos los ámbitos, privado y público, por lo que al ser la sexualidad un elemento esencial de la persona y de su psique, la autodeterminación sexual forma parte de ese ámbito propio y reservado de lo íntimo, la parte de la vida que se desea mantener fuera del alcance de terceros o del conocimiento público.

Es así que la identidad de género forma parte de esta esfera personalísima de libertad, si se entiende como concepto que se tiene de uno mismo como ser sexual y de los sentimientos que esto conlleva; se relaciona en cómo el individuo vive y siente su cuerpo desde la experiencia personal y cómo lo lleva al ámbito público, es decir, con el resto de las personas. Por ende, se trata de la forma individual e interna de vivir el género, la cual podría o no corresponder con el sexo con el que se nace.

Por otro lado, el derecho a la propia imagen implica el aspecto que uno conserva para mostrarse a los demás y que la doctrina ubica, a su vez, dentro del derecho a la intimidad, lo que se constituye como un derecho personalísimo perteneciente al ámbito propio del ser humano, fuera de la injerencia de personas extrañas.

Es a partir de la identidad personal que se comprende la sexual y de género y que la sociedad identifica a cada individuo y lo distingue de los demás, a través de elementos o datos, como el nombre, el sexo, la filiación, la edad, sus calidades personales, sus atributos intelectuales o físicos, o bien, de la conjunción de todos o algunos de ellos.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la Opinión Consultiva OC-24/17, en cuanto a la modificación de los registros y los documentos de identidad para que éstos sean acordes con la identidad de género autopercibida. Así, estableció que los procedimientos deben estar regulados e implementados de conformidad con ciertas características mínimas, de manera que ese derecho se vea efectivamente protegido y así evitar que se violen los derechos de terceras personas o menoscabar el principio de seguridad jurídica, pues ésta debe quedar garantizada a través de procedimientos que aseguren que los trámites de reconocimiento de identidad de género, no impliquen alteración de la titularidad de los derechos y las obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio, ni las provenientes de las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados.

Asimismo, destacó que los Estados deben desplegar esfuerzos para que las personas interesadas en que se reconozca su identidad de género autopercibida en sus registros y documentos de identidad, no sean sometidas a cargas irrazonables, y que los procedimientos correspondientes estén basados únicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante sin que se exijan requisitos como las certificaciones médicas y/o psicológicas u otros que puedan resultar irrazonables o patologizantes.

D. Principio de interés superior de la infancia y la adolescencia

La protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes tiene por objeto establecer y garantizar el desarrollo de la personalidad, así como el disfrute de cada uno de los derechos que les han sido reconocidos.

Este principio implica que la protección de sus derechos debe realizarse por las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con niñas, niños y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad puesto que requieren de una protección especial.

Tratándose de medidas que puedan afectar los intereses de las niñas, niños y adolescentes, debe llevarse a cabo un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de aquéllas, de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a sus intereses y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil y garantice el bienestar integral de este grupo.

E. Inconstitucionalidad de la norma impugnada

El objeto de la norma es reconocer y garantizar que toda persona tiene derecho a que se respete su orientación sexual y su identidad de género autopercibida. Además, se establece que cualquier persona puede pedir el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para garantizar ese reconocimiento.

En virtud de lo anterior, se establece que dicha modificación se llevará a cabo mediante un procedimiento administrativo seguido ante la Dirección del Registro Civil del Estado o ante la autoridad del Registro Civil del Municipio o localidad en donde se haya declarado el nacimiento de la o el solicitante.

El fundamento legal del procedimiento para pedir el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de identidad de género, particularmente lo constituyen los artículos 875 Bis y 875 Ter de la codificación sustantiva civil poblana, de cuyo contenido se advierte que el legislador poblano buscó incorporar en su sistema normativo una garantía al ejercicio al libre desarrollo de la personalidad en la vertiente de identidad sexual y de género, para lo cual reguló un procedimiento para la rectificación de actas derivadas de los distintos actos registrales y, en particular, las relativas al nacimiento de una persona.

Dicho trámite correrá a cargo de la Dirección de la Oficina Registral del Estado, Municipio o localidad en que fue registrado el interesado, mediante el cual, con la sola manifestación del solicitante, la autoridad administrativa competente puede proceder a la rectificación del acta, sin necesidad de que el interesado comparezca a una instancia jurisdiccional.

No obstante, el legislador local previó que únicamente las personas mayores de dieciocho años de edad están legitimadas para solicitar el procedimiento respectivo, lo cual conculca los derechos humanos de igualdad y no discriminación, en razón de la edad, así como al libre desarrollo de la personalidad, la identidad personal, sexual y de género, la intimidad y la vida privada de las niñas, niños y adolescentes.

Por tanto, es factible concluir que, si bien el precepto no prohíbe expresamente la rectificación administrativa para el cambio de sexo a ese sector, sí contiene implícitamente una restricción legal que impide obtener la reasignación sexual a una persona menor de edad.

Ahora bien, no escapa a la luz que en términos de la codificación sustantiva civil, las personas menores de edad no cuentan con personalidad jurídica para ejercitar sus derechos o contraer obligaciones en forma personal, sin embargo, ello no es razón suficiente para negarles la posibilidad de acceder al ya referido procedimiento registral, pues bien podrían hacerlo a través de sus representantes, como sus padres, madres, tutores o de la persona que corresponda.

En este punto, es necesario distinguir entre la capacidad jurídica y la capacidad mental de una persona; la primera consiste tanto en la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones (capacidad de goce), como en la capacidad de ejercer esos derechos y obligaciones (capacidad de ejercicio). En tanto que la capacidad mental se refiere a la aptitud de una persona para adoptar decisiones que, naturalmente, varía de una persona a otra y puede ser diferente para una persona determinada en función de muchos factores, como los ambientales y sociales.

Así pues, el hecho de que una persona no cuente con la edad legal requerida para acceder por propio derecho a la jurisdicción estatal no debe ser nunca motivo para negarle la capacidad jurídica que le permita intervenir en un acto encaminado a la protección y observancia de sus derechos, ni es un obstáculo para que una persona adquiera conciencia de sí misma. Concretamente, tener un particular concepto de uno mismo como ser sexual, en estrecha relación con la forma en que cada quien vive y siente su propio cuerpo en el ámbito tanto personal como público, que innegablemente incluye la forma en que una persona se autodenomina y se presenta ante los demás, no se concretiza ni depende de una edad determinada.

Al respecto, debe recordarse que las niñas, niños y adolescentes pueden tener conciencia sobre su identidad de género a edades tempranas, por lo que es importante tomar en consideración cómo se manifiestan en su forma de ser, con el objetivo de que se les garantice el ejercicio de sus derechos, en atención del principio de interés superior de la niñez, ya que las circunstancias y necesidades de cada niño, niña y adolescente son únicas.

Así, en la búsqueda de ese interés superior, se deben valorar todas las opciones y posibilidades existentes que permitan respetar sus derechos, garantizando que puedan expresar su opinión como lo es la expresión de su identidad de género autopercibida.

La disposición impugnada restringe la posibilidad de que las niñas, niños y adolescentes que han decidido ostentarse con un género distinto al que les fue asignado al nacer, puedan acceder a un trámite administrativo sencillo para corregir esa situación, pues el legislador local lo circunscribió a las personas que "tengan 18 años de edad cumplidos", obstaculizando y limitando el ejercicio de los derechos de las personas trans que no han alcanzado esa edad.

Es importante e indispensable que se posibilite la plena identificación de las personas menores de edad a partir de la rectificación de su nombre y sexo, pues ello les permitiría proyectarse en todos los aspectos de su vida, como el ser que realmente es, lo que no sólo le facilitaría realizar diversos actos, sino que, precisamente, conferirá certeza jurídica a éstos, al existir plena correspondencia entre su documentación y la forma en que se perciben a sí mismos y frente a la sociedad, en clara manifestación de su derecho a definir de manera autónoma su identidad sexual y de género como expresión de su libre desarrollo de la personalidad.

De tal forma que la fracción II del artículo 875 Ter del Código Civil de Puebla impone barreras en cuanto al ejercicio de diversos derechos fundamentales, perpetuando y reproduciendo la discriminación histórica estructural que estos grupos o personas han sufrido, pues el legislador estableció un procedimiento administrativo exclusivo para personas transgénero mayores de edad con la finalidad de poder adecuar su acta de nacimiento, pero no incluyó a las personas menores de dieciocho años de esa posibilidad, vulnerando así su derecho a la identidad de género autopercibida.

F. Test de escrutinio estricto de proporcionalidad

Señala la necesidad de realizar un escrutinio más estricto cuando se analiza la constitucionalidad de normas y que éstas inciden sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Por tanto, debe realizarse un escrutinio estricto de la norma donde se analice si cumple una finalidad constitucional imperiosa, además, analizar si la distinción legislativa está estrechamente vinculada con la satisfacción de una finalidad constitucional y, que la distinción legislativa sea la menos restrictiva posible para conseguir efectivamente la finalidad imperiosa. En el caso concreto, la disposición normativa que se impugna incumple con el primer requisito de escrutinio, en virtud de que no existe una justificación constitucionalmente imperiosa para exigir la mayoría de edad para acceder al procedimiento de expedición de una nueva acta de nacimiento por identidad de género, pues como precisó la Corte Interamericana sobre este tema, sólo se requiere la expresión del consentimiento libre e informado del solicitante sin condición de edad, aunado a que no existe imperativo constitucional para limitar una decisión producto del ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad, como lo es la definición de la identidad de género, por lo tanto, la norma no supera esta primer grada de examen estricto y, consecuentemente, resulta discriminatoria, irrazonable y redunda en perjuicio de los intereses de la infancia y adolescencia.

Finalmente, si la conclusión del primer punto de escrutinio es que la norma impugnada no persigue un fin constitucionalmente imperioso, tampoco puede afirmarse que se encuentra conectada con el logro de objetivo constitucional alguno ni que se trate de la medida menos restrictiva posible.

7. Registro del expediente y turno del asunto. Mediante proveído de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente a la presente acción de inconstitucionalidad con el número 73/2021 y lo turnó a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa como instructora del procedimiento.

8. Admisión de la demanda. Por acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, la Ministra instructora admitió a trámite el presente asunto, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Puebla para que rindieran sus respectivos informes; asimismo, requirió al órgano legislativo para que remitiera copia certificada del proceso legislativo de la norma impugnada y al órgano ejecutivo para que exhibiera copia certificada del Periódico Oficial estatal en el que conste su publicación. De igual forma, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que antes del cierre de instrucción manifestaran lo que a su respectiva representación correspondiera.

9. Informe del Poder Legislativo del Estado de Puebla. Mediante escrito registrado el veintidós de junio de dos mil veintiuno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Jorge Eduardo Vázquez González, en su carácter de director general de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos del Honorable Congreso del Estado de Puebla, compareció en representación del Poder Legislativo Local a rendir el informe correspondiente, en donde expresó lo siguiente:

De conformidad con el artículo 4o. constitucional las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, por tanto, la accionante realiza una indebida interpretación del alcance de los principios y derechos protegidos constitucionalmente, ya que no se encuentra reconocido el derecho a la identidad de género; por tanto, no existe parámetro constitucional que permita analizar la supuesta violación a los principios y derechos reconocidos en ese precepto constitucional respecto a las y los menores de edad.

La accionante realiza una indebida interpretación de la Opinión Consultiva 18/03 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, toda vez que si bien hace referencia al cambio de nombre y a la adecuación de los registros públicos y de los documentos de identidad para que éstos sean conformes a la identidad de género autopercibida, en ninguna parte de su texto señala que se protejan los derechos de personas menores de dieciocho años.

Por otra parte, en la Convención sobre los Derechos del Niño se establece que se entiende por niñez a todo ser humano menor de dieciocho años de edad y que los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención; dentro de los que se encuentran, entre otros, el ser inscrito inmediatamente después de su nacimiento.

Por lo anterior, el Congreso de Puebla, al realizar la reforma al artículo impugnado, de ninguna manera violó ese tratado internacional de los derechos de la niñez; por el contrario, el artículo impugnado es acorde con el respeto a los derechos humanos que disponen la Constitución y los instrumentos internacionales.

10. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla. Mediante escrito recibido el veintitrés de junio de dos mil veintiuno en este Alto Tribunal, Enrique Juárez Vasconcelos, en su carácter de director de Procedimientos Constitucionales de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Puebla, compareció a rendir el informe solicitado y expuso diversas manifestaciones a favor de la validez de la norma,(1) esencialmente, lo siguiente:

Respecto a la supuesta discriminación, es dable referir que, ante cualquier situación, el Estado debe velar por el amparo de los menores de edad, hasta que cuenten con la edad y madurez suficientes para poder tomar decisiones que podrían cambiar el rumbo de sus vidas, y ello no implica discriminación, simplemente una distinción.

Es infundada la acción intentada, pues la reforma buscó dar seguridad jurídica a la expedición del levantamiento de acta de nacimiento nueva para el reconocimiento de la identidad de género, pues tal y como se requiere en la mayoría de los trámites jurídicos, administrativos, escolares y fiscales, es requisito ser mayor de edad.

Existe razonabilidad de la medida del legislador ordinario en ejercicio de su libertad de configuración normativa, donde puede válidamente eliminar la edad de niñas, niños y adolescentes, pues ello es una medida eficaz para evitar que se les coloque en una situación de riesgo objetivo e inminente que pueda afectar su desarrollo físico y psicoemocional como lo es la identidad de género autopercibida, por encontrarse a su interés superior.

El estudio sobre la regularidad constitucional del artículo combatido debe hacerse conforme a un test ordinario o de mera razonabilidad, el cual implica determinar si la medida tiene un fin constitucionalmente válido y si constituye un medio adecuado y proporcional para cumplir con dicho fin.

Conforme al artículo 34 de la Constitución Federal, la ciudadanía se adquiere a los dieciocho años, es decir, al cumplir la mayoría de edad. Por ende, previo a obtenerla, los padres, madres o tutores están a cargo de los cuidados y trámites que requieran los menores de edad.

Así, de acuerdo a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (artículo 71) dispone que tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.

Señala que el desarrollo evolutivo y cognoscitivo son los medios que generan madurez, por ello, de seguir la línea que busca la Comisión accionante, dejaría lugar a considerar que en cualquier edad, sin necesidad de supervisión, un niño o niña de seis, ocho, diez años, etcétera, llegue a solicitar se le expida una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género autopercibida.

Concluye diciendo que soportar el límite de edad, dadas las circunstancias que pueden enfrentar las niñas, niños y adolescentes ante la situación de identidad de género, es un actuar justificado por el legislador en virtud del ejercicio de su obligación de protección reforzada.

11. Pedimento del fiscal general de la República y manifestación de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. El citado funcionario y la referida dependencia no formularon manifestación alguna o pedimento.

12. Cierre de instrucción. Mediante proveído de nueve de agosto de dos mil veintiuno, se decretó el cierre de instrucción en este asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDOS

13. Primero.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) en relación con el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013(4) de trece de mayo de dos mil trece, toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugna un artículo del Código Civil para el Estado de Puebla por considerarlo contrario a diversos principios constitucionales.

14. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y presidente Zaldívar Lelo de Larrea.

15. Segundo.—Oportunidad. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(5) establece que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al en que se publicó la norma impugnada.

16. En el caso, la norma impugnada fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Puebla el viernes veintiséis de marzo de dos mil veintiuno.

17. El plazo de treinta días naturales transcurrió del sábado veintisiete de marzo de dos mil veintiuno al domingo veinticinco de abril de dos mil veintiuno, como se muestra en el siguiente calendario:

Ver calendario

18. Vale la pena recordar que, en términos del artículo 60 citado: "Si el último día del plazo fuese in

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31349-e5bdceef/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-plazo-de-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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