I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSÍ TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSÍ TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN VII, Y 33, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSÍ). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA [ARTÍCULOS 46, FRACCIÓN VII Y 52, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ]. VII. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SUS ALCANCES. VIII. IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. IX. IGUALDAD ANTE LA LEY Y NO DISCRIMINACIÓN. SU CONNOTACIÓN JURÍDICA NACIONAL E INTERNACIONAL. X. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. RECONOCIMIENTO DE SU DIMENSIÓN SUSTANTIVA O DE HECHO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO. XI. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. SU DIMENSIÓN DE CARÁCTER SUSTANTIVO O DE HECHO TIENE COMO OBJETIVO REMOVER Y/O DISMINUIR LOS OBSTÁCULOS SOCIALES, POLÍTICOS, CULTURALES, ECONÓMICOS O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE QUE IMPIDEN A CIERTAS PERSONAS O GRUPOS SOCIALES GOZAR O EJERCER DE MANERA REAL Y EFECTIVA SUS DERECHOS HUMANOS EN CONDICIONES DE PARIDAD CON OTRO CONJUNTO DE PERSONAS O GRUPO SOCIAL. XII. VIOLENCIA VICARIA. ES EL CONJUNTO DE ACCIONES DE VIOLENCIA EJERCIDA SOBRE LAS HIJAS E HIJOS DE LA MUJER CON EL OBJETIVO DE CAUSARLE DAÑO, REALIZADAS POR UNA PERSONA AGRESORA QUE TENGA O HAYA TENIDO UNA RELACIÓN DE MATRIMONIO, CONCUBINATO O SE MANTENGA O HAYA MANTENIDO UNA RELACIÓN DE HECHO (ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). XIII. IGUALDAD. CUANDO UNA LEY CONTENGA UNA DISTINCIÓN BASADA EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA, EL JUZGADOR DEBE REALIZAR UN ESCRUTINIO ESTRICTO A LA LUZ DE AQUEL PRINCIPIO. XIV. IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUZGADOR CONSTITUCIONAL DEBE ANALIZAR EL RESPETO A DICHA GARANTÍA CON MAYOR INTENSIDAD. XV. TEST DE ESCRUTINIO ESTRICTO. ES EXIGIBLE CUANDO LA NORMA IMPUGNADA CONTIENE UNA DISTINCIÓN QUE INCLUYA A GRUPOS HISTÓRICAMENTE DISCRIMINADOS, YA SEA AMPLIANDO O IGUALANDO SUS DERECHOS. XVI. VIOLENCIA VICARIA. LAS DISPOSICIONES QUE CREAN UN RÉGIMEN ESPECÍFICO DE PROTECCIÓN PARA LAS MUJERES, ASÍ COMO SUS HIJOS E HIJAS, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA VICARIA, SUPERAN LA PRIMERA ETAPA DEL TEST DE ESCRUTINIO, AL TENER LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO Y RESPETO DEL DERECHO HUMANO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA ACORDE AL PARÁMETRO CONSTITUCIONAL [ARTÍCULOS 3, FRACCIÓN III BIS, 4, FRACCIÓN XVI BIS, 13, FRACCIÓN VII, 46, FRACCIÓN VIII, 52, FRACCIÓN II, INCISO C) BIS Y 59, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ]. XVII. VIOLENCIA VICARIA. LA NORMATIVA QUE PREVÉ MODELOS DE ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y SANCIÓN, COMO ACCIONES PARA PROTEGER A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA VICARIA, COMO ATENCIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS ESPECIALIZADOS, APOYO PARA LA REUNIFICACIÓN FAMILIAR ENTRE LA MADRE Y SUS HIJOS E HIJAS E, INCLUSO, DETERMINE QUE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES DEBEN ESTABLECER QUE LAS PERSONAS AGRESORAS RECIBAN REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DE INFANCIA, SE ENCUENTRA ESTRECHAMENTE VINCULADA CON LA FINALIDAD DE ERRADICAR TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, POR LO QUE NO DA A LOS HOMBRES UN TRATAMIENTO DE INFERIORIDAD, HOSTIL Y DISCRIMINATORIO [ARTÍCULOS 3, FRACCIÓN III BIS, 4, FRACCIÓN XVI BIS, 13, FRACCIÓN VII, 46, FRACCIÓN VIII, 52, FRACCIÓN II, INCISO C) BIS Y 59, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ]. XVIII. INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. ES UN PRINCIPIO DE RANGO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO EN LA REGULACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL. XIX. INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. IMPLICA LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE RESPETAR ESTE PRINCIPIO Y DE ADOPTAR LAS
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 163/2022. COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSÍ. 26 DE FEBRERO DE 2024. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: ALEJANDRO FÉLIX GONZÁLEZ PÉREZ.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiséis de febrero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 163/2022, promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí en contra de los artículos 3, fracción III bis; 4, fracción XVI bis; 13, fracción VII; 46, fracciones VII y VIII; 52, fracción II, incisos b) y c) bis; y 59, párrafo segundo; de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, reformados y adicionados mediante Decreto 0420, publicado el ocho de noviembre de dos mil veintidós en el Periódico Oficial de la entidad federativa.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación del escrito inicial. Mediante escrito recibido en el Buzón Judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrado el ocho de diciembre de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí, por conducto de su Presidenta, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 3, fracción III bis; 4, fracción XVI bis; 13, fracción VII; 46, fracciones VII y VIII; 52, fracción II, incisos b) y c) bis; y 59, párrafo segundo; de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, reformados y adicionados mediante Decreto 0420 publicado el ocho de noviembre de dos mil veintidós en el Periódico Oficial de la entidad federativa.
2. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La accionante estima violentados los artículos 1, 4, 14, 16 y 133 de la Constitución Federal; así como el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y los numerales 1, 19 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
3. Conceptos de invalidez. En sus conceptos de invalidez, la Comisión promovente expuso, esencialmente, lo siguiente:
Derecho de las niñas, niños y adolescentes a proteger sus derechos humanos y su interés superior como infancia
• Primero. El artículo 46, fracción VIII de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, al referir que "tratándose de violencia vicaria se deberá generar el apoyo interinstitucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; Secretaría General de Gobierno, a través del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, y Niños y Adolescentes; Instituto de las Mujeres, Centro de Justicia para Mujeres, y en su caso del Poder Judicial; con el objetivo de implementar un sistema de protección y acompañamiento integral para las mujeres y sus hijas e hijos."; resulta evidente que la norma está condicionada solo para las mujeres y sus hijas e hijos, sesgando por completo el derecho de las niñas y niños a gozar de esta protección cuando sea su padre quien sufra la violencia.
• Al respecto señala que es notorio que la disposición fue pensada con prioridad en la mujer en su condición de madre o tutora, pues está incrustada en una ley especial que las protege contra todo acto de violencia, sin embargo, el legislador está obligado a preponderar el derecho de las niñas y niños antes que el derecho de las mujeres adultas en su condición de madres, pues el interés superior de la niñez debe prevalecer prioritariamente, por lo que esta fracción debió tener un sentido neutro y simplificado.
• Considera que lo anterior vulnera el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como el 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, por consecuencia, los diversos 14 y 16 de la Constitución Federal, al no dar certeza y seguridad jurídica a las niñas, niños y adolescentes.
• Segundo. El artículo 4, fracción XVI bis, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, particulariza que la violencia vicaria se entiende como las "acciones de violencia ejercida sobre las hijas e hijos de la mujer, con el objetivo de causarle daño, realizadas por una persona agresora que tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato, o se mantenga o hayan mantenido una relación de hecho ..."; lo cual, a juicio de la accionante, no es determinante que así suceda en todos los casos, pues en diversas fiscalías generales y tribunales de justicia se han visto y atendido casos de violencia de las mujeres en contra de los hombres en condición de padres de familia.
• Por tanto, de prevalecer la fracción combatida conllevaría a que las niñas, niños y adolescentes no sean protegidos por los programas del Estado y Municipios cuando sea el padre quien esté viviendo la situación de violencia. Aspecto que, argumenta, contraviene el artículo 3 de la Convención Americana sobre los Derechos del Niño, así como el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
• Tercero. El artículo 13, fracción VII, de la ley impugnada, dispone que en los casos de violencia vicaria el Estado y los Municipios, a través de sus dependencias, proporcionarán atención y tratamientos psicológicos especializados y gratuitos a las víctimas, que favorezcan la reunificación familiar entre las hijas e hijos con la madre con el objetivo de reparar el daño causado derivado de dicha modalidad de violencia.
• Al respecto, reitera su argumento en el sentido que dicha porción normativa vulnera el derecho de las niñas y niños, puesto que si ellos vivieran con el padre y éste fuera víctima de violencia vicaria por parte de la madre, no podrían ser considerados sujetos de la protección y tratamientos psicológicos aludida.
Derecho a la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres
• Primero. En el caso del artículo 3, fracción III bis, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, en la que se define al Daño como "cualquier perjuicio, menoscabo o dolor que una persona sufre a consecuencia de la acción y omisión de otra o por interpósita persona, y que afecte a sus bienes, sus derechos, intereses o su integridad física, emocional o psicológica"; la comisión estatal accionante estima que produce efectos discriminatorios a los hombres, a quienes no alcanza tal definición ya que las destinatarias de protección en la ley, son por definición, exclusivamente mujeres. Negando a los hombres, solamente por su sexo biológico, del derecho a la igualdad y no discriminación ante la ley y les excluye de toda posibilidad de protección contra cualquier tipo de violencia, contrario a su dignidad como persona y en menoscabo de sus derechos.
• Asimismo, argumenta que el legislador arbitrariamente les da a los hombres un tratamiento de inferioridad, hostil y discriminatorio, incluso los ubica como agresores, contribuyendo a forzar un estereotipo de hombre violento, menoscabando su dignidad y derechos por el solo hecho de ser hombres.
Similares argumentos sostuvo la comisión accionante en los subsecuentes conceptos de invalidez (segundo a sexto), respecto de las disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí que se mencionan enseguida:
• Artículo 4, fracción XVI bis, que define a la violencia vicaria como las acciones de violencia ejercida sobre las hijas e hijos de la mujer, con el objetivo de causarle daño, realizadas por una persona agresora que tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato, o se mantenga o hayan mantenido una relación de hecho.
• Artículo 13, fracción VII, al disponer que, en los casos de violencia vicaria, el Estado y los Municipios proporcionarán atención y tratamientos psicológicos especializados y gratuitos a las víctimas de este tipo de violencia.
• Artículo 46, fracciones VII y VIII, al establecer acciones para garantizar a las víctimas el derecho a la justicia, así como sistemas de protección y acompañamiento integral para las mujeres y sus hijas e hijos (tratándose de violencia vicaria), en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otras instituciones.
• Artículo 52, fracción II, incisos b) y c) bis, excluye a los hombres simplemente por su sexo biológico, de los servicios especializados y gratuitos que los refugios deberán prestar a las víctimas, consistentes en asistencia especializada, apoyo psicológico de personas adultas y menores de edad, así como apoyo para la reunificación familiar entre la madre y sus hijas e hijos que sean víctimas de violencia vicaria.
• Artículo 59, párrafo segundo, al disponer que tratándose de resoluciones judiciales que involucren violencia vicaria es fundamental que el agresor reciba rehabilitación psicológica con perspectiva de género y de infancia.
4. Registro, prevención y admisión. Mediante proveído de nueve de diciembre de dos mil veintidós, el entonces Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente de la presente acción de inconstitucionalidad con el número 163/2022. En este mismo acuerdo, turnó el expediente a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa para su trámite y elaboración del proyecto correspondiente.
5. Posteriormente, por acuerdo de doce de diciembre de dos mil veintidós, la Ministra Instructora previno a la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí, para que exhibiera la documentación que acreditara el carácter con el que se había ostentado.
6. Posteriormente, el tres de enero de dos mil veintitrés, la Ministra instructora tuvo por desahogada la prevención formulada, admitió a trámite el presente asunto, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de San Luis Potosí para que rindieran sus respectivos informes; asimismo, requirió al órgano legislativo para que remitiera copia certificada del proceso legislativo de la norma impugnada y al órgano ejecutivo para que exhibiera copia certificada del Periódico Oficial estatal en el que conste su publicación. De igual forma, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, antes del cierre de instrucción, manifestaran lo que a su respectiva representación correspondiera.
7. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí. Por escrito depositado el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés en la Oficina de Correos de la localidad y recibido el dos de febrero siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; Rodrigo Joaquín Lecourtois López, en su calidad de Consejero Jurídico del Estado de San Luis Potosí, rindió el correspondiente informe, en el que expuso lo siguiente:
• El Poder Ejecutivo del Estado únicamente está implicado en la promulgación y publicación de la norma que se impugna, por tanto, al no haber sido parte de la discusión y votación de la ley, desconoce si ésta vulnera derechos fundamentales de manera restrictiva.
8. Informe del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí. Por escrito depositado el veintitrés de enero de dos mil veintitrés en la Oficina de Correos de la entidad federativa y recibido el siete de febrero siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y de Correspondencia de este Alto Tribunal; María Aranzazu Puente Bustindui, en su calidad de Presidenta de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de San Luis Potosí, rindió el informe solicitado, manifestando lo siguiente:
• Resultan inexactos los conceptos de invalidez hechos valer por la comisión accionante, toda vez que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, en términos de su artículo 1, regula las acciones de coordinación interinstitucional, del Estado con la Federación, y los Municipios, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en concordancia a lo dispuesto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y la competencia y atribuciones que la misma le otorga.
• Asimismo, establece los principios y criterios que, desde la perspectiva de género, orientan la elaboración de presupuestos públicos, políticas públicas y medidas administrativas necesarias para reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar, de conformidad con los principios de igualdad y de no discriminación establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Por tanto, es inconcuso que las disposiciones combatidas se encuentran comprendidas en una ley especial de protección a las mujeres, cuyo contenido íntegro prevé una discriminación positiva, en beneficio de ese grupo en situación de desventaja social.
• La ley impugnada responde a una finalidad constitucional de previsión social, cuya motivación es el respeto al derecho humano de las mujeres para vivir sin violencia, tanto física, como sexual o psicológica en la sociedad.
• El hecho de que las disposiciones no considere a los hombres se sustenta en criterios objetivos y, en el caso particular de la violencia vicaria, se basa en los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del INEGI, el cual arroja que en dos mil dieciséis, el 43.9 % de mujeres en México sufrieron violencia por parte de su pareja sentimental o ex pareja. Particularmente en San Luis Potosí, el 39.2 % de las mujeres han sufrido violencia de pareja.
• Por tanto, las normas controvertidas no transgreden el derecho humano a la igualdad entre hombres y mujeres.
• En otro orden, tampoco se restringe el derecho del interés superior de la niñez, toda vez que concretamente la violencia vicaria se ejerce sobre la madre, de forma indirecta, a través de acciones de violencia ejercida sobre las hijas e hijos de la mujer, con el objeto de causarle daño.
9. Pedimento del Fiscal General de la República y manifestación de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. El citado funcionario y la referida dependencia no formularon manifestación alguna o pedimento.
10. Alegatos. Por escritos presentados por la Presidenta de la Directiva del Congreso del Estado de San Luis Potosí; el Consejero Jurídico de esa entidad federativa y el Delgado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, formularon sus respectivos alegatos.
11. Cierre de la instrucción. Mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, la Ministra instructora decretó el cierre de instrucción en la acción de inconstitucionalidad, a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
12. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) toda vez que la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí plantea la posible contradicción entre algunas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí y la Constitución Federal, así como de tratados internacionales.
13. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.
II. OPORTUNIDAD
14. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(3) establece que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al que se publicó la norma impugnada.
15. En el caso, los artículos que se impugnan fueron expedidos mediante el Decreto 0420 publicado en el Periódico Oficial local el martes ocho de noviembre de dos mil veintidós; por tanto, conforme a lo establecido en el párrafo anterior, el plazo legal para promover la presente acción de inconstitucionalidad transcurrió del miércoles nueve de noviembre al jueves ocho de diciembre de dos mil veintidós.
16. En consecuencia, si el escrito de demanda del presente medio de control constitucional fue recibido en el Buzón Judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el ocho de diciembre de dos mil veintidós, debe concluirse que su presentación resulta oportuna.
17. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.
III. LEGITIMACIÓN
18. La acción de inconstitucionalidad fue presentada por parte legítima.
19. Legitimación en la causa. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal dispone que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de las acciones de inconstitucionalidad ejercidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de leyes de carácter federal y local, así como tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
20. Asimismo, la disposición impugnada señala que este Alto Tribunal conocerá de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas cuando impugnen las leyes expedidas por las Legislaturas locales.
21. La demanda de esta acción de inconstitucionalidad es promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí en contra de diversos artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, por lo que, en términos del artículo señalado en el párrafo que precede, se encuentra facultada para tal efecto.
22. Legitimación en el proceso. Los artículos 26, fracción VII, y 33, fracciones I y II, de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí,(4) otorgan a la persona en que recaiga la Presidencia la representación legal de dicho órgano, así como la facultad para promover el presente medio de control constitucional.
23. En ese sentido, obra en autos copia certificada del acuerdo de designación como Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a Giovanna Itzel Argüelles Moreno, expedido por el Congreso del Estado de San Luis Potosí, para el periodo del uno de abril de dos mil veintiuno al treinta y uno de marzo de dos mil veinticinco.
24. En consecuencia, toda vez que la acción de inconstitucionalidad fue promovida por Giovanna Itzel Argüelles Moreno, en su carácter de Presidenta de la mencionada Comisión estatal, se debe colegir que dicha servidora pública tiene legitimación en el proceso.
25. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.
IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
26. Las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente, por lo que se deben analizar las que sean formuladas por las partes, así como aquellas que este Alto Tribunal advierta de oficio.
27. En el caso, las partes no hicieron valer causas de improcedencia; sin embargo, este Tribunal Pleno advierte de oficio, la actualización de una de ellas, específicamente la improcedencia por extemporaneidad respecto de algunas disposiciones normativas que no tuvieron cambio de sentido normativo y, conforme al criterio mayoritario de este Alto Tribunal, no implica un nuevo acto legislativo.
28. En efecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018,(5) que retoma a su vez la acción de inconstitucionalidad 28/2015,(6) reiterado en subsecuentes precedentes,(7) enfatizó la necesidad de precisar los lineamientos mínimos requeridos para considerar cuándo se está en presencia de un nuevo acto legislativo. Para ello, partió de la jurisprudencia P./J. 8/2004(8) que de manera general especifica cuándo se actualiza la causa de improcedencia por cesación de efectos en expedientes como el que nos ocupa, así como explicó la evolución del criterio.
29. Sobre esa base se razonó que, para que se pueda hablar de un acto de esa naturaleza para efectos de su impugnación o sobreseimiento por cesación de efectos en una acción de inconstitucionalidad, deben reunirse al menos los siguientes dos aspectos:
a) Que se haya llevado a cabo un procedimiento legislativo (criterio formal).
b) Que la modificación normativa sea sustantiva o material.
30. El primer enunciado involucra el desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación. Siendo relevante para las acciones de inconstitucionalidad la publicación de la norma general, puesto que a partir de este momento podrá ejercitarse la acción por los entes legitimados.
31. El segundo aspecto consiste en que la modificación sea sustantiva o material, esto es, se actualiza cuando existan verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto; por tanto, una modificación al sentido normativo será un nuevo acto legislativo.
32. En relación con este último punto, se explicó que una modificación de este tipo no se daría, por ejemplo, cuando se reproduce un artículo exactamente con el mismo contenido que el reformado. Tampoco cuando solamente se varíen las fracciones o párrafos de un artículo y que por cuestiones de técnica legislativa deban recorrerse, siempre y cuando las nuevas inserciones no impliquen una modificación en el sistema normativo al que fueron adheridas; y que tampoco basta con la sola publicación de la norma para que se considere un nuevo acto legislativo, ni que se reproduzca íntegramente la norma general, sino que la modificación debe impactar el alcance de ésta con elementos novedosos que la hagan distinta a la que se encontraba regulada; es decir, debe producir un efecto normativo en el texto de la disposición al que pertenece el propio sistema.
33. Se subrayó que "el ajuste de la norma general debe producir un efecto normativo distinto, en dicho sistema, aunque sea tenue". Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia de este Tribunal Pleno, identificada con el número P./J. 25/2016 (10a.), que a continuación se reproduce:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. Para considerar que se está en presencia de un nuevo acto legislativo para efectos de su impugnación o sobreseimiento por cesación de efectos en una acción de inconstitucionalidad deben reunirse, al menos, los siguientes dos aspectos: a) Que se haya llevado a cabo un proceso legislativo (criterio formal); y b) Que la modificación normativa sea sustantiva o material. El primer aspecto conlleva el desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación; mientras que el segundo, consistente en que la modificación sea sustantiva o material, se actualiza cuando existan verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto, de este modo una modificación al sentido normativo será un nuevo acto legislativo. Este nuevo entendimiento, pretende que a través de la vía de acción de inconstitucionalidad se controlen cambios normativos reales que afecten la esencia de la institución jurídica que se relacione con el cambio normativo al que fue sujeto y que deriva precisamente del producto del órgano legislativo, y no sólo cambios de palabras o cuestiones menores propias de la técnica legislativa tales como, por ejemplo, variación en el número de fracción o de párrafo de un artículo, el mero ajuste en la ubicación de los textos, o cambios de nombres de entes, dependencias y organismos. Tampoco bastará una nueva publicación de la norma para que se considere nuevo acto legislativo ni que se reproduzca íntegramente la norma general, pues se insiste en que la modificación debe producir un efecto normativo en el texto de la disposición al que pertenece el propio sistema."(9)
34. Posteriormente, al discutirse el dos de marzo de dos mil veinte la acción de inconstitucionalidad 66/2019,(10) matizó el segundo elemento al sustituir la noción de "cambio sustantivo" por la de "cambio en el sentido normativo". Sin embargo, aún bajo este nuevo entendimiento, el Tribunal Pleno ha considerado que se produce una modificación en el sentido normativo de la norma impugnada "cuando existan verdaderos cambios que modifiquen la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto". Este criterio ha sido reiterado en asuntos recientes como la acción de inconstitucionalidad 112/2020.(11)
35. En el caso, se considera que los artículos 46, fracción VII y 52, fracción II, inciso b), de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de San Luis Potosí, contenidas en el Decreto impugnado 0420, no implican modificaciones sustantivas o materiales respecto de la redacción que tenían desde la publicación del Decreto 0314 de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, por el que se expidió la referida ley.
36. Para tal efecto, resulta ejemplificativo incorporar el siguiente cuadro comparativo:
Ver cuadro comparativo
37. Como se advierte, por cuanto hace a la fracción VII del artículo 46, la redacción se mantuvo prácticamente idéntica, ya que solamente se modificó la palabra "tendientes" por "tendentes", las cuales gramaticalmente tienen el mismo significado; además, se agregó la conjunción "y" al finalizar su texto, con motivo de la adición de una fracción VIII a la norma.
38. Mientras que respecto al contenido del artículo 52, fracción II, inciso b), se observa que la legislatura estatal modificó su redacción hacia un lenguaje incluyente, toda vez que sustituyó "adulto" por "personas adultas" y "menores" por "menores de edad".
39. En atención a lo anterior, es claro que las disposiciones normativas señaladas no constituyeron una modificación al sentido normativo que implique un nuevo acto legislativo. Por tanto, en virtud del artículo 19, fracción VII, en relación con el diverso 20, fracción II, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia, lo procedente es sobreseer respecto de los artículos 46, fracción VII, y 52, fracción II, inciso b), de la ley impugnada.
40. Consecuentemente, al no haberse planteado ni advertirse de oficio alguna otra causa de improcedencia, procede realizar el estudio de fondo.
41. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por mayoría de siete votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Ortiz Ahlf, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Pérez Dayán, respecto del apartado IV, relativo a las causas de improcedencia y sobreseimiento, consistente en sobreseer, de oficio, en cuanto a los artículos 46, fracción VII, y 52, fracción II, inciso b), de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí. La señora Ministra Esquivel Mossa, los señores Ministros Aguilar Morales y Pardo Rebolledo, así como la señora Ministra Presidenta Piña Hernández votaron en contra.
V. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS
42. Del examen integral de la demanda y conforme al sobreseimiento decretado en el apartado relativo a las causas de improcedencia, es dable precisar que el estudio de constitucionalidad versará sobre los artículos 3o., fracción III bis; 4o., fracción XVI bis; 13, fracción VII; 46, fracción VIII; 52, fracción II, inciso c) bis; y 59, párrafo segundo; de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, reformados y adicionados mediante Decreto 0420, publicado el ocho de noviembre de dos mil veintidós en el Periódico Oficial de la entidad federativa, cuyo contenido se transcribe:
"ARTÍCULO 3o. Para efectos de la interpretación de la presente Ley, se entiende por:
"...
"III bis. Daño: Cualquier perjuicio, menoscabo o dolor que una persona sufre a consecuencia de la acción u omisión de otra o por interpósita persona, y que afecte a sus bienes, sus derechos, intereses o su integridad física, emocional o psicológica; ..."
"ARTÍCULO 4o. Para efecto de la aplicación de los programas y acciones del Estado y los municipios, que deriven del cumplimiento de la presente Ley y del Programa Estatal, así como para la interpretación de este Ordenamiento, se entiende que los tipos de violencia que se presentan contra las mujeres son:
"...
"XVI bis. Violencia vicaria: las acciones de violencia ejercida sobre las hijas e hijos de la mujer, con el objetivo de causarle daño, realizadas por una persona agresora que tenga o haya tenido una relación de matrimonio, con
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32669-ba779acb/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-plazo-de-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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