I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA. IV. DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO. SE ENCUENTRA PROTEGIDO BAJO EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, EN TANTO SE TRATA DE UNA EXPRESIÓN DE LA INDIVIDUALIDAD DE LA PERSONA, RESPECTO DE SU PERCEPCIÓN SEXUAL Y DE GÉNERO ANTE SÍ MISMA, POR LO QUE SÓLO A ELLA CORRESPONDE DECIDIR AUTÓNOMAMENTE CUÁL ES ESA IDENTIDAD. V. IDENTIDAD DE GÉNERO. EL LEGISLADOR TIENE LA OBLIGACIÓN DE IMPLEMENTAR LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA EL RECONOCIMIENTO, TUTELA Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS TRANS, PARA LO CUAL DEBE ESTABLECER LA POSIBILIDAD DE QUE PUEDAN ADECUAR SU SEXO PSICOLÓGICO AL LEGAL A TRAVÉS DEL ACTA REGISTRAL, PUES DE LO CONTRARIO SE VULNERARÍAN LA IDENTIDAD PERSONAL, EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, LA INTIMIDAD Y LA VIDA PRIVADA DE LAS PERSONAS TRANS. VI. DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO. PARÁMETRO CONVENCIONAL. VII. RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO AUTOPERCIBIDA EN EL ACTA DE NACIMIENTO. LA FINALIDAD DE ESTABLECER UNA EDAD MÍNIMA PARA QUE UNA PERSONA SEA TITULAR DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, DESDE UNA VISIÓN GENERAL Y AMPLIA, ENCUENTRA JUSTIFICACIÓN COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. VIII. RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO AUTOPERCIBIDA EN EL ACTA DE NACIMIENTO. LA EXIGENCIA DE MAYORÍA DE EDAD PARA SU SOLICITUD VULNERA LOS DERECHOS A LA IGUALDAD, A LA IDENTIDAD PERSONAL, SEXUAL Y DE GÉNERO, ASÍ COMO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD EN PERJUICIO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, YA QUE BRINDA UN TRATO DIFERENCIADO FRENTE A LAS PERSONAS ADULTAS. IX. RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO AUTOPERCIBIDA EN EL ACTA DE NACIMIENTO. LA FINALIDAD DE ESTABLECER LA MAYORÍA DE EDAD PARA QUE UNA PERSONA SEA TITULAR DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, DESDE UNA VISIÓN GENERAL Y AMPLIA, SÍ SE ENCUENTRA ESTRECHAMENTE VINCULADA CON LA FINALIDAD CONSTITUCIONAL COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. X. RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO AUTOPERCIBIDA EN EL ACTA DE NACIMIENTO. LA DISTINCIÓN REALIZADA ENTRE PERSONAS ADULTAS Y PERSONAS QUE NO HAN CUMPLIDO LOS DIECIOCHO AÑOS PARA PODER SOLICITARLA, ENCUENTRA JUSTIFICACIÓN COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, RESULTANDO VÁLIDO QUE LA AUTORIDAD ESTABLEZCA UN MOMENTO OBJETIVO COMO LO ES LA MAYORÍA DE EDAD LEGAL. XI. RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO AUTOPERCIBIDA EN EL ACTA DE NACIMIENTO. EL REQUISITO DE TENER DIECIOCHO AÑOS DE EDAD CUMPLIDOS PARA SU SOLICITUD, VULNERA EL DERECHO DE LA NIÑEZ A SU IDENTIDAD DE GÉNERO Y AL RECONOCIMIENTO DE LA MISMA EN LOS REGISTROS Y DOCUMENTOS DE IDENTIDAD, AL HABER ALTERNATIVAS PARA RESPETAR DICHO DERECHO, Y QUE AL MISMO TIEMPO ESTABLECE SALVAGUARDAS PARA CUMPLIR CON SU OBLIGACIÓN DE PROTEGER A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. XII. RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO AUTOPERCIBIDA EN EL ACTA DE NACIMIENTO. LA FALTA DE RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE LAS INFANCIAS Y LAS ADOLESCENCIAS Y LA FALTA DE ADECUACIÓN DE SUS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD (ACTAS DE NACIMIENTO) TIENE IMPACTO DIRECTO EN SUS DERECHOS Y LOS ASPECTOS MÁS ELEMENTALES DE SU VIDA E INCLUSO PROPICIA SITUACIONES DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN EN SU CONTRA. XIII. IGUALDAD. CUANDO UNA LEY CONTENGA UNA DISTINCIÓN BASADA EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA, EL JUZGADOR DEBE REALIZAR UN ESCRUTINIO ESTRICTO A LA LUZ DE AQUEL PRINCIPIO. XIV. INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. XV. TEST DE ESCRUTINIO ESTRICTO. ES EXIGIBLE CUANDO LA NORMA IMPUGNADA CONTIENE UNA DISTINCIÓN BASADA EN LA EDAD DE LAS PERSONAS QUE SOLICITAN EL LEVANTAMIENTO DE UN ACTA DE NACIMIENTO NUEVA PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO AUTOPERCIBIDA, POR IMPACTAR DIRECTAMENTE EN EL INTERÉS SUPERIOR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. XVI. RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO AUTOPERCIBIDA EN EL ACTA DE NACIMIENTO. EL OBJETIVO DEL LEGISLADOR DE SEÑALAR COMO REQUISITO "TENER AL MENOS DOCE AÑOS DE EDAD CUMPLIDOS" PARA SER TITULAR DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, DESDE UNA VISIÓN GENERAL Y AMPLIA, SÍ SE ENCUENTRA ESTRECHAMENTE VINCULADA CON LA FINALIDAD CONSTITUCIONAL COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 137
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 174/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 15 DE JUNIO DE 2023. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIA: IRLANDA DENISSE ÁVALOS NÚÑEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 137 Quáter, fracción II, del Código Civil para el Estado de Oaxaca, en el cual se establecen diversos requisitos para solicitar ante el Registro Civil de dicha entidad la rectificación del acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género. La fracción efectivamente impugnada establece el requisito de "tener al menos doce años de edad cumplidos".
El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte debe resolver si esta porción normativa se ajusta o no al parámetro constitucional y convencional.
Ver índice temático
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al quince de junio de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 174/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del artículo 137 Quáter, fracción II, del Código Civil para el Estado de Oaxaca, adicionado mediante el Decreto Número 2727, publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno de esa entidad.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. PRIMERO.—Publicación del Decreto. El dieciséis de octubre de dos mil veintiuno, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Oaxaca el Decreto número 2727, por el que se reformó el artículo 137 Quáter, fracción II, del Código Civil para el Estado de Oaxaca.
2. SEGUNDO.—Presentación de la acción. Por escrito depositado en el buzón judicial el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que planteó la invalidez del artículo 137 Quáter, en su fracción II, del Código Civil para el Estado de Oaxaca, cuyo texto establece lo siguiente:
"Artículo 137 Quáter. Además de lo señalado en el artículo anterior, para el levantamiento del acta correspondiente, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
"I ...
"II. Tener al menos doce años de edad cumplidos;
"III-V ..."
3. TERCERO.—Artículos constitucionales violados. La accionante consideró vulnerados los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 1, 5, 11, 18, 19 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; los artículos 2, 3, 16, 24, y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos: y los artículos 3, 4, 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
4. CUARTO.—Concepto de invalidez. En su escrito inicial, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expuso un único concepto de invalidez, en el que expresó lo siguiente:
a. El artículo 137 Quáter, fracción II, del Código Civil para el Estado de Oaxaca establece que para acceder al trámite de rectificación de acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género autopercibida ante el Registro Civil se requiere tener al menos doce años cumplidos. Lo anterior, vulnera los derechos a la igualdad y no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad y a la identidad personal, sexual y de género, en perjuicio de las niñas y de los niños, pues la norma presupone que toda persona menor de doce años de edad es incapaz de definir su identidad de género.
b. Derecho a la igualdad y prohibición de discriminación. El requisito establecido en la fracción II del artículo impugnado es contrario al derecho de igualdad y no discriminación, reconocido en el artículo primero constitucional.
c. Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que el derecho fundamental a la igualdad no implica establecer una igualdad unívoca ante las diferentes situaciones de la realidad, cualquier diferencia debe sustentarse en criterios razonables y objetivos que lo justifiquen, pues de lo contrario se trata de una distinción es discriminatoria.
d. Derecho a la dignidad humana en su vertiente de libre desarrollo de la personalidad. Esta Suprema Corte ha entendido al libre desarrollo de la personalidad como un derecho fundamental que deriva del derecho a la dignidad, previsto en el artículo 1 constitucional, así como de diversos tratados internacionales.
e. En el amparo directo 6/2008,(1) el Pleno de este Alto Tribunal sostuvo, entre otras cosas, que la decisión de vivir en el sexo que identifica a la persona innegablemente constituye una decisión del ejercicio del libre desarrollo de la personalidad. Asimismo, se señaló que este derecho, necesariamente, implica el reconocimiento del derecho a la identidad sexual y de género.
f. El derecho al libre desarrollo de la personalidad en materia de identidad sexual y de género también se relaciona con el ejercicio de los derechos a la identidad personal, a la vida privada y a la propia imagen. Son derechos personalísimos respecto de los cuales el Estado no puede interferir sin justificación suficiente y proporcional.
g. Principio de interés superior de la infancia y de la adolescencia. Este principio debe ser una consideración primordial al momento de promulgar disposiciones legislativas y políticas públicas, así como al aplicarlas, lo cual requiere valorar los efectos sobre los derechos de las infancias y que se garantice el pleno disfrute de estos.
h. El artículo 137 Quáter, fracción II, del Código Civil para el Estado de Oaxaca es inconstitucional porque atenta contra los derechos y libertades señalados anteriormente. Si bien se reconoce al legislador oaxaqueño por haber incorporado la posibilidad legal para que las personas que tienen entre doce y dieciocho años puedan solicitar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento, y que la regulación normativa del procedimiento satisface los requerimientos establecidos por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cierto es que con dicha normativa se excluyó tácitamente de este derecho a las niñas y a los niños sin una justificación constitucionalmente válida.
i. Lo anterior, en virtud de que el artículo 5 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes indica que son niñas y niños los menores de doce años y que son adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho.
j. Para este caso, se debe distinguir entre la capacidad jurídica y la capacidad mental. La primera se refiere a la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones, mientras que la capacidad mental se refiere a la aptitud de poder tomar decisiones, la cual varia de una persona a otra y dependerá de diversos factores. Así pues, el hecho de que una persona no cuente con la edad legal para acceder a la jurisdicción estatal por propio derecho no debe ser motivo para impedirle que intervenga en un acto encaminado a la protección y observancia de sus derechos, ni debe ser un obstáculo para que una persona adquiera conciencia de sí misma.
k. La consciencia sobre uno mismo en relación con cómo se vive y se siente en su propio cuerpo, incluyendo la forma en la que una persona se autodenomina, no se concretiza ni depende de una edad determinada. Es decir, la identidad de género no se encuentra sujeta a una edad determinada.
l. De acuerdo con la Encuesta sobre Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género del año 2018, la mayoría de las personas participantes identificaron en edades tempranas (antes de su juventud) que su orientación sexual y su identidad de género no correspondía con la que les fue asignada en su nacimiento, lo que evidencia que la infancia y la adolescencia constituyen etapas trascendentes en las que las personas asumen y reconocen tanto su orientación sexual como su identidad de género.
m. El Estado no puede partir de la premisa de que una niña o un niño es incapaz de expresar sus opiniones. El Comité de los Derechos de Niño, en su Observación General Número 7, destacó que considerar a los niños y a las niñas como poco desarrollados y carentes de la capacidad básica de comprensión, comunicación y adopción de decisiones tiene consecuencias negativas en el reconocimiento de sus derechos humanos, pues esta idea discrimina, subordina y relega sus ideas y sus sentimientos.
n. El precepto impugnado contraviene los derechos fundamentales de las niñas y de los niños transexuales y transgénero, pues les impide la posibilidad de que puedan adecuar su identidad jurídica a la realidad social por medio del procedimiento administrativo. Es decir, la norma impugnada impone barreras, perpetua y reproduce la discriminación histórica y estructural que han padecido los niños y las niñas.
o. La norma debe analizarse a la luz de un examen de escrutinio estricto, ya que hace una distinción basada en la categoría sospechosa de edad. En el caso, la disposición impugnada puede perseguir como finalidad la protección del interés superior de la niñez, en términos del artículo 4o., párrafo noveno, de la Constitución Política del país. También, se considera que la medida es idónea para cumplir con el propósito constitucional, ya que con la limitación de edad se puede entender que se busca proteger ese interés superior.
p. No obstante, en cuanto a la tercera grada, es posible observar que sí existen medidas alternativas igualmente idóneas para la consecución de dicho fin que son menos lesivas para los derechos fundamentales en comento. El legislador debió establecer reglas específicas para asegurarse que la niña o el niño manifiesten ante la autoridad competente de manera segura y verídica cuál es la identidad de género con la que se identifican. Por lo tanto, la norma impugnada no supera el tercer nivel de escrutinio.
q. No se desconoce que en determinadas materias es admisible que existan limitaciones etarias, no obstante, en cuanto al reconocimiento de la identidad sexo-genérica, que se enmarca en la vida íntima y privada de cada persona, la medida establecida por el legislador local resulta invasiva de esa esfera personalísima de las infancias. Consecuentemente, la medida es discriminatoria e irrazonable.
5. QUINTO.—Registro y turno. Por acuerdo del diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, el Ministro Zaldívar Lelo de Larrea, entonces Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 174/2021 y lo turnó a la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat como instructora del procedimiento.
6. SEXTO.—Admisión. Por acuerdo del seis de diciembre de dos mil veintiuno, la Ministra instructora admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad; tuvo a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca como las autoridades que emitieron y promulgaron el decreto impugnado, por lo que les solicitó su respectivo informe; y dio vista del asunto al Fiscal General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.
7. SÉPTIMO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca. El once de enero de dos mil veintidós, el Poder Legislativo estatal, por conducto de la Diputada Laura Estrada Mauro, en su carácter de Presidenta de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura, rindió informe en los términos siguientes:
a. Contrario a lo sostenido por la Comisión accionante, la norma cuya invalidez se reclama no vulnera ninguna disposición constitucional o convencional.
b. La reforma impugnada tuvo como finalidad que en el Estado de Oaxaca se garantice el derecho humano de las niñas y de los niños a autodeterminarse y a escoger libremente las opciones y las circunstancias que le dan sentido a su existencia por lo que hace a su identidad de género autopercibida, materializada en la expedición de una nueva acta de nacimiento.
c. La exposición de motivos de la iniciativa de reformas atendió a los precedentes emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de reconocer que los niños y las niñas son titulares de los mismos derechos que las personas adultas y de todos los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Constitución Política del país de tal forma que deben tener la posibilidad de acceder a una nueva acta de nacimiento, mediante un procedimiento administrativo sencillo y sin mayores requisitos.
d. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,(2) para efectos de los tratados internacionales y de la mayoría de edad, son niños y niñas las personas menores de dieciocho años de edad. Así, en observancia a esa disposición, se advierte que no existe ningún impedimento para que las niñas y los niños en el Estado de Oaxaca puedan solicitar el procedimiento para el levantamiento de una nueva acta de nacimiento relacionada con el reconocimiento de su identidad de género, pues incluso la citada disposición de la ley general señala que cuando exista duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce años, se presumirá que es niña o niño.
8. OCTAVO.—Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. El treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, José Octavio Tinajero Zenil, Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, rindió informe en representación legal del Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca. En éste, únicamente se manifestó que es cierto el acto atribuido al Poder Ejecutivo de Oaxaca dado que, efectivamente, se cumplió con el mandato constitucional de promulgar y publicar el Decreto 2727, mediante el cual se reformó la fracción II del artículo 137 Quáter del Código Civil de la entidad, conforme a los artículos 52, 53 fracción II y 58 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
9. NOVENO.—Pedimento. El Fiscal General de la República y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal no hicieron pedimento ni emitieron ninguna opinión.
10. DÉCIMO.—Alegatos. El catorce de febrero de dos mil veintidós, Luciana Montaño Pomposo, en su carácter de Delegada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presentó escrito de alegatos en el sentido de sostener la invalidez de la porción normativa impugnada.
11. UNDÉCIMO.—Cierre de la instrucción. Por acuerdo de diez de marzo de dos mil veintidós se cerró la instrucción del asunto y quedó el expediente a la vista de la Ministra instructora para la elaboración del proyecto de resolución.
I. COMPETENCIA
12. El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos(3) y por el artículo 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(4)
13. Lo anterior, toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos planteó la posible contradicción entre el artículo 137 Quáter, fracción II, del Código Civil para el Estado de Oaxaca y la Constitución Política del país, así como respecto de los derechos humanos reconocidos en diversos tratados internacionales de los que México es parte.
II. OPORTUNIDAD
14. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada; con la salvedad de que, si el último día del plazo es inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
15. En el caso, el Decreto mediante el cual se expidió la norma impugnada se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el dieciséis de octubre de dos mil veintiuno, por lo que el plazo para promover el presente medio de control constitucional transcurrió del domingo diecisiete de octubre del dos mi veintiuno al lunes quince de noviembre del mismo año.
16. Ahora bien, de conformidad con el inciso c), punto primero, del Acuerdo Número 18/2013, de diecinueve de noviembre de dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia–, se considerarán como días inhábiles "los lunes en que por disposición de la Ley Federal del Trabajo deje de laborarse".
17. Al respecto, el artículo 74, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo establece que es inhábil el "tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre". Por ende, tomando en cuenta que el quince de noviembre de dos mil veintiuno fue el tercer lunes del citado mes, ese día debe considerarse inhábil.
18. Derivado de lo anterior, si la demanda se presentó el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, la misma resulta oportuna.
III. LEGITIMACIÓN
19. La acción fue promovida por parte legitimada. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política del país,(6) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo legitimado para impugnar las leyes expedidas por las legislaturas estatales que considere violatorias de derechos humanos.
20. En el caso, la promovente impugnó el artículo 137 Quáter, fracción II, del Código Civil para el Estado de Oaxaca al considerar que su contenido vulnera distintos derechos de la infancia.
21. Además, la demanda fue presentada por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, personalidad que se acredita mediante el acuerdo de designación de doce de noviembre de dos mil diecinueve expedido por el Senado de la República, suscrito por la Presidenta y por el Secretario de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura de dicho órgano legislativo.
22. En esos términos, este Tribunal Pleno concluye que la acción de inconstitucionalidad fue promovida por parte legitimada.
IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
23. Las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia ni motivo de sobreseimiento y este Pleno tampoco advierte su actualización de oficio.
V. ESTUDIO DE FONDO
24. Como se destacó con anterioridad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó el 137 Quáter, fracción II, del Código Civil para el Estado de Oaxaca, en el cual el legislador local estableció el requisito de contar con doce años cumplidos para poder solicitar la rectificación del acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género ante el Registro Civil de dicha entidad.
25. El precepto impugnado establece expresamente lo siguiente:
"Artículo 137 Quáter. Además de lo señalado en el artículo anterior, para el levantamiento del acta correspondiente, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
"I ...
"II. Tener al menos doce años de edad cumplidos;
"III-V ..."
26. Este Tribunal Pleno considera que son fundados los conceptos de invalidez de la Comisión accionante, pues el requisito establecido no supera un test de escrutinio estricto, lo cual vulnera los derechos humanos de las infancias trans.
27. Con el propósito de explicar la conclusión alcanzada, la presente resolución se estructura de la siguiente manera:
a) Parámetro de regularidad constitucional del derecho a la identidad de género.
b) Análisis de constitucionalidad de la norma impugnada.
A. PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO
28. Debe destacarse que las consideraciones que se desarrollan en este apartado de parámetro de regularidad constitucional se retoman en lo conducente, de la acción de inconstitucionalidad 132/2021, aprobada por este Tribunal Pleno.(7) 29. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que el derecho a la identidad de género se encuentra protegido bajo el derecho al libre desarrollo de la personalidad, en tanto que se trata de una expresión de la individualidad de la persona, respecto de su percepción sexual y de género ante sí misma. 30. El reconocimiento de la identidad de las personas es uno de los medios que facilita el ejercicio de los derechos a la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad, a la inscripción en el registro civil, a las relaciones familiares, entre otros derechos reconocidos en instrumentos internacionales.(8)
31. De manera destacada, el registro del acta de nacimiento se convierte en un instrumento primario y punto de partida para ejercer la personalidad jurídica ante el Estado y frente a los particulares, y actuar en condiciones de igualdad ante la ley.(9) De ahí que el derecho la identidad de género implique la posibilidad de adecuar el acta de nacimiento a esa identidad.
32. Por ello, el legislador tiene la obligación de implementar los mecanismos necesarios para el reconocimiento, tutela y garantía de los derechos de las personas trans, para lo cual debe establecer la posibilidad de que puedan adecuar su acta registral.(10) La falta de procedimientos adecuados para que su identidad de género figure en sus documentos oficiales se traduciría en una violación a la identidad personal, al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad y a la vida privada.
33. Al respecto, en la Opinión Consultiva 24/2017 sobre identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo,(11) la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que el derecho a la identidad puede ser conceptualizado, en general, como el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en sociedad.(12) En ese sentido, la Corte Interamericana señala que:
"... se puede entender que este derecho está íntimamente ligado a la persona en su individualidad específica y vida privada, sustentadas ambas en una experiencia histórica, y biológica, así como en la forma en que se relaciona con los demás, a través del desarrollo de vínculos en el plano familiar y social. Lo anterior también implica que las personas pueden experimentar la necesidad de que se las reconozca como entes diferenciados y diferenciables de los demás. Para alcanzar ese fin, es ineludible que el Estado y la sociedad, respeten y garanticen la individualidad de cada una de ellas, así como el derecho a ser tratado de conformidad con los aspectos esenciales de su personalidad, sin otras limitaciones que las que imponen los derechos de las demás personas. Es por ello que el afianzamiento de la individualidad de la persona ante el Estado y ante la sociedad, se traduce por su facultad legítima de establecer la exteriorización de su modo de ser, de acuerdo con sus más íntimas convicciones. Del mismo modo, uno de los componentes esenciales de todo plan de vida y de la individualización de las personas es precisamente la identidad de género y sexual."(13)
34. En relación con el fundamento jurídico de la identidad de género, la Corte Interamericana ha sostenido que este derecho se encuentra protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos a través de las disposiciones que garantizan el libre desarrollo de la personalidad (artículos 7 y 11.2), el derecho a la vida privada (artículo 11.2), el reconocimiento de la personalidad jurídica (artículo 3), y el derecho al nombre (artículo 18).(14)
35. El fundamento del derecho a la identidad de género de dicha Convención Americana permite dar cuenta de la condición de interdependencia que tienen ciertos derechos respecto a la identidad de género. Es decir, la falta de reconocimiento de la identidad de género de las personas trans se traduce en un obstáculo para el ejercicio de múltiples derechos, tales como el derecho a la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad, a la inscripción en el registro civil, a las relaciones familiares, entre otros reconocidos convencionalmente.(15)
36. Por lo tanto, debe garantizarse la existencia de procedimientos efectivos, accesibles y universales que permitan registrar, cambiar, rectificar o adecuar el nombre y los demás componentes esenciales de la identidad de una persona.(16)
37. Estos procedimientos deben cumplir con ciertas características las cuales, de conformidad con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva 24/17, deben consistir en lo siguiente:(17)
a. Deben ser integrales, lo cual implica que deben permitir cambiar el nombre de pila, la imagen fotográfica y el género o sexo.
b. Deben estar basados únicamente en el consentimiento libre e informado de la persona solicitante, sin que se exijan requisitos como las certificaciones médicas y/o psicológicas u otros que puedan resultar irrazonables o patologizantes.
c. Los procedimientos y los cambios, correcciones o adecuaciones en los registros deben ser confidenciales y los documentos de identidad no deben reflejar los cambios de la identidad de género.
d. Los procedimientos deben ser expeditos y deben tender a la gratuidad.
e. No podrá exigirse la acreditación de operaciones quirúrgicas y/o hormonales.
f. Cuando se trata de niñas, niños y adolescentes deberán adoptarse medidas de especial protección, las cuales deben diseñarse necesariamente en concordancia con los principios del interés superior del niño y de la niña, el de la autonomía progresiva, a ser escuchado y a que se tome en cuenta su opinión en todo procedimiento que lo afecte, de respeto al derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, así como al principio de no discriminación.
g. El procedimiento que mejor se ajusta a los requisitos previamente establecidos es el de naturaleza materialmente administrativa.
38. Con base en este parámetro de regularidad constitucional, este Tribunal Pleno procede al análisis de constitucionalidad de la norma impugnada en la presente acción.
B. ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA IMPUGNADA
39. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos aduce que el legislador del Estado de Oaxaca estableció un listado de requisitos para la solicitud del levantamiento de una nueva acta de nacimiento por identidad de género donde excluye de manera injustificada a las personas menores de doce años, situación que, a su consideración, transgrede distintos derechos de las personas menores de esa edad.
40. La norma impugnada señala concretamente lo siguiente:
"Artículo 137 Quáter. Además de lo señalado en el artículo anterior, para el levantamiento del acta correspondiente, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
"I ...
"II. Tener al menos doce años de edad cumplidos;
"III-V ..."
41. Ahora bien, aunque este Tribunal Pleno no se ha pronunciado propiamente sobre la constitucionalidad del requisito de contar con doce años cumplidos para acceder al procedimiento de levantamiento de un acta de nacimiento por identidad de género, lo cierto es que sí ha determinado la inconstitucionalidad del requisito de mayoría de edad previsto en algunas legislaciones civiles locales.
42. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 73/2021,(18) el Pleno tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre el derecho de las personas menores de edad para acceder a una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de su identidad de género. En la ejecutoria, este Alto Tribunal concluyó que el requisito de ser mayor de edad para acceder a ese procedimiento registral era discriminatorio, ya que obligaba a las personas menores de dieciocho años a mantener legalmente un sexo con el cual no se identificaban y, en consecuencia, se les impedía que se reconociera su identidad personal, sexual y de género en el ámbito jurídico.
43. En particular, el Pleno analizó el requisito de "tener 18 años de edad cumplidos" para solicitar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género, establecido en el artículo 875 Ter, fracción II, del Código Civil para el Estado de Puebla, y determinó que la norma realizaba una distinción basada en la edad de las personas solicitantes, que impactaba en su interés superior, por lo que debía analizarse a la luz de un escrutinio estricto.
44. Por un lado, el Tribunal Pleno concluyó que el requisito impugnado cumplía con la primera grada al perseguir una finalidad constitucional imperiosa, ya que el establecimiento de una edad mínima para que una persona adquiriera la titularidad de derechos y obligaciones, desde una visión general y amplia, encontraba su justificación como una medida de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como de su desarrollo gradual y su autonomía progresiva.
45. Sin embargo, este Alto Tribunal advirtió que la exigencia de mayoría de edad no guardaba una conexión directa con la finalidad previamente referida, ya que personas menores de edad eran titulares de los mismos derechos que las personas adultas, tal como lo son los derechos a la igualdad, a la identidad personal, sexual y de género y al libre desarrollo de la personalidad.
46. De esta manera, el Pleno concluyó que la norma brindaba un trato discriminatorio entre personas adultas y personas menores de edad que era inconstitucional, pues se les prohibía de forma absoluta el acceso al pleno reconocimiento de su identidad de género en todos sus registros y documentos oficiales, incluso cuando la solicitud fuera realizada a través de sus representantes. Por esta razón, este Tribunal Pleno ordenó al Congreso legislar a fin de establecer un procedimiento sumario para este efecto, que fuera acorde al interés superior de la niñez y la adolescencia.
47. Dicho criterio fue reiterado por este Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 132/2021, en donde se determinó la invalidez del artículo 144 Ter, primer párrafo, en la porción normativa "mayores de edad" del Código Civil de Baja C
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32575-d0c16684/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-plazo-de-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA NEGATIVA DE INSCRIBIR A UN MENOR DE EDAD EN EL REGISTRO CIVIL, PARA EL EFECTO DE QUE SE LE INSC (XVIII.2o.P.A.12 A (10a.))
- TRIBUNAL PARA MENORES, NATURALEZA DEL. (s/clave)
- ACTA DE NACIMIENTO PROVISIONAL. SU EXPEDICIÓN CON MOTIVO DE LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO IMPLICA PROVEER DE EFECTOS CONSTITUTIVOS DE DERECHOS NO EXISTENTES (I.7o.C.7 C (11a.))
- RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO. LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL Y DE LA LEY DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO, AL NO PREVER LA POSIBILIDAD DE EXPEDIR UN ACTA DE NA (III.4o.C.45 C (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis